Sentencia T-759 de julio 17 de 2001 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PRIMERA DE REVISIÓN

Sent. T-759, jul. 17/2001. Exp. T-405344

M.P. Jaime Araújo Rentería

Acción de tutela instaurada por Víctor Manuel Arboleda Usma contra el Juzgado Veintiocho Penal Municipal de Medellín.

La Sala Primera de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, compuesta por los magistrados Jaime Araújo Rentería, Alfredo Beltrán Sierra y Manuel José Cepeda Espinosa, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente,

Sentencia

Dentro del proceso de revisión del fallo proferido por el Juzgado Veintiocho Penal del Circuito de Medellín, al resolver sobre la acción de tutela instaurada por Víctor Manuel Arboleda Usma contra el Juzgado Veintiocho Penal Municipal de Medellín.

Antecedentes

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y 33 del Decreto 2591 de 1991, la Sala de Selección Número Uno de esta corporación, mediante auto del diecinueve (19) de enero de 2001 seleccionó para revisión el proceso de la referencia.

1. Hechos.

El ciudadano Víctor Manuel Arboleda Usma demandó en acción de tutela contra el Juzgado Veintiocho Penal Municipal de Medellín, en razón a que este despacho lo condenó mediante Sentencia del 4 de enero de 2000, sin que al respecto se le hubiese notificado previamente resolución o actuación alguna; todo lo cual ocurrió mientras él se encontraba recluido en la cárcel de Bellavista cumpliendo una pena acumulada de los juzgados 1º y 2º promiscuos municipales de Abejorral. Y que a pesar de que dicha circunstancia era conocida por los organismos oficiales encargados de las personas capturadas y por el centro carcelario mismo, a él se lo juzgó como “reo ausente”.

Prosiguió diciendo que en la parte motiva de la sentencia condenatoria el juez de la causa manifestó haber tenido conocimiento de la mencionada situación al momento de expedir su providencia, que posteriormente pidió la nulidad del proceso pero le fue denegada, al igual que la revisión ante la Procuraduría, que a su turno dictaminó que al actor se le había otorgado defensa técnica.

2. Pretensión.

Con fundamento en los anteriores hechos el actor alegó la violación del debido proceso, solicitando al respecto la declaratoria de nulidad del referido proceso.

3. Decisión judicial objeto de revisión.

Del asunto conoció el Juzgado Veintiocho Penal del Circuito de Medellín, el que mediante Sentencia de 26 de octubre de 2000 negó las pretensiones del demandante fundándose en que durante el proceso penal no se tuvo conocimiento sobre su paradero. En tal sentido el juez de instancia expresó que en el fallo censurado existe constancia en cuanto a que sólo el 4 de enero del año 2000 se tuvo oficial información respecto a que el actor se encontraba cautivo en al cárcel de Bellavista. Luego se agregó:

“(...) Todo ello significa, ante su ausencia procesal y el total desconocimiento de su retención por otro asunto, por parte de la autoridad judicial, que se siguieron los trámites legalmente señalados, siendo vinculado como sindicado ausente y debidamente representado por abogado titulado, quedando a salvo el derecho de defensa”.

Consideraciones y fundamentos

1. Competencia.

De conformidad con lo establecido en los artículos 86 inciso 2º y 241-9 de la Constitución Política y los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991, es competente esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional para revisar las decisiones judiciales mencionadas y proferir la sentencia correspondiente.

2. Reiteración de jurisprudencia.

En relación con la tutela contra providencias judiciales por violación del debido proceso, ha dicho esta corporación:

“2. Vía de hecho. Jurisprudencia de la Corte y deber de notificación.

A partir de la Sentencia C-543 de 1992, la Corte ha señalado que la tutela únicamente procede contra providencias judiciales cuando éstas constituyan vías de hecho. La corporación ha indicado que este fenómeno se presenta cuando en la decisión judicial se “incurra en un defecto sustantivo, fáctico, orgánico o procedimental, de tal magnitud que pueda afirmarse que la misma se aparta, de manera ostensible, del ordenamiento jurídico. Ha dicho esta Corte que el defecto sustantivo se configura siempre que la decisión se encuentre fundada en una norma claramente inaplicable al caso concreto. A su turno, el llamado defecto fáctico se origina cuando resulta evidente que el apoyo probatorio en que se basó el juez para aplicar una determinada norma es completamente impertinente o insuficiente. El defecto orgánico, se refiere a aquellas situaciones en las cuales el funcionario judicial carece absolutamente de competencia para resolver el asunto de que se trate. Por último, el defecto procedimental, se presenta en aquellos casos en los cuales el juez se desvía por completo del procedimiento fijado por la ley para dar trámite al proceso respectivo (1)(2) . Cabe advertir que no cualquier defecto de esta naturaleza transforma la decisión judicial en vía de hecho. Se precisa, además, que estos defectos sean protuberantes y manifiestos (3) .

(1) Cfr, entre otras, las sentencias T-231 de 1994, T-008 de 1998, T-567 de 1998.

(2) Sentencia T-654 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

(3) Sentencia T-231 de 1994, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. En igual sentido T-162 de 1998 entre otras.

(...).

La Corte ha señalado que la omisión de las autoridades judiciales en notificar debidamente las actuaciones del proceso constituye una violación al debido proceso, de tal envergadura que la decisión judicial deviene en vía de hecho. Lo anterior por el hecho de que el procesado se ve imposibilitado, por desconocer las providencias, para ejercer debidamente su derecho de defensa (4) .

