Sentencia T-722 de octubre 17 de 2013

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA TERCERA DE REVISIÓN

Ref.: Expediente T-3.881.283

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Guillermo Guerrero Pérez

Acción de tutela instaurada por Alfonso Corredor Vega y Lucía Ríos de Corredor en contra de IBM de Colombia y Cía. SCA.

Bogotá, D.C., diecisiete de octubre de dos mil trece.

La Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Jorge Iván Palacio Palacio y Luis Guillermo Guerrero Pérez, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente,

Sentencia

En el proceso de revisión de los fallos proferidos, en primera instancia, por el Juzgado Séptimo Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá - Cundinamarca, el 21 de diciembre de 2012, y en segunda instancia, por el Juzgado Diecinueve Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá - Cundinamarca, el 14 de febrero de 2013, dentro de la acción de tutela promovida por Alfonso Corredor Vega y Lucía Ríos de Corredor en contra de IBM de Colombia y Cía. SCA(1).

I. Antecedentes

El 12 de diciembre de 2012, los señores Alfonso Corredor Vega y Lucía Ríos de Corredor, obrando en nombre propio, presentaron acción de tutela contra la empresa IBM de Colombia y Cía. SCA por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales a la salud, a la seguridad social y al mínimo vital, al habérseles agotado los recursos provenientes del “Pacto de pago único por mesadas pensionales futuras” celebrado con la demandada y por la cancelación del plan médico ofrecido por la misma.

1.1. Hechos relevantes.

a) Los accionantes, Alfonso Corredor Vega y Lucía Ríos de Corredor, de 94 y 92 años respectivamente, se encuentran casados desde el 27 de mayo de 1944(2).

b) El señor Alfonso Corredor Vega, estuvo vinculado a la sociedad IBM de Colombia y Cía. SCA, mediante contrato a término indefinido, durante el periodo comprendido entre el 1º de diciembre de 1951 y el 15 de mayo de 1973(3), día en que el accionante presentó renuncia de su cargo por motivos de índole personal.

c) El 25 de mayo de 1973, debido a diferencias entre el extrabajador y la empresa accionada respecto al pago de la indemnización por el presunto despido sin justa causa del primero(4) y al pago de la pensión especial de jubilación de que trata el artículo 8º de la Ley 171 de 1961(5), se celebró audiencia de conciliación ante Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Bogotá, en la que se llegó al siguiente acuerdo:

“La empresa accede a reconocer al señor Corredor Vega todos sus salarios y prestaciones que le hubieren correspondido en el evento de que la duración de su contrato de trabajo se hubiere prolongado hasta el día 30 de julio de 1973 (…) [por] un total neto de $ 260.011.72, (…) y para conciliar los puntos de vista opuestos de las partes en cuanto a otras acreencias que puedan derivarse del contrato de trabajo (…), han convenido la empresa y el extrabajador que tales diferencias quedan zanjadas mediante el pago de la cantidad de $ 768.968.33 (…). Además, han convenido las partes que la empresa comenzará a pagar al señor Corredor Vega pensión de jubilación cuando éste cumpla la edad de 55 años, en los términos que le corresponda conforme a la ley”.

d) En 1974, una vez el peticionario cumplió los 55 años, la compañía accionada empezó a pagarle la pensión de vejez, incrementándose año tras año de conformidad con la política de la empresa y la legislación vigente al momento de los pagos(6).

e) El 25 de abril de 2001, ambos demandantes y la Sociedad IBM de Colombia y Cía. SCA, celebraron, ante el Ministerio de Trabajo y de la Seguridad Social, un acuerdo conciliatorio en virtud del cual la exempleadora cancelaría al extrabajador y a su cónyuge, en calidad de beneficiaria de la pensión, la suma total de $ 226.726.497(7) por concepto de “pago único de mesadas pensionales futuras”, solucionando de esta forma la causación ulterior de cualquier obligación pensional a cargo de la empresa(8).

f) En el mismo acto, se consignó que la legalidad del acuerdo sobre las mesadas pensionales futuras dependía de (i) la existencia de un cálculo actuarial idóneo y (ii) del consentimiento del pensionado y los potenciales beneficiarios de una eventual sustitución pensional(9), razón por la que la compañía contrató con Watson Wyatt Colombia S.A. el cálculo actuarial(10) y vinculó a la audiencia a la señora Ríos de Corredor, la única persona beneficiaria en calidad de eventual sobreviviente de la pensión de jubilación del accionante(11).

g) Toda vez que IBM de Colombia y Cía. SCA había otorgado al accionante el derecho a acceder a un plan médico familiar, desde su vinculación como trabajador y el mismo había continuado en calidad de pensionado, en la referida audiencia de conciliación se pactó que disfrutaría de la atención, en las mismas condiciones de servicios y beneficiarios, y con las modificaciones o eliminación que tuviesen en un futuro los trabajadores activos de la compañía(12).

h) Según los accionantes, el plan médico no estaba sujeto a cuantía determinada que limitara la prestación del servicio; sin embargo, el 15 de marzo de 2011, la exempleadora le comunicó al señor Corredor Vega que el beneficio médico voluntario que IBM entregaba a sus trabajadores y jubilados, en virtud del cual la compañía reembolsa al usuario el 80% de los gastos médicos cubiertos, en que incurran él o sus beneficiarios, tenía un tope de US$ 100.000 y en ese sentido se le informó que a 28 de febrero de 2011, el monto acumulado de sus gastos médicos era de US$ 74.182 quedando a la fecha un saldo de US $ 25.818, por lo que una vez se llegara al monto máximo de la cobertura, los gastos médicos que se presentaran ya no podrían ser reembolsados.

i) El 17 de septiembre de 2012, la accionada le notificó al señor Corredor Vega que el 30 de julio del mismo año, el monto acumulado de sus gastos médicos ya había superado el tope de los US$ 100,000, por lo que se negó el reconocimiento de la cuenta de cobro del mes de agosto por valor de $ 2’767.646 y en tal sentido le fue devuelta(13).

j) Según su historia clínica(14), la señora Lucía Ríos de Corredor padece enfermedad de Parkinson de varios años de evolución, con gran limitación funcional, imposibilidad para la marcha autónoma, artrosis de rodillas, bronquitis crónica, temblor permanente y atrofia muscular generalizada, por lo que no puede deambular sin ayuda, ni administrarse sus propios alimentos, vestirse o bañarse. Por esta razón, está en tratamiento con neurólogo y psiquiatra, y en controles médicos periódicos por parte de otras especialidades, como urología, ya que ha presentado infecciones urinarias a repetición. Finalmente, también se indica por varios de sus especialistas tratantes que “(…) necesita servicio de enfermería durante 24 horas, independiente de su tratamiento médico permanente (…)”.

k) Por otra parte, el señor Alfonso Corredor Vega, según hace constar su médico tratante(15), es un paciente de avanzada edad que “(…) presenta enfermedad coronaria, enfermedad vascular periférica, lumbalgia y ciática crónica por discopatía lumbar múltiple, canal estrecho, anterolistesis a L3 y L4, atrofia muscular generalizada [y] marcha con dificultad”, por lo que “(…) requiere atención especializada frecuente y atención de enfermera permanente”.

l) Ante la suspensión de plan por IBM, los accionantes, que no se encuentran afiliados al sistema general de seguridad social en salud, aseguraron que “no [cuentan] con una fuente de ingresos que [les] permita sufragar los gastos que demanda el servicio de salud, el cual en [su] condición de personas de la tercera edad es indispensable para la conservación de [su] vida, [su] salud y unas condiciones dignas de existencia”(16).

m) Asimismo, señalan que para el 13 de octubre de 2012, el dinero que les había entregado la empresa IBM por concepto del “Pacto de pago único de las mesadas pensionales futuras” se les agotó por completo, y ahora no tienen recursos para subsistir, dado que aquél capital “(…) constituía [su] único sustento económico (…) para vivir”.

n) De acuerdo con la base de datos única de afiliación al sistema de seguridad social del Fosyga, el señor Corredor Vega se encuentra afiliado a la Nueva EPS en calidad de beneficiario desde el 1º de marzo de 2013.

1.2. Solicitud.

De acuerdo con los hechos anteriores, los peticionarios solicitan al juez constitucional ordenar a la Sociedad IBM de Colombia y Cía. SCA: (i) el pago de la pensión de jubilación a su cargo y a favor del señor Alfonso Corredor Vega a partir del 13 de octubre de 2012, oportunidad en que se agotaron los recursos económicos provenientes del llamado “Pacto de pago único de mesadas pensionales futuras”; (ii) que la liquidación de la mesada pensional a pagar sea equivalente al valor de la última recibida, esto es, antes de la suscripción del mencionado pacto, debidamente actualizada a la fecha en que se realice el pago; y (iii) aplicar el límite de los US$ 100.000 fijado para el plan de beneficios médicos a partir del 15 de marzo de 2011, fecha en que la compañía envió la comunicación informando sobre el referido tope y no desde antes.

1.3. Contestación de la accionada.

El 21 de diciembre de 2012, en respuesta a la acción de tutela, la apoderada judicial de la demandada señaló que no existía vulneración alguna a los derechos alegados por los peticionarios, toda vez que la conciliación celebrada se efectuó con el lleno de los requisitos legales y jurisprudenciales para el efecto. En este sentido, agregó que el texto original del artículo 206 del estatuto tributario contempla la figura de los “pactos únicos por concepto de pensiones futuras de jubilación”, los cuales han sido aceptados por la jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, siempre que exista (i) un pacto expreso de la partes; (ii) un cálculo actuarial que soporte el valor; (iii) la verificación del pago y (iv) la aprobación por parte de los inspectores de trabajo.

Asimismo, indicó que la materia sobre la cual versaba el pacto era conciliable y la obligación pensional podía solucionarse anticipadamente, toda vez que se trataba de mesadas futuras, cuya naturaleza coincide con prestaciones de carácter incierto y discutible, que están condicionadas a la supervivencia del beneficiario; es decir, son meras expectativas. Situación que sería sustancialmente distinta si el análisis fuese sobre el derecho a la pensión como tal o a las mesadas pensionales ya causadas, pues en estos casos se trata de derechos ciertos, indiscutibles y adquiridos, sobre los que no procede una conciliación laboral.

Por otra parte, subrayó que de conformidad con los artículos 78 del Código Procesal del Trabajo y 20 de la Ley 640 de 2001 la conciliación en materia laboral hace tránsito a cosa juzgada y su validez solo puede cuestionarse si se demuestra que alguna de las partes tenía viciado su consentimiento por error, fuerza o dolo, situación que, a su juicio, no se presenta ni se evidencia de los fundamentos de la tutela, por lo que mal haría el juez constitucional en anular el acuerdo conciliatorio.

Respecto de la pretensión de extender el plan médico, la demandada señaló que el mismo es un beneficio extralegal para trabajadores activos de la empresa, y que por mera liberalidad le fue concedida al accionante, siendo su caso, y el de otros pensionados con quienes también se suscribió el “Pacto de pago único de mesadas pensionales futuras”, la excepción. Adicionalmente, aseguró que el pago del beneficio médico no se había suspendido de manera arbitraria, sino que se hizo de conformidad con las políticas de la empresa, avisando a los demandantes con más de un año de anticipación sobre el saldo correspondiente.

En suma, la apoderada de la sociedad recalcó que los accionantes “(…) no pueden venir ahora(…), una vez se han gastado la totalidad del dinero entregado por mi representada y una vez se ha agotado el plan médico, a decir que no tienen medios de subsistencia cuando lo cierto es que se han beneficiado todos (sic) y cada uno (sic) de esas políticas y planes existentes al interior de [la empresa], que son de carácter unilateral, extralegal y voluntarios”.

1.4. Decisiones objeto de revisión.

1.4.1. Sentencia de primera instancia.

Mediante sentencia del 21 de diciembre de 2012, el Juzgado Séptimo Penal Municipal con Función de Control de Garantías negó el amparo de los derechos invocados, al considerar que el acuerdo conciliatorio hace tránsito a cosa juzgada y el juez constitucional no puede modificar la voluntad ya expresada válidamente.

Argumentó que si bien la expectativa de vida de los accionantes había superado “(…) el cálculo actuarial que sirvió de base para fijar la cuantía reconocida a través del pacto único de mesadas pensionales futuras, ese era un riesgo al que se exponía el extrabajador al momento de expresar su consentimiento en el acta de conciliación, y no puede ahora pretender con ese argumento dejar sin efecto una decisión que es inmodificable, aspecto que le fue puesto de presente previo a suscribir dicho documento”.

En relación con el plan médico, según el acuerdo conciliatorio, este se ofrecería “(…) en las mismas condiciones de servicios y beneficios que tiene[n] en la actualidad y en las que por modificaciones o eliminación tengan en un futuro los trabajadores activos de la exempleadora”, por lo que el funcionario expresó que, tanto el señor Corredor Vega como su esposa, habían aceptado que en el futuro el plan estaba sujeto a modificaciones o incluso podía ser eliminado de los beneficios, y en ese sentido, no se encontraban habilitados para presentar objeciones que en su momento no plantearon y menos en este escenario constitucional.

1.4.2. Impugnación.

En la oportunidad procesal, los accionantes presentaron impugnación contra la decisión de primera instancia, argumentando que el acuerdo conciliatorio recaía sobre derechos inalienables e irrenunciables, y por lo tanto, no era válido aun cuando su titular consintiera en su suscripción. Argumentaron que la pensión de vejez, al ser una manifestación del derecho fundamental a la seguridad social cuyo núcleo fundamental confiere a las personas la protección contra diversos riesgos propios de la ancianidad y les provee los medios de subsistencia ante la disminución de su capacidad laboral, no puede anularse por completo como consecuencia de un acto dispositivo del beneficiario, pues ello implica la afectación de otros derechos como la vida y el mínimo vital.

Señalaron que el juez de primera instancia, de haber adelantado un análisis constitucional respecto del acuerdo conciliatorio, habría llegado a una conclusión diferente, pues al advertir que los demandantes superaban la expectativa de edad con que se había calculado la cuantía entregada y esta situación había generado la limitación de los recursos y con ello se estaba afectando el ejercicio irrenunciable de sus derechos fundamentales, hubiese determinado acceder al amparo.

