Sentencia T-72 de febrero 27 de 2018

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PRIMERA DE REVISIÓN

Ref.: Expediente T-6.357.199

Magistrado Ponente:

Dr. Carlos Bernal Pulido

Acción de tutela presentada por Juan Andrés Ruiz Frutos en contra del Juzgado Séptimo Penal Municipal con Funciones de Conocimiento y Depuración de Santa Marta y la Mesa Directiva del Concejo Distrital de Santa Marta.

Bogotá, D.C., veintisiete de febrero de dos mil dieciocho.

La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Luis Guillermo Guerrero Pérez, Carlos Bernal Pulido y Diana Fajardo Rivera, quien se declaró impedida para conocer de este proceso(1), en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente

SENTENCIA

En el trámite de revisión del fallo de primera instancia proferido por el Juzgado Tercero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Santa Marta el 26 de abril de 2017, en el proceso promovido por el señor Juan Andrés Ruíz Frutos en contra del Juzgado Séptimo Penal Municipal con Funciones de Conocimiento y Depuración de Santa Marta y la Mesa Directiva del Concejo Distrital de la misma ciudad, esta Sala de Revisión procede a dictar la sentencia correspondiente.

I. Antecedentes

El 7 de abril de 2017, el ciudadano Juan Andrés Ruiz Frutos, Concejal de Santa Marta, presentó acción de tutela en contra del Juzgado Séptimo Penal Municipal con Funciones de Conocimiento y Depuración de Santa Marta y la Mesa Directiva del Concejo Distrital de la misma ciudad y solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso de administración de justicia, a la seguridad jurídica y a la cosa juzgada. El tutelante sostuvo que le vulneraron tales derechos al haber proferido la sentencia del 17 de marzo de 2017, por medio de la cual se le ordenó a la Mesa Directiva del Concejo Distrital de Santa Marta, realizar un nuevo cronograma para la selección y elección de un nuevo Contralor Distrital de Santa Marta(2).

Por otra parte, con el mismo propósito, el ciudadano Milton Piña Arrieta, también Concejal de Santa Marta, interpuso acción de tutela en contra del Juzgado Séptimo Penal Municipal con Funciones de Conocimiento y Depuración de Santa Marta y la Mesa Directiva del Concejo Distrital de Santa Marta.

El 17 de abril de 2017, el Juzgado Tercero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Santa Marta acumuló las dos demandas para ser falladas en la misma providencia, habida cuenta de la identidad de objeto, causa y sujeto pasivo de ellas(3).

Sin embargo, el Juzgado remitió por separado estos procesos a la Corte Constitucional. De manera que solo la tutela interpuesta por el señor Ruiz Frutos seleccionada.

1. Hechos.

Los supuestos fácticos de la acción de tutela presentada por el señor Ruiz Frutos se sintetizan de la siguiente manera:

1. El 23 de noviembre de 2015, el Concejo Distrital de Santa Marta profirió la Resolución 98, por medio de la cual dispuso que se realizara una convocatoria pública para la elección del Contralor Distrital para el periodo 2016-2019.

2. El 7 de enero de 2016, la Mesa Directiva del Concejo del Distrito de Santa Marta profirió la Resolución 10, por medio de la cual dispuso conformar la lista de elegibles para la convocatoria al cargo de Contralor Distrital de Santa Marta, con las siguientes personas: Wilfrido Enrique Gutiérrez Ospino, Edilson Miguel Palacio Castañeda, Ana María Medina Romero y Miguel Alberto Tejada Mesa(4).

3. El 10 de enero de 2016, la Mesa Directiva del Concejo del Distrito de Santa Marta eligió al señor Wilfrido Enrique Gutiérrez Ospino, como Contralor Distrital de esa ciudad.

4. El ciudadano Belquin Crespo Oliveros demandó la nulidad de la elección del señor Wilfrido Enrique Gutiérrez Ospino como Contralor Municipal de Santa Marta, ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. De igual manera, la señora Iveth Castaño Duarte, en su calidad de Procuradora Judicial Nº 43 de Asuntos Administrativos de esa ciudad, haciendo uso del medio de control de nulidad electoral, también demandó la elección del señor Gutiérrez Ospino. Ambos demandantes sustentaron sus pretensiones en el hecho de que el señor Gutiérrez Ospino se encontraba inhabilitado para ser elegido Contralor Distrital, por haber sido hasta esa fecha Jefe de Control Interno de la Universidad del Magdalena.

