Sentencia T-744 de agosto 6 de 2004 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA TERCERA DE REVISIÓN

PRUEBA DE LA INCAPACIDAD ECONÓMICA

PARA OBTENER SERVICIOS DE SALUD SIN CUMPLIR PERÍODO MÍNIMO DE COTIZACIÓN

EXTRACTOS: «De acuerdo con los hechos narrados por las partes y con las pruebas aportadas en este proceso, se puede concluir que el presente caso versa sobre la prestación, de carácter urgente, de servicios de salud, a un paciente que no cumple con las semanas mínimas de cotización exigidas y no posee la capacidad económica suficiente para cubrir el porcentaje, que la ley establece, del costo de la intervención, ni para cubrir los costos de los exámenes preoperatorios.

El problema jurídico que se debe resolver es el siguiente:

¿Viola una EPS el derecho a la vida, en conexidad con el derecho a la salud, de una persona de la tercera edad, afiliada como beneficiaria al régimen contributivo de salud, al no practicarle ni los exámenes preoperatorios ni una intervención quirúrgica que requiere con urgencia para tratar un cáncer que padece, que fue ordenada por su médico tratante, si se tiene en cuenta que no cumple con el período mínimo de cotización exigido y carece de los medios económicos suficientes para cubrir el porcentaje del valor de la operación que la ley impone en tales casos, y para pagar los exámenes preoperatorios requeridos?

Este problema jurídico ha sido estudiado con anterioridad por la Corte Constitucional en reiteradas oportunidades. Por tal razón, en esta sentencia se aplicará el precedente constitucional relativo a la obligación de la EPS de prestar de manera inmediata, y con cargo al Fosyga, un servicio de salud, que requiere con urgencia un afiliado que no cumple con el período mínimo de cotización y no tiene la capacidad económica suficiente para cubrir el valor proporcional a las semanas de cotización que le hacen falta.

De igual manera se reiterará el precedente constitucional relativo a la carga y a la libertad probatoria de la incapacidad económica, en el trámite de la acción de tutela.

2.1. Es violatorio del derecho a la vida en conexidad con el derecho a la salud, no inaplicar la normatividad referente a los períodos mínimos de cotización, cuando el servicio médico requerido es de carácter urgente, compromete la vida del enfermo, y el paciente no cumple con el período mínimo de cotización exigido y carece de los medios económicos suficientes para cubrir el valor proporcional a las semanas faltantes.

En reiteradas oportunidades (17) , la Corte Constitucional ha señalado que cuando una persona requiere de un tratamiento médico con urgencia, y no puede acceder a este, por no haber cumplido con el período mínimo de cotización exigido por la ley y no tenga la capacidad económica suficiente para pagar el porcentaje del costo del servicio, correspondiente al número de semanas de cotización que le hacen falta, se deberá inaplicar la normatividad referente a los períodos mínimos y la EPS a la que se encuentra afiliada, deberá prestarle oportunamente el servicio, en aras de proteger su derecho fundamental a la vida, en conexidad con el derecho a la salud, sin perjuicio de que pueda repetir con posterioridad contra el Fosyga, por el valor que le correspondía pagar al paciente y del que se hizo cargo la entidad (18) .

Así por ejemplo, en la sentencia T-1153 de 2003 (19) , en la que la Corte Constitucional revisó el caso de un padre de familia, que se encontraba desempleado y a quien se le negaba la práctica de una cirugía urgente para que se le extrajera un tumor cerebral, por no cumplir con las semanas mínimas de cotización, la Corte señaló lo siguiente:

“Hechos similares a los expuestos en esta acción de tutela, han sido analizados por esta corporación, en múltiples oportunidades (ver sents. T- 370/98, T-691/98, T-693/2001, T-787/2001, T-797/2001, T-582/2000, T-1169/2000, T-906/2002 entre otras) en estos pronunciamientos se ha afirmado que ante situaciones de urgencia no es posible oponer períodos mínimos de cotización, pues su exigencia violaría los derechos a la salud y a la vida de las personas que, padeciendo de una enfermedad necesitan la atención médica y hospitalaria en forma inmediata”.

