Sentencia T-697 de diciembre 6 de 1996 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA TERCERA DE REVISIÓN

RECTIFICACIÓN DE INFORMACIONES

AVISOS PAGADOS POR PARTICULARES

EXTRACTOS: «En primer lugar, resulta necesario determinar si la acción de tutela procede como mecanismo judicial para solicitar la rectificación de un aviso pagado, publicado a instancias de un particular.

.............................................................

En principio, la acción de tutela, como mecanismo para solicitar la rectificación de informaciones, procede contra los medios de comunicación, respecto de los cuales, en razón del poder social que detentan, se presume la indefensión del actor. En consecuencia, las publicaciones pagadas por personas particulares, que, eventualmente, podrían afectar derechos de terceras personas, no son, por regla general, controvertibles a través de la acción de tutela. En efecto, en estos casos la persona afectada no se encuentra, de ordinario en condición de subordinación o indefensión y puede, por lo tanto, defender sus derechos usando los mismos mecanismos que fueron utilizados para conculcarlos, esto es, la difusión de sus opiniones en los mismos medios de comunicación, sin que ello implique que la opinión prefiera, necesariamente, la versión del presunto agresor.

Sin embargo, bajo ciertas circunstancias, en razón de la posición de supremacía social que ocupa quien difunde la información inicial —dado su cargo, las funciones que desempeña, etc.—, las afirmaciones publicadas pueden tener un impacto muy fuerte en la imagen —prestigio— de la persona a la cual se refieren. En efecto, los niveles de credibilidad social que ostentan las instituciones privadas —de carácter social, económico, cultural, religioso, etc.— son, en ocasiones, mucho mayores que los de las personas naturales. Es así como las asociaciones científicas suelen contar, normalmente, con un nivel de credibilidad superior al que detentan los médicos individualmente considerados. Este fenómeno social se explica gracias a la existencia de presunciones tales como la de suponer, sin que necesariamente ello sea cierto, que una asociación sin ánimo de lucro sólo persigue fines altruistas, que sus resoluciones han sido adoptadas en forma imparcial, que cuenta con controles internos que frenan las actuaciones arbitrarias, etc. En estas condiciones, afirmaciones con virtualidad para afectar la honra o el buen nombre de un médico, provenientes de estas asociaciones, pueden tener un impacto muy grande sobre el prestigio del respectivo profesional, sin que éste cuente con medios eficaces de defensa. De otra parte, el poder económico de ciertas personas o instituciones para difundir eficazmente sus mensajes a través de avisos pagados en los medios de comunicación, puede ser muy superior al patrimonio particular de la persona afectada.

Estas condiciones de desigualdad determinan que, frente a un agravio que puede producir un perjuicio irremediable a algún derecho fundamental de una persona, ésta pueda solicitar, a través de la acción de tutela la rectificación pública de las informaciones falsas o parciales publicadas. En efecto, por la dimensión de la campaña difamatoria o por la mayor credibilidad que ostenta la persona demandada, es claro que sólo el reconocimiento público del error cometido puede contrarrestar, eficazmente, el daño producido al prestigio de la persona afectada».

(Sentencia T-697 de diciembre 6 de 1996. Magistrado Ponente: Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz).

_______________________________