Sentencia T-696 de julio 5 de 2001 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA NOVENA DE REVISIÓN

SENTENCIA NÚMERO T-696 DE 2001

Ref.: Expediente T- 401.510.

Acción de tutela instaurada por Wilmer Llamas Pereira contra el Hospital Timothy Britton S.A.I. de San Andrés, Isla.

Magistrado Ponente:

Dr. Álvaro Tafur Galvis

Bogotá, D.C., 5 de julio de 2001.

En desarrollo de sus atribuciones constitucionales y legales, la Sala Octava de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Clara Inés Vargas Hernández, Jaime Araújo Rentería y Álvaro Tafur Galvis, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente

Sentencia

En el proceso de revisión del fallo adoptado por el Juzgado Civil del Circuito de San Andrés, isla, dentro de la acción de tutela instaurada por Wilmer Llamas Pereira contra el Hospital Timothy Britton S.A.I.

I. Antecedentes

1. Hechos.

El actor, quien se encontraba recluido en la Cárcel del Circuito de la ciudad de San Andrés al momento de la presentación de la demanda, sindicado del delito de hurto calificado, por denuncia que instaurara la señora Osmelia Ortiz Acuña, presenta a través de apoderado judicial —nombrado de oficio dentro del proceso penal adelantado en su contra (1) , acción de tutela contra el Hospital Timothy Britton S.A.I., aduce como sustento de la misma, la violación al derecho a la salud, el cual encuentra vulnerado con la omisión de la demandada de prestarle el tratamiento médico prescrito por medicina legal, para tratar el problema de fármaco-dependencia que padece, originado en el consumo de drogas alucinógenas.

(1) Ante el Juzgado 1º Penal Municipal y la Fiscalía local 027, Exp. 7938.

2. Pruebas.

Obran en el expediente las siguientes pruebas:

2.1. Fotocopia del oficio 295 de 2000, suscrito por el Dr. José Antonio Rodríguez Morales, galeno del Instituto de Medicina Legal, donde rinde concepto médico solicitado por el defensor de oficio del sindicado, donde informa:

“Examen médico de Wilmer Llamas Pereira (indocumentado):

— Evaluado en la fecha por psiquiatría y psicología, encontrándolo consciente, orientado, sin alteraciones sensoperceptivas ni de memoria; hay ideas persecutorias, afecto ansioso.

— Dentro de sus antecedentes: consumidor de sustancias psicoactivas en forma compulsiva y tendencias homosexuales.

— Permaneció hospitalizado hasta el 27 de julio de 2000 por un cuadro psicótico agudo, se le dio de alta con tratamiento a base de holoperido, sinogan y corbamacepina.

Con base en lo anterior podemos conceptuar que el examinado presenta:

a) farmacodependencia

b) Psicosis inducida por sustancias psicoactivas

c) Teniendo en cuenta su gran adicción e imposibilidad de ofrecer en la isla un tratamiento adecuado para ello en el Hospital Timothy Britton o en el centro carcelario, se sugiere la remisión a un centro de rehabilitación para farmacodependencia” (fl. 17) (negrilla adicionada).

2.2. Fotocopia del oficio dirigido por el director de la Cárcel del Circuito Judicial de San Andrés, donde tomando en cuenta el concepto de Medicina Legal, solicita al Fiscal Local 027 que instruye el proceso penal que se lleva contra el Sr. Llamas Pereira que con carácter urgente se tomen las medidas pertinentes con relación al recluso, aduce que el mismo no puede convivir con los demás internos debido a su estado mental, generando traumatismo dentro del plantel penal y poniendo en peligro su vida y el de sus compañeros, añade que este tipo de personas no puede estar a cargo del Inpec (fl. 24).

2.3. Fotocopia del oficio de agosto 18 de 2000, en el cual, el Fiscal Delegado 27, invocando lo dispuesto por la Ley 65 de 1993, solicita al hospital accionado, con base en dictamen de medicina legal, se le preste al recluso el tratamiento psicológico de rehabilitación por fármaco-dependencia (fls. 15 y 16).

2.4. Certificación de la doctora Elizabeth Mera Gracia, secretaria de salud departamental (E), de fecha 24 de agosto de 2000, en el que informa que el Hospital Timothy Britton, tiene sólo capacidad para atender las fases agudas de enfermedades mentales, pero no para atender tratamientos prolongados de fármaco-dependencia (fl. 21).

