Sentencia T-79 de febrero 26 de 1993 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA SEGUNDA DE REVISIÓN

TUTELA CONTRA ACTUACIONES JUDICIALES

EN LOS CASOS DE VÍAS DE HECHO

EXTRACTOS: «En el trámite de los procesos confiados a los defensores de familia es imperativa la sujeción a los principios generales del derecho procesal, en particular el respeto al derecho de defensa y el mantenimiento de la igualdad de las partes (CPC, art. 4º).

El abandono de un menor es una situación que afecta directamente la familia y atenta contra la existencia misma de la sociedad (C.P., arts. 5º y 42). La declaración de esta situación tiene como efecto jurídico la terminación de la patria potestad (C. del M., art. 60). La gravedad de esta decisión exige que los padres gocen de la plenitud de las garantías procesales establecidas en la Constitución y la ley.

El legislador ha previsto diversas garantías para la protección de los derechos de las partes en el trámite de los procesos de declaración de abandono.

En el auto que abre la investigación, el defensor de familia debe ordenar la práctica de las pruebas y diligencias tendientes a establecer la existencia de la situación de abandono y, además, ordenar la citación —mediante notificación personal— de las personas que de acuerdo con la ley están llamadas a asumir la crianza y educación del menor (C. del M., arts. 37 y 38). En caso de hacerse presentes las personas citadas y solicitar pruebas, el mismo funcionario debe decretar su práctica, para lo cual puede ampliar el término de la investigación. Las anteriores disposiciones tienen por objeto asegurar a los padres la posibilidad de presentar pruebas y controvertir las que se alleguen en su contra (C.P., art. 29).

La resolución que declare la situación de abandono o de peligro de un menor debe ser notificada personalmente a las personas que hubieren comparecido al proceso y contra ella proceden los recursos de reposición y apelación (C. del M., arts. 49 y 51). De esta forma el legislador, garantiza la posibilidad de ejercer el derecho de impugnación de las sentencias que afectan los derechos fundamentales de la persona.

Coinciden los falladores de instancia en afirmar que a la peticionaria le fueron vulnerados sus derechos de defensa y debido proceso por parte de la autoridad administrativa, al no atender las exigencias legales de recepción y práctica de las pruebas en condiciones de igualdad para las partes. Esta sala acoge los razonamientos de la sentencia revisada sobre la vulneración de los derechos fundamentales de la petente, la cual vino a concretarse posteriormente en la sentencia —carente de toda motivación— que homologara la resolución proferida por la defensoría de familia de San Andrés.

Medios de prueba admisibles en el proceso de abandono

4. La sentencia de tutela objeto de revisión hace consistir adicionalmente la violación del derecho al debido proceso en que la defensoría de familia de San Andrés se basó en declaraciones libres y espontáneas de terceros para decretar el abandono del menor A..., sin el cumplimiento de los requisitos legales, entre ellos el juramento previo.

Al respecto el artículo 55 del Decreto 2737 de 1989 expresamente dispone:

“En los procesos administrativos a que refiere el presente código, serán admisibles todos los medios de prueba señalados en el Código de Procedimiento Civil”.

El Código de Procedimiento Civil establece dentro de los medios de prueba la declaración de parte, el juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, los indicios, y cualquiera otros medios que sean útiles para la formación del convencimiento del juez (CPC, art. 175). Por su parte, la ley exige el juramento como requisito previo del testimonio de terceros (CPC, art. 227), no siendo admisible para la plena demostración de los hechos objeto de la litis o de la investigación administrativa la simple declaración libre y espontánea de terceros.

En materia de procesos administrativos de abandono, el testimonio rendido con el lleno de las formalidades legales es un requisito sustancial de la admisibilidad de la prueba cuya exigencia se justifica por la eventual afectación de los derechos de los padres como consecuencia de la declaratoria de abandono.

Control jurisdiccional de los actos administrativos que definen la situación del menor

5. Las decisiones administrativas que definen en forma temporal o definitiva la situación de un menor están sujetas al control jurisdiccional de los jueces de familia por expresa disposición legal (C. del M., art. 56).

La declaración de abandono —acompañada de la medida de protección consistente en la iniciación de los trámites de adopción— produce ipso iure la pérdida de la patria potestad (C. del M., art. 60), salvo que se presente oportunamente oposición a la resolución administrativa por parte de las personas a cuyo cargo estuviere el cuidado, la crianza o la educación del menor (C. del M., art. 61). La drasticidad de una decisión semejante para la familia y los derechos de sus miembros llevó al legislador a prever el mecanismo de la homologación judicial como garantía judicial de esta clase de resoluciones.

La homologación de las decisiones de los defensores de familia por parte de un juez especializado en la misma materia constituye un control de legalidad diseñado con el fin de garantizar los derechos procesales de las partes y subsanar los defectos en que se hubiere podido incurrir por parte de la autoridad administrativa. Aunque el trámite de la homologación tiene por objeto revisar el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales del debido proceso, al juez le está vedado examinar el fondo de la decisión. Contra la sentencia de homologación no procede recurso alguno (C. del M., art. 63).

Doctrina de las vías de hecho y vulneración del debido proceso

6. En el caso sub examine, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia confirmó la sentencia de primera instancia que concediera la tutela solicitada por considerar que la violación del derecho fundamental era tan manifiesta por parte de la autoridad administrativa que el Juez Promiscuo de Familia no tenía alternativa diferente que negar la medida administrativa y ordenar se subsanara la actuación viciosa.

La tesis expuesta por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia para confirmar la sentencia que concediera la tutela contra una decisión judicial es coherente con la doctrina constitucional acogida por esta corporación, según la cual es procedente la acción de tutela cuando se ejerce para impedir que las autoridades públicas, mediante vías de hecho vulneren o amenacen los derechos fundamentales. A este respecto, la Sala Plena de la Corte Constitucional se pronunció en los siguientes términos:

“Nada obsta para que por vía de la tutela se ordene al juez que ha incurrido en dilación injustificada en la adopción de decisiones a su cargo que proceda a resolver o que observe con diligencia los términos judiciales, ni riñe con los preceptos constitucionales la utilización de esta figura ante actuaciones de hecho imputables al funcionario por medio de las cuales se desconozcan o amenacen los derechos fundamentales (...)”.

A los servidores públicos, en el ejercicio de sus funciones, les está vedado actuar por fuera de las funciones atribuidas por la Constitución o la ley. El Estado social de derecho (C.P., art. 1º), los fines sociales del Estado (C.P., art. 2º) y el principio de igualdad ante la ley (C.P., art. 13), constituyen el marco constitucional de la doctrina de las vías de hecho, la cual tiene por objeto proscribir las actuaciones arbitrarias de la autoridad que vulneran los derechos fundamentales de las personas.

Una actuación de la autoridad pública se torna en una vía de hecho susceptible del control constitucional de la acción de tutela cuando la conducta del agente carece de fundamento objetivo, obedece a su sola voluntad o capricho y tiene como consecuencia la vulneración de los derechos fundamentales de la persona.

Carece de fundamento objetivo la actuación manifiestamente contraria a la Constitución y a la ley. La legitimidad de las decisiones estatales depende de su fundamentación objetiva y razonable. El principio de legalidad rige el ejercicio de las funciones públicas (C.P., art. 121), es condición de existencia de los empleos públicos (C.P., art. 122) y su desconocimiento genera la responsabilidad de los servidores públicos (C.P., arts. 6º, 90). Una decisión de la autoridad no es constitucional solamente por el hecho de adoptarse en ejercicio de las funciones del cargo. Ella debe respetar la igualdad de todos ante la ley (C.P., art. 13), principio que le imprime a la actuación estatal su carácter razonable. Se trata de un verdadero límite sustancial a la discrecionalidad de los servidores públicos, quienes, en el desempeño de sus funciones, no pueden interpretar y aplicar arbitrariamente las normas, so pena de abandonar el ámbito del derecho y pasar a patrocinar simple y llanamente actuaciones de hecho contrarias al Estado de derecho que les da su legitimidad.

La decisión revestida de las formalidades de un acto jurídico encubre una actuación de hecho cuando ésta obedece más a la voluntad o al capricho del agente estatal que a las competencias atribuidas por ley para proferirla. El criterio para evaluar qué conductas tienen fundamento en el ordenamiento jurídico y cuáles no, es finalista y deontológico. Las autoridades públicas están al servicio de la comunidad (C.P., art. 123) y en el cumplimiento de sus funciones deben ser conscientes de que los fines esenciales del Estado son, entre otros, servir a dicha comunidad y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución (C.P., art. 2º). Las autoridades públicas deben ceñir sus actuaciones a los postulados de la buena fe (C.P., art. 83). La conducta dolosa o gravemente culposa de los servidores públicos debe ser excluida del ordenamiento jurídico y su demostración genera la responsabilidad patrimonial del Estado, así como el deber de repetir contra el agente responsable del daño (C.P., art. 90).

La vulneración de los derechos fundamentales por parte de servidores públicos que actúan sin fundamento objetivo y razonable, y obedecen a motivaciones internas, desconoce la primacía de los derechos inalienables de la persona (C.P., art. 5º), la protección constitucional de los derechos fundamentales (C.P., art. 86) y la prevalencia del derecho sustancial (C.P., art. 228). En caso de demostrarse su ocurrencia, el juez de tutela deberá examinar la pertenencia del acto al mundo jurídico y proceder a la defensa de los derechos fundamentales vulnerados en el curso de una vía de hecho por parte de la autoridad pública.

El juez promiscuo de familia de San Andrés al homologar la resolución de la defensoría de familia de la mismia localidad, violatoria de los derechos fundamentales de la peticionaria, actuó por fuera de la ley. El error manifiesto del fallador, la falta de fundamentación de la sentencia y el incumplimiento del control de legalidad dispuesto por la ley respecto de las resoluciones de abandono proferidas por las autoridades administrativas, ocasionaron la vulneración de los derechos de defensa y debido proceso de la señora C.... En particular, la forma como fue adelantado el proceso de abandono por parte de la defensora de familia y la posterior convalidación de estas actuaciones por parte del juez de familia, colocaron a la peticionaria en posición de desventaja frente a la contraparte, vulnerando el principio de igualdad procesal y sus derechos fundamentales».

(Sentencia T-79 de febrero 26 de 1993. Magistrado Ponente: Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz).

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