Sentencia T-761 de diciembre 11 de 2015

CORTE CONSTITUCIONAL 

SECCIÓN OCTAVA DE REVISIÓN

Ref. exp. T- 5.073.877

Acción de tutela presentada por María Yamilde Martínez Córdoba contra las Empresas Municipales de Cali EMCALI Empresa Industrial y Comercial del Estado. E.S.P.

Magistrado Ponente:

Dr. Alberto Rojas Ríos

Bogotá D.C, once de diciembre de dos mil quince.

La Sala Octava de Revisión de tutelas de la Corte Constitucional, conformada por la Magistrada María Victoria Calle Correa y los Magistrados Luis Ernesto Vargas Silva y Alberto Rojas Ríos, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, especialmente las conferidas en los artículos 86 y 241 numeral 9° de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991, profiere la siguiente:

Sentencia

En el proceso de revisión del fallo proferido en única instancia por el Juzgado diecinueve (19) Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Santiago de Cali, el diecinueve (19) de mayo de dos mil quince (2015), en el cual se negó la acción de tutela instaurada por la ciudadana María Yamilde Martínez Córdoba contra las Empresas Municipales de Cali EMCALI Empresa Industrial y Comercial del Estado. E.S.P.

El expediente de la referencia fue seleccionado para revisión por la Sala de Selección Número Ocho, mediante auto de veintisiete (27) de agosto de dos mil quince (2015).

I. Antecedentes

Hechos

1. La accionante es una persona de sesenta y dos (62) años de edad, registrada en el nivel I del Sisben, residente en la ciudad de Cali, en el inmueble ubicado en la Carrera 28 calle 108-36 del barrio Las Orquídeas, estrato I.

2. La peticionaria se encuentra incluida en el Registro Único de Victimas –RUV-, ya que uno de sus hijos fue asesinado en el año mil novecientos noventa y dos (1992) en el contexto del conflicto armado del país.

3. Tiene a su cargo cinco personas: su hija, Martha Evelia Martínez Córdoba de 40 años de edad, y sus cuatro nietos, quienes, según manifiesta, todos ellos sufren diversos grados de discapacidad cognitiva.

4. En agosto del año 2012, uno de sus nietos diagnosticado con retraso mental se extravió de su residencia. Pasadas varias horas, fue encontrado por la Policía Nacional deambulando por la calle, y entregado al Instituto de Bienestar Familiar, que aprobó medida de restablecimiento de derechos consistente en amonestación a la peticionaria, quien asumió el compromiso de dedicar mayor tiempo a su nieto, y limitar sus horas laborales.

5. Por lo anterior, la peticionaria afirma que en los últimos tres años ha visto restringida su capacidad laboral dado que debe dedicar mayor cantidad de tiempo al cuidado de sus nietos y su hija, especialmente de aquellos que sufren de discapacidad mental.

6. La solicitante obtiene escasos recursos económicos para el sustento de su núcleo familiar, de labores domésticas en residencias particulares, o como vendedora de productos caseros.

7. Explica que celebró contrato de prestación de servicios domiciliarios con las Empresas Municipales de Cali EMCALI E.I.C.E. E.S.P, para el suministro de los servicios de energía eléctrica, acueducto y alcantarillado. Actualmente adeuda nueve millones trecientos cuarenta y tres mil cuatrocientos treinta y un pesos ($9.343.431), por concepto de 38 facturas vencidas.

8. El 23 de abril de 2015, la Empresa Prestadora de Servicios Públicos realizó el corte del servicio público de agua en el domicilio de la peticionaria.

Solicitud de Tutela

El cinco (5) de mayo de dos mil quince (2015), María Yamilde Martínez Córdoba solicitó al juez constitucional el amparo de sus derechos fundamentales y los de su núcleo familiar al mínimo vital y al agua, y en esa medida se ordene a las Empresas Municipales de Cali EMCALI E.I.C.E. E.S.P: (i) reconectar el servicio de agua y energía eléctrica de manera inmediata; y (ii) ofrecer un refinanciamiento de la deuda, que tenga en cuenta los bajos ingresos de la accionante(1).

La solicitante sostuvo que habitualmente, debe permanecer buena parte del día en su residencia al cuidado de sus nietos e hija. Esto le impide destinar tiempo suficiente a labores económicamente rentables, agudizando su situación de pobreza. Junto con el recurso de amparo constitucional, solicitó decretar medida provisional, consistente en la reconexión de sus servicios públicos, pues se encuentra en riesgo el bienestar general de los menores, su salud y el derecho a recibir alimento en condiciones dignas.

Contestación de la entidad demandada

Dentro del término legal, el coordinador de Defensa Judicial de Emcali E.I.C.E. E.S.P presentó contestación a la acción de tutela interpuesta por la señora María Yamilde Martínez Córdoba, argumentando que la solicitud tiene un contenido económico, por tanto no puede ser objeto de un recurso de amparo. Agregó que la legislación vigente -Ley 142 de 1994 (Art. 130), y Ley 689 de 2001 (Art. 18)- establecen el derecho-deber de las Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios a suspender el suministro de agua cuando se presenta mora en el pago de las tasas de dos facturas mensuales consecutivas.

El apoderado judicial de las Empresas Municipales de Cali sostuvo que “el cobro por los servicios públicos, persigue unos fines constitucionalmente válidos y se encuentra amparado por la ley; es un derecho y un deber de las empresas prestadoras de los servicios suspender el suministro del mismo, cuando han transcurrido dos periodos de facturación sucesivos en lo que el usuario no haya efectuado el pago de lo debido”(2).

En la contestación de la acción de tutela recalcó que la empresa tiene la política comercial de ofrecer a los clientes en mora, acuerdos de pago “garantizando a los usuarios la protección de sus derechos y conforme a las capacidades económicas del accionante”(3). Finalmente recalcó que “no se tiene probado que los niños sean especiales, como tampoco se tiene demostrada la especialidad de la hija de la accionante, lo que si se evidencia es que la especialidad consiste en que son niños que han carecido de madre toda vez que las pruebas hablan solas cuando en todas estas se tiene participación del I.C.B.F”(4).

Decisión judicial objeto de revisión

Sentencia de instancia única

En sentencia del diecinueve (19) de mayo de dos mil quince (2015), el Juzgado diecinueve Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Santiago de Cali (Valle)(5) negó la solicitud de amparo al considerar que, si bien, la señora María Yamilde se encuentra en una situación calamitosa, “no se puede desconocer que existe una relación contractual con las empresas municipales de Cali y por ello la entidad ha cumplido con su obligación para la cual la ley la faculta, como es la terminación del contrato por incumplimiento y por ende la suspensión del servicio”(6).

El juez de instancia consideró que no existe respaldo probatorio en el expediente, de que los menores y su hija Martha Evelia sufren alguna discapacidad cognitiva. Contra la decisión no se presentó impugnación por lo cual fue enviada a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Actuaciones de la Sala Octava en sede de Revisión

Mediante auto del trece (13) de octubre de dos mil quince (2015) esta Sala ordenó:

(i) Decretar medida provisional en favor de la accionante y su núcleo familiar consistente en la reconexión de los servicios públicos domiciliarios de agua potable y energía eléctrica. La cantidad de agua proporcionada será de cincuenta (50) litros por persona por día;

(ii)Vincular al trámite de la acción de tutela al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Regional Valle del Cauca, Centro Zonal Sudoriental, para que por intermedio de su representante legal, se pronunciara sobre los hechos que dieron lugar a la presentación de la acción de tutela de la referencia, especialmente sobre la situación de los menores.

La Sala determinó, era necesario y urgente proteger los derechos fundamentales de los menores y de la señora María Yamilde, ya que además de vivir en condiciones de extrema pobreza no cuentan con servicios públicos como el agua potable y la energía eléctrica, lo que hace más gravosa su situación.

La corporación consideró que sin la concurrencia del suministro de agua potable y energía eléctrica no era posible garantizar el acceso a derechos fundamentales de los menores, como a recibir una alimentación saludable, la salud, y la educación, ya que la simultaneidad de ambos servicios permite la adecuada refrigeración y cocción de los alimentos.

Pruebas relevantes allegadas al expediente

Durante el trámite de la acción de tutela, fueron allegados los siguientes documentos:

- Copia de cédula de ciudadanía de María Yamilde Martínez Córdoba. (Folio 10)

- Copia de la factura de servicios públicos del mes de abril de 2015, en la que se evidencia que la accionante adeuda 38 facturas del servicio de energía, acueducto y alcantarillado, por valor de nueve millones trecientos cuarenta y tres mil, cuatrocientos treinta y un pesos ($9.343.431), expedida por las Empresas Municipales de Cali, E.I.C.E E.S.P. (Folio 8)

- Copia del Registro Civil de Sandra Patricia Martínez Córdoba, hija de María Evelia Martínez Córdoba, con fecha de nacimiento el catorce (14) de octubre de 1995. (Folio 11)

- Copia del Registro Civil de la niña Nicol Sofía Martínez Córdoba, hija de María Evelia Martínez Córdoba, con fecha de nacimiento el tres (3) de mayo de 2009. (Folio 12)

- Copia de la contraseña de Martha Evelia Martínez Córdoba, en la que se evidencia que la fecha de expedición es noviembre de 2010 y que su nacimiento fue el tres (3) de enero de 1975. (Folio 13)

- Copia del Registro Civil de Elizabeth Martínez Córdoba, hija de María Evelia Martínez Córdoba, con fecha de nacimiento el trece (13) de noviembre de 2001. (Folio 14)

- Copia del Registro Civil de Cristian Alejandro Martínez Córdoba, hijo de María Evelia Martínez Córdoba, con fecha de nacimiento el diecisiete (17) de febrero de 2003. (Folio 15)

- Copia del certificado de la dirección municipal del Sisben, de Carlos Alberto Martínez Córdoba, en la que consta que nació el diecinueve (19) de marzo de 1997. (Folio 16)

- Copia de Acta de amonestación y entrega a la accionante del niño Cristian Alejandro Martínez Córdoba, del trece (13) de agosto de 2012, expedida por la Defensora de Familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. (Folio 18-19)

- Copia de la Resolución No. 2013-99784 del veintitrés (23) de mayo de 2013 en la que se incluye a María Yamilde Martínez Córdoba en el Registro Único de Victimas –RUV. (Folio 20-21)

- Copia de Derecho de Petición del cuatro (4) de mayo de dos 2015 presentado por María Yamilde Martínez Córdoba ante las Empresas Municipales de Cali, E.I.C.E E.S.P, informando su situación familiar y económica, y solicitando la reconexión de los servicios públicos de agua y energía eléctrica. (Folio 27-33)

El veinte cuatro (24) de septiembre de 2015 la accionante dirigió memorial a la Secretaria de la Corte Constitucional allegando los siguientes documentos.

- Resolución No. 210 de agosto trece (13) de 2012 en la que la Defensora de familia del ICBF, Regional Valle del Cauca, visita al inmueble de la peticionaria para entrégale a su nieto, Cristian Alejandro Martínez Córdoba, quien se encontraba extraviado. (Folio 91-96)

- Copia de comunicación de la apoderada de María Yamilde Martínez, dirigida al Coordinador del Área Funcional Atención Escrita, de la Dirección de Atención al Cliente de la EMCALI E.I.C.E. E.S.P., solicitando reconocer los efectos del silencio administrativo positivo por no contestar en término un derecho de petición. (Folio 97- 100).

- Copia de respuesta de derecho de petición de veinticinco (25) de mayo de dos mil quince (2015), en la que las Empresas Municipales de Calí contestaron comunicación de María Yamilde Martínez. (Folio 111 – 115)

El treinta (30) de octubre de dos mil quince (2015) a través de la Secretaria de la Corte Constitucional se recibió informe del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Regional Valle del Cauca, Centro Zonal Suroriental, en la que consta visita realizada por la Trabajadora Social Jessica Andrea Narváez a la vivienda de la accionante el día veintiuno (21) de octubre de 2015. (Folio 145 – 150)

II. Consideraciones

1. Competencia

 La Sala es competente para revisar el fallo de tutela de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 241, numeral 9º de la Constitución, y 33 y 34 del Decreto 2591 de 1991.

2. Presentación del problema jurídico.

De acuerdo con los antecedentes expuestos, le corresponde a la Sala determinar si las Empresas Municipales de Cali, E.I.C.E E.S.P. vulneró los derechos fundamentales al agua potable, y a la vida en condiciones dignas de la señora María Yamilde Martínez Córdoba, su hija Martha Evelia Martínez Córdoba y sus nietos, (tres de ellos menores de edad, y dos diagnosticados con retraso mental moderado) como consecuencia de la suspensión de los servicios públicos de agua y energía eléctrica, por la mora en el pago de 38 facturas mensuales, causada por las condiciones de pobreza económica de la accionante.

Para abordar el problema jurídico planteado, la Sala reiterará su jurisprudencia sobre: (i) el contenido esencial del derecho fundamental al agua; (ii) el derecho de los sujetos de especial protección constitucional de recibir una protección reforzada por parte de todas las autoridades y la sociedad; (iii) el precedente constitucional en relación con la suspensión de los servicios públicos domiciliarios, en los casos de mora en el pago de dos facturas sucesivas; (iv) la protección a través de acción de amparo del servicio domiciliario de energía eléctrica y el concepto de consumo de subsistencia; y (v) se resolverá el caso en concreto.

3. El contenido del derecho fundamental al agua.

El derecho al acceso al agua potable ha sido desarrollado por la jurisprudencia de esta Corporación. A continuación se reiterará el precedente constitucional en torno a: (i) su fundamento constitucional e internacional; (ii) su contenido esencial, y (iii) la garantía reforzada frente a sujetos de especial protección constitucional.

