Sentencia T-694 de junio 12 de 2000 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA TERCERA DE REVISIÓN

SENTENCIA NÚMERO T-694 DE 2000

Ref.: Exp.: T-269932

Magistrado Ponente:

Dr. Eduardo Cifuentes Muñóz

Acción de tutela instaurada por Luz Marina Zamora de Home contra Pablo Enrique Rodíguez, fiscal delegado ante los tribunales superiores de Santafé de Bogotá y Cundinamarca, y Edgar Bautista Cabrera, Fiscal 142 seccional de la unidad quinta de fe pública y patrimonio económico de Bogotá.

EXTRACTOS: «4. La Corte ha indicado que se vulnera el debido proceso cuando el funcionario judicial omite dar respuesta a una determinada petición de pruebas, cuando ha sido formulada oportunamente por alguno de los sujetos procesales (3) . En este sentido, la jurisprudencia constitucional ha considerado que, al conocer una determinada solicitud de pruebas, el fiscal o el juez de la causa, tienen la obligación de responderla expresamente, ya sea en sentido positivo o negativo. En efecto, de no existir una respuesta expresa, no existiría providencia alguna que pudiera ser objeto de recursos y, en consecuencia, se estaría privando arbitrariamente a las partes de su derecho a recurrir la correspondiente actuación judicial (4) . Así, en todo evento en el que el funcionario judicial pretenda negar una solicitud de pruebas, por considerar que las mismas son inconducentes o superfluas para el esclarecimiento de los hechos o la definición del grado de responsabilidad subjetiva de las personas implicadas, debe hacerlo mediante providencia motivada (CPP, art. 250), la cual es apelable en el efecto diferido (CPP, art. 204-b-1), so pena de incurrir en un grave vicio o defecto procedimental.

De otra parte, esta corporación ha señalado que el funcionario judicial cuenta con la oportunidad procesal para definir la pertinencia de las pruebas solicitadas, momento en el cual podrá negar la práctica de aquellas que considere impertinentes o inconducentes para el desarrollo del proceso. Sin embargo, luego de decretar las pruebas, no es admisible que, arbitrariamente, se niegue a practicarlas, puesto que la realización de la totalidad de las diligencias decretadas por el funcionario se convierte en un derecho de los sujetos procesales (5) ».

(3) Sentencias T-055/94 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz) y SU-087/99 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo).

(4) Sentencia T-008/98 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).

(5) Sentencia SU-087/99 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo).

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