Sentencia T-736 de septiembre 29 de 2011

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA SEGUNDA DE REVISIÓN

Ref.: Expediente T-3.066.227

Magistrado Ponente:

Dr. Mauricio González Cuervo

Fallo de tutela objeto revisión: Sentencia del Tribunal Administrativo de Norte de Santander, del 31 de marzo de 2011, que declaró la carencia actual de objeto.

Accionante: Jonathan Arturo Rendón Meléndez.

Accionado: Universidad Francisco de Paula Santander.

Demanda del accionante —elementos—:

Derechos fundamentales invocados: Educación, igualdad y petición.

Conducta que causa la vulneración: La negativa por parte de la entidad accionada de darle el beneficio de exoneración de pago de matrícula al ser damnificado del municipio de Gramalote.

Pretensión: Ordenar a la Universidad Francisco de Paula Santander que le dé el beneficio de exclusión de matrícula ordenado por el Gobierno para los damnificados del municipio de Gramalote.

Bogotá D.C., veintinueve de septiembre de dos mil once.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. Competencia.

Esta Sala es competente para revisar la providencia de tutela antes reseñada, con base en la Constitución Política, artículos 86 y 241 numeral 9º; en el Decreto 2591 de 1991, artículos 33 a 36; y en el auto del treinta y uno de mayo de 2011 de la Sala de Selección de Tutela Cinco de la Corte Constitucional.

2. Problema jurídico.

Corresponde a esta Corte establecer si la Universidad Francisco de Paula Santander, vulneró el derecho a la igualdad y el derecho al debido proceso del accionante al no tener en cuenta durante el procedimiento administrativo correspondiente, los documentos aportados en los que lo certifican como damnificado de Gramalote, y que le darían derecho a ser eximido del pago de matrícula.

Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala realizará un breve recuento sobre la autonomía universitaria y el derecho al debido proceso en las actuaciones de las autoridades administrativas de las universidades y por último, se resolverá el caso concreto.

3. La autonomía universitaria.

La Constitución Política en su artículo 69 consagra la autonomía universitaria, consistente en que las universidades podrán establecer la organización interna de la universidad, los órganos directivos, administrativos, y estudiantiles, su forma de elección, los reglamentos y normas de funcionamiento y de gestión administrativa, donde están establecidos los derechos, deberes, sanciones y procedimientos, en fin, todo lo relacionado con la actividad académica y administrativa del ente educativo(22). La autonomía universitaria ha sido entendida por la jurisprudencia de esta corporación como “una garantía que permite a los entes de educación superior darse su propia normatividad, estructura y concepción ideológica, con el fin de lograr un desarrollo autónomo e independiente de la comunidad educativa, sin la injerencia del poder político”(23).

De lo anterior, se desprende que en desarrollo de la autonomía universitaria las instituciones educativas superiores podrán establecer entre otros los siguientes aspectos: (i) el desarrollo y creación de programas académicos, grupos y líneas de investigación, (ii) los mecanismos que faciliten la elección, designación y periodos de sus directivos y administradores, (iii) los mecanismos de selección de sus profesores y alumnos; (iv) darse y modificar sus estatutos; (v) potestad sancionatoria cuando se demuestra el incumplimiento de alguna disposición; (vi) asumir la elaboración y aprobación de sus presupuestos y (vii) administrar sus propios bienes y recursos(24).

Esta facultad, también les permite a las autoridades universitarias crear incentivos académicos, económicos y administrativos a sus estudiantes, los cuales pueden tener un carácter permanente, transitorio, o su otorgamiento puede estar sujeto al cumplimiento de ciertos requisitos. Cuando las directivas universitarias deciden crear este tipo de beneficios deben establecer de manera clara los destinatarios, los documentos requeridos y el procedimiento con el cual se debe cumplir.

En cuanto a la expedición de reglamentos estudiantiles, la jurisprudencia constitucional ha establecido que una vez que estos entran a regir hacen parte integral del ordenamiento jurídico y se vinculan al contrato de matrícula celebrado entre el estudiante y la universidad(25).

