Sentencia T-714 de octubre 17 de 2013

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA SÉPTIMA DE REVISIÓN

Ref.: Expediente T-3.870.954

Magistrado Ponente:

Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub

Acción de tutela instaurada por la sociedad BRM S.A. en contra de la Sala Civil de Descongestión del Tribunal Superior de Bogotá.

Derechos invocados: derecho fundamental al debido proceso.

Bogotá D.C., diecisiete de octubre de dos mil trece.

La Sala Séptima de Revisión de tutelas de la Corte Constitucional, conformada por los Magistrados Jorge Ignacio Pretelt Chaljub —quien la preside—, Alberto Rojas Ríos y Luis Ernesto Vargas Silva, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, y específicamente de las previstas en los artículos 86 y 241, numeral 9º, de la Constitución Política, ha pronunciado la siguiente:

Sentencia

En el proceso de revisión de la Sentencia proferida el veinte (20) de febrero de dos mil trece (2013), por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la cual confirmó el fallo del trece (13) de diciembre de dos mil doce (2012) de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en cuanto tuteló el derecho fundamental al debido proceso de la sociedad BRM S.A.

1. Antecedentes.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política y 33 del Decreto 2591 de 1991, la Sala de Selección Seis de la Corte Constitucional, mediante auto del veintiocho (28) de junio de dos mil trece (2013), escogió, para efectos de su revisión, la acción de tutela de la referencia.

En consecuencia, y de conformidad con el artículo 34 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala de Revisión procede a dictar la sentencia correspondiente.

1.1. Solicitud.

La sociedad BRM S.A., a través de apoderado judicial, presenta acción de tutela el 29 de febrero de 2013, solicitando al juez constitucional proteger su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Civil de Descongestión, al proferir sentencia de anulación del laudo arbitral que había dirimido las controversias surgidas con ocasión de un contrato celebrado con la sociedad Young & Rubicam Brands Ltda.

Explica que la autoridad judicial demandada declaró fundado parcialmente el recurso de anulación interpuesto contra el laudo arbitral, arguyendo para ello la falta de congruencia entre lo demandado y lo decidido, toda vez que las pretensiones inicialmente planteadas se encontraban dirigidas a declarar el incumplimiento del contrato denominado “Acuerdo de afiliación y licencia de marca”, y, el tribunal de arbitramento determinó la existencia de un contrato de agencia comercial.

Sostiene la accionante que en el recurso de anulación cuestionado no se tuvo en cuenta que en la demanda de sustitución se pretendió principalmente la declaratoria de que entre las partes se había celebrado un contrato de agencia mercantil, pretensión sobre la cual se pronunció la parte convocada y frente a lo cual se basó el fallo del tribunal de arbitramento.

De esta manera, sustenta su solicitud en los siguientes hechos y argumentos de derecho:

1.1.1. Hechos y argumentos de derecho.

1.1.1.1. Relata la sociedad accionante que el 31 de diciembre de 2004, suscribió un contrato denominado “Acuerdo de afiliación y licencia de marca” con la sociedad Young & Rubicam Brands Ltda., el cual fue posteriormente modificado mediante un otrosí del 28 de julio de 2005, siendo pactada cláusula compromisoria para la resolución de los conflictos suscitados con ocasión del mismo.

1.1.1.2. El objeto principal del mencionado contrato consistía en que la sociedad BRM S.A. prestaba bajo la marca “Wunderman” los servicios de costumer relationship management a todos los clientes que la sociedad Young & Rubicam Brands Ltda. le refería o remitía.

1.1.1.3. Dentro del contrato se pactó que la sociedad BRM S.A. tendría el uso exclusivo de la marca “Wunderman” dentro de todo el territorio colombiano, obligándose en consecuencia la sociedad Young & Rubicam Brands a no prestar directamente o por intermedio de otra persona diferente a BRM S.A. los servicios de costumer relationship management (CRM), o cualquiera de los otros servicios previstos en el otrosí del 28 de julio de 2005.

1.1.1.4. En este orden, consideró la sociedad accionante que el contrato descrito fue incumplido por la sociedad Young & Rubicam Brands Ltda., al prestar directamente o por interpuesta persona diferente a ella, los servicios de CRM y los demás previstos en el otrosí, aunado al hecho de que tampoco referenció o remitió clientes a la sociedad aun cuando la clientela así lo solicitó.

1.1.1.5. Advierte que el anterior incumplimiento le ha causado perjuicios que ascienden a la suma de $ 2.000.000.000., que corresponden a la utilidad que la sociedad BRM S.A. hubiera percibido al prestar los servicios de CRM en los términos del contrato celebrado.

1.1.1.6. Por lo anterior, convocó a tribunal de arbitramento, el cual fue integrado por un árbitro designado por la Cámara de Comercio de Bogotá, según lo convenido.

1.1.1.7. De esta manera, el día 13 de agosto de 2010, presentó demanda primigenia ante el tribunal de arbitramento, solicitando, entre otros: 1. “DECLARAR que la sociedad convocada Young & Rubicam Brands Ltda., incumplió el contrato denominado “acuerdo de afiliación y licencia de marca” que celebró el treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil cuatro (2004), con la sociedad convocante BRM S.A., y adicionado con el “otrosí”, suscrito el 28 de julio de 2005”. Ordenar que la sociedad convocada Young & Rubicam Brands Ltda., cumpla estrictamente con el contrato inmediatamente citado”. 2. “ORDENAR que la sociedad convocada Young & Rubicam Brands Ltda. cumpla estrictamente el contrato denominado “acuerdo de afiliación y licencia de marca” que celebró el treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil cuatro (2004), con la sociedad convocante BRM S.A., y adicionado con el “otrosí”, suscrito el 28 de julio de 2005” (negrilla y subrayado fuera de texto original).

1.1.1.8. Posteriormente, encontrándose dentro de la oportunidad para hacerlo, el día 13 de septiembre de 2010, sustituyó integralmente la demanda, pretendiendo en consecuencia: 1.DECLARAR que el contrato que celebró la sociedad convocada Young & Rubicam Brands Ltda., con la sociedad convocante BRM S.A., el treinta y uno(31) de diciembre del año dos mil cuatro(2004), adicionado con el “otrosí” suscrito el 28 de julio de 2005, es un contrato de agencia comercial aunque las partes lo hayan denominado “acuerdo de afiliación y licencia de marca”. 2. “DECLARAR que la sociedad convocada Young & Rubicam Brands Ltda. incumplió el contrato de agencia comercial que celebró con la sociedad convocante BRM S.A. el treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil cuatro (2004), adicionado con el “otro sí” suscrito el 28 de julio de 2005, al darlo por terminado de manera unilateral y sin justa causa (...)”. Por lo que, en esta oportunidad, sus demás pretensiones estuvieron encaminadas a declarar la existencia del contrato de agencia comercial y las respectivas condenas derivadas de su incumplimiento (negrilla y subrayado fuera de texto original).

1.1.1.9. La demanda fue admitida mediante auto del 17 de septiembre de 2010, mediante el cual se ordenó correr traslado a la parte convocada en los términos de los artículos 428 y concordantes del Código de Procedimiento Civil.

1.1.1.10. El 3 de octubre de 2011 fue proferido laudo arbitral, en el que se despachó favorablemente la pretensión formulada respecto a la declaración de la existencia de un contrato de agencia comercial.

1.1.1.11. Contra el fallo arbitral, la sociedad Young & Rubicam Brands Ltda. presentó recurso de anulación ante la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, quien mediante Sentencia del 20 de abril de 2012, anuló el laudo arbitral referido.

1.1.1.12. Indica la accionante que la causal de anulación que el tribunal accionado encontró probada, fue la contenida en el numeral 8º del artículo 163 del Decreto 1818 de 1998, esto es, “Haberse recaído el laudo sobre puntos no sujetos a la decisión de los árbitros o haberse concedido más de lo pedido”.

1.1.1.13. Dentro de los argumentos expuestos por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, se encuentra que “luce descaminada la conclusión del árbitro que declaró la agencia comercial, siendo que los fundamentos fácticos esgrimidos en la demanda sustituta, apuntaban en esencia a sustentar la primera acción incoada por la misma actora, en aquella oportunidad para procurar la declaratoria de incumplimiento del contrato de “acuerdo de afiliación y licencia de marca”, transportándose todos ellos a la segunda demanda sustitutiva, a la que solo agregaron algunos otros, de naturaleza meramente enunciativa”.

Agregó, que para comprobar la real existencia de un contrato de agencia comercial “se requería de una sustentación fáctica acorde con la especie del convenio que se intentaba perfilar en el libelo sustituto, aspecto que descuidó el accionante, faltando incluso a la técnica que la ley exige para la interposición de toda demanda, y que el árbitro soslayó al admitirla a trámite, sin detenerse a subsanar ese defecto que no solo tornaba la acción improcedente, sino que además, viabilizaba una futura incongruencia, como la que aquí se ha puesto de relieve”.

1.1.1.14. De esta manera, concluyó el despacho judicial accionado, fundado parcialmente el recurso de anulación interpuesto contra la sentencia proferida por el Tribunal de Arbitramento de fecha 3 de octubre de 2011.

1.1.1.15. Considera la sociedad peticionaria que la decisión proferida por el Tribunal Superior de Bogotá comporta un error ostensible, injustificable e inexcusable, trasgresor de su derecho fundamental al debido proceso.

1.1.1.16. Sostiene que de la simple lectura de la primera pretensión contenida en la demanda que sustituyó el primer libelo presentado y de la primera excepción propuesta por la sociedad convocada, se colige que el litigio arbitral versaba sobre la existencia o no de un contrato de agencia comercial, por lo que el tribunal de arbitramento debía decidir sobre lo expuesto.

1.1.1.17. Al respecto, explica que la primera pretensión de la demanda arbitral consistía en “Declarar que el contrato que celebró la sociedad convocada Young & Rubicam Brands Ltda., con la sociedad convocante BRM S.A., el 31 de diciembre de 2004, adicionado con el “otro sí” suscrito el 28 de julio de 2005, es un contrato de agencia comercial aunque las partes lo hayan denominado acuerdo de afiliación y licencia de marca”. Encontrándose las siguientes pretensiones encaminadas a la declaratoria de incumplimiento del respectivo contrato de agencia comercial y a las indemnizaciones y condenas derivadas de la eventual prosperidad de esta pretensión.

1.1.1.18. Del mismo modo, advierte que en la primera excepción propuesta en la demanda de contestación realizada por la sociedad Young & Rubicam Brands Ltda., se señaló que “la intención de las partes al suscribir el contrato de afiliación el 31 de diciembre de 2004 no consistía en celebrar un contrato de agencia mercantil”. Igualmente, en la segunda excepción propuesta, se indicó que “las partes no ejecutaron un contrato de agencia mercantil”.

1.1.1.19. Afirma que, en este orden, mal podría endilgársele al laudo arbitral anulado haber fallado incongruente con lo demandado o ultra petita, al declarar que entre las partes existió un contrato de agencia comercial.

1.1.1.20. Alega que el Tribunal Superior de Bogotá, en el citado recurso de anulación, desconoció la legislación aplicable en materia arbitral así como la reiterada jurisprudencia de las altas cortes en ese sentido. Al respecto, explica que los recursos de anulación contra laudos arbitrales se circunscriben a unas específicas causales que deben interpretarse de forma restrictiva, puesto que dicho no recurso no está instituido como una segunda instancia en la que se discuta el fondo de la decisión arbitral, sino que se encuentra destinado a verificar la eventual ocurrencia de las taxativas causales señalas por la ley.

1.1.1.21. Cuestiona que la sentencia atacada no tuvo en cuenta la norma jurídica que permite que la demanda sea corregida, adicionada o sustituida en determinada etapa procesal, por lo cual el Tribunal Superior de Bogotá no podía basarse en el hecho de que la solicitud de declaratoria de existencia de un contrato de agencia comercial, no hubiese sido puesta de presente desde el primer libelo de demanda.

1.1.1.22. Adicionalmente, destaca que la sociedad convocada, dentro del término de contestación, se pronunció sobre la existencia del contrato de agencia mercantil, lo cual indica que pudo exponer sus argumentos de defensa en relación con el objeto de decisión por parte del tribunal de arbitramento.

1.1.1.23. Asevera que el despacho judicial demandado se centró únicamente en censurar el orden en el que se habían expuesto los hechos y la falta de explicación detallada de cada uno de los elementos esenciales del contrato de agencia comercial, sin tener en cuenta la correspondencia existente entre las pretensiones, las excepciones y la decisión adoptada por el árbitro.

1.1.1.24. Resalta que analizado el laudo arbitral objeto del recurso de anulación, se observa que desde la página 40 hasta la 78, el árbitro se detiene a discernir concienzudamente sobre la naturaleza y los elementos del contrato de agencia comercial, cotejando los elementos probatorios aportados así como los recaudados en el proceso arbitral, lo que permitió concluir que realmente el contrato celebrado entre las partes tenía una naturaleza jurídica diversa a la inicialmente dada.

1.1.1.25. Manifiesta que contrario sensu si el árbitro no se hubiera detenido a estudiar la naturaleza jurídica del contrato, sí se habría presentado un problema de congruencia, puesto que no se habría pronunciado sobre las pretensiones y excepciones propuestas en el proceso arbitral.

1.1.1.26. Aduce que el actuar de la Sala Civil de Descongestión del Tribunal Superior de Bogotá vulnera su derecho fundamental al acceso a la administración de justicia, en la medida en que previamente había acordado acudir a la figura del arbitramento para la resolución de los eventuales conflictos suscitados con ocasión del contrato celebrado con la sociedad Young & Rubicam Brands Ltda. y, el despacho accionado, contrariando lo establecido en la ley y en la jurisprudencia, asumió lo decidido por el tribunal de arbitramento como si fuese una decisión de primera instancia.

1.1.1.27. De conformidad con lo reseñado, asegura que la Sala Civil de Descongestión del Tribunal Superior de Bogotá desconoció su derecho fundamental al debido proceso, por incurrir en (i) un defecto sustantivo, al entender erradamente la causal de anulación del laudo acusado, refiriéndose al análisis del fondo del asunto resuelto por el tribunal de arbitramento y no verificando si el árbitro se había o no extralimitado en sus funciones, y (ii) en un desconocimiento del precedente, al desconocer la reiterada jurisprudencia que ha sostenido que el recurso de anulación de laudos arbitrales es notablemente restringido tanto en las causales contempladas para su procedencia como en su interpretación.

1.1.1.28. Frente al defecto sustantivo, indica la sociedad actora que al ser la causal de anulación invocada, la contenida en el numeral 8º del artículo 163 del Decreto 1818 de 1998, esto es, versar el fallo sobre asuntos no sometidos a consideración de los árbitros, el Tribunal Superior de Bogotá ha debido ceñirse a constatar si el árbitro al decidir la existencia del contrato de agencia comercial, resolvió sobre un asunto que no formaba parte del debate judicial, por cuanto no había sido propuesto como pretensión o excepción.

Así, no podía el despacho judicial accionado entrar a analizar si el árbitro había acertado o no en sus consideraciones que lo llevaron a concluir que se estaba frente a un contrato de agencia mercantil, puesto que ello es una aplicación de la norma errada e infundada.

1.1.1.29. En lo atinente al desconocimiento del precedente, la sociedad reclamante recordó que la jurisprudencia de las altas cortes ha sido unánime y enfática en señalar que: en el recurso de anulación de los laudos arbitrales los jueces no pueden cuestionar el fondo del asunto decidido, pues el recurso se limita a analizar los posibles errores in procedendo cometidos; el arbitramento es una forma válida de administración de justicia, que no puede desnaturalizarse en virtud de los recursos de anulación o revisión y; la justicia arbitral excluye válidamente la jurisdicción ordinaria, por lo que el desacuerdo con el sentido del fallo no es impugnable, salvo en los errores procedimentales que pudieran haberse cometido, con el fin de salvaguardar el debido proceso arbitral.