(4) Ver, entre otras sentencias las siguientes: T-238 de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, T-247 de 1997, M.P. Fabio Morón Díaz, T-684 de 1998, M.P. Antonio Barrera Carbonell, T-498 de 1999, M.P. Antonio Barrera Carbonell.

(...).

Sobre la necesidad de garantizar la comparecencia del procesado al proceso, la Corte ha señalado:

“Es claro que, estando de por medio no solamente el derecho a la libertad personal sino la presunción de inocencia, que, como se recalca, requiere ser desvirtuada en forma contundente para llegar a la condena, el juzgador debe extremar los rigores en el cumplimiento exacto de los preceptos constitucionales, con miras a obtener la comparecencia del sindicado al proceso, agotando todos los medios posibles para localizarlo y asegurar así el ejercicio de su derecho de defensa” (5) .

(5) Sentencia SU-960 de1999, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

Por lo tanto, la existencia de una eventual vía de hecho dependería, por entero, de que las autoridades judiciales no hubiesen agotado los medios para localizar al demandante.

3. Razonable esfuerzo por ubicar el paradero de un procesado. Conducta exigible a un juez de la República.

Las autoridades judiciales tienen la obligación de utilizar todos los medios a su alcance para dar con el paradero de una persona procesada en un proceso penal.

4. Tutela contra providencias judiciales. Insuficiencia de la doctrina de la Corte.

La inexistencia de una vía de hecho en el presente proceso frente al hecho cierto de que el demandante estuvo privado de la libertad al momento de dictarse providencias decisivas dentro del proceso y la sentencia final, llevan a una paradoja. De una parte, la jurisprudencia de la Corte Constitucional (6) ha señalado que, salvo que exista una vía de hecho, las providencias judiciales no son objeto de revisión por parte del juez de tutela. Por otra, resulta incuestionable que el Estado colombiano, tenía la obligación de garantizar al señor Luis Eduardo Torres Sepúlveda su presencia en el proceso fallado por el juez noveno penal del circuito de Bucaramanga, máxime cuando estaba bajo su custodia. Sobre el particular, en Sentencia T-966 de 2000, la Corte señaló:

(6) Sentencia C-531 de 1993 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).

“8. Uno de los derechos que, en principio, no debe ser limitado en virtud de la circunstancia especial que se analiza —la reclusión—, es el derecho al debido proceso y, en especial, el derecho a la defensa. En efecto, si bien en la práctica, estos derechos pueden sufrir alguna restricción como consecuencia necesaria de la suspensión de otros derechos —como el derecho a la libertad personal—, en principio, debe afirmarse que no existe ninguna razón, vinculada a la finalidad de la pena o al mantenimiento del orden y la tranquilidad en los establecimientos de reclusión, que justifique una restricción adicional del debido proceso del procesado, cuando quiera que se trate de una persona internada en un centro penitenciario o carcelario.

Por el contrario, en estas condiciones, es necesario que el Estado asuma una serie de deberes especiales que tiendan a garantizar que la persona privada de su libertad —quien se supone inocente hasta tanto no se demuestre lo contrario—, tenga la posibilidad real y efectiva de defenderse —técnicamente y materialmente— en el proceso que se sigue en su contra”.

Ello significa, que no existiría medio alguno para proteger los derechos constitucionales al debido proceso y a la defensa. Esta paradoja desconoce el principio de efectividad de los derechos constitucionales (C.P., arts. 2º y 4º) y repugna a los postulados básicos de un Estado social de derecho.

En estas condiciones, la doctrina de la vía de hecho, como único supuesto bajo el cual es posible interponer tutela contra una providencia judicial, resulta manifiestamente insuficiente.

En la Sentencia C-543 de 1992, la Corte declaró la inconstitucionalidad de los artículos 11 y 40 del Decreto 2591 de 1992, que preveían la posibilidad de que se ejerciera la acción de tutela contra providencias judiciales definitivas. En la misma decisión, se hizo excepción de la vía de hecho, pues en tales eventos, no se está realmente en presencia de una providencia judicial. La decisión adoptada por la corporación en dicha oportunidad tuvo como base la necesidad de asegurar que el principio de seguridad jurídica, que se concreta en la cosa juzgada, y la independencia judicial no fueran menoscabos por medio de la tutela, ya que se buscaba evitar que ésta se convirtiera en una instancia adicional en la que se estudiara el problema legal sometido a consideración del juez. De ahí que únicamente la violación del debido proceso, en los términos precisados por la Corte, esto es, con los defectos antes anotados y el desconocimiento de la jurisprudencia obligatoria de la Corte Constitucional —sea por apartarse de sus fallos en materia de constitucionalidad o por alejarse, sin razón suficiente, de la interpretación de los derechos constitucionales—, permita la tutela contra sentencias.

Como se puede apreciar, la doctrina de la Corte, que parte de la Sentencia C-543 de 1992, únicamente se ha ocupado del evento en el cual el juez es el responsable de una actuación contraria a la Constitución. Este no es, se repite, el caso que ocupa a la Sala.

5. Tutela contra sentencias. Grave incumplimiento del Estado en el cumplimiento de sus deberes constitucionales.

En la Sentencia C-543 de 1992 la Corte señaló que la seguridad jurídica se erige en pieza fundamental para asegurar un orden justo:

“La introducción de elementos que desconozcan este postulado y que, por tanto, lesiona el valor de la seguridad, impide la vigencia del orden justo al que aspira la Carta Política tanto en el preámbulo como en su artículo 2º, pues el logro de aquél exige momentos de definición judicial que otorguen al conglomerado la confianza en lo resuelto, sin el albur de nuevas y siempre posibles acciones que provoquen la indefinida reanudación de procesos nunca culminados” (negrillas fuera del texto).