2.5. Oficios (2) suscritos por el director general y el subdirector científico del Hospital Timothy Britton, donde señalan que la solicitud de hospitalización fue negada en razón de que esta institución tiene capacidad para atender las fases agudas de enfermedades mentales pero no de larga instancia. Aducen que la atención de fármaco-dependencia (manejo clínico, psiquiátrico, psicológico, desintoxicación resocialización y prevención), dadas las instalaciones y condiciones de capacitación del personal del hospital, no es posible brindarla. El citado hospital no cuenta con el servicio (infraestructura, recursos humanos), para rehabilitar drogadictos, la sala de salud mental existente es utilizada para tratar las fases agudas de enfermedades mentales, al Sr. Llamas Pereira se le brindó el citado servicio, lográndose regular su cuadro psicótico agudo. Aclaran que el tratamiento de larga instancia solicitado, no es prestado por el Hospital Timothy Britton, ni por ninguna institución en la isla de San Andrés (fls. 18 y 20).

(2) De fechas 25 de agosto y 4 de octubre de 2000.

2.6. Posteriormente, el doctor Jhon Vélez médico del establecimiento carcelario, ratifica con fecha 6 de octubre de 2000, el cuadro clínico de diagnóstico, pero informa que actualmente el paciente se encuentra estable y bajo tratamiento ambulatorio con suministro de medicamentos en el establecimiento carcelario y que cuenta con el apoyo y control del Hospital Timothy Britton (fl. 23).

3. Sentencia objeto de revisión.

En Sentencia del 10 de octubre de 2000, el Juzgado Civil del Circuito de San Andrés denegó el amparo solicitado por el apoderado judicial del señor Wilmer Llamas Pereira, al no encontrar demostrado la urgencia o puesta en peligro de los derechos fundamentales que se invocan en la acción de tutela de la referencia, toda vez que en concepto del juez, lo que se presenta es un hecho superado, ya que de las pruebas que obran dentro del proceso, se desprende, que según lo indicado por el médico del instituto carcelario, el paciente presenta recuperación en su cuadro clínico agudo, por lo cual, lo indicado es continuar con el tratamiento médico en forma ambulatoria.

4. Pruebas solicitadas por la Corte.

Mediante auto del pasado 5 de abril, el magistrado sustanciador ordenó oficiar al director del Hospital Timothy Britton de San Andrés Islas, para que informara, si al señor Wilmer Llamas Pereira se le ha continuado brindando tratamiento médico por parte de ese centro de salud, así mismo solicitó practicar valoración médica para saber el estado actual de salud mental del sindicado, indicando si éste requiere de hospitalización en forma permanente (internado) o de asistencia médica ambulatoria.

Ordenó oficiar así mismo, al director de la Cárcel del Circuito, San Andrés Islas, con el objeto de que informara lo que le constara acerca del tipo de atención médica que recibe el señor Llamas Pereira, la institución que la presta, y los resultados y el estado actual de salud del paciente.

4.1. En contestación al auto en mención, mediante oficio recibido en el despacho del magistrado sustanciador el día nueve (9) de mayo del año en curso, el director del Hospital Timothy Britton de San Andrés Islas, informa que:

“El paciente Wilmer Llamas Pereira ha estado hospitalizado en nuestra institución (HTB-ESE) del día 7 al 13 de marzo de 1997; luego nuevamente del día 9 al 15 de febrero de 1998, donde se le remitió a la ciudad de Barranquilla para tratamiento (rehabilitación) a través del Instituto de Seguro Social; luego del día 17 al 26 de julio de 2000 se encontraba nuevamente internado en esta institución y se le dio salida por mejoría de su cuadro clínico, pero con el respectivo manejo ambulatorio, es decir control por médico especialista; el día 3 de octubre de 2000 el paciente Wilmer Llamas asiste a control, donde se calca que debe presentarse a controles periódicos, siendo su próxima fecha de control el día 17 de octubre de 2000, pero el paciente no acudió, por tanto, es de anotar que el Hospital Timothy Britton sí tienen intenciones de continuar brindándole tratamiento médico al señor Wilmer Llamas Pereira, sin distinción alguna, pero el paciente no asiste a sus respectivos controles, saliéndose dicha situación de las manos de la institución.