No obstante, la garantía otorgada a las universidades para establecer sus propios reglamentos no es absoluta, pues encuentra límites en el respeto por el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales, en la inspección y vigilancia ejercida por el Presidente de la República, en el cumplimiento de la ley y en el derecho al debido proceso, entre otros(26).

4. El debido proceso, una obligación de las autoridades administrativas de las universidades al aplicar el reglamento educativo.

El derecho al debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Carta Política constituye una garantía para el ejercicio de los derechos constitucionales, legales y reglamentarios en el ámbito universitario razón por la cual, resulta válido que en los reglamentos internos se establezcan beneficios para personas que se encuentra en circunstancias de debilidad manifiesta, los cuales deben ser otorgados a los interesados siempre y cuando cumplan con el procedimiento y los requisitos allí establecidos(27).

Lo anteriormente señalado constituye el respeto al principio de legalidad, y seguridad jurídica de los estudiantes, toda vez que las actuaciones dentro del trámite del otorgamiento de beneficios que se adelanten en los centros educativos, deben estar precedidas de un procedimiento que le permita al interesado demostrar la condición en la que se encuentra, y a la universidad corroborar y darle a los documentos el valor probatorio correspondiente(28).

En consecuencia, se exige que el estudiante presente en el tiempo acordado todos los documentos requeridos en el reglamento, así mismo la universidad debe realizar un estudio juicioso de dichos documentos a fin de evitar fraudes y de otorgarle los beneficios económicos, académicos o administrativos dependiendo del caso, a quien realmente acredite la condición exigida por la universidad en su reglamento, o en las disposiciones a través de las cuales se instrumentan sus políticas.

La Corte en múltiples sentencias ha establecido que el derecho al debido proceso se debe respetar en todas las actuaciones iniciadas por los entes universitarios y estas deben perseguir un fin constitucionalmente válido así como guardar una coherencia entre el fin perseguido y la medida tomada(29).

Debido a lo anterior, la acción de tutela resulta viable como medio de defensa contra las arbitrariedades de las autoridades educativas cuando inaplican un procedimiento anteriormente establecido, o cuando haciendo uso de él, deciden descalificar un documento debidamente presentado.

5. Caso concreto.

La Universidad Francisco de Paula Santander con ocasión de la tragedia ocurrida en el municipio de Gramalote,(30) decidió exonerar del pago de derechos académicos, a los estudiantes que demostraran haber sido afectados por el desastre natural, para lo cual debían presentar entre otros documentos el censo que los acreditara como damnificados de Gramalote.

El accionante presentó la documentación requerida en el tiempo oportuno, sin embargo la universidad, al cotejar dichos documentos con los presentados por el estudiante al momento de su inscripción, entre los cuales se encuentra el diploma de bachiller de un colegió de Cúcuta, recibos públicos de una casa ubicada en este municipio y la manifestación que viviría en esa ciudad durante el tiempo de sus estudios. Debido a lo anterior, la universidad llegó a la conclusión que Jonathan Arturo Rendón Meléndez no era damnificado de la tragedia de Gramalote, razón por la cual decidió no darle ningún valor probatorio al censo que lo acreditaba como tal.

Las instituciones que brindan una educación superior por expreso mandato constitucional gozan de la autonomía universitaria, consistente en la facultad de fijar sus propias normas, reglamentos, procedimientos, etc., los cuales se incorporan al reglamento estudiantil y al contrato firmado entre el estudiante y la institución. La autonomía universitaria no es absoluta, lo que garantiza que las autoridades académicas y administrativas no pueden ejercer esta facultad de manera arbitraria, y les permite a los estudiantes exigir el cumplimiento de sus derechos y deberes.

La Sala observa que las directivas de la universidad y el consejo superior universitario, haciendo uso de la autonomía universitaria, fijaron unos requisitos para exonerar del pago de derechos académicos a los estudiantes que acreditaran ser damnificados del municipio de Gramalote. Como consecuencia de lo anterior el estudiante Jonathan Arturo Rendón Meléndez presentó los documentos requeridos, entre los cuales se encontraba el censo en el cual aparecía como jefe de hogar el señor Hernando Lindarte Bautista. La entidad accionada manifestó que al no coincidir los apellidos del estudiante con el que aparecía en el censo como jefe de hogar, no se podía establecer un parentesco.

