Sentencia T-714 de diciembre 16 de 1996 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA TERCERA DE REVISIÓN

RECLUSOS

SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ADECUADA

EXTRACTOS: «Una de las obligaciones que necesariamente debe asumir el Estado a fin de garantizar el derecho fundamental a la vida y a la integridad personal del recluso, es la de procurar al interno las condiciones mínimas de una existencia digna. En efecto, si la administración no satisface las necesidades vitales mínimas de la persona privada de libertad -a través de la alimentación, la habitación, la prestación de servicio de sanidad, etc.,- ésta, justamente por su especial circunstancia, está en imposibilidad de procurarse en forma autónoma tales beneficios.

En efecto, sin la actuación efectiva del Estado, una persona recluida podría morir de hambre, de frío o de una enfermedad curable o generada por las condiciones sanitarias del establecimiento de reclusión. Adicionalmente, una actuación deficiente o irresponsable en esta materia, podría ocasionar un sufrimiento intolerable a la luz del Estado social de derecho. La omisión en la obligación de procurar al interno el mínimo vital, acompañada de la adopción de medidas propias de la relación penitenciaria -como la privación de la libertad- que impiden que la persona satisfaga autónomamente sus necesidades vitales mínimas, constituye un suplemento punitivo no autorizado por la Constitución. En este sentido, no sobra recordar que la pena impuesta al delincuente no puede, de ninguna manera, comprometer aquellos derechos fundamentales a los cuales aquel es acreedor en forma plena, tales como la vida, la integridad personal o la salud, derechos que, justamente, se garantizan procurando la satisfacción de las necesidades mínimas del interno.

De lo anterior se deriva claramente el derecho fundamental de las personas recluidas en establecimientos carcelarios o penitenciarios, a recibir una alimentación que responda, en cantidad y calidad, a prescripciones dietéticas o de higiene que garanticen, al menos, sus necesidades básicas de nutrición.

En efecto, el racionamiento alimentario, la provisión de comida no apta para el consumo humano -descompuesta o antihigiénica-, o la alimentación evidentemente desbalanceada, apareja un sufrimiento innecesario que constituye un tratamiento indigno o inhumano (C.P., art. 12), a través del cual se compromete el mínimo vital del recluso (C.P., art. 11). Este tipo de castigo suplementario -fruto de una conducta voluntaria o negligente- resulta absolutamente reprochable desde la perspectiva de un Estado social y democrático de derecho que no persigue el sufrimiento innecesario del recluso como venganza por el daño causado a la sociedad o como mecanismo para purgar su culpa, sino su total rehabilitación para que pueda administrar adecuadamente su libertad cuando regrese a la vida comunitaria.

La legislación penitenciaria y carcelaria refleja los postulados antes mencionados. En efecto, los artículos 67 y 68 de la Ley 65 de 1993, disponen:

“ART. 67.--Provisión de alimentos y elementos. El Inpec tendrá a su cargo la alimentación de los internos y la dotación de elementos y equipos de: trabajo, sanidad, didácticos, deportivos, de recreación y vestuario para condenados y todos los reclusos materiales necesarios para la correcta marcha de los establecimientos de reclusión.

Los detenidos, a juicio del Consejo de Disciplina podrán proporcionarse a su cargo la alimentación, sujetándose a las normas de seguridad y disciplina previstas en el reglamento general e interno.

ART. 68.--Políticas y planes de provisión alimentaria. La Dirección General del Inpec fijará las políticas y planes de provisión alimentaria que podrá ser por administración directa o por contratos con particulares. Los alimentos deben ser de tal calidad y cantidad que aseguren la suficiente y balanceada nutrición de los reclusos. La alimentación será suministrada en buenas condiciones de higiene y presentación. Los internos comerán sentados en mesas decentemente dispuestas. La prescripción médica, la naturaleza del trabajo, el clima y hasta donde sea posible, las convicciones del interno, se tendrán en cuenta para casos especiales de alimentación”.

Las normas anteriores son desarrolladas por los artículos 42 y 51 del Acuerdo 11 de 1995 del Inpec, cuyo tenor literal establece:

“ART. 42.--Suministro de alimentación a los internos. La alimentación se distribuirá en las horas reglamentarias, propendiendo porque sea balanceada, para efectos de una adecuada nutrición”.

“ART. 51.--Visitas de inspección al rancho. El médico del establecimiento efectuará visitas de inspección médica al rancho semanalmente, para verificar si la alimentación de los internos corresponde a la designada con base en una dieta balanceada, comprobará a calidad, las condiciones de almacenamiento de los productos adquiridos para la preparación de la alimentación y el estado de higiene de los empleados y del rancho. En los contratos de alimentación deberá preverse como obligación a cargo del contratista, la práctica mensual a los internos que allí laboran, de un examen médico general, que incluya serología, frotis faringeo, coprológico y BK de esputo”.

De la legislación antes transcrita se deriva con claridad que, en cabeza del Inpec y de las autoridades a cargo de los distintos establecimientos carcelarios, recae la obligación legal de velar por que la alimentación de los reclusos sea nutritiva, higiénica y balanceada. De otra parte, si bien administración penitenciaria puede delegar el servicio de alimentación en particulares, a través de los respectivos contratos (L. 65/93, art. 68), conserva una obligación de control y vigilancia sobre la correcta ejecución de los mismos. El incumplimiento de los deberes -de gestión o de vigilancia- de la administración, relativos al suministro de alimentos a los internos, acarrea eventuales responsabilidades de orden disciplinario e, incluso, penal.