En el mismo sentido, en la sentencia T-328 de 1998 (20) , la Corte Constitucional revisó el caso de un hombre enfermo de SIDA, a quien su EPS no le suministraba los medicamentos que requería para tratar esta enfermedad, por no haber cumplido con las cien semanas de cotización. Al respecto la Corte señaló lo siguiente:

“El conflicto se presenta cuando aquellos que no tienen el dinero suficiente para cubrir las cuotas moderadoras, copagos o no han completado las semanas mínimas de cotización prescritas en la legislación para acceder a los tratamientos de alto costo, los requieren con tal urgencia que sin ellos se verían afectados los derechos constitucionales fundamentales mencionados y, no obstante, con el argumento de cumplir la legislación señalada anteriormente, las empresas promotoras de salud les niegan la atención médica necesaria.

No cabe duda de que los derechos fundamentales de las personas priman sobre cualquier otro tipo de derechos (21) y cuando el conflicto anteriormente descrito se presenta, esta corporación ha sido enfática y clara en la decisión de protegerlos, inaplicando para el caso concreto la legislación y ordenando la prestación de los servicios excluidos, cumpliendo así con lo dispuesto en el artículo 4º de la Constitución Política, pues ni siquiera la ley puede permitir el desconocimiento de los derechos personalísimos de los individuos y, cuando so pretexto de su cumplimiento se atenta contra ellos, no solamente es posible inaplicarla, sino que es un deber hacerlo”.

La Corte aclara en la mencionada sentencia que la inaplicación de la normatividad “no procede automáticamente y en todos los casos, sino que para ello es necesario que se cumplan ciertas condiciones (...)” y hace referencia a las condiciones establecidas en la jurisprudencia constitucional para que sea procedente proteger el derecho a la salud, en conexidad con el derecho a la vida, a través de la acción de tutela. Tales condiciones serán analizados en esta sentencia con posterioridad, respecto del caso particular del señor Tomás Enrique Herrera.

Al revisar los hechos del caso objeto de revisión, es evidente que la EPS Coomeva ha incurrido en una violación del derecho a la vida, en conexidad con el derecho a la salud, del señor Tomás Enrique Herrera. Esta entidad se negó a practicarle una intervención quirúrgica urgente, que tiene un alto grado de efectividad y que previene que el cáncer que padece siga progresando, por no cumplir el paciente con los períodos mínimos de cotización y por no tener los recursos económicos suficientes para cubrir el porcentaje del costo de la operación, que según la normatividad aplicable, estaría obligado a pagar en tales eventos.

Es importante señalar que en el caso del señor Herrera, además de constatar una grave amenaza del derecho a la vida del accionante y su incapacidad económica para costear el porcentaje de la operación que le corresponde, se cumplen con el resto de los requisitos señalados por la jurisprudencia constitucional para que el suministro de un servicio de salud excluido del POS (en este caso, excluido por no cumplir con el período mínimo de cotización), pueda ser ordenado a través de la acción de tutela.

Esta corporación, se manera reiterada (22) , ha establecido que existe una amenaza grave y directa de los derechos fundamentales a la vida y a la integridad física de quien necesita un servicio médico o un medicamento que se encuentra fuera del POS, cuando (i) la falta del servicio médico o del medicamento vulnera o amenaza los derechos a la vida y a la integridad física de quien lo requiere; (ii) ese servicio médico o medicamento no puede ser sustituido por otro que se encuentre incluido en el POS; (iii) el interesado no puede directamente costear el servicio médico o el medicamento, ni puede acceder a estos a través de otro plan de salud que lo beneficie, ni puede pagar las sumas que por acceder a estos le cobre, con autorización legal, la EPS y (iv) el servicio médico o el medicamento ha sido prescrito por un médico adscrito a la EPS de quien se está solicitando el tratamiento.