3.1. Derecho fundamental al agua potable en los ámbitos nacional e internacional

En el texto de la Carta Política no está explícitamente previsto el derecho fundamental al acceso a un mínimo agua(7), sin embargo, diversas disposiciones constitucionales contienen obligaciones concretas dirigidas a proteger y garantizar la ampliación del suministro del líquido. Por ejemplo, el Artículo 79 establece como mandato la protección de las fuentes hídricas; el Artículo 365 prescribe la obligación del Estado de tender redes de acueducto y alcantarillado para todos los habitantes del territorio nacional; el Artículo 8º prevé obligaciones de proteger las riquezas naturales del país, incluida el agua; el Artículo 80 dispone el manejo planificado de los recursos naturales, para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, prevenir, controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados(8).

En el caso del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, los primeros instrumentos convencionales no contenían explícitamente el derecho humano a acceder un mínimo de agua. Esta preocupación solo emergió en la década de los años setenta(9), con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua, celebrada en Mar del Plata, Argentina, en 1977(10). Este fue el primer escenario en que la comunidad internacional vinculó el acceso al agua con el ejercicio de otros derechos humanos, y como obligación a desarrollar de manera progresiva por parte de los Estados. En las conclusiones de la Conferencia se dijo: “Todos los pueblos, cualquiera sea su estado de desarrollo y sus condiciones sociales y económicas, tiene el derecho a disponer de agua potable en cantidad y calidad suficiente para sus necesidades básicas. Es de reconocimiento universal que la disponibilidad de dicho elementos por parte del hombre es imprescindible para la vida y pasa su desarrollo integral como individuo o como integrante del cuerpo social”(11).

El Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales no establece explícitamente un derecho humano al acceso al agua, sin embargo, el Comité lo ha deducido a partir de los Artículos 11 y 12 sobre el derecho a un nivel de vida adecuado y al nivel más alto de salud posible.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su Observación General No. 15, establece que es un derecho humano disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para uso personal y doméstico. El suministro del líquido es una condición para el ejercicio de otras libertades como la vida, la salud o la alimentación equilibrada, “(…) [p]or ejemplo, el agua es necesaria para producir alimentos (el derecho a una alimentación adecuada) y para asegurar la higiene ambiental (el derecho a la salud). El agua es fundamental para procurarse medios de subsistencia (el derecho a ganarse la vida mediante un trabajo) y para disfrutar de determinadas prácticas culturales (el derecho a participar en la vida cultural)”. (12)

Instrumentos internacionales más recientes, sí prevén de manera explícita un derecho humano al agua. La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, aprobada en 1979, por ejemplo, establece en su Artículo 14. 2 literal f) que Los Estados Partes adoptarán las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en las zonas rurales, y en particular priorizarán “(…) condiciones de vida adecuadas, particularmente en las esferas de la vivienda, los servicios sanitarios, la electricidad y el abastecimiento de agua, el transporte y las comunicaciones.”

Obligaciones en el mismo sentido han sido desarrolladas en la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 en sus artículos 24, y 27.3(13); en el Convenio No. 161, Artículo 5º de la OIT, sobre los servicios de salud en el trabajo y la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad en su Artículo 28(14).

Recientes decisiones de la Corte Constitucional han resaltado documentos internacionales que han reforzado el carácter fundamental del derecho al agua.

En providencia C-094 de 2015 la Corte reforzó la importancia del derecho al agua en el hemisferio, y acudió a la Declaración Centroamericana del Agua, adoptada en San José de Costa Rica en 1998, para precisar la obligación estatal de cuidar los recursos hídricos y su correspondencia con la justicia ambiental. Puso de relieve que se tiene derecho a participar en los proyectos, obras y decisiones que afecten o puedan afectar a los cuerpos de agua a nivel local, nacional e internacional.

La jurisprudencia constitucional desde muy temprano reconoció el derecho fundamental a disponer de un mínimo de agua potable, especialmente en aquellos casos en los que el líquido está destinado a satisfacer las necesidades básicas de las personas(15). En un primer momento se vinculó el goce de este derecho en conexidad con el derecho a la vida en condiciones de dignidad, o como mecanismo para proteger el medio ambiente sano(16). En ese sentido, el agua potable, es un recurso natural insustituible y al mismo tiempo es condición indispensable para el disfrute de otros derechos como la vida, la salud y la dignidad humana.(17)

La Corte ha relacionado el acceso al agua potable con el disfrute de otros derechos fundamentales, como la vida, la dignidad humana, o la salud. En la Sentencia T-348 de 2013 la Corte Constitucional determinó que “(…) el agua que es utilizada diariamente por las personas es imprescindible para garantizar la vida misma y la dignidad humana, entendida como la posibilidad de contar con unas condiciones materiales de existencia que les permitan desarrollar un papel activo en la sociedad, para lo cual es evidentemente necesario contar con las garantías básicas del derecho a la salud y a la alimentación, los cuales, evidentemente no pueden ejercerse si no se cuenta con agua potable”(18).

En razón a su carácter fundamental, y como condición para el ejercicio de otros derechos constitucionales, la Corte ha protegido en sede de amparo el acceso al agua. Para ello ha exigido(19): (i) se demuestre que se requiere para el consumo humano; (ii) se pruebe que el agua que se ofrece al accionante y/o a una comunidad determinada se encuentra contaminada o no se presta en condiciones aptas para el consumo de las personas y; iii) los usuarios cumplen con los requisitos señalados en la ley y los reglamentos para la instalación del servicio público, pues este derecho también implica el deber de acatar las normas técnicas especializadas para la correcta prestación del servicio.

3.2. Contenido del derecho fundamental al agua potable(20). 

El Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales, en su Observación General No. 15 de 2002, fijó el contenido del núcleo esencial del derecho humano al agua potable. El mismo ha sido recogido por la Corte Constitucional(21) detallado los elementos constitutivos del derecho. En Sentencia T-891 de 2014 se precisarón las obligaciones a cargo del Estado en relación con la disponibilidad del líquido, el cual se entiende satisfecho y garantizado cuando se cumple los cinco requisitos que a continuación se detallan:

(i) ser provisto en una cantidad suficiente;

(ii) ser disponible;

(iii) en calidad adecuada;

(iv) físicamente accesible; y

(v) asequible económicamente para los usuarios,

Se procede a explicar cada uno de ellos:

a) Cantidad, hace referencia a una medición cuantitativa del número de metros cúbicos necesarios para una persona. Tanto la Corte, como el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como la Organización Mundial de la Salud y la propia Oficina del Alto Comisionado han señalado que los metros cúbicos necesarios para cada personas -con variación en atención a la región, el clima, los hábitos etc.- está alrededor de cincuenta (50) a cien (100) metros cúbicos de agua por persona. Al respecto en Sentencia la T-891 de 2014 esta Corte se pronunció en los siguientes términos:

“(…) una cantidad suficiente de agua abarca el recurso necesario para el saneamiento, usos personales y domésticos (consumo, preparación de alimentos e higiene).(22) Adicionalmente, se estima que el nivel de agua que en promedio resulta necesario para satisfacer estas necesidades varía entre los cincuenta (50) y cien (100) litros de agua por persona al día, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud -OMS-.(23)

b) Frente a la disponibilidad la Observación General No. 15 del Comité de Derechos Sociales, Económicos y Culturales define que el abastecimiento de agua de cada persona debe ser continuo y suficiente para los usos personales y domésticos. Los mismos comprenden normalmente el consumo, el saneamiento, “la colada”(24), la preparación de alimentos y la higiene personal y doméstica. La cantidad de agua disponible para cada persona debería corresponder a las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En relación con esta obligación, la Corte ha tutelado el derecho al agua potable, cuando una persona, o grupo de personas no contaban con el servicio en sus inmuebles por omisión de las empresas prestadoras, que se negaban a realizar la conexión del mismo, o también porque el suministro había sido suspendido en razón a su mora en el pago de las facturas(25). En estos casos, la Corporación ha decidido que obtener agua de manera episódica, intermitente o interrumpida no asegura los niveles mínimos de suministro del líquido en su hogar.

Del mismo modo, esta Corporación ha sostenido que existen circunstancias especiales donde, pese al incumplimiento del pago de los servicios públicos, no se puede efectuar la suspensión del mismo, ya que se vulneraria la disponibilidad del derecho al agua. Esto produce que los efectos de la suspensión se concreten “en un desconocimiento desproporcionado a los derechos constitucionales de sujetos o establecimientos especialmente protegidos, o en una grave afectación en las condiciones de vida de una comunidad”(26).

c) La calidad del agua tiene que ver con su salubridad y potabilidad “por lo tanto, no ha de contener microorganismos o sustancias químicas o radiactivas que puedan constituir una amenaza para la salud de las personas. Además, el agua debería tener un color, un olor y un sabor aceptables para cada uso personal o doméstico”(27).

En la pluricitada Sentencia T-891 de 2014, la Sala decidió el caso de una comunidad en el municipio de Palermo (Huila), la cual, a través del acueducto recibía agua que no era apta para el consumo humano, como lo demostraron múltiples análisis realizados. “La impotabilidad del agua derivaría de la falta de tratamiento del recurso hídrico, así como de la contaminación generada por el vertimiento de aguas residuales del alcantarillado en los afluentes de la zona, que a su vez pasan cerca sitio del cual se extrae el agua que abastece la red de acueducto”(28). En aquella ocasión se tuteló el derecho al acceso al agua, en atención a que el suministro de la misma, si bien era permanente y en adecuada cantidad, no garantizaba la calidad para el consumo humano. El derecho vulnerado tiene un carácter personal en este caso, puesto que el recurso no potable se destina a la satisfacción de necesidades inmediatas de los residentes de la zona, incluyendo el consumo humano(29).

d) El cuarto elemento del núcleo esencial al derecho al agua, es la accesibilidad que se refiere a que las instalaciones e infraestructura física que sirve para distribuir y garantizar el acceso al agua, debe ser cercana y segura para todos, y sin discriminación alguna. Señala el Alto Comisionado de las Naciones(30):

“Se debe facilitar acceso a agua potable y al saneamiento dentro del hogar o en sus cercanías inmediatas, y en una manera en que haya un suministro regular de agua y no se deba dedicar demasiado tiempo para recogerla. Por consiguiente, las obligaciones de derechos humanos de los Estados en relación con el agua potable y el saneamiento no les imponen que faciliten el acceso en cada casa. Sin embargo, el agua y las instalaciones sanitarias deben estar muy cerca de cada hogar, centro de enseñanza y lugar de trabajo, y deben encontrarse al alcance, de manera segura, de todos los sectores de la población, teniendo en cuenta las necesidades de grupos particulares, entre ellos las personas con discapacidades, los niños, las personas de edad y las mujeres (…) debería existir normalmente una fuente con capacidad para suministrar agua suficiente, salubre y regular a menos de 1.000 metros del hogar, y el tiempo para recoger alrededor de 20 litros de agua por día no debería superar los 30 minutos.” (Negrillas fuera del texto)

El acceso debe darse en cada hogar, institución educativa o lugar de trabajo o en sus cercanías inmediatas. Todos los servicios e instalaciones de agua deben ser de calidad suficiente y culturalmente adecuados, deben tener en cuenta las necesidades relativas al género, el ciclo vital y la intimidad. No pueden existir barreras físicas para el acceso al agua.

d) La asequibilidad o accesibilidad económica hace referencia a los cargos y tasas que deben asumir los ciudadanos para sufragar los costos de la infraestructura y puesta en marcha de los servicios de acueducto. Estos deben ser razonables y no pueden comprometer ni poner en peligro el ejercicio de otros derechos. En desarrollo de la garantía de asequibilidad diversas sentencias, esta Corporación ha señalado que aun cuando una persona adeude facturas por el servicio de agua, no puede interrumpirse el suministro ya que, en algunas ocasiones, el costo de las facturas mensuales pone en riesgo el disfrute de otros derechos fundamentales. Esto ocurre cuando el valor mensual no guarda relación con los ingresos del usuario(31).

3.3. Los sujetos de especial protección constitucional y los límites a la suspensión del servicio público del agua.

La Corte Constitucional ha sostenido que determinados grupos de personas o comunidades gozan de una garantía reforzada al derecho fundamental al agua(32). En efecto, el juez constitucional que decida sobre el suministro del preciado líquido debe tener especial precaución cuando se encuentra frente a niños o niñas, personas de la tercera edad, discapacitadas o gravemente enfermas, mujeres en estado de embarazo o lactancia, o en condición de debilidad manifiesta, así como cuando se trata de hospitales, centros penitenciarios o carcelarios o establecimientos educativos.

Frente a dichas hipótesis, el derecho de las Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios a cortar el suministro de agua por falta de pago de varias facturas acumuladas se ve limitado. La Corte estima que en esos eventos se presenta una colisión entre derechos o principios constitucionales. De un lado, el derecho de la empresa a recibir el pago por la prestación de un servicio fruto de un contrato de suministro oneroso(33) y por el otro, los derechos fundamentales al agua y a la vida en condiciones de dignidad de los usuarios o suscriptores.

Ante dicha tensión, esta Corporación(34) ha indicado que resulta desproporcionado que se interrumpa el servicio de agua, cuando este afecta a sujetos de especial protección constitucional. La Corte determinó que es muy bajo el recaudo de dineros que se logra con la interrupción del suministro de agua, pero sí es una restricción importante a los derechos a la vida digna.