El día 28 de abril de 2001, el paciente Wilmer Llamas Pereira, asistió al servicio de urgencias del Hospital Timothy Britton, por presentar cuadro clínico compatible con reacción extrapiramidal, tratándose episodio con buena mejoría y dándole salida.

De igual forma me permito manifestar que tanto el médico tratante como la institución tenemos la disponibilidad de practicar la valoración correspondiente al señor Wilmer Llamas Pereira, siempre y cuando dicho señor se presente a su control para emitir el concepto que usted solicita” (resaltado fuera de texto).

4.2. Igualmente, mediante oficio recibido en esta corporación, el día siete (7) de mayo de 2001, el director de la Cárcel del Circuito Judicial de San Andrés Islas, doctor Leonardo Duke Santana, informa que “el señor Wilmer Llamas Pereira estuvo recluido en este centro carcelario hasta el día febrero 14 de 2001, por lo que a esta fecha no tengo información sobre su estado actual de salud (resaltado fuera de texto).

II. Consideraciones y fundamentos

1. Competencia.

Esta Corte es competente para revisar la aludida providencia, según lo disponen los artículos 86 y 241, numeral 9º de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991.

2. Problema jurídico.

Corresponde a la Corte determinar si, en el presente caso, el Hospital Timothy Britton de San Andrés Islas, ha actuado negligentemente frente a los requerimientos médicos del interno Wilmer Llamas Pereira, y consecuentemente, si con esa conducta omisiva, se ha desconocido el derecho a la salud del actor.

3. La protección de la salud mental en conexión con el derecho fundamental a una vida digna. La salud protegida por la Constitución Política es integral.

En primer lugar, ha de reiterarse que, si bien es cierto el derecho a la salud en sí mismo no es en principio fundamental, adquiere tal carácter por conexidad con los derechos a la vida y a la integridad personal (3) .

(3) T-409 de 2000, Álvaro Tafur Galvis.

Esta corporación en reiterada jurisprudencia se ha referido a la salud como un derecho prestacional (4) de “segunda generación”, que adquiere el carácter de fundamental, y en consecuencia objeto de protección por vía de tutela, cuando por su intermedio se afectan principios y derechos consubstanciales al ser humano como la dignidad humana, la vida, la integridad personal o la igualdad (5) .

(4) Cfr. las sentencias SU-111 de 1997, T-236 de 1998, T-395 de 1998, T-560 de 1998.

(5) Cfr. las sentencias T-102 de 1998, T-304 de 1998, T-489 de 1998, T-694 de 1998, T-851 de 1999.

Igualmente es de precisar que la salud constitucionalmente protegida no es únicamente la física sino que comprende, necesariamente, todos aquellos componentes propios del bienestar psicológico, mental y sicosomático de la persona.

Al respecto esta corporación en Sentencia T-039 de 1997, M.P. Dr. José Gregorio Hernández Galindo, señaló:

3. La protección especial a los disminuidos físicos.

Y es que, como ya lo señaló la Corte en Sentencia T-02 del 16 de enero de 1995, no todo padecimiento o dolencia en materia de salud implica amenaza para la vida del enfermo y la falta de seguridad social respecto de una persona no significa necesariamente que se le estén vulnerando derechos fundamentales.

No obstante, debe considerarse por el juez de tutela, en especial si se trata del amparo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, la situación concreta del paciente y la conexidad entre la seguridad social que reclama y sus derechos fundamentales, los vínculos que mantenga o haya mantenido con el Estado y que hagan exigible aquélla, no menos que la mayor o menor capacidad económica de la que disponga, para verificar la posibilidad de una protección temporal mientras el juez de la causa resuelve lo estrictamente laboral.

Según el artículo 13 de la Carta, el Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta. Cuando ello no se hace, siendo posible, y a ciencia y paciencia de los organismos públicos, se perpetúan o prolongan. Por su parte, el artículo 47 de la Constitución señala que el Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se prestará la atención especializada que requieran.

Indica lo anterior, que la salud constitucionalmente protegida no es únicamente la física (6) sino que comprende, necesariamente, todos aquellos componentes propios del bienestar psicológico, mental y sicosomático de la persona. Así, cuando se acude a la acción de tutela con el ánimo de lograr la recuperación del equilibrio emocional, psicológico y mental, se hace con el fin de obtener la protección de los derechos a la salud, a la integridad personal y a una vida en condiciones dignas, cuyo restablecimiento le es encomendado al juez de tutela por el artículo 86 de la Carta Política (7) .