En tales eventos se ha precisado que es procedente la acción de tutela para amparar los derechos vulnerados antes señalados, y que tratándose del régimen del contributivo de salud, será la EPS a la que se encuentre afiliado el paciente y quien lo ha venido atendiendo, la encargada de prestarle el servicio médico o de suministrarle el medicamento que requiera, con cargo al Fosyga.

En el caso objeto de revisión, el accionante cumple con todos los requisitos antes señalados. En efecto, está probado que (i) se trata de una intervención quirúrgica necesaria para salvaguardar el derecho a la vida del paciente; (ii) no está probado en el expediente que este procedimiento pueda ser reemplazado por otro que no requiera de período mínimo de cotización; (iii) la cirugía fue ordenada por un médico adscrito a la entidad accionada y (iv) el demandante es una persona de la tercera edad, desempleada, afiliada al régimen contributivo como beneficiario, que ha afirmado durante el trámite de la acción que no tiene recursos económicos suficientes para cubrir el porcentaje del valor del servicio médico que se le exige que pague (23) , y que tal afirmación no ha sido desvirtuada por la EPS demandada. De todos estos elementos, tal como se señalará en el acápite siguiente de esta sentencia, se puede deducir su incapacidad económica.

Es importante aclarar que frente al caso del señor Tomás Enrique Herrera, esta Sala de Revisión desconoce (i) cuál es su estado de salud actual, (ii) si en los ocho meses que han transcurrido desde que le fue ordenada la cirugía, logró reunir el dinero suficiente para que le fuera practicada la operación, y de no haberlo logrado, (iii) si la intervención quirúrgica ordenada hace ocho meses (“colectomía subtotal”), sigue siendo adecuada para el estado actual de su enfermedad.

Bajo el supuesto de que la intervención quirúrgica “colectomía subtotal” no le ha sido practicada para la fecha de este fallo, esta Sala de Revisión procederá a ordenarle a Coomeva EPS que en el término de las 48 horas siguientes a la notificación de esta sentencia, previa la revisión del señor Tomás Enrique Herrera por parte de su médico tratante y con el concepto favorable del mismo, esta EPS proceda a programar la cirugía que requiere para el tratamiento del cáncer que padece y le sean suministrados todas las consultas médicas, los medicamentos y los exámenes, de conformidad con lo que ordenen sus médicos tratantes.

Coomeva EPS estará facultada para repetir contra el Fosyga, por el porcentaje equivalente a las semanas mínimas de cotización que le hagan falta al señor Herrera, para acceder a los servicios médicos que el tratamiento de su enfermedad requiera, y que tengan un período mínimo de cotización, teniendo en cuenta la fecha en la que efectivamente se presten los servicios médicos requeridos.

De igual manera, en caso de que en el transcurso del tratamiento, el señor Tomás Enrique Herrera requiera de medicamentos, exámenes o servicios médicos no incluidos en el listado del POS, y cumpla con los requisitos señalados en la jurisprudencia constitucional para inaplicar la normatividad del POS (24) , Coomeva EPS deberá suministrárselos, y tendrá derecho a repetir contra el Fosyga por el valor señalado en la reglamentación vigente.

Siguiendo lo establecido por esta corporación en casos similares, esta Sala de Revisión le advertirá al Ministerio de la Protección Social, como entidad a la que se encuentra adscrito el Fosyga, que en caso de comprobar que el accionante sí tenía la capacidad económica suficiente para acceder por sus propios medios a los servicios médicos que tengan períodos mínimos de cotización y que se le hayan suministrado para el tratamiento de su enfermedad, esta entidad estará facultada para demandarlo civil y penalmente (25) .

De otro lado, esta Sala de Revisión, tras haber concluido que la demora en la práctica de la cirugía ordenada al señor Herrera constituye una amenaza a su derecho a la vida en conexidad con su derecho a la salud, ordenará a Coomeva EPS, en concordancia con el artículo 24 del Decreto 2591 de 1991, que en adelante, se abstenga de retardar la práctica de servicios médicos o el suministro de medicamentos que requieran del cumplimiento de períodos mínimos de cotización, cuando se trate de un tratamiento urgente, y que el paciente no cumpla con los períodos mínimos de cotización requeridos y carezca de los medios económicos suficientes para cubrir el valor proporcional a las semanas faltantes.