En este orden de ideas, se ha entendido, como se expuso en el fundamento 4 de esta decisión, que la seguridad jurídica que sirve de sustento para lograr un orden justo no puede ser el resultado de un proceso en el cual se viole, en los términos arriba indicados, el debido proceso. Sin embargo, el orden justo derivado de la actuación judicial no se logra con la mera tramitación de procesos sin violación del debido proceso o al dictarse sentencias que respeten la Carta.

El orden justo que propugna la Carta, es aquel en el cual los derechos fundamentales de los ciudadanos son respetados por todas las autoridades del país. En este sentido, el artículo 2º de la Constitución dispone que es fin esencial del Estado “garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución”. Este es un mandato que se impone a todas las autoridades públicas y, por lo mismo, cada uno de los órganos estatales y el Estado en su conjunto tienen la obligación perseguir dicho fin constitucional.

La tarea de administrar justicia no es un asunto en el cual interviene exclusivamente la rama judicial. Tal como lo dispone el artículo 113 de la Carta, los órganos estatales, aunque tienen funciones separadas, están en la obligación de colaborar “armónicamente para la realización de” los fines del Estado. Particularmente, el de asegurar el efectivo goce de los derechos constitucionales. De ahí que sea necesario brindar a la administración de justicia toda la asistencia que requiere, con el fin de que con sus decisiones o con su actividad, no se quebranten los derechos constitucionales de los asociados. La necesidad de esta colaboración se hace evidente si se tiene presente que buena parte de la actividad probatoria en la administración de justicia depende en muchos casos de entidades estatales ajenas a la rama judicial.

Con esto, se pone de presente que es posible distinguir la sentencia violatoria de derechos fundamentales por defectos propios del aparato judicial —presupuesto de la vía de hecho—, de aquellas providencias judiciales que aunque no desconocen de manera directa la Constitución, comportan un perjuicio ius fundamental como consecuencia del incumplimiento por parte de distintos órganos estatales de la orden constitucional de colaborar armónicamente con la administración de justicia con el objeto de garantizar la plena eficacia de los derechos constitucionales. Se trata de una suerte de vía de hecho por consecuencia, en la que el juez, a pesar de haber desplegado los medios a su alcance para ubicar al procesado, actuó confiado en la recta actuación estatal, cuando en realidad ésta se ha realizado con vulneración de derechos constitucionales, al inducirlo en error. En tales casos —vía de hecho por consecuencia— se presenta una violación del debido proceso, no atribuible al funcionario judicial, en la medida en que no lo puede apreciar, como consecuencia de la actuación inconstitucional de otros órganos estatales.

De presentarse una sentencia en la que se verifique una vía de hecho por consecuencia, esto es, que la decisión judicial se base en la apreciación de hechos o situaciones jurídicas, en cuya determinación los órganos competentes hayan violado derechos constitucionales, y que tenga como consecuencia un perjuicio ius fundamental, se impone, en aras de garantizar los fines esenciales del Estado, su revisión. En caso de que no exista otro medio de defensa judicial, no existe razón constitucional alguna para que no se pueda acudir a la tutela.

(...).

6. Hábeas data y debido proceso. Información vital en manos del Estado colombiano.

El artículo 15 de la Constitución consagra el derecho al habeas data, en los siguientes términos:

“Todas las personas... tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas”.

La Corte Constitucional ha señalado que este derecho comprende el derecho de toda persona, a solicitar que la información que reposa en los bancos de datos y archivos públicos y privados sea actualizada. Sin embargo, ha precisado que no es admisible que la actualización únicamente se produzca a petición del titular de los datos:

“Esta Sala reitera la doctrina constitucional antes citada en el sentido de afirmar la existencia de una obligación de actualización permanente de la información, exigible a los usuarios y administradores de bancos de datos o archivos públicos o privados, la cual debe ser cumplida con independencia del ejercicio de derecho a actualizar o rectificar los datos por parte de su titular, con fundamento en el deber constitucional de “respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios” (C.P., art. 95-1). No se justifica que el cumplimiento de una obligación de actualización —correlativa al derecho de informar y de recibir información— se haga depender del ejercicio previo del derecho a actualizar los datos por parte de su titular. La incidencia del uso de datos personales sobre los derechos fundamentales supone una delicada responsabilidad de las centrales de información y de sus usuarios, que obliga a velar por la permanente actualización de los datos” (7) (negrillas fuera de texto).

(7) Sentencia T-160 de 1993, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. En igual sentido T-414 de 1992, M.P. T-577 de 1992

Existe pues, la obligación de que los archivos y bancos de datos públicos estén debidamente actualizados. De allí que, en el caso concreto, fuera exigible que en el archivo de alguna autoridad pública existiera constancia de la privación de la libertad del demandante.

El DAS, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, podrían oponer que, de acuerdo con lo estipulado en los artículos 54 y 56 de la Ley 63 de 1993, quien debe llevar el registro de las personas privadas de la libertad es el Inpec y cada centro de reclusión. Si bien pudiera ser cierto que las entidades mencionadas carecen de competencia para llevar dicho registro, lo que, por demás, no es objeto del presente proceso, lo que resulta indudable es que alguna entidad pública tiene el deber de llevar dicho registro de manera actualizada.