1.2. Traslado y contestación de la demanda.

Mediante auto del 30 de noviembre de 2012, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia admitió la acción de tutela y ordenó correr traslado de la misma a la Sala Civil de Descongestión del Tribunal Superior de Bogotá; de igual manera, ordenó vincular al árbitro único que profirió el laudo arbitral objeto del recurso de anulación cuestionado.

1.2.1. Los miembros de la Sala Civil de Descongestión del Tribunal Superior de Bogotá manifestaron que reiteraban los argumentos esgrimidos en el fallo dictado el 20 de septiembre de 2012, que desató el recurso de anulación interpuesto contra el laudo dictado dentro del proceso arbitral promovido por BRM S.A. en contra de Young & Rubicam Brands Ltda.

1.2.1. El apoderado judicial de la sociedad Young & Rubicam Brands Ltda., como tercero interesado en la decisión, contestó la acción de tutela solicitando negar lo pretendido, con fundamento en los siguientes argumentos:

Inicialmente, señaló que la sociedad accionante parte de una premisa abiertamente equivocada, en la medida en que indica que en la sentencia que declaró fundado el recurso de anulación se tuvo como presupuesto la configuración de un error in judicando del laudo arbitral, y no de un error in procedendo, como lo establece la ley.

Explicó que el recurso de anulación se sustentó exclusivamente en la configuración de un error in procedendo, específicamente en lo relacionado con la causal de anulación prevista en el numeral 8º del artículo 163 del Decreto 1818 de 1998, el cual se derivó del error in procedendo, en virtud del cual el árbitro único “recreó, inventó o imaginó unos hechos que no fueron invocados en la demanda para declarar probados los hechos que, en la parte resolutiva del laudo arbitral, abrieron paso a la prosperidad de las pretensiones”. De esta manera, la sentencia cuestionada en sede de tutela se limitó a analizar el error procedimental cometido en el laudo arbitral.

Resaltó que la doctrina especializada ha establecido esta clase de yerros como una evidente incongruencia de la sentencia o, en este caso, del laudo arbitral. Así, referenció lo sostenido por el profesor Pedro Aragonés en el sentido que “La sentencia que condena de conformidad con la pretensión es incongruente cuando se basa en hechos no aducidos o no probados, en su caso, por el demandante o que estime la pretensión, no obstante la existencia actual del derecho”.

De igual forma, citó, entre otros, un extracto de la sentencia del 10 de mayo de 2004, proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado(1), la cual establece que el fallo debe ser una respuesta acompañada con cada una de las pretensiones aducidas y de las excepciones propuestas, así como “con los fundamentos de hecho que se hayan alegado como causa petendi pues si se funda en supuestos fácticos que no fueron oportunamente invocados por las partes lesionaría gravemente el derecho de defensa del adversario al sorprenderlo con hechos de los que, por no haber sido alegados, no se la habría dado oportunidad para contradecirlos”.

En este orden, concluyó que la sentencia atacada se fundamentó en la grosera configuración de un error in procedendo referido a la incongruencia del laudo por conceder pretensiones fundadas en hechos no alegados por la parte convocada.

Por otra parte, aseguró que la sentencia atacada por vía de tutela no configuró ningún defecto sustantivo, puesto que falló teniendo en cuenta normas que fueron debidamente interpretadas y aplicadas de conformidad con la ley y la Constitución.

Finalmente, argumentó que de haberse mantenido la decisión del laudo arbitral, se hubiera vulnerado el derecho fundamental al debido proceso de la sociedad Young & Rubicam Brands Ltda., por cuanto no habría podido ejercer su derecho de defensa frente a los hechos “recreados o imaginados” por el árbitro, los cuales se vieron reflejados en las condenas realizadas en el respectivo laudo.

1.3. Pruebas documentales.

En el expediente obran como pruebas, entre otros, los siguientes documentos:

1.3.1. Copia de la primera demanda arbitral presentada por la sociedad BRM S.A. en la cual se indicaron las siguientes pretensiones: 1. “DECLARAR que la sociedad convocada Young & Rubicam Brands Ltda., incumplió el contrato denominado “acuerdo de afiliación y licencia de marca” que celebró el treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil cuatro (2004), con la sociedad convocante BRM S.A., y adicionado con el “otrosí”, suscrito el 28 de julio de 2005”. Ordenar que la sociedad convocada Young & Rubicam Brands Ltda., cumpla estrictamente con el contrato inmediatamente citado”. 2. “ORDENAR que la sociedad convocada Young & Rubicam Brands Ltda. cumpla estrictamente el contrato denominado “acuerdo de afiliación y licencia de marca” que celebró el treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil cuatro (2004), con la sociedad convocante BRM S.A., y adicionado con el “otrosí”, suscrito el 28 de julio de 2005”. 3. “ORDENAR, como consecuencia de lo anterior, que la convocada Young & Rubicam Brands Ltda.: a) Se abstenga en lo sucesivo de ofrecer o prestar en Colombia, directamente o por interpuesta persona diferente a la convocante BRM S.A. los servicios denominados costumer relationship management (CRM) (...) b) Remita inmediatamente a BRM S.A. todos los clientes a los cuales les esté prestando, directamente o por interpuesta persona deferente a la convocante, los servicios de CRM (...) c) Emita las respectivas órdenes de trabajo para que BRM S.A. preste los servicios de CRM (...) d) en lo sucesivo pague, en el término de treinta (30) días contados a partir del recibo de la respectiva factura, el valor de los servicios que se presten en los casos previstos en el literal inmediatamente anterior”. 4. “CONDENAR a la sociedad convocada Young & Rubicam Brands Ltda. a pagar a la sociedad convocante BRM S.A. el valor de los perjuicios causados con el incumplimiento del contrato, los que estima en la suma de dos mil millones de pesos ($ 2.000.000.000). 5. “DECLARAR que la sociedad convocada Young & Rubicam Brands Ltda. durante la vigencia del contrato de afiliación y licencia de marca que celebró el 31 de diciembre de2004, con la sociedad convocante BRM S.A., y adicionado con el “otrosí”, suscrito el 28 de julio de 2005, no puede hacer uso de la marca “Wunderman” en el territorio de la República de Colombia, toda vez que concedió el uso exclusivo de esa marca convocante. 6. “ORDENAR, como consecuencia de la anterior declaración, que la convocada Young & Rubicam Brands Ltda. se abstenga de usar la marca “Wunderman” en el territorio de la República de Colombia, mientras esté vigente el contrato de afiliación y licencia de marca que celebró el 31 de diciembre de 2004, con la sociedad convocante BRM S.A., y adicionado con el “otrosí”, suscrito el 28 de julio de 2005”. 7. “ORDENAR que la convocada Young & Rubicam Brands Ltda. pague el valor del costo financiero que la convocante BRM S.A. debió asumir por el retardo en la emisión y pago de las facturas correspondientes a las órdenes de trabajo que fueron emitidas por aquella, o por las compañías pertenecientes a su grupo empresarial internacional, cuyo valor asciende a trescientos millones de pesos ($ 300.000.000). 8. “CONDENAR a la convocada Young & Rubicam Brands Ltda. al pago de las costas procesales”.

1.3.2. Copia de la demanda arbitral sustituta presentada por la sociedad BRM S.A., a través de la cual se solicitó lo siguiente: 1. “DECLARAR que el contrato que celebró la sociedad convocada Young & Rubicam Brands Ltda., con la sociedad convocante BRM S.A., el treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil cuatro (2004), adicionado con el “otro sí” suscrito el 28 de julio de 2005, es un contrato de agencia comercial aunque las partes lo hayan denominado “acuerdo de afiliación y licencia de marca”. 2. “DECLARAR que la sociedad convocada Young & Rubicam Brands Ltda. incumplió el contrato de agencia comercial que celebró con la sociedad convocante BRM S.A. el treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil cuatro (2004), adicionado con el “otrosí” suscrito el 28 de julio de 2005, al darlo por terminado de manera unilateral y sin justa causa. 3. “Como consecuencia de la anterior declaración, CONDENAR a la sociedad convocada Young & Rubicam Brands Ltda. a pagar a la sociedad convocante BRM S.A. el valor de la cláusula penal pactada, cuyo monto se estima bajo la gravedad del juramento en la suma de quinientos quince millones de pesos ($ 515.000.000). 4. “CONDENAR a la sociedad convocada Young & Rubicam Brands Ltda. a pagar a la sociedad convocante BRM S.A. una suma de dinero equivalente a la doceava parte del promedio de la utilidad percibida por BRM S.A. en los últimos tres años, por cada uno de vigencia del contrato, cuyo monto se estima bajo la gravedad del juramento en la suma de trescientos cincuenta millones cuatrocientos quince mil quinientos treinta y tres pesos ($ 350.415.533). 5. “CONDENAR a la sociedad convocada Young & Rubicam Brands Ltda. a pagar a la sociedad convocante BRM S.A. la indemnización equitativa prevista en el inciso segundo del artículo 1324 del Código de Comercio como retribución por los esfuerzos de esta para acreditar la marca Wonderman y, en general, por acreditar los servicios que fueron materia del contrato, cuyo monto se estima bajo la gravedad del juramento en la suma de diecinueve mil setenta y dos millones de pesos ($ 19.072.000.000). 6. “DECLARAR que por haber terminado unilateralmente y sin justa causa el contrato de agencia comercial que celebró con BRM S.A. el 31 de diciembre de 2004, adicionado con el “otro sí” suscrito el 28 de julio de 2005, la convocada Young & Rubicam Brands Ltda. no puede derivar a su favor provecho alguno de la obligación prevista en el literal d) de la cláusula II. Y 7. “CONDENAR a la convocada Young & Rubicam Brands Ltda. al pago de las costas procesales”.

1.3.3. Copia del laudo arbitral proferido el 3 de octubre de 2011, por medio del cual se dirimió las diferencias surgidas entre BRM S.A. y Young & Rubicam Brands Ltda.

1.3.4. Escrito por medio del cual se sustentó el recurso de anulación interpuesto por la sociedad Young & Rubicam Brands Ltda., contra el laudo arbitral del 3 de octubre de 2011, por medio del cual se dirimió las diferencias surgidas con la sociedad BRM S.A.

1.3.5. Copia de la sentencia del 20 septiembre de 2012, proferida por la Sala Civil de Descongestión del Tribunal Superior de Bogotá, por medio de la cual se declaró fundado el recurso de anulación interpuesto contra el laudo arbitral que dirimió las diferencias surgidas entre BRM S.A. y Young & Rubicam Brands Ltda.

2. Decisiones judiciales.

2.1. Decisión de Primera Instancia - Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia.

La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia proferida el doce (12) de diciembre de dos mil doce (2012), decidió conceder la acción ejercida por la sociedad BRM S.A. en contra de la decisión proferida por la Sala Civil de Descongestión del Tribunal Superior de Bogotá del 20 de septiembre de 2012.

2.1.1. De manera preliminar, reiteró el carácter excepcional de la acción de tutela y, en ese orden, resaltó que no cualquier desatino de la autoridad judicial da lugar a la prosperidad del amparo constitucional, puesto que únicamente cuando se trate de un “error grosero o un yerro superlativo o mayúsculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo” y, cuando no exista otro medio de defensa judicial, habrá lugar a interponer la acción de tutela.

2.1.2. De igual forma, puso de presente el carácter restringido del recurso extraordinario de anulación, el cual obliga al juez de conocimiento a circunscribirse a las limitadas causales establecidas en la ley para el efecto, lo cual implica que no puede encaminar la decisión por fuera de los estrictos caminos señalados por el ordenamiento jurídico.

De esta manera, indicó que lo perseguido a través de la acción de tutela estudiada no se encontraba dirigido a una simple inconformidad con la decisión adoptada por el Tribunal Superior de Bogotá, sino que apuntaba a señalar un verdadero desbordamiento de los límites de la actividad inherente a la decisión en sede de anulación.

En este sentido, advirtió que lo cuestionado en sede tutelar es el hecho de que el Tribunal Superior de Bogotá no se circunscribió al estudio de las causales invocadas para la procedencia del recurso de anulación, sino que se inmiscuyó en el fondo del proceso arbitral.

2.1.3. Recordó que la jurisprudencia de esa Sala de Casación ha sido clara y coherente en señalar que la atribución que para el efecto se concede al juzgador del recurso de anulación no se extiende al tema objeto del debate arbitral, es decir, que lo que allí se enjuicia no es la materia sometida a consideración de los árbitros, sino la actuación surtida por ellos.

De conformidad con lo explicado, indicó que una vez revisado el expediente y la sentencia cuestionada, se determinó la prosperidad del amparo de tutela promovido, por cuanto la Sala Civil de Descongestión del Tribunal Superior de Bogotá en la sentencia que resolvió el recurso extraordinario de anulación, efectivamente vulneró el derecho fundamental al debido proceso de la sociedad BRM S.A.

La anterior conclusión, la sustentó en el hecho de que el Tribunal Superior realizó una valoración del mérito de la labor del juzgamiento realizada por el árbitro, y no como le correspondía, una evaluación respecto de la correspondencia entre las pretensiones realizadas por la parte convocante, su soporte fáctico y finalmente lo decidido por este.

2.1.4. Indicó que en los tribunales de arbitramento, como en cualquier decisión de instancia, debe respetarse el principio de congruencia establecido en el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, por lo que se tiene la obligación de resolverse en el caso concreto las pretensiones planteadas, tengan o no suficiente soporte en los hechos descritos.

Así las cosas, cuestionó que en la sentencia atacada, el juez de conocimiento realizó un análisis de la correspondencia entre los hechos y las pretensiones, lo cual no es susceptible de realizar dentro del recurso de anulación, puesto que se carece de atribuciones para resolver sobre el mérito de la pretensión sometida a arbitramento, siendo lo único procedente estudiar y decidir sobre las acusaciones formuladas con base en las causales taxativas del recurso, que, en todo caso, se encuentran dirigidas a censurar la actividad o procedimiento y no el juzgamiento realizado por el tribunal de arbitramento.

Sostuvo que puede incurrirse en un vicio de incongruencia cuando el juez falla con apoyo de hechos que no fueron propuestos en la demanda, más no cuando el juez resuelve sobre las pretensiones sometidas a su consideración.

Ahora bien, frente a la supuesta incongruencia resaltó que revisadas las pretensiones expuestas en la demanda arbitral puede concluirse que las mismas hacen referencia inequívocamente al tema de la agencia comercial y sus elementos esenciales, lo cual hace más notorio el yerro cometido por el despacho judicial accionado, en cuanto anuló el laudo arbitral proferido aduciendo para ello falta de soporte en materia de agenciamiento comercial.

2.1.5. Aunado a lo anterior, mencionó que la sociedad convocada al trámite arbitral propuso excepciones relacionadas con el contrato de agencia comercial, por lo que indudablemente pudo ejercer su derecho de defensa y contradicción, circunstancia que indica que no fue sorprendida con la decisión del árbitro único designado.

2.1.6. En corolario, determinó que el Tribunal Superior de Bogotá no evaluó adecuadamente el sentido ni el alcance de la institución arbitral, ni tampoco ejerció en debida forma las facultades del juez de anulación, a la vez que dejó de analizar aspectos relevantes en el expediente, motivo por el cual decidió dejar sin efectos la sentencia cuestionada y ordenó proferir un nuevo fallo dentro de la órbita de competencias de los jueces de anulación y excluyendo como fundamento la correspondencia entre los hechos y las pretensiones formuladas ante la justicia arbitral.

2.2. Impugnación de la sentencia de primera instancia.

El apoderado judicial de la sociedad Young & Rubicam Brands Ltda., impugnó el fallo de primera instancia, reiterando los mismos argumentos esgrimidos en la contestación de la demanda de tutela.