En este orden de ideas, la jurisprudencia constitucional limita el derecho de las Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios a cortar el suministro de agua en casos donde se presenta falta de pago de las tasas mensuales, si quien lo soporta reúne varias condiciones; (i) es un sujeto de especial protección constitucional; (ii) el motivo de la morosidad es involuntario e incontrolable; y (iii) la suspensión del servicio implica la vulneración de otros derechos fundamentales(35).

Al ejercer el control abstracto de constitucionalidad de varias disposiciones de la Ley 142 de 1994, incluido el Artículo 128, referido al derecho-deber de las Empresas Prestadora de Servicios Públicos Domiciliarios a cortar el suministro de agua, en Sentencia C-150 de 2003(36) la Corte definió la suspensión del servicio implicaba un menoscabo desproporcionado para determinados sujetos de especial protección constitucional. Por ese motivo, condicionó su exequibilidad en el siguiente sentido:

“las normas acusadas serán declaradas exequibles, en el entendido de que se respetarán los derechos de los usuarios de los servicios públicos cuando se vaya a tomar la decisión de cortar el servicio. Tales derechos, como el respeto a la dignidad del usuario (art. 1° de la C.P.) son, entre otros: (…) (ii) el derecho a que las empresas prestadoras de servicios públicos se abstengan de suspender el servicio cuando dicha interrupción tenga como consecuencia el desconocimiento de derechos constitucionales de sujetos especialmente protegidos o, impida el funcionamiento de hospitales y otros establecimientos también especialmente protegidos en razón a sus usuarios, o afecte gravemente las condiciones de vida de toda una comunidad.”. (Negrillas fuera del texto)

La referida regla jurisprudencial ha sido aplicada de forma reiterada por la Corte Constitucional. Un ejemplo de ello es la Sentencia T-270 de 2007(37), mediante la cual la Corte amparó los derechos a la vida, a la salud, al agua y a la energía eléctrica de una mujer que debía someterse a procedimientos de diálisis ambulatoria en su residencia cuatro veces al día.

En esa ocasión, la Empresa de Servicios Públicos cortó el suministro de agua y energía eléctrica con fundamento en que la peticionaria no canceló las facturas mensuales de agua y energía. La accionante afirmó que requería el suministro de los dos servicios públicos para llevar a cabo el procedimiento médico prescrito.

Este Tribunal sostuvo que en casos de sujetos de especial protección constitucional, como lo es una persona que afronta una enfermedad de extrema gravedad, debe garantizarse el suministro mínimo de agua, ya que la interrupción del mismo, tiene el alcance de poner en riesgo derechos fundamentales como la salud, la dignidad humana, y la vida misma.

En Sentencia T-717 de 2010(38) se resolvieron dos casos acumulados de accionantes que manifestaban la vulneración de sus derechos fundamentales al agua, ya que las Empresas Públicas de Medellín habían suspendido el suministro de agua, debido a la falta de pago. En los dos procesos se trataba de madres cabezas de familia, a quienes correspondía el sostenimiento de varios niños, algunos de ellos con discapacidades físicas. En esa oportunidad las accionantes adeudaban cifras cercanas a un millón trescientos sesenta y cinco mil noventa y nueve pesos ($1’365.099).

En la misma providencia la Corte reiteró su jurisprudencia frente a los límites y restricciones del derecho-deber de las Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios a suspender el suministro de agua. Siempre que, prima facie, proceda el corte del suministro, la Empresa deberá tener en cuenta que no lo podrá realizar si la suspensión se efectúa en dos de las siguientes hipótesis: (i) con violación de las garantías del derecho al debido proceso; o (ii) bajo el respeto del debido proceso, pero con la consecuencia accesoria de: (a) suponer “el desconocimiento de derechos constitucionales de sujetos especialmente protegidos”, (b) “impedir el funcionamiento de hospitales y otros establecimientos también especialmente protegidos” o (c) “afectar gravemente las condiciones de vida de toda una comunidad”.

Estas mismas reglas fueron reiteradas en Sentencia T-752 de 2011(39). Dicha providencia resolvió varias tutelas acumuladas, en las que los accionantes alegaban la imposibilidad de pagar cifras que oscilan entre ochocientos noventa y seis mil pesos ($ 896.000), y a un millón ciento noventa mil doscientos seis pesos ($1.190.206). En esa oportunidad la Corte profundizó en cuanto a que no debía cuantificarse el acceso al servicio público esencial del agua desde un punto de vista de eficiencia económica o suficiencia financiera, sino que debe prestarse el servicio atendiendo a otros indicadores “(…) de carácter social, que propugnen por la extensión y prestación oportuna de los mismos, aunque ello implique un replanteamiento de políticas públicas o la adopción de unas nuevas por parte del Estado, en lo que respecta al asunto de los servicios públicos esenciales”(40).

No se trata que el Estado obligue a las empresas prestadoras de servicios públicos a operar generando pérdidas. Lo que debe tenerse presente es que siempre hay que garantizar el flujo esencial de agua, aun cuando se presente mora en el pago de las facturas, y este ante circunstancias excepcionales en la que se afecten otros derechos fundamentales de sujetos de especial protección constitucional. En otras palabras, debe anteponerse el valor superior de la dignidad humana, al concepto de rentabilidad económica. Por eso en la citada sentencia T- 752 de 2011 se ordenó a la Empresa Prestadora de Servicios Públicos Domiciliarios, llegar a un acuerdo de pago con la peticionaria, en el cual se le ofrezcan cuotas amplias y flexibles, que le permitan satisfacer sus obligaciones contractuales, derivadas del consumo del servicio público de agua potable.

Posteriormente, la Sentencia T-915 de 2009(41) resolvió la petición de amparo de un hogar comunitario al que se le interrumpió el servicio de agua por falta de pago, pero donde se atendían de manera prioritaria a sesenta (60) menores de edad. En aquella oportunidad, la Sala Séptima de Revisión estimó que la prestación de los servicios públicos es una función esencial de un Estado Social de Derecho y que, por tanto, no es posible suspender de manera automática el suministro agua, sin atender que puede perjudicar a personas frente a las cuales el Estado tiene prioritarias obligaciones. Concluyó que cuando el abastecimiento de agua va dirigido a menores de edad, el mismo no se puede suspender, y en todo caso se debe“(…) procurar su suministro permanente, en la cantidad básica, sea directamente o a través de las entidades prestadoras de servicios públicos, independientemente del carácter público o privado de éstas”(42).

En Sentencias T- 740 de 2011(43) y T-980 de 2012(44), la Sala de Revisión de Tutelas resolvió en el mismo sentido, y a partir de las mismas reglas jurisprudenciales las solicitudes de amparo presentadas por varias personas que carecían de los recursos económicos para sufragar mensualidades acumuladas.

En el caso de la providencia del año 2011 se trataba de una mujer de cincuenta y cuatro (54) años de edad, madre cabeza de familia de dos niños, y con una discapacidad física. La Sentencia T-980 de 2012 estudió la solicitud presentada por un hombre de sesenta y un (61) años de edad y sin familiares. En ambos casos las cifras adeudadas eran cercanas al medio millón de pesos, y la orden fue dirigida en el mismo sentido: realizar un acuerdo de pago amplio y flexible entre la Empresa Prestadora el Servicio de Agua potable y el suscriptor, atendiendo la situación económica del accionante, y buscando que pueda cumplir los abonos a su obligación contractual.

La Sentencia T-891 de 2014(45) realizó una reconstrucción del precedente judicial relacionado con las reglas jurisprudenciales aplicables a los casos de corte del servicio de agua a sujetos de especial protección constitucional. La providencia compendió las siguientes pautas:

“(i) en el caso de las viviendas clasificadas en nivel uno (1) del Sisbén, debe presumirse que la falta de pago no justifica la desconexión del servicio de acueducto;

(ii) no puede suspenderse el servicio, pese al incumplimiento sucesivo de pago, si la desconexión viola el debido proceso, afecta derechos constitucionales de sujetos de especial protección, entorpece el funcionamiento de establecimientos protegidos o afecta las condiciones materiales de existencia de un grupo;

(iii) en casos de desconexión los sujetos de especial protección constitucional tienen la carga de informar que el corte afecta a un sujeto que ostenta dicha calidad, que con ella se pueden afectar derechos fundamentales, y que el incumplimiento en el pago se generó a partir de “circunstancias involuntarias, insuperables e incontrolables”;

(iv) el contenido del derecho (…) incluye las características de disponibilidad, calidad, accesibilidad, asequibilidad y aceptabilidad;

(v) la tutela no resulta procedente para acceder a la reconexión cuando el accionante utilizó medios ilegales para hacerse al preciado líquido.”

En conclusión, para esta Corporación los sujetos de especial protección constitucional, entre ellos los niños y niñas, gozan de un contenido mínimo al derecho al agua que no es susceptible de restricción bajo ninguna hipótesis, por esta razón, la mora en el pago de las facturas del servicio público es inoponible para impedir el acceso al líquido de los sujetos de especial protección constitucional.

4. Dimensión social del acceso a la electricidad y la pobreza energética.

Debido a que el problema jurídico que debe resolver la Sala requiere determinar si es procedente la protección del acceso a la energía eléctrica a través de acción de tutela del acceso, se considera necesario contextualizar el caso concreto en los debates contemporáneos sobre el disfrute de este servicio público.

El acceso a un mínimo de energía eléctrica ha sido ampliamente discutido tanto en el derecho comparado, como por la Comunidad Internacional(46). Varias de las instituciones y autores referenciados en un primer momento, buscan derribar estereotipos o prejuicios que vinculan al acceso a la energía eléctrica con un lujo, un servicio público prescindible, o de menor importancia que, por ejemplo, el agua potable. Las fuentes consultadas muestran que en las sociedades contemporáneas el acceso a la energía eléctrica es una condición para el disfrute de otros servicios y garantías fundamentales.

Varias de las actividades de la vida cotidiana que, hoy se dan por dadas y parecen naturales sólo pueden llevarse a cabo, por el acceso a las redes de energía eléctrica. Participar de la riqueza económica, cultural, informática, vivir en un espacio con la adecuada calefacción, conservar y refrigerar los alimentos es posible, únicamente porque se cuenta con acceso a electricidad.

Este servicio público tiene mayor importancia para sujetos de especial protección constitucional, dado que la falta del suministro los afecta de manera desproporcionada y con consecuencias que únicamente asumen ellos. En el caso de los niños, niñas y adolescentes, verbigracia, la ausencia de fluido energético impide que puedan ejercer de manera adecuada sus derechos fundamentales a la educación o a la alimentación equilibrada.

Las mujeres que viven espacios rulares y pobres, deben asumir las consecuencias de la pobreza energética. En familias con fuertes valores patriarcales son las mujeres quienes cocinan y preparan los alimentos, lo cual las obliga a proveer los insumos necesarios para la cocción. Como se verá a continuación, las Naciones Unidas (Programa para el Desarrollo) han documentado que en países pobres, especialmente en espacios rurales, son las madres, hermanas, e hijas quienes obtienen la leña para la preparación, lo cual las obliga a pasar horas recolectado combustibles vegetales.

El suministro de electricidad permite hacer frente a las necesidades básicas de la vida cotidiana. Actividades como la conservación de alimentos, climatizar espacios, la iluminación y la higiene personal, sólo pueden disfrutarse con la concurrencia de la energía eléctrica. Dicho en otros términos, este suministro está directamente relacionado con el bienestar de las personas, y asegura condiciones elementales de comodidad.

En la jurisprudencia constitucional, como se verá en acápites siguientes, la protección a través de acción de tutela del suministro de energía eléctrica, se vincula al goce de derechos fundamentales como la vida, la salud o la integridad personas. Por el contrario en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el fluido eléctrico se deriva del derecho humano a la vivienda digna y adecuada.

En el Derecho Internacional de los Derechos Humanos el acceso a la energía eléctrica, se encuentra reconocido de manera conexa con el derecho a vivienda digna y adecuada. El Artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, señala que es un derecho humano disfrutar de un lugar de residencia para: (i) aislarse y descansar los periodos de tiempo necesarios y; (ii) protegerse de las inclemencias del clima. Se ha concluido por parte del Comité de Derechos Sociales y Culturales, que una vivienda adecuada es una condición necesaria y previa para el disfrute de otros derechos humanos y prestacionales.

No cualquier vivienda cumple los estándares internacionales. Uno de los requisitos derivados del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, tiene que ver con la “Disponibilidad de Servicios, materiales facilidades e infraestructura”. El Comité de Derechos Económicos y Culturales define este requisito como:

“Disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura. Una vivienda adecuada debe contener ciertos servicios indispensables para la salud, la seguridad, la comodidad y la nutrición. Todos los beneficiarios del derecho a una vivienda adecuada deberían tener acceso permanente a recursos naturales y comunes, a agua potable, a energía para la cocina, la calefacción y el alumbrado, a instalaciones sanitarias y de aseo, de almacenamiento de alimentos, de eliminación de desechos, de drenaje y a servicios de emergencia.”(47)

Como se observa, el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales vincula el suministro de energía eléctrica, al disfrute del derecho humano a la vivienda digna y adecuada. Según la doctrina especializada, el mismo debe ser suficiente, regular, confiable, eficiente, seguro y asequible(48).

De la misma manera, el programa para las Naciones Unidas para el Desarrollo, ha recalcado la relación que existe entre el alivio de la pobreza, la mejora en las condiciones de los sectores vulnerables y el disfrute del fluido eléctrico(49). Sostiene que personas que no gozan de este servicio, se enfrentan a dificultades adicionales para superar condiciones de pobreza, y para lograr el ejercicio de sus derechos fundamentales. Concluye el Informe de las Naciones Unidas sobre el estado de la energía eléctrica en el Mundo:

“La falta de acceso a los servicios energéticos está estrechamente vinculada a una serie de preocupaciones sociales, incluyendo la pobreza, la falta de oportunidades, la urbanización, la mala salud, y la falta de educación de las mujeres en particular.

