Sentencia T-729 de noviembre 26 de 1998 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA SEXTA DE REVISIÓN

CONTROVERSIAS SOBRE FUERO SINDICAL

IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA

EXTRACTOS: «Corresponde a la Sala determinar en el grado de revisión, si la acción de tutela es procedente como mecanismo transitorio para ordenar el reintegro y el pago de los salarios y prestaciones sociales a los trabajadores que, no obstante gozar de fuero sindical, en razón a la calidad de miembros de la junta directiva del sindicato de trabajadores del departamento del Cauca, fueron despedidos en forma presuntamente arbitraria, desconociéndose lo dispuesto en el artículo 405 del Código Sustantivo del Trabajo, que exige la calificación por parte del juez del trabajo de la justa causa para la terminación unilateral de sus respectivos contratos de trabajo.

La asamblea departamental del departamento del Cauca, mediante Ordenanza 004 del 2 de febrero de 1998, aprobada por la unanimidad de sus miembros, autorizó al gobernador del departamento, hasta el 30 de diciembre de 1998, para determinar la estructura de la administración departamental.

En ejercicio de dichas facultades, el mandatario departamental accionado expidió los decretos 0259 del 31 de marzo de 1998, 0354 y 0355 del 21 de abril de 1998 y 0379 del 27 de abril de 1998, por medio de los cuales suprimió unos cargos de la planta de personal de la gobernación del Cauca, y ordenó la correspondiente liquidación que por concepto de indemnización se debía aplicar a cada funcionario, con fundamento en el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado a su vez por la Ley 50 de 1990. Dentro de los considerandos de dichos actos administrativos, para motivar su expedición, se dijo:

“Que es deber del departamento responder a los retos del Estado moderno concebido por el constituyente de 1991(...).

Que presentada la propuesta de estructura y organización administrativa por los funcionarios asignados para el departamento del Cauca, se toma en consideración entre otros aspectos: “Una estructura administrativa, a partir de la redefinición de procesos globales, una planta de personal adecuada para su ejecución y la formulación de procedimientos, con su correspondiente sistema de información”.

Que de otra parte, en el programa de gobierno de la actual administración, presentado a todos los ciudadanos asentados en el territorio del Cauca, para acceder y asumir la administración del departamento, se diseñaron los programas para el desarrollo económico, identificado en cada uno de los sectores las principales crisis, entre las que se destacaron: “el crecimiento exagerado de la nómina departamental, el tamaño desmedido de la planta de personal de empresas del orden departamental” y en congruencia con las mismas se plantearon varias soluciones tendientes a superar la actual crisis fiscal y entre otras: “La reestructuración real de la planta de personal de la administración central y de las entidades descentralizadas del orden departamental”, programa que exige la colaboración y el apoyo de todas las partes involucradas en la administración departamental.

Que la administración departamental adelantará un programa de readaptación laboral para capacitar a los empleados que resulten afectados con la supresión de cargos (negrillas fuera de texto).

Con fundamento en las facultades legales y en la autorización conferida por la asamblea departamental en la Ordenanza 004 de 1998, así como en los mencionados decretos, la gobernación del Cauca procedió a expedir las resoluciones respectivas, a través de las cuales pagó las respectivas indemnizaciones a los empleados cuyos cargos habían sido suprimidos, entre ellos los de los accionantes, así como concediendo los recursos de ley contra las mismas. Como motivación, señaló el gobernador que:

“... se hace necesario adoptar una estructura administrativa en concordancia con las funciones constitucionales asignadas a los departamentos y a la realidad económica y financiera de los mismos (...).

Conocidas estas situaciones, en el programa de gobierno de la actual administración, que fue legalmente inscrito y respaldado mayoritariamente por los caucanos en las urnas, y por lo mismo, de obligatorio cumplimiento para el mandatario seccional, se diseñaron los programas para el desarrollo económico, identificando en cada uno de los sectores, las principales crisis en las que se destacaron: “el crecimiento exagerado de la nómina departamental, el tamaño desmedido de la planta de personal, de empresas del orden departamental”, ante las que se plantearon soluciones encaminadas a superar la actual crisis fiscal y entre otras: “la reestructuración real de la planta de personal de la administración central y de las entidades descentralizadas del orden departamental”.

Consecuentemente con lo anterior, la honorable asamblea departamental del Cauca mediante Ordenanza 004 del 2 de febrero de 1998 concedió, por unanimidad, amplia autorización al gobernador “para determinar la estructura de la administración departamental; fijar las funciones de sus dependencias y escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos”.

En uso de estas facultades el gobernador del departamento expidió los decretos 0259 del 31 de marzo de 1998, 0354 y 0355 del 21 de abril de 1998 y 0379 del 27 de abril de 1998 por medio de los cuales se suprimieron unos cargos de la planta de personal de la gobernación del Cauca, y entre otros, el del servidor público de quien trata la presente resolución.

Para efectos de la liquidación de la indemnización, se le aplica la tabla establecida en el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, con la respectiva modificación establecida por la Ley 50 de 1990” (negrillas fuera de texto).