2.3. Decisión de Segunda Instancia - Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, mediante fallo del veinte (20) de febrero de dos mil trece (2013), confirmó la decisión del a quo, acogiéndose a las consideraciones expuestas en la sentencia impugnada.

2.3.1. De manera adicional, realizó un recuento de los hechos que dieron lugar a la sentencia de anulación cuestionada en sede de tutela. De esta manera, describió las pretensiones expuestas en la demanda arbitral, las excepciones propuestas por la sociedad convocada y las consideraciones realizadas por el tribunal de arbitramento, para concluir con ello, que el árbitro no excedió de ninguna manera su competencia, al resolver el conflicto suscitado entre las sociedades, puesto que, por el contrario, simplemente se ajustó a las pretensiones, hechos y excepciones propuestas por cada una de las partes.

2.3.2. Concluyó entonces, que el tribunal de arbitramento actuó ajustado a la ley y, en consecuencia, los motivos señalados en la sentencia de anulación carecen de sustento jurídico.

3. Consideraciones de la Corte.

3.1. Competencia y oportunidad.

La Sala Séptima de Selección de Tutelas de la Corte Constitucional, en desarrollo de las facultades conferidas en los artículos 86 y 241, numeral 9º, de la Constitución, es competente para revisar los fallos de tutela adoptados en el proceso de esta referencia.

3.2. Problema jurídico.

En el asunto de la referencia, corresponde a esta Sala de Revisión determinar si la Sala Civil de Descongestión del Tribunal Superior de Bogotá, vulneró el derecho fundamental al debido proceso de la sociedad BRM S.A., al anular el laudo arbitral mediante el cual se había declarado la existencia de un contrato de agencia comercial con la sociedad Young & Rubicam Brands Ltda., sin tener en consideración que dicha declaratoria había constituido la pretensión principal de la demanda que convocó al tribunal de arbitramento y, que frente a ella, a las excepciones propuestas en ese sentido y a los hechos presentados, el árbitro designado profirió laudo arbitral.

Acorde con los argumentos esgrimidos por la sociedad accionante, la Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional examinará si la decisión proferida por el Tribunal Superior de Bogotá, en su Sala Civil de Descongestión, mediante la cual se declaró fundado el recurso de anulación del laudo arbitral que había dirimido las controversias entre las sociedades BRM S.A. y Young & Rubicam Brands Ltda., incurrió en un defecto sustantivo, al aplicar indebidamente la causal de anulación invocada y, en un desconocimiento del precedente, al ignorar lo establecido por la jurisprudencia respecto al carácter restrictivo de las causales de anulación y su consecuente interpretación y aplicación.

Con el fin de solucionar el problema jurídico planteado, esta Sala estudiará: primero, la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales; segundo, los requisitos generales y específicos de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, haciendo especial énfasis en el defecto sustantivo y en el desconocimiento del precedente; cuarto, aspectos constitucionales del acuerdo de arbitraje; quinto, la naturaleza del recurso de anulación procedente contra laudos arbitrales; sexto, el principio de congruencia y; séptimo, el caso concreto.

3.2.1. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales.

La procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales es un tema que ha sido abordado por esta Corporación en múltiples ocasiones, por lo que la Sala repasará las premisas en que se fundamenta esta posibilidad, y las reglas establecidas para el examen de procedibilidad en un caso concreto.

3.2.1.1. La Corte Constitucional, mediante Sentencia C-543 de 1992, declaró la inexequibilidad de los artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991 referidos a la caducidad y competencia especial de la tutela frente a providencias judiciales, por considerar que contrariaban principios constitucionales de gran valía como la autonomía judicial, la desconcentración de la administración de justicia y la seguridad jurídica.

3.2.1.2. No obstante, reconoció que las autoridades judiciales a través de sus sentencias pueden desconocer derechos fundamentales, por lo cual admitió como única excepción para que procediera el amparo tutelar, que la autoridad hubiese incurrido en lo que denominó una vía de hecho.

3.2.1.3. A partir de este precedente, la Corte construyó una línea jurisprudencial sobre el tema, y determinó progresivamente los defectos que configuraban una vía de hecho. Por ejemplo, en la Sentencia T-231 de 1994, la Corte dijo: “Si este comportamiento —abultadamente deformado respecto del postulado en la norma— se traduce en la utilización de un poder concedido al juez por el ordenamiento para un fin no previsto en la disposición (defecto sustantivo), o en el ejercicio de la atribución por un órgano que no es su titular (defecto orgánico), o en la aplicación del derecho sin contar con el apoyo de los hechos determinantes del supuesto legal (defecto fáctico), o en la actuación por fuera del procedimiento establecido (defecto procedimental), esta sustancial carencia de poder o de desviación del otorgado por la ley, como reveladores de una manifiesta desconexión entre la voluntad del ordenamiento y la del funcionario judicial, aparejará su descalificación como acto judicial”(2). En casos posteriores, esta corporación agregó otros tipos de defectos constitutivos de vías de hecho.

En virtud de esta línea jurisprudencial, se ha subrayado que todo el ordenamiento jurídico debe sujetarse a lo dispuesto por la Constitución en razón a lo dispuesto en el artículo 4º de la Carta Fundamental. Además, se ha indicado que uno de los efectos del principio de Estado social de derecho en el orden normativo está referido a que los jueces, en sus providencias, definitivamente están obligados a respetar los derechos fundamentales.

3.2.1.4. Por un amplio periodo de tiempo, la Corte Constitucional decantó de la anterior manera el concepto de vía de hecho. Posteriormente, un análisis de la evolución de la jurisprudencia constitucional acerca de las situaciones que hacían viable la acción de tutela contra providencias judiciales llevó a concluir que las sentencias judiciales pueden ser atacadas mediante la acción de tutela por causa de otros defectos adicionales, y que, dado que esos nuevos defectos no implican que la sentencia sea necesariamente una decisión arbitraria y caprichosa del juez, era más adecuado utilizar el concepto de causales genéricas de procedibilidad de la acción que el de vía de hecho.

3.2.1.5. Con el fin de orientar a los jueces constitucionales y determinar unos parámetros uniformes que permitieran establecer en qué eventos es procedente la acción de tutela contra providencias judiciales, la Sala Plena de la Corte Constitucional, en las sentencias C-590 de 2005(3) y SU-913 de 2009(4), sistematizó y unificó los requisitos de procedencia y las razones o causales de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales. Actualmente no “(...) solo se trata de los casos en que el juez impone, de manera grosera y burda su voluntad sobre el ordenamiento, sino que incluye aquellos casos en los que se aparta de los precedentes sin argumentar debidamente (capricho) y cuando su discrecionalidad interpretativa se desborda en perjuicio de los derechos fundamentales de los asociados (arbitrariedad)”(5).

De esta forma, la Corte ha distinguido, en primer lugar, unos requisitos de orden procesal de carácter general(6) orientados a asegurar el principio de subsidiariedad de la tutela —requisitos de procedencia— y, en segundo lugar, unos de carácter específico(7), centrados en los defectos de las actuaciones judiciales en sí mismas consideradas que desconocen derechos fundamentales —causales de procedibilidad.

3.2.2. Requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

De esta manera, la Corte, en la Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, hizo alusión a los requisitos generales y especiales para la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales. Sobre los requisitos generales de procedencia estableció:

“Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones(8).

En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios —ordinarios y extraordinarios— de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable(9). De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración(10). De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora(11). No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible(12). Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela(13). Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas”(14).

3.2.3. Requisitos especiales de procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales.

De igual forma, en la Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, además de los requisitos generales, se señalaron las causales de procedibilidad especiales o materiales del amparo tutelar contra las decisiones judiciales. Estas son:

“...Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales(15) o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

e. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.

f. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

g. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado(16).

h. Violación directa de la Constitución.

Estos eventos en que procede la acción de tutela contra decisiones judiciales involucran la superación del concepto de vía de hecho y la admisión de específicos supuestos de procedibilidad en eventos en los que si bien no se está ante una burda trasgresión de la Carta, si se trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales”(17).

Siempre que concurran los requisitos generales y, por lo menos, una de las causales específicas de procedibilidad contra las providencias judiciales, es procedente conceder la acción de tutela como mecanismo excepcional por vulneración de derechos fundamentales.

En el caso bajo estudio, la sociedad tutelante asegura que el Tribunal Superior de Bogotá incurrió en un defecto sustantivo y en un desconocimiento del precedente, al estudiar el fondo del asunto dirimido por un tribunal de arbitramento, sin tener en consideración que dicha atribución escapa a la naturaleza de las causales de anulación y adicionalmente, la decisión del árbitro cuestionada en el recurso de anulación se encontraba ajustada a derecho, por cuanto el fallo se sustentó en las pretensiones de la demanda arbitral, los hechos expuestos y las excepciones propuestas dentro del proceso.

Por esta razón, a continuación la Sala analizará en más detalle cuándo se presentan los defectos enunciados.

3.2.4. Defecto material o sustantivo en la jurisprudencia constitucional.

3.2.4.1. Nuestro ordenamiento jurídico, específicamente la Carta Política, contempla un complejo y extensivo reparto de competencias designadas a los diferentes órganos de la rama judicial del poder público, reconociendo un amplio margen de interpretación y aplicación del derecho a su cargo.

3.2.4.2. Sin embargo, esta corporación ha sido reiterativa en señalar que la autonomía de la que gozan las autoridades judiciales, no es absoluta, puesto que las mismas deben someterse al imperio del Estado de derecho(18).

3.2.4.3. El defecto sustantivo como una circunstancia que determina cierta carencia de juridicidad de las providencias judiciales, aparece, como ya se mencionó, cuando la autoridad judicial respectiva desconoce las normas de rango legal o infra legal aplicables en un caso determinado, ya sea por su absoluta inadvertencia, por su aplicación indebida, por error grave en su interpretación o por el desconocimiento del alcance de las sentencias judiciales con efectos erga omnes cuyos precedentes se ubican en el mismo rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada.

En otras palabras, una providencia judicial adolece de un defecto sustantivo:

“(i) cuando la norma aplicable al caso es claramente inadvertida o no tenida en cuenta por el fallador,

(ii) cuando a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución le reconoce a las autoridades judiciales, la aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de una interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes (irrazonable o desproporcionada), y, finalmente,

(iii) cuando el fallador desconoce las sentencias con efectos erga omnes tanto de la jurisdicción constitucional como de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, cuyos precedentes se ubican en el mismo rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada respectiva(19)” (negrillas fuera de texto).

Frente a la configuración de este defecto se reitera que, si bien es cierto, los jueces dentro de la esfera de sus competencias, cuentan con autonomía e independencia judicial para interpretar y aplicar las normas jurídicas, dicha facultad no es ningún caso absoluta. Por tratarse de una atribución reglada, emanada de la función pública de administrar justicia, la misma se encuentra limitada por el orden jurídico preestablecido y, principalmente, por los valores, principios, derechos y garantías que identifican al actual Estado social de derecho.

3.2.4.4. Con fundamento en lo anterior, el defecto sustantivo también se presenta cuando se interpreta una norma en forma incompatible con las circunstancias fácticas, y por tanto, la exégesis dada por el juez resulta a todas luces improcedente.

De esta manera, la Sentencia SU-962 de 1999 manifestó que las decisiones que incurren en una vía de hecho por interpretación “carece(n) de fundamento objetivo y razonable, por basarse en una interpretación ostensible y abiertamente contraria a la norma jurídica aplicable”.

Por su parte, la Sentencia T-567 de 1998 precisó que “cuando la labor interpretativa realizada por el juez se encuentra debidamente sustentada y razonada, no es susceptible de ser cuestionada, ni menos aún de ser calificada como una vía de hecho, y por lo tanto, cuando su decisión sea impugnada porque una de las partes no comparte la interpretación por él efectuada a través del mecanismo extraordinario y excepcional de la tutela, esta será improcedente”.

Esta posición fue reiterada por la Corte en la Sentencia T-295 de 2005 al señalar:

“La Corte Constitucional ha indicado que la interpretación indebida de normas jurídicas puede conducir a que se configure una vía de hecho por defecto sustantivo. Así, en la Sentencia T-462 de 2003 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett) se expresó al respecto: “En otras palabras, una providencia judicial adolece de un defecto sustantivo (i) cuando la norma aplicable al caso es claramente inadvertida o no tenida en cuenta por el fallador, (ii) cuando a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución le reconoce a las autoridades judiciales, la aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de una interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes (irrazonable o desproporcionada), y finalmente (iii) cuando el fallador desconoce las sentencias con efectos erga omnes tanto de la jurisdicción constitucional como de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, cuyos precedentes se ubican en el mismo rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada respectiva”.

3.2.4.5. Respecto al defecto sustantivo que se presenta como consecuencia de una errada interpretación, la jurisprudencia constitucional ha sido enfática en indicar que no cualquier interpretación tiene la virtualidad de constituir una vía de hecho, sino que esta debe ser abiertamente arbitraria.

En consecuencia, ha dicho la Corte que el juez de tutela, en principio, no está llamado a definir la forma correcta de interpretación del derecho; sin embargo, en aquellos eventos en los que la interpretación dada por el juez ordinario carezca de razonabilidad y cuando se cumplen los requisitos anteriormente mencionados, se hace procedente la intervención del juez constitucional. En este sentido, en Sentencia T-1222 de 2005 la Corte consideró:

“Como lo ha señalado reiteradamente la Corte, no es el juez constitucional el funcionario encargado de definir la correcta interpretación del derecho legislado. En particular, la jurisprudencia ha reconocido que es la Corte Suprema de Justicia la intérprete autorizada del derecho civil y comercial.

Teniendo en cuenta lo anterior, se procederá a estudiar si se produce alguna clase de defecto cuando en un proceso ejecutivo de ejecución de providencia judicial, el juez de apelación revoca el mandamiento de pago, al considerar que le entidad demandada en el proceso ordinario carecía de capacidad para ser parte en él.

En este sentido, no sobra indicar que, en todo caso, los jueces civiles son intérpretes autorizados de las normas que integran esta rama del derecho y el juez constitucional no puede oponerles su propia interpretación salvo que se trate de evitar una evidente arbitrariedad o una clara violación de los derechos fundamentales de las partes. En este caso el juez constitucional tiene la carga de demostrar fehacientemente la existencia de una vulneración del derecho constitucional de los derechos fundamentales como condición previa para poder ordenar la revocatoria de la decisión judicial impugnada.

En suma, ante una acción de tutela interpuesta contra una decisión judicial por presunta arbitrariedad en la interpretación del derecho legislado —vía de hecho sustancial por interpretación arbitraria— el juez constitucional debe limitarse exclusivamente a verificar que la interpretación y aplicación del derecho por parte del funcionario judicial no obedezca a su simple voluntad o capricho o que no viole los derechos fundamentales. En otras palabras, no puede el juez de tutela, en principio, definir cuál es la mejor interpretación, la más adecuada o razonable del derecho legislado, pues su función se limita simplemente a garantizar que no exista arbitrariedad y a proteger los derechos fundamentales y no a definir el sentido y alcance de las normas de rango legal”.

Se colige entonces, que pese a la autonomía de los jueces para elegir las normas jurídicas pertinentes al caso en concreto, para determinar su forma de aplicación, y para establecer la manera de interpretar e integrar el ordenamiento jurídico, no les es dable en esta labor, apartarse de las disposiciones consagradas en la Constitución o la ley, pues de hacerlo, se constituye en una causal de procedencia de la acción de tutela contra la decisión adoptada.

3.2.4.6. Ahora bien, la jurisprudencia de esta corporación ha sostenido que también el desconocimiento sin debida justificación del precedente judicial configura un defecto sustantivo, en la medida en que su respeto es una obligación de todas las autoridades judiciales —sea este precedente horizontal o vertical—, en virtud de los principios del debido proceso, igualdad y buena fe(20).