5. El 22 de agosto de 2016, se decidió el proceso de nulidad electoral, en el cual el Tribunal Administrativo del Magdalena resolvió “denegar las súplicas de la demanda”.

6. El señor Manuel Mariano Rumbo Martínez, actuando en su calidad de Procurador 43 Judicial Delegado para Asuntos Administrativos, presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia.

7. El 7 de diciembre de 2016, el Consejo de Estado resolvió el recurso de apelación y revocó la sentencia proferida el 22 de agosto de 2016 por el Tribunal Administrativo del Magdalena. En su lugar, declaró la nulidad del acto de elección, contenido en el Acta Nº 010 del 7 de enero de 2016(5). En consecuencia, dispuso que el Concejo del Distrito de Santa Marta debía elegir a un nuevo Contralor, de la lista de elegibles dispuesta por la Resolución 10 de 2016, lista de la cual se excluía el señor Wilfrido Gutiérrez Ospino.

8. Los ciudadanos Gustavo Adolfo Corvacho Martínez y Juan Andrés Ruiz Frutos, solicitaron a la Procuraduría General de la Nación que activara sus funciones de prevención y que acompañara el proceso de ejecución de la sentencia del Consejo de Estado. Dichas solicitudes fueron acumuladas. En consecuencia, el 13 de febrero de 2017, la Procuraduría advirtió a los Concejales de Santa Marta que su deber es darle cumplimiento inmediato a la referida sentencia del Consejo de Estado(6).

9. Por otra parte, el 3 de marzo de 2017, los ciudadanos Fredy Alberto González Rodríguez y Leslie Andrea Herrera Ávila, presentaron acción de tutela en contra de la Mesa Directiva Distrital de Santa Marta, por considerar que con la convocatoria pública para la elección del Contralor Distrital, se les vulneraron sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, al desempeño de funciones públicas, a la buena fe, a la confianza legítima, al mérito y al principio de seguridad jurídica. En esa medida, solicitaron dejar sin efectos todo lo actuado en la convocatoria pública reglamentada mediante la Resolución 98 de 2015 y retrotraer desde el inicio la realización del respectivo concurso.

10. El 17 de marzo de 2017, el Juzgado Séptimo Penal Municipal con Funciones de Conocimiento y Depuración de Santa Marta le concedió el amparo a los accionantes González Rodríguez y Herrera Ávila y ordenó a la Mesa Directiva del Concejo Distrital de Santa Marta adelantar un nuevo cronograma para la selección y elección de un nuevo Contralor Distrital. De esa manera, consideró que era necesario retrotraer el concurso de méritos a la convocatoria pública realizada el 23 de diciembre de 2015.

11. Por ello, el 24 de marzo de 2017, el Concejo Distrital profirió las resoluciones Nº 20(7) y 21(8), por medio de las cuales estableció un nuevo cronograma para elegir al Contralor Distrital de Santa Marta.

2. Pretensiones.

A juicio del tutelante, la providencia proferida el 17 de marzo de 2017 por el Juzgado Séptimo Penal Municipal con Funciones de Conocimiento y Depuración de Santa Marta es contraria a la del Consejo de Estado, pues mientras que la primera ordenó retrotraer toda la actuación administrativa, la segunda ordenó elegir de la lista de elegibles ya conformada.

En consecuencia, el señor Juan Andrés Ruiz Frutos le solicitó al juez de tutela que ordenara el cumplimiento al fallo del Consejo de Estado por medio de la cual se declaró la nulidad del acto contenido en el Acta Nº 007 del 10 de enero de 2016 y se le ordenó al Concejo Distrital de Santa Marta elegir a un nuevo Contralor dentro de la lista de elegibles.

3. Respuesta de las entidades accionadas.

3.1. Juzgado Séptimo Penal Municipal con Funciones de Conocimiento y Depuración de Santa Marta(9). 

12. El 20 de abril de 2017, el Juzgado Séptimo Penal Municipal con Funciones de Conocimiento y Depuración de Santa Marta, dio contestación a las acciones de tutela presentadas en su contra por los señores Ruiz Frutos y Piña Arrieta.

13. Afirmó que, en contrario de lo que afirmaron los accionantes, “de ninguna manera había dilatado la remisión del proceso a segunda instancia”. Adicionalmente, expuso que contra su despacho “se han interpuesto, por parte del quejoso, varias acciones de tutela”. Concluyó que siendo que el proceso de convocatoria pública fue contrario a la normatividad vigente y en detrimento de los derechos fundamentales de los participantes, su decisión se ajustó a la legislación colombiana.

