Sentencia T-699 de diciembre 6 de 1996 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA QUINTA DE REVISIÓN

FALLECIMIENTO DE QUIEN DEMANDÓ LA TUTELA

EFECTOS SOBRE EL PROCESO

EXTRACTOS: «La manera de quien ha ejercido acción de tutela pone fin al procedimiento sumario iniciado si todavía no se ha resuelto, a menos que estén de por medio los derechos fundamentales de personas vivas que sean partes dentro de aquél o que puedan resultar directamente afectadas por razón de los hechos objeto del examen judicial o por la decisión que se adopte.

Si se hubiere concedido la tutela y mediare impugnación por parte de la persona o entidad con la cual se impartió la orden correspondiente, la muerte del actor no impide que se resuelva sobre el recurso, pues en tal evento el impugnante tiene derecho a que se decida si en efecto era responsable por el desconocimiento de derechos fundamentales.

Caso distinto es el del fallecimiento del solicitante cuando ya se han producido los fallos de instancia y el asunto se encuentra para revisión de esta corte como se verá inmediatamente.

En tal evento, la corte no pone término al trámite de revisión y debe proferir el fallo correspondiente.

3. La sustracción de materia frente a la revisión constitucional de las sentencias de tutela.

La corte no entrará en el análisis de fondo acerca de si procedía o no la acción de tutela en el caso examinado, ni tampoco resolverá sobre si en efecto se daban la vulneración o el peligro de los derechos fundamentales del actor y, por tanto, se abstendrá de indicar si la protección judicial ha debido o no ser concedida, puesto que, dada la muerte del accionante, cualquier orden que se impartiera al efecto carecería de sentido y utilidad ante la sustracción de materia producida por dicha circunstancia.

La jurisprudencia ha señalado al respecto:

“Puesto que la acción de tutela se consagró como mecanismo tendiente a garantizar la efectividad de los derechos fundamentales, su prosperidad se concreta en una orden impartida por el juez, mediante la cual se debe obtener el efecto cierto de la protección demandada.

Así lo ha resaltado la corte en sentencia de esta misma fecha:

“Si la acción de tutela tiene por objeto la salvaguarda efectiva de los derechos fundamentales cuando han sido conculcados o enfrentan amenaza, es natural que, en caso de prosperar, se refleje en una orden judicial enderezada a la protección actual y cierta del derecho, bien sea mediante la realización de una conducta positiva, ya por el cese de los actos causantes de la perturbación o amenaza, o por la vía de una abstención. De lo contrario, el instrumento constitucional de defensa pierde su razón de ser”. (Cfr Corte Constitucional. Sala Quinta de Revisión. Sentencia T-036 del 2 de febrero de 1994).

De lo anterior se colige que la decisión judicial mediante la cual se concede una tutela tiene por objeto la restauración del derecho conculcado, ajustando la situación planteada a la preceptiva constitucional.

Si ello es así, la desaparición de los supuestos de hecho en los cuales se fundó la acción --bien sea por haber cesado la conducta violatoria, por haber dejado de tener vigencia o aplicación el acto en que consistía el desconocimiento del derecho, o por haberse llevado a cabo la actividad cuya ausencia representaba la vulneración del mismo-- conduce a la pérdida del motivo constitucional en que se basaba el amparo. Ningún objeto tiene en tales casos la determinación judicial de impartir una orden, pues en el evento de adoptarse ésta, caería en el vacío por sustracción de materia.

Lo propio acontece cuando el aludido cambio de circunstancia sobreviene una vez pronunciado el fallo de primer grado pero antes de que se profiera el de segunda instancia o la revisión eventual por parte de la Corte Constitucional. En dichas hipótesis la correspondiente decisión sería inoficiosa en cuanto no habría de producir efecto alguno”. (Cfr Corte Constitucional. Sala Quinta de revisión. Sentencia T-033 del 2 de febrero de 1994).

Pero la indicada doctrina debe armonizarse con la que se ha desarrollado por la corte acerca de la necesidad de definir las controversias judiciales, en cuya virtud ha sido proscrita la inhibición, y con la exclusión legal de ésta cuando se trata del excepcional procedimiento consagrado en el artículo 23 de la Corte.

En efecto, debe distinguirse entre la improcedencia de la concesión de la tutela por pérdida sobreviniente de su objeto y la abstención de proferir fallo de mérito, pues en las circunstancias que se han descrito el fallador está obligado a pronunciar su sentencia, si bien, habida cuenta de la sustracción de materia, la resolución respectiva no puede implicar que se conceda la protección pedida y menos todavía que se impartan órdenes o mandatos cuyo cumplimiento deja de tener relevancia para el caso.

Desde luego, la situación generada por la carencia actual de objeto implica la inutilidad de una orden o disposición judicial en concreto, por lo cual habrá de negarse la tutela, mas no proferir un fallo inhibitorio, expresamente prohibido en materia de tutela por el artículo 29 del Decreto 2591 de 1991.

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Ahora bien, si no es posible la inhibición del juez de instancia aunque se presente la sustracción de materia, mucho menos cabe dicha figura cuando se trata de la revisión eventual de los fallos de tutela a cargo de la Corte Constitucional.

En efecto, el artículo 86 de la Constitución política indica que todas las providencias judiciales mediante las cuales se resuelve acerca de las acciones de tutela incoadas deben ser remitidas a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Lo propio disponen los artículos 31 y 32 del Decreto 2591 de 1991.

No se trata de una tercera instancia sino de la ocasión propicia para la verificación de la jurisprudencia sobre derechos fundamentales, para el establecimiento de doctrina constitucional, para fijar las pautas de interpretación de los preceptos fundamentales en esa materia y para corregir los posibles yerros judiciales en la aplicación de la normatividad constitucional.

La corte, como se sabe, no está obligada a revisar todas las sentencias de tutela, dado el carácter eventual del examen a ella encomendado, según los términos del artículo 86 de la Constitución Política. Puede verse al respecto la sentencia C-037 del 5 de febrero de 1996 (M.P: Dr. Vladimiro Naranjo Mesa).

Sin embargo, una vez escogido determinado caso de conformidad con las reglas del Decreto 2591 de 1991, la Corte Constitucional debe proceder a la revisión del mismo y a dictar la correspondiente sentencia, confirmando, revocando o modificando las de instancia.

No cabe en tales casos la inhibición, puesto que el objeto de la actividad judicial de revisión constitucional no tiene por fin primario el de dilucidar y resolver el caso específico. Si ello tiene lugar cuando no son acogidas las providencias de instancia y se las modifica o revoca, el análisis y la consecuente resolución de la corte vienen a ser el resultado y aplicación de la doctrina constitucional o de la jurisprudencia que, a propósito del caso, se establecen o ratifican.

El objeto de la verificación de la Corte Constitucional no es el asunto primeramente debatido en cuanto tal. Lo que se examina por ella, como resulta de los mandatos consignados en la Constitución (artículos 86 y 241-9), es la sentencia de tutela, como resultado de la función judicial, frente a los principios y preceptos fundamentales.

Por ello, aun habiendo desaparecido el actor, como en el presente proceso, o configurándose por otros motivos la sustracción de materia, aunque no resulta pertinente entonces la impartición de órdenes, del todo innecesarias e inocuas en tales eventos, debe llevarse a cabo el análisis de la providencia o providencias proferidas, como se hace en esta ocasión».

(Sentencia T-699 de diciembre 6 de 1996. Magistrado Ponente: Dr. José Gregorio Hernández Galindo).

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