A propósito de esta modalidad en la cual se configura un defecto sustantivo, la Sala considera necesario examinar la diferencia entre los conceptos de antecedente y precedente.

3.2.4.6.1. El antecedente se refiere a una decisión de una controversia anterior a la que se estudia, que puede tener o no algunas similitudes desde el punto de vista fáctico, pero lo más importante es que contiene algunos puntos de derecho (e. g. conceptos, interpretaciones de preceptos legales, etc.) que guían al juez para resolver el caso objeto de estudio. Por tanto, los antecedentes tienen un carácter orientador, lo que no significa (a) que no deban ser tenidos en cuenta por el juez a la hora de fallar, y (b) que lo eximan del deber de argumentar las razones para apartarse, en virtud de los principios de transparencia e igualdad.

Esta noción fue esbozada en la Sentencia T-292 de 2006, en la que la Corte, ante la pregunta de “¿debe entenderse por precedente cualquier antecedente que se haya fijado en la materia, con anterioridad al caso en estudio?”, indicó:

“La respuesta a esta inquietud es negativa por varias razones. La primera, es que no todo lo que dice una sentencia es pertinente para la definición de un caso posterior, como se ha visto (v. gr. la ratio es diferente al obiter dicta). La segunda, es que aunque se identifique adecuadamente la ratio decidendi de una sentencia, resulta perentorio establecer para su aplicabilidad, tanto en las sentencias de constitucionalidad como en las de tutela, qué es aquello que controla la sentencia, o sea cual es el contenido específico de la ratio. En otras palabras, si aplica tal ratio decidendi para la resolución del problema jurídico en estudio o no”.

3.2.4.6.2. Por su parte, el precedente, por regla general, es aquella sentencia o conjunto de sentencias que presentan similitudes con un caso nuevo objeto de escrutinio en materia de (i) patrones fácticos y (ii) problemas jurídicos, y en las que en su ratio decidendi se ha fijado una regla para resolver la controversia, que sirve también para solucionar el nuevo caso.

Esta noción ha sido adoptada en sentencias como la T-794 de 2011, en la que la Corte indicó los siguientes criterios a tener en cuenta para identificar el precedente:

“(i) la ratio decidendi de la sentencia que se evalúa como precedente, presenta una regla judicial relacionada con el caso a resolver posteriormente; (ii) se trata de un problema jurídico semejante, o a una cuestión constitucional semejante y (iii) los hechos del caso o las normas juzgadas en la sentencia son semejantes o plantean un punto de derecho semejante al que se debe resolver posteriormente”.

3.2.4.6.3. Esta corporación ha diferenciado entre dos clases de precedentes, el horizontal y el vertical, de conformidad con quién es el que profiere la providencia previa. El primero hace referencia a aquellas sentencias fijadas por autoridades de la misma jerarquía o el mismo operador judicial, y el segundo se relaciona con los lineamientos sentados por las instancias superiores encargadas de unificar jurisprudencia dentro de la respectiva jurisdicción o a nivel constitucional. Así, para la mayoría de asuntos, el precedente vertical que deben seguir los funcionarios judiciales es determinado por la Corte Suprema de Justicia o por el Consejo de Estado, como órganos de cierre dentro de su respectiva jurisdicción. En los casos en los que no son susceptibles de ser revisados por las autoridades mencionadas, son los tribunales los encargados de establecer criterios hermenéuticos para los operadores judiciales inferiores.

En este orden, debe resaltarse que el precedente no solo es orientador sino obligatorio, como se explica a continuación.

3.2.4.6.3.1. La primera razón de la obligatoriedad del precedente se relaciona con el artículo 230 superior. De acuerdo con este precepto de la Constitución Política, los jueces en sus providencias solo están sometidos al imperio de la ley, en ese orden, tienen una autonomía interpretativa e independencia para fallar, pero deben hacerlo dentro de los parámetros que les presenta la ley. Particularmente, el concepto de “ley” ha sido interpretado por la jurisprudencia de la Corte desde un sentido amplio, es decir, la ley no es solo aquella emitida por el legislador, sino además comprende todas las fuentes del derecho incluidas las sentencias que interpretan la Constitución como norma de normas, el bloque de constitucionalidad y la jurisprudencia de los órganos de cierre de cada jurisdicción.

3.2.4.6.3.2. La segunda razón se desprende de los principios de igualdad, debido proceso y buena fe. El precedente es una figura que tiene como objetivo principal garantizar la confianza en las decisiones de los jueces a la luz de los principios de seguridad jurídica, igualdad, buena fe y confianza legítima que rigen el ordenamiento constitucional. En otras palabras, la independencia interpretativa es un principio relevante, pero se encuentra vinculado con el respeto a la igualdad en la aplicación de la ley y por otras prescripciones constitucionales. En palabras de la Corte Constitucional:

“La fuerza vinculante del precedente en el ordenamiento jurídico colombiano, se explica entonces, al menos, por cuatro razones principales: (i) en virtud del principio de igualdad en la aplicación de la ley (C.P., art. 13), que exige tratar de manera igual situaciones sustancialmente iguales; (ii) por razones de seguridad jurídica, ya que las decisiones judiciales debe ser “razonablemente previsibles”; (iii) en atención a los principios de buena fe y de confianza legítima (C.P., art. 84), que demandan respetar las expectativas generadas por las reglas judiciales en la comunidad; y finalmente, (iv) por razones de rigor judicial, en la medida en que es necesario un mínimo de coherencia en el sistema jurídico”.

3.2.4.6.3.3. La tercera razón es que la respuesta del precedente es la solución más adecuada que existe hasta ese momento al problema jurídico que se presenta, y en esa medida, si un juez, ante circunstancias similares, decide apartarse debe tener unas mejores y más razonables razones que las que hasta ahora han formado la solución para el mismo problema jurídico o similares. En ese orden la doctrina ha establecido como precedente: “tratar las decisiones previas como enunciados autoritativos del derecho que funcionan como buenas razones para decisiones subsecuentes” y “exigir de tribunales específicos que consideren ciertas decisiones previas, sobre todo las de las altas cortes, como una razón vinculante”.

3.2.5. Aspectos constitucionales del proceso arbitral.

3.2.5.1. El artículo 116 de la Constitución Política junto con la Ley 446 de 1998, desarrollan la figura del arbitramento, entendido como un mecanismo alternativo de solución de controversias mediante el cual las partes involucradas resuelven voluntaria y libremente sustraer de la justicia estatal la solución de un conflicto, a fin de que un tercero particular, revestido temporalmente de función jurisdiccional, adopte una decisión de carácter definitivo y vinculante para las partes.

3.2.5.2. Los árbitros se pronuncian sobre los hechos que dieron lugar a la controversia, resuelven las pretensiones de las partes, practican y valoran las pruebas, resuelven el litigio con fundamento en los mandatos constitucionales y legales o atendiendo a los principios de equidad, y sus decisiones hacen tránsito a cosa juzgada. Por estas razones, la jurisprudencia constitucional ha considerado que la decisión arbitral es eminentemente jurisdiccional y equivale a una providencia judicial(21).

3.2.5.3. La Corte Constitucional ha considerado que el arbitramento es un mecanismo idóneo no únicamente para descongestionar los despachos judiciales, sino también para lograr que las partes en forma pacífica pongan fin a sus controversias.

Bajo este entendido, se ha considerado el arbitramento como un “mecanismo alterno de solución de conflictos” que “implica la derogación que hacen las partes de la jurisdicción que, en cabeza de los jueces ejerce el Estado, para que frente a un conflicto determinado o precaviendo uno futuro, sean terceros distintos de los jueces, quienes con carácter definitivo resuelvan la controversia suscitada, mediante una decisión —fallo arbitral— que al igual que las decisiones de los jueces de la República, haga tránsito a cosa juzgada”(22).

En la misma línea, la Sentencia T-570-94 señaló: “...el artículo 116 de la Carta Política permite a los particulares sustraerse a la aplicación de justicia por los funcionarios de la Rama Judicial y optar —escapando a la regla general en los casos autorizados por la ley—, por someter sus diferencias a la decisión de un tribunal ad hoc compuesto por árbitros, que son particulares y no adquieren la calidad de servidores públicos, a pesar de cumplir transitoriamente con la función pública de dispensar justicia”.

3.2.5.4. El pacto arbitral es una institución jurídica, que surge de la cláusula compromisoria y/o el compromiso, en la cual las partes se obligan a someter sus diferencias a la decisión de un tribunal arbitral, renunciando a hacer valer sus pretensiones ante los jueces.

3.2.5.4.1. En este orden, la cláusula compromisoria hace referencia al pacto contenido en un contrato o en un documento anexo a él, en virtud del cual los contratantes acuerdan someter las eventuales diferencias que puedan surgir con ocasión del mismo, a la decisión de un tribunal arbitral. A su vez, el compromiso es un negocio jurídico por medio del cual las partes involucradas en un conflicto presente y determinado, convienen resolverlo a través de un tribunal arbitral(23).

3.2.5.5. Así entonces, el pacto arbitral es un negocio jurídico en el que las partes acuerdan someter sus controversias actuales o futuras al conocimiento y decisión de árbitros, es decir, de particulares que transitoriamente administran justicia. Con base en el arbitramento, ya sea que se acuerde en cláusula compromisoria o en compromiso, se genera un proceso declarativo en el que hay lugar a conformación del contradictorio, a una etapa probatoria, a una etapa de alegación y, finalmente, a la emisión del laudo arbitral. El laudo tiene valor de cosa juzgada y presta mérito ejecutivo ante los jueces ordinarios.

3.2.5.6. El proceso arbitral es un proceso de única instancia, por lo que, en estricto sentido, no existan superiores de los particulares constituidos en tribunal de arbitramento. Por este motivo, ejecutoriado el laudo arbitral debe procederse a su cumplimiento en el plazo indicado por el tribunal.

La Corte ya se ha pronunciado sobre el carácter de jueces de única instancia de los Tribunales de Arbitramento. En ese sentido, en la Sentencia T-570-94, con ponencia del magistrado Carlos Gaviria Díaz, manifestó: “...el artículo 116 de la Carta Política permite a los particulares sustraerse a la aplicación de justicia por los funcionarios de la Rama Judicial y optar —escapando a la regla general en los casos autorizados por la ley—, por someter sus diferencias a la decisión de un tribunal ad hoc compuesto por árbitros, que son particulares y no adquieren la calidad de servidores públicos, a pesar de cumplir transitoriamente con la función pública de dispensar justicia. Al hacer uso de esa excepción regulada por la ley en desarrollo del mandato constitucional, los particulares se someten a la decisión judicial de una corporación esencialmente transitoria, que no tiene superior jerárquico y, por ende, quienes a ella acuden, optan por una organización excepcional de la administración de justicia, donde la naturaleza de las cosas hace imposible la aplicación de la regla general de la doble instancia (a través del recurso ordinario de apelación), que rige en la Rama Judicial (CPC, art. 3º)”.

3.2.5.7. Es importante destacar que al ser el proceso arbitral de única instancia no es posible interponer los recursos que se instauran contra las sentencias proferidas por los jueces, lo cual encuentra justificación en las características anteriormente señaladas del proceso arbitral, esto es, entre otras, que el arbitraje es un mecanismo que brinda una solución más pronta que los recursos judiciales ordinarios; el proceso es transitorio e independiente y, se acude a él por voluntad expresa de las partes.

3.2.5.8. Ahora bien, no obstante no ser un proceso de doble instancia, el arbitraje debe respetar la garantía constitucional del debido proceso predicable de toda actuación judicial, por este motivo, cuenta con recursos extraordinarios como lo son la anulación y la revisión, que constituyen medios de control de legalidad sobre el procedimiento llevado a cabo por los tribunales de arbitramento, los cuales serán abordados a continuación.

3.2.6. Naturaleza del recurso de anulación contra laudos arbitrales.

3.2.6.1. El ordenamiento jurídico consagra varios recursos extraordinarios que proceden contra el laudo arbitral, de los que conoce la justicia ordinaria o contencioso administrativa según sea el caso.

3.2.6.1.1. De esta manera, en materia laboral existe el recurso de homologación que se surte ante la sala laboral de los tribunales superiores o ante la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, según se trate de convocatorias voluntarias u obligatorias de tribunales de arbitramento.

3.2.6.1.2. Por su parte, en materia civil, comercial y contencioso administrativa procede el recurso de anulación que se surte ante los tribunales superiores o ante el Consejo de Estado si se trata de contratos estatales.

3.2.6.2. Y, finalmente, contra la sentencia que decide el recurso de anulación procede el recurso de revisión, el cual dependiendo de la autoridad judicial que profiera la decisión de anulación contempla causales especiales contempladas en el artículo 380 del Código de Procedimiento Civil o en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo.

3.2.6.3. El recurso de anulación fue inicialmente establecido en la reforma de 1970 realizada al Código de Procedimiento Civil. Su interposición y trámite se encuentra consagrado en el Decreto 1818 de 1998, en sus artículos 161 y siguientes.

3.2.6.4. Este recurso si bien, no comporta los mismos formalismos procesales de los recursos extraordinarios de casación y revisión, sí requiere invocar acertadamente la causal que sustenta su invocación. De esta manera, expresó el Consejo de Estado que “la norma solo exige enunciar las causales que se hacen valer posteriormente al sustentar el recurso”(24).

3.2.6.5. En este sentido, las causales de anulación están expresa y taxativamente señaladas en el artículo 163 del Decreto 1818 de 1998, y comportan un carácter restrictivo, es decir, solo podrá solicitarse la anulación por las taxativas causales señaladas, y las mismas solo deberán girar en torno a la verificación de los errores procedimentales cometidos en el proceso arbitral.

3.2.6.6. Esa limitación de las facultades del juez que conoce del recurso de anulación es una clara manifestación del carácter dispositivo del proceso arbitral y constituye una garantía para las partes pues aquel no podrá pronunciarse sobre materias que estas han acordado someter a la decisión de árbitros. De igual manera, esa limitación de las facultades del juez ordinario reafirma la autonomía, independencia y sujeción a la ley de los particulares constituidos en tribunal de arbitramento.

De lo anterior, se colige tal como lo ha señalado la doctrina(25), que el recurso de anulación comporta las siguientes características:

(i) Es un recurso extraordinario;

(ii) Solo procede por las causales señaladas taxativamente por la ley;

(iii) No se puede revisar al aspecto sustancial o de fondo del litigio porque no es una segunda instancia sino que se decide en única instancia;

(iv) Solo procede por errores in procedendo y no por errores in iudicando;

(v) En la anulación no puede haber debate probatorio sobre la aplicación o interpretación de la ley, y,

(vi) Está sujeto a formalidades o requisitos establecidos en la ley.

3.2.7. El principio de congruencia.

3.2.7.1. La jurisprudencia constitucional ha definido el principio de congruencia como un axioma nuclear dentro del proceso civil, en virtud del cual “el juez, en su sentencia, no puede reconocer lo que no se le ha pedido (extra petita) ni más de lo pedido (ultra petita). Lo demás, significa desbordar, positiva o negativamente, los límites de su potestad. De otra parte, el derecho fundamental de acceso a la justicia no se satisface si el juez deja de pronunciarse sobre el asunto sometido a su decisión, quedando este imprejuzgado”. Posición que aparece reiterada y pacífica en la jurisprudencia posterior, dentro de lo que al proceso civil se refiere(26).

Este planteamiento jurisprudencial se edifica a partir de la consagración legal contenida en el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, hoy artículo 281 del Código General del Proceso(27), en los siguientes términos:

La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla, y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley. No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto al pretendido en la demanda, ni por causa diferente a la invocada en esta. Si lo pedido por el demandante excede de lo probado, se le reconocerá solamente lo último. En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse propuesto la demanda, siempre que aparezca probado y que haya sido alegado por la parte interesada a más tardar en su alegato de conclusión, y cuando este no proceda, antes de que entre el expediente al despacho para sentencia, o que la ley permita considerarlo de oficio” (negrillas fuera de texto).