Frente a los exámenes preoperatorios faltantes, que no fueron proporcionados por Coomeva EPS y que el accionante no pudo costear por su propia cuenta, esta Sala de Revisión no impartirá una orden específica al respecto, por las siguientes razones: (1) se desconoce si el accionante sigue requiriendo de la misma cirugía y de los mismos exámenes preoperatorios que le fue ordenada hace ocho meses; y (2) en la demanda, el accionante no señaló cuáles de los exámenes que le fueron ordenados (26) estaban pendientes de ser practicados.

En todo caso, en la orden que se le impartirá a Coomeva EPS en esta sentencia, respecto de su obligación de brindarle al señor Herrera, el tratamiento médico integral que por su enfermedad requiera, se entiende incluida la práctica de todos los exámenes preoperatorios necesarios, al igual que el suministro de medicamentos, consultas y tratamientos médicos, sin que le pueda ser exigido el pago del valor proporcional a las semanas de cotización que le hagan falta.

Esta Sala de Revisión considera importante aclarar que los medicamentos y servicios médicos (consultas, exámenes, intervenciones quirúrgicas y tratamientos) sometidos a períodos mínimos de cotización son taxativos y han sido definidos por el legislador y los entes reguladores en el artículo 61 del Decreto 806 de 1998, en la Resolución 5261 de 1994 (Manual de actividades, intervenciones y procedimientos del plan obligatorio de salud) y en las demás normas que los complementen.

Por tal razón, resulta inadmisible y violatorio del derecho a la vida y a la integridad, en conexidad con el derecho a la salud, de un paciente, oponer el cumplimiento de semanas mínimas de cotización, al acceso a medicamentos y/o servicios médicos a los que el legislador o los entes reguladores del sistema de seguridad social en salud, no les hayan impuesto esta restricción (27) .

2.2. Prueba de la incapacidad económica en el trámite de la acción de tutela.

La prueba de la incapacidad económica de los accionantes, es un tema recurrente en el trámite de las acciones de tutela relativas a la vulneración del derecho a la vida y a la integridad, en conexidad con el derecho a la salud, por el no acceso a medicamentos o a servicios médicos, porque no se encuentran incluidos en el listado del POS, o porque el accionante no cumple con los períodos mínimos de cotización y no tiene la capacidad económica para cubrir el valor proporcional a las semanas faltantes, o porque no tiene la capacidad para pagar las cuotas moderadoras, los copagos o las cuotas de recuperación.

La recurrencia en el análisis de la capacidad económica de los accionantes se explica en la medida que este es uno de los criterios definidos por la jurisprudencia constitucional, que debe ser tenido en cuenta por el juez de tutela, en el momento de decidir si frente a un caso particular, es procedente esta acción, para ordenar el suministro del medicamento o del servicio médico requerido y proteger de esta manera los derechos vulnerados o amenazados.

Existe entonces senda jurisprudencia respecto a la prueba de la incapacidad económica en el trámite de la acción de tutela.

A continuación se resume las principales subreglas aplicables (28) :

1. No existe una tarifa legal en materia probatoria, respecto a la prueba de la incapacidad económica del accionante. Si bien en la SU-819 de 1999 (29) se afirmó que, en el caso que se estaba revisando, el accionante debía aportar un balance certificado por contador o su declaración de renta o un certificado de ingresos y salarios, para probar la incapacidad económica que alegaba, en fallos posteriores, esta corporación ha aclarado que en la acción de tutela, no existe tarifa legal para que el accionante pruebe la incapacidad económica que alega (30) .

La Corte Constitucional ha precisado que los medios probatorios señalados en la sentencia SU-819 de 1999 no son taxativos, y que el accionante dispone de completa libertad para utilizar otros medios probatorios que estén a su alcance, para demostrar que no tiene los medios económicos suficientes para pagar el valor que se le exige, para acceder a un servicio médico determinado.