Indicaron que la anterior situación recrudecía con la supresión del plan médico, pues al no contar con más recursos, les era imposible acceder a los servicios terapéuticos que demandaba su especial y delicado estado de salud, entre otras cosas, porque no se encontraban afiliados al sistema general de seguridad social. Sobre el mismo tema, aclararon que de aceptarse el argumento del juzgado de primera instancia, en el sentido de que el plan médico era susceptible de ser modificado según el acuerdo conciliatorio, “(…) dicha facultad de reforma no podría ser arbitraría al punto de aplicarse de manera retroactiva, (…) sino que las modificaciones al plan médico debían regir a partir de la fecha de su implementación, es decir, la cuantía límite debía aplicarse para los gastos médicos en que [incurrieran] desde la fecha en que se impuso [la reforma] hacia el futuro”.

Finalmente, recalcaron que el grado de afectación a sus garantías mínimas como consecuencia de la aplicación del acuerdo conciliatorio, se mostraba significativamente gravoso, “(…) al punto de anular plenamente el ejercicio de [sus] derechos fundamentales, cuya protección por vía de tutela, contrario a lo decidido por el a quo, resulta[ba] por completo meritoria frente a estas circunstancias”.

1.4.3. Sentencia de segunda instancia.

El 14 de febrero de 2013, mediante providencia dictada por el Juzgado 19 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá, se confirmó la decisión de primera instancia con base en razones muy similares a las del a quo.

En primer lugar, el juez de tutela señaló que no existía vulneración a los derechos fundamentales de los accionantes, como quiera que el acuerdo objeto de controversia había sido elaborado con la orientación y supervisión de una autoridad estatal competente en asuntos laborales, lo que dejaba entrever el adecuado asesoramiento a las partes que suscribieron el pacto único de mesadas pensionales futuras. Igualmente, observó que la referida conciliación no implicó la renuncia a derechos ciertos e indiscutibles, por cuanto se convino el pago de mesadas pensionales futuras, que por esencia son solo meras expectativas, mas no sobre mesadas pensionales ya causadas, que constituyen plenos derechos adquiridos.

En lo que hace al plan médico, aseguró que se trataba de una prestación voluntaria de la accionada que no constituía obligación de su parte, cuya modificación, e inclusive eliminación, siempre estuvo prevista en el convenio, y fue ratificada sin ningún reparo por los ahora reclamantes.

Como argumentos finales, reseñó que la tutela tampoco estaba llamada a prosperar frente a un asunto que constituía cosa juzgada y cuyo análisis además, contravenía el principio de inmediatez, como quiera que el acuerdo conciliatorio tenía más de 10 años de antigüedad.

2. Actuaciones surtidas en sede de revisión.

2.1. Con el propósito de esclarecer la situación económica de los accionantes, el 10 de octubre de 2013, el despacho del magistrado sustanciador solicitó a los peticionarios información sobre otras fuentes de ingreso, gastos mensuales y sobre propiedades o bienes en posesión a su nombre. En razón a que se tuvo conocimiento que el señor Corredor Vega tenía historia laboral en Colpensiones, a través del Auto de pruebas, también se les consultó sobre este hecho(17).

Asimismo, con el fin de determinar la naturaleza jurídica del otorgamiento de la pensión de vejez al señor Corredor Vega y las condiciones de prestación del plan médico, a través de la misma providencia del 10 de octubre de 2013, se ofició a la Compañía IBM de Colombia y Cía. SCA para que explicara al despacho sustanciador sobre el título jurídico de la prestación pensional y adjuntara los respectivos reglamentos del plan médico para el año en que el accionante se desvinculó de la empresa, y para el momento en que se firmó el “Pacto”, y la regulación actual(18).

Finalmente, en la misma providencia, se ofició a Colpensiones para que remitiera la historia laboral y pensional del accionante(19).

2.2. Vencido el término probatorio, la secretaria general de esta corporación acusó recibo de la respuesta dada por los accionantes y el oficio enviado por la representante legal de IBM Colombia y Cía. SCA, María Carolina Rodríguez Rodríguez.

2.2.1. Respecto del cuestionario planteado a los accionantes, el señor Corredor Vega indicó que tienen 4 hijos, tres de ellos viven en Bogotá; uno cuenta con pensión de vejez otorgada por el ISS, otro es empleado de Redes Eléctricas S.A. y el restante es contratista del Ministerio de Agricultura en calidad de economista. El cuarto hijo vive en Toronto - Canadá, y trabaja para el Ministerio de Transporte del Estado de Ontario. En total, aseguró que tenían 10 nietos.

2.2.2. Señaló que en la actualidad no cuentan con más fuentes de ingresos, dado que lo único que cubrió sus necesidades básicas por un tiempo, fueron los dineros entregados por IBM y la venta en 2011, a uno de sus hijos, de la cuota parte (50%) del apartamento en el que ahora residen él y su esposa, pero que desafortunadamente, dichos recursos ya se encuentran agotados y que la ayuda de sus hijos, en la medida de sus posibilidades, resulta exigua frente a los gastos que la situación de ambos implica.

2.2.3. En relación con los gastos mensuales de ambos, indicó:

“Empleada servicio doméstica: que es una persona que nos ha acompañado por más de 45 años, a ella le pago un salario $ 660.000, pero en razón de haberme prestado sus servicios por muchos años le reconozco una pensión por vejez de $ 600.000; situación que considero más que justa.

Enfermera diurna $ 1.050.000

Enfermera nocturna $ 1.430.000

Enfermera dominical $ 560.000

Alimentación propia, de mis enfermeras y empleada doméstica y otros $ 1.300.000

Médicos y drogas $ 1.500.000

Servicios públicos y cuota de administración del apartamento: $ 1.008.000”(20)

2.2.4. Sobre los demás cuestionamientos, respondió que ni él ni su esposa eran propietarios o poseían inmuebles o automotores, y que el bien en el que actualmente residían, ubicado en la Calle 138 Nº 58D-01 de Bogotá, no era de su propiedad, pues su hijo, Julián Corredor Ríos, dueño del mismo, lo había destinado para que ellos tuvieran su domicilio.

2.2.5. Respecto de su historia laboral en Colpensiones, indicó haber estado afiliado en algún momento al Instituto de Seguros Sociales, entidad que en el año 2006 le reconoció la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez en cuantía única de $ 28.451.815, la cual se liquidó sobre 762 semanas, con un Ingreso Base de Liquidación de $ 3.136.288(21).

2.2.6. Finalmente, el señor Corredor Vega informó que su esposa había fallecido el 11 de octubre de 2013, y para el efecto, adjuntó el certificado de defunción antecedente para el registro civil respectivo(22).

2.2.7. Por su parte, la representante legal de IBM Colombia y Cía. SCA señaló que la pensión reconocida al Sr. Corredor Vega tenía su fuente en el acta de conciliación suscrita entre las partes el 25 de mayo de 1973 ante el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Bogotá y no fue producto de ninguna Convención Colectiva de Trabajo, dado que en la compañía no existe tal pacto.

2.2.8. Respecto de las inquietudes relacionadas con el plan médico, explicó que “(…) es un auxilio económico de carácter extralegal creado por la compañía para beneficio de sus trabajadores, en virtud del cual la [empresa] reembolsa a sus [empleados] activos un porcentaje del valor de los gastos de salud en los que deba incurrir por cuenta suya o de sus familiares beneficiarios inscritos”. Agregó que dicho beneficio, por excepción concedido a pensionados de IBM, no reemplaza sino que complementa al sistema general de seguridad social en salud y está sujeto a un reglamento interno que establece las condiciones de causación, liquidación y pago del reembolso porcentual aludido.

Atendiendo al asunto sobre las modificaciones de dicho plan, la demandada explicó que siempre se ha fijado un tope en la cuantía que de por vida se establece para el beneficiario y que desde 2001 hasta la actualidad ha sido de US $ 100.000. En ese sentido, explicó que los montos han variado históricamente: en 1968 se fijó en COP $ 33.000; para 1979 de definió como familiar y por valor de COP$ 1.300.000.oo; en 1986 el tope fue de COP$ $ 3.800.000.oo; para 1991 se aumentó a la cantidad de $ 10.200.000.oo y a partir de 1996 a la cantidad de COP $ 29.500.000, siendo su última modificación la ya nombrada del año 2001(23). Respecto de la versión del plan médico de 1973, informó que, dada su antigüedad, no obra en los archivos de la compañía.

Finalmente, la demandada acompañó su respuesta con varias comunicaciones dirigidas al señor Corredor Vega en relación con el plan médico, con el valor del deducible aplicable al mismo y sobre sus aumentos pensionales anuales.

2.2.9. Vencido el término probatorio, Colpensiones guardó silencio.

II. Consideraciones y fundamentos

1. Competencia

Esta Sala es competente para revisar la decisión proferida dentro del expediente de la referencia, con fundamento en los artículos 86 y 241 numeral 9º de la Constitución Política.

2. Planteamiento del caso, problema jurídico y esquema de resolución.

2.1. En el asunto sometido a revisión, los señores Alfonso Corredor Vega, de 94 años, y su esposa, Lucía Ríos de Corredor, fallecida en el trámite procesal, instauraron acción de tutela contra IBM de Colombia y Cía. SCA, al considerar que las consecuencias económicas derivadas del “Pacto de pago único de las mesadas pensionales futuras”, celebrado con la demandada en el año 2001, vulneran gravemente sus derechos fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital, al punto que ahora se encuentran sin recursos para subsistir por el agotamiento de los $ 226.726.497 que les fueron entregados en dicha oportunidad. En ese sentido, sostienen que en el citado acuerdo conciliatorio no se observaron las garantías mínimas e irrenunciables que amparan a los trabajadores en materia pensional y que se desconoció la pensión por jubilación, de origen no convencional, reconocida al señor Corredor Vega por la misma compañía en el año 1973, mediante otra audiencia de conciliación, cuando ya tenía 21 años, 5 meses y 14 días de servicio para la misma y 54 años de edad.

Asimismo, plantearon que, debido a su delicada situación médica, la finalización del plan asistencial ofrecido por IBM en el mismo convenio de 2001 implica una seria amenaza a su derecho a la salud, pues no se encuentran afiliados al sistema general de seguridad social en salud ni cuentan con ningún otro seguro que les ampare en caso de una emergencia. Agregaron que la demandada nunca les informó del cambio introducido a las políticas de prestación del plan médico de reembolsos (tope de US$ 100,000) y que solo hasta 2011 les advirtió del saldo existente, para notificarles en 2012 de su extinción. En esa línea, solicitaron que la aplicación de esa modificación se hiciera efectiva solo a partir del momento en que les dieron pleno aviso de la limitación del plan, es decir, el 15 de marzo de 2011. Sobre el particular, la compañía demandada envió los reglamentos del plan médico para los empleados activos y pensionados de IBM de 1968, 1979, 1986, 1991, 2003, 2005, 2008, 2009, 2010 y 2012, en los que se señalan los diferentes topes en la cuantía que de por vida se establece para el beneficiario, yendo en aumento hasta llegar a los US$ 100,000.

Igualmente, la Sala pudo constatar que el accionante estuvo afiliado al Instituto de Seguros Sociales por cuenta de IBM entre el 1º de enero de 1967 hasta el 30 de julio de 1973 y que en un periodo posterior, comprendido entre el 14 de marzo de 1982 al 23 de marzo de 1990 la Siderúrgica de Boyacá también realizó aportes a su nombre. Estas cotizaciones, permitieron que el accionante acumulara un total 762 semanas, insuficientes para acceder a un derecho pensional a cargo del ISS, por lo que la misma entidad le reconoció la indemnización sustitutiva en cuantía única de $ 28’451.815 en el año 2006.

Por otra parte, se tuvo conocimiento que el demandante no posee bienes inmuebles ni automotores, que los únicos ingresos que percibe actualmente provienen de la ayuda económica de sus hijos y que reside en un apartamento de propiedad de uno de ellos. Asimismo, que sus gastos mensuales ascienden a un aproximado de 6’600.000, para cubrir el servicio de enfermería diurno, nocturno y dominical prescrito por su especialista tratante, así como los servicios domésticos, alimentación, facturas por servicios públicos domiciliarios y otras prestaciones asistenciales y farmacéuticas, dado su delicado estado de salud (enfermedad coronaria, enfermedad vascular periférica, lumbalgia y ciática crónica, atrofia muscular generalizada y marcha con dificultad).

2.2. En consideración a los antecedentes reseñados corresponde a la Sala determinar si una compañía de capital privado —IBM Colombia— vulnera los derechos fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital de una persona —el señor Corredor— y su cónyuge, al solucionar de manera definitiva y en un solo pago su obligación pensional con el primero a través de una conciliación soportada por un cálculo actuarial y celebrada ante el Ministerio del Trabajo, aun cuando el trabajador había cumplido con los requisitos exigidos por el inciso 2º del artículo 8º de la Ley 171 de 1961 para acceder a una pensión vitalicia.

Asimismo, habrá de pronunciarse sobre si la misma entidad vulnera el derecho a la salud de los accionantes, como beneficiarios del plan médico de IBM, al suspenderles el reintegro de los valores invertidos en el pago de servicios médicos, argumentando la existencia de un tope en la cuantía de dichos reconocimientos, cuando, a pesar de sus múltiples enfermedades, no tienen otro seguro de salud ni están afiliados al sistema general de seguridad social.

2.3. En ese orden, la Corte abordará otros asuntos de procedencia como (i) la acción de tutela contra particulares en caso de que el accionante se encuentre en estado de indefensión, (ii) el requisito de subsidiariedad respecto de las acciones ordinarias laborales para reclamar derechos pensionales, y (iii) la inmediatez en el caso concreto.