(...).

El inciso segundo del artículo 15 de la Constitución dispone, en relación con los datos personales, que “en la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán la libertad y demás garantías consagradas en la Constitución”. Sobre el particular, la Corte ha señalado:

“Esta norma, define el contexto normativo y axiológico dentro del cual debe moverse, integralmente, el proceso informático. Según este marco general, existen unas reglas generales que deben ser respetadas para poder afirmar que el proceso de acopio, uso y difusión de datos personales sea constitucionalmente legítimo. Las mencionadas reglas se derivan de la aplicación directa de las normas constitucionales al proceso informático” (8) .

(8) Sentencia T-309 de 1999, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

La Corte se ha pronunciado sobre el contenido de la información que se recolecta y se inserta en una base de datos (9) . Sin embargo, de la disposición en comento, se desprenden obligaciones respecto de su circulación, de las cuales son predicables, igualmente, las mismas exigencias.

(9) Idem.

La circulación de datos respetuosa de las libertades y garantías previstas en la Constitución se refiere a que los datos que circulan deben ser ciertos (habeas data) y únicamente deben llegar a los destinatarios debidamente autorizados para ello (10) (derecho a la intimidad). En suma, en estas condiciones, la finalidad principal del derecho habeas data “consiste en preservar la información individual ante su utilización incontrolada” (11) . Luego, no se desprende un derecho a que los datos efectivamente circulen.

(10) Ver, por ejemplo, Sentencia T-444 de 1992, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

(11) Sentencia T-443 de 1994, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

La Corte, en Sentencia T-443 de 1994 señaló que existe un derecho constitucional al acceso a la información vital. En dicha oportunidad, señaló:

“En principio, la Constitución no consagra un derecho general a la información exigible por toda persona de las autoridades y los particulares. La ley establece los casos en que las autoridades y los particulares están obligados a informar de las actuaciones o de lo relativo a una relación o negocio jurídico. No obstante, un deber excepcional de información se deduce de los principios de solidaridad (C.P., art. 1º) y de eficacia de los principios, derechos y deberes (C.P., art. 2º), en casos en que la existencia autónoma y libre de una persona dependa del suministro de la información y su omisión vulnere directamente un derecho fundamental, sin que sean suficientes los remedios legales para impedirlo” (12) (negrillas fuera del texto).

(12) Ídem.

De la ratio decidendi (13) de dicha decisión, se desprende que el derecho de acceso a la información mínima vital, únicamente se predica de la persona que solicita una información que reúna las características indicadas en la mencionada sentencia, y que se torna indispensable para el ejercicio de ciertos derechos constitucionales. De ahí que, prima facie dicha decisión no constituye precedente que se aplique al presente caso.

(13) SU-047 de 1999, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

Sin embargo, existe un nexo que debe destacarse entre el derecho de acceso a la información vital y el derecho al habeas data: destacar la relevancia constitucional del manejo de la información que reposa en bancos de datos y archivos públicos y privados.

Existe una evolución sobre esta materia, pues se ha partido del derecho a actualizar y corregir la información que reposa en los bancos de datos para llegar al derecho a exigir que cierta información, que se considera vital —esto es, necesaria para el debido ejercicio de derechos constitucionales— sea exhibida. Siguiendo esta línea y en relación directa con el caso que ocupa a la Corte, en el cual un dato —privación de la libertad de una persona— no circuló debidamente, lo que impidió a una persona el ejercicio de sus constitucionales, cabe preguntarse, si existe un derecho constitucional fundamental a la debida circulación de información personal de carácter vital.

En la sociedad contemporánea, de manera creciente, la suerte de las personas y la toma de decisiones está sujeta a la recepción oportuna y correcta de la información, lo que constituye uno de los aspectos del “poder informático”. Este poder no puede, en un Estado social de derecho, ser inmune a la regulación estatal, máxime cuando el goce de la libertad y los restantes derechos constitucionales dependen de su correcta utilización. La ausencia de protección contra este poder, lo torna en mecanismo de opresión y coloca al ser humano en posición de convertirse en esclavo del controlador del dato, lo que repugna a la idea de dignidad humana (C.P., art. 2º) y desconoce la primacía de los derechos inalienables de las personas (C.P., art. 5º). De ahí que exista un derecho constitucional fundamental a que la información que, en circunstancias concretas, resulte vital para el ejercicio de sus derechos fundamentales, realmente circule y efectivamente llegue a las personas o a las autoridades que, en caso de desconocer la información, puedan vulnerar los derechos fundamentales de la persona.

La información sobre la privación de la libertad de la persona reviste carácter de información vital. La restricción de la libertad que apareja su privación, no puede tener como efecto la anulación de los restantes derechos constitucionales (14) . La circulación debida del dato “la persona X está privada de la libertad” se torna indispensable para que ella pueda ejercer el derecho de defensa, pues sin el conocimiento de dicha información, la autoridad judicial erradamente asumirá que se procesa a un sindicado que se oculta.