2. La carga probatoria de la incapacidad económica se invierte en cabeza de la EPS o ARS demandada, cuando en el proceso solamente obre como prueba al respecto, la afirmación que en este sentido haya formulado el accionante en el texto de demanda o en la ampliación de los hechos (31) .

Esta corporación ha establecido que, en la medida que las EPS o ARS tienen en sus archivos, información referente a la situación socioeconómica de sus afiliados, estas entidades están en la capacidad de controvertir las afirmaciones formuladas por los accionantes referentes a su incapacidad económica. Por tal razón, su inactividad al respecto, hace que las afirmaciones presentadas por el accionante se tengan como prueba suficiente (32) .

3. Los jueces de tutela tienen el deber de decretar pruebas mediante las cuales se pueda comprobar la incapacidad económica alegada por el accionante. Su inactividad al respecto, no puede conducir a que las afirmaciones del accionante al respecto, sean tenidas como falsas, y se niegue por tal razón, la protección de los derechos fundamentales solicitada (33) .

4. Ante la ausencia de otros medios probatorios, hechos como el desempleo, la afiliación al sistema de seguridad social en salud en calidad de beneficiario y no de cotizante (34) , pertenecer al grupo poblacional de la tercera edad y tener ingresos mensuales equivalentes a un salario mínimo legal mensual, pueden ser tenidos en cuenta como prueba suficiente de la incapacidad económica del accionante, siempre y cuando tal condición no haya sido controvertida por el demandado.

En el caso objeto de revisión se tiene que el señor Tomás Enrique Herrera pertenece al grupo poblacional de la tercera edad (tiene 65 años de edad), afirma que se encuentra desempleado y que no tiene los recursos suficientes para cubrir los costos que se le imponen para acceder a los servicios de salud que requiere con urgencia (35) .

De igual manera se ha probado en el proceso que el señor Herrera está afiliado al sistema de seguridad social en salud en calidad de beneficiario y no de cotizante.

Adicionalmente se debe resaltar que Coomeva EPS, en su escrito de contestación de la demanda, no controvirtió lo alegado por el accionante respecto a su incapacidad económica, a pesar de que tenía a su disposición sus bases de datos, en las que reposa información referente a la situación socioeconómica del accionante.

Por otro lado, ni el juez de primera instancia, ni el de segunda instancia, decretaron pruebas para comprobar la incapacidad económica alegada por el accionante.

Teniendo entonces que en el trámite de la acción de tutela no existe una tarifa legal para probar la incapacidad económica, y que el demandante es una persona de la tercera edad, desempleada, afiliada al régimen contributivo como beneficiario, que afirmó durante el trámite de la acción no tener los recursos económicos suficientes para cubrir el porcentaje del valor del servicio médico que se le exige que pague y que tal afirmación no fue desvirtuada por la EPS demandada, los jueces de instancia debieron tener por probada la incapacidad económica alegada por el accionante y, tal como se analizó en el aparte anterior de esta sentencia, ordenar la práctica de la cirugía requerida.

III. Decisión

En mérito de lo anterior, la Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. Revocar el fallo proferido por el Juzgado Quince Civil Municipal de Barranquilla en el proceso T-908.537, mediante sentencia del tres (3) de febrero de dos mil cuatro (2004).

2. Ordenar a Coomeva EPS S.A. que en el término de las 48 horas siguientes a la notificación de esta sentencia, previa la revisión del señor Tomás Enrique Herrera por parte de su médico tratante y con el concepto favorable del mismo, esta EPS proceda a programar la cirugía que requiere para el tratamiento del cáncer que padece y le sean suministrados todas las consultas médicas, los medicamentos y los exámenes, de conformidad con lo que ordenen sus médicos tratantes.

3. Autorizar a Coomeva EPS para que repita contra el Fosyga, por el porcentaje equivalente a las semanas mínimas de cotización que le hagan falta al señor Tomás Enrique Herrera, para acceder a los servicios médicos que el tratamiento de su enfermedad requiera, teniendo en cuenta la fecha en la que efectivamente se presten los servicios médicos.

