Sentencia T-792 de noviembre 12 de 2013

SALA CUARTA DE REVISIÓN

CORTE CONSTITUCIONAL 

Ref.: Expediente T-3.983.492

Magistrado Ponente:

Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo

Demandante: Flor de María Narváez Vásquez

Demandado: Departamento del Cauca y Fondo Territorial de Pensiones del Cauca

Bogotá, D.C., doce de noviembre de dos mil trece.

La Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Jorge Iván Palacio Palacio y Nilson Elías Pinilla Pinilla, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha pronunciado la siguiente

Sentencia

En el proceso de revisión del fallo de segunda instancia proferido por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Popayán, Sala de Decisión Penal, que resolvió la impugnación de la sentencia del Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Popayán, en el trámite de la acción de tutela promovida por Flor de María Narváez Vásquez contra el Departamento del Cauca y el Fondo Territorial de Pensiones del Cauca.

El presente expediente fue escogido para revisión por la Sala de Selección Número Siete, por medio de auto del 30 de julio de 2013 y repartido a la Sala Cuarta de Revisión el 2 de septiembre de 2013.

I. Antecedentes

1. La solicitud

La accionante, Flor de María Narváez Vásquez, interpuso la presente acción de tutela contra el Departamento del Cauca y el Fondo Territorial de Pensiones del Cauca, con el fin de que le fueran protegidos sus derechos fundamentales al mínimo vital, a la dignidad humana, a la igualdad, a la seguridad social y a la protección a la familia y la tercera edad, los cuales considera conculcados por tales entidades, al haberle suspendido el pago de las mesadas correspondientes a la sustitución pensional que disfrutaba en calidad de compañera permanente del causante.

2. Hechos.

La demandante los narra, en síntesis, así:

2.1. El señor Carlos Balcázar Pérez, quien falleció el 2 de mayo de 1983, gozaba de una pensión de jubilación a cargo del Departamento del Cauca, según Resolución 1239 de 1979, expedida por la respectiva Caja de Previsión Social Departamental.

2.2. En razón de su deceso, la actora, Flor de María Narváez Vásquez, solicitó la consecuente sustitución pensional, invocando la calidad de compañera permanente, por haber hecho vida marital con el causante durante los últimos 17 años de su vida y haber procreado junto a él 6 hijos, que a la fecha eran menores de edad.

2.3. Por tal motivo, mediante Resolución 932 de 1983, la Caja de Previsión Departamental del Cauca le concedió, de forma provisional, el 50% de dicha pensión y el otro 50% a sus 6 hijos menores de edad.

2.4. No obstante, 4 meses después, a través de la Resolución 2659 de 1983 de la misma entidad, le fue revocado el 50% que le había sido reconocido, el cual fue sustituido a la señora Gerardina Orozco Viuda de Balcázar, quien probó la calidad de cónyuge del mencionado señor. El otro 50% se mantuvo en favor de los referidos menores.

2.5. Al cabo de un año, la señora Orozco falleció, razón por la cual el 100% de la pensión aludida fue reconocida a los 6 menores, representados legalmente por la actora, y según consta en la Resolución 691 de 1985.

2.6. Conforme fueron superando los requisitos legales para ser acreedores de la consabida prestación, estos fueron excluidos del grupo de beneficiarios. Por lo tanto, se mantuvo vigente hasta que la menor de ellos, Nubia Enith Balcázar Narváez, cumplió los 26 años de edad, pues, a partir de ese momento, con la Resolución 681-07-2005 del 7 de julio de 2005, expedida por la Secretaría Administrativa y Financiera del departamento del Cauca, le fue suspendido el pago de las mesadas pensionales.

2.7. Manifiesta la señora Flor de María Narváez, que en la actualidad cuenta con 73 años de edad, que ha sido madre y abuela cabeza de familia, que vive con dos hijas desempleadas y que tiene a su cargo un nieto que padece un problema congénito de salud.