(6) Sentencias T-477 de 1995, SU-337 de 1999, T-762 de 1998, T-551 de 1999, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

(7) Sentencias T-926 de 1999, M.P. Dr. Carlos Gaviria Díaz y SU-200 de 1997, M.P. Drs. Carlos Gaviria Díaz y José Gregorio Hernández Galindo.

El artículo 12 de la Constitución proclama el derecho fundamental a la integridad personal y, al hacerlo, no solamente cubre la composición física de la persona, sino la plenitud de los elementos que inciden en la salud mental y en el equilibrio psicológico, los atentados contra uno u otro de tales factores de la integridad personal —por acción o por omisión— vulneran ese derecho fundamental y ponen en peligro el de la vida en las anotadas condiciones de dignidad (8) .

(8) Sentencia T-248 de 1998, M.P. José Gregorio Hernández.

Igualmente según lo preceptuado en los artículos 13 y 47 del ordenamiento superior, al Estado le corresponde proteger especialmente a aquellas personas que por su situación económica, física o mental están en inferioridad de condiciones frente al común de los ciudadanos, facilitándoles la atención especializada que requieran con el fin de asegurarles su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos.

3. El caso que debe resolver esta Sala.

A solicitud de petición formulada por el doctor Charlie Ritchie —apoderado de oficio del Sr. Wilmer Llamas Pereira dentro del proceso penal—, el doctor José Antonio Rodríguez Morales, galeno de medicina legal, rindió concepto de rigor (9) , donde da cuenta de la psicosis que padece el mismo, inducida por sustancias psicoactivas (fármaco-dependencia) y a continuación recomienda que: “Teniendo en cuenta su gran adicción e imposibilidad de ofrecer en la isla un tratamiento adecuado para ello en el Hospital Timothy Britton o en el centro carcelario, se sugiere la remisión a un centro de rehabilitación para fármaco-dependencia” (resaltado fuera de texto).

(9) Mediante oficio 295 de agosto 1º de 2000.

Con base en dicho concepto tanto, el señor director de la Cárcel del Circuito Judicial de San Andrés como el Fiscal Local Nº 027, solicitan se tomen las medidas pertinentes con relación al recluso y se le preste el tratamiento psicológico de rehabilitación por fármaco-dependencia en el Hospital Timothy Britton.

La secretaría de salud departamental (10) , informa que el Hospital Timothy Britton tiene capacidad para atender las fases agudas de enfermedades mentales, pero no para atender tratamientos prolongados de fármaco-dependencia.

(10) El 24 de agosto de 2000.

Por su parte el hospital demandado (11) , informa a su vez, que la solicitud de hospitalización fue negada en razón de que esta institución tiene capacidad para atender las fases agudas de enfermedades mentales, pero no de atención de fármaco-dependencia (12) dadas las instalaciones y condiciones del mismo, el hospital no cuenta con el servicio de rehabilitar drogadictos, la sala de salud mental sólo tratar las fases agudas de enfermedades mentales, al Sr. Llamas Pereira se le ha brindado el citado servicio lográndose regular su cuadro psicótico agudo.

(11) De fechas 25 de agosto y 4 de octubre de 2000.

(12) Manejo clínico, psiquiátrico, psicológico, desintoxicación, resocialización y prevención.

Así mismo el doctor Jhon Vélez médico del establecimiento carcelario (13) , informa que el señor Wilmer Llamas Pereira se encuentra estable y bajo tratamiento ambulatorio con suministro de medicamentos en el establecimiento carcelario y que cuenta con el apoyo y control del Hospital Timothy Britton.

(13) Fecha 6 de octubre de 2000.

A instancia de lo solicitado por el magistrado sustanciador en el proceso de la referencia, el director de la Cárcel del Circuito Judicial de San Andrés Islas, informó que el Sr. Wilmer Llamas Pereira estuvo recluido en este centro carcelario hasta el 14 de febrero de 2001, por lo que a esta fecha no se tiene información sobre su estado actual de salud.

El director del Hospital Timothy Britton informa sobre las diferentes oportunidades que el paciente Wilmer Llamas Pereira ha estado hospitalizado en esa institución, inclusive en una de ellas se le remitió a la ciudad de Barranquilla para tratamiento de rehabilitación a través del Instituto de Seguro Social; señala además que el día 17 de julio de 2000 se internó nuevamente en esta institución hasta el 26 de julio del mismo año cuando se le dio salida por mejoría de su cuadro clínico, pero manteniendo el respectivo manejo ambulatorio, el cual incluye citas de control.