2.4. Ahora, con el propósito de responder a los problemas jurídicos de fondo, esta Sala de Revisión se pronunciará brevemente sobre (i) la irrenunciabilidad de las garantías mínimas pensionales consagradas por el legislador para los trabajadores y su aplicación respecto de acuerdos de conciliación sobre “pactos de pago único de mesadas pensionales futuras”; y (ii) el régimen de la pensión proporcional por retiro voluntario de conformidad con la Ley 171 de 1961, para finalmente resolver el caso en concreto, incluyendo lo relacionado con el derecho a la salud de los accionantes.

2.5. Previamente, la Sala habrá de pronunciarse sobre la configuración de una carencia actual de objeto en el caso de la señora Lucía Ríos de Corredor, dada la información obtenida por el despacho del magistrado sustanciador en relación con su fallecimiento.

3. Afectación actual de derechos fundamentales. Carencia actual de objeto en el caso de la señora Lucía Ríos de Corredor.

3.1. Considerando que la acción de tutela tiene como objeto la protección de derechos fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados(24), el recurso es inviable cuando: (i) no tenga como pretensión principal la defensa de garantías fundamentales; o (ii) la acción u omisión que atenta contra las mismas no sea actual, es decir, que el amparo carezca de objeto.

3.2. En relación con la segunda situación, en pronunciamientos anteriores, esta misma Sala ha sostenido que “[…] cuando hechos sobrevivientes a la instauración de la acción de tutela, alteran de manera significativa el supuesto fáctico sobre el que se estructuró el reclamo constitucional, al punto que desaparece todo o parte principal de su fundamento empírico, decae la necesidad de protección actual e inmediata que subyace a la esencia de la acción. A este fenómeno la Corte lo ha denominado como carencia actual del objeto, el cual se presenta de diferentes maneras, destacándose el hecho superado y el daño consumado, cuyas consecuencias son distintas”(25).

Para ilustrar, se presenta un hecho superado cuando los actos que amenazan o vulneran el derecho fundamental desaparecen, al quedar satisfecha la pretensión de la acción de tutela, lo que conlleva a que ya no exista un riesgo; por tanto la orden a impartir por parte del juez constitucional, en principio, pierde su razón de ser, porque no hay perjuicio que evitar(26).

Por otro lado, la carencia actual de objeto en su modalidad de daño consumado ocurre cuando la vulneración o amenaza del derecho fundamental ha producido el perjuicio que se pretendía evitar con el amparo constitucional, y en consecuencia, ya no es posible hacer cesar la violación o impedir que se concrete el peligro, y lo único que procede es la reparación del daño originado en la vulneración del derecho(27).

3.3. Si bien las anteriores modalidades son las más típicas en la jurisprudencia constitucional, no son las únicas especies de la carencia actual de objeto, dado que este género puede agrupar cualquier caso en el que se haya presentado un evento posterior a la solicitud de amparo, sea que venga del propio titular, del accionado o de un tercero, que modifique de forma tal los supuestos de la demanda, al punto que resulte inane la protección real y en el modo original que pretendían lograr los accionantes.

3.4. Por ejemplo, cuando ocurre el fallecimiento del titular de los derechos y este hecho tiene relación directa y específica con el objeto cuyo amparo se pretende a través de la acción de tutela, es decir, aquella situación en la cual se produce el perjuicio que se pretendía evitar con el uso de este mecanismo, esta corporación ha señalado que se está en presencia de un daño consumado(28), ante el cual pueden emitirse medidas de reparación integral(29).

Cuestión distinta ocurre cuando en el curso de la acción constitucional el titular de los derechos, que demanda una prestación personalísima no transmisible, fallece, pero su muerte no se encuentra relacionada con el objeto de la acción. En este caso no se presenta la figura de daño consumado, pero si existe una carencia actual de objeto, en la medida que lo pretendido ya no puede ser satisfecho y, en principio, las órdenes que se profieran por el juez de tutela serían inocuas o “caerían en el vacío por sustracción de materia”. Algunas de estas hipótesis, ya habían sido mencionadas en una oportunidad anterior por esta misma Sala, indicando ejemplos como “(…) cuando la persona muere de un infarto cardíaco y la acción de amparo constitucional pretendía la protección del derecho a la educación por la falta de expedición de certificados de notas, o cuando una persona fallece por un accidente fortuito y requería por tutela el suministro de unos pañales”(30).

3.5. Ahora bien, aunque el hecho sobreviniente —deceso de uno de los accionantes— no esté relacionado directamente con el objeto de la acción, porque no se esté en presencia de un daño consumado, ello no significa que el juez de tutela no pueda pronunciarse sobre una eventual violación a derechos fundamentales o que no pueda prevenir a la entidad respectiva para que evite incurrir en ciertos comportamientos en el futuro o tomar otras medidas reparativas, pues si bien la afectación ya no puede ser actual al momento de emitir una decisión, ello no significa que el comportamiento de la accionada no pueda tildarse como reprochable, si lo fue en su momento o que, en esta sede, la decisión de los jueces de instancia no pueda revisarse de fondo para determinar el alcance de los derechos cuya protección se invocó y verificar si estuvo o no ajustada al ordenamiento jurídico.

3.6. Ahora bien, descendiendo al caso concreto, la Sala observa que el pasado 11 de octubre de 2013, según consta en el certificado de defunción antecedente para el registro civil respectivo, la señora Ríos de Corredor falleció en la ciudad de Bogotá. Este suceso pone de manifiesto que las pretensiones de la cónyuge del señor Corredor Vega en la acción de tutela han perdido su objeto, toda vez que estas buscaban obtener el pago de una pensión de jubilación de la que era directa beneficiaria y la continuación del plan médico para asegurarse unas condiciones de salud estables, pero ha sido precisamente su muerte la que ha hecho que se diluya el motivo constitucional en que se basaba la petición.

3.7. En ese orden de ideas, la Sala considera que se ha configurado el fenómeno de la carencia actual de objeto, toda vez que el fallecimiento sobreviniente de la señora Ríos de Corredor, ha alterado de manera significativa el supuesto fáctico sobre el que se estructuró el reclamo constitucional, a tal punto que la necesidad de protección actual e inmediata, que pretendía con el pago de la pensión en calidad de beneficiaria y la garantía del plan médico, ha desaparecido por completo.

3.8. Si bien para esta Sala es claro que la solución dada al presente caso, en relación con el señor Corredor Vega, necesariamente habría involucrado los derechos de su cónyuge, este planteamiento no excluye lo desarrollado párrafos atrás: aunque el deceso de uno de los accionantes (i) genere la inoperancia del mecanismo de protección originalmente entendido y en principio, no haya orden a impartir respecto de aquél, y (ii) no obedezca a la modalidad de daño consumado; tal como se expresó, ello no impide que la Corte analice si existió una vulneración y, de ser así, determine el alcance de los derechos fundamentales cuya protección se invocó por la señora Lucía, en particular. En consecuencia, la Sala encuentra esencial estudiar el fondo del asunto para evaluar si los derechos de la demandante estuvieron o no amenazados ante la falta de pago de la pensión de su cónyuge y el suministro del citado plan asistencial.

4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra particulares cuando concurren los elementos que configuran el estado de subordinación del accionante.

4.1. De conformidad con el Decreto 2591 de 1991, la Compañía IBM de Colombia, está legitimada como parte pasiva en el proceso de tutela, entre otras razones, debido a que se le atribuye la posible afectación de los derechos fundamentales del señor Corredor Vega.

4.2. Asimismo, la Sala encuentra que como el accionado es una persona estatutaria de carácter particular, es necesario determinar si se materializan los presupuestos de procedibilidad para el ejercicio de la acción en este escenario.

Según el inciso final del artículo 86 de la Carta Política, los presupuestos para que la acción de tutela proceda contra particulares se dan (i) cuando está encargado de la prestación de un servicio público; (ii) cuando su conducta afecta grave y directamente el interés colectivo y; (iii) en aquellos eventos en los cuales el accionante se encuentra en estado de indefensión o subordinación frente al particular accionado. Para el caso estudiado, es la última hipótesis la que interesa analizar a la Sala.

Particularmente, la Corte ha indicado que por subordinación debe entenderse “la condición de una persona que la hace sujetarse a otra o la hace dependiente de ella y, en esa medida, hace alusión principalmente a una situación derivada de una relación jurídica”(31), como la que se puede originar, “en virtud de un contrato de trabajo o de las relaciones entre estudiantes y directivas del plantel educativo o la de los padres e hijos derivada de la patria potestad”(32).

Asimismo, tratándose de relaciones laborales, la jurisprudencia constitucional ha entendido que la subordinación que de ellas se deriva, “(…) se mantiene aun cuando el contrato laboral haya terminado para el momento de la presentación de la acción de tutela, como quiera que es posible que, no obstante que el vínculo laboral finalizó, de aquél se deriven con posterioridad aspectos que ubiquen al extrabajador en esa situación”(33).

En efecto, si bien al momento de la interposición de la tutela el accionante no se encontraba vinculado laboralmente a IBM, la Sala sí advierte que su condición como pensionado de la compañía, con fundamento en su antigua relación de trabajo, lo sujeta y lo hace dependiente económicamente de ella.

Sobre esto último, ha de recordarse que el demandante recibió de la accionada su mesada pensional hasta 2001 y más recientemente, gozó de unos recursos definitivos a título de mesadas pensionales futuras entregadas por IBM. Esta situación, a juicio de la Sala, revela la existencia de un vínculo jurídico de subordinación económica que hasta hoy se mantiene, y cuyas consecuencias son aún más notorias ante el agotamiento de aquellos fondos que le procuraban su mínimo vital, y el cubrimiento de sus necesidades básicas.

Por lo anterior, debe concluirse que procede la acción de tutela impetrada frente al particular demandado.

5. Subsidiariedad respecto de los medios ordinarios de defensa judicial en materia laboral.

5.1. Los artículos 86 de la Carta y 6º del Decreto 2591 de 1991, establecen el carácter subsidiario de la acción de tutela, que tal como lo ha expresado esta colegiatura, puede ser utilizada ante la vulneración o amenaza de derechos fundamentales bajo las siguientes condiciones: i) Que no exista otro medio judicial a través del cual se pueda resolver el conflicto relacionado con la vulneración del derecho fundamental alegado, ii) Que aun existiendo otras acciones, estas no resulten eficaces o idóneas para la protección del derecho, o, iii) Que siendo estas acciones judiciales un remedio integral, resulte necesaria la intervención transitoria del juez de tutela para evitar la consumación de un perjuicio irremediable.

A partir de allí, la Corte ha objetado la valoración genérica del medio de defensa ordinario, pues ha considerado que en abstracto cualquier mecanismo judicial puede considerarse eficaz, dado que la garantía mínima de todo proceso es el respeto y la protección de los derechos constitucionales de los ciudadanos. Por esta razón, la jurisprudencia ha establecido que la eficacia de la acción ordinaria solo puede prodigarse en atención a las características y exigencias propias del caso concreto, de modo que se logre la finalidad de brindar plena y además inmediata protección a los derechos específicos involucrados en cada asunto(34).

5.2. Ahora bien, en relación con la procedencia de la acción de tutela para reclamar acreencias laborales y pensionales, este tribunal ha manifestado que dichos conflictos deben ser resueltos por la jurisdicción ordinaria laboral o por la contenciosa administrativa, y específicamente, si se trata de controversias originadas en el contrato de trabajo es la primera de ellas la competente para decidirlas(35). Sin embargo, en casos excepcionales, también se ha aclarado que el reconocimiento y pago de este tipo de prestaciones puede concederse mediante amparo constitucional, si, como fue descrito, los mecanismos judiciales ordinarios son ineficaces, inexistentes o se configura un perjuicio irremediable(36).

Adicionalmente, en materia pensional la Corte ha señalado la procedencia excepcional de la acción de tutela para el reconocimiento de dichas prestaciones, siempre que se afecte de manera clara y evidente un derecho fundamental y la vía ordinaria no tenga la potencialidad de asegurar el goce de la garantía presuntamente conculcada. Y del mismo modo, ha reseñado algunos criterios que permitirían al juez de tutela analizar las circunstancias de mayor o menor afectación en cada caso; así por ejemplo; “(i) la edad y el estado de salud del demandante; (ii) el número de personas a su cargo; (iii) su situación económica y la existencia de otros medios de subsistencia; (iv) la carga de la argumentación o de la prueba en la cual se sustenta la presunta afectación al derecho fundamental; (v) el agotamiento de los recursos administrativos disponibles; entre otros”(37).

5.3. En efecto, para el análisis del caso concreto, los numerales 1º y 5º del artículo 2º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social(38), le otorgan a la jurisdicción ordinaria, en sus especialidades laboral y de seguridad social, el conocimiento de las controversias que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo y las demás obligaciones emanadas de la misma relación laboral.

5.4. En tal sentido, la controversia surgida con motivo del reconocimiento y pago de una pensión a cargo del empleador, así como la relacionada con la prestación del plan de beneficios médicos por IBM, son asuntos emanados del contrato de trabajo y de la relación laboral en general, por lo que, en principio, el señor Corredor Vega tendría a su disposición las acciones ordinarias laborales, en el marco de competencia anotado, para perseguir el pago de su pensión de jubilación y la continuación del plan médico. Sin embargo, analizado en concreto, dicho mecanismo de defensa judicial no resulta eficaz para asegurar la protección urgente e inaplazable a los derechos fundamentales invocados, como quiera que el accionante ha superado ampliamente, con 94 años, el promedio de vida de la población masculina colombiana(39), y en esa medida, es desproporcionado exigirle que acuda a la jurisdicción ordinaria.

5.5. Visto así, no se trata en este caso de un debate en torno a la estricta idoneidad del medio judicial principal, pues la acción ordinaria en el asunto estudiado tiene la aptitud de proteger los derechos alegados y puede asegurar los mismos efectos que se lograrían con la tutela. El punto que cobra importancia, y del que se deriva la procedibilidad definitiva de esta acción constitucional frente a otros medios de defensa, es precisamente que estos no son lo suficientemente expeditos frente a la situación particular del accionante que, debido a su avanzadísima edad y a su estado de salud, demanda una respuesta inmediata del aparato judicial.