De igual manera, se autoriza a Coomeva EPS para que repita contra el Fosyga, por el valor señalado en la reglamentación vigente, de los medicamentos, exámenes o servicios médicos que sea necesario suministrarle al señor Tomás Enrique Herrera en el transcurso de su tratamiento, y que no se encuentren incluidos en el listado del POS, siempre y cuando se cumpla con los requisitos señalados en la jurisprudencia constitucional para inaplicar las normas que regulan el POS, a los que se hizo referencia en la parte motiva de esta sentencia,

El Fosyga dispondrá de quince (15) días para reconocer lo debido o indicar la fecha máxima dentro de la cual lo hará. En todo caso, el término para el pago de la obligación reconocida no podrá exceder de seis (6) meses, contados a partir de la presentación de la petición.

4. Prevenir a Coomeva EPS, para que en adelante, se abstenga de retardar la práctica de servicios médicos o el suministro de medicamentos que requieran del cumplimiento de períodos mínimos de cotización, en el caso de tratamientos urgentes, y que el paciente no cumpla con los períodos de cotización requeridos y carezca de los medios económicos suficientes para cubrir el valor proporcional a las semanas faltantes.

5. ORDENAR al Juez Quince Civil Municipal de Barranquilla, que en aras de garantizar la efectividad de la acción de tutela, notifique este fallo a las partes dentro de los dos días siguientes a su recepción.

6. Líbrese por secretaría general la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, además de remitir copia de la sentencia a la Superintendencia Nacional de Salud y al Ministerio de la Protección Social.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase».

(Sentencia T-744 de 6 de agosto de 2004. Magistrado Ponente: Dr. Manuel José Cepeda Espinosa).

(17) Al respecto, ver las siguientes sentencias, entre otras: T-142 de 2004 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra), T-797 de 2003 (M.P. Rodrigo Escobar Gil), T-133 de 2003 (M.P. Jaime Araújo Rentería), T-1153 de 2003 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra), T-340 de 2003 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett), T-062 de 2003 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett), T-699 de 2002 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra), T-501 de 2002 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett), T-297 de 2001 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández), T-1663 de 2000 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra), T-1130 de 2000 (M.P. Álvaro Tafur Galvis), T-582 de 2000 (M.P. Álvaro Tafur Galvis), T-579 de 2000 (M.P. Álvaro Tafur Galvis), T-236 de 2000 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo), T-228 de 2000 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo), T-901 de 1999 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra), T-876 de 1999 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo).

(18) Al respecto, ver las siguientes sentencias: T-797 de 2003 (M.P. Rodrigo Escobar Gil), T-699 de 2002 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra), T-523 de 2001 (M.P. Manuel José Cepeda), T-236 de 2000 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo) y T-528 de 1999 (M.P. Fabio Morón Díaz), entre muchas otras.

(19) T-1153 de 2003 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra).

(20) T-328 de 1999 (M.P. Fabio Morón Díaz).

(21) C-265 de 1994 (M.P. Alejandro Martínez Caballero) y T-639 de 1997 (M.P. Fabio Morón Díaz).

(22) T-058 de 2004 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), T-178 de 2002 (M.P. Rodrigo Escobar Gil) y T-1204 de 2000 (M.P. Alejandro Martínez Caballero), entre otros casos.

(23) De acuerdo con el parágrafo del artículo 61 del Decreto 806 de 1998, el señor Herrera debe pagar el porcentaje del costo de la operación proporcional al número de semanas que le hacen falta de cotización. Teniendo en cuenta que para la fecha de interponer la acción de tutela había cotizado 22 semanas y que requiere de por lo menos 52, se tiene que el accionante debe cubrir el equivalente al 57.7% del costo de la operación. Según averiguaciones preliminares efectuadas por esta Sala de Revisión, el costo de una colectomía subtotal oscila alrededor de $1’400.000 pesos, de lo que se tiene que por la sola intervención, el señor Herrera estaría obligado a pagar una suma aproximada de $700.000 pesos (correspondiente a 1.95 salarios mínimos legales mensuales). Este valor no incluye el valor de las cuotas moderadoras y de los copagos que adicionalmente deberá pagar por este servicio médico.