(14) Ver sentencias T-596 de 1992, M.P. Ciro Angarita Barón; C-318 de 1995, M.P. Alejandro Martínez Caballero; T-705 de 1996, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; T-706 de 1996, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; y T-714 de 1996, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz y T-966 de 1999, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

La obligación de garantizar la circulación debida de la información recae en quien la posee. En un Estado social de derecho, en el cual las autoridades públicas no pueden ejercer funciones distintas a la que la Constitución y la ley les asigna, dicha obligación recae, de manera genérica en el Estado. Máxime, cuando la información puede ser requerida por distintas autoridades y de maneras distintas. Obsérvese, por ejemplo, que la información sobre personas privadas de la libertad puede ser necesaria para distintos efectos: análisis estadístico sobre la población carcelaria; perfiles de criminalidad; distribución del personal privado de la libertad; necesidades de recursos para atender y custodiar a la población privada de la libertad; garantía del derecho de defensa, etc.

(...).

7. Violación del derecho de defensa. Vía de hecho por consecuencia.

Como se indicó en el fundamento 5 de esta sentencia, para que se presente una vía de hecho por consecuencia, no es suficiente que se demuestre que las autoridades estatales violaron los derechos fundamentales de la persona. Se requiere, además, que con ello se haya causado un perjuicio ius fundamental.

(...).

El artículo 29 de la Constitución garantiza que “quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento”. Así mismo, el literal d) del numeral 3º del artículo 14 del Pacto internacional de derechos civiles y políticos dispone que:

“3. Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:

(...).

d) A hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser asistida por un defensor de su elección; a ser informada, si no tuviera defensor, del derecho que le asiste a tenerlo, y, siempre que el interés de la justicia lo exija, a que se le nombre defensor de oficio, gratuitamente, si careciere de medios suficientes para pagarlo (negrillas fuera de texto).

El derecho de defensa nace en el momento en que se atribuye a una persona una conducta delictiva y debe garantizarse durante el desarrollo de todo el proceso. Por tal motivo, resulta esencial que el imputado conozca de manera oportuna la investigación, de manera que pueda intervenir en el proceso y si fuere del caso, contradecir las pruebas que se hayan presentado en su contra. Como se observa, ambas disposiciones prevén la posibilidad de que la defensa sea realizada por un defensor designado por el Estado. Empero, esta opción no es principal, sino accesoria al hecho de no poder designar uno elegido por la persona y por encima de todo, de la presencia del sindicado durante el proceso, la cual es fundamental para garantizar que aquél pueda ejercer una verdadera defensa.

Es decir, la designación del abogado de oficio únicamente procede si estando presente el procesado, éste carece de abogado o si fuera imposible garantizar su derecho a “hallarse presente en el proceso”. Obsérvese que la garantía principal, es la presencia del procesado al proceso.

Ha de precisarse, que el ejercicio del derecho de defensa no se limita a la actividad que debe cumplir al abogado defensor —defensa técnica— sino que se refiere también a las actividades de autodefensa que corresponden al inculpado —defensa material— las cuales confluyen con la labor desplegada por el abogado con el mismo objetivo: defender al imputado.

El Código de Procedimiento Penal (art. 137) le reconoce al procesado, los mismos derechos de su defensor, con excepción del recurso de casación. Es decir, lo autoriza para solicitar la práctica de pruebas, interponer recursos e intervenir personalmente en todos los casos en que lo autorice la ley. Además, la presencia del procesado es esencial en todas las diligencias en las que puede actuar directamente o asistido por su abogado, como lo es la indagatoria, la reconstrucción de los hechos, etc.

Sobre el particular, ha dicho la jurisprudencia penal:

“Independientemente de los problemas que se plantean en la doctrina respecto a la posición jurídica del defensor dentro del proceso penal, cuestión que no se debate ahora, es incuestionable que el derecho de defensa tiene diversas manifestaciones, si se atiene especialmente a la fase o grado del proceso en donde tal derecho puede ejercitarse. De esa forma se afirma que la defensa puede realizarse mediante la intervención directa del procesado, tal como ocurre en la diligencia de indagatoria, o mediante la asistencia, también en los casos en que la ley ordena la presencia del procesado y la de su apoderado; y finalmente mediante la representación, que es la situación en la que no exigiéndose la presencia física del procesado, la defensa se ejerce por representación. De esta forma, la doctrina hace una diferencia esencial entre la llamada defensa material, es decir, la defensa actuada por el mismo imputado, que se desarrolla en todas las diligencias en las cuales, como se anotó, es esencial su presencia, como sucede en la indagatoria, en el careo, en la reconstrucción de los hechos, en el reconocimiento en fila de personas, etc., y la llamada defensa técnica, que es la actuada directamente por el defensor a través de la representación” (15) .

(15) Sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal del 15 de marzo de 1979, M.P. Jesús Bernal Pinzón.

En el mismo sentido, se ha pronunciado la Corte Constitucional en estos términos:

“El derecho de defensa consagrado en el artículo 29 superior, no se agota con la defensa técnica, pues comprende también la defensa material que está facultado para ejercer el propio sindicado.

(...).