6. El requisito de inmediatez en la presentación de la acción de tutela y la evaluación del mismo según las particularidades del caso concreto.

6.1. Sobre este asunto preliminar, la Sala debe responder si el accionante desconoció el requisito de inmediatez en la interposición de la acción, habiendo transcurrido un plazo notable entre la fuente de la vulneración, que en principio sería la suscripción del acta de conciliación de 2001, y la radicación de la tutela, considerando que los efectos que el accionante califica como nocivos a sus derechos fundamentales se generaron al momento de agotarse los recursos por el “pacto de pago único de mesadas pensionales futuras” en 2012, oportunidad en que también se suspendieron los pagos del plan médico.

6.2. Conforme a la jurisprudencia de esta corporación, con el denominado requisito de inmediatez se hace referencia a la carga que tienen los accionantes de interponer la tutela dentro de un plazo razonable y proporcionado a partir del evento generador de la supuesta amenaza o vulneración a sus derechos fundamentales, so pena de que se determine su improcedencia(40).

Según la jurisprudencia constitucional, a partir de una interpretación del artículo 86 de la Constitución Política(41), la acción de tutela puede ser interpuesta “en todo momento”, y está libre de mandatos que involucren un término de caducidad. De allí que la ausencia de este plazo implique que el juez no pueda simplemente rechazarla en la etapa de admisión con fundamento en el paso del tiempo.

6.3. Sin embargo, la ausencia de un término de caducidad no significa que la acción no deba interponerse en una plazo razonable desde la amenaza o vulneración(42), pues de acuerdo con la misma disposición constitucional, es un mecanismo para reclamar “la protección inmediata” de garantías fundamentales.

Precisamente, la finalidad de la tutela como vía judicial de protección expedita de derechos fundamentales, demanda del juez constitucional la verificación del tiempo transcurrido entre el hecho generador de la solicitud y la petición de amparo, pues un lapso irrazonable puede llegar a revelar que la protección que se reclama no se requiere con prontitud, y por tal virtud, alterar el carácter preferente y sumario para el que está reservado la acción.

6.4. De conformidad con las pruebas obrantes en el plenario, los efectos que el actor acusa como dañinos para sus garantías a la seguridad social no se ocasionaron en el momento de la suscripción del “pacto de pago único de mesadas pensionales”, dado que los mismos se produjeron para 2012, cuando se agotaron los fondos pensionales en el mes de octubre y se suspendió el plan médico en agosto del mismo año. Esta situación, hace comprensible que el actor interpusiera la tutela en diciembre de ese año, tan solo unos meses después de haberse concretado el riesgo económico no deseable y para el instante en que consideraron vulnerados sus derechos.

Así las cosas, ocurrida la vulneración en los meses de agosto y octubre de 2012 y presentada la acción de tutela en diciembre del mismo año, la Sala encuentra que entre ambos momentos existe un término proporcionado y razonable, por cuanto dichos meses de diferencia representan un periodo de diligencia promedio para acudir a la justicia constitucional, considerando que los peticionarios han de aprovisionarse probatoria y jurídicamente, y más, si se trata de personas de la tercera edad, frente a los cuales ha de flexibilizarse este requisito(43).

6.5. Aprobado el juicio de inmediatez, este tribunal procede a estudiar el fondo del caso.

7. La irrenunciabilidad de las garantías mínimas pensionales consagradas por el legislador para los trabajadores y su aplicación respecto de acuerdos de conciliación sobre “pactos de pago único de mesadas pensionales futuras”.

7.1. La seguridad social, reconocida internacionalmente(44) y consagrada expresamente en el artículo 48 de la Constitución Política, ha sido singularizada por la misma Carta y entendida por esta corporación bajo una doble configuración jurídica, como derecho irrenunciable que debe garantizarse a todos los habitantes del territorio nacional, y como servicio público de carácter obligatorio y esencial a cargo del Estado, que debe prestarse bajo su dirección, coordinación y control, y con sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad(45).

Desde una dimensión teleológica, dicha consigna de la irrenunciabilidad a la seguridad social se propone salvaguardar la dignidad humana y la integridad física o moral contra toda clase de adversidades que quebranten el desenvolvimiento regular de la vida individual, familiar y laboral, por cuanto la gran misión del Estado, como responsable de velar por la garantía de este derecho, que en algunos casos puede estar en cabeza de particulares, es prevenir y combatir las calamidades que, por causa de la vejez, el desempleo, las cargas familiares o una enfermedad, generen desventajas a diversos sectores, grupos o personas de la colectividad.

7.2. En tal sentido, una vez el trabajador reúne los requisitos legalmente exigidos para acceder a esta prestación, obtiene la condición de pensionado y se hace acreedor a un reconocimiento pleno, indiscutible e irrenunciable de su derecho, que por esencia es de carácter vitalicio; de modo que solo su fallecimiento hace viable la extinción del mismo, con la única excepción de que haya lugar a la sustitución pensional establecida por el legislador o por las normas convencionales aplicables a la materia(46). De suerte que, siendo las descritas las formas de extinción del derecho a la pensión, es descartable constitucionalmente otro modo atípico, por cuanto se contrariaría el espíritu y la misma teleología de esta prestación.

7.3. También ha de advertirse por esta Sala que, de conformidad con el artículo 14 del Código Sustantivo del Trabajo, la irrenunciabilidad del derecho a la pensión se produce por la consolidación del mismo, que estando ya causado, es protegido por las disposiciones y garantías legales que regulan el trabajo humano, impidiendo que puedan ser desistibles incluso por su titular(47). De la anterior explicación, que se deduzca entonces porque esta misma protección jurídica no puede predicarse respecto de aquellos trabajadores sobre los cuales no se ha consolidado una situación en derecho, pues tales garantías mínimas aún no se entienden incorporadas válida y definitivamente al patrimonio de una persona, y en ese sentido, no tienen una limitación de orden público que impida su renunciabilidad.

7.4. En relación con lo anotado, esta corporación tuvo oportunidad de pronunciarse en la Sentencia T-890 de 2011, sobre un par de casos en particular, en los que dos extrabajadores de la Chevron Petroleum Company luego de haber celebrado, en diferentes momentos, un acuerdo de conciliación con la demandada por concepto de “pacto único de pensión” con el fin de liberarla definitivamente de cualquier obligación laboral, acudieron al juez de tutela para reclamar prestaciones de orden pensional.

7.4.1. En el primero de ellos, aunque originalmente la peticionaria solicitaba la expedición de un título o bono pensional a cargo de la accionada y a favor del ISS, la Corte amparó sus derechos, pero no en el sentido pretendido, sino encontrando que la demandante cumplía con los requisitos para acceder a una pensión patronal según el artículo 260 de Código Sustantivo del Trabajo. En este sentido, determinó que la conciliación mediante la cual se firmó el “pacto único de pensión” carecía de validez jurídica, en tanto que se procuró acordar sobre un “(…) derecho cierto, indiscutible e irrenunciable en ese momento (…)”, pues durante la vigencia de dicha norma, ya se había consolidado en cabeza de la extrabajadora la situación jurídica contemplada por aquella(48).

7.4.2. Aunque en el segundo caso resuelto por la Corte en aquella oportunidad tampoco se concedió la pretensión relacionada con la obtención del bono pensional, por oposición al primero, no se ordenó el pago de la pensión al accionante ni se encontró inválido el acuerdo conciliatorio. Entre otras razones, se consideró que en este evento no existía certeza del derecho pensional, tal como si lo había en el anterior; pues el peticionario había prestado sus servicios por tan solo 14 años, 8 meses y 25 días, lo cual significó que no cumpliera con los 20 años exigidos por los artículos 59 del Decreto 3041 de 1966 y 260 del Código Sustantivo del Trabajo, y en consecuencia, “(…) no se pretend[iera] garantizar un derecho determinado y cierto, sino discutible y litigioso (…)”.

Como se observa, en este último caso la Corte no encontró probado que el derecho a la pensión alegado por el demandante estuviera consolidado (causado), por lo que negó el amparo ante su condición como no irrenunciable. Sin embargo, en el primer evento, al verificar que la actora sí contaba con los requisitos necesarios para acceder a la pensión del estatuto laboral colombiano, aún existiendo un “pacto único de pensión”, determinó la irrenunciabilidad de este beneficio como garantía mínima que contempla la ley en materia pensional, lo que está íntimamente ligado con el artículo 53 Superior(49), y en consecuencia, ordenó su reconocimiento y pago.

7.5. Tal y como se aprecia, la conciliación en materia laboral constituye uno de los escenarios típicos que albergan discusiones en torno a la irrenunciabilidad e indiscutibilidad de derechos. Y ello es así, como quiera que las relaciones obrero-patronales son causa de numerosos y diversos desacuerdos, que usualmente encuentran en dicha institución la solución negociada del conflicto jurídico, que por lo demás, esta Corte ha custodiado como mecanismo constitucionalmente legítimo para la consecución de intereses públicos y derechos como la paz, precisamente por su carácter autocompositivo y de mediación.

7.6. A su vez, como bien se sugirió, el propio legislador y la jurisprudencia han trazado unos límites en relación con las materias sobre las cuales puede conciliarse y las personas que están facultadas para hacerlo.

En general, solo para ilustrar, se ha prohibido conciliar sobre asuntos como el estado civil de las personas o sobre derechos de incapaces; en relación con derechos que la ley prohíbe a su titular disponer; los asuntos que involucren el orden público, la soberanía nacional o el orden constitucional o sobre materias relativas a la legalidad de los actos administrativos(50).

7.7. En particular, cuando se trata de la conciliación laboral, esta corporación ha indicado que si bien por imperio de la ley el asunto hace tránsito a cosa juzgada como en otras especialidades, la misma puede ser controvertida cuando el acuerdo de voluntades: (i) está afectado por un vicio del consentimiento que lo invalida (C.C., art. 1502) o (ii) si desconoce derechos ciertos e indiscutibles de los trabajadores. Al respecto en Sentencia T-446 de 2001, citando a la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en providencia del año 1983, dicha corporación ya señalaba:

“En el efecto laboral, lo mismo que en otros campos de la vida jurídica el consentimiento expresado por persona capaz y libre de vicios, como el error la fuerza o el dolo, tiene validez plena y efectos reconocidos por la ley, a menos que dentro del ámbito laboral haya renuncia de derechos concretos, claros e indiscutibles por parte del trabajador, que es el caso que tiene que precaver el juez del trabajo cuando en su presencia quienes son o fueron patrono y empleado formalizan un arreglo amigable de divergencias surgidas durante el desarrollo del contrato de trabajo o al tiempo de su finalización”(51).

Justamente, las limitaciones indicadas, han sido el trazo de análisis de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia cuando ha debido resolver asuntos relacionados con acuerdos en los que el trabajador acepta una suma de dinero producto de un cálculo actuarial y bajo la supervisión de la autoridad del trabajo, a cambio de liberar a su empleador o exempleador de alguna obligación pensional. Sobre estos acuerdos, comúnmente llamados “pactos de pago único por mesadas pensionales futuras”, incluso desde antes de la Carta Política de 1991, el máximo tribunal de la justicia ordinaria expresó:

“Ahora bien, la transacción se rige entre nosotros por los lineamientos trazados en el Código Civil pero tiene para el derecho laboral una limitación explícita que es la de que no son válidas las transacciones en las cuales se trate de derechos ciertos e indiscutibles, y ello hace forzoso para los jueces del trabajo examinar esta circunstancia en los casos en que se alegue la transacción, para prevenir que se despoje al trabajador de derechos cuya renuncia está prohibida por la ley”(52).

7.8. Adicionalmente, en la oportunidad citada, la Sala Laboral se refirió a la ausencia de prohibición legal de estos pactos, siempre que contaran con el lleno de unos requisitos establecidos, indirectamente, por la legislación tributaria y para sus efectos(53):

(…).

Es conveniente aclarar también que, si bien los pactos únicos por concepto de pensiones futuras de jubilación no son objeto de prohibición legal, las normas que los regulan supeditan su viabilidad a la existencia de convenio expreso al respecto acompañado del cálculo actuarial correspondiente y de la aprobación de este último por el Seguro Social o por el Ministerio del Trabajo, requisitos con los cuales se pretende salvaguardar los intereses del trabajador. Obviamente que esa especie de convenio se refiere a pensiones que van a causarse en el futuro y no a pensiones que ya se vengan percibiendo en el presente (…)”(54).

7.9. Aunque la anterior jurisprudencia ha sido ratificada en otras sentencias de la misma corporación, y más recientemente, en sentencia del 22 de noviembre de 2011(55), es necesario advertir que los requisitos a los que se hace referencia en dichas providencias, según la normatividad tributaria que los soporta, constituyen más unas condiciones para generar consecuencias en materia de exenciones y deducibles patronales, y no una forma de desconocer los límites que la legislación del trabajo ha impuesto sobre los convenios que pretenden modificar derechos ciertos e irrenunciables. Si bien dichas normas tributarias, dieron cuenta, en algún momento, de la existencia de esta figura en el tráfico jurídico —pactos—, tales requisitos no deben entenderse como formalidades para hacer legítima una conciliación en materia pensional, máxime cuando el derecho está causado legalmente y constituye un beneficio mínimo del trabajador protegido constitucionalmente, como párrafos más arriba se explicó.

7.10. En tal sentido, lo que esta colegiatura encuentra es que, a partir de los artículos 48 y 53 superiores e incluso con anterioridad a 1991 bajo las estipulaciones del Código Sustantivo del Trabajo(56), la Corte Suprema de Justicia ha entendido, en consonancia con la jurisprudencia constitucional, que las garantías mínimas laborales establecidas por el legislador constituyen límites a las conciliaciones obrero-patronales, en tanto derechos irrenunciables.

Y como ejemplo más reciente, en sentencia del 21 de febrero de 2012 dicha corporación sostuvo que la suma entregada por la empresa demandada al trabajador, a título de retiro pensional extralegal definitivo, no tenía la virtud de anular el derecho cierto e indiscutible que le amparaba en virtud de una pensión derivada de un régimen legal, en este caso el del artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo, como quiera que había completado más de 20 años de servicio y los 55 años de edad(57).