3.2. Mesa Directiva del Concejo Distrital de Santa Marta(10). 

14. La Mesa Directiva del Concejo Distrital de Santa Marta, a través de la doctora Martha Patricia Vera Amaya, jefe de su oficina jurídica, dio contestación a las acciones de tutela presentadas por los señores Milton Peña Arrieta y Juan Ruíz Frutos. Allí, dio respuesta a los hechos y fundamentos jurídicos planteados por los accionantes.

15. Así mismo, se opuso a la totalidad de las pretensiones de los accionantes porque, a su juicio (i) son improcedentes pues la decisión de tutela contra la que se dirige este amparo tiene una impugnación pendiente de ser resuelta; (ii) no se acreditó vulneración alguna de los derechos fundamentales; y (iii) no cumplió con el requisito de subsidiariedad pues “esta no es la instancia judicial para debatir el fallo de tutela”. En consecuencia, solicitó que se declarara la improcedencia de la acción de tutela.

3.3. Contralor Distrital de Santa Marta(11). 

16. El 24 de abril de 2017, el Juzgado Tercero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Santa Marta decidió vincular al entonces Contralor Distrital de Santa Marta, Alfredo Moisés Ropaín, por considerar que podía verse afectado con la decisión que se tomara en el marco del proceso.

17. En consecuencia, el 25 de abril de 2017, Alfredo José Moisés Ropaín, actuando en su calidad de Contralor Distrital de Santa Marta, descorrió el traslado que se le hizo de las acciones de tutela. Señaló que ellas deben ser declaradas improcedentes porque, como lo ha dispuesto la Corte Constitucional, no es procedente interponer acción de tutela en contra de una sentencia de tutela. Adicionalmente, expuso que las tutelas interpuestas carecen de objeto por cuanto el proceso de elección de Contralor Distrital de Santa Marta ya se surtió y él fue elegido. En consecuencia, manifestó que si los accionantes pretenden anular su elección, el medio correcto es el de la nulidad electoral. Así, señaló que siendo que su elección está revestida de una presunción de legalidad, no le es dable al juez constitucional revocarla, pues estaría actuando como juez electoral.

4. Decisión objeto de revisión.

4.1. Primera instancia(12). 

18. El 17 de abril de 2017, el Juzgado Tercero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Santa Marta acumuló las demandas presentadas por los señores Ruiz Frutos y Piña Arrieta para ser falladas en la misma providencia, habida cuenta de la identidad de objeto, causa y sujeto pasivo de ellas(13).

19. El 26 de abril de 2017, el Juzgado declaró improcedente el amparo solicitado por los dos accionantes. Fundamentó su decisión en el hecho de que la acción de tutela se presentó en contra de una sentencia de tutela. Basándose en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, concluyó que ello no era procedente. En efecto, el Juez sostuvo que comoquiera que los accionantes no alegaron un caso de fraude que “conlleve al fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta”, debe aplicarse la regla general que es la de la improcedencia de tutelas en contra de sentencias de tutela.

20. En contra de dicha decisión no se presentó impugnación alguna.

5. Actuaciones adelantadas en sede de revisión.

21. El Magistrado Carlos Bernal Pulido, mediante auto del 1º de febrero de 2018, ofició al Juzgado 3 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Santa Marta para que en el término de tres días hábiles remitiera a su Despacho el escrito correspondiente a la demanda de tutela presentada por el señor Milton Piña Arrieta, pues ella no se encontraba en el expediente.

22. Por otra parte, el Magistrado Bernal Pulido, mediante auto del 5 de febrero de 2018, ofició al Juzgado Séptimo Penal Municipal con Funciones de Conocimiento y Depuración de Santa Marta para que en el término de tres días hábiles remitiera a su Despacho (i) copia del expediente de la acción de tutela interpuesta por Fredy Alberto González y Leslie Andrea Herrera Ávila en contra de la Mesa Directiva Distrital de Santa Marta, referenciado con los números 2017-00136 y 2017-00137 y (ii) un informe del estado actual del proceso de tutela interpuesto por Fredy Alberto González y Leslie Andrea Herrera Ávila en contra de la Mesa Directiva Distrital de Santa Marta, referenciado con los números 2017-00136-00 y 2017-00137-00.