(…)

En todo el mundo, dos mil millones de personas dependen de formas tradicionales combustibles para cocinar y / o no tienen acceso a servicios energéticos modernos. Para estas personas, cocinar en el interior de sus casas con estufas mal ventiladas tienen significativos impactos para la salud. Cientos de millones de personas – principalmente mujeres y niños - pasan varias horas al día en la monotonía de la recolección de leña y agua, a menudo desde distancias considerables, para las necesidades del hogar. Debido a estas demandas en su tiempo y su energía física, las mujeres y los niños a menudo no tienen oportunidades para la educación y otras actividades productivas, mientras que su salud se resiente.”(50) (Subrayado y negrillas fuera del texto)

El mismo documento explica que el acceso a la energía se asocia con una mayor esperanza de vida y reducción de la mortalidad infantil(51), ya que el fluido eléctrico permite una mejor cocción de los alimentos, su adecuada refrigeración, calefacción (especialmente en ciudades con climas extremos) además de ofrecer condiciones de aseo y estudio indispensables, para el ejercicio de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes.

La comunidad internacional en varias ocasiones ha recalcado la necesidad de revertir las condiciones de pobreza de millones de personas(52), este compromiso implica superar formas de exclusión del mercado de la energía eléctrica. Dado que el flujo de electricidad no es un privilegio de aquellos que puedan sufragar los costos, sino una condición necesaria para el disfrute de otros muchos derechos humanos (conservación de alimentos, climatizar espacios, el derecho a la educación, la iluminación y la higiene personal etc.), se requiere garantizar progresivamente la distribución adecuada de electricidad.

Es por esto que, uno de los compromisos de la comunidad internacional en la superación de la miseria(53), está ligado con la garantía del acceso a la energía eléctrica de manera conexa con el disfrute de una vivienda adecuada. Superar la indigencia requiere, entonces, dejar atrás la pobreza energética(54).

La pobreza energética, es un concepto que han desarrollado, entre otras, las Naciones Unidas y en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Cepal, para ilustrar la situación de millones de personas en el mundo, consistente en la imposibilidad fáctica de garantizar una cantidad mínima de electricidad para protegerse de las inclemencias del clima (calefacción), así como para la refrigeración y cocción de alimentos.

Una persona o núcleo familiar se encuentra en condiciones de pobreza energética cuando: (i) es incapaz de pagar una cantidad mínima de electricidad para la satisfacción de sus necesidades domesticas (calefacción, iluminación, refrigeración y cocción de alimentos) o; (ii) en los eventos en que se ve obligada a destinar una parte excesiva de sus ingresos a pagar la factura energética de su vivienda(55).

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, de las Naciones Unidas, define la situación de pobreza energética como:

“Los trabajos de investigación que abordan el tema de la pobreza de combustible, bajo el enfoque de subsistencia, estiman una línea de pobreza con base en un umbral de temperatura necesario para alcanzar el confort térmico que se considera adecuado, o bien con el porcentaje del ingreso del hogar destinado al gasto de combustible requerido para alcanzar dicho nivel de confort.”(56) (Negrillas fuera del texto)

Dicho fenómeno cobra mayor importancia en Estados en los que existen cambios estacionarios o asentamientos humanos en lugares de climas extremos. Esto debido a que una vivienda ubicada a 3000 metros de altura no requiere la misma cantidad de energía para la calefacción, cocción, refrigeración e iluminación, que aquella que se ubica sobre el nivel del mar.

En periodos de fuertes inviernos o bajas de temperaturas, la falta de calefacción se convierte en causa de enfermedades o muertes especialmente de personas como niños y niñas, ancianos, y personas sin hogar(57). La pobreza energética tiene consecuencias en el desarrollo físico y académico de menores de edad, así como de personas de la tercera edad. La ausencia de iluminación impide que menores en edad escolar, puedan ejercer su derecho a la educación, dado que la lectura, la lúdica, y el descanso se ven fuertemente limitados sin la luz eléctrica.

Expertos han comprobado(58)que la pobreza energética extiende sus consecuencias en tres dimensiones claramente identificadas: (i) en el derecho a la salud; (ii) en las relaciones intra familiares, y (iii) en el aumento de la pobreza por deudas excesivas de quienes tiene un acceso precario a la electricidad.

En el caso de las consecuencias en la salud física, especialmente a niños, personas mayores o personas con enfermedades crónicas, el frío y la humedad permanentes pueden comportar problemas respiratorios como asma, bronquitis, o alergia, así como agravar problemas pre existentes. La falta de luz, también tiene efectos negativos en la salud emocional, en atención a que genera ansiedad, exclusión, insomnio, inestabilidad familiar, fracaso escolar o incluso aislamiento social.

De manera paralela, la CEPAL ha recalcado las consecuencias de la pobreza energética en la vida cotidiana, y la afectación de actividades habituales de cualquier persona, como la alimentación, el trabajo, el descanso, el cuidado personal, el disfrute del tiempo libre, la salud física y mental(59).

Por otra parte, el endeudamiento producido por la pobreza energética lleva a que la ciudadanía se enfrente a una disyuntiva: cancelar las facturas de electricidad, sobre los costos de otros derechos fundamentales como la alimentación, el transporte y la educación de los hijos e hijas. Finalmente se ha evidenciado que aquellas personas que se encuentran en situaciones de pobreza energética se enfrentan a dificultades de convivencia en el interior de las familias.

En conclusión, los obstáculos para el acceso al flujo de energía eléctrica tienen consecuencias en la agudización de la pobreza extrema y pone a la ciudadanía en condiciones de especial vulnerabilidad. Aquellas personas que no pueden proveer el mínimo de cantidad de electricidad para satisfacer sus necesidades fundamentales o que destinan la mayoría de sus ingresos al pago de las facturas del servicio, ven vulnerados o amenazados otros derechos fundamentales.

Hoy la comunidad internacional reconoce que la energía es una condición necesaria para el disfrute de otros derechos humanos, por ello la Corte Constitucional partirá de estas primeras conclusiones para decidir el caso concreto.

4.1. El suministro de energía eléctrica, su protección constitucional en casos de conexidad con derechos fundamentales.

Como se acabó de mencionar, la comunidad internacional vincula el acceso a la energía eléctrica con el derecho humano a la vivienda digna. En el caso de Colombia, la Corte Constitucional relaciona este servicio público con el disfrute de otros derechos fundamentales como la vida, la salud, y la integridad personal. A continuación, se detallarán las condiciones que ha exigido la jurisprudencia constitucional para la procedencia de acción de tutela en casos en los que se discuten las consecuencias del corte del suministro de energía eléctrica.

La Corte Constitucional ha señalado que el acceso a la electricidad no constituye un derecho fundamental autónomo(60), y que sólo de manera excepcional, y en atención a los hechos de cada caso, puede ser protegido a través de acción de tutela, siempre que se presente el fenómeno de la conexidad con un derecho fundamental. Es posible que el juez constitucional profiera órdenes que se dirijan a la reconexión del flujo de energía eléctrica siempre que su suspensión implique una amenaza de una garantía fundamental(61). En la jurisprudencia de esta Corporación es posible identificar dos hipótesis de procedencia de tutela en defensa del acceso a la energía eléctrica: (i) en conexidad con derechos como la vida en condiciones de dignidad, y la salud; y (ii) allí donde la Empresa Prestadora del Servicio Público Domiciliario incumplió su obligación de suspender el suministro pasados más de tres periodos de facturación, y en esa medida, permitieron se consolidara una deuda millonaria.

4.2. Protección del flujo de energía en conexidad con derechos como la vida en condiciones de dignidad y la salud.

En el primer escenario la Corte ha señalado que las entidades, públicas o privadas, que participan del mercado eléctrico del país, concretamente aquellas que se encargan de la distribución(62), no deben interrumpir el suministro de energía eléctrica en casos en que esta medida coercitiva implique vulneraciones o amenazas de vulneración de derechos fundamentales de sujetos de especial protección constitucional, o cuando la suspensión recae en establecimientos públicos como centros penitenciarios y carcelarios(63), hospitales(64) o entidades educativas(65).

En estos eventos la jurisprudencia constitucional presume que la suspensión del servicio público de energía eléctrica tiene como consecuencia la vulneración de otros derechos fundamentales, como la vida en condiciones de dignidad, la alimentación, o la salud. En Sentencia T-1205 de 2004(66), la Corte estudió la acción de tutela presentada por el representante legal de un hospital público que sufría cortes intermitentes, y racionamiento de la energía eléctrica, toda vez que adeudaba varias facturas acumuladas.

En dicha providencia la Sala de Revisión precisó que el incumplimiento en el pago de varias facturas del servicio de energía eléctrica es un debate, en principio, estrictamente contractual y en esa medida de orden legal. En este orden solo en determinados casos, la mora en la cancelación de las facturas de la energía eléctrica adquiere carácter constitucional y conlleva a que no se suspenda el suministro, el cual por regla es continuo e ininterrumpido. Al respecto la Corte se pronunció en los siguientes términos:

“El servicio público de energía se caracteriza también por la continuidad en su prestación, razón por la cual no puede interrumpirse ese servicio, sobre la base de que exista el incumplimiento de las obligaciones pecuniarias que le corresponde asumir, máxime cuando además su interrupción genera la afectación o vulneración de un derecho fundamental. Con el servicio público de energía, se garantiza la satisfacción de las necesidades esenciales de las personas y el goce del derecho fundamental a la dignidad humana en el sentido social o de otros derechos fundamentales, sobre todo cuando de su prestación efectiva dependen las condiciones normales de prestación de otros servicios públicos, o las condiciones necesarias para el funcionamiento de la sociedad.” (Negrilla fuera del texto)

Son dos eventos en los que una empresa de servicios públicos debe abstenerse de realizar la suspensión del suministro de energía: (i) cuando se trata de comunidades como hospitales, cárceles y establecimientos educativos; y (ii) en casos de sujetos de especial protección constitucional. Siempre será el juez constitucional, quien, en atención a las especificidades del caso, evalué y determine cuando se está frente a una vulneración de derechos fundamentales por la suspensión del servicio de electricidad. Así lo concluyó la providencia comentada:

“En todo caso corresponderá al juez de tutela analizar los hechos y circunstancias de cada asunto en particular, teniendo en cuenta el grado de vulneración de los derechos fundamentales involucrados y las especiales condiciones en que se encuentren las personas afectadas.”(67)

La Corte estuvo frente a esta hipótesis, en Sentencia T-270 de 2007(68) en la que le correspondió determinar si la suspensión del servicio de energía eléctrica implicaba una vulneración a los derechos a la vida en condiciones de dignidad y a la salud, de una mujer diagnosticada con insuficiencia renal y quien debía realizarse diálisis ambulatorias en su domicilio, pero adeudaba a la empresa de servicios públicos una cifra cercana al millón de pesos. En aquella ocasión las Empresas Públicas de Medellín habían propuesto varias alternativas para financiar su deuda, sin embargo, la demandante argumentó que ésta no era una opción válida, puesto que no estaba en condiciones de asumir ninguna carga económica dada sus precarias condiciones.

El juez de tutela de primera instancia había concedido el amparo por el acceso al derecho al agua, pero no por el suministro a la energía eléctrica. Por ello, el tema central de la T-270 de 2007 giró en torno a la reconexión de la electricidad. La providencia explica que los artículos 11 y 13 del texto constitucional establecen el derecho a la vida como inviolable y la obligación para el Estado de protegerlo, de manera reforzada para aquellas personas que por su “condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta”. En la referida providencia la Corte ordena la reconexión del servicio de energía eléctrica ya que la situación de salud de “la peticionaria, la ubica como sujeto de especial protección para el Estado por sus condiciones de debilidad manifiesta, por cuanto no está en condiciones normales para desempeñar una actividad laboral, pues el sólo cuidado de su enfermedad le demanda gran parte del día y de acuerdo con su propia versión, la cual no fue desvirtuada por la entidad demandada, carece de los medios y posibilidades económicas necesarios para sufragar la deuda contraída con las Empresas Públicas de Medellín y obtener la reconexión de los servicios de agua y luz que le son vitales en su tratamiento.”

4.3. Casos en que las Empresas Prestadoras del Servicio Público Domiciliario incumplieron su obligación de suspender el suministro, pasados más de tres periodos de facturación y en esa medida, permitieron se consolidara una deuda millonaria.

Una segunda hipótesis en que la Corte considera procedente la acción de tutela para la protección del suministro de energía eléctrica es en los eventos en que las Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios no lo han interrumpido a tiempo, y en esa medida han tolerado que los suscriptores asuman deudas millonarias que no están en condiciones de cancelar.

En varias providencias(69) la Corte ha señalado que las empresas de servicios públicos domiciliarios tienen derecho a suspender la prestación de los mismos como mecanismo de coacción para lograr el pago de facturas en mora. Sin embargo, esta facultad es también un deber, ya que impide que continúe el aumento de las deudas de usuarios. El artículo 140 de la Ley 142 de 1994 (modificado por el artículo 19 de la Ley 689 de 2001) consagra el deber de las empresas de servicios públicos de suspender el servicio ante la mora en el pago de las facturas, “sin exceder en todo caso de dos (2) periodos de facturación en el evento en que ésta sea bimestral y de tres (3) periodos cuando sea mensual (...)”.