La persona tiene derecho a que se le informe que en su contra cursa una investigación penal, y a hacerse o no presente en el proceso, sea que designe a un abogado de su confianza para que la represente, o que se atenga a la labor que cumpla el defensor de oficio, puesto que el proceso penal no puede adelantarse válidamente sin cumplir con el requisito de la defensa técnica del implicado. Pero la presencia de un abogado que atienda a la defensa del procesado, sólo remedia la falta de este último, en el caso en que ha sido plenamente establecida su identidad, se le ha emplazado y, ante su continuada ausencia —voluntaria o no—, se le ha declarado ausente y se le ha nombrado defensor de oficio. Es que si la validez del proceso penal depende, entre otras cosas, de la defensa técnica del inculpado, la existencia misma del proceso depende de la de un sindicado definido. Y éste, una vez identificado, si se hace presente en el proceso, o es capturado y puesto a disposición de la autoridad judicial competente, tiene derecho a que se le oiga y se defina su situación jurídica en los plazos taxativamente señalados por la Constitución y la ley; más aún, tienen derecho a que se le oiga en ampliación de indagatoria cuantas veces considere necesarias, “en el menor término posible”. El sindicado que permaneció ausente —por o sin su voluntad—, durante una parte del trámite de la investigación que se adelanta en su contra, una vez concurre al proceso o es capturado, cuenta con iguales derechos a los de aquél que estuvo presente desde la iniciación de la investigación previa y, por tanto, tiene derecho a ser oído por el funcionario a cargo del proceso, y a “solicitar sin necesidad de motivación algunas cuantas ampliaciones de indagatoria considere necesarias”. El funcionario judicial que falte al deber de recibirlas (injustificadamente) en el menor tiempo posible, viola el derecho fundamental a la defensa material del sindicado” (16) .

(16) Sentencia T-362 de 1997, M.P. Carlos Gaviria Díaz.

En ese orden, la obligatoriedad de la presencia del sindicado en el proceso, se explica por la innegable relación que existe entre tal hecho y la efectividad del derecho de defensa. No resulta absurdo sostener, que además de las actuaciones directas que con su presencia puede efectuar el procesado, la comunicación entre éste y su abogado constituyen una pieza fundamental para lograr una estrategia de defensa con mayores probabilidades de éxito. La defensa tiene como base el conocimiento real de los hechos, del cual depende en buena medida la posibilidad de solicitar pruebas que desvirtúen las acusaciones o de controvertir eficazmente las existentes. Ello no implica que la designación de un abogado de oficio para atender a la persona ausente suponga una violación del derecho de defensa. Simplemente, que las posibilidades de defensa —su estrategia— se verán menguadas por la inasistencia del sindicado al proceso.

(...).

9. Decisión a tomar. Dirección del proceso en cabeza del juez.

El núcleo esencial del derecho de defensa comprende la posibilidad real y efectiva de controvertir las pruebas y de interponer los recursos de ley (17) , por lo que podría pensarse que al existir en la etapa del juicio la posibilidad de solicitar la práctica de pruebas (CPP, art. 446) y que las que obran en el expediente apuntan a la responsabilidad del demandante, bastaría con decretar la nulidad de la sentencia condenatoria y de la etapa de juicio, a fin de que el señor Torres fuera escuchado en descargos y pudiera solicitar las pruebas que estimara pertinentes.

(17) Sentencias C-617 de 1996, M.P. José Gregorio Hernández Galindo; T-589 de 1999, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; SU-990 de 1990, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

Sin embargo, es evidente que el debido proceso y el derecho de defensa se predica de todas las etapas procesales, como lo consagra la propia Constitución en el artículo 29, cuando establece que “quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento”. El conocimiento de la causa por el imputado desde el inicio de la investigación y las actuaciones de un apoderado designado por él a todo lo largo del proceso, permite que haya una verdadera oportunidad de defensa.

(...).

10. Advertencia a las autoridades nacionales.

En un Estado social de derecho todas las autoridades públicas deben estar comprometidas con la tarea de asegurar el goce y disfrute de los derechos constitucionales. La tarea de administrar justicia no está exenta de esta obligación. La decisión correctamente basada en el derecho legislado aunque es una genuina sentencia judicial, precisa de considerar, en su justa dimensión, la necesidad de asegurar el respeto de los derechos fundamentales para que pueda calificarse como un fallo en derecho (C.P. arts. 2º y 5º). Tal es el mandato del artículo 4º de la Constitución cuando señala que “la Constitución es norma de normas” (18) ”.

(18) Sentencia SU-014 del 17 de enero de 2001, M.P. Martha V. Sáchica M.

2. El caso concreto.

Los hechos narrados hacen relación a un recluso que dice no haber tenido conocimiento alguno sobre la existencia de un proceso penal que culminó con sentencia condenatoria en su contra. Lo cual ocurrió, según el actor, a pesar de que los organismos oficiales tenían conocimiento sobre su paradero en la cárcel de Bellavista, de suerte que vulnerando el debido proceso: “Se me juzgó como reo ausente”.

En torno a las pruebas se tiene que el juez de tutela practicó diligencia de inspección judicial sobre el proceso Nº 19990860 (ventilado ante el Juzgado Veintiocho Penal Municipal de Medellín), levantando acta que en lo pertinente dice:

“(...) A folios 138 y con fecha enero 4 de este año aparece la sentencia condenatoria dictada contra Arboleda Usma por un ilícito de hurto agravado. Imponiéndole una sanción privativa de la libertad de 18 meses y 20 días de prisión y negándole el sustituto de la condena de ejecución condicional. Esa sentencia fue emitida por el señor juez encargado quien en el folios 142(sic) dejó constancia de “que en el día de hoy por información de la cárcel de Bellavista se supo que el mismo se encuentra privado de la libertad, purgando allí una condena de 19 meses de prisión (...)”.