8. Régimen de la pensión proporcional por retiro voluntario dispuesto por el artículo 8º de la Ley 171 de 1961.

8.1. Como ha sido sostenido por esta corporación, el reconocimiento y pago de la pensión sanción “(…) surgió como mecanismo para evitar que el empleador despidiera al trabajador, sin justa causa, cuando aún no cumplía los requisitos necesarios para obtener la pensión de jubilación merecida por el tiempo de servicios (…)”(58). A su lado igualmente, sobresale otro tipo de pensión, que no se genera como consecuencia de una conducta reprochable del empleador hacia el asalariado, sino por iniciativa del mismo a modo de un retiro voluntario luego de un determinado tiempo de servicios, y es digna de protección legal como quiera que reconoce el trabajo prolongado con un patrono y el interés por garantizar una senectud digna.

8.2. La disposición que instituyó este tipo de prestaciones, toda vez que en la realidad se trata de la pensión sanción (despido sin justa causa), por un lado, y la pensión restringida (retiro voluntario), por otro, agrupadas en la llamada pensión proporcional(59), estaban enmarcadas originalmente en el artículo 8º de la Ley 171 de 1961(60), cuyo tenor literal era:

“El trabajador que sin justa causa sea despedido del servicio de una empresa de capital no inferior a ochocientos mil pesos ($ 800.000) después de haber laborado para la misma, o para sus sucursales o subsidiarias durante más de diez (10) años y menos de quince (15) años, continuos o discontinuos, anteriores o posteriores a la vigencia de la presente ley, tendrán derecho a que la empresa lo pensione desde la fecha de su despido, si para entonces tiene cumplidos sesenta (60) años de edad, o desde la fecha en que cumpla esa edad con posterioridad al despido.

Si el retiro se produjere por despido sin justa causa después de quince (15) años de dichos servicios, la pensión principiará a pagarse cuando el trabajador despedido cumpla los cincuenta (50) años de edad, o desde la fecha del despido, si ya los hubiere cumplido. Si, después del mismo tiempo el trabajador se retira voluntariamente, tendrá derecho a la pensión pero sólo cuando cumpla sesenta (60) años de edad.

La cuantía de la pensión será directamente proporcional al tiempo de servicios respecto de la que le habría correspondido al trabajador en caso de reunir todos los requisitos necesarios para gozar de la pensión plena establecida en el artículo 260 del Código Sustantivo de Trabajo, y se liquidará con base en el promedio de los salarios devengados en el último año de servicios.

En todos los demás aspectos la pensión aquí prevista se regirá por las normas legales de la pensión vitalicia de jubilación.

PAR.—Lo dispuesto en este artículo se aplicará también a los trabajadores ligados por contrato de trabajo con la administración pública o con los establecimientos públicos descentralizados, en los mismos casos allí previstos y con referencia a la respectiva pensión plena de jubilación oficial” (resaltado fuera de texto).

8.3. Según se observa, la pensión proporcional de jubilación, por retiro voluntario, nacía a la vida jurídica con el tiempo de servicios exigidos, esto es, más de 15 años y la desvinculación espontánea del trabajador, siendo la edad requerida un simple elemento de exigibilidad para el pago de la prestación. Sobre el particular, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha explicado diáfanamente esta interpretación:

“(…) Cosa distinta es el comienzo de la exigibilidad de la pensión mensual que pide, conforme a la ley, que el jubilado llegue a cierta edad, que las normas laborales indican para cada clase de pensión. (…) Nada distinto cabe entender cuando el artículo 8º, inciso 2º de la Ley 171 de 1961, prevé que quien se retire voluntariamente de una empresa obligada a jubilar a sus trabajadores y después de quince años de servicios tenga derecho a percibir la pensión al llegar a los sesenta años de edad. Si ya tiene los sesenta años en el momento del retiro voluntario, comienza a devengar de inmediato la pensión. Si no los ha cumplido todavía, adquiere el derecho a la prestación al retirarse; pero la obligación para la empresa para satisfacer las mensualidades pensionales queda en suspenso hasta que el titular del derecho llegue a la edad exigida por la ley para disfrutarla”(61).

8.4. Este análisis implica que las modificaciones en la materia y posteriores a este régimen, hechas por los artículos 37 de la Ley 50 de 1990 y 133 de la Ley 100 de 1993, no podían tener efectos sobre situaciones ya consolidadas antes de su vigencia, como pasa a explicarse. La disposición normativa de 1990(62) restringió el alcance del original artículo 8º de la Ley 171 de 1961 y, en términos generales con otros requisitos más, determinó para los trabajadores de empresa privada(63) que la pensión estaría a cargo del patrono siempre y cuando el empleado despedido sin justa causa o habiéndose retirado voluntariamente no estuviera afiliado al Instituto de Seguros Sociales, por no haber asumido dicha entidad el aseguramiento o debido a la omisión del empleador. De modo que las desvinculaciones efectuadas después de la entrada en vigencia de la Ley 50 de 1990 “por un empleador que a través de la relación laboral cumplió con sus obligaciones de afiliación oportuna y cotizaciones al sistema de seguridad social, debidamente acreditadas en juicio”, no quedaban afectados con la posibilidad de la pensión sanción o [pensión por retiro voluntario]” que se mantuvo “para los trabajadores no afiliados al régimen de seguridad social pertinente”(64).

8.5. Señalado lo anterior, se concluye que siempre que la situación jurídica relativa a la pensión proporcional por retiro voluntario se consolide antes del 1º de enero de 1991(65), esto es, si el trabajador cumple con más de 15 años de servicios antes de tal fecha, tiene derecho a una pensión a cargo del empleador en los términos originales del artículo 8º de la Ley 171 de 1961. Esto, por cuanto como fue visto, el requisito de la edad es solamente una condición para la exigibilidad de su pago, de modo que las limitaciones a una pensión plena patronal que se establecen con la participación del ISS no pueden operar si cobraron vigencia después de que el derecho se causó en cabeza del trabajador.

Y bajo la misma dinámica, respecto de una clasificación más amplia de trabajadores, operaría la modificación del artículo 133 de la Ley 100 de 1993. Esta disposición derogó el artículo 37 de la Ley 50 de 1990 y, de acuerdo a ciertas condiciones, determinó una pensión a cargo del empleador y a favor del trabajador despedido sin justa causa que no hubiera sido afiliado al sistema general de pensiones por una omisión del empleador. Esta última modificación, eliminó la figura de la pensión proporcional por retiro voluntario y solo contempló la originada en un despido sin justa causa.

8.6. En suma, la pensión proporcional por retiro voluntario, para los efectos del artículo 8º de la Ley 171 de 1961, se entiende causada con el tiempo de servicios como verdadero requisito de consolidación del derecho, mientras que la edad solo constituye una condición para la exigibilidad de la prestación.

Explicadas las condiciones de causación de este derecho pensional como beneficio mínimo laboral contemplado por el legislador y habiendo hecho las consideraciones pertinentes sobre la irrenunciabilidad de los mismos, esta Sala procede a decidir el caso concreto.

9. Análisis del caso concreto.

9.1. En el asunto revisado, los señores Alfonso Corredor Vega, de 94 años, y su esposa, Lucía Ríos de Corredor, fallecida en el trámite procesal, instauraron acción de tutela contra IBM de Colombia y Cía. SCA, al considerar que las consecuencias económicas derivadas del “Pacto de pago único de las mesadas pensionales futuras”, celebrado con la demandada en el año 2001, estaba vulnerando gravemente sus derechos fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital.

Argumentaron que en la actualidad se encuentran sin recursos para subsistir por el agotamiento del dinero entregado en dicha oportunidad ($ 226.726.497) a título de solución definitiva pensional. En ese sentido, reclamaron que en el citado acuerdo conciliatorio no se observaron las garantías mínimas e irrenunciables que amparan a los trabajadores en materia pensional y que se desconoció la pensión por jubilación, que se otorgó de forma presuntamente extralegal al señor Corredor Vega por la misma compañía en el año 1973, mediante otra audiencia de conciliación, cuando ya tenía 21 años, 5 meses y 14 días de servicio para la misma y 54 años de edad.

9.2. Conforme fue expuesto en las consideraciones, cuando un trabajador reúne los requisitos legalmente exigidos para acceder a una prestación pensional, se entiende que obtiene la condición de pensionado y se hace acreedor a un reconocimiento pleno, indiscutible e irrenunciable de su derecho. En ese sentido, estando ya causado constituye un garantía mínima para su titular, sin posibilidad de discusión.

Considerando esto, se tiene que el señor Corredor Vega al momento de su desvinculación laboral con IBM de Colombia en 1973, había superado los 20 años de prestación de servicio con la misma y se encontraba próximo a cumplir 55 años, el 28 de marzo del calendario siguiente. Esta información, tal y como se expuso en diversos ejemplos, puede ser indicativa de un eventual derecho pensional según el artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo, que dispone que “(…) todo trabajador que preste servicios a una misma empresa de capital de ochocientos mil pesos ($ 800.000) o superior, que llegue o haya llegado a los cincuenta y cinco (55) años de edad, si es varón, o a los cincuenta (50) años si es mujer, después de veinte (20) años de servicios continuos o discontinuos, anteriores o posteriores a la vigencia de este código, tiene derecho a una pensión mensual vitalicia de jubilación o pensión de vejez, equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del promedio de los salarios devengados en el último año de servicio”.

9.3. Sin embargo, para que una situación jurídica en cabeza del señor Corredor Vega pudiera consolidarse plenamente en virtud de la pensión ordinaria del estatuto laboral, era necesario que estando el vínculo laboral vigente hubiera cumplido 55 años de edad. Teniendo en cuenta que la edad en este tipo de pensión, como bien se lee de la norma, no solamente es un requisito para la exigibilidad del pago sino para la causación del derecho, el accionante no cumple con las condiciones para acceder a esta garantía.

9.4. Ahora bien, es a otra conclusión a la que llega esta Sala si analizan los supuestos fácticos alegados a la luz de la normatividad que regula la pensión proporcional por retiro voluntario.

De conformidad con la Ley 171 de 1961, para acceder a esta prestación, basta con que el trabajador haya prestado sus servicios a un mismo patrono por más de 15 años y posterior a ello haya decidido retirarse voluntariamente. Asimismo, a diferencia de la pensión ordinaria del Código Sustantivo del Trabajo o de otros regímenes(66), la edad cumple un papel importante, pero no para la causación del derecho ni para la consolidación de la situación jurídica sino únicamente para la exigibilidad del pago.

9.5. En el caso concreto, el solicitante trabajó por más de 15 años para el mismo empleador, IBM Colombia, y superando ampliamente dicho periodo se retiró voluntariamente de la empresa el 15 de mayo de 1973, tal como consta en el escrito de tutela y en el acta de conciliación celebrado el mismo año.

En este orden, y considerando además que la vigencia del artículo 37 de la Ley 50 de 1990 no afectó en nada la consolidación de su situación jurídica, como quiera que la misma inició el 1º de enero de 1991 y el accionante cumplió los 15 años de servicio a la empresa el 2 de diciembre de 1966 y renunció en 1973, para la Sala es claro que el accionante tenía derecho a la pensión proporcional por retiro voluntario a partir del año 1979, cuando cumpliera los 60 años de edad.

En esa medida, la Corte entiende que desde el año 1979 el actor podía hacer exigible el pago de la citada pensión, como derecho cierto e indiscutible, por lo que el acuerdo conciliatorio del año 2001 en manera alguna constituye cosa juzgada respecto de la situación pensional del accionante. En un análisis más amplio, el pacto debe ser reinterpretado de conformidad con los postulados constitucionales y legales sobre la irrenunciabilidad de la pensión y su carácter vitalicio; de suerte que la Sala lo entiende no como un pago único y definitivo de mesadas pensionales sino como un pago anticipado de las mesadas con que los accionantes lograron solventar sus necesidades básicas hasta una edad determinada.

9.6. Adicionalmente, respecto de los argumentos de los jueces de instancia y la demandada sobre la aceptación jurisprudencial del pacto, siempre que haya un acuerdo expreso, basado en un cálculo actuarial y bajo la aprobación por parte de los inspectores de trabajo; la Sala reitera que esta figura jurídica, a pesar de su mención expresa en anteriores normatividades tributarias, se desarrolló sin perjuicio de los límites constitucionales y legales que constituyen garantías mínimas para el trabajador en tanto versa sobre derechos irrenunciables, dados por el artículo 8º de la Ley 171 de 1961 y que por definición son de por vida.

9.7. Por este motivo, la Sala considera que IBM Colombia si vulneró los derechos fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital del señor Corredor Vega y su cónyuge, al no prever el pago íntegro de la obligación pensional de una persona que superó no solo la expectativa de vida de un cálculo actuarial sino la del promedio nacional, desconociendo el carácter vitalicio y periódico de este derecho; aun cuando el trabajador, había cumplido con los requisitos exigidos por el inciso 2º del artículo 8º de la Ley 171 de 1961 para acceder a una pensión, como derecho irrenunciable e indiscutible.

9.8. En esa línea, se ordenará a IBM Colombia pagar las mesadas adeudadas al señor Corredor Vega desde el momento en que el mismo declaró el agotamiento de los recursos, esto es, desde el 13 de octubre de 2012, efectuando los aumentos de ley respectivos desde el año 2001 y actualizándolos a 2012 según el IPC. Desde luego basándose en que en el año 2001, de acuerdo con documentos obrantes para efectos del cálculo actuarial, el demandante recibía una pensión de $ 1.679.099.

9.8.1. Para explicar la anterior determinación, la Sala advierte que, a partir de una estimación aproximada, la fecha en que el accionante declaró el real agotamiento de los recursos pensionales no necesariamente coincide con el momento hasta el cual, conforme al cálculo actuarial hecho por la compañía, le debieron durar los fondos.