En Sentencia T-490 de 2003(70), la Corte estudió el caso de un accionante que se encontraba privado de la libertad en un establecimiento carcelario, y que adeudaba 69 periodos de facturación del servicio de energía eléctrica, a pesar que legalmente debía operar la suspensión tras la tercera factura vencida. La Sala de Revisión sostuvo que cuando no se corta oportunamente el suministro de energía, siendo este procedente, las empresas prestadoras son poco cuidadosas y esto no puede pasar desapercibido. El derecho a cortar el servicio de energía eléctrica no sólo constituye una garantía para la empresa, quien ejerce un mecanismo legítimo de coacción que de alguna manera le permite asegurar el pago de un crédito(71), sino que es una garantía para los propietarios de los inmuebles. Sostuvo la Corte: “Todo lo anterior permite concluir que las empresas de servicios públicos tienen la obligación de suspender el servicio a más tardar al tercer periodo de mora en el pago; que en caso de no hacerlo deben asumir directamente la responsabilidad por su negligencia; y que en estos eventos, para la reconexión del servicio solamente pueden exigir el pago de los tres periodos iniciales, así como los gastos de reconexión, reinstalación y los recargos en mora.”

Esta hipótesis ha sido aplicada a propietarios de inmuebles que los arriendan, a personas que a la postre incumplen con los pagos de las facturas mensuales del servicio de energía eléctrica. Cuando la mora supera los tres meses, la Empresa de servicios públicos debe suspender el suministro. De lo contrario actuaria negligentemente. En consecuencia, si la empresa omite un deber que le impone la ley (cortar el servicio público) no puede luego trasladar los efectos de su incorrecto proceder a terceras personas, pues con ello abusa de su posición dominante frente a los usuarios o suscriptores del servicio(72).

Esto no quiere decir, que las Empresas Municipales de Cali debieron haber cortado el suministro de luz de la accionante pasado el tercer mes de mora. Lo que busca ilustrar la Sala, es que las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios deben actuar de manera diligente y responsable, y evitando por todos los medios a su disposición que suscriptores o usuarios del servicio de energía acumulen deudas tan altas, que se conviertan en impagables.

¿Cómo logran evitar estas acreencias millonarias? sin duda una herramienta es a través del corte de la energía eléctrica cuando esta proceda. Otra forma, es celebrando acuerdos de pago reales, y que guarden proporción con los ingresos de los suscriptores. Especialmente aquellos que afrontan condiciones de extrema pobreza.

Las empresas prestadoras de servicios públicos caen en prácticas negligentes cuando abusan de su posición en la relación contractual, al celebrar acuerdos de pago que no guardan relación con la situación económica de los ciudadanos y permiten que aumenten los periodos facturados pendientes.

Finalmente, hay que reiterar el precedente de la Sentencia T-793 de 2012. En aquella ocasión, la Sala Primera de Revisión de Tutelas resolvió la procedencia del amparo constitucional para lograr la protección del flujo de energía eléctrica del barrio denominado Ríos de Agua Viva del Municipio de Soledad (Atlántico). La Corporación tuteló el derecho al acceso de energía eléctrica para la comunidad, toda vez que la ausencia electricidad acarreaba la vulneración a derechos fundamentales de niños, niñas, personas de la tercera edad, y algunos enfermos. Consideró la Corte:

“En el proceso hay evidencias de que dentro del grupo de usuarios afectados por la suspensión del servicio de energía eléctrica, se encuentra un grupo de sujetos de especial protección constitucional integrado por menores de edad, por individuos de la tercera edad, y por una persona discapacitada. Todos ellos tienen derecho, por mandato de la Constitución, a un trato especial del Estado y de la sociedad (CP arts. 13, 44 y 46). La suspensión del servicio de energía eléctrica, sin duda tuvo algunas repercusiones serias en sus condiciones de vida. Así, en las declaraciones de los peticionarios se relacionan entre las consecuencias de la suspensión del servicio, las siguientes:

20.1. En términos generales, todos los accionantes aducen que la falta de energía eléctrica en el barrio vino acompañada de problemas para la salud y la seguridad de los habitantes (…) coinciden además en señalar que la inseguridad se vio potencializada en el aumento de personas de otras zonas en el Barrio Ríos de Agua Viva, durante las horas de la noche, para hurtar cosas de los residentes. Aparte, la señora Mary Luz Domínguez Herrera aseguró que mientras no hubo energía en el barrio, los niños no dormían y desarrollaban enfermedades y, las personas de la tercera edad se enfermaron de la presión. Y la señora Lilia Esther de la Cruz Rodríguez, quien reside con su esposo de 76 años, manifestó que por la suspensión perdieron varios los alimentos almacenados en una tienda de su propiedad.”

La Sala Primera Revisión estimó que no procede el corte del servicio de energía eléctrica, a pesar de la mora en el pago de las facturas mensuales, en dos eventos: (i) cuando la suspensión implica la violación al debido proceso de los suscriptores del servicio; y (ii) “bajo el respeto del debido proceso, pero con la consecuencia aneja de: (a) suponer `el desconocimiento de derechos constitucionales de sujetos especialmente protegidos´, (b) ´imp[edir] el funcionamiento de hospitales y otros establecimientos también especialmente protegidos´ o (c) `afect[ar] gravemente las condiciones de vida de toda una comunidad´. Por tanto, no basta con que entre los usuarios de servicios públicos domiciliarios haya un sujeto de especial protección, para que se enerve la potestad de suspenderlos que el ordenamiento les reconoce a las empresas de servicios públicos domiciliarios. Es necesario además que la consecuencia directa de esa suspensión sea el desconocimiento de sus derechos fundamentales”(73)

En aquella ocasión, la Corte Constitucional ordenó a la Empresa de Servicios Públicos Electricaribe S.A que cuando proceda a realizar el corte del suministro de energía eléctrica en el barrio Ríos de Agua Viva, del municipio de Soledad Atlántico, por incumplimiento en el pago de las facturas, debe asegurar que la suspensión no desconozca los derechos fundamentales de los sujetos de especial protección constitucional que allí habiten. Si la suspensión, terminación o corte del servicio público en dicho barrio, tiene la potencialidad de acarrear el desconocimiento de los derechos fundamentales de estos últimos, Electricaribe debe abstenerse de practicarla. Y esto debe respetarlo, con independencia de si concurre otra causa de interrupción del servicio.

Una conclusión que se extrae de los precedentes constitucionales anteriores, tiene que ver con que esta Corte ha ordenado la reconexión del servicio de energía eléctrica, pero no ha fijado una cantidad mínima. A diferencia de lo que ocurre con el servicio público de agua potable, donde a partir de fuentes del derecho internacional la Corporación ha determinado una cantidad esencial de litros cúbicos de líquido(74). Por este motivo, la Sala considera necesario que en los eventos en los que se presente un corte de energía eléctrica, y el mismo tenga como consecuencia la vulneración de derechos fundamentales de sujetos de especial protección constitucional, debe determinarse la cantidad mínima de suministro de electricidad.

4.4. Sobre el consumo de subsistencia del servicio de energía eléctrica.

La legislación colombiana reconoce la importancia fundamental del suministro a la energía eléctrica para desarrollar una vida en condiciones mínimas de bienestar. Por ello, la Ley previó el consumo de subsistencia, y estableció un subsidio a un porcentaje del mismo, esto en consideración a dos variables: (i) el estrato socioeconómico de una residencia; y (ii) la altitud en relación con el nivel del mar.

De esta manera, la legislación nacional, acoge las conclusiones mencionadas en el acápite cuatro(75) y garantiza cantidades mínimas de energía eléctrica a partir de factores objetivos como la altitud de una vivienda, y su ubicación en los estratos socioeconómicos. La Ley 143 de 1994, por la cual se establece el régimen para la generación, interconexión, trasmisión, distribución y comercialización de electricidad en el territorio nacional, contiene el marco general de regulación del mercado de la energía eléctrica. En su Artículo 11 prevé el concepto de “Consumo de subsistencia”, entendido como “la cantidad mínima de electricidad utilizada en un mes por un usuario típico para satisfacer necesidades básicas que solamente puedan ser satisfechas mediante esta forma de energía final.”(76)

La Ley 632 del año 2000 establece en su Artículo 8º que el Ministerio de Minas y Energía, por intermedio de la Unidad de Planeación Minero-Energética, determinará para los sectores eléctricos y gas natural qué se entiende por consumo de subsistencia.

En desarrollo de esta disposición legal, a través de la Resolución 0355 de 2004, la Unidad de Planeación Minero Energética fijó dicho consumo mínimo y necesario para atender los requerimientos básicos de una familia en el país. Si se trata de un hogar ubicado debajo de los mil (1000) metros sobre el nivel del mar, el Consumo de Subsistencia es de 173 kWh-mes y 130 kWh-mes para residencias establecidas en alturas iguales o superiores a 1.000 metros sobre el nivel del mar.

La Ley 143 de 1994 en su Artículo 47 establecía los mecanismos a través de los cuales se subsidiaba el acceso a este consumo de subsistencia. Dicha disposición fue parcialmente modificada en el año 2006, por lo cual explicar los mecanismos de fijación del consumo de subsistencia, y el subsidio que recibe, obliga a la Sala referirse brevemente a las normas del año 1994 y sus posteriores reformas.

El Artículo 47 de la Ley 143 establecía que a los estratos altos se aplicará un sobrecosto, que nunca podrá exceder el 20% de la facturación total(77). Con estos recursos se financia el noventa por ciento (90%) del consumo de subsistencia de los hogares de los estratos que reciben dicho subsidio. Señala el artículo mencionado:

“En concordancia con lo establecido en el literal h) del artículo 23 y en el artículo 6o. de la presente Ley, aplíquense los factores para establecer el monto de los recursos que los usuarios residenciales de estratos altos y los usuarios no residenciales deben hacer aportes que no excederán del 20% del costo de prestación del servicio para subsidiar los consumos de subsistencia de los usuarios residenciales de menores ingresos.

El faltante de los dineros para pagar la totalidad de los subsidios será cubierto con recursos del presupuesto nacional, de acuerdo con lo establecido en el artículo 3o. de la presente Ley, para lo cual el Ministerio de Hacienda y Crédito Público incluirá las apropiaciones correspondientes en el presupuesto general de la Nación.

(…)

Los subsidios se pagarán a las empresas distribuidoras y cubrirán no menos del 90% de la energía equivalente efectivamente entregada hasta el consumo de subsistencia a aquellos usuarios que por su condición económica y social tengan derecho a dicho subsidio según lo establecido por la ley.” (Negrillas y subrayado fuera del texto)

Posteriormente, el Artículo 3 de la Ley 1117 del año 2006, modificado por la Ley 1428 de 2010 varió el subsidio al consumo de subsistencia. Redujo el porcentaje del subsidio y lo diferenció en atención al estrato socio económico. Dispone la Ley comentada:

“La aplicación de subsidios al costo de prestación del servicio público domiciliario de energía eléctrica y de gas combustible para uso domiciliario distribuido por red de tuberías de los usuarios pertenecientes a los estratos socioeconómicos 1 y 2 a partir del mes de enero de 2007 hasta diciembre del año 2010, deberá hacerse de tal forma que el incremento tarifario a estos usuarios en relación con sus consumos básicos o de subsistencia corresponda en cada mes como máximo a la variación del índice de Precios al Consumidor, sin embargo, en ningún caso el porcentaje del subsidio será superior al 60% del costo de la prestación del servicio para el estrato 1 y al 50% de este para el estrato 2. (Negrillas y subrayado fuera del texto)

Esta disposición fue prorrogada mediante la Ley del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 (Ley 1753 Art. 17) que señala: “Los subsidios establecidos en el artículo 3º de la Ley 1117 de 2006, prorrogados a su vez por el artículo 10 de la Ley 1428 de 2010 y por el artículo 76° de la Ley 1739 de 2014, se prorrogan, como máximo, hasta el31 de diciembre de 2018.”

Para la Sala esta normatividad implica que: (i) la regulación vigente prevé una cantidad mínima de energía eléctrica que debe recibir una familia para atender sus necesidades básicas; (ii) esta energía mínima recibe un subsidio del 60% en el precio final de la factura mensual si el inmueble se encuentra ubicado en el estrato I; (iii) el subsidio se financia con los recargos que se hacen a las facturas de los estratos altos y con las partidas presupuestales que se hacen anualmente en el Presupuesto General de la Nación(78); (iv) por ello, una familia que reciba el consumo de subsistencia cancela el 40% del valor total de la distribución de la energía.

Se concluye que la Ley 143 de 1994, y la Ley 1117 de 2006, prorrogada por el Artículo 17 de la Ley 1753 de 2015, prevén que el 60% del consumo de subsistencia es suministrado de manera subsidiada a aquellas personas que por sus condiciones económicas, y cuyos domicilios se ubican en el estrato 1 no puedan asumir los costos totales de las facturas de energía eléctrica.

La Ciudad de Santiago de Cali se encuentra a una altura de 995 metros sobre el nivel del mar(79), por lo cual el Consumo de Subsistencia, según la Resolución 0355 de 2004 de la UPME, es de 173 Kilovatios Hora al mes. De esta manera, si un hogar ubicado en la ciudad de Cali, y de estrato socioeconómico I, de los 173 Kilovatios hora al mes que componen el consumo de subsistencia, ciento tres, punto ocho (103.8) –equivalente al 60%- se reciben de manera subsidiada.

De esta manera, la Sala fija la siguiente regla jurisprudencial: en casos en los que la interrupción del servicio de energía eléctrica sea sobre un domicilio ubicado en el estrato 1, y tenga como consecuencia la vulneración de derechos fundamentales de sujetos de especial protección constitucional, deberá garantizarse el acceso al porcentaje (60%) subsidiado del consumo de subsistencia, el cual se determinará siguiendo las reglas que ha fijado la Resolución 0355 de 2004 de la Unidad de Planeación Minero Energética, y el Artículo 3 de la Ley 1117 de 2006. Es decir teniendo en cuenta la altitud en la que se encuentra una vivienda. En todo caso, siempre deberá probarse la conexidad entre la suspensión del fluido electico y la vulneración de derechos fundamentales de sujetos de especial protección constitucional.