En suma, existe, en cabeza de la administración, el deber legal de suministrar al interno alimentación que reúna ciertas condiciones mínimas para que, realmente, satisfaga, al menos, las necesidades básicas de nutrición de la persona recluida, y para que no amanece su salud o, eventualmente, su vida.

En otras palabras, dado que la persona privada de la libertad no puede procurarse por sí misma una alimentación balanceada, que corresponda, en calidad y cantidad, a los mínimos exigidos para satisfacer sus necesidades nutricionales y que ello es necesario para garantizar el mínimo vital del recluso, corresponde a la administración, el deber de suministrar, en las condiciones descritas, la alimentación. El incumplimiento de este deber constituye, en casos en los cuales se afecta la satisfacción de las necesidades vitales mínimas, una violación del derecho fundamental a la integridad personal y a la vida (C.P., art. 11) de la persona recluida.

Sin embargo, debe aclararse que la actuación u omisión que aquí se cuestiona no es aquella a través de la cual la administración incumple algunos aspectos no fundamentales del régimen alimentario -como el cambio de un alimento por otro de similares condiciones, o la disminución de pequeñas cantidades de comida, o aspectos accesorios relacionados con la forma de presentación-, sino aquella cuya gravedad afecta, directamente, el mínimo vital de las personas recluidas. Se trata, por lo tanto, de casos en los cuales se presenta un racionamiento drástico de comida, o se ofrezca alimentos descompuestos, contaminados o antihigiénicos, no aptos para el consumo humano. Mientras que en estas circunstancias procederá la acción de tutela, en aquellas condiciones habrán de proceder las acciones legales -penales, civiles, disciplinarias y contenciosas- que el ordenamiento ha dispuesto para la defensa de los intereses del recluso y, en general, para impugnar las actuaciones u omisiones ilegales de la administración.

Procedencia de la acción en el caso concreto.

4. El análisis efectuado en los fundamentos jurídicos anteriores es suficiente para considerar que, en tratándose de la violación del derecho al mínimo vital de los reclusos por el incumplimiento grave del deber de alimentación, la acción de tutela resulta procedente. Sin embargo, en el caso que se estudia se presentan circunstancias especiales que fueron advertidas por el juez de instancia y que deben ser evaluadas por esta Sala al momento de definir la procedencia de la acción.

Los actores, internos en la Cárcel del Circuito Judicial de Chiquinquirá, señalaron que, una vez interpuestas las distintas acciones de tutela en contra del econóno del mencionado centro, la comida mejoró y el director del establecimiento carcelario comenzó a dar cumplimiento a sus obligaciones relativas a la vigilancia sobre la alimentación suministrada a los reclusos. De este modo, debe concluirse que las causas que dieron origen a la presente acción de tutela desaparecieron y, por ende, la anotada acción es improcedente.

A este respecto, debe advertirse que la acción de tutela no es el medio idóneo para verificar si, en el pasado, la administración penitenciaria dio cumplimiento a sus obligaciones constitucionales y legales y para definir las responsabilidades derivadas de la existencia de un eventual incumplimiento. Ciertamente, la acción consagrada en el artículo 86 de la Constitución, está encaminada a evitar o conjurar la violación presente o inminente de un derecho fundamental y no, a hacer efectiva la responsabilidad penal o disciplinaria por la vulneración, en el pasado, de un derecho de esta naturaleza.

Adicionalmente, advierte la Sala que un pronunciamiento en el sentido antes mencionado requeriría la verificación de las partidas presupuestales destinadas a la alimentación de los internos de la cárcel del Circuito Judicial de Chiquinquirá, el nivel de ejecución de las anotadas partidas, el estudio del contrato por medio del cual al Inpec delegó en particulares el servicio de alimentación de los reclusos en la cárcel de Chiquinquirá, la verificación del grado de cumplimiento de las obligaciones contempladas en el mencionado contrato, etc., todo lo cual debe ser realizado por las autoridades administrativas y de control correspondientes y no por el juez de tutela, máxime si temporalmente ha cesado la eventual afectación de los derechos fundamentales de los actores.

Por esta razón, en el caso sun lite, la Sala se limitará a compulsar copias del presente proceso con destino a la Dirección General del Inpec, -que como contratista es responsable por la verificación del cumplimiento del contrato de alimentación cuya ejecución se cuestiona-, al director de la cárcel del Circuito Judicial de Chiquinquirá, a la Procuraduría Provincial de Chiquinquirá y a la contraloría departamental de Boyacá, para que éstas investiguen las presuntas irregularidades que hayan tenido lugar en el suministro de alimentación a los internos de la cárcel del Circuito Judicial de Chiquinquirá.

Sin embargo, dado el estado de indefensión en el cual se encuentran los internos para acometer una defensa pronta y efectiva del derecho al mínimo vital, con miras a prevenir eventuales vulneraciones, la Sala habrá de conminar al director general del Inpec y al director de la cárcel del Circuito Judicial de Chiquinquirá para que, a partir de la fecha, ajusten sus actuaciones en materia de alimentación de los reclusos a los parámetros fijados en la presente sentencia, vale decir, que asuman los deberes de vigilancia y control que les competen».

(Sentencia T-714 de diciembre 16 de 1996. Magistrado Ponente. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz).

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