3. Pretensiones.

La demandante, Flor de María Narváez Vásquez, pretende que, mediante la acción de tutela, le sean amparados sus derechos fundamentales al mínimo vital, a la dignidad humana, a la igualdad, a la seguridad social y a la protección a la familia y la tercera edad y, por consiguiente, que se ordene a las entidades demandadas efectuar el reconocimiento y pago de la sustitución pensional a la que tiene derecho como compañera permanente del señor Carlos Balcázar Pérez, y que dice le fue suspendida —a ella, como compañera permanente— desde el año 2005.

4. Respuesta de la entidad accionada.

La Gobernación del Cauca, dentro de la oportunidad procesal pertinente, por conducto de la Secretaría General de Pensiones del departamento, luego de hacer un recuento de las actuaciones administrativas relacionadas con la pensión señalada, solicitó no acceder a las pretensiones de la demanda, por cuanto la Resolución 2659 de 1983, que revocó la sustitución reconocida provisionalmente a la actora, en su calidad de compañera permanente, tuvo como soporte el “Decreto Departamental 717 de 1978 (art. 50), norma vigente para la época”(1), que impedía reconocerle tal calidad ante la ausencia de una sentencia judicial que acreditara la separación de Balcázar y Gerardina Orozco —cónyuge de aquel—.

Igualmente, apuntó que “la suspensión del pago de la sustitución de pensión a la accionante fue a partir de noviembre de 1983”(2). De ahí que la administración que pudo haber efectuado, en relación con los recursos derivados de esa prestación, obedeció a la condición de representante legal de sus hijos menores de edad. Así las cosas, la asignación que dice habérsele suspendido en 2005, en realidad, corresponde a las mesadas giradas a su hija, Nubia Enith Balcázar Narváez, “última beneficiaria de la sustitución pensional”(3), cuyo desembolso finiquitó por haber superado los requisitos legales para ello.

Con fundamento en tales precisiones, negó haber vulnerado los derechos fundamentales invocados por la actora y resaltó que la acción de tutela “no es el mecanismo pertinente para pretender el pago de la sustitución pensional”(4).

5. Pruebas.

A la demanda de tutela, la peticionaria anexó los siguientes documentos:

— Copia simple de la Resolución 681-07-2005 de la Secretaría Administrativa y Financiera del Departamento del Cauca, por la cual se suspende el pago de la mesada pensional a Nubia Enith Balcázar Narváez (fl. 6, cdno. 2).

— Copia simple de la Resolución 932 de 1983 de la Caja de Previsión Departamental del Cauca, por la cual se concede a Flor de María Narváez Vásquez y a sus 6 hijos, en forma provisional, la sustitución de la pensión de jubilación del Carlos Balcázar (fl. 7, cdno. 2).

— Copia simple de la Resolución 2659 de 1983 de la misma entidad, por la cual se revoca el 50% de la pensión reconocida a la actora y se declara como beneficiaria de este a Gerardina Orozco (fl. 10, cdno. 2).

II. Decisión judicial que se revisa

1. Decisión de primera instancia.

El Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Popayán, en sentencia de 8 de mayo de 2013, declaró improcedente la acción de tutela incoada por la actora, toda vez que esta no satisface los presupuestos procesales propios de ese mecanismo de amparo, como son la inmediatez, la subsidiariedad y la inminencia de un perjuicio irremediable.

En desarrollo de esa premisa, expuso que la demandante pretende controvertir situaciones jurídicas que cobraron firmeza hace más de tres décadas; para lo cual dispone de los medios de defensa suficientes ante el juez natural, pues “no se ha demostrado que (…) se encuentre en situación de no satisfacción de sus necesidades básicas primarias que solo puedan solventarse con la adquisición del derecho que pretende”(5).