Si bien lo anterior pudo generar algún tipo de dudas respecto del parentesco, la Sala observa que la universidad no le solicitó al accionante que aclarara la situación. Por el contrario decidió obviar la existencia del censo, configurándose una violación al debido proceso al no permitirle ejercer la posibilidad de aportar pruebas o aclaraciones adicionales y al obviar una prueba debidamente aportada.

En el expediente, está probado mediante declaración juramentada que el señor Hernando Lindarte Bautista es el padrastro del accionante, lo que explica por qué sus apellidos no coinciden, adicionalmente, aclara el hecho de que en el censo realizado por la gobernación del departamento y presentado por el solicitante a la universidad aparezca como jefe de hogar el señor Hernando Lindarte Bautista.

Por otra parte, el accionante en el escrito de apelación manifestó que si bien desde hace algún tiempo está viviendo en Cúcuta, él depende económicamente de su familia, que en su caso son su padrastro y su madre, adicionalmente informó que no cuenta con los recursos económicos para sufragar el valor de la matrícula.

Todo lo anterior, le permite colegir a la Sala que el accionante efectivamente es damnificado de Gramalote, razón por la cual, esta Sala evidencia que la Universidad en caso de haber tenido dudas sobre su condición de damnificado debió solicitarle pruebas adicionales, sin embargo omitió esto y por el contrario realizó una inadecuada interpretación de las pruebas aportadas por Jonathan Arturo Rendón Meléndez, que lo acreditaban como damnificado y por tanto que le permitían acceder al beneficio otorgado por la universidad.

Debido a lo anterior, esta Corte revocará las decisiones de instancia y en su lugar tutelará el derecho fundamental a la igualdad y el derecho al debido proceso del señor Jonathan Arturo Rendón Meléndez; y ordenará a la Universidad Francisco de Paula Santander otorgarle el beneficio de exclusión de matrícula durante el mismo tiempo que los otros beneficiarios.

5. Razón de la decisión.

La Sala considera que en el presente caso la acción de tutela es procedente, debido a que el accionante solicita la protección del derecho fundamental a la educación, a la igualdad y al debido proceso. Estos derechos fundamentales se han visto vulnerados por parte de la Universidad Francisco de Paula Santander al no admitir una prueba presentada por el accionante la cual lo acreditaba como damnificado del municipio de Gramalote y lo hacía beneficiario del pago de matrícula.

III. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución Política,

RESUELVE:

1. REVOCAR el fallo del Tribunal Administrativo de Norte de Santander del 31 de marzo de 2011, por las razones expuestas en esta providencia, y en su lugar TUTELARÁ los derechos fundamentales al debido proceso y a la educación del señor Jonathan Arturo Rendón Meléndez.

2. ORDENAR al representante legal de la Universidad Francisco de Paula Santander para que le otorgue el beneficio de exclusión al pago de matrícula al estudiante Jonathan Arturo Rendón Meléndez, por un término igual al de los otros estudiantes que fueron favorecidos con dichos beneficios.

3. LÍBRESE por secretaría general la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase».

(22) Sentencia T-850 de 2010.

(23) Sentencia T-850 de 2010.

(24) Sentencia C-1245 de 2000.

(25) Sentencia T-634 de 2003.

(26) Sentencias C-188 de 1996, C-006 de 1996, T-425 de 1993, T-384 de 1995, T-310 de 1999, T-492 de 1992, T-649 de 1998, T-384 de 1995, T-380 de 2003 entre otras.

(27) En la Sentencia T-380 de 2003, la Corte al hablar sobre la imposición de sanciones afirmó: “El derecho al debido proceso contenido en el artículo 29 de la Carta Política es aplicable a las decisiones que se tomen en el medio educativo, razón por la cual, es válida la imposición de sanciones que se señalen en los reglamentos internos de las entidades universitarias, previo agotamiento del trámite que para cada caso exige el mismo plantel”. Lo anterior resulta aplicable análogamente al caso del otorgamiento de beneficios.

(28) Sentencias T-254 de 2007 y T-634 de 2004.

(29) Sentencia T-435 de 2002.

(30) Hecho que fue de público conocimiento a nivel nacional, y divulgado por los diferentes medios de comunicación.