Afirma que el Hospital Timothy Britton tiene intenciones de continuar brindándole tratamiento médico al señor Wilmer Llamas Pereira, sin distinción alguna, pero el paciente no asiste a sus respectivos controles, saliéndose dicha situación de las manos de la institución.

El día 28 de abril de 2001, el paciente Wilmer Llamas Pereira, asistió al servicio de urgencias del Hospital Timothy Britton, por presentar cuadro clínico compatible con reacción extrapiramidal, tratándose episodio con buena mejoría y dándole salida.

Manifestar que tanto el médico tratante como la institución, tiene la disponibilidad de practicar la valoración médica solicitada al señor Wilmer Llamas Pereira, siempre y cuando dicho señor se presente a su control para emitir el concepto sobre su estado actual de salud.

En este orden de ideas y tomando en consideración el material probatorio que obra en el expediente, la Sala considera, que no está debidamente probada la urgencia o el perjuicio grave que amerite la necesidad de prestar la asistencia médica en la forma solicitada (hospitalización permanente para rehabilitación de drogadicción), toda vez que no se puede determinar, cuál es actualmente el cuadro clínico de salud mental del señor Wilmer Llamas Pereira, en cuyo nombre se promovió la acción de tutela en referencia, así mismo está probado que el Hospital Timothy Britton, ha brindando la asistencia médica requerida de manera diligente cuando el actor lo ha solicitado, mostrando interés en la solución del problema, atendiendo tanto al paciente cuando estuvo recluido en la Cárcel del Circuito de San Andrés, como cuando se ha presentado a dicha institución en procura de asistencia médica.

Igualmente se observa que el concepto de medicina legal que originó los requerimientos de atención al paciente para tratar su fármaco-dependencia, lo que en realidad hacía era recomendar dicha rehabilitación, pero no propiamente en la institución demandada, pues en el mismo concepto, se daba cuenta de la imposibilidad de ofrecer en la isla un tratamiento adecuado para ello, tanto en el Hospital Timothy Britton como en el centro carcelario, por lo que “se sugería” entonces la remisión a un centro de rehabilitación para farmacodependencia.

Que aparte de lo anteriormente es de precisar así mismo, que la prestación del servicio público de salud está condicionada por las limitaciones que surgen de las propias posibilidades operativas y de cobertura que las instituciones ofrecen, siendo imposible obligar a quienes prestan el servicio, a hacer lo que, por las circunstancias de orden social —falta de locales adecuados, de personal, de presupuesto—, no es posible realizar, pues no puede desconocerse las limitaciones de todo orden, particularmente técnicas y económicas, que afrontan algunas de las instituciones de salud en el ámbito nacional, lo que trae como consecuencia que la prestación de los servicios públicos de la salud, adolezcan de algunas limitaciones en su cobertura.

Que siendo ello así, y al no existir pruebas que acrediten una omisión censurable por parte de la entidad accionada, ni derechos fundamentales que proteger, ni estar probado un perjuicio irremediable, es preciso concluir que el fallador de instancia acertó en la decisión adoptada, cual fue la de negar la acción de tutela interpuesta.

Sin embargo es de señalar que otra posición habría asumido esta corporación, si la solicitud de atención médica dirigida al hospital por parte del actor, no hubiese sido atendida o se hubiese ignorado, como fruto de su desidia o desinterés, circunstancias que, como ya se dijo, no son las que se presentan en este caso; por el contrario, de la lectura de las piezas procesales se deduce que el hospital siempre ha demostrado interés por prestar atención médica al paciente cuando lo ha solicitado, que igualmente existen pruebas de la mejoría que ha presentado, con el tratamiento suministrado para combatir la enfermedad que padece.

III. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR, por las razones anotadas en la parte motiva de esta providencia, la sentencia proferida por el Juzgado Civil del Circuito de San Andrés dictada el 10 de octubre de 2000, en la acción de tutela presentada por el señor Wilmer Llamas Pereira contra el Hospital Timothy Britton S.A.I.

2. Por secretaría líbrese la comunicación de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.

Notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.

Magistrados: Álvaro Tafur Galvis—Clara Inés Vargas Hernández—Jaime Araújo Rentería.

Martha Victoria Sáchica Méndez, Secretaria General.

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