(24) Los requisitos se pueden resumir de la siguiente manera: (i) grave amenaza o afectación del derecho a la vida y a la integridad física; (ii) imposibilidad de sustituir el medicamento o el servicio médico por otro que sí esté incluido en el POS; (iii) incapacidad económica del paciente para cubrir el costo del medicamento o del servicio médico requerido y (iv) prescripción del medicamento o del servicio médico por parte de un médico adscrito a la EPS.

(25) Al respecto, ver entre otros fallos, los siguientes: T-683 de 2003 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett), T-1019 de 2002 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra) y T-447 de 2002 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra).

(26) En el folio 24 del expediente, reposa copia del formato de interconsulta de la UBA Boyacá del 24 de noviembre de 2003, en el que el médico que realizó la interconsulta solicitó la práctica de los siguientes exámenes: “hemograma completo, glicemia, pruebas de función hepática que incluyan fosfatasa alcalina, (…), ecografía hepática, radiografía de tórax, antígeno carcinoembrionario, radiografía de colon por enema con doble contraste, electrocardiograma”. Adicionalmente solicitó valoración cardiovascular por medicina interna.

(27) El artículo 61 del Decreto 806 de 1998 define dos grupos de servicios médicos que están sometidos a períodos mínimos de cotización: (1) el tratamiento de enfermedades que requieran manejo quirúrgico de tipo electivo, y que se encuentren catalogadas en el Manual de actividades, intervenciones y procedimientos del plan obligatorio de salud (Res. 5261/94), como del grupo ocho o superiores; y (2) el tratamiento de las enfermedades catastróficas o ruinosas de nivel IV, que a su vez, están definidas en los artículos 16, 17, 21 y 117 de la Resolución 5261 de 1994.

El artículo 17 de la Resolución 5261 de 1994 define como tratamientos de enfermedades ruinosas o catastróficas aquellos “utilizados en el manejo de enfermedades ruinosas o catastróficas que se caracterizan por un bajo costo-efectividad en la modificación del pronóstico y representan un alto costo” y lista los siguientes: a) tratamiento con radioterapia y quimioterapia para el cáncer; b) diálisis para insuficiencia renal crónica, transplante renal, de corazón, de médula ósea y de cornea, c) tratamiento para el SIDA y sus complicaciones; d) tratamiento quirúrgico para enfermedades del corazón y del sistema nervioso central; e) tratamiento quirúrgico para enfermedades de origen genético o congénitas; f) tratamiento médico quirúrgico para el trauma mayor; g) terapia en unidad de cuidados intensivos y h) reemplazos articulares.

El artículo 21 de la Resolución 5261 de 1994 define que el nivel IV de complejidad se establece de acuerdo con el procedimiento practicado en las patologías catastróficas.

(28) En la sentencia T-683 de 2003 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett), se resumió la línea jurisprudencial referente a la prueba de la incapacidad económica en el trámite de la acción de tutela. La descripción de las subreglas aplicables, contenida en la sentencia antes mencionada, ha sido reiterada en sentencias posteriores, entre las que se incluye la sentencia T-819 de 2003 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra).

(29) SU-819 de 1999 (M.P. Álvaro Tafur Galvis).

(30) Al respecto, en la sentencia T-683 de 2003 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett) se señaló lo siguiente: "De la revisión de una parte de la jurisprudencia constitucional en materia de condiciones probatorias del tercero de los requisitos (incapacidad económica del solicitante) para la autorización de procedimientos, intervenciones y medicamentos excluidos del POS, mediante órdenes de tutela, la Corte concluye que: (...) (iii) no existe tarifa legal para demostrar la ausencia de recursos económicos, la misma se puede intentar mediante negaciones indefinidas, certificados de ingresos, formularios de afiliación al sistema, extractos bancarios, declaración de renta, balances contables, testimonios, indicios o cualquier otro medio de prueba". En el mismo sentido, ver también la sentencia T-906 de 2002 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández), entre otras.