5.1. Respuesta del Juzgado 3 Penal del Circuito de Santa Marta.

23. El 8 de febrero de 2018, el Juzgado 3 Penal del Circuito de Santa Marta señaló que la demanda presentada por el señor Milton Piña Arrieta ya había sido remitida a la Corte Constitucional. En efecto, no obstante que las acumuló, el Juzgado las remitió de manera separada.

24. Esta Sala pudo constatar que, en efecto, el expediente correspondiente a la acción de tutela presentada por el señor Ruiz fue radicada en esta Corte el 6 de septiembre de 2017 con el número de radicado T-6.358.285. El 26 de septiembre de 2017, la Sala de Selección Número Nueve decidió no seleccionar dicho expediente y fue por lo tanto devuelto al Juzgado de origen.

5.2. Respuesta del Juzgado Séptimo Penal Municipal con Funciones de Conocimiento y Depuración de Santa Marta.

25. El 9 de febrero de 2018, el Juzgado Séptimo Penal Municipal con Funciones de Conocimiento y Depuración de Santa Marta remitió a la Corte Constitucional informe sobre el estado del proceso de tutela interpuesto por Fredy Alberto González y Leslie Andrea Herrera Vila en contra de la Mesa Directiva del Concejo Distrital de Santa Marta. Allí se evidencia que el 15 de mayo de 2017, en segunda instancia, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Santa Marta declaró improcedente la acción de tutela y, en consecuencia, revocó en su integridad el contenido de la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Séptimo Penal Municipal con Funciones de Conocimiento y Depuración de Santa Marta, que es objeto de tutela en este caso.

II. Consideraciones

1. Competencia.

La Sala de Selección de Tutelas Número Nueve, integrada por los Magistrados designados por la Sala Plena de la Corte Constitucional para conformarla, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, en especial las consagradas en los artículos 86 y 241, numeral 9º, de la Carta Política, 33 del Decreto 2591 de 1991 y 51, 52, 53, y 55 del reglamento de esta Corte (Acuerdo 2 de 2015), profirió auto el 26 de septiembre de 2017, mediante el cual seleccionó para su revisión el expediente T-6.357.199, correspondiente a la tutela presentada por Juan Andrés Ruiz Frutos en contra del Juzgado Séptimo Penal Municipal con Funciones de Conocimiento y Depuración de Santa Marta y la Mesa Directiva del Concejo Distrital de Santa Marta.

La Corte Constitucional es competente, por medio de esta Sala, para revisar la sentencia proferida dentro del proceso de la referencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86 y 241, numeral 9º de la Constitución Política de Colombia, en concordancia con los artículos 31 y 36 del Decreto Ley 2591 de 1991, y en cumplimiento de lo ordenado por el Auto del 26 de septiembre de 2017, proferido por la Sala de Selección de Tutelas Número Nueve.

El 15 de noviembre de 2017, la Magistrada Diana Fajardo Rivera, a quien le había sido inicialmente asignado el presente expediente, manifestó encontrarse impedida para resolver la controversia(14). En respuesta, el 23 de noviembre del mismo año, los Magistrados Carlos Bernal Pulido y Luis Guillermo Guerrero Pérez declararon fundado el impedimento manifestado por la Magistrada Fajardo(15). En consecuencia, la Magistrada fue separada del conocimiento del asunto de la tutela de la referencia y el Magistrado Bernal Pulido fue designado para presentar la ponencia del proyecto de sentencia.

2. Problema jurídico.

26. Esta Sala de Revisión debe resolver los siguientes problemas jurídicos: Primero, ¿la acción de tutela presentada por Juan Andrés Ruiz Frutos en contra de la sentencia proferida el 17 de marzo de 2017 por el Juzgado Séptimo Penal Municipal con Funciones de Conocimiento y Depuración de Santa Marta carece de objeto por hecho superado? Segundo, ¿La acción de tutela presentada por Juan Andrés Ruiz Frutos en contra de la sentencia proferida el 17 de marzo de 2017 por el Juzgado Séptimo Penal Municipal con Funciones de Conocimiento y Depuración de Santa Marta cumple con los requisitos generales y específicos de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales?

27. A tal efecto, esta Sala de Revisión reiterará la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre los requisitos generales y específicos de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, en particular en contra de sentencia de tutela y determinará si es procedente.

3. Carencia actual de objeto.

28. Ahora bien, esta Sala constató que la presente acción de tutela carece de objeto(16), puesto que entre el momento de la interposición de la acción de tutela y el momento del fallo, se satisfizo por completo la pretensión contenida en la demanda de amparo.

29. Al respecto cabe recordar que en los términos de la acción de tutela presentada por el señor Ruiz, es claro que su pretensión estaba encaminada a obtener que el Concejo de Santa Marta eligiera un nuevo Contralor Distrital dentro de la lista de elegibles, tal como lo había ordenado el Consejo de Estado. Sin embargo, ocurre que la sentencia en contra de la cual el accionante presentó la acción de tutela, esto es la proferida por el Juzgado Séptimo Penal de Santa Marta que había ordenado la conformación de una nueva lista de elegibles, el 15 de mayo de 2017 fue revocada por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Santa Marta. En consecuencia, se superó el hecho que supuestamente vulneraba el derecho que dio origen a la acción de tutela en el presente caso.

30. Sin embargo, a juicio de esta Sala, el elemento central de la revisión que le compete efectuar en relación con la sentencia del Juzgado Tercero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Santa Marta, es la improcedencia de la acción de tutela presentada en contra de una sentencia de tutela. Así, la carencia actual de objeto no tiene incidencia en el fallo de primera instancia ni en la revisión de esta Corte. Por ello, no declarará la carencia actual de objeto sino que confirmará el fallo del Juzgado.

4. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Reiteración de jurisprudencia.

31. El señor Juan Andrés Ruiz Frutos interpuso acción de tutela en contra de la sentencia de tutela proferida el 17 de marzo de 2017, por el Juzgado Séptimo Penal Municipal con Funciones de Conocimiento y Depuración de Santa Marta.

32. En esos términos, resulta claro que estamos ante una tutela en contra de providencia judicial, que como tal, debe cumplir con los requisitos que para ese efecto ha señalado la jurisprudencia.

33. La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra las decisiones de los jueces, en su calidad de autoridades públicas, cuando incurran en graves falencias que las hagan incompatibles con la Constitución y afecten los derechos fundamentales de las partes(17). En todo caso, dicha procedencia es excepcional, “con el fin de que no se desconozcan los principios de cosa juzgada, autonomía e independencia judicial, seguridad jurídica, y la naturaleza subsidiaria que caracteriza al mecanismo”(18). Ahora bien, de conformidad con reiterada jurisprudencia de esta Corte, para que opere dicha procedencia, es necesario que se acrediten los requisitos generales y específicos de procedibilidad señalados para tales efectos.

34. Para ello, la jurisprudencia constitucional(19) estableció los siguientes requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, los cuales deben cumplirse en su totalidad: (i) que la cuestión que se discuta tenga relevancia constitucional, esto es, que involucre la posible vulneración de los derechos fundamentales de las partes; (ii) que se cumpla el requisito de inmediatez, o sea, que la tutela se interponga en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iii) que cuando se trate de una irregularidad procesal tenga un efecto decisivo en la sentencia que se impugna, que resulte lesiva de la garantías constitucionales del actor; (iv) que el actor identifique de manera razonable los hechos que generaron la vulneración y los derechos vulnerados; (v) que se cumpla con el presupuesto de subsidiariedad, es decir, que se hayan agotado todos los medios de defensa judicial al alcance del afectado, salvo que se trate de evitar un perjuicio irremediable; y (vi) que la sentencia que se impugna en sede de tutela no corresponda a su vez a una sentencia que haya definido una acción de tutela.

35. Sobre este último punto, la Corte ha señalado que es necesario que la providencia judicial cuestionada no sea una sentencia de tutela, pues los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida. Ocurre sin embargo, que en este caso, la acción de tutela fue presentada en contra de una sentencia proferida en sede de tutela.

36. Con todo, esta Corte ha permitido excepcionalmente la procedencia de la tutela en contra de una sentencia de tutela.

37. Es así como en Sentencia SU-627 de 2015, esta Corporación unificó su jurisprudencia sobre el particular. En síntesis, señaló que la tutela en contra de sentencias de tutela no procede (i) si se presenta en contra de una sentencia de tutela proferida por la Corte Constitucional; o (ii) si con la tutela se pretende lograr el cumplimiento de las órdenes impartidas en una sentencia de tutela.

38. Por el contrario, la acción de tutela en contra de sentencias de tutela procederá de manera excepcional en los siguientes casos:

(i) Cuando se acredita la existencia de la cosa juzgada fraudulenta en una sentencia de tutela proferida por otro juez distinto a la Corte;

(ii) Cuando el juez de tutela vulnera un derecho fundamental con una actuación realizada en el marco del proceso de tutela y antes de proferida la Sentencia;

(iii) Cuando el juez de tutela vulnera un derecho fundamental con una actuación durante el trámite del incidente de desacato.

39. Lo cierto es que en este caso, el accionante no alegó que la sentencia cuestionada hubiera incurrido en ninguna de las anteriores causales. El accionante se limitó a señalar las razones por las cuales no está de acuerdo con el fallo de tutela en contra del cual presentó la acción. Así, su pretensión se centra en la aplicación de la sentencia proferida por el Consejo de Estado que fue, a su juicio, desconocida por parte del Juzgado. Pero en ningún momento cumple con una mínima carga que demuestre la existencia de una cosa juzgada fraudulenta.

40. Aunado a lo anterior, tampoco entiende esta Sala en qué fundamenta el accionante la supuesta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la seguridad jurídica y a la cosa juzgada. En los términos en que está planteada la acción de tutela lo que se advierte es el interés del tutelante en controvertir una decisión judicial. Eso a todas luces resulta contrario a lo dispuesto por la Constitución y al propósito de la acción de tutela.

41. Al no encontrar acreditada la cosa juzgada fraudulenta que excepcione la regla de improcedencia de tutela en contra de sentencia de tutela, y no existiendo argumento alguno orientado a establecer la configuración de alguna otra de las excepciones de procedibilidad jurisprudencialmente previstas, esta Sala confirmará la improcedencia de la acción de tutela.

5. Síntesis de la decisión.

42. El señor Juan Andrés Ruiz Frutos interpuso acción de tutela en contra de la sentencia de tutela proferida por Juzgado Séptimo Penal Municipal con Funciones de Conocimiento y Depuración de Santa Marta el 17 de marzo de 2017. Por ese medio, solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la seguridad jurídica y a la cosa juzgada.

43. El Juzgado Tercero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Santa Marta declaró improcedente el amparo solicitado, sobre la base de que se trataba de una tutela en contra de una sentencia de tutela. Resaltó no se acreditó la existencia de ninguna de las causales que permitiera la procedencia excepcional de la acción de tutela en estos casos.

44. Esta Sala de Revisión estima que tal decisión es acertada. En efecto, como lo ha señalado esta Corte, la procedencia excepcional de la tutela en contra de providencias judiciales no puede servir para cuestionar sentencias de tutela.

45. Por lo anterior se concluye que la tutela presentada por el señor Ruiz Frutos es improcedente. Por ello, se confirmará la referida providencia judicial.

III. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR el fallo proferido por el Juzgado Tercero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Santa Marta, que declaró IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por el señor Juan Ruiz Frutos.

2. Por Secretaría, líbrese la comunicación de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.

Comuníquese y cúmplase.

Magistrados: Carlos Bernal Pulido—Diana Fajardo Rivera, con impedimento—Luis Guillermo Guerrero Pérez.

Martha Victoria Sáchica Méndez, Secretaria General.

1 Cdno 1, Fls 20-22.

2 Cdno 1, Fls 1-11.

3 Cdno 1, Fl 149.

4 Cdno 1, Fls 110-111.

5 Cdno 1, Fls. 58-85.

6 Cdno 1, Fls. 78; 82.

7 Cdno 1, Fls. 45-55.

8 Cdno 1, Fls. 56-57.

9 Cdno 1, Fls. 171-172.

10 Cdno 1, Fls. 173-178.

11 Cdno 1, Fls. 221-223.

12 Cdno 1, Fls. 237-257.

13 Cdno 1, Fl. 149.

14 Cdno 2, Fl. 13.

15 Cdno 2, Fl. 20-21.

16 La Corte Constitucional ha sostenido que el objeto de la acción de tutela desaparece cuando (i) la situación fáctica que motiva la presentación de la acción de tutela desaparece o (ii) cesa la presunta acción u omisión que podría generar la vulneración de los derechos fundamentales. En esos eventos, cualquier orden de protección dada por el juez sería inocua. Ello puede ocurrir en el evento del daño consumado, del hecho superado o del hecho sobreviniente. Ver, por ejemplo, Sentencia SU-627 de 2015.

17 Véase, por ejemplo, Corte Constitucional, Sentencia T-555 de 2009.

18 Corte Constitucional, Sentencia T-244 de 2016.

19 Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005.