Jurisprudencia de la Corte en relación con el despido de empleados públicos que gozan de fuero sindical y examen del caso.

Cabe señalar ante todo, que, con respecto al despido y traslado de empleados públicos con fuero sindical, la Corte Constitucional mediante sentencia T-076 de 1998, expresó:

“La Ley 362 del 18 de febrero de 1997, estableció lo siguiente:

“ART. 2º—Asuntos de que conoce esta jurisdicción. La jurisdicción del trabajo está instituida para decidir los conflictos jurídicos que se originan directa o indirectamente del contrato de trabajo.

“También conocerá de la ejecución de las obligaciones emanadas de la relación de trabajo; de los asuntos sobre fuero sindical de los trabajadores particulares y oficiales y del que corresponde a los empleados públicos ...”.

En principio resulta claro que la jurisdicción laboral es la competente para conocer de los conflictos que se susciten por razón del fuero sindical de los empleados públicos, mediante el agotamiento de los procedimientos establecidos en el Código Procesal del Trabajo. Cabe advertir que la ley mencionada al atribuir la competencia a la jurisdicción del trabajo para conocer de los asuntos sobre fuero sindical de los empleados públicos tienen efecto general e inmediato y por consiguiente es aplicable a las controversias que se susciten sobre fuero sindical de los empleados públicos” (M.P. Hernando Herrera Vergara) (negrilla fuera del texto).

Según la jurisprudencia transcrita, a partir de la expedición de la Ley 362 de 1997, los asuntos sobre fuero sindical que corresponde a los empleados públicos, son de la competencia de la jurisdicción del trabajo y por consiguiente aquellos tienen la potestad de acudir ante la misma para obtener la protección de sus derechos. Igualmente, y siguiendo la doctrina constitucional, cuando un trabajador amparado por la garantía del fuero sindical es despedido, trasladado o desmejorado en sus condiciones laborales, sin el previo permiso judicial, la acción de reintegro es el mecanismo judicial idóneo para la protección de los derechos. Acción especial, que dada su eficacia y celeridad, hace improcedente la tutela aún como mecanismo transitorio para la protección de los derechos fundamentales a la asociación y a la libertad sindical.

Por su parte, de conformidad con el parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 362 de 1997, “el trámite de los procesos de fuero sindical para los empleados públicos, será el señalado en el título 11 capítulo XVI del Código Procesal del Trabajo”.

Ahora bien, según lo dispuesto en los artículos 114 y siguientes del Código Procesal del Trabajo, el juez laboral deberá decidir la acción de reintegro dentro de los términos legales, por lo que su efectividad no admite reparo, y por ende, hace improcedente el ejercicio simultáneo de la acción de tutela como mecanismo alternativo de defensa judicial.

Ahora bien, los peticionarios argumentan que el gobernador del departamento del Cauca vulneró sus derechos fundamentales al trabajo, a la libertad de asociación sindical y a la defensa, al suprimir sus cargos desconociendo la calidad de empleados públicos con fuero sindical que tenían, y sin haber tramitado previamente, ante el juez ordinario laboral, la respectiva solicitud de despido, por lo que acuden a la tutela como mecanismo de amparo judicial.

Acerca de ello, a juicio de la Sala y siguiendo la doctrina constitucional vigente, la tutela no está llamada a prosperar, por las siguientes razones:

De conformidad con el artículo 86 de la Carta Política, en concordancia con el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela tiene por objeto la protección de los derechos constitucionales fundamentales cuando quiera que sean amenazados o vulnerados por la acción u omisión de una autoridad pública o de un particular, y dada su naturaleza de mecanismo subsidiario y residual, ella sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

En cuanto a la procedencia como mecanismo definitivo, con fundamento en la jurisprudencia transcrita anteriormente, la tutela es improcedente por cuanto para la protección de los derechos fundamentales de los peticionarios existe otro medio de defensa judicial, con igual o mayor efectividad, como lo es la acción de reintegro prevista en el artículo 118 del Código Sustantivo del Trabajo.

En efecto, según el artículo 1º de la Ley 362 de 1997, a la jurisdicción del trabajo, instituida para decidir los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente del contrato de trabajo, le corresponde conocer de los asuntos sobre fuero sindical de los trabajadores particulares y oficiales y del que corresponde a los empleados públicos, en los términos y según el procedimiento previsto en el título 11 capítulo XVI del CPT.

En este mismo sentido, dijo la Corte en la sentencia T-076 de 1998, originaria de esta misma Sala de Revisión, que en principio resulta claro que la jurisdicción laboral es la competente para conocer de los conflictos que se susciten por razón del fuero sindical de los empleados públicos, mediante el agotamiento de los procedimientos establecidos en el Código Procesal del Trabajo. Cabe advertir que esta ley al atribuir la competencia a la jurisdicción del trabajo para conocer de los asuntos sobre fuero sindical de los empleados públicos, tiene efecto general e inmediato.

En consecuencia, siendo la jurisdicción del trabajo la competente para decidir acerca de los asuntos relacionados con el fuero sindical, de acuerdo a lo previsto en los artículos 114 y siguientes del Código Procesal del Trabajo, y el artículo 2º de la Ley 362 de 1997, mediante la consagración de un procedimiento eficaz y especial, no le es dable al juez de tutela, sin perjuicio de la sustitución del juez ordinario y de la usurpación de dichas funciones, resolver esas controversias.

No debe olvidarse que la acción de tutela es de naturaleza residual y subsidiaria y no es procedente cuando quiera que existan otros medios de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, lo que a juicio de la Corte no se encuentra fehacientemente acreditado en este proceso, sino que por el contrario consta en autos que a los demandantes se les reconocieron, como consecuencia de la supresión de sus cargos, unas indemnizaciones.

En cuanto a las pretensiones formuladas por los demandantes encaminadas a que el juez de tutela disponga el reintegro a los cargos que venían ejerciendo al momento de proferirse el acto administrativo que dispuso la supresión de los cargos, cabe igualmente anotar que, ella no resulta procedente, por cuanto “la tutela no puede llegar hasta el extremo de ser el instrumento para satisfacerlas, por cuanto como lo ha señalado esta corporación,

“...no se deduce de manera tajante que un retiro del servicio implica la prosperidad de la tutela, porque si ello fuera así prosperaría la acción en todos los casos en que un servidor público es desligado del servicio o cuando a un trabajador particular se le cancela el contrato de trabajo; sería desnaturalizar la tutela si se afirmara que por el hecho de que a una persona no se le permite continuar trabajando, por tutela se puede ordenar el reintegro al cargo. Solamente en determinados casos, por ejemplo cuando la persona estuviera en una situación de debilidad manifiesta, o de la mujer embarazada, podría estudiarse si la tutela es viable”(1) (negrilla fuera de texto).

(1) Cfr. Corte Constitucional. Sentencia SU-645 de 1997. M.P. Dr. Fabio Morón Díaz.

Como se ha expresado, respecto a la procedencia de la tutela como mecanismo transitorio, tampoco encuentra la Sala que se den los presupuestos necesarios del perjuicio irremediable en el asunto materia de examen.

En efecto, según la jurisprudencia de esta corporación, para que el perjuicio pueda calificarse de irremediable, es indispensable acreditar los presupuestos de necesidad, urgencia, gravedad e inminencia, “pues de otra manera no se violan ni amenazan los intereses del presunto afectado”. En segundo lugar, el daño debe ser grave, “sólo la irreparabilidad que recae sobre un bien de gran significación objetiva para la persona puede ser considerado como grave”. Además, el perjuicio tiene que ser inminente, es decir, que “se haría inevitable la lesión de continuar una determinada circunstancia de hecho”. Y ante esa inminencia, “las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio deben ser urgentes, impostergables”(2).

(2) Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-356 de 1995. M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero.

En el presente asunto, no se encuentra acreditado el perjuicio irremediable, pues no obstante que los accionantes fueron desvinculados de sus cargos, la administración departamental les reconoció y pagó la correspondiente indemnización. Y será la jurisdicción del trabajo la que decida si, en dichos casos, resulta procedente esta última o el reintegro y pago de los salarios dejados de percibir. En consecuencia, respecto a sus derechos, no se dan los presupuestos indispensables que acrediten la existencia del perjuicio irremediable, como mecanismo transitorio y el desconocimiento del fuero sindical. Situación esta que en ningún caso puede ser definida por el juez de tutela, pues ello escapa al ámbito de sus atribuciones.

Tampoco estima la Sala que por la desvinculación de los actores de sus cargos se genere para la organización sindical un grave perjuicio que lleve a la extinción de la misma, pues no sólo por la finalización de la relación laboral no se extingue el vínculo sindical, sino que además dada la conformación de los sindicatos, existe la posibilidad que los cargos que dejen los principales sean asumidos por suplentes o que se reintegre la dirección del sindicato, lo que no configura tampoco un perjuicio irremediable debidamente comprobado.

Finalmente, y no obstante la improcedencia de la tutela, estima pertinente la Sala recabar en que no puede impedirse el desarrollo y el mejoramiento de la calidad de vida de la población, ni la consecución de las finalidades sociales del Estado, y por ende la primacía de los derechos e intereses generales, so pena de hacer prevalecer los derechos individuales; igualmente, tampoco existen derechos absolutos, en la medida en que todos están supeditados a la prevalencia del interés colectivo.

En relación con la supresión ordenada por la gobernación del departamento del Cauca de los empleos que venían desempeñando los accionantes, la Corte considera que dichos cargos administrativos gozan de la presunción de legalidad y tienen efectividad mientras permanezcan vigentes, sin perjuicio de poder ser anulados por la jurisdicción contencioso administrativa en ejercicio de las acciones legales pertinentes.

En tal virtud, se revocarán las sentencias materia de revisión, y en su lugar se rechazarán por improcedentes las tutelas formuladas por los demandantes contra el gobernador del departamento del Cauca, en los procesos de la referencia».

(Sentencia T-729 de noviembre 26 de 1998. Magistrado Ponente: Dr. Hernando Herrera Vergara).

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