3.2.7.2. Sin embargo, este principio no es exclusivo del derecho procesal civil, sino que, por el contrario, se puede afirmar que informa la teoría procesal en general, sin distinguir en áreas particulares del derecho. Es así como recibe especial desarrollo en el derecho penal, tal como se puede ver en la Sentencia SU-327 de 1995(28), que señala el principio de “no reformatio in pejus” como “una manifestación del principio de congruencia, según el cual las pretensiones del recurrente y su voluntad de interponer el recurso, condicionan la competencia del juez que conoce del mismo”. De manera que “lo que el procesado estime lesivo de sus derechos, constituye el ámbito exclusivo sobre el cual debe resolver el ad quem: “Tantum devolutum quantum appellatum”. Es decir, que para que el juez de segundo grado pueda pronunciarse, no solo debe mediar un recurso válido, sino que él debe ser presentado por parte legítima, esto es, aquella que padezca un perjuicio o invoque un agravio y persevere en el recurso”.

3.2.7.3. Por otra parte, se presenta también como una exigencia incluida dentro del debido proceso administrativo, íntimamente relacionado con la exigencia de motivación de los actos administrativo, bajo el entendido de que “carece de sentido [la exigencia de motivación] si la administración pública puede, sin consecuencias exigibles judicialmente, no deducir lógicamente las implicaciones de los argumentos que emplea en la parte motiva. Es decir, no tiene sentido prescribir un deber de motivación en los actos administrativos, si la parte resolutiva de los mismos queda intacta aun cuando contradiga o ignore los razonamientos plasmados en la parte considerativa”(29)(30).

3.2.7.4. Mientras que en el área laboral se refiere el principio de consonancia(31), íntimamente ligado con el principio de congruencia, cuya interpretación, según el sentido que le da esta corporación, implica que “debe entenderse que el examen que efectúa el superior no se limita a los asuntos desfavorables del fallo de primera instancia sobre los cuales versa la impugnación, sino a todos aquellos aspectos desfavorables al trabajador que involucran beneficios mínimos irrenunciables los cuales deben entenderse siempre incluidos en el recurso de alzada”(32).

3.2.7.5. Es así como bien puede afirmarse que el principio de congruencia es uno de los elementos constitutivos del derecho fundamental al debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, “en la medida que impide determinadas decisiones porque su justificación no surge del proceso por no responder en lo que en él se pidió, debatió, o probó”(33).

En este orden, se erige con tal importancia el principio de congruencia que su desconocimiento es constitutivo de las antes denominadas vías de hecho, hoy causales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. Según el desarrollo jurisprudencial “es evidente que si la sentencia o providencia judicial recae sobre materias no debatidas en el proceso, ausentes de la relación jurídico-procesal trabada, la incongruencia, además de sorprender a una de las partes, la coloca en situación de indefensión que, de subsistir, pese a la interposición de los recursos, y con mayor razón cuando estos no caben o se han propuesto infructuosamente, se traduce inexorablemente en la violación definitiva de su derecho de defensa”(34) (negrillas fuera de texto).

3.2.7.6. Sin embargo, no cualquier tipo de disparidad torna procedente la acción de tutela contra providencia judicial por violación del principio de congruencia, pues el “estándar de congruencia exigido” varía ya sea que estemos en el campo de la jurisdicción ordinaria o en el escenario de tutela. Esa “disparidad entre lo pedido, lo debatido y lo probado [debe ser] protuberante, i.e., carente de justificación objetiva y relativa a materias medulares objeto del proceso. De lo contrario, el grado y el tipo de desajuste entre la sentencia y lo pedido, lo debatido y lo probado en el proceso, será insuficiente para que se configure una vía de hecho judicial, así pueda existir una irregularidad dentro del proceso”(35).

A este efecto resulta pertinente referir lo planteado por la Sentencia T-231 de 1994(36), que resulta ser la providencia que dio origen a este desarrollo jurisprudencial. Al decir de esta:

“En el plano constitucional y, específicamente, en el marco de la acción de tutela, el vicio de incongruencia atribuible a determinada acción u omisión judicial no puede suscitarse con la extensión que le es propia en la legislación civil, y que en esa misma medida puede ser objeto de impugnación ante la jurisdicción ordinaria. La incongruencia que es capaz de tornar en simple vía de hecho la acción del juez reflejada en una providencia, es solo aquella que subvierte completamente los términos de referencia que sirvieron al desarrollo del proceso, generando dicha alteración sustancial, dentro de la respectiva jurisdicción, la quiebra irremediable del principio de contradicción y del derecho de defensa. En efecto, el proceso debe conservarse, desde su apertura hasta su culminación, abierto y participativo, de modo que se asegure la existencia del debate y de la contradicción —que le son consustanciales y que son el presupuesto de una sentencia justa— sobre una base de lealtad y de pleno conocimiento de sus extremos fundamentales. Es evidente que si la sentencia o providencia judicial recae sobre materias no debatidas en el proceso, ausentes de la relación jurídico-procesal trabada, la incongruencia, además de sorprender a una de las partes, la coloca en situación de indefensión que, de subsistir, pese a la interposición de los recursos, y con mayor razón cuando estos no caben o se han propuesto infructuosamente, se traduce inexorablemente en la violación definitiva de su derecho de defensa (C.P., art. 29).

Solo si concurren estas condiciones podrá predicarse un radical desajuste entre lo debatido y lo finalmente resuelto, con suficiente entidad para hacer seguir de la falta de contradicción, la violación del derecho de defensa de una de las partes en el proceso que pueda ser ventilado a través de la acción de tutela. Si dentro del procedimiento ordinario, atendidas las circunstancias del caso, la indefensión producto del vicio de incongruencia, puede reconocerse e impugnarse, la parte agraviada debe hacerlo; si no lo hace, no se configura el estado de indefensión, pues mal puede alegarse esa circunstancia por quien ha tenido los medios de defensa y se ha abstenido de utilizarlos. Es bien sabido que si existen medios eficaces de defensa en la legislación ordinaria, la acción de tutela es improcedente; tampoco prospera normalmente, en este evento, como mecanismo transitorio, ya que la existencia de recursos puede restarle la nota de irremediabilidad al perjuicio. La acción de tutela, en suma, frente a vías de hecho judiciales, se reduce a los casos en los cuales contra la providencia en la que se haga patente la arbitrariedad o defecto absoluto antes aludido, no exista medio ordinario de defensa o que pese a estar consagrado y a ejercitarse con ese objeto, la situación irregular se mantenga y, por ende, el quebrantamiento del derecho fundamental subsista y los medios ordinarios de defensa se encuentren ya agotados” (negrillas fuera de texto).

3.2.7.7. No obstante, no es suficiente el calificativo de “protuberante” para identificar cuándo la incongruencia de una sentencia vulnera de tal manera un derecho que el mismo resulte tutelable, por ello la ya reseñada Sentencia T-773 de 2008(37) postula unos elementos que pueden resultar relevantes al estudiar en un caso concreto la procedencia de la acción de tutela. Así, debe valorarse:

“(1) la naturaleza de las pretensiones hechas —lo pedido— y el campo de aplicación de los derechos en juego;

(2) si la sentencia o providencia judicial recae sobre materias no demandadas, debatidas o probadas en el proceso; y,

(3) si el proceso conservó, desde su apertura hasta su culminación, un espacio abierto y participativo para las partes en contienda, de modo que se asegure la existencia del debate y de la contradicción —que le son consustanciales y que son el presupuesto de una sentencia justa— sobre una base de lealtad y de pleno conocimiento de sus extremos fundamentales”.

3.2.7.8. Ahora bien, el principio de congruencia no solo ha sido objeto de desarrollo a nivel constitucional, pues como ya se hizo mención, hace parte del debido proceso en general. Por ello resulta relevante y necesario ver el análisis que de los mismos se ha hecho en la jurisprudencia ordinaria y contencioso administrativa:

3.2.7.8.1. Según la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del veintidós (22) de enero de dos mil siete (2007)(38), el ”principio de congruencia constituye un verdadero límite de competencia para la función decisoria del juez, al propender porque cuando se desate un conflicto, el fallo definitorio no se pronuncie sobre más (ultra petita), deje de resolver sobre algo pedido (citra petita), o decida sobre un aspecto diferente al planteado por las partes (extra petita); en tanto esta forma de invasión en la esfera de potestades de las partes, además de representar un proceder inconsulto y desmedido, apareja la vulneración del derecho a la defensa de los demandados”, y continua afirmando que el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil dispone en ultimas que “las partes mediante los actos por los cuales se definen los perfiles del litigio limitan la competencia del juez, de modo que este queda vinculado, y su poder de jurisdicción solo comprende el campo de las pretensiones, las excepciones y las cuestiones oficiosas, nada más, pero tampoco nada menos”.

Más aún, la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil reconoce que “el juez halla sometida su actividad a variados límites de diferente entidad y naturaleza”, dentro de los cuales se encuentran, por ejemplo, la necesidad de demanda de parte para poder proferir sentencia, reconocida desde el derecho romano bajo la máxima según la cual “no se puede juzgar de oficio; no se puede juzgar sin actor”(39). Así mismo, “el fallador no puede decidir nada distinto de lo que las partes le han sometido, es decir no puede exceder ni las pretensiones formuladas, ni los medios de defensa propuestos, ni la causa petendi que soporta a estas y aquellas. En otras palabras, no puede desconocer el principio de la congruencia, claro está que teniendo en cuenta las facultades de pronunciamiento oficioso reconocidas por la ley”(40). De esto último se deduce que si bien la actividad del juez se encuentra limitada por diferentes factores, que en últimas no son más que mecanismos protectores del debido proceso, el juez, en virtud de las facultades oficiosas reconocidas en la ley, puede en determinados casos pronunciarse sobre asuntos no mencionados por las partes. Esto en consonancia con el denominado principio “iuranovit curia”, que sin embargo no permite “variar o distorsionar el contenido medular de lo pretendido por las partes, [...] o lo que es lo mismo, sin desatender el axioma de la congruencia”.

Bajo estos parámetros, es claro en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia que los límites que impone la congruencia de la sentencia no se erigen como barreras absolutas, sino que se encuentran moderados por las facultades oficiosas y el principio iuranovit curia, de tal forma que no son vulneradoras de este límite “las decisiones jurisdiccionales que, partiendo de bases fácticas aducidas en los escritos rectores del proceso, seleccionan los preceptos que estiman justos y adecuados al caso concreto así esa selección no coincida con el tipo de alegaciones jurídicas de parte aludido”, de manera que “el acatamiento del deber de congruencia reclama que el juicio jurisdiccional emitido en la sentencia se ajuste, no solo a los hechos litigados sino también a la pretensión entablada de tal modo que no sean alterados los elementos que individualizan a esta última”(41).

El alcance que en esta jurisprudencia se le da al principio de congruencia implica que puede llegar a ser desconocido por:

“1. Resolver sobre elementos o puntos no comprendidos en la relación jurídico-procesal (extra petita);

2. Proveer más de lo que el demandante pide (ultra petita); y

3. Ser deficiente por dejar de proveer, positiva o negativamente, acerca de puntos integrantes de la demanda o sobre las excepciones que, además de aparecer probadas, hayan sido alegadas por el demandado cuando así lo exija la ley (citra petita)”(42).

Los anteriores supuestos se pueden evidenciar con relativa facilidad, comparando el contenido de fondo de la relación jurídico-procesal y lo resuelto por el juzgador en el respectivo fallo(43). Valga decir que en los primeros dos supuestos se da un exceso en el ejercicio jurisdiccional, mientras que en el último hay un defecto u omisión más conocido como fallo omiso o diminuto.

3.2.7.8.2. Los planteamientos que sobre estos puntos presenta la jurisprudencia de lo contencioso administrativo no distan por mucho de lo que hasta ahora se ha presentado, pues “los artículos 304 y 305 del Código de Procedimiento Civil, [resultan] aplicables a los asuntos de competencia de esta jurisdicción por expresa remisión del artículo 207 del Código Contencioso Administrativo”(44). A partir de esto, entiende esta jurisdicción que “la sentencia que ponga fin al proceso deberá estar acorde con los hechos y las pretensiones de la demanda, toda vez que en relación con ellos, el demandado ejerció su derecho de defensa y contradicción”(45).

De manera que las partes determinan los límites de acción del juez, por fuera de los cuales el mismo estaría actuando con vulneración del principio de congruencia, ya sea por resolver más allá de lo pedido, o por dejar de pronunciarse sobre parte o todo ello(46).

Igualmente, se considera que “La congruencia de las providencias judiciales se establece mediante el proceso comparativo entre la relación jurídico procesal y lo resuelto por el fallador, teniendo en cuenta que la materia litigiosa, comprende también los asuntos que el legislador atribuye al juez y que son complemento obligado y necesario de lo suplicado expresamente”. Es decir, coincide en este concepto con lo considerado por la jurisprudencia constitucional y ordinaria, en tanto si bien la congruencia limita la acción del juez, ello no excluye lo que a él le compete en virtud de las facultades oficiosas que le concede la ley.

Por otro lado, la sentencia del 16 de junio 1994(47) del alto tribunal de lo contencioso administrativo, señaló que la congruencia supone, por lo tanto:

“Que el fallo no contenga más de lo pedido por las partes: “neeatijudex ultra petitapartium”, pues si así lo hiciera incurriría en incongruencia positiva, la que existe cuando la sentencia concede o niega lo que nadie ha pedido, dando o rechazando más, cuantitativa o cualitativamente, de lo que se reclama, v. g., se pide la nulidad de un contrato y se falla declarando esta nulidad y condenando al pago de daños y perjuicios; se pide la entrega de una cantidad y se falla condenando al abono de cantidad superior.

“Que el fallo no contenga menos de lo pedido por las partes: “Ne eatiudex citra petitapartium”, pues si así lo hiciera incurriría en incongruencia negativa, la que se da cuando la sentencia omite decidir sobre alguna de las pretensiones procesales; en principio, esto podría ocurrir tanto cualitativa como cuantitativamente, v. gr., se pide la rescisión de un contrato y la devolución de una cosa y se condena solo a lo primero y se guarda silencio sobre lo segundo, se pide la entrega de una cantidad y se concede o se niega una cantidad menor y nada se falla sobre el resto; no obstante, por la inteligencia de que la petición de una cifra supone la petición subsidiaria implícita de todas las menores y de que la concesión de una cifra supone la denegación implícita de todas las superiores, no es incongruente la sentencia que ante la reclamación de una cantidad condena (no absuelve) a cifra menor de la reclamada. Por su parte, según la jurisprudencia del tribunal supremo afirma, las sentencias plenamente absolutorias y plenamente condenatorias no pueden considerarse nunca como incongruentes.

“Que el fallo no contenga algo distinto de lo pedido por las partes: “Ne eatiudex extra petitapartium”, pues si así lo hiciera incurriría en incongruencia mixta, combinación de la positiva y la negativa, lo que sucede cuando las sentencias fallan sobre objeto diferente al pretendido, verbigracia, se pide la nulidad de un contrato y en la parte dispositiva de la sentencia se declara su rescisión”.

3.2.7.9. Así las cosas, determinado claramente que el principio de congruencia forma parte fundamental del derecho al debido proceso y debe, en este orden, ser acatado por todos los jueces de la República, independientemente de la jurisdicción a la que pertenezcan, vale la pena precisar que de igual forma rige las actuaciones adelantadas por los tribunales de arbitramento, por cuanto, tal como se expuso en capítulos precedentes de esta providencia, el artículo 116 constitucional faculta a los árbitros, transitoriamente, para que ejerzan la función pública de administrar justicia en los términos que determine la ley. De igual forma, el artículo 121 superior establece que ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas de las que atribuyen la Constitución y las leyes.