De acuerdo con lo informado a esta corporación por la Dirección Seccional de Fiscalías de Medellín a través del oficio Nº 137 del 23 de mayo de 2001:

“(...) realizada la inspección judicial al expediente que en la etapa de la causa se adelantó en el Juzgado 28 Penal Municipal de esta ciudad, sumario seguido en contra de Víctor Manuel Arboleda Usma, en relación con lo solicitado, se encontró:

“1. A folio 5 de cuaderno original, obra declaración de María Isabel Henao Calderón, empleada de Medi Ltda., que por circunstancias de trabajo, conoció al implicado, pero cuando procuró localizarlo, para aclarar los hechos relacionados con la denuncia en contra del procesado, no le fue posible, a pesar de insistir con la madre de Víctor Manuel Arboleda.

2. En ampliación de denuncia a folio 7, Carlos Vicente Camacho Grisales, ofrece igual declaración, quien además aportó la dirección de Adrián Arboleda, hermano del procesado, la cual correspondía: Calle 49 Nº 49-49 local 103 municipio de Bello. También informó el señor Camacho, que la madre de Víctor Manuel Arboleda residía en la carrera 38B-58B-36. A la vez manifestó el declarante que la familia del implicado había desaparecido, que por tanto no se encontraba en las direcciones antes aportadas.

3. A folio 12 obra oficio dirigido al Instituto Ferrini, donde presuntamente Víctor Manuel Arboleda se encontraba trabajando para la época, solicitando la correspondiente hoja de vida.

4. A folio 13 se observa la respuesta del Instituto San Fernando Ferrini de fecha 27 de octubre de 1998, donde se registran las direcciones y teléfonos de la residencia del implicado Arboleda Usma, las mismas que correspondía (sic) a las aportadas por el denunciante Carlos Camacho.

5. Realizados los trámites para identificar e individualizar a Víctor Manuel, completamente identificado, la Fiscalía 52, solicitó antecedentes a todas las autoridades y con base en el artículo 375 del Código de Procedimiento Penal ordenó la captura a folio 31, con base en las direcciones donde supuestamente residía el procesado (negrilla de la Sala).

6. A folio 37 del cuaderno original, obra respuesta del centro de información de actividades delictivas, a la solicitud de antecedentes; en dicha respuesta se registra que el Juzgado 29 Penal Municipal en septiembre 17/98, cancela orden de captura proferida en el proceso 528 y donde puede verse que la dirección del encartado, es la misma con la que se contaba en el despacho de la Fiscalía 52.

7. A folio 63 consta oficio de noviembre 10 de 1998 de la oficina de policía judicial (reparto) informando que la orden de captura proferida en contra del implicado Arboleda Usma, correspondió al DAS. Y a folio 73, el despacho de la Fiscalía 52 solicita a este organismo, la respuesta urgente del resultado de dicha orden de captura.

8. A folio 71 obra respuesta de solicitud de antecedentes, de la asesoría jurídica de la Cárcel del Distrito Judicial de Medellín, con fecha del 18 de diciembre de 1998, informando que Víctor Manuel Arboleda Usma, buscado en el archivo de altas y bajas, no se le encontró entradas al penal.

9. A folio 74 obra la orden de emplazamiento al sindicado y a folio 77 el edicto emplazatorio.

10. A folio 78, se deja constancia secretarial del 23 de febrero de 1999, que se marcó al teléfono Nº 2383707, el mismo que fue aportado por el Instituto Ferrini en la hoja de vida del implicado, número telefónico registrado por el mismo, donde podía ser ubicado. Allí contestó Claudia Bustamante, quien manifestó que no conocía al señor Víctor Arboleda, que estaban recién pasados allí y que la dueña de la casa era una señora Angela Quintero sin más datos.

11. A folios 79-80-81, obra documento del DAS, informando que no había sido posible llevar a cabo la captura de Víctor Manuel Arboleda, que para ello había buscado en los archivos y que sólo había (sic) aparecido los datos que ya eran conocidos por el despacho, por tanto los resultados fueron negativos.

12. A folio 82, se declara a Víctor Manuel Arboleda Usma, persona ausente, con base en que no había sido posible su localización y el DAS había manifestado resultados negativos.

13. A folio 99, obra citación mediante telegrama a Adrián Arboleda Usma (hermano del implicado) a la calle 49 Nº 49-49 municipio de Bello, la misma que fue devuelta por adpostal oficina Bello, el 3 de junio de 1999, como causal de devolución, que no residía allí, que se había trasladado.

14. A folio 104, obra citación a Víctor Arboleda Usma, a la calle 38B 59B-36, requiriendo su presencia para notificar el cierre del proceso. Como no compareció se notificó por estado.

15. De folios 107 a 11, (sic) obra resolución de acusación del 30 de agosto de 1999, en contra de Víctor Manuel Arboleda Usma. Se remitió el proceso para juzgados penales municipales”.

El asesor jurídico (e) de la Cárcel del Distrito Judicial de Medellín, mediante oficio del 27 de junio del año 2001 le informó a esta corporación:

“(...) que el interno Víctor Manuel Arboleda Usma, se encuentra recluido en este centro penitenciario desde el 14 de septiembre de 2000, condenado a 18 meses y 20 días de prisión interpuesta por el Juzgado 28 Penal Municipal de Medellín. (...).

En cuanto a los oficios que otras autoridades hayan solicitado información (sic) no reposa ninguno en su hoja de vida” (fl. 49).

Por su parte el Juzgado 28 Penal Municipal de Medellín a través de oficio del 14 de junio de 2001 le informó a esta corporación que en el proceso que le adelantó a Víctor Manuel Arboleda Usma, éste fue declarado persona ausente, y que ante su no comparecencia las providencias respectivas le fueron notificadas por estado, sin perjuicio de las notificaciones a su defensor de oficio. Culminó el juzgado expresando que el fallo condenatorio se le notificó personalmente al procesado, pro cuanto al momento de su expedición el despacho recibió unas copias informales del Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, por las cuales se informó que el condenado se hallaba descontando pena por una acumulación jurídica de los juzgados 1º y 2º Promiscuo Municipal de Albejorral (fls. 42-43).

Con arreglo a todo lo actuado se tiene que, de una parte el actor afirma haber estado recluido en la cárcel de Bellavista desde el 31 de mayo de 1999 cumpliendo una condena acumulada de los juzgados 1º y 2º Promiscuos Municipales de Abejorral; y de otra, el asesor jurídico de la cárcel asegura que el peticionario se encuentra recluido en dicho centro desde el 14 de septiembre de 2000 en virtud de sentencia del Juzgado 28 Penal Municipal de Medellín. De otorgársele credibilidad únicamente al informe de la cárcel, lógico sería predicar que durante el proceso impugnado por el solicitante el juez 28 no podía tener conocimiento sobre un hecho inexistente, esto es, sobre la supuesta privación de la libertad del actor. Empero, del tenor literal del acta de inspección judicial practicada por el juez de tutela el 17 de octubre de 2000, surge que:

“(...) A folios 138 y con fecha enero 4 de este año aparece la sentencia condenatoria dictada contra Arboleda Usma por un ilícito de hurto agravado. Imponiéndole una sanción privativa de la libertad de 18 meses y 20 días de prisión y negándole el sustituto de la condena de ejecución condicional. Esa sentencia fue emitida por el señor juez encargado quien en el folios 142 (sic) dejó constancia de “que en el día de hoy por información de la cárcel de Bellavista se supo que el mismo se encuentra privado de la libertad, purgando allí una condena de 19 meses de prisión (...)” (fls. 8 y vto).

Es decir, que cuando menos el día 4 de enero de 2000 el juez de la causa tuvo conocimiento de que el condenado se hallaba recluido en la cárcel de Bellavista. Circunstancia que luego fue corroborada por el mismo juzgado a través de su oficio 581 del 14 de junio de 2001, según consta en el expediente de tutela (fls. 42-43).

Siendo esto así, fuerza reconocer que la información (fl. 49) remitida por el asesor jurídico de la cárcel de Bellavista no se ajusta a la realidad procesal del actor en lo relativo a la fecha de su ingreso a esta penitenciaría. En otras palabras, resulta evidente que al momento de dictarse la sentencia condenatoria el proceso se hallaba recluido en la cárcel de Bellavista, fecha con mucho precede al 14 de septiembre de 2000 señalado erradamente por el mencionado asesor.

En autos consta que a pesar de las diligencias adelantadas por el Juez 28 Penal Municipal de Medellín no fue posible obtener información sobre la reclusión del actor en la cárcel de Bellavista, por lo cual no sería razonable endilgarle mala fe en sus actuaciones, y mucho menos algún deliberado quebranto del derecho al debido proceso que invoca el actor. Con todo, habida consideración del oficio enviado por el asesor jurídico de la citada penitenciaría, es lo cierto que el juez de la causa no actuó con la suficiente diligencia y cuidado, en la medida en que no le solicitó información a la cárcel de Bellavista sobre la eventual reclusión del peticionario. A lo cual se agrega que los órganos oficiales comprometidos directa o indirectamente con la administración de justicia (citados a fl. 30) tampoco actuaron con la suficiente idoneidad en orden a suministrarle al juez de la causa la información que tanto la Fiscalía 52 como el mismo juez les solicitaron a efectos de adelantar con todas las garantías el proceso penal que culminó con la condena del procesado en condición de persona ausente. Por donde aparece claro que, pese a la oportunidad que tuvieron los respectivos órganos para entregarle al juez la información pertinente, al no hacerlo, se le vulneró al demandante su derecho de defensa, y por contera, el debido proceso; incurriendo por tanto el juez 28 Penal Municipal de Medellín en una vía de hecho que amerita la anulación de la sentencia y de las actuaciones previas pertinentes.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. Revocar la sentencia proferida por el Juzgado 28 Penal del Circuito de Medellín el 26 de octubre de 2000, por la cual se negó la tutela impetrada por Víctor Manuel Arboleda Usma contra el Juzgado 28 Penal Municipal de Medellín, y en su lugar, conceder la tutela para la protección del derecho al debido proceso y al derecho de defensa del actor.

2. Declarar la nulidad de la sentencia proferida por el Juzgado 28 Penal Municipal de Medellín de 4 de enero de 2000, mediante la cual se condenó al peticionario como responsable del delito de hurto agravado, y de todo lo actuado en el proceso penal que se siguió en su contra por esta causa, a partir de la declaración de persona ausente de Víctor Manuel Arboleda Usma.

3. Ordenar a la Fiscalía Cincuenta y Dos Local ante los juzgados penales municipales de Medellín proceder dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta sentencia, a rehacer las actuaciones anuladas, previa notificación al actor, de conformidad con la ley, de manera que se garantice al procesado el ejercicio efectivo del derecho de defensa.

4. Por secretaría general, líbrese la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.

Magistrados: Jaime Araújo Rentería—Alfredo Beltrán Sierra—Manuel José Cepeda Espinosa.

Martha Victoria Sáchica de Moncaleano, Secretaria General.

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