Reglas jurisprudenciales para fallar el caso.

La Sala reitera las siguientes reglas jurisprudenciales: (i) las empresas de servicios públicos domiciliarios tienen derecho a suspender el suministro de energía eléctrica cuando se presente mora en más de tres facturas mensuales; (ii) cuando estas entidades interrumpan el fluido de energía, deben aplicar las garantías constitucionales del debido proceso; (iii) y en todo caso, tendrán presente que la suspensión no puede afectar los derechos fundamentales de sujetos de especial protección constitucional como niños, niñas, madres gestantes, lactantes, personas de la tercera edad, o con enfermedades de gravedad; en todo caso; (iv) según la legislación vigente existe un consumo de subsistencia mínima que, a partir de la Resolución 0355 de 2004 de la Unidad de Planeación Minero Energética, es el 60% de 173 Kilovatios hora al mes, es decir, 103.8 kilovatios hora al mes.

5. Caso concreto.

La señora María Yamilde Martínez Córdoba, es una mujer víctima del conflicto armado, de sesenta y dos (62) años de edad(80), que provee sustento económico a sus cuatro nietos, tres de ellos menores de edad: Nicol Sofía Martínez Córdoba de seis (6) años, Elizabeth Martínez Córdoba de dieciséis (16) años, Cristian Alejandro Martínez Córdoba de doce (12) años de edad, y con su hija Martha Evelia Martínez Córdoba de 40 años.

Dos de sus nietos, Elizabeth Martínez Córdoba, Cristian Alejandro Martínez Córdoba, y su hija de Martha Evelia sufren un retaso mental moderado, tal como lo constató el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en su visita al domicilio de la accionante el pasado 19 de octubre de 2015(81). Se observa en el Acta de la Visita del ICBF:

“La señora María Yamilde Martínez Córdoba actualmente convive con su hija la señora María Evelia Martínez de 40 años de edad quien actualmente tiene un diagnóstico de retraso mental moderado y sus hijos: (…) Elizabeth Martínez Córdoba de 14 años de edad con un diagnóstico de retraso mental moderado…”

Aunado a lo anterior, como se mencionó en los fundamentos facticos de esta providencia, en el año 2012(82) la Defensora de familia constató que el menor Cristian Alejandro Martínez Córdoba, sufre una discapacidad mental. Se observa en la Resolución No. 210 de 2012, por medio de la cual se hace entrega del menor a la señora María Yamilde:

“Con la abuela se dio inicio a las respectivas visitas en la institución y se empezó a abordar con ella aspectos protectores debido a que la señora permanece la mayor parte del día fuera de la casa laborando y es quien ve por el sostenimiento económico del Niño, sus hermanos y la madre de ellos; quienes al parecer también presentan dificultades cognitivas (…). Con respecto a Alejandro es importante garantizar el mayor acompañamiento en su hogar y la vinculación inmediata a una Institución Especializada en Discapacidad”(83). (Negrillas y subrayado fuera del texto)

Debido a su situación económica se encuentra atrasada en el pago de 38 facturas de servicios públicos(84), equivalentes a nueve millones trecientos cuarenta y tres millones, cuatrocientos treinta y un pesos ($9.343.431). Por ello, en al menos una oportunidad, la peticionaria se dirigió a las Empresas Municipales de Cali, E.I.C.E E.S.P con el fin de informar su situación económica y familiar(85).

Para la Sala es evidente que según lo manifiesta, la peticionaria(86) y las Empresas Municipales de Cali, E.I.C.E E.S.P (87) existe ánimo de las dos partes, por acordar un plan de pago de la acreencia acumulada. En al menos dos ocasiones la señora María Yamilde Martinez se ha dirigido a la empresa de servicios públicos domiciliarios, con el fin de acordar un plan de regularización de la acreencia, todos ellos incumplidos debido a que las cuotas mensuales no tenían en cuenta los ingresos de la accionante(88).

A partir de las reglas jurisprudenciales reiteradas, se resolverá la trasgresión de cada uno de los derechos fundamentales alegados; (i) por un lado la vulneración al agua potable; y por el otro, (ii) las consecuencias violatorias de los derechos fundamentales de María Yamilde Martínez, su hija y sus nietos menores de edad, por la suspensión del servicio a la energía eléctrica.

5.1. Vulneración al derecho fundamental al agua

A partir de las reglas jurisprudenciales y los hechos probados dentro del expediente, la Sala Octava de Revisión encuentra que las Empresas Municipales de Cali, E.I.C.E E.S.P, vulneraron el derecho fundamental al agua de María Yamilde Martínez Córdoba, una mujer de sesenta y dos años (62), su hija, diagnosticada con un retraso mental moderado, y sus nietos, tres de ellos menores de edad, y dos con diversos grados de discapacidad cognitiva.

La Empresa no tuvo en cuenta que la familia de la accionante está compuesta por sujetos de especial protección constitucional: niños y niñas, agravado por el hecho que dos de ellos sufren discapacidades cognitiva, y una mujer víctima del conflicto armado y categorizada en el Sisben I.

La suspensión del suministro de agua puso en riesgo, no sólo el derecho mismo a acceder al líquido, sino además amenazó gravemente el disfrute del derecho a una alimentación equilibrada, a la salubridad, y a la vida digna en el caso de los menores. Agudizó su situación de pobreza y extrema vulnerabilidad, ya que además debe asumir su rol de abuela cabeza de familia, y el deber de cuidar a dos menores discapacitados.

Para la Sala, la decisión de las Empresas Municipales de Cali de suspender el flujo de agua es desproporcionada, ya que no logra recaudar la cartera morosa, pero por el contrario restringe de manera importante el derecho humano a acceder al agua, además de otras libertades fundamentales.

Tiene vital importancia el hecho que la accionante adeuda una suma particularmente alta. Más de treinta y ocho (38) meses de servicios públicos, equivalentes a nueve millones trecientos cuarenta y tres mil cuatrocientos treinta y un pesos ($9.343.431). Esto la pone en una situación de particular debilidad. Como lo señala dentro del escrito de tutela(89), sus recibos mensuales de servicios públicos siempre han sido y serán altos, toda vez que además del gasto mensual de agua y energía, debe sumar el rubro de financiamiento y amortización de la deuda, por lo cual en las ocasiones en que ha logrado llegar a acuerdos con las Empresas Municipales de Cali, no ha conseguido cancelar las facturas mensuales.

La Sala Octava de la Corte Constitucional constata que la accionante ha actuado de manera pública, explicita y de buena fe ante las Empresas Municipales de Cali. Se dirigió de manera escrita, con el fin de informar la situación económica en la que se encuentra, y ha solicitado y celebrado acuerdos de pago que ha buscado cumplir.

Los acuerdos de pago anteriores vulneraban el contenido del derecho al agua, en relación con la obligación de accesibilidad económica. Es decir, los costos y cargos directos e indirectos asociados con el abastecimiento de agua deben ser asequibles y no deben comprometer ni poner en peligro el ejercicio de otros derechos(90). El monto de la deuda de la accionante es especialmente alto, y por ello mismo, pone en riesgo el disfrute de otros derechos fundamentales como la alimentación equilibrada, y la vida en condiciones de dignidad.

En atención a estas consideraciones y con el fin de no incentivar la cultura del no pago(91), se ordenará que en el término máximo de quince (15) días, contados desde la notificación de la presente sentencia, se dispongan de los medios adecuados y necesarios para llegar a un acuerdo de pago con la señora María Yamilde Martínez Córdoba, en el cual se le ofrezcan cuotas amplias y flexibles, que le permitan satisfacer sus obligaciones contractuales, derivadas del consumo del servicio público de agua potable y energía eléctrica, sin que ponga en riesgo otros derechos fundamentales.

5.2. Protección del acceso a la energía eléctrica.

Por las particularidades del caso, la suspensión de la corriente eléctrica implica la amenaza de vulneración de los derechos fundamentales de los niños y niñas que integran el núcleo familiar de la accionante, esto es a la alimentación equilibrada, la educación y la salud.

La accionante se encuentra en una situación de pobreza energética, dado que se enfrenta a la disyuntiva de: (i) destinar la mayor parte de sus ingresos al pago del servicio público de energía eléctrica; (ii) o simplemente resignarse a no contar con el suministro eléctrico. Como sostiene la Cepal(92), el programa para el desarrollo de la organización de Naciones Unidas(93), las dos alternativas amenazan el ejercicio de derechos fundamentales, especialmente, de poblaciones vulnerables. Si la accionante tiene que destinar la mayor cantidad de sus escasos recursos económicos al pago de la energía eléctrica, dejará de destinar el dinero necesario para la alimentación, salud, o educación de ella misma y sus nietos.

Si por el contrario, deja de recibir el flujo de electricidad la accionante y sus tres nietos menores de edad, dos de ellos con retraso mental, se encuentra condenados a vivir en condiciones sin refrigeración de alimentos, calefacción, así como sin la infraestructura indispensable para el ejercicio del derecho a la educación de los menores.

A juicio de la Sala es incoherente que se tutele el derecho fundamental al agua, y no se proteja el acceso a la energía eléctrica, cuando los dos son necesarios para garantizar el derecho fundamental a la alimentación equilibrada de los menores nietos de la accionante, especialmente frente a Elizabeth y Cristian Alejandro Martínez quienes sufre una discapacidad cognitiva. ¿Cómo se puede realizar la conservación y cocción adecuada de los alimentos, si no es con la concurrencia de los dos servicios públicos? ¿Cómo garantizar el aseo, vigilancia, la educación, entretenimiento, de varios niños, dos de ellos con diagnosticados con retraso mental, si no es con el servicio de electricidad?

Para esta Corporación, y solo para el caso concreto, la suspensión del servicio de energía eléctrica, implica la vulneración de derechos fundamentales de sujetos de especial protección constitucional. Implica que los menores no podrán gozar de las condiciones mínimas para el disfrute de su derecho a la educación, ni las circunstancias que facilitan su adecuada alimentación.

Aunado a lo anterior, como lo ha manifestado la Sala cobra vital importancia el monto de la deuda. Es una cifra que no guarda proporción con la situación económica de la accionante, por lo cual se ordenará que sea cancelada en largos plazos. No tutelar el suministro de energía, y por el contrario esperar a que se cancele la deuda, para volver a celebrar un contrato de prestación de servicio público domiciliario, condenaría a la accionante y a su núcleo familiar a no a tener el servicio público esencial en un amplio periodo de tiempo.

A lo largo de tres años y dos meses, las Empresas Municipales de Cali han permitido que se acumule una deuda de más de nueve millones trecientos mil pesos. Esto no pasa desapercibido para la Sala. La Empresa debió ofrecer un acuerdo de pago que correspondiera con el nivel económico de la accionante y, en esa medida produjera una disminución de la deuda.

Dentro de este proceso de revisión de tutela, la Corte Constitucional en Auto de trece de octubre de dos mil quince (2015), ordenó como medida provisional la reconexión de los servicios públicos de energía y agua potable. En ese sentido, la providencia ordenará mantener el suministro de los servicios públicos hasta que las partes lleguen a un acuerdo de pago que consulte; (i) el elevando monto que adeuda la accionante; y (ii) la pobreza extrema del núcleo familiar.

De esta manera, se ordenará que entre tanto se llega a un plan de pagos y regularización de la acreencia, y sólo para el caso de María Yamilde Martínez Córdoba, siempre se deberá garantizar el acceso cincuenta (50) metros cúbicos de agua al mes, y ciento tres, punto ocho (103.8) kilovatios hora al mes de energía eléctrica.

6. Síntesis de la Decisión.

La señora María Yamilde Martínez es una persona de 62 años de edad, residente en la ciudad de Cali, registrada en el nivel I del Sisben, y que provee sustento económico a su hija de 40 años de edad y a cuatro nietos (tres de ellos menores de edad, y dos diagnosticados con retraso mental moderado).

En el mes de abril del año dos mil quince (2015), las Empresas Municipales de Cali, E.I.C.E E.S.P. suspendieron los servicios públicos debido a que la accionante adeuda más de nueve millones trecientos mil pesos, equivalentes a treinta y ocho facturas vencidas.

La peticionaria acudió al juez de tutela con el fin de solicitar una financiación flexible y que se garantice una cantidad mínima de suministro de agua y energía eléctrica, en consideración a su situación familiar y económica.

En atención a estos antecedentes, en Auto de trece (13) de octubre de dos mil quince (2015), como medida provisional, esta Sala ordenó la reconexión de los servicios de agua y energía.

En aquella ocasión se concluyó que por tratarse de sujetos de especial protección constitucional (menores de edad, diagnosticados con un retraso mental) y con el fin de garantizar los derechos fundamentales a la vida en condiciones de dignidad y a la alimentación equilibrada, era necesaria la concurrencia de los dos servicios públicos. Recalcó el Auto de medida provisional:

“En este caso, el acceso al derecho al mínimo vital de agua y energía resultaría inocuo si no se garantizan de manera complementaria y concurrente. Si bien para la Corte el derecho al agua y a la energía eléctrica, tiene diferente contenido y su protección a través de acción de tutela procede ante hipótesis de hecho diferentes, en el proceso de la referencia es urgente y necesario la garantía de los dos. Solo de esta manera, será posible que los menores accedan a una alimentación equilibrada. Sin flujo eléctrico no es posible preservar los alimentos, ni mucho menos garantizar su cocción en condiciones salubres”.(94)

Al momento de expedir el fallo de fondo, la Sala Octava de Revisión de tutelas consideró que el problema jurídico a resolver se concretaba en determinar si la interrupción los servicios públicos constituye una vulneración al derecho fundamental al agua, así como a la energía eléctrica en conexidad con la vida en condiciones de dignidad de la accionante y sus nietos, sujetos de especial protección constitucional.