Con respecto a lo último, agrega que su sola edad no es razón suficiente para que se ordene per se el reconocimiento de la pensión reclamada, ya que para ello se requiere que haya demostrado la incapacidad de proveerse los recursos necesarios para su propia subsistencia.

2. Impugnación.

Inconforme con la decisión del a quo, la accionante impugnó el fallo, arguyendo que el derecho a la pensión es imprescriptible, lo cual la habilita para impetrar la acción de tutela en cualquier momento, pues el hecho de convivir junto al causante, durante los últimos 17 años de su vida, la hace merecedora del aludido beneficio.

En igual sentido expresó que, aunque en el 2005 no ostentara la titularidad de la prestación en comento, de ella derivaba su sustento y el de su familia, siendo esta la única fuente de ingresos con la que contaba para garantizarse el mínimo vital.

3. Decisión de segunda instancia.

El Tribunal Superior de Distrito Judicial de Popayán, Sala de Decisión Penal, mediante sentencia de 12 de junio de 2013, confirmó la decisión de primera instancia, bajo consideraciones similares a las expuestas por ella.

Indicó que la actora “no logró demostrar la convivencia durante los últimos cinco años y vida marital con el causante”. Así mismo, recalcó que “si existiera una verdadera afectación a los derechos constitucionales de la accionante, esta debió ejercer las acciones legales desde 1983, cuando le fue notificada la suspensión del pago de la pensión y el reconocimiento del mismo derecho a favor de la señora Gerardina Orozco”(6).

Luego, sin existir prueba de que haya agotado los trámites tendientes a obtener el reconocimiento de la prestación que ahora reclama, no hay lugar a que proceda la acción de tutela; menos, después de todo el tiempo transcurrido, y teniendo en cuenta que la titularidad del mismo la tuvieron sus hijos hasta el año 2005, y no ella.

III. Consideraciones

1. Competencia.

A través de esta Sala de Revisión, la Corte Constitucional es competente para revisar la sentencia de segunda instancia, proferida dentro del proceso de la referencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 86 y 241, numeral 9º, de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 31 al 36 del Decreto 2591 de 1991.

2. Procedibilidad de la acción de tutela.

2.1. Legitimación activa.

El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela es un mecanismo de defensa al que puede acudir cualquier persona para reclamar la protección inmediata de sus derechos fundamentales. En esta oportunidad, la señora Flor de María Narváez Vásquez actúa en defensa de sus derechos e intereses, razón por la cual se encuentra legitimada para actuar como demandante.

2.2. Legitimación pasiva.

El Departamento del Cauca y el Fondo Territorial de Pensiones del Cauca están legitimados en la causa como parte pasiva, en la medida en que se les atribuye la presunta vulneración de los derechos fundamentales cuyo amparo se demanda. Por tratarse de autoridades públicas, en virtud de lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991, esta acción es procedente en su contra.

3. Problema jurídico.

Corresponde a la Sala Cuarta de Revisión determinar si las entidades demandadas vulneraron los derechos fundamentales al mínimo vital, a la dignidad humana, a la igualdad, a la seguridad social y a la protección a la familia y la tercera edad de la accionante, al suspender el pago de las mesadas pensionales, que dice venía percibiendo con ocasión del fallecimiento de su compañero permanente, acaecido en 1983.

Con miras a resolver tal interrogante, la Sala abordará los siguientes tópicos: (i) procedencia excepcional de la acción de tutela para el reconocimiento de prestaciones periódicas; (ii) derecho a la sustitución pensional en la unión marital de hecho; (iii) caso concreto.

4. Procedencia excepcional de la acción de tutela para el reconocimiento de prestaciones periódicas. Reiteración de jurisprudencia.

La acción de tutela ha sido concebida como un mecanismo preferente y sumario, a través del cual las personas pueden reclamar la inmediata protección de sus derechos fundamentales, cuando no dispongan de otros instrumentos jurídicos, o cuando existiendo, estos no sean ideales para evitar la consumación de un perjuicio irremediable, derivado de la actuación o la omisión de las autoridades públicas y, excepcionalmente, de los particulares, ya sea como medida definitiva o de forma transitoria; ello se desprende de lo normado en el artículo 86 del estatuto superior.

Dada su naturaleza, para que proceda el mecanismo constitucional es necesario que los supuestos fácticos que dieron lugar a su presentación se ajusten, de forma integral y sistemática, a un entramado de elementos jurídicos de los cuales su estructura le impide prescindir. En otros términos, la procedencia de este especial instrumento se encuentra supeditada al cumplimiento de ciertos requisitos, que deben ser verificados por el juez constitucional al impartir la decisión que de ella derive.

En tal sentido, se precisa, que la acción puede incoarse como mecanismo principal, a efectos de zanjar definitivamente el debate jurídico que se erige en torno a la eventual trasgresión de los derechos fundamentales que se invoquen; pero, también podrá utilizarse con miras a obtener una decisión judicial con efectos transitorios, a razón de impedir que se materialice el perjuicio irremediable que se cierne sobre el accionante, o la persona cuyas garantías de primer orden se encuentren en riesgo, mientras se dirime el respectivo conflicto ante la autoridad judicial o administrativa correspondiente.

Ante el primer evento, “(…) es preciso examinar si no existe otro medio judicial. Si no existe otro medio, o aún si existe pero éste no resulta idóneo en el caso concreto, la tutela procede como mecanismo principal de amparo de los derechos fundamentales (…)”(7), para lo cual, valga aclarar, no está condicionada al agotamiento de otros trámites, pues la afectación es de tal envergadura que demanda la intervención del juez de tutela de manera conclusiva.

Por su parte, la segunda hipótesis, se abstrae de lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 86 de la Carta Política, que consagra que: “Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable” (resaltados propios). Desde ese panorama constitucional, dicha vía se habilita cuando se presentan los siguientes elementos(8): (i) que exista un instrumento judicial idóneo, diferente a la tutela, para obtener el amparo de los derechos fundamentales que se invocan y; (ii) que se advierta la posible ocurrencia de un hecho que perjudique irreversiblemente tales garantías.

Respecto a este último, la Corte ha destacado que no puede tratarse de cualquier peligro al que aludan los peticionarios, pues, para que tenga la entidad que requiere la mencionada herramienta constitucional, debe caracterizarse:

“(i) por ser inminente, es decir, que se trate de una amenaza que está por suceder prontamente; (ii) por ser grave, esto es, que el daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona sea de gran intensidad; (iii) porque las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio irremediable sean urgentes; y (iv) porque la acción de tutela sea impostergable a fin de garantizar que sea adecuada para restablecer el orden social justo en toda su integridad”(9).

Por otro lado, es menester precisar que, en buena parte, la procedencia de la acción de tutela se limita por la prontitud con la que el interesado acude a su ejercicio, ya que ello supone, en gran medida, un indicio de la afectación que le representa la conducta o situación que acusa como presunta vulneradora de sus garantías fundamentales.

Sobre el particular, este tribunal, en la Sentencia T-183 de 2013(10), señaló que “El principio de inmediatez apunta al tiempo dentro del cual es racional ejercer la acción de tutela, para que sea oportuna la eventual concesión de la protección de los derechos fundamentales conculcados o en riesgo. De no cumplirse, suele resultar superfluo acometer el estudio de las demás circunstancias de las que dependería la prosperidad del amparo”.

Ahora, ello no le supone la imposición de una especie de término abstracto de caducidad, pues hay circunstancias en las que la inactividad del accionante está justificada, o en las que la vulneración es actual y permanece en el tiempo, como es el caso de aquellas relacionadas con el pago de ciertas prestaciones periódicas, razón por la cual, debe analizarse de acuerdo a las particularidades de cada caso, pues, como se dijo en la sentencia antes mencionada, no puede perderse de vista que la tutela está encaminada a “subsanar o contrarrestar el quebrantamiento o peligro, que nadie ha de soportar impávidamente si en realidad es grave e inminente”.

Los anteriores argumentos se sintetizan en 3 de los principios básicos que deben verificarse en el trámite de cualquier acción de tutela: subsidiariedad, inminencia de un perjuicio irremediable e inmediatez. No obstante, el cumplir con tales requisitos no es suficiente para que el amparo tutelar sea viable, puesto que, además, deben satisfacerse unas condiciones especiales, atinentes al tipo de asunto sobre el que versa el reclamo.

En ese orden de ideas, tratándose del reconocimiento y pago de prestaciones periódicas, como la sustitución pensional, es preciso que adicionalmente se satisfagan las exigencias decantadas por este tribunal, así:

“(i) que se trate de una persona de la tercera edad, para ser considerado sujeto especial de protección; (ii) que la falta de pago de la prestación o su disminución, genere un alto grado de afectación de los derechos fundamentales, en particular del derecho al mínimo vital,(iii) que se haya desplegado cierta actividad administrativa y judicial por el interesado tendiente a obtener la protección de sus derechos, y (iv) que se acredite siquiera sumariamente, las razones por las cuales el medio judicial ordinario es ineficaz para lograr la protección inmediata de los derechos fundamentales presuntamente afectados”(11).

Lo anterior significa, que ese instrumento tuitivo ostenta un carácter subsidiario o residual. Luego, por regla general, no procede en temas que guardan relación con el reconocimiento y pago de prestaciones periódicas, como la que en esta oportunidad se reclama, ya que es la jurisdicción ordinaria, o contencioso administrativa, según el caso, a través de los procedimientos dispuestos para tal fin, el escenario donde deben ventilarse este tipo de controversias. Pero, como se dijo, en ciertos eventos, es posible que el juez constitucional se inmiscuya en esos temas y aborde el conocimiento de fondo; claro está, siempre y cuando converjan los requisitos descritos —generales y específicos—, pues, si faltare al menos uno de sus componentes, la protección por vía de tutela no sería viable.

Entonces, para saber si en el sub lite es procedente la acción de tutela como mecanismo principal, o como mecanismo transitorio, es menester confrontar los anteriores postulados con las precisiones fácticas que se erigen en torno a la situación concreta de la accionante.

5. Derecho a la sustitución pensional en la unión marital de hecho.

Hace varias décadas el legislador reconoció la importancia de garantizar los medios de subsistencia de aquellas personas que dependían económicamente de quien antes de morir se había vinculado a la fuerza laboral del país y, por ende, efectuado aportes al correspondiente sistema de seguridad social, ya sea desde el sector público, o el privado. Para ello, dispuso una serie de beneficios, destinados a mantenerles, en lo posible, las condiciones de vida prodigadas por el trabajador fallecido.

Así, surgieron prestaciones como la pensión de sobrevivientes o la sustitución pensional. La primera, se entrega a los causahabientes, según el orden de ley, cuando el causante ha fallecido sin haber consolidado los requisitos para hacerse acreedor al reconocimiento y pago de la prestación periódica para sí mismo; la segunda, es la subrogación de la pensión a la que se hizo acreedor en vida, en favor de los respectivos beneficiarios. Dicho de otro modo, “la sustitución pensional es un derecho que permite a una o varias personas entrar a gozar de los beneficios de una prestación económica antes percibida por otra, lo cual no significa el reconocimiento del derecho a la pensión sino la legitimación para reemplazar a la persona que venía gozando de este derecho”(12).

En tal sentido, de manera puntual, la Corte, en la Sentencia T-355 de 1995(13) realizó un recuento de algunas de las normas que, con ese fin, se han expedido desde 1946 hasta 1988:

“— Ley 90 de 1946, artículo 59: establece la pensión vitalicia mensual a la viuda, sