Sentencia T-763 de diciembre 7 de 1998 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA SÉPTIMA DE REVISIÓN

Ref.: Exp. T-161333

Magistrado Ponente:

Dr. Alejandro Martínez Caballero

Accionante: Alonso Navarro Dallos

Proviene: Tribunal de Santafé de Bogotá

Temas:

— Vías de hecho.

— Diferencia entre cumplimiento de sentencia de tutela e incidente de desacato.

Santafé de Bogotá, D.C., siete de diciembre de mil novecientos noventa y ocho.

(...).

Fundamentos jurídicos

a) Competencia

Es competente esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional para proferir sentencia dentro de las acciones de tutela de la referencia, con fundamento en los artículos 86, inciso segundo y 241 numeral noveno de la Constitución en armonía con los artículos 33, 35, y 42 del Decreto 2591 de 1991. Además, su examen se hace por virtud de la selección que de dichas acciones practicó la Sala correspondiente y, del reparto que se verificó en la forma señalada por el reglamento.

Temas jurídicos a tratar:

En primer lugar es indispensable distinguir entre incumplimiento de una sentencia de tutela e incidente de desacato, en cuanto la responsabilidad objetiva es predicable para lo primero pero no para lo segundo. Aclarado lo anterior, es necesario manejar el tema de la vía de hecho por la no valoración adecuada de la prueba, siendo estas premisas las que permitirán definir el caso concreto.

1. Competencia para hacer cumplir una sentencia de tutela.

Es sabido que tratándose de la tutela la competencia es a prevención, o sea que la persona puede instaurar la acción ante el juzgado o tribunal que estime conveniente, sujetándose únicamente al factor territorial (lugar donde se ha violado el derecho fundamental o hay la amenaza de que va a violarse, artículo 37 del D. 2591/91).

Este señalamiento por parte del solicitante del juez de primera instancia es importantísimo porque, en primer lugar, adscribe competencia al juez, quien la mantendrá hasta que esté completamente restablecido el derecho o superadas las causas de la amenaza (D. 2591/91, art. 27, parte final) y, en segundo lugar, si hay trámite de segunda instancia o eventualmente se escoge el caso para revisión en la Corte Constitucional, una vez evacuadas dichas etapas, el expediente regresa al juzgado de primera instancia el cual adicionalmente notificará la sentencia de la Corte Constitucional (si la hubo) y adoptará las decisiones necesarias, como lo establece el artículo 36 del decreto en mención.

Lo anterior implica que el peso del cumplimiento de la orden de tutela recae en el juzgado o tribunal que se pronunció en primera instancia, el cual, se repite, mantendrá competencia hasta que se restablezca el derecho vulnerado, porque la protección de los derechos fundamentales es la esencia de la tutela, luego el cumplimiento de la orden de protección es una obligación de hacer por parte del juez de tutela de primera instancia.

2. ¿Cuáles pasos debe dar el juez de tutela en el caso de que la orden no sea cumplida?

Lo normal es que dentro del término que señale el fallo de tutela, la orden sea cumplida. Pero, si excepcionalmente la autoridad responsable del agravio va mas allá del término que se señale e incumple, el juez de tutela, al tenor del artículo 27 del Decreto 2591 de 1991, debe agotar los siguientes pasos obligatorios, uno a continuación del otro:

a) Si la autoridad obligada no cumple, el juez se dirigirá al superior del responsable y le requerirá para que lo haga cumplir y para que abra el correspondiente procedimiento disciplinario contra el directo responsable del incumplimiento.

b) Si pasan cuarenta y ocho horas a partir del requerimiento al superior y la orden de tutela aún no se cumple, se ordena abrir proceso contra el superior, y

c) En el mismo auto que ordene abrir proceso contra el superior, el juez directamente adoptará todas las medidas para el cabal cumplimiento de la orden. Y para tal efecto mantendrá la competencia hasta tanto esté restablecido el derecho.

Adicionalmente, el juez encargado de hacer cumplir el fallo podrá (así lo indica el art. 27 del D. 2591/91) sancionar por desacato. Es pues esta una facultad optativa, muy diferente al cumplimiento del fallo y que en ningún instante es supletoria de la competencia para la efectividad de la orden de tutela. Pueden, pues, coexistir al mismo tiempo el cumplimiento de la orden y el trámite del desacato, pero no se pueden confundir el uno (cumplimiento del fallo) con el otro (el trámite de desacato).

Tratándose del cumplimiento del fallo la responsabilidad es objetiva porque no solamente se predica de la autoridad responsable del agravio, sino de su superior, siempre y cuando se hubiere requerido al superior para que haga cumplir la orden dada en la tutela.

3. Incidente de desacato y responsabilidad subjetiva.

Dice el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991 que “la persona que incumpliere una orden de un juez proferida con base en el presente decreto incurrirá en desacato sancionable con arresto hasta de seis meses y multa hasta de veinte salarios mínimos mensuales, salvo que en este decreto ya se hubiere señalado una consecuencia jurídica distinta y sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar”. Es por tanto, una sanción y por lo mismo susceptible al debido proceso.

El artículo 135 del Código de Procedimiento Civil dice que se tramitarán como incidentes las cuestiones accesorias que la ley expresamente señale. No es pues el incidente el mecanismo válido para definir una cuestión principal. Por ejemplo, el cumplimiento de una sentencia judicial es algo principal y el poder disciplinario del juez para sancionar (CPC, art. 39) es accesorio.

Es pues el desacato un ejercicio del poder disciplinario y por lo mismo la responsabilidad de quien incurra en aquel es una responsabilidad subjetiva. Es decir que debe haber negligencia comprobada de la persona para el incumplimiento del fallo, no pudiendo presumirse la responsabilidad por el solo hecho del incumplimiento. Y, si se trata del superior inmediato del funcionario que ha debido cumplir la orden, tratándose de la tutela, adicionalmente ha debido existir una orden del juez requiriéndolo para que hiciere cumplir por el inferior el fallo de tutela, dándosele un término de cuarenta y ocho horas porque así expresamente lo indica el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991.

Aclarados los anteriores aspectos procedimentales, se pasa a tema sustantivo.

4. Error manifiesto en el juicio valorativo de la prueba.

Si la sanción disciplinaria por el incumplimiento de un fallo debe sujetarse como es lo lógico a un debido proceso, dentro de éste es fundamental la justa valoración de la prueba. La sentencia T-08 de 1998 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz) hace un recuento preciso de la jurisprudencia constitucional sobre el juicio valorativo de la prueba en el siguiente sentido:

“El apoderado del actor considera que la sentencia proferida por el Tribunal Nacional constituye una vía de hecho por error manifiesto en el juicio valorativo de la prueba fundamenta su aserto en los siguientes argumentos: (1) el tribunal omitió en forma absoluta la valoración de pruebas relevantes, tales como la noche de los trabajadores de la hacienda “Los Naranjos” afirmaban que la noche del crimen “permanecieron allí sin que ingresara ningún vehículo” o la declaración de un individuo que alegó que las viudas de las víctimas le ofrecieron cincuenta millones de pesos para que declarara que Tulena Tulena era quien había ordenado la masacre; (2) el fallador realizó un ejercicio arbitrario de valoración de los testigos de descargo fueron desestimados a partir de estrictos parámetros de valoración; (3) de las múltiples hipótesis delictivas posibles, el tribunal seleccionó y construyó arbitrariamente aquella que inculpaba al actor; (4) el fallador fabricó arbitrariamente las huellas materiales del delito, en desmedro de las leyes de la lógica y de la experiencia; y, (5) los elementos constitutivos de un único hecho indicador se tomaron como varios indicios separados, lo cual vulnera la regla de la indivisibilidad de los indicios.

La Corte Constitucional ha sido reiterativa al señalar que si bien el juez de tutela tiene competencia para evaluar el juicio probatorio llevado a cabo en una sentencia contra la cual se interpone una acción de tutela, la misma se limita a definir si pruebas claras y contundentes —y no simplemente pertinentes o relevantes— fueron evidentemente omitidas. En otras palabras, si el juez de la causa actuó como si las mencionadas pruebas no existieran. Al respecto, pese a su extinción, vale la pena transcribir el siguiente aparte de la sentencia ST-442 de 1994 (M.P. Antonio Barrera Carbonell):

“Importa precisar ahora si de manera excepcional puede configurarse una actuación arbitraria e irregular, carente de todo viso de legalidad, y constitutiva de una vía de hecho cuando el juzgador ante pruebas claras y contundentes, que manifiestamente muestran una realidad objetiva, profiere una providencia contrariando la realidad probatoria del proceso.

Evidentemente, si bien el juzgador goza de un gran poder discrecional para valorar el material probatorio en el cual debe fundar su decisión y formar libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos de la sana crítica (arts. 187 CPC y 61 CPL), dicho poder jamás puede ser arbitrario; su actividad evaluativa probatoria supone necesariamente la adopción de criterios objetivos, racionales, serios y responsables. No se adecua a este desideratum, la negociación y valoración arbitraria, irracional y caprichosa de la prueba, que se presentan cuando el juez simplemente ignora la prueba u omite su valoración o sin razón valedera alguna no da por probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente. Se aprecia más la arbitrariedad judicial en el juicio de evaluación de la prueba, cuando precisamente ignora la presencia de una situación de hecho que permite la actuación y la efectividad de los preceptos constitucionales consagratorios de derechos fundamentales, porque de esta manera se atenta contra la justicia que materialmente debe realizar y efectivizar la sentencia, mediante la aplicación de los principios, derechos y valores constitucionales.

No obstante, lo anterior advierte la Sala, que sólo es factible fundar una acción de tutela, cuando se observa que de una manera manifiesta aparece irrazonable la valoración probatoria hecho por el juez en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo de la prueba debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas generales de competencia, porque ello sería contrario al principio de que la tutela es un medio alternativo de defensa judicial, aparte de que se invalidaría la órbita de la competencia y la autonomía de que son titulares las otras jurisdicciones”.

Sobre este mismo asunto, resulta adecuado citar fragmento de la sentencia ST-336 de 1995 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa):

“No puede caerse en la ligereza de manifestar que por el hecho de que el juez no obre conforme con la opinión de quien se siente afectado por el acto judicial, incurra en una vía de hecho. Es decir, no puede predicarse como vía de hecho una interpretación legítima que el juez hace de la ley. La Sala recuerda que vía de hecho es aquella que contradice evidente, manifiesta y groseramente el núcleo esencial del derecho al debido proceso, y no al discernir sobre un hecho discutido. En el plano de lo que constituye la valoración de una prueba, el juez tiene autonomía, la cual va amparada también por la presunción de buena fe”.

En este mismo sentido se manifestó la Corte en la sentencia ST-055 de 1997 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz) al indicar:

“El campo en el que la independencia del juez se mantiene con mayor vigor es el de la valoración de las pruebas. Ello por cuanto el juez es el que puede apreciar y valorar de la manera más certera el material probatorio que obra dentro de un proceso. Él es el que puede sopesar de la mejor manera los testimonios, el que ha concurrido a las inspecciones judiciales y el que conoce a las partes y a su entorno. Por eso, la regla general de que la figura de la vía de hecho solamente puede tener aplicación en situaciones extremas debe ser manejada de forma aún más restrictiva cuando se trata de debates acerca de si el material probatorio fue valorado en la debida forma. Sólo excepcionalmente puede el juez constitucional entrar a decidir sobre la significación y la jerarquización de las pruebas que obran en un proceso determinado, puesto que él no ha participación (sic) de ninguna manera en la práctica de las mismas.

Concretamente, en punto a la valoración de los testimonios, la Corte señaló en la sentencia ST-055 de 1997 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz):

“La afirmación de que el juez constitucional debe guiarse por los principios de la cautela y la discreción cuando se trata del análisis del acervo probatorio debatido en una sentencia impugnada por supuesta violación de los derechos fundamentales, se hace aún más perentoria cuando las pruebas es discusión son fundamentalmente testimonios. En estas situaciones no cabe sino afirmar que la persona más indicada, por regla general, para apreciar tanto a los testigos como a sus aseveraciones es el juez del proceso, pues el único que puede observar el comportamiento de los declarantes, sus relaciones entre sí o con las partes del proceso, la forma en que responde al cuestionario judicial, etc.”.

Caso concreto

Para definir este caso es necesario recordar que la sentencia a revisar es la proferida el 7 de septiembre de 1998 por la Sala de Decisión Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, que no concedió la tutela impetrada por Alonso Navarro Dallos porque el Tribunal consideró que “no hay exceso, desvío o desmesura” ni “error descomunal”, en la decisión contra Navarro Dallos porque no hubo violación al debido proceso en el sentido de haberse incurrido en vía de hecho al valorar la prueba puesto que el sancionado pudo controvertir la prueba y “en manera alguna este despacho, ahora juez de tutela, puede arrebatar competencias para introducir una valoración probatoria diferente a la hecha por el juez competente”. Con base en estas simples argumentaciones se negó la tutela.

Ya se dijo en esta sentencia que en circunstancias excepcionales puede surgir un error manifiesto en el juicio valorativo de la prueba que permita afirmar que se incurrió en una vía de hecho, susceptible de ser enmendada mediante tutela, luego por esta sola razón habría motivo para revocar la sentencia que se revisa.

También es bueno aclarar que ya ha sido cabalmente cumplida la orden dada en la tutela que motivó el incidente de desacato. Hay plena prueba de que no se obstaculiza el tránsito de personas ni de vehículos por parte de la Escuela Naval de Suboficiales en Barranquilla, es más, dicha institución ha colaborado en la habilitación de la vía e inclusive en la construcción de la vía peatonal, luego no se puede alegar actualmente incumplimiento de decisión judicial.

En el asunto que hoy es materia de estudio hay que analizar: si violó o no la Constitución, específicamente el debido proceso, en la decisión judicial que señaló que el oficial Navarro Dallos incurrió en desacato de una sentencia judicial. En este aspecto hay que reconocer que ha sido oscilante la posición de los jueces. Si bien es cierto el incidente de desacato se presentó contra cuatro oficiales, inicialmente el Tribunal de primera instancia (Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla) sancionó a sólo dos de ellos por incumplimiento de la orden de tutela, pero luego el mismo Tribunal al volver a tramitar la tutela por una nulidad que ocurrió, solamente sancionó por desacato a uno de los militares, precisamente a Alonso Navarro Dallos. Por otro lado, en segunda instancia, en la Corte Suprema de Justicia, la ponencia inicial llegó a la conclusión de que no se podía sancionar a Navarro Dallos, pero la ponencia fue derrotada y se convirtió en salvamento de voto. Luego, no ha sido una decisión lo suficientemente clara y unánime la tomada contra el referido oficial de la Armada.

Lo curioso es que precisamente se consideró incurso en desacato a quien, según los mismos acusadores “poco o nada tenía que ver con el asunto”. Ellos han indicado que el hoy Contralmirante Navarro Dallos no fue propiamente el autor del incumplimiento hace varios años. Y que si los solicitantes de la tutela no presentaron formalmente el desistimiento fue porque se les informó que éste no cabía en la acción. Pero es indudable que los solicitantes de la tutela, en el curso de ésta demostraron inequívocamente su intención de apartarse de la acción en cuanto ésta tuviere que ver con Navarro Dallos y esto, de todas maneras se enmarca dentro de lo que según Escriche es desistimiento: “el abandono o abdicación de algún derecho, la renuncia de una convención comenzada a ejecutar, la deserción de la apelación de una sentencia y el apartamiento de la acción, oposición, incidente o recurso”. Pero si se considera que formalmente no es un desistimiento, de todas maneras es un indicio de comportamiento que ha debido tenerse en cuenta al fallarse el incidente de desacato, pero hubo omisión total del juzgador al respecto. La lectura del auto proferido por la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla, el 10 de diciembre de 1997 respalda la anterior afirmación. Omisión injustificable porque el mencionado escrito fue presentado el 1º de septiembre de 1997, es decir mucho tiempo antes de que se decidiera el desacato. Es más, fue la propia Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 8 de febrero de 1995 la que decidió: “Adicionar el fallo impugnado en el sentido de ordenar al director de la escuela naval de suboficiales A.R.C. de Barranquilla que en forma inmediata a la notificación del mismo, se abstenga de perturbar los derechos de Álvaro Iván Ramírez Cano”, luego si este señor y su apoderado expresamente exculpan a Navarro Dallos, no hay explicación jurídica para que se eluda tal manifestación al decidirse el desacato. Omisión de apreciación en la cual también incurrió la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal cuando en providencia de 27 de enero de 1998 (con salvamento de voto) revisó por vía de consulta la sanción impuesta al entonces capitán de navío Alonso Navarro Dallos. Sea además advertir que la propia Corte Suprema de Justicia en la aludida providencia no admitió la responsabilidad objetiva en el desacato, al respecto expresó dicha corporación:

“Ahora bien es de conocer que la sola infracción al fallo de tutela, sumada a la presencia del sancionado en la dirección de la escuela, no bastaría per se para inferir su responsabilidad, sin ingresar a un análisis sobre su culpabilidad, pues como se afirma en la ponencia original, ahora anunciada como salvamento de voto por el magistrado disidente de esta Sala, no se podría imponer aquí una sanción con asidero en la sola responsabilidad objetiva”.

Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia en tal providencia consideró que las respuestas dadas por los centinelas apuntan inequívocamente contra Navarro Dallos, aunque a renglón seguido es la misma Corte Suprema la que formula crítica contra los mismos centinelas por ser “subordinados del personaje investigado” y ser contradictorias sus declaraciones; en verdad, los centinelas nunca acusan a Navarro Dallos y por el contrario explican que unos avisos que existían (no propiamente en mitad de la calle) habían sido ubicados por ellos, en unos escombros y en un costado y anotaron que ellos respondían a un escrito dirigido al alcalde de Barranquilla, que no estaba firmado por Navarro Dallos, sino por el Vicealmirante Hugo Sánchez. Además, los avisos decían: “retén militar”, “no pase” todo lo cual fue analizado en el salvamento de voto del magistrado Nelsón Pinilla Pinilla como demostrativo exactamente de la no culpabilidad de Navarro Dallos. Al margen de la verosimilitud de tales testimonios y de las consideraciones sobre las leyendas y ubicación de los avisos habría de admitir que la validez relativa que se les ha dado no es objetable mediante tutela, luego serán otros análisis los que sí tendrán incidencia en el presente fallo.

Ya se habló del primero: el de la absoluta omisión a lo expresado por los propios solicitantes, dentro del incidente de desacato, sobre la conducta de Navarro Dallos, exculpación que llega hasta la explicación dada en la inspección judicial practicada por la Corte Constitucional en el sentido de que no presentaron el desistimiento formalmente porque creyeron que no era de recibo en la tutela.

Ahora bien se tocará otro punto. Dice dicha providencia de la Sala Penal de la Corte Suprema que “la responsabilidad de toda orden militar recae en quien la emite y no en quien la ejecuta”. Esto puede ser cierto. Pero ocurre que dentro del expediente no existe ninguna orden dada por Navarro Dallos que permita deducir que impedía el tránsito por la calle. Todo lo contrario, el citado militar expidió por escrito en marzo de 1996 una orden, bajo la denominación señal 020900, que expresamente decía: “... debe continuarse cumplimiento sentido permitir tránsito todas las personas por vehículos (sic) deseen transitar sector calle 69”. Esta fue la verdadera orden que Navarro Dallos expidió, es una orden de cumplir el fallo de tutela y esta prueba no fue tenida en cuenta ni al definirse el desacato ni la pronunciarse el fallo de tutela motivo de la presente revisión.

¿Podría pensarse que posteriormente surgió alguna contraorden?

No hay ningún indicio de ello. Por el contrario, se produce después otra señal, la 021100 que reiteraba “debe continuarse cumplimiento sentido permitir tránsito personas X vehículos deseen transitar sector calle 69”. Igualmente se comprobó dentro de la inspección judicial que la Corte Constitucional practicó, que el 4 de julio de 1995 se dieron instrucciones al personal de infantes centinelas del puesto número 5 sobre el mismo tema y sobre el correcto llenado del libro referente a la calle 69, al respecto está la señal 050802 firmada por el comandante de la compañía de seguridad que para el momento era el teniente José Humberto Barragán, en razón de que es a este funcionario a quien le corresponde la vigilancia sobre los centinelas como se aprecia en el organigrama que rige en la Escuela Naval de Suboficiales y en el manual de funciones en cuanto allí se señala que el comandante de la compañía de seguridad debe: “3. Responder por el personal, material y dependencia a su cargo...11. Vigilar que los servicios de guardia sean prestados eficientemente y de acuerdo con las normas establecidas en el reglamento de servicio de guarnición... 18. Revisar diariamente los libros de guardia”, cuestiones estas que también se comprobaron en la referida inspección judicial.

Tampoco se tuvo en cuenta que las actitudes de los centinelas no pueden físicamente ser controladas por el director de la escuela debido a la distancia enorme existente desde su oficina hasta el garito de guardia y a las múltiples edificaciones que entre estos dos puntos existen.

Por supuesto que se puede argüir que el organigrama y manual de funciones y la ubicación de los centinelas y de la dirección de la escuela fueron aspectos que sólo se constataron en la diligencia de inspección judicial que la Corte Constitucional practicó, pero, la verdad es que dicha inspección se efectuó antes de dictarse la sentencia de tutela que motiva la presente revisión y fue una prueba que no se tuvo en cuenta por el juzgado constitucional de primera instancia al decidir la tutela interpuesta por Navarro Dallos.

Las nuevas pruebas recepcionadas se han convertido en algo más que prueba de descargo para el militar acusado de desacato. Sumadas a la orden escrita que Navarro Dallos dio para que se cumpliera la orden de tutela, le dan contundencia a esta orden o “señal”, luego, hubo ostensible equivocación al despreciar sin razón alguna, a dicho escrito como prueba y, además, al desestimar algo que surgía a simple vista: que las propias personas que instauraron el desacato son las que acuden a señalar que Navarro Dallos poco o nada tenía que ver con el asunto.

Esta ostensible omisión en la ponderación de la prueba viola el debido proceso. Si se hubiera tenido en cuenta que quienes impulsaron el incidente luego desligaron a Navarro Dallos del posible desacato, y que no había prueba clara de que hubiera ordenado el incumplimiento de un fallo de tutela sino que la prueba escrita decía que se cumpliera la orden judicial, quizás otra hubiera sido la decisión en el incidente de desacato. Pero esos elementos de juicio no se tuvieron en cuenta, en el capítulo concreto que analiza la conducta de Navarro dentro de la providencia del Tribunal de Barranquilla ni en la decisión de segunda instancia de la Corte Suprema de Justicia; de ahí la violación al debido proceso, que se visualiza con mayor claridad cuando las pruebas recogidas en la inspección judicial (órdenes reiteradas de cumplimiento, organigrama y manual de funciones en la Escuela de Suboficiales, imposibilidad física de controlar lo que ocurre con los centinelas, explicación de por qué no se protocolizó el desistimiento) le dan fuerza a las afirmaciones de quien instauró la tutela en el presente caso, afirmaciones que en principio han debido ser aceptadas por el juzgador de tutela salvo que existiera prueba en contra.

Como en la tutela se busca la verdad real y no la formal, surge en el caso concreto una evidente vía de hecho al responsabilizar subjetivamente al hoy Contralmirante Navarro Dallos de desacatar una orden judicial cuando la prueba demuestra que se preocupó por su cumplimiento. Si el comandante de compañía de seguridad no fue lo suficientemente diligente para superar las anomalías de los centinelas, no puede automáticamente descargarse tal responsabilidad en el comandante de la escuela porque se estaría aceptando la responsabilidad objetiva.

En mérito de lo expuesto la Sala Séptima de Revisión administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. REVOCAR la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior de Santafé de Bogotá, el 7 de septiembre de 1998, y en su lugar CONCEDER la tutela por violación al debido proceso, en el caso de la referencia, por las razones expuestas en los considerados del presente fallo.

2. CONSIDERAR que se incurrió en una vía de hecho en las providencias de 10 de diciembre de 1997 de la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla y de 27 de enero de 1998 de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en cuanto sancionaron a Alonso Navarro Dallos por desacatar una orden de tutela y por consiguiente dejar sin efecto dicha sanción.

3. LÍBRENSE por secretaría, las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta Constitucional y cúmplase.

_____________________