La Sala reiteró el precedente constitucional sobre el derecho fundamental al agua y extrajo cuatro reglas jurisprudenciales aplicables al caso:

(i) existe un derecho de las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios a interrumpir el suministro de agua, cuando existe mora en el pago de más de dos facturas consecutivas;

(ii) esta facultad se ve restringida cuando la interrupción del flujo de agua, afecta a sujetos de especial protección constitucional como niños, personas de la tercera edad, mujeres gestantes o lactantes, discapacitadas o que sufren graves enfermedades;

(iii) se presume que el corte del servicio de agua potable, es desproporcionado en caso de personas registradas en el nivel I del Sisben;

(iv) si el corte en el servicio de agua es procedente pero se trata de sujetos de especial protección constitucional, se garantizará el acceso un mínimo equivalente a cincuenta (50) metros cúbicos por persona al día.

En el proceso de la referencia, se verificó que la peticionaria es una mujer registrada en el nivel I del Sisben, que vive en condiciones de pobreza, y que provee sustento económico a su hija (de cuarenta años de edad), y a sus tres nietos menores de edad (dos de ellos diagnosticados con un retraso mental).

Sumado a lo anterior, para la Corporación tuvo la mayor importancia el monto de la deuda: nueve millones trecientos cuarenta y tres mil cuatrocientos treinta ($9.343.431). La peticionaria vive en condiciones de pobreza, y desempeña labores sin estabilidad económica como venta de refrescos en la calle o los servicios domésticos en diversas residencias particulares. Por esto, el valor de la acreencia tiene un efecto desproporcionado, e implica un desconocimiento del derecho al agua en su contenido de asequibilidad económica.

En relación con el suministro de la energía eléctrica, la Sala realizó dos consideraciones.

Debido a que se trata de tres menores de edad, dos de los cuales sufren una discapacidad cognitiva, el suministro de energía es una condición necesaria para el disfrute de otros derechos fundamentales como la vida en condiciones dignas y una alimentación equilibrada. Sin el flujo de electricidad, se agudizarían las circunstancias de precariedad del núcleo familiar de la accionante, y se pondrían en riesgo otros derechos fundamentales de sujetos de especial protección constitucional. Por ello, y solo para el caso concreto de María Yamilde Martínez Córdoba se ordenará mantener una cantidad mínima de energía eléctrica.

La segunda consideración de la Sala se refirió al mecanismo para establecer dicha cantidad de energía eléctrica. Se acudió a la Ley 143 de 1994 “por la cual se establece el régimen para la generación, interconexión, trasmisión, distribución y comercialización de electricidad en el territorio nacional”. Fijó como regla de decisión lo previsto en el Artículo 11 de dicha normatividad, según la cual existe un consumo de subsistencia entendido como “la cantidad mínima de electricidad utilizada en un mes por un usuario típico para satisfacer necesidades básicas”.

La Ley 632 de 2000, señala en su Artículo 8º que es la Unidad de Planeación Minero Energética la entidad encargada de fijar la cantidad energía eléctrica que corresponde con el consumo de subsistencia. Prevé la norma mencionada:

“El Ministerio de Minas y Energía, por intermedio de la Unidad de Planeación Minero-Energética, determinará para los sectores eléctricos y gas natural distribuidos por red física, qué se entiende por consumo de subsistencia, así como el período de transición en el cual este se deberá ajustar.”

En desarrollo de esta disposición legal, a través de la Resolución 0355 de 2004 la Unidad de Planeación Minero Energética fijó dicho consumo mínimo y necesario para atender los requerimientos básicos de una familia en el país. Determinó el Artículo 1 de la reglamentación en comento:

“Artículo 1º. Consumo de subsistencia. Se define como consumo de subsistencia, la cantidad mínima de electricidad utilizada en un mes por un usuario típico para satisfacer las necesidades básicas que solamente puedan ser satisfechas mediante esta forma de energía final. Se establece el Consumo de Subsistencia en 173 kWh-mes para alturas inferior es a 1.000 metros sobre el nivel del mar, y en 130 kWh-mes para alturas iguales o superiores a 1.000 metros sobre el nivel del mar.

Según el Artículo 47 de la Ley 143 de 1994, modificado por el Artículo 3 de la Ley 1117 de 2006, el consumo de subsistencia recibe un subsidio del 60%, si el domicilio se encuentra en el estrato I. Este auxilio a la factura mensual es financiado con el sobrecosto que se aplica a los pagos que realizan los estratos altos y con recursos del presupuesto nacional.

La Sala consideró que la normatividad vigente tiene como consecuencia que: (i) existe una cantidad mínima de energía eléctrica que debe recibir una familia para atender sus necesidades básicas; (ii) esta energía mínima recibe un subsidio del 60% en el precio final de la factura mensual; (iii) el subsidio se financia con los recargos que se hacen a las facturas de los estratos altos y las partidas presupuestales que destina el gobierno nacional en la ley anual de presupuesto; (iv) por ello, una familia que reciba el consumo de subsistencia, solo cancela el 40% del valor total de la distribución de la energía.

Esto condujo a la Sala de Revisión a concluir que la Ley 143 de 1994, en concordancia con la Ley 1117 de 2006, establece que el 60% del consumo de subsistencia es suministrado de manera subsidiada a todas aquellas personas que por sus condiciones económicas no puedan asumir los costos totales de las facturas de energía eléctrica.

La ciudad de Cali, donde reside la accionante y su núcleo familiar, se encuentra a menos de mil metros sobre el nivel del mar(95), por lo cual el 60% del consumo de subsistencia equivale a ciento tres punto ocho (103.8) kilovatios hora al mes.

6.1 Órdenes

En atención a estas consideraciones se ordenará a las Empresas Municipales de Cali, EMCALI, E.I.C.E E.S.P que:

(i) en el término máximo de quince (15) días, contados desde la notificación de la providencia, se disponga a través de los medios adecuados y necesarios, llegar a un acuerdo de pago con la señora María Yamilde Martínez Córdoba, en el cual se le ofrezcan cuotas amplias y flexibles, que le permitan satisfacer sus obligaciones contractuales, derivadas del consumo del servicio público de agua potable, alcantarillado y energía eléctrica.

Hasta que se celebre el acuerdo de pago entre las Empresa Municipales de Cali, E.I.C.E E.S.P, el cual no podrá superar tres (3) meses desde la notificación de la sentencia, la empresa deberá garantizar el acceso a por lo menos cincuenta (50) litros de agua potable por persona al día, y ciento tres punto ocho (103.8) kilovatios hora al mes en el hogar de la accionante, hasta que la misma llegue a pactar un acuerdo de pago y solicite el restablecimiento pleno del servicio.

III. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional,

RESUELVE:

1. : REVOCAR el fallo proferido el diecinueve (19) de mayo de dos mil quince (2015) por el Juzgado Diecinueve (19) Penal Municipal con Funciones de Conocimiento, de la ciudad de Cali, Valle del Cauca, y en su lugar TUTELAR el derecho fundamental a acceder a agua potable y a la energía eléctrica, en conexidad con la vida en condiciones dignas de María Yamilde Martínez Córdoba, su hija Martha Evelia Martínez Córdoba, y sus nietos menores de edad.

2. ORDENAR al Representante legal de las Empresas Municipales de Cali, E.I.C.E E.S.P de la Ciudad de Santiago de Cali que en el término máximo de quince días (15) días, contados desde la notificación de la presente sentencia, gestione los medios adecuados y necesarios para llegar a un acuerdo de pago con la señora María Yamilde Martínez Córdoba, en el cual se le ofrezcan condiciones amplias y flexibles, que le permitan satisfacer sus obligaciones contractuales, derivadas del consumo del servicio público de agua potable, alcantarillado y energía eléctrica;

TERCERO: ORDENAR al Representante legal de las Empresas Municipales de Cali, E.I.C.E E.S.P de la Ciudad de Santiago de Cali, si aún no lo ha hecho, que en el término máximo de quince días (15) días, contados desde la notificación de la presente sentencia gestione a través de los medios adecuados y necesarios la prestación del servicio de agua potable y energía eléctrica a la vivienda de María Yamilde Martínez Córdoba, ubicada en la Carrera 28 Calle 108-63 piso 1, en el Barrio las Orquídeas, de la ciudad de Cali.

Hasta que se celebre el acuerdo de pago, el cual no podrá superar tres (3) meses desde la notificación de la sentencia, las Empresas Municipales de Cali, E.I.C.E E.S.P, deberá garantizar cincuenta (50) litros de agua potable por persona al día, y ciento tres punto ocho (103.8) kilovatios hora al mes en el hogar de la peticionaria, hasta que la misma llegue a pactar un convenio de normalización de la deuda y solicite el restablecimiento pleno del servicio.

Líbrese por secretaría cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase;

Magistrados: Alberto Rojas Ríos—Luis Ernesto Vargas Silva—María Victoria Calle Correa.

Martha Victoria Sáchica Méndez, Secretaria General

1 Folio 5

2 Folio 12

3 Folio 12

4 Folio 44

5 Folio 59

6 Folio 74

7 Cfr. Sentencia T- 891 de 2014 M.P. Luis Ernesto Vargas

8 Cfr. Sentencia C-126 de 1998 M.P. Alejandro Martínez Caballero

9 PINTO, Mauricio, MARTIN, Liber, et al, “Configuración del derecho al agua: del uso común al derecho humano. Particularidades de su integración y expansión conceptual”, en EMBID IRUJO, Antonio (dir), El Derecho al Agua, Thomson Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2006, pp. 285-316.

10 Cfr. Sentencia C-094 de 2015, M.P. Luis Ernesto Vargas

11 Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua, Mar del Planta, Argentina, del 14 al 25 de marzo de 1977, documento E/CONF.70/29, p. 67

12 Naciones Unidas, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General Nº 15, HRI/GEN/1/Rev.7 at 117 (2002).

13 Artículo 24 1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los Estados Partes se esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios. 2. Los Estados Partes asegurarán la plena aplicación de este derecho y, en particular, adoptarán las medidas apropiadas para: a) Reducir la mortalidad infantil y en la niñez; b) Asegurar la prestación de la asistencia médica y la atención sanitaria que sean necesarias a todos los niños, haciendo hincapié en el desarrollo de la atención primaria de salud; c) Combatir las enfermedades y la malnutrición en el marco de la atención primaria de la salud mediante, entre otras cosas, la aplicación de la tecnología disponible y el suministro de alimentos nutritivos adecuados y agua potable salubre, teniendo en cuenta los peligros y riesgos de contaminación del medio ambiente; d) Asegurar atención sanitaria prenatal y postnatal apropiada a las madres; e) Asegurar que todos los sectores de la sociedad, y en particular los padres y los niños, conozcan los principios básicos de la salud y la nutrición de los niños, las ventajas de la lactancia materna, la higiene y el saneamiento ambiental y las medidas de prevención de accidentes, tengan acceso a la educación pertinente y reciban apoyo en la aplicación de esos conocimientos;
Artículo 27 3. Los Estados Partes, de acuerdo con las condiciones nacionales y con arreglo a sus medios, adoptarán medidas apropiadas para ayudar a los padres y a otras personas responsables por el niño a dar efectividad a este derecho y, en caso necesario, proporcionarán asistencia material y programas de apoyo, particularmente con respecto a la nutrición, el vestuario y la vivienda.

14 Artículo 28. Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a un nivel de vida adecuado para ellas y sus familias, lo cual incluye alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a la mejora continua de sus condiciones de vida, y adoptarán las medidas pertinentes para salvaguardar y promover el ejercicio de este derecho sin discriminación por motivos de discapacidad. 2. Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la protección social y a gozar de ese derecho sin discriminación por motivos de discapacidad, y adoptarán las medidas pertinentes para proteger y promover el ejercicio de ese derecho, entre ellas: a) Asegurar el acceso en condiciones de igualdad de las personas con discapacidad a servicios de agua potable y su acceso a servicios, dispositivos y asistencia de otra índole adecuados a precios asequibles para atender las necesidades relacionadas con su discapacidad;

15 Cfr. Sentencia T-578 de 1992; T-232 de 1993 M.P Alejandro Martínez Caballero

16 Cfr. Sentencias T-432 de 1992 M.P. Simón Rodríguez Rodríguez; Sentencia T-379 de 1995, M.P. Antonio Barrera Carbonell.

17 Cfr. Sentencia T-379 de 1995, M.P. Antonio Barrera Carbonell.

18 Cfr. Sentencias T- 348 de 2013 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; entre otras T- 312 de 2012, M.P. Luís Ernesto Vargas Silva; T-881 de 2002, M.P. Eduardo Montealegre Lynett

19 Cfr. Sentencia T- 424 de 2013 M.P. Eduardo Mendoza Martelo

20 En general se siguen los precedentes jurisprudenciales de las Sentencia T-242 de 2013 M.P Luis Ernesto Vargas; T-348 de 2013 y T- 891 de 2014

21 Cfr. Sentencia T- 891 de 2014 M.P. Luis Ernesto Vargas

22 Naciones Unidas, Consejo de Derechos Humanos, Informe Anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos e Informes de la Oficina del Alto Comisionado y del Secretario General: “Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Sobre el Alcance y el Contenido de las Obligaciones Pertinentes en Materia de Derechos Humanos Relacionados con el Acceso Equitativo al Agua Potable y el Saneamiento que Imponen los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos.”, A/HRC/6/3, 2007, párr. 13.

23 Naciones Unidas, Consejo de Derechos Humanos, Informe Anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos e Informes de la Oficina del Alto Comisionado y del Secretario General: “Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Sobre el Alcance y el Contenido de las Obligaciones Pertinentes en Materia de Derechos Humanos Relacionados con el Acceso Equitativo al Agua Potable y el Saneamiento que Imponen los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos.”, A/HRC/6/3, 2007, párr. 15.

24 En la versión en francés de la Observación General No. 15 se usa el término “le lavage du linge”, el cual puede ser traducido como lavado de ropa, o lavandería. En el mismo documento, pero en su traducción en ingles se lee: “washing of clothes”, que inequívocamente refiere a el lavado de ropa.

25 Cfr. Sentencias T-616 de 2010, T-891 de 2014, T- 717 de 2010, T- 424 de 2013

26 Cfr. Sentencias T-546 de 2009 M.P. María Victoria Calle Correa, en esta oportunidad, la Corte ordenó la reconexión del servicio a una persona gravemente enferma que no canceló oportunamente la factura, pero que requería urgentemente del agua para continuar recibiendo atención médica en su hogar en condiciones dignas, al tiempo que se decidió que era necesario acordar otra forma de pagar las cuotas en mora.

27 Naciones Unidas, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General Nº 15, HRI/GEN/1/Rev.7 at 117 (2002).

28 T-891 de 2014

29 Ibid

30 A/HRC/6/3, 2007. En http://daccess-ods.un.org/TMP/5078876.01852417.html Citado por la T- 891 de 2014

31 Cfr. Sentencias T- 717 de 2010, C- 150 de 2003.

32 El párrafo 16 de la Observación General No. 15 señala: “Aunque el derecho al agua potable es aplicable a todos, los Estados Partes deben prestar especial atención a las personas y grupos de personas que tradicionalmente han tenido dificultades para ejercer este derecho, en particular las mujeres, los niños, los grupos minoritarios, los pueblos indígenas, los refugiados, los solicitantes de asilo, los desplazados internos, los trabajadores migrantes, los presos y los detenidos.”

33 La Corte Constitucional en sentencia C-389 de 2002, al referirse al carácter oneroso del contrato de servicios públicos indicó que “dentro de la concepción del Estado Social de Derecho debe tenerse en cuenta que los servicios públicos domiciliarios tienen una función social, lo cual no significa que su prestación deba ser gratuita pues el componente de solidaridad que involucra implica que todas las personas contribuyen al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado a través de las empresas prestadoras de servicios públicos, dentro de conceptos de justicia y equidad (CP art. 95-9 y 368). Siguiendo el mismo precedente y reforzando sus argumentos se dijo en Sentencia T-423 de 2013 “Así pues, en virtud del principio de solidaridad, es un deber de rango constitucional, el cumplir con las obligaciones derivadas del contrato de servicios públicos.”

34 Cfr. Sentencias C-150 de 2003, C-389 de 2002, T-423 de 2013, T-712 de 2014

35 Cfr. Sentencia C-150 de 2003

36 Cfr. Sentencia C-150 de 2003 (MP Manuel José Cepeda Espinosa, SV Jaime Araujo Rentería y SVP Alfredo Beltrán Sierra y Clara Inés Vargas Hernández)

37 M.P Jaime Araujo Rentería

38 M.P. María Victoria Calle Correa

39 M.P Jorge Iván Palacio Palacio.

40 Sentencia T-752 de 2011

41 M.P. Nilson Pinilla Pinilla

42 T-915 de 2009. M.P. Nilson Pinilla Pinilla; en aquella providencia se reitera la sentencia T-546 de 2009, M. P. María Victoria Calle Correa.

43 M.P. Humberto Sierra Porto

44 M.P. Nilson Pinilla Pinilla

45 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva

46 Brandbrook, Adrian anf Gardam, Judith. “Placing the Acces to Energy Servuces Within a Human Rights Framework” publicado en Human Rights Quaterly Volume 28, Number, 2 May 2006, pp. 389-415. Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas, Consejo Mundial de Energía, World Energy Assessment, Overview 2004 update. Asamblea General de las Naciones Unidas en Rio de Janeiro de 1992, Informe sobre medio ambiente y desarrollo. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Naciones Unidas, Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES), Santiago de Chile, marzo de 2014, Pobreza Energética en América Latina. Brenda Boardman, Fuel Poverty: From Cold Homes to Affordable Warmth, Belhaven Press, 1991. Ana Menoza Losana “Los Derechos del Consumidor (catalán) en situación de pobreza energética, más ruido que nueces” En Revista Cesco de Derecho de Consumo, No. 13/2015.

47 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General No. 4 de 1991, el derecho a la vivienda adecuada.

48 Brandbrook, Adrian anf Gardam, Judith. “Placing the Acces to Energy Servuces Within a Human Rights Framework” publicado en Human Rights Quaterly Volume 28, Number, 2 May 2006, pp. 389-415

49 Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas, Consejo Mundial de Energía, World Energy Assessment, Overview 2004 update.

50 Ibid. Pág. 34 El Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki Moon ha puesto de relieve la misma relación entre el ejercicio de los derechos humanos y el acceso a la energía eléctrica: “El vínculo entre energía, pobreza y medio ambiente empieza a cobrar importancia como línea de investigación en las Ciencias Sociales y como eje temático en los planes e instrumentos de desarrollo nacionales de los países latinoamericanos. Parece evidente que, mejorar la calidad de vida de la población y reducir la pobreza extrema en América Latina, son metas que derivarán en un aumento del consumo energético” Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Naciones Unidas, Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES), Santiago de Chile, marzo de 2014, Pobreza Energética en América Latina.

51 Ibid. Pág. 35

52 Organización de las Naciones Unidas, Objetivos de Desarrollo del Milenio Informe de 2015, Nueva York

53 Organización de las Naciones Unidas, Objetivos de Desarrollo del Milenio Informe de 2015, Nueva York: “Eliminar la pobreza extrema y el hambre remanentes será un desafío. Muchas de las personas que sufren esta condición viven en contextos frágiles y áreas remotas. El acceso a buenas escuelas, atención médica, electricidad, agua potable y otros servicios esenciales continúa siendo esquivo para muchas personas y muchas veces está determinado por la situación socioeconómica, el género, la etnia o la ubicación geográfica. Para aquellos que han logrado salir de la pobreza, el progreso es muchas veces frágil y temporal; las conmociones económicas, la inseguridad alimentaria y el cambio climático amenazan con robarles estos logros tan difíciles de obtener.” Pág. 23

54 Brenda Boardman, Fuel Poverty: From Cold Homes to Affordable Warmth, Belhaven Press, 1991.

55 Brenda Boardman, op. Cit.

56 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Naciones Unidas, Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES), Santiago de Chile, marzo de 2014, Pobreza Energética en América Latina.

57 Eurosurveillance (2012): Excess mortality among the elderly in 12 european countries, February and March 2012.

58 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Naciones Unidas, Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES), Santiago de Chile, marzo de 2014, Pobreza Energética en América Latina. Debats Cataluya Social, Propostes des Tercer Sector, Taula d´entitats del Tercer Sector Social de Cataluya, No. 38, Septiembre de 2014. La energía como derecho. Cómo afrontar la pobreza energética.

59 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Naciones Unidas, Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES), Santiago de Chile, marzo de 2014, Pobreza Energética en América Latina.

60 Cfr. Sentencias T-1205 de 2004, T-752 de 2011

61 En el Derecho Internacional de los Derechos Humanos acaece lo mismo, el acceso a la energía eléctrica es una prestación conexa al derecho humano a la vivienda adecuada. El Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales en la Observación General No. 4 señala: “Todos los beneficiarios del derecho a una vivienda adecuada deberían tener acceso permanente a recursos naturales y comunes, a agua potable, a energía para la cocina, la calefacción y el alumbrado, a instalaciones sanitarias y de aseo, de almacenamiento de alimentos, de eliminación de desechos, de drenaje y a servicios de emergencia.”. Esto ha sido desarrollado en derecho convencional. A título de ilustración se puede leer la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, en su Artículo 14 Lit. H: “2. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en las zonas rurales a fin de asegurar en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, su participación en el desarrollo rural y en sus beneficios, y en particular le asegurarán el derecho a: (…) h) Gozar de condiciones de vida adecuadas, particularmente en las esferas de la vivienda, los servicios sanitarios, la electricidad y el abastecimiento de agua, el transporte y las comunicaciones.” Como se ve, en el documento internacional, el acceso a electricidad se vincula al disfrute del derecho humano a la vivienda adecuada.

62 Cfr. Sentencia C- 587 de 2014

63 Cfr. Sentencias T-881 de 2002 M.P. Eduardo Montealegre Lynett, ver igualmente la Sentencia T-235 de 1994, M.P. Antonio Barrera Carbonell

64 T-881 de 2002: señaló en aquella ocasión: “En efecto, ordenó a Electrocosta abstenerse de "realizar cualquier tipo de conductas dirigidas al racionamiento, suspensión o corte en el servicio de suministro de energía al Hospital, al Acueducto y a los establecimientos de seguridad terrestre (bienes constitucionalmente protegidos), del municipio del Arenal (Bolívar), sin importar que las mismas tengan o no su origen en el incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de los mencionados establecimientos o del Municipio del Arenal".

65 En la Sentencia T-380 de 1994, M.P. Hernando Herrera Vergara, la Corte consideró que la suspensión del servicio de energía de un colegio público constituía una violación al derecho a la educación de sus estudiantes y, por tanto, previno a la empresa de energía para que cuando estuviera de por medio el derecho a la educación se abstuviera de cortar el servicio. Este precedente es reiterado en la Sentencia T-018 de 1998, M.P. Carlos Gaviria Díaz, en la cual se ordenó a la empresa prestadora el restablecimiento del servicio a un establecimiento educativo de naturaleza pública.

66 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra

67 T-1205 de 2004

68 M.P. Jaime Araujo Rentería

69 Cfr. Sentencias T-927/99, T-1016/99, T-1432/00, T-334/01, T-1225/01, T-798/02, T-953/02 y T-011/03

70 M.P. Clara Inés Vargas Hernández

71 Cfr. Sentencia T-1225 de 2001 MP. Alfredo Beltrán Sierra. La Corte tuteló los derechos al debido proceso y a la igualdad invocados por la propietaria de un inmueble, luego de considerar que ELECTROCOSTA S.A. había incumplido sus obligaciones, al no haber suspendido oportunamente el servicio de energía ante la mora por parte de los arrendatarios.

72 Cfr. Sentencia T-1432 de 2000

73 Cfr. Sentencia T-793 de 2012

74 Naciones Unidas, Consejo de Derechos Humanos, Informe Anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos e Informes de la Oficina del Alto Comisionado y del Secretario General: “Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Sobre el Alcance y el Contenido de las Obligaciones Pertinentes en Materia de Derechos Humanos Relacionados con el Acceso Equitativo al Agua Potable y el Saneamiento que Imponen los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos.”, A/HRC/6/3, 2007

75 Up supra. pág. 22

76 Ley 143 de 1994 Art. 11 “Consumo de subsistencia: se define como consumo de subsistencia, la cantidad mínima de electricidad utilizada en un mes por un usuario típico para satisfacer necesidades básicas que solamente puedan ser satisfechas mediante esta forma de energía final. Para el cálculo del consumo de subsistencia sólo podrá tenerse en cuenta los energéticos sustitutos cuando éstos estén disponibles para ser utilizados por estos usuarios.”

77 En concordancia con lo previsto en el artículo 89.1 de la Ley 142 de 1994

78 Obligación reiterada en el Artículo 3 de la Ley 143 de 1994, en su parágrafo final, cuando señala: “Parágrafo. Para garantizar el cumplimiento de lo previsto en los incisos anteriores, el Gobierno Nacional dispondrá de los recursos generados por la contribución nacional de que habla el artículo 47 de esta Ley y por los recursos de presupuesto nacional, que deberán ser apropiados anualmente en el presupuesto de rentas y ley de apropiaciones por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. No obstante, de conformidad con el artículo 368 de la Constitución Política, los departamentos, los distritos, los municipios y las entidades descentralizadas podrán conceder subsidios, en sus respectivos presupuestos.”

79 http://www.cali.gov.co/publicaciones/datos_de_cali_y_el_valle_del_cauca_pub, Consultado el 20 de Noviembre de 2015

80 Certificado de la Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas, resolución No. 2013-99784 de 23 de mayo de 2013, en la cual se incluye a la accionante dentro del registro único de víctimas. Folio 20

81 Folio 147

82 Fundamento facto 3, reseñado en el folio 2 de esta providencia.

83 Folio 92

84 Folio 91

85 Folio 27

86 Folio 2, Hecho cuarto de la acción de tutela.

87 Folio 44 y Folio 48

88 Folio 87

89 Folio 2, hecho 3 y 4 del escrito de tutela.

90 Cfr. T-752 de 2011

91 Cfr. Sentencia T-273 del 2012 M.P. Nilson Pinilla

92 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Naciones Unidas, Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES), Santiago de Chile, marzo de 2014, Pobreza Energética en América Latina.

93 Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas, Consejo Mundial de Energía, World Energy Assessment, Overview 2004 update.

94 Folio 138 Expediente 5073877

95 http://www.cali.gov.co/publicaciones/nuestra_historia_santiago_de_cali_tiene_477_aos_pub Consultado el 10 de octubre de 2015