Es así como debe tenerse en cuenta que aun cuando el procedimiento arbitral se caracteriza por ser más flexible en relación con los procedimientos de la vía judicial ordinaria, en tanto los fines impuestos por la Constitución Política se encuentran dirigidos a colaborar con la rama judicial, no solamente para descongestionar la administración de justicia, sino para rendirla pronta y eficazmente, los árbitros deben respetar tanto las disposiciones legislativas que regulan su ejercicio, como todas aquellas que tengan que ver con el orden público y con los derechos fundamentales de las personas(48).

Por tanto, como se dijo anteriormente, las actuaciones de los árbitros se encuentran sujetas al cumplimiento de la ley y a las garantías propias del debido proceso, incluido el respeto al principio de congruencia, por lo que sus actos son sujetos de control de legalidad a través de los recursos extraordinarios contemplados por la ley para el efecto, los cuales responden a unas características específicas en atención a la especial naturaleza de la justicia arbitral.

Con base en los fundamentos jurídicos expuestos, la Sala Séptima de Revisión pasará a examinar el asunto puesto a su consideración.

4. Caso concreto.

4.1. Observaciones generales.

4.1.1. La sociedad BRM S.A. interpuso acción de tutela contra la Sala Civil de Descongestión del Tribunal Superior de Bogotá, alegando la vulneración de su derecho fundamental al debido proceso, por haber declarado el despacho judicial fundado el recurso de anulación interpuesto contra el laudo arbitral que había declarado la existencia de un contrato de agencia comercial con la sociedad Young & Rubicam Brands Ltda.

Argumentó que la sentencia de anulación cuestionada por esta vía incurrió en varias causales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Específicamente, advirtió la configuración de un defecto sustantivo y un desconocimiento del precedente jurisprudencial, que se traducen en la evidente vulneración a su debido proceso.

En este sentido, precisó que el Tribunal Superior de Bogotá dio una indebida interpretación y aplicación a la causal de anulación invocada para sustentar el recurso. Lo anterior, por cuanto entró a estudiar de fondo la decisión adoptada por el tribunal de arbitramento, determinando que el árbitro se había equivocado en sus consideraciones, y no se limitó a verificar si el laudo arbitral cuestionado había recaído sobre puntos no sujetos a la decisión o había concedido más de lo pretendido, tal como lo establece la causal 8ª de anulación consagrada en el artículo 163 del Decreto 1818 de 1998.

En ese orden, destacó que el despacho judicial accionado desconoció el precedente jurisprudencial, en virtud del cual se ha establecido que el recurso de anulación procedente contra los laudos arbitrales es de carácter restrictivo, no solo en la medida en que debe sujetarse a las causales taxativas señaladas por la ley, sino además respecto a la interpretación y aplicación que de las mismas se realice, que, en todo caso, deben ceñirse a la verificación del procedimiento adelantado por los árbitros.

4.1.2. En sede constitucional, ambas instancias desempeñadas por las salas de Casación Civil y Laboral de la Corte Suprema de Justicia respectivamente, concedieron el amparo al derecho fundamental al debido proceso de la sociedad BRM S.A., considerando para ello que efectivamente el Tribunal Superior de Bogotá, al decidir el recurso de anulación cuestionado, se apartó de las competencias asignadas en esta materia a los jueces de anulación. Esto, por cuanto realizó un análisis de la decisión adoptada por el árbitro y no se ciñó a la simple confrontación del procedimiento adelantado para llegar a ella, que constituye su verdadera finalidad.

Con fundamento en este recuento fáctico, corresponde entonces a la Sala Séptima de Revisión determinar si la Sala Civil de Descongestión del Tribunal Superior de Bogotá desconoció el derecho fundamental al debido proceso de la sociedad BRM S.A.

Para atender el problema jurídico expuesto, la Sala examinará dos aspectos centrales a la luz de las reglas anteriormente señaladas. En primer lugar, establecerá si en el presente caso se cumplen los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales señalados en la parte motiva de esta providencia. Posteriormente, si se satisface dicha exigencia, determinará si el despacho judicial accionado incurrió en un defecto sustantivo y en un desconocimiento del precedente jurisprudencial.

4.2. En el presente caso se reúnen todos los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

4.2.1. El asunto debatido reviste relevancia constitucional.

El problema jurídico puesto a consideración es de evidente relevancia constitucional, puesto que la controversia versa sobre la protección del derecho fundamental al debido proceso de la sociedad BRM S.A.

4.2.2. La tutela no se dirige contra una sentencia de tutela.

La presente acción de tutela se dirige contra una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá en el curso de un recurso de anulación interpuesto contra un laudo arbitral, y no contra un fallo de tutela.

4.2.3. Existió inmediatez entre los hechos y el ejercicio de la acción de tutela.

Sobre este punto, es pertinente recordar que esta corporación ha establecido como requisito de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales el principio de inmediatez, el cual se traduce en el deber de solicitar el amparo constitucional tan pronto como sea posible, atendiendo las particularidades del hecho que genera la violación(49). Es por ello que, como bien lo ha sostenido reiteradamente la jurisprudencia constitucional, no existe un plazo objetivo para la interposición de la acción de tutela(50).

En el presente caso, encuentra la Sala que la decisión del Tribunal Superior de Bogotá atacada data del 20 septiembre de 2012 y la acción de tutela fue presentada el 29 de febrero de 2013, es decir, cinco meses después.

Atendiendo lo anterior, la Sala considera que los 5 meses transcurridos entre la fecha de la decisión de la Sala Civil de Descongestión del Tribunal Superior de Bogotá y el momento de presentación de la solicitud de amparo, es un término razonable y oportuno que no pugna con el principio de inmediatez, puesto que se requiere de un tiempo prudencial para la elaboración de argumentos jurídicos encaminados a la demostración de la existencia de una supuesta causal específica de procedencia de la acción de tutela contra decisiones arbitrales.

4.2.4. El tutelante agotó todos los medios de defensa judicial a su alcance.

Frente al requisito de subsidiariedad debe la Sala reiterar, como ya se expuso, que uno de los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela exige que no existan otros medios de defensa judiciales para la protección de los derechos fundamentales cuya lesión se alega, o que existiendo estos, no sean idóneos o eficaces, o que sea evidente el perjuicio irremediable para el actor, si la acción de tutela se presenta de manera transitoria.

En el asunto bajo estudio, se observa que la decisión cuestionada fue proferida por un tribunal superior, por lo que en virtud de lo establecido en el artículo 379 del Código de Procedimiento Civil es susceptible del recurso extraordinario de revisión.

De conformidad con el artículo 38 del Código de Procedimiento Civil, son causales de revisión:

“1. Haberse encontrado después de pronunciada la sentencia documentos que habrían variado la decisión contenida en ella, y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.

1. Haberse declarado falsos por la justicia penal documentos que fueren decisivos para el pronunciamiento de la sentencia recurrida.

2. Haberse basado la sentencia en declaraciones de personas que fueron condenadas por falso testimonio en razón de ellas.

3. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados penalmente por ilícitos cometidos en la producción de dicha prueba.

4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la sentencia recurrida.

5. Haber existido colusión u otra maniobra fraudulenta de las partes en el proceso en que se dictó la sentencia, aunque no haya sido objeto de investigación penal, siempre que haya causado perjuicios al recurrente.

6. Estar el recurrente en alguno de los casos de indebida representación o falta de notificación o emplazamiento contemplados en el artículo 152, siempre que no haya saneado la nulidad.

7. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y que no era susceptible de recurso.

8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que aquella fue dictada, siempre que el recurrente no hubiera podido alegar la excepción en el segundo proceso por habérsele designado curador ad litem y haber ignorado la existencia de dicho proceso. Sin embargo no habrá lugar a revisión cuando en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y fue rechazada”.

Para la Sala, ninguno de los supuestos de hecho enunciados que hacen procedente el recurso de revisión se presentan en el sub examine, puesto que lo pretendido por la sociedad BRM S.A. es la indebida interpretación de las normas sustantivas referentes al recurso de anulación y la incompetencia de la autoridad judicial accionada para pronunciarse sobre asuntos que no están contemplados en el referido recurso. De esta forma, como bien se observa, lo cuestionado en sede de tutela no se enmarca dentro de ninguna de las causales del recurso de revisión.

Así las cosas la Sala observa que la sociedad accionante no cuenta con otros mecanismos diferentes a la acción de tutela para hacer valer las referidas circunstancias, por lo que se colige se encuentra satisfecho el requisito del agotamiento de los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial.

4.3. Existencia de un defecto sustantivo en el presente caso.

En el sub examine, debe indicar la Sala de Revisión que la Sala Civil de Descongestión del Tribunal Superior de Bogotá incurrió en un defecto sustantivo, por las razones que a continuación se explican:

Tal como se expuso precedentemente, el defecto sustantivo como una circunstancia que determina cierta carencia de juridicidad de las providencias judiciales, aparece cuando la autoridad judicial respectiva desconoce las normas de rango legal o infra legal aplicables en un caso determinado, ya sea por su absoluta inadvertencia, por su aplicación indebida, por un error grave en su interpretación o por el desconocimiento del alcance de las sentencias judiciales con efectos erga omnes cuyos precedentes se ubican en el mismo rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada.

La sociedad demandante considera que el Tribunal Superior de Bogotá incurrió en un defecto sustantivo en su decisión de declarar fundado el recurso de anulación interpuesto contra el laudo arbitral que decidió que entre las sociedades BRM S.A. y Young & Rubicam Brands Ltda., existió un contrato de agencia mercantil.

Sostuvo la parte actora que la decisión proferida por el Tribunal Superior de Bogotá fue producto de una errónea interpretación y aplicación de la causal de anulación invocada. Al respecto, explicó que en la decisión atacada por tutela se realizó un análisis de los argumentos expuestos por el árbitro que lo llevaron a concluir la existencia de un contrato de agencia mercantil. Argumentos frente a los cuales, concluyó el despacho judicial no se encontraban sujetos al principio procesal de congruencia, puesto que estaban dirigidos a determinar la configuración de un contrato que no había sido solicitado en las pretensiones de la demanda arbitral.

Al respecto, se observa que la Sala Civil de Descongestión del Tribunal Superior de Bogotá efectuó el siguiente análisis para concluir que el laudo arbitral puesto a su conocimiento debía ser anulado, puesto que carecía de congruencia en relación con las pretensiones formuladas:

(i) Inicialmente, destacó que el mecanismo del recurso de anulación origina una nueva relación procesal diferente a la del arbitramento y encargada exclusivamente de corregir eventuales excesos por degeneración o extralimitación en el ejercicio de la potestad arbitral, advirtiendo en todo caso, que en el desarrollo del recurso extraordinario de anulación no se puede “interferir en todo el proceso de elaboración intelectual del laudo si no hay de por medio, verificable con naturalidad y sin la ayuda de habilidosos rodeos, un exceso de poder con influencia notoria de la decisión”.

(ii) Paso seguido, enfatizó que el recurso de anulación del laudo tiene un campo de acción más restringido que el del recurso de casación, puesto que a diferencia de este, no se consiente la formulación de cargos por violación del derecho sustancial, con lo cual se excluye la posibilidad de abrir un nuevo debate sobre eventuales o posibles errores de hecho o de derecho en la apreciación de la prueba.

(iii) En ese orden, advirtió que la estructura básica del recurso de anulación equivale a una especie de “apelación extraordinaria”, cuya operancia responde a pautas muy similares a las que rigen el recurso de casación apoyado en defectos in procedendo, siendo solo posible argumentar desviaciones en la actuación de los árbitros que entrañen un verdadero abuso o desfiguración de los poderes que recibieron por las partes que acordaron llevar sus conflictos a la justicia arbitral.

(iv) Luego de realizar las anteriores consideraciones conceptuales en torno a la procedencia y finalidad del recurso de anulación, indicó, sin realizar previamente alguna otra referencia, que la causal octava de anulación invocada estaba llamada a prosperar, puesto que, en su concepto, los fundamentos fácticos esgrimidos en la demanda sustituta por la parte convocante del arbitramento “apuntaban en esencia a sustentar la primera acción incoada por la misma actora, en aquella oportunidad para procurar la declaratoria de incumplimiento del contrato de “acuerdo de afiliación y licencia de marca”, trasportándose todos ellos a la segunda demanda sustitutiva, a la que solo agregaron algunos otros, de naturaleza meramente enunciativa, en los que se afirma la existencia del contrato de agenciamiento, y el no cumplimiento del mismo”.

(v) Bajo esta línea argumentativa, aseveró que en la demanda arbitral sustituta no se desarrollaron hechos reveladores del contrato de agencia comercial, cuestionando en este sentido, el hecho de que era deber del demandante arbitral derribar la certeza del contrato de “afiliación y licencia de marca” ya existente y, de esta manera, probar que el convenio acordado entre las partes era realmente el de la agencia comercial, el cual además requería de la demostración de unos elementos propios que debían ser enlistados en el escrito de demanda, tendientes a la comprobación procesal de su existencia.

(vi) Para sustentar la afirmación anterior, realizó un breve recuento de lo considerado por la jurisprudencia en relación con la naturaleza del contrato de agencia comercial y de sus elementos principales según lo establecido por la doctrina, para concluir con ello, que la parte convocante del proceso arbitral no comprobó la real existencia del precitado contrato de agencia mercantil, circunstancia que soslayó el árbitro al admitir la demanda a trámite, sin considerar que ese defecto no solo tornaba improcedente la acción sino que además evidenciaba un futuro problema de incongruencia.

(vii) Recordó que para la declaración de la presencia de un contrato de agencia comercial, no es suficiente realizar su enunciación sino que deben demostrarse todos y cada uno de los requisitos señalados por la doctrina para el efecto, siendo ello una carga del demandante que no se evidencia en el proceso arbitral que culminó con el laudo considerado nulo.

(viii) De esta manera, consideró que la conclusión adoptada por el árbitro frente a la declaratoria de existencia de un contrato de agencia comercial, no fue acertada, por cuanto los hechos alusivos a la existencia de aquel no fueron suficientemente explicados y carecieron de total sustento probatorio.

(ix) Sin ninguna otra argumentación, determinó el Tribunal Superior de Bogotá fundado el laudo arbitral objeto del recurso por haberse configurado la circunstancia descrita en la causal 8ª de anulación.

Para la Sala Séptima de Revisión de Tutelas, las consideraciones expuestas por la Sala Civil de Descongestión del Tribunal Superior de Bogotá, constituyen un defecto sustantivo que hace procedente la acción de tutela en el presente caso, toda vez que, como pasará a explicarse, están fundamentadas en una aplicación manifiestamente equivocada de las causales de anulación, lo cual genera injustificadamente una vulneración al derecho fundamental al debido proceso de la sociedad accionante.

No comparte la Sala la aplicación dada por el despacho judicial accionado a la causal 8ª de anulación, invocada para sustentar el recurso de anulación, y se hace referencia a la aplicación, mas no al entendimiento de la misma, por cuanto a pesar de que el tribunal accionado realiza un recuento pertinente y acertado sobre las características del recurso, y reconoce sin lugar a dudas que el mismo no está instituido para controvertir las decisiones de fondo adoptadas en el trámite arbitral, sino que se limita o restringe a la verificación de errores procedimentales que constituyan “un verdadero abuso o desfiguración de los poderes” atribuidos a los árbitros por las partes que acudieron al proceso arbitral, sin realizar ningún tipo de discernimiento adicional que desvirtúe lo manifestado, concluye que el laudo recayó en puntos no sujetos a la decisión del árbitro o falló más allá de lo pedido por las partes.

Cuestiona la Sala que pese a ser las causales de anulación taxativas y claras en cuanto a su configuración, y ello ser aceptado por el despacho judicial accionado, en la medida en que manifestó que en el recurso de anulación “la viabilidad del recurso requiere, por regla general, la comprobada existencia en el laudo de los vicios denunciados por el recurrente que, además, corresponden a los taxativamente previstos por el legislador”(51), amparado en la presencia de la causal 8ª de anulación, realizó un estudio de fondo sobre las razones o argumentos que tuvo el árbitro para declarar la existencia de un contrato de agencia comercial, así:

“no podía seguirse la inferencia a la que arribó el árbitro, mucho menos, cuando al ser trasladados los primeros dieciséis hechos, de la primera demanda, que le servían de pábulo al actor en ese escenario primigenio, para sustentar el incumplimiento de la accionada al contrato de “acuerdo de afiliación y licencia de marca” (...) circunstancia que es bien ilustrativa de la ausencia de una confrontación fáctica ajustada a la nueva realidad que planteaba la acción substituta”(52).

En efecto, debe reiterarse lo indicado en la parte motiva de esta sentencia, en relación con que las facultades del juez que conoce del recurso de anulación se limitan a la verificación de las causales de nulidad invocadas por el actor, causales que han sido consagradas por el legislador y que son de interpretación restrictiva.

En este orden de ideas, se tiene que la causal 8ª de anulación indica literalmente “Haberse recaído el laudo sobre puntos no sujetos a la decisión de los árbitros o haberse concedido más de lo pedido”. Por lo que, en atención a la misma, era función del Tribunal Superior de Bogotá simplemente verificar si efectivamente el laudo arbitral cuestionado había tocado puntos que no fueron expuestos en la demanda arbitral o que había culminado con una decisión alejada de las pretensiones expuestas.

Sobre este punto, contrario a lo afirmado por el Tribunal Superior de Bogotá, el laudo arbitral que dirimió las controversias suscitadas entre las sociedades BRM S.A. y Young & Rubicam Brands Ltda. no adoleció de la hipótesis contemplada en la causal 8ª de anulación. Lo anterior, por cuanto indudablemente el árbitro se pronunció sobre los puntos puestos a su conocimiento tanto en las pretensiones de la demanda como en las excepciones propuestas por la parte convocada.

De esta manera, se observa claramente que desde la primera pretensión contenida en el libelo de la demanda arbitral se expone que la controversia gira en torno a declarar la existencia de un contrato de agencia comercial entren las partes, así: “DECLARAR que el contrato que celebró la sociedad convocada Young & Rubicam Brands Ltda., con la sociedad convocante BRM S.A., el treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil cuatro (2004), adicionado con el “otro sí” suscrito el 28 de julio de 2005, es un contrato de agencia comercial aunque las partes lo hayan denominado “acuerdo de afiliación y licencia de marca”(53).

De igual manera, tal como consta en los antecedentes descritos en el laudo arbitral, las excepciones de mérito formuladas en la contestación de la demanda estuvieron encaminadas a desvirtuar la alegada existencia del contrato de agencia comercial, de la siguiente manera: “1. La intención de las partes al suscribir el contrato de afiliación el 31 de diciembre de 2004 no consistía en celebrar un contrato de agencia mercantil. 2. Las partes no ejecutaron un contrato de agencia mercantil. (...)”(54).

No entiende la Sala pues, el por qué el Tribunal Superior de Bogotá afirma que la discusión de la existencia de un contrato de agencia comercial no fue puesto en conocimiento del árbitro, puesto que, se repite, el problema jurídico sí fue señalado desde la primera pretensión de la demanda y fue adicionalmente controvertido por la parte llamada al tribunal.

Así las cosas, la Sala Civil de Descongestión del Tribunal Superior de Bogotá distorsionó abiertamente la intención de las partes, cual era debatir la configuración de un contrato celebrado entre ellas y, como consecuencia de esta errada concepción atribuyó una consecuencia adversa a lo decidido por el tribunal de arbitramento.

En efecto, no estaba autorizado el juez de anulación entrar a determinar si las razones por las cuales se concluyó que había existido un contrato de agencia comercial eran o no razonables, o se encontraban o no carentes de sustentos fácticos o probatorios, pues esto constituye una intromisión no permitida en lo decidido por el arbitramento y desnaturaliza la finalidad del recurso de anulación, que es verificar que en el procedimiento adelantado en el trámite arbitral no se comentan yerros ostensibles.

En realidad, lo que debió realizar el tribunal accionado fue simplemente corroborar si el contrato de agencia comercial se encontraba dentro de las pretensiones esgrimidas en la demanda arbitral, puesto que la labor de analizar y comprobar la existencia de dicho contrato se encuentra en cabeza del árbitro asignado para el efecto, siendo vedado en el recurso de anulación hacer consideraciones sobre la validez de lo concluido, toda vez que se insiste, este recurso no puede constituirse en una segunda instancia arbitral.

Es pertinente entonces, traer a colación la naturaleza y finalidad del contrato arbitral, que, en todo caso hace referencia a que las partes de manera libre y autónoma deciden acudir a medios de solución de controversias alternativos a la justicia estatal, para solucionar las diferencias suscitadas en relación con la ejecución de determinados contratos.

En consecuencia, la Sala concluye que el Tribunal Superior de Bogotá en su Sala Civil de Descongestión, al dar una aplicación errónea de la causal de anulación invocada, incurrió en un defecto sustantivo, ya que conforme a lo reseñado, basta con que las partes hubieran incluido como pretensión el contrato de agencia comercial para que el árbitro debiera hacer decidido sobre el mismo, tal como ocurrió, desconociéndose en consecuencia por parte del tribunal el contenido de lo señalado en el numeral 8º del artículo 163 del Decreto 1818 de 1998.

Ahora bien, aun si se estableciera que la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá simplemente se limitó a analizar el presunto error procedimental cometido en el laudo arbitral precitado y, en este orden, determinó la incongruencia del laudo, por cuanto, en sus palabras, se presentó “ausencia de una confrontación fáctica ajustada a la nueva realidad que planteaba la acción substituta”, encuentra la Sala Séptima de Revisión que dicha conclusión se aleja, de una parte, de los requisitos establecidos por la jurisprudencia de las altas cortes para determinar la falta de congruencia en las decisiones judiciales y de otra parte, de los requisitos señalados por la Corte Constitucional para efectos de determinar cuándo la mentada ausencia de congruencia es vulneratoria del derecho fundamental al debido proceso.

En este orden, se reitera que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha sido clara en señalar que se desconoce el principio de congruencia al:

“1. Resolver sobre elementos o puntos no comprendidos en la relación jurídico-procesal (extra petita);

2. Proveer más de lo que el demandante pide (ultra petita); y

3. Ser deficiente por dejar de proveer, positiva o negativamente, acerca de puntos integrantes de la demanda o sobre las excepciones que, además de aparecer probadas, hayan sido alegadas por el demandado cuando así lo exija la ley (citra petita)”(55).

Así mismo, en atención al principio de congruencia, ha señalado la Sala de Casación Civil de esa corporación que son las partes del litigio quienes limitan la competencia del juez, de tal manera que su poder de jurisdicción “solo comprende el campo de las pretensiones, las excepciones y las cuestiones oficiosas (...)”(56).

En igual sentido, ha manifestado que “el acatamiento del deber de congruencia reclama que el juicio jurisdiccional emitido en la sentencia se ajuste, no solo a los hechos litigados sino también a la pretensión entablada de tal modo que no sean alterados los elementos que individualizan a esta última”(57).

Por su parte, la Corte Constitucional ha indicado que para efectos de estudiar la procedencia de la acción de tutela por el desconocimiento del principio procesal de congruencia, deben tenerse en cuenta en el estudio de los casos los siguientes elementos:

“(1) la naturaleza de las pretensiones hechas —lo pedido— y el campo de aplicación de los derechos en juego;

(2) si la sentencia o providencia judicial recae sobre materias no demandadas, debatidas o probadas en el proceso; y,

(3) sí el proceso conservó, desde su apertura hasta su culminación, un espacio abierto y participativo para las partes en contienda, de modo que se asegure la existencia del debate y de la contradicción —que le son consustanciales y que son el presupuesto de una sentencia justa— sobre una base de lealtad y de pleno conocimiento de sus extremos fundamentales”(58).

De esta manera, observa la Sala que el laudo arbitral objeto del recurso de anulación cuestionado en sede de tutela, acató el principio de congruencia y en consonancia con ello profirió una decisión. A la anterior conclusión se arriba luego de revisar las pretensiones de la demanda arbitral, los hechos expuestos para fundamentar lo pretendido, las excepciones planteadas por la parte convocada y, por ultimo lo resuelto por el árbitro.

En este orden, se tiene que las pretensiones de la demanda arbitral presentada se circunscriben a:

“1. “DECLARAR que el contrato que celebró la sociedad convocada Young & Rubicam Brands Ltda., con la sociedad convocante BRM S.A., el treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil cuatro (2004), adicionado con el “otro sí” suscrito el 28 de julio de 2005, es un contrato de agencia comercial aunque las partes lo hayan denominado “acuerdo de afiliación y licencia de marca”. 2. “DECLARAR que la sociedad convocada Young & Rubicam Brands Ltda., incumplió el contrato de agencia comercial que celebró con la sociedad convocante BRM S.A. el treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil cuatro (2004), adicionado con el “otro sí” suscrito el 28 de julio de 2005, al darlo por terminado de manera unilateral y sin justa causa. 3. “Como consecuencia de la anterior declaración, CONDENAR a la sociedad convocada Young & Rubicam Brands Ltda. a pagar a la sociedad convocante BRM S.A. el valor de la cláusula penal pactada, cuyo monto se estima bajo la gravedad del juramento en la suma de quinientos quince millones de pesos ($ 515.000.000). 4. “CONDENAR a la sociedad convocada Young & Rubicam Brands Ltda. a pagar a la sociedad convocante BRM S.A. una suma de dinero equivalente a la doceava parte del promedio de la utilidad percibida por BRM S.A. en los últimos tres años, por cada uno de vigencia del contrato, cuyo monto se estima bajo la gravedad del juramento en la suma de trescientos cincuenta millones cuatrocientos quince mil quinientos treinta y tres pesos ($ 350.415.533). 5. “CONDENAR a la sociedad convocada Young & Rubicam Brands Ltda. a pagar a la sociedad convocante BRM S.A. la indemnización equitativa prevista en el inciso segundo del artículo 1324 del Código de Comercio como retribución por los esfuerzos de esta para acreditar la marca Wonderman y, en general, por acreditar los servicios que fueron materia del contrato, cuyo monto se estima bajo la gravedad del juramento en la suma de diecinueve mil setenta y dos millones de pesos ($ 19.072.000.000). 6. “DECLARAR que por haber terminado unilateralmente y sin justa causa el contrato de agencia comercial que celebró con BRM S.A. el 31 de diciembre de 2004, adicionado con el “otro sí” suscrito el 28 de julio de 2005, la convocada Young & Rubicam Brands Ltda. no puede derivar a su favor provecho alguno de la obligación prevista en el literal d) de la cláusula II. Y 7. “CONDENAR a la convocada Young & Rubicam Brands Ltda. al pago de las costas procesales”(59) (negrilla y subrayado fuera de texto)

Dentro de los hechos expuestos para sustentar las anteriores pretensiones se resaltan los siguientes:

“2) El 31 de diciembre del año 2004 la sociedad Young & Rubicam Brands Ltda. celebró con la sociedad BRM S.A. un contrato que las partes denominaron “acuerdo de afiliación y licencia de marca”.

3) El objeto principal del citado contrato era que BRM S.A. prestara, bajo la marca “Wunderman” los servicios de costumer relationship management (CRM) a todos los clientes que Young & Rubicam Brands Ltda. le refiera o le remita.

(...)

6) Para efectos que la sociedad BRM S.A. pudiera prestar los servicios de CRM, o cualquiera otro de los previstos en el “otro si” suscrito el 28 de julio de 2005, bajo la marca “Wunderman” la convocada Young & Rubicam Brands Ltda. le concedió el uso exclusivo de esa marca dentro del territorio de la República de Colombia (...)

(...)

10) En el contrato que las partes denominaron de afiliación y licencia de marca, la convocada Young & Rubicam Brands Ltda. se obligó a no prestar directamente, ni por interpuesta persona diferente a BRM S.A. los servicios de CRM, o cualquiera otro de los previstos en el “otro si” suscrito el 28 de julio de 2005, en el territorio de la República de Colombia y en consecuencia se obligó además a remitir y a referir a la convocante BRM S.A. todos los clientes que le solicitaran la prestación de esos servicio en ese lugar.

(...)

16) Como puede observarse, en virtud del contrato celebrado, BRM S.A. asumió en forma independiente y de manera estable y exclusiva, el encargo de promover y explotar en el territorio de la República de Colombia, bajo la marca Wunderman, la prestación de los servicios de CRM (costumer relationship management), telemercadeo, interactividad, dialogo con el consumidor, análisis de datos, creatividad, insigth, promociones, planeación y, en general, los relacionados con un contrato directo con el consumidor.

17) Todo lo anterior determina que la verdadera naturaleza del contrato celebrado por las partes fuera la de una agencia comercial.

18) La convocada Young & Rubicam Brands Ltda. había incumplido el contrato de agencia comercial (...) toda vez que estaba prestando directamente en Colombia o por interpuesta persona diferente a la convocante BRM S.A. los servicios de CRM y los demás previstos en el referido “otro sí”, pese a las reclamaciones de esta última.

19) También Young & Rubicam Brands Ltda. había incumplido el contrato porque no había remitido ni referido los clientes a BRM S.A. para la prestación de los servicios de CRM, y de los demás mencionados en el otro sí suscrito el 28 de julio de 2005, a pesar de que la clientela había concurrido ante la convocada para ello.

20) En efecto, Young & Rubicam Brands Ltda. le ha prestado tales servicios en Colombia a (...), entre otros. (...)”(60).

A su vez, en la contestación de la demanda la parte convocada formuló las siguientes excepciones de mérito:

“1. La intención de las partes al suscribir el contrato de afiliación el 31 de diciembre de 2004 no consistía en celebrar un contrato de agencia mercantil.

2. Las partes no ejecutaron un contrato de agencia mercantil.

3. No es necesario interpretar el contrato de afiliación.

4. Regular, oportuna y justificada terminación del contrato de afiliación

5. Excepción del contrato no cumplido.

6. Compensación.

7. Temeridad” (negrilla y subrayado fuera de texto).

De lo anteriormente reseñado, puede apreciarse que en efecto: i) las pretensiones de la demanda se encontraban encaminadas a la declaratoria de la existencia de un contrato de agencia comercial; ii) la parte demandante, BRM S.A., presentó en un amplio escrito los hechos que consideró relevantes para la configuración de un contrato de agencia mercantil; iii) la sociedad convocada, Young & Rubicam Brands Ltda., presentó demanda de reconvención, propuso excepciones de mérito y solicitó pruebas(61), todo lo cual, como se aprecia de la relación de las excepciones de mérito presentadas, estuvo dirigido a desvirtuar la existencia de un contrato de agencia comercial, y; iv) finalmente, el árbitro del litigio, tras realizar el análisis y valoración de los elementos ante él expuestos por las partes procesales, función para la cual está instituido, profirió una decisión acorde con lo pretendido y lo debatido probatoriamente dentro del trámite arbitral.

Respecto a la apreciación realizada o el valor probatorio otorgado por el tribunal de arbitramento tanto al contenido de los hechos relacionados, como a las pruebas aportadas al proceso como muestra de la alegada relación contractual entre las partes, se recuerda que no es función del juez que conoce del recurso de anulación entrar a estudiar las razones jurídicas que dieron lugar a lo decidido, sino ser garante de que en el proceso se haya respetado el debido proceso de las partes.

En este orden, puede sostenerse que dentro del proceso arbitral estudiado no se presentó un desconocimiento del debido proceso de ninguna de las partes, específicamente del principio de congruencia, puesto que, establecida la relación jurídico procesal a debatir, planteada desde las pretensiones, hechos y pruebas presentadas en la demanda, la parte convocada tuvo varias oportunidades de controvertir lo solicitado, respetándose así su garantía de defensa y contradicción.

Por otra parte, como se dijo en líneas anteriores, el defecto sustantivo igualmente se configura cuando la autoridad judicial desconoce en su actuación el precedente jurisprudencial, circunstancia que se presenta como se mencionó, cuando un juez de menor jerarquía desconoce el precedente judicial sin ofrecer un mínimo razonable de argumentación, que hubiese permitido una decisión diferente a la acogida por la jurisprudencia.

En este sentido, como bien trae a colación la parte accionante, la jurisprudencia proferida por la Corte Suprema de Justicia en materia del recurso extraordinario de anulación es uniforme y reiterativa respecto a las características restrictivas del mismo.

Así, se invoca el desconocimiento del precedente sustentándose en lo sostenido por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia del 21 de julio de 2005, M.P. Edgardo Villamil Portilla(62), cuyas consideraciones han sido reiteradas por múltiples sentencias proferidas por la misma Sala de Casación(63).

Ahora, para establecer si estos pronunciamientos constituyen precedente vertical, es primero importante recordar: (i) qué debe entenderse como “precedente” y (ii) cuándo una decisión es relevante para resolver un caso posterior.

Como se señaló en la parte considerativa de esta providencia, precedente es aquella sentencia o conjunto de sentencias que presentan similitudes con un caso nuevo objeto de escrutinio en materia de patrones fácticos y problemas jurídicos, y en las que en su ratio decidendi se ha fijado una regla para resolver la controversia(64). El precedente puede consolidarse en una línea jurisprudencial cuando de forma reiterada se emplea la misma ratio decidendi para resolver problemas jurídicos similares.

Una vez identificada una sentencia o grupo de sentencias que constituyen precedente, se debe establecer si son relevantes o no para resolver el nuevo caso objeto de examen. Para ello deben analizarse los siguientes elementos:

“a) En la ratio decidendi de la sentencia se encuentra una regla relacionada con el caso a resolver posteriormente, b) La ratio debió haber servido de base para solucionar un problema jurídico semejante, o a una cuestión constitucional semejante, c) Los hechos del caso o las normas juzgadas en la sentencia anterior deben ser semejantes o plantear un punto de derecho semejante al que debe resolverse posteriormente. En este sentido será razonable que cuando en una situación similar, se observe que los hechos determinantes no concuerdan con el supuesto de hecho, el juez esté legitimado para no considerar vinculante el precedente”(65).

Estos tres elementos hacen que una sentencia o grupo de sentencias anteriores se constituyan en un precedente aplicable a un caso concreto, y, en esa medida, que sean vinculantes en virtud de los principios de igualdad y debido proceso, entre otros. De allí que se pueda definir el precedente aplicable.

Realizadas estas consideraciones, procede esta Sala de Revisión a verificar si en el caso concreto existía un precedente que obligara al Tribunal Administrativo de Bogotá, y si el tribunal se apartó del mismo e inobservó las reglas jurisprudenciales establecidas para tal fin.

De la lectura de las sentencias precitadas, se destaca que el máximo tribunal de lo jurisdicción ordinaria ha indicado que en el recurso de anulación tan solo se pueden controlar vicios de procedimiento en que pudieron incurrir los árbitros.

Así, lo señaló ese alto tribunal: “lo hasta aquí discurrido ayuda a entender los límites de la intervención del juez del Estado cuando asume conocimiento del recurso de anulación del laudo arbitral, dada la precisión de las causales consagradas legalmente (...). Es evidente entonces que la naturaleza extraordinario de anulación se incorporen objeciones propias del recurso de apelación, tales como errores en la apreciación de la demanda o de la prueba; menos respecto de la naturaleza jurídica del contrato, o sobre el acierto en la elección del marco normativo apropiado para dispensar la solución al litigio”(66).

De cara a la naturaleza del recurso de anulación y frente a su procedencia, la misma providencia citada estableció que: “está restringida en gran medida y de manera particular, porque solo es dable alegar a través de él las precisas causales que taxativamente enumera la ley, con lo que es bastante para destacar que se trata de un recurso limitado y dispositivo. Su naturaleza jurídica especial así advertida, sube más de punto si se observa que a través de dichas causales no es posible obtener, stricto sensu, que la cuestión material dirimida por los árbitros ´pueda ser rexaminada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial que conozca de la impugnación. No se trata, pues, de un recurso para revisar o replantear lo que ya fue objeto de decisión mediante arbitramento, como que en tal caso, entre otras cosas, muy difícil quedaría desnaturalizar la teología de acudir a ese tipo de administración de justicia. Si tal se permitiese, ciertamente en nada habrían avanzado las partes. Por el contrario, las causales de anulación del laudo miran es el aspecto procedimental del arbitraje, y están inspiradas porque los más preciados derechos de los litigantes no hayan resultado conculcados por la desviación procesal del arbitramento” (negrilla y subrayado fuera de texto original).

De esta forma, es claro que la Corte Suprema de Justicia ha sostenido que los jueces que conocen del recurso de anulación no pueden revisar el fondo del asunto decidido por los árbitros y que el arbitramento no puede considerarse como una decisión de primera instancia que pueda ser modificado por la justicia ordinaria.

Entonces, teniendo claras las circunstancias de las sentencias alegadas como precedentes, la Sala concluye que en efecto, y tal como se demostró en el análisis del defecto sustantivo por indebida aplicación de la norma, el Tribunal Superior de Bogotá desconoció los parámetros establecidos por la jurisprudencia para la procedencia y decisión del recurso de anulación, y sin justificación valida, entró a realizar un estudio de la materia ya decidida por el tribunal de arbitramento.

En hilo de lo dicho, insiste la Sala en que todo desconocimiento del precedente por parte de un funcionario judicial, sin explicar las razones por las cuales se aparta, incurre en un defecto sustantivo causal de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

En consecuencia, concluye la Sala Séptima de Revisión de Tutelas que la sentencia de anulación del 20 de septiembre de 2012, proferida por la Sala Civil de Descongestión del Tribunal Superior de Bogotá incurrió en un defecto sustantivo en la modalidad de indebida aplicación de la norma, desconociendo además el precedente jurisprudencial fijado por la Corte Suprema de Justicia.

Dicho defecto se tradujo en la vulneración insalvable del derecho fundamental del debido proceso de la sociedad accionante, toda vez que, en razón a haber declarado fundado el recurso de anulación se dejó sin efectos el laudo arbitral que ya había dirimido, de acuerdo a la decisión voluntaria de las partes, las controversias relativas al contrato objeto de debate.

En virtud de lo expuesto, debido a que quedó demostrado que el Tribunal Superior de Bogotá, vulneró el derecho fundamental al debido proceso de la sociedad BRM S.A., la Sala Séptima de Revisión de Tutelas confirmará la decisión adoptada el veinte (20) de febrero de dos mil trece (2013) por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la cual concedió el amparo del derecho fundamental al debido proceso de la sociedad accionante y, en consecuencia, dejó sin efectos la sentencia cuestionada y ordenó proferir un nuevo fallo dentro de la órbita de competencias de los jueces de anulación, excluyendo como fundamento la correspondencia entre los hechos y las pretensiones formuladas ante la justicia arbitral.

5. Decisión.

En mérito de lo expuesto, la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo por mandato de la Constitución Política,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR por las razones expuestas en esta providencia, la sentencia proferida el veinte (20) de febrero de dos mil trece (2013) por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la cual confirmó la decisión del trece (13) de diciembre de dos mil doce (2012) proferida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en cuanto concedió la tutela impetrada por la sociedad BRM S.A. en contra del Tribunal Superior de Bogotá.

2. LÍBRESE las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.

Magistrados: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub—Alberto Rojas Ríos—Luis Ernesto Vargas Silva.

Martha Victoria Sáchica de Moncaleano, Secretaria General.

(1) Expediente 8004.

(2) Corte Constitucional, Sentencia T-231 del 13 de mayo de 1994. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

(3) Sentencia del 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

(4) Sentencia del 11 de diciembre de 2009. M.P. Juan Carlos Henao Pérez.

(5) Sentencia T-774 de 2004, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

(6) Sentencia SU-813 de 2007: Los criterios generales de procedibilidad son requisitos de carácter procedimental encaminados a garantizar que no exista abuso en el ejercicio de la acción de tutela dentro de un proceso judicial donde existían mecanismos aptos y suficientes para hacer valer el derecho al debido proceso. A juicio de esta corporación, la razón detrás de estos criterios estriba en que “en estos casos la acción se interpone contra una decisión judicial que es fruto de un debate procesal y que en principio, por su naturaleza y origen, debe entenderse ajustada a la Constitución”.

(7) Sentencia T-1240 de 2008: los criterios específicos o defectos aluden a los errores o yerros que contiene la decisión judicial cuestionada, los cuales son de la entidad suficiente para irrespetar los derechos fundamentales del reclamante.

(8) Sentencia 173 de 1993.

(9) Sentencia T-504 de 2000.

(10) Sentencia T-315 de 2005.

(11) Sentencias T-008 de 1998 y SU-159 de 2000.

(12) Sentencia T-658-98.

(13) Sentencias T-088-99 y SU-1219-01.

(14) Corte Constitucional, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.

(15) Sentencia T-522 de 2001.

(16) Sentencias T-462 de 2003; SU-1184 de 2001; T-1625 de 2000 y T-1031 de 2001.

(17) Corte Constitucional, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.

(18) Ver entre otras sentencias T-033, T-328 y T-709 de 2010.

(19) Sentencia SU-159 del 6 de marzo de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

(20) Ver entre otras, sentencias T-049 de 2007 M.P. Clara Inés Vargas Hernández, T-288 de 2011, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, T-464 de 2011 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, T-794 de 2011 M.P. Jorge Iván Palacio, C-634 de 2011 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.

(21) Ver al respecto las sentencias T-244 del 30 de marzo de 2007, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, y T-058 del 2 de febrero de 2009, M.P. Jaime Araujo Rentería.

(22) Sentencia C-1436-00, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.

(23) Artículos 115, 116 y 117 de la Ley 446 de 1998.

(24) Auto del 11/94 del Consejo de Estado, Sección Tercera. M.P. Daniel Suárez Hernández.

(25) Marco Gerardo Monroy Cabra: El contrato de arbitraje. Universidad del Rosario. Editorial Legis. 2005. Páginas 671-678.

(26) Referido inicialmente en la Sentencia T-231 de 1994 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, reiterado, por ejemplo, por las sentencias T-450 de 2001. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, y T-590 de 2006. M.P. Jaime Araujo Rentería, y otras que aquí se citan.

(27) Ley 1564 de 2012.

(28) M.P. Carlos Gaviria Díaz.

(29) Sentencia T-964 de 2009. M.P. María Victoria Calle Correa.

(30) En igual sentido se pronuncia la Sentencia T-033 de 2002. M.P. Rodrigo Escobar Gil. Según la cual “El Código Contencioso Administrativo consagró la regla de la congruencia, en los siguientes términos (CCA, art. 59): “...la decisión [que agota la vía gubernativa] resolverá todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo del recurso, aunque no lo hayan sido antes”.

Aunque en principio parece que la norma permite resolver sobre materias no solicitadas, al disponer que la decisión puede abarcar cuestiones “.que aparezcan con motivo del recurso, aunque no lo hayan sido antes”. La disposición no tiene dicho alcance, pues se está refiriendo, exclusivamente, a asuntos que si bien no fueron inicialmente pedidos, guardan una relación de conexidad directa con el recurso y por lo tanto, son susceptibles de resolución.

Para la Corte, la congruencia es una regla que condiciona la competencia otorgada a las autoridades públicas, y en este sentido, delimitan el contenido de las decisiones que deben proferir, de tal manera que: a) solamente pueden resolver sobre lo solicitado o, b) en relación directa con aspectos vinculados a lo pedido por los interesados y que se encuentren debidamente probados”.

(31) Esta referencia sin perjuicio de la presentación que posteriormente se hará sobre el principio de consonancia.

(32) Sentencia C-968 de 2003. M.P. Clara Inés Vargas Hernández. Al estudiar la constitucionalidad del principio de consonancia consagrado en el artículo 66 A de la Ley 712 de 2001.

(33) Sentencia T-773 de 2008. M.P. Mauricio González Cuervo. Que a su vez reitera lo dicho en las sentencias T-450 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y T-025 de 2002, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, entre otras.

(34) Sentencia T-086 de 2007. M.P Manuel José Cepeda Espinosa. Y T-773 de 2008, M.P. Mauricio González Cuervo, ambas reiterativas de la Sentencia T-231 de 1994, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

(35) Sentencia T-450 de 2001.

(36) M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

(37) M.P. Mauricio González Cuervo.

(38) Sala de casación civil, Expediente 04851-01. M.P. Edgardo Villamil Portilla.

(39) “neprocedatiudex ex officio; nemoiudex sine actore”. Recogida en el artículo 2º del Código de Procedimiento Civil.

(40) Sentencia del 19 de febrero de 1999, Sala de Casación Civil, Expediente 5099.

(41) Sentencia del 19 de febrero de 1999, Sala de Casación Civil, Expediente 5099.

(42) Sentencia del 16 de junio de 1999, Sala de Casación Civil, Expediente 022.

(43) Sentencia del 28 de junio de 2000, Sala de Casación Civil, Expediente 5348.

(44) Sentencia del 14 de febrero de 2011, Expediente 16651, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo.

(45) Ibídem

(46) Así, por ejemplo, la sentencia 3 de noviembre de 2011, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. C.P. María Claudia Rojas Lasso. En la cual se resuelve sobre la correcta aplicación del principio de congruencia al declarar la nulidad de la Resolución 0371 de mayo 31 de 2002 y de la Resolución 021 del 5 de febrero de 2002, actos demandados, y no hacerla extensiva a la Resolución 0793 de 2004. Por cuanto la alusión a esta última dentro del proceso no permite su nulidad ya que no fue demandada como sí ocurrió frente a las que finalmente se declararon nulas.

(47) Expediente 6751, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. C.P. Juan de Dios Montes Hernández

(48) Sentencia C-294 de 1999. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

(49) Sentencias T-680 de 2010, T-607 de 2008, T-825 de 2007, T-1009 de 2006, T-403 de 2005 y T-1089 de 2004, entre muchas otras.

(50) Sentencia T-1112 de 2008.

(51) Página 17 de la sentencia de anulación.

(52) Página 20 de la sentencia de anulación.

(53) Folio 253, cuaderno 2 del Expediente.

(54) Folio 121, cuaderno 2 del Expediente.

(55) Sentencia del 16 de junio de 1999, Sala de Casación Civil, Expediente 022.

(56) Sentencia del 22 de enero de 2007 Sala de casación civil, Expediente 04851-01. M.P. Edgardo Villamil Portilla.

(57) Sentencia del 19 de febrero de 1999, Sala de Casación Civil, Expediente 5099.

(58) Sentencia T-773 de 2008. M.P. Mauricio González Cuervo.

(59) Folios 252 al 254, cuaderno 2 del expediente.

(60) Folios 255 al 274 del cuaderno 2 del expediente.

(61) Folio 109 del cuaderno 2 del expediente.

(62) Expediente 1101-02-03-000-2004-00034-01.

(63) Sentencia del 29 de julio de 1997, Expediente 6125; sentencia del 4 de septiembre de 2000, Expediente 5602; sentencia del 19 de enero de 2005, Expediente 7854 y sentencia del 15 de julio de 2008, Expediente 1100102030002007-00037-00.

(64) La Sentencia T-292 de 2006 se afirma que la ratio decidendi es la “formulación del principio, regla o razón general de la sentencia que constituye la base de la decisión judicial”.

(65) Cfr. Sentencia T-292 de 2006, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. Ver además Sentencia T-110 de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.

(66) Sentencia del 21 de julio de 2005, M.P. Edgardo Villamil Portilla. Expediente 1101-02-03-000-2004-00034-01.