Que no exista una tarifa legal respecto a la incapacidad económica, no significa que no se deba probar la incapacidad. Así por ejemplo, en la sentencia T-002 de 2003 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra) se negó la acción de tutela porque el accionante no había probado de manera alguna que carecía de la capacidad económica suficiente para cubrir los costos de los servicios médicos que requería. Ni siquiera así lo afirmó en la demanda.

(31) Al respecto, ver entre otras las siguientes sentencias: T-1019 de 2002 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra), T-906 de 2002 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández), T-861 de 2002 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández), T-699 de 2002 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra), T-447 de 2002 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra), T-279 de 2002 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett), T-113 de 2002 (M.P. Jaime Araújo Rentería).

(32) Al respecto, en la Sentencia T-260 de 2004 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández) se señaló lo siguiente: "El accionante también afirma en su demanda no tener capacidad económica para cubrir los gastos que supone el examen recomendado, lo que no fue controvertido por la entidad accionada, a pesar de que es sabido que estas entidades poseen archivos con información suficiente de sus usuarios para desvirtuar la incapacidad económica que estos aleguen". En el mismo sentido, ver también la sentencia T-861 de 2002 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández) y la T-523 de 2001 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), entre otras.

(33) Al respecto, en la sentencia T-279 de 2002 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett) se señaló lo siguiente: "Como se ha dicho en ocasiones pasadas (T-1120/2001) si el solicitante del amparo aduce en la demanda no contar con la capacidad económica para sufragar el costo de la prueba de laboratorio, de las medicinas o el procedimiento excluido del POS, lo conducente es requerirlo para que aporte prueba que demuestre esa situación o decretar la práctica de pruebas que apunten a desvirtuar su dicho. Pero no es justo concluir que no se reúne uno de los requisitos indispensables para acceder a la tutela demandada por la ausencia de pruebas para demostrarlo, como lo señala la sentencia que se revisa, atribuyendo esa falencia al actor, quien en la mayoría de los casos no sabe qué ni cómo puede probar un hecho determinado, dejando de lado que el juez constitucional de tutela como director del proceso debe hacer uso de la facultad oficiosa que la ley le confiere para decretar la práctica de pruebas que estime necesarias para dictar fallo de fondo ajustado a derecho resolviendo el asunto sometido a su conocimiento (T-018/2001)".

En el mismo sentido ver las siguientes sentencias: T-699 de 2002 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra), T-447 de 2002 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra), T-1120 de 2001 (M.P. Jaime Córdoba Triviño), T-1207 de 2001 (M.P. Rodrigo Escobar Gil), entre otras.

(34) Al respecto, ver las siguientes sentencias: T-867 de 2003 (M.P. Manuel José Cepeda) y T-861 de 2002 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández).

(35) El accionante no aporta al proceso ningún documento relativo a su situación socioeconómica. Todos los documentos aportados, salvo la copia de la cédula de ciudadanía y del carné de afiliación a la EPS, son los referentes al diagnóstico y evolución de su enfermedad, a los exámenes que le han ordenado y a los que se ha practicado.

De la lectura detenida de los documentos aportados, se obtienen los siguientes datos: la dirección donde reside en la ciudad de Barranquilla, su clasificación en estrato social de nivel 4 (en dos facturas proferidas por Coomeva EPS, los días 20 de oct. y 7 de nov. de 2003 y cuya copia fue aportada al expediente en los fls. 14 y 15) y su nivel salarial de tipo 1, según la clasificación de Coomeva EPS (contenida en una orden para un examen, fechada el 20 de sep. de 2003 y cuya copia fue aportada al expediente en el fl. 28).

______________________________