De conformidad con una valoración de (i) los rendimientos que pudo obtener el señor Corredor Vega por entregar sus recursos a una entidad financiera en la modalidad de ahorro ordinario activo desde 2001(67), apenas como medida de diligencia, y (ii) la variación anual de su pensión desde la misma fecha, según el IPC(68), para la Sala, no es irrazonable la fecha que el demandante señala como momento real de agotamiento de los recursos entregados por IBM.

No obstante, aún frente a la falta de coincidencia de ambas fechas, la Sala advierte que debe darse prioridad al momento efectivo en que se le agotaron los recursos al peticionario, como instante cierto de la vulneración y como muestra de la realidad que a partir de allí se pretende proteger a través de esta acción. Por esta razón, es que se ordena que el pago de las mesadas pensionales se haga a partir de 2012 y no en otro momento, pues si bien bajo una aproximación los recursos pudieron verse agotados en otra fecha, (i) esta aproximación se fundamenta en una hipótesis de rendimientos mínimos de capital, sin considerar que el actor pudo haber hecho mejores inversiones con el fin de acrecentar los fondos o, contrario a ello, no haberlos entregado al sistema financiero, y (ii) que el propósito de este mecanismo judicial se corresponde con la protección inaplazable y apremiante de los derechos fundamentales de quien acciona; quien en este caso, señala con meridiana claridad que el estado material de la violación ius fundamental ocurrió el 13 de octubre de 2012, como día en que no pudo hacer más deducciones pensionales de los fondos entregados por IBM para tal propósito.

9.8.2. Con todo, la Corte subraya que la llamada a desvirtuar la fecha señalada por el accionante como momento de agotamiento de los recursos, era la propia IBM; quien contaba con el personal de actuarios para demostrar, si era del caso, una fecha posterior a la indicada por el peticionario, que permitiera concluir que aún contaba con recursos pensionales. Sin embargo, la compañía se limitó a argumentar sobre la legalidad del pacto y no sobre la forma en que pretendía [con el pacto] garantizar la obligación vitalicia al señor Corredor Vega.

9.9. Por otro lado, considerando que la señora Lucía Ríos de Corredor era la única beneficiaria de la pensión de su esposo, y que falleció el 11 de octubre de 2013, para los efectos de esta sentencia, la Sala comprende que no existe, en la actualidad, nadie con la vocación de beneficiarse de la mesada pensional del actor más que él y por tal motivo, el derecho no habría de extenderse post-mortem.

9.10. Ahora en lo que hace a la vulneración del derecho a la salud del accionante, esta Sala encuentra que el plan médico de IBM, no es la única forma de garantizar el derecho a la salud del mismo, y que de conformidad con los reglamentos empresariales aportados al proceso, siempre existió un tope económico para el reintegro de los valores invertidos en servicios de salud. En particular, el tope de los US$ 100.000 se encontraba vigente desde el año 2003 y con anterioridad, las prestaciones siempre fueron progresivas. En consecuencia, en este sentido, la Sala no encuentra vulneración o amenaza del derecho a la salud por parte de IBM.

9.11. Sin embargo, el derecho a la salud del actor será amparado desde otra faceta. Considerando que la prestación pensional que recibirá de ahora en adelante el peticionario está a cargo de la demandada y que su calidad como pensionado le obliga a cotizar al sistema general de seguridad social en salud de conformidad con los artículos 153 y 157 de la Ley 100 de 1993, IBM deberá hacer los descuentos respectivos y aportarlos al sistema, según el artículo 204 de la misma ley y en el porcentaje que la misma disposición establezca.

Asimismo, teniendo en cuenta que el señor Corredor Vega se encuentra afiliado a la Nueva EPS en calidad de beneficiario desde el 1º de marzo de 2013, la demandada deberá adelantar las gestiones administrativas ante la EPS de elección del peticionario para obtener su afiliación como cotizante-pensionado, siempre que se cumplan los requisitos legales para su traslado de EPS, si no desea permanecer en la actual.

III. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo, y por mandato de la Constitución Política,

RESUELVE:

1. MODIFICAR la decisión adoptada el 14 de febrero de 2013, por el Juzgado 19 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá, que a su vez confirmó la decisión adoptada el 21 de diciembre de 2012 por el Juzgado Veintitrés Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Bogotá, que denegó el amparo a los derechos fundamentales invocados, dentro del trámite de la acción de tutela instaurada por Alfonso Corredor Vega y Lucía Ríos de Corredor contra IBM Colombia y Cía. SCA En su lugar, CONCEDER el amparo a los derechos fundamentales a la seguridad social de los accionantes en relación con la pensión de jubilación y NEGAR el amparo del derecho constitucional a la salud.

2. ORDENAR al representante legal de IBM Colombia y Cía. SCA o quien haga sus veces, que dentro de los 5 días siguientes a la notificación de esta sentencia, proceda a liquidar y a pagar la pensión de jubilación proporcional por retiro voluntario al señor Alfonso Corredor Vega, sin más beneficiarios, desde el 13 de octubre de 2012, efectuando los aumentos de ley respectivos desde el año 2001 y actualizándolos a 2012 según el IPC; teniendo en cuenta que para el año 2001 el demandante tenía una pensión de $ 1.679.099.

3. ORDENAR al representante legal de IBM Colombia y Cía. SCA o quien haga sus veces, que dentro de los 5 días siguientes a la notificación de esta sentencia, proceda a adelantar las gestiones administrativas pertinentes para afiliar al señor Corredor Vega como cotizante-pensionado a la entidad promotora de salud de su preferencia, siempre que se cumplan los requisitos legales para su traslado de EPS, si no desea permanecer en la Nueva EPS. Igualmente, la demandada deberá hacer los descuentos respectivos y aportarlos al sistema, según el artículo 204 de la misma ley y en el porcentaje que la misma disposición establezca.

4. Por secretaría, líbrese la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.

Notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.

Magistrados: Luis Guillermo Guerrero Pérez—Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, con salvamento de voto—Jorge Iván Palacio Palacio.

Martha Victoria Sáchica Méndez, Secretaria General.

(1) El expediente de la referencia fue seleccionado para revisión por la Sala de Selección de Tutelas Número Seis, mediante auto del 28 de junio de 2013.

(2) Copia de la partida de matrimonio celebrado el 27 de mayo de 1944 entre los accionantes en la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, basílica del voto nacional. Partida registrada en la Notaría 50 del Círculo de Bogotá. Folios del 30 al 32 del cuaderno principal.

(3) Acta de audiencia pública especial de conciliación celebrada el 25 de mayo de 1973. Folios 92 a 95 del cuaderno principal. Igualmente, estos datos son corroborados por el acta de conciliación del 25 de abril de 2001, visible a folios 97 al 101 del mismo cuaderno.

(4) Pretensión fundamentada en el numeral 4º del artículo 8º del Decreto 2351 de 1965, cuyo texto original era el siguiente: “(…) 4. En los contratos a término indefinido, la indemnización se pagará así: a) Cuarenta y cinco (45) días de salario cuando el trabajador tuviere un tiempo de servicios no mayor de un año, cualquiera que sea el capital de la empresa; b) Si el trabajador tuviere más de un (1) año de servicio continuo y menos de cinco (5), se le pagarán quince (15) días adicionales de salario sobre los cuarenta y cinco (45) básicos del literal a), por cada uno de los años de servicio subsiguientes, y proporcionalmente por fracción; c) Si el trabajador tuviere cinco (5) años o más de servicio continuo y menos de diez (10), se le pagarán veinte (20) días adicionales de salario sobre los cuarenta y cinco (45) básicos del literal a), por cada uno de los años de servicio subsiguientes al primero, y proporcionalmente por fracción; y d) Si el trabajador tuviere diez (10) o más años de servicio continuo se le pagarán treinta (30) días adicionales de salario sobre los cuarenta y cinco (45) días básicos del literal a), por cada uno de los años de servicio subsiguientes al primero y proporcionalmente por fracción”.

(5) “ART. 8º—El trabajador que sin justa causa sea despedido del servicio de una empresa de capital no inferior a ochocientos mil pesos ($ 800.000.00), después de haber laborado para la misma o para sus sucursales o subsidiarias durante más de diez (10) años y menos de quince (15) años, continuos o discontinuos, anteriores o posteriores la vigencia de la presente ley, tendrá derecho a que la empresa lo pensione desde la fecha de su despido, si para entonces tiene cumplidos sesenta (60) años de edad, o desde la fecha en que cumpla esa edad con posterioridad al despido.

Si el retiro se produjere por despido sin justa causa después de quince (15) años de dichos servicios, la pensión principiará a pagarse cuando el trabajador despedido cumpla los cincuenta (50) años de edad o desde la fecha del despido, si ya los hubiere cumplido. Si después del mismo tiempo el trabajador se retira voluntariamente, tendrá derecho a la pensión pero solo cuando cumpla sesenta (60) años de edad.

La cuantía de la pensión será directamente proporcional al tiempo de servicios respecto de la que le habría correspondido al trabajador en caso de reunir todos los requisitos necesarios para gozar de la pensión plena establecida en el artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo, y se liquidará con base en el promedio de los salarios devengados en el último año de servicios.

En todos los demás aspectos de la pensión aquí prevista se regirá por las normas legales de la pensión vitalicia de jubilación.

PAR.—Lo dispuesto en este artículo se aplicará también a los trabajadores ligados por contrato de trabajo con la administración pública o con los establecimientos públicos descentralizados, en los mismos casos allí previstos y con referencia a la respectiva pensión plena de jubilación oficial”.

(6) Respuesta de IBM Colombia al auto de pruebas enviado por esta corporación el 15 de octubre de 2013.

(7) El valor global, según el acta de conciliación, fue obtenido a partir dos variables: (i) El valor del cálculo actuarial presentado por el actuario Uladislao Prieto de Watson Wyatt Colombia S.A. el 30 de abril de 2001, equivalente a $ 197.153.476 y (ii) el excedente del 15% sobre el valor anterior ofrecido por la empresa, equivalente a $ 29.573.021. Folios 99 y 109 del cuaderno principal.

(8) Según obra a folios 104 al 106, el importe neto de la conmutación de las mesadas pensionales futuras ($ 226.726.497) fue consignado al señor Corredor Vega en el Fondo de Pensiones Voluntarias de Skandia el 26 de abril de 2001.

(9) Numeral cuarto del acta de conciliación: “Las mesadas pensionales futuras son derechos inciertos y discutibles en la medida que dependen de la supervivencia del (de la) extrabajador(a) compareciente y la de sus beneficiarios en caso de muerte de éste(a), razón por la cual la conciliación sobre las mismas es válida. La legislación colombiana y la jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia le han dado valor legal a la conciliación legal que verse sobre ellas, siempre que esté soportada en un cálculo actuarial idóneo y consientan en ella los potenciales beneficiarios de una sustitución pensional de la misma”. Folio 99 del cuaderno principal.

(10) Basado en la tabla colombiana de mortalidad de rentistas ISS 1980/89.

(11) Numeral sexto del acta de conciliación: “El (la) apoderado(a) del (de la) extrabajador(a) expresamente manifiesta en nombre de este que además de la señora Ríos de Corredor, no hay más personas que eventualmente pudieran tener la calidad de beneficiarios sobrevivientes de su pensión de jubilación”. Folio 99 del cuaderno principal.

(12) “El (la) extrabador(a) (sic) continuará con el derecho a disfrutar del plan médico de la exempleadora en las mismas condiciones de servicios y beneficiarios que tiene en la actualidad y en las que por modificaciones o eliminación tengan en un futuro los trabajadores activos de la exempleadora”.

(13) Carta de la gerente de recursos humanos de IBM, Carolina Rodríguez, dirigida al señor Corredor Vega. Folio 51 del cuaderno principal.

(14) Diagnósticos y prescripciones médicas obrantes a folios 38 a 44 del cuaderno principal.

(15) Diagnóstico médico de 22 de noviembre de 2012. Folio 43 del cuaderno principal.

(16) Escrito de tutela. Folio 3 del cuaderno principal.

(17) El texto completo del cuestionario enviado a los demandantes a través del auto del 10 de octubre de 2013, es el siguiente: “PRIMERO. Ordenar que, por secretaría general, se inste a los accionantes para que, en un término de tres días hábiles, a partir de la notificación de este auto, respondan el siguiente cuestionario:

De cuántas personas se compone su núcleo familiar, si existen hijos o nietos y a qué se dedican.

Cuáles son sus fuentes de ingreso y a cuánto equivalen. (Si tienen pensiones adicionales, rentas por inmuebles, ayudas de familiares cercanos, alimentos, donaciones etc.).

A cuánto equivalen sus gastos mensuales por concepto de manutención, vivienda, transporte, salud, etc.

Si tienen en propiedad o poseen bienes inmuebles o automotores.

Por qué el señor Corredor Vega aparece como afiliado en Colpensiones.

Quién es el propietario del inmueble ubicado en la calle 138 Nº 58d- 01 apto. 401 Torre 2 en la ciudad de Bogotá”.

(18) El texto completo del cuestionario enviado a la compañía demandada, a través del auto del 10 de octubre de 2013, es el siguiente: “SEGUNDO. Ordenar que, por secretaría general, se oficie a IBM de Colombia para que, en un término de tres días hábiles, a partir de la notificación de este auto, explique:

Con base en qué título jurídico le fue concedida la pensión al señor Corredor Vega (ley, convención colectiva, etc.)

Cuál era la regulación de los beneficios del plan médico para los trabajadores de IBM en el año 1973, el año 2001, actualmente cómo funciona y cuáles son los cambios que se han registrado desde 1973. Anexar con esta respuesta, las normas que regulan el plan médico por cada año relacionado (reglamentos de los años 1973, 2001 y 2013)”.

(19) El texto completo del cuestionario enviado a Colpensiones, a través del auto del 10 de octubre de 2013, es el siguiente: “TERCERO. Ordenar que, por secretaría general, se oficie a Colpensiones para que, en un término de tres días hábiles, a partir de la notificación de este auto, remita a este despacho la historia laboral del señor Alfonso Corredor Vega con c.c. 17.001.316 de Bogotá e indique si tiene o no pensión con dicha entidad o si ha sido beneficiario de alguna otra prestación”.

(20) Para soportar la anterior información, los accionantes (i) aportaron el certificado de tradición del inmueble en el que residen, cuya anotación 14 ratifica que el titular del derecho de dominio es su hijo, Julián Corredor Ríos. Asimismo, anexaron (ii) los contratos por prestación de servicios de enfermería celebrados con Iris Montaño y Janeth Acosta, el 29 de junio de 2012 por valor de $ 840.000 y el 1º de abril de 2013 por $ 1.730.000, respectivamente. Además, acompañaron con su respuesta (iii) los comprobantes de pago a estas enfermeras entre los meses de junio y septiembre de 2013, por valor de $ 1.050.000 a la señora Montaño y $ 1.730.000 a la señora Acosta y (iv) los comprobantes de pago, entre los mismos meses, de la pensión de la señora María del Carmen Cruz por valor de $ 600.000. Con respecto a los servicios de salud, agregó (v) numerosas facturas por servicios médicos prestados por el galeno cirujano Eduardo Villamil del mes de octubre de 2013; por la IPS atención respiratoria con motivo de controles practicados a la señora Ríos de Corredor; por concepto de honorarios de oftalmología en la IPS Centro Visual Especializado cobrados al señor Corredor Vega; por atención en consultas médicas y otros procedimientos a cargo del Dr. Hernando Jaime G.; por varios servicios domiciliarios y de laboratorio prestados por la Fundación Santa Fe de Bogotá; y el alquiler de varios cilindros de oxígeno a Aoxiter Ltda. Los peticionarios también enviaron (vi) las facturas de servicios públicos domiciliarios de electricidad de los meses de agosto y octubre de 2013 por un valor promedio de $ 134.000, de acueducto y alcantarillado de los meses de junio, agosto y abril de 2013 por un valor promedio de $ 290.000, de telefonía local y comunicaciones de los meses de julio, agosto y septiembre de 2013 por un valor promedio de $ 142.000, de gas natural de los meses de julio, agosto y septiembre de 2013 por un valor promedio de $ 28.000. También obran (vii) copiosas facturas de compra en el supermercado Olímpica de alimentos y medicamentos, así como (viii) los recibos de caja por el pago de las cuotas de administración ordinarias y extraordinarias del inmueble donde residen ambos accionantes, cuyos valores por mes corresponden a los siguientes: julio a $ 575.000; junio a $ 578.000; septiembre a $ 365.000 y agosto a 555.000. Folios 23 al 116 del cuaderno de revisión.

(21) Resolución 29341 de 2006, por la cual se resuelve una solicitud de prestaciones económicas en el sistema general de pensiones - régimen solidario de prima media con prestación definida. Folio 117 del cuaderno de revisión. El accionante también aportó su historia laboral en Colpensiones, la que da constancia de sus empleadores aportantes y los años de cotizaciones activas: IBM Colombia del 1º de enero de 1967 hasta el 30 de julio de 1973 y Siderúrgica de Boyacá del 14 de marzo de 1982 al 23 de marzo de 1990. Folios 119 al 122 del cuaderno de revisión.

(22) Documento visible a folio 118 del cuaderno de revisión.

(23) Esta aseveración es soportada en versiones y documentos que sustentan las modificaciones en la cuantía del tope para el plan médico de IBM. Folios 134 a 139 del cuaderno de revisión.

(24) Artículo 1º del Decreto 2591 de 1991.

(25) Sentencia T-316A de 2013, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

(26) Bajo esta hipótesis la Corte ha procedido a prevenir al demandado sobre la obligación de proteger el derecho en una próxima oportunidad, de conformidad a lo establecido en el artículo 24 del Decreto 2591 de 1991, y a declarar la carencia actual de objeto por tratarse de un hecho superado, absteniéndose de impartir orden alguna. No obstante, según lo dispuesto en el artículo 26 del mencionado decreto, el expediente podrá reabrirse en cualquier tiempo, si se demuestra que la satisfacción extraprocesal de los derechos reclamados por el interesado ha resultado incumplida o tardía.

(27) Al respecto, ver, entre otras, las sentencias T-083 de 2010 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto), T-495 de 2010 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), T-355 de 2011 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo) y T-703 de 2012 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).

(28) “Esto puede ocurrir, por ejemplo, cuando el sujeto requiere de un tratamiento de diálisis, el cual solicita por vía de la acción de amparo, y en el transcurso del proceso fallece por insuficiencia renal. En este caso, aun cuando en sede de revisión es posible declarar la improcedencia de la acción, la Corte también puede pronunciarse de fondo, cuando la proyección del asunto así lo demande, o cuando surja la necesidad de disponer correctivos que se estimen necesarios”. Sentencia T-1010 de 2012, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

(29) Como medidas de no repetición y de satisfacción, la Corte ha sostenido (i) la necesidad de pronunciarse de fondo en la parte motiva de la sentencia sobre la presencia del daño consumado y sobre si existió o no la vulneración de los derechos invocados en la demanda, lo cual incluye, en el caso del juez de segunda instancia y de la Corte Constitucional, la revisión de los fallos precedentes para señalar si el amparo ha debido ser concedido o negado. De igual manera, este tribunal (ii) ha advertido a la autoridad demandada para que en ningún caso vuelva a incurrir en las acciones u omisiones que dieron mérito para conceder la tutela, al tenor del artículo 24 del Decreto 2591 de 1991. También, la Corte (iii) ha compulsado copias del expediente a las autoridades que considere obligadas a investigar la conducta de los demandados cuya acción u omisión causó el mencionado daño. Ya en otras oportunidades, esta corporación también (iv) ha ordenado actos u obras de alcance o repercusión públicos, con el objetivo de enviar un mensaje de reprobación oficial ante la vulneración de derechos fundamentales. Sobre esto último, en Sentencia T-1090 de 2005, la Corte analizó el caso de dos ciudadanas de raza negra, a quienes por dicha condición se les había negado la entrada a un establecimiento público. En esa ocasión, se optó por la protección de la dimensión objetiva del derecho fundamental vulnerado, adoptándose como fórmula de reparación ordenarle a los demandados asistir a un curso sobre promoción de los derechos humanos a cargo de la Defensoría del Pueblo. Análogamente, en la Sentencia T-576 de 2008, se estudió el caso de una menor que falleció debido a la falta de adecuada atención en salud por parte de su EPS. En dicha oportunidad, la Corte ordenó a la demandada una serie de acciones consistentes en: “(i) colgar una placa en lugar destacado y visible a la entrada de todas sus clínicas en las que resalte de manera clara y expresa su obligación de proteger en todo momento los derechos constitucionales fundamentales de niñas y niños; y, (ii) crear un sistema para financiar una beca anual por el lapso de diez años que beneficie la investigación de algún profesional de la medicina del país, sobre temas relacionados con urgencias infantiles”. Y recientemente, en la Sentencia T-283 de 2012, este tribunal analizó el caso de una menor de edad que necesitaba una cirugía cardiovascular infantil urgente. Sin embargo, la EPS omitió autorizar y gestionar con prontitud la misma, falleciendo la niña durante el trámite constitucional en el que se pretendía la protección de sus derechos. Frente a tal situación, la Corte ordenó a la demandada que publicara al menos dos veces en tres diarios de amplia circulación nacional y en su página de internet un resumen de la providencia y la totalidad de la parte resolutiva de la misma. Además, decretó que la accionada debía colgar una placa conmemorativa en todas sus clínicas, implementar un protocolo adecuado para el servicio de urgencias y realizar un evento conmemorativo en memoria de la fallecida durante los cinco años siguientes.

(30) Ibídem.

(31) Sentencias T-482 de 2004 (M.P. Álvaro Tafur Galvis), T-618 de 2006, (M.P. Jaime Araújo Rentería), entre otras.

(32) Ibídem.

(33) Ibídem. Asimismo, en la Sentencia T-707 de 2008, (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa) esta corporación se refiere al elemento subordinación en asuntos que involucran la vulneración al derecho de petición: “Una cosa es que el derecho de petición no haya sido reglamentado respecto de organizaciones privadas y otra muy distinta que se admita, contra diáfanos postulados de la Constitución, que el trabajador actual o antiguo puede quedar sujeto al “sigilo” de la entidad para la cual labora o laboró, no respecto de asuntos reservados o privados, sino en relación con derechos laborales suyos, salariales o prestacionales”.

(34) En Sentencia T-646 de 2013 (M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez), esta misma Sala de Revisión hizo una reiteración del tema.

(35) Corte Constitucional, sentencias SU-086 de 1999; T-875 y T-999 de 2001; T-179 de 2003; T-963 de 2007; SU-484 de 2008; T-422 y T-786 de 2010; entre muchas otras.

(36) Ver, entre otras, las sentencias T-708 de 2009 (M.P. Juan Carlos Henao Pérez), T-595 de 2011(M.P. Jorge Iván Palacio Palacio) y SU-189 de 2012 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).

(37) Ver, entre otras, las sentencias T-456 de 1994 (M.P. Alejandro Martínez Caballero), T-076 de 1996 (M.P. Jorge Arango Mejía), T-160 de 1997 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa), T-546 de 2001 (M.P. Jaime Córdoba Triviño), T-594 de 2002 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), T-522 de 2010 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), T-1033 de 2010 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio) y T-595 de 2011 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio). Citadas por la Sentencia T-494 de 2013 (M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez).

(38) “ART. 2º—Competencia general. La jurisdicción ordinaria, en sus especialidades laboral y de seguridad social conoce de: (…) 1. Los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo. (…) 5. La ejecución de obligaciones emanadas de la relación de trabajo y del sistema de seguridad social integral que no correspondan a otra autoridad.

(39) Según el Observatorio de Asuntos de Género, la esperanza de vida al nacer para los hombres en Colombia entre 2010 y 2015 oscila de los 72,07 a los 73, 08 años. Ficha Técnica, Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística- http://www.equidadmujer.gov.co/oag/indicadores/Demograficos/ esperanza_de_vida_en_colombia.pdf.

(40) En este sentido, pueden consultarse las sentencias T-526 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño, T-016 de 2006 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), T-692 de 2006 (M.P. Jaime Córdoba Triviño), T-905 de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto), T-1084 de 2006 (M.P. Álvaro Tafur Galvis), T-1009 de 2006 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández), T-792 de 2007 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra), T-825 de 2007 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), T-243 de 2008 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), T-594 de 2008 (M.P. Jaime Córdoba Triviño), T-189 de 2009 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva), T-299 de 2009 (M.P. Mauricio Gonzáles Cuervo), T-265 de 2009 (M.P. Humberto Sierra Porto), T-691 de 2009 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio), T-883 de 2009 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), T-328 de 2010 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio), entre muchas otras.

(41) En la Sentencia SU-961 de 1999, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, puede leerse la interpretación completa de la Corte al respecto.

(42) Sobre el tema, puede consultarse la Sentencia C-543 de 1992, M.P. José Gregorio Hernández Galindo, que declaró la inconstitucionalidad de los artículos 11 y 12 del Decreto 2591 de 1991, pertinentes en el tema de la caducidad de la acción de tutela.

(43) Sobre las consideraciones especiales respecto de personas de la tercera edad al momento de analizar el requisito de inmediatez pueden verse las sentencias T-276 de 2010 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), T-981 de 2011 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva) y T-410 de 2013 (M.P. Nilson Pinilla), entre otras.

(44) La protección que le otorga el ordenamiento interno a la seguridad social se complementa y fortalece por lo dispuesto en el ámbito internacional, a través de varios instrumentos: El artículo 16 de la Declaración Americana de los Derechos de la Persona afirma que: //‘Artículo XVI. Toda persona tiene derecho a la seguridad social que le proteja contra las consecuencias de la desocupación, de la vejez y de la incapacidad que, proveniente de cualquier otra causa ajena a su voluntad, la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios de subsistencia’. //Igualmente se encuentra estipulado en el artículo 9º del Pacto Internacional de Derechos Sociales y Culturales: ‘Los Estados Partes en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social’. //Por su parte, el artículo 9º del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales prescribe: ‘ART. 9º—Derecho a la seguridad social. 1. Toda persona tiene derecho a la seguridad social que la proteja contra las consecuencias de la vejez y de la incapacidad que la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa. En caso de muerte del beneficiario, las prestaciones de seguridad social serán aplicadas a sus dependientes’. // En el mismo sentido el Código Iberoamericano de la Seguridad Social, aprobado por la Ley 516 de 1999, en su artículo 1º, establece: ‘El código reconoce a la seguridad social como un derecho inalienable del ser humano”.

(45) Al respecto, es de advertir que la misma norma constitucional le impone al Estado “organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud a los habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad…”; conforme al literal a) del artículo 2º de la Ley 100 de 1993 “por el cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones” la eficiencia, precisamente, hace referencia a la mejor utilización social y económica de los recursos administrativos, técnicos y financieros disponibles para que los beneficios a que da derecho la seguridad social sean prestados en forma adecuada, oportuna y suficiente.

(46) Justamente, por la entidad que reviste esta garantía prestacional, particularmente la pensión, esta corporación ha advertido que no se trata de un donativo “(…) o de una dádiva que se da por el hecho de haber llegado a determinada edad, sino que es una contraprestación cuyo propósito es permitir descansar a la persona que puso a disposición de la sociedad su fuerza laboral y, además, según el caso, seguir respondiendo a las necesidades propias y las de su familia; y que este derecho no se extingue con el transcurso del tiempo, es decir, que puede ser reclamado en cualquier momento”. Corte Constitucional, Sentencias C-546 de 1992 (M.P. Ciro Angarita Barón y Alejandro Martínez Caballero), C-177 de 1998 (M.P. Alejandro Martínez Caballero), SU-430 de 1998 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa), T-529 de 2002 (M.P. Álvaro Tafur Galvis) y T-430 de 2011 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), entre otras. Citadas por la Sentencia T-890 de 2011 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio).

(47) “ART. 14.—Carácter de orden público. Irrenunciabilidad. Las disposiciones legales que regulan el trabajo humano son de orden público y, por consiguiente, los derechos y prerrogativas que ellas conceden son irrenunciables, salvo los casos expresamente exceptuados por la ley”.

(48) “Ahora bien, tomando en consideración lo dispuesto en esta última norma [artículo 260 del CST]; que la obligación de la empresa accionada de afiliar al Instituto de Seguros Sociales —ISS— a todos sus trabajadores comenzó el 1º de octubre de 1993; que para esa fecha la señora María de Jesús Cuenca Sornoza no solo había cumplido 15 años de servicio a la empresa, sino además los 20 años de servicio y los 50 años de edad que exige el artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo para adquirir el derecho a la pensión de jubilación, resulta claro que la sociedad accionada no ha estado obligada a afiliarla a dicho instituto, ni a expedirle un título o bono pensional, sino a reconocerle y pagarle la pensión de jubilación a partir de la fecha en que cumplió los dos requisitos mencionados”.

(49) “ART. 53.—El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales:

Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad.

El Estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales.

Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la legislación interna”.

La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores” (resaltado fuera de texto).

(50) Corte Constitucional, Sentencia C-893 de 2001 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández).

(51) Sentencia del 23 de agosto de 1983. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral.

(52) Sentencia del 2 de septiembre de 1987, radicación 1477. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral.

(53) “Decreto 2247 de 1974, artículo 78. Cuando un trabajador reciba ingresos en razón de pactos únicos por concepto de pensiones futuras de jubilación, no se gravará ni como renta ni como ganancia ocasional el valor presente de los pagos mensuales, hasta diez mil pesos ($ 10.000). Para acreditar si este valor presente excede o no de diez mil pesos ($ 10.000) mensuales, deberán acompañarse copias del pacto y del cálculo actuarial correspondiente, este último aprobado por el Instituto Colombiano de Seguros Sociales o por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

PAR.—El Gobierno Nacional establecerá los factores para determinar los valores previstos en este artículo”.

“Decreto 331 de 1976, artículo 11. Para que sean deducibles los pagos a los trabajadores en razón de pactos únicos por concepto de pensiones futuras de jubilación, el patrono deberá acompañar a su declaración de renta copia del pacto y del correspondiente cálculo actuarial efectuado de acuerdo con lo establecido en este decreto, y copia del certificado que debió expedir al trabajador sobre el valor actual de la pensión que no causa impuesto de renta ni de ganancia ocasional, según el artículo 78 del Decreto 2247 de 1974.

El certificado del patrono para el trabajador deberá estar aprobado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o por el Instituto Colombiano de Seguros Sociales”.

Ley 75 de 1986, ordinal 5º del artículo 35: (disposición original del estatuto tributario, modificada por el art. 135, num. 5º de la L. 100/93, por el art. 96 de la L. 223/95 y por el art. 51 de la L. 1111/2006): “Están gravados con el impuesto sobre la renta y complementarios la totalidad de los pagos o abonos en cuenta provenientes de la relación laboral o legal y reglamentaria, con excepción de los siguientes: 5. Los primeros ciento setenta mil pesos ($ 170.0000), (valor año base 1986), recibidos mensualmente por concepto de pensiones de jubilación, vejez o invalidez.

Cuando los ingresos correspondan a pactos únicos por concepto de pensiones futuras de jubilación, estará exento el valor presente de los pagos mensuales hasta ciento setenta mil pesos ($ 170.0000), (valor año base 1986)”. En la actualidad, el artículo vigente del estatuto tributario sobre esta materia (rentas exentas de trabajo) no contempla esta figura.

(54) Ibídem.

(55) Sentencia del 22 de noviembre de 2011, radicado 35713, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral: “En lo que tiene que ver con los pactos únicos de pensiones y su relación con la prohibición de conciliar derechos ciertos e indiscutibles, de tiempo atrás se ha admitido por la Sala la validez de esos pactos, siempre y cuando, eso sí, se reúnan las exigencias establecidas en la ley. De ello da cuenta la sentencia proferida por la Sección Segunda el 2 de septiembre de 1987, radicación 1477 (…)”. Para ver otras providencias de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en el mismo sentido: Sentencia del 2 de agosto de 1990, radicación 3840, sentencia de 10 de noviembre de 1995, radicación 7695, traída a colación en otra de 22 de septiembre de 1998, radicación 10805.

(56) “ART. 13.—Mínimo de derechos y garantías. Las disposiciones de este código contienen el mínimo de derechos y garantías consagradas en favor de los trabajadores. No produce efecto alguno cualquiera estipulación que afecte o desconozca este mínimo”.

“ART. 14.—Carácter de orden público. Irrenunciabilidad. Las disposiciones legales que regulan el trabajo humano son de orden público y, por consiguiente, los derechos y prerrogativas que ellas conceden son irrenunciables, salvo los casos expresamente exceptuados por la ley”.

“ART. 15.—Validez de la transacción. Es válida la transacción en los asuntos del trabajo, salvo cuando se trate de derechos ciertos e indiscutibles”.

(57) Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia radicado 38345: “Bajo tales supuestos, y teniendo en cuenta que el sentenciador concluyó que era posible conciliar la jubilación consagrada en el artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo, es pertinente señalar que no sólo los vicios del consentimiento llevan a tener por ineficaz o inválido un acuerdo en materia pensional, sino que también pueden derivarse tales declaraciones, del hecho de haberse privado al trabajador de disfrutar la pensión, dadas las circunstancias incontrovertidas en el proceso, concernientes al tiempo laborado, mucho más de 20 años, y a que por las causas indicadas en la respuesta a la demanda, la empresa no afilió a sus trabajadores al ISS”.

(58) Sentencia T-384 de 2011.

(59) Esta clasificación fue hecha por la sentencia del 22 de noviembre de 2011, radicado 35713, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral.

(60) Esta colegiatura mediante Sentencia C-891ª 2006, (M.P. Rodrigo Escobar Gil), estudió la constitucionalidad del artículo 8º de la Ley 171 de 1961 que consagraba el derecho del trabajador a obtener una pensión sanción cuando fuera despedido sin justa causa. En consonancia con la demanda, la Corte constató la ausencia de mecanismos que permitieran indexar la pensión sanción, y en esa medida determinó que se trataba de una omisión legislativa inconstitucional, que ponía de presente la insuficiencia de la regulación contenida en el artículo demandado y la vulneración del derecho a la igualdad de aquellos que obtuvieron una pensión causada bajo este régimen. Así las cosas, esta corporación determinó su exequibilidad, bajo el entendido de que el artículo accionado también comprendía la actualización constitucionalmente prevista, en los términos del artículo 133 de la Ley 100 de 1993 y en todos aquellos casos en los cuales el derogado artículo aún surtiera efectos.

(61) Sentencia del 21 de septiembre de 2006 (rad. 29406) citada por la sentencia del 11 de mayo de 2010 (rad. 34070). Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Esta posición también puede leerse en la sentencia del 5 de diciembre de 2006 (rad. 29306) de la misma Sala.

(62) “ART. 37.—El artículo 267 del Código Sustantivo del Trabajo, subrogado por el artículo 8º de la Ley 71 de 1961, quedará así: ART. 267.—Pensión después de diez y de quince años de servicio. //En aquellos casos en los cuales el trabajador no esté afiliado al Instituto de Seguros Sociales, ya sea porque dicha entidad no haya asumido el riesgo de vejez, o por omisión del empleador, el trabajador que sin justa causa sea despedido después de haber laborado para el mismo empleador o para sus sucursales o subsidiarias durante más de diez (10) años y menos de quince (15) años, continuos o discontinuos, anteriores o posteriores a la vigencia de la presente ley, tendrá derecho a que dicho empleador lo pensione desde la fecha de su despido, si para entonces tiene cumplidos sesenta (60) años de edad, o desde la fecha en que cumpla esa edad con posterioridad al despido. // Si el retiro se produjere por despido sin justa causa después de quince (15) años de dichos servicios, la pensión principiará a pagarse cuando el trabajador despedido cumpla los cincuenta (50) años de edad o desde la fecha del despido, si ya los hubiere cumplido. Si después del mismo tiempo el trabajador se retira voluntariamente, tendrá derecho a la pensión pero sólo cuando cumpla sesenta (60) años de edad. // La cuantía de la pensión será directamente proporcional al tiempo de servicios respecto de la que le habría correspondido al trabajador en caso de reunir todos los requisitos necesarios para gozar de la pensión plena establecida en el artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo, y se liquidará con base en el promedio de los salarios devengados en el último año de servicios. // En todos los demás aspectos la pensión aquí prevista se regirá por las normas legales de la pensión vitalicia de jubilación. Estas pensiones dejarán de estar a cargo de los empleadores cuando la pensión de vejez sea asumida por el Instituto de Seguros Sociales, de acuerdo con la ley y dentro de los reglamentos que dicte el mismo Instituto. // PAR. 1º—En aquellos casos en que el trabajador esté afiliado al Instituto de Seguros Sociales pero no alcance a completar el número mínimo de semanas que le da derecho a la pensión mínima de vejez, bien porque dicho Instituto no hubiera ampliado su cobertura en la zona respectiva o por omisión del empleador, desde el inicio o durante la relación laboral, el empleador pagará el valor de las cotizaciones que faltaren al Instituto de Seguros Sociales para que el trabajador adquiera el derecho proporcional a la pensión de vejez.// PAR. 2º—En cualquiera de los eventos previstos en el presente artículo el empleador podrá conmutar la pensión con el Instituto de Seguros Sociales”.

(63) En la sentencia del 15 de mayo de 2012 (rad. 37550), la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia aclaró: “En efecto, bastante se ha dicho por la Corte que la pensión proporcional de jubilación contemplada por el artículo 8º de la Ley 171 de 1961 estuvo vigente para los trabajadores particulares hasta la entrada en vigor del artículo 37 de la Ley 50 de 1990, y para los trabajadores oficiales hasta lo propio con el artículo 133 de la Ley 100 de 1993”.

(64) Sentencia C-891A de 2006 con cita a la Corte Suprema de Justicia, Sala Plena Laboral, sentencia de 22 de agosto de 1995, radicación 7571.

(65) Fecha en que entró en vigencia la Ley 50 de 1990.

(66) Artículo 48 de la Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo 1 de 2005: “Para adquirir el derecho a la pensión será necesario cumplir con la edad, el tiempo de servicio, las semanas de cotización o el capital necesario, así como las demás condiciones que señala la ley, sin perjuicio de lo dispuesto para las pensiones de invalidez y sobrevivencia. Los requisitos y beneficios para adquirir el derecho a una pensión de invalidez o de sobrevivencia serán los establecidos por las leyes del sistema general de pensiones”.

(67) De acuerdo a información suministrada por la Superintendencia Financiera de Colombia y el Banco de la República sobre los históricos semanales de tasas de captación en depósitos de ahorro ordinarios activos a partir de abril de 2002, el promedio anual porcentual de las tasas del total de establecimientos, incluyendo bancos comerciales, corporaciones financieras, compañías de financiamiento comercial, organismos cooperativos, entidades financieras especiales y cooperativas financieras, fue el siguiente: para el año 2002 de 3,84, para el año 2003 de 3,91, para el año 2004 de 4,11, para el año 2005 de 4,18, para el año 2006 de 3,78, para el año 2007 de 4,66, para el año 2008 de 5,08, para el año 2009 de 3,49, para el año 2010 de 2,06 y para el año 2011 de 2,25. Del año 2001 no obran reportes históricos en ninguna de las dos entidades, por lo que se tomará como 1%. Http://obiee.banrep.gov.co/analytics/saw.dll?Go&_scid=KZRvCWLmpa8&SearchID=itdbjhecsb12nvbo7hddlh3ria&Options=rdf&Path=/shared/Consulta%20Series%20Estadisticas%20desde%20Excel/1.%20Tasas%20de%20Captacion/1.1%20Serie%20empalmada/1.1.2%20Semanales/1.1.2.2%20Por%20cuentas%20de%20ahorro%20-%20(Desde%20el%2029%20de%20abril%20de%202002%20hasta%20el%2022%20de%20febrero%20de% 202013)/1.1.2.2.2%20Historico%20para%20un%20tipo%20de%20cuenta&ViewState=trdlrt3p7nkdg4os4msq4oqpna&ContainerID=o%3ago~r%3areport&RootViewID=go.

(68) Decreto Reglamentario 692 de 1994 “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 100 de 1993”: “ART. 41.—Reajuste de pensiones. Con el objeto de que las pensiones de vejez o de jubilación, de invalidez y de sustitución o sobrevivientes, en el sistema general de pensiones, mantengan su poder adquisitivo constante, se reajustarán anualmente de oficio, el 1º de enero de cada año, según la variación porcentual del índice de precios al consumidor, total nacional, certificado por el DANE para el año inmediatamente anterior. //No obstante, las pensiones cuyo monto mensual sea igual al salario mínimo legal mensual vigente, serán reajustadas de oficio cada vez y con el mismo porcentaje en que se incremente dicho salario por el gobierno, cuando dicho reajuste resulte superior al de la variación del IPC previsto en el inciso anterior”. Con fundamento en esta disposición, el cálculo de la mesada pensional desde 2001 hasta 2012, según el reporte del DANE sobre la variación del IPC y considerando que en 2001 le pagaban al accionante $ 1.679.099, es el siguiente: para el año 2001 $ 1.679.099,00 (7,65); para el año 2002 $ 1.807.550,07 (6,99); para el año 2003 $ 1.933.897,82 (6,49); para el año 2004 $ 2.059.407,79 (5,50); para el año 2005 $ 2.172.675,22 (4,85); para el año 2006 $ 2.278.049,97 (4,48); para el año 2007 $ 2.380.106,61 (5,69); para el año 2008 $ 2.515.534,67 (7,67); para el año 2009 $ 2.708.476,18 (2,00); para el año 2010 $ 2.762.645,71 (3,17) y para el año 2011 $ 2.850.221,58 (3,73). Fuente de la información estadística del índice de precios al consumidor: http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/ipc/dic13/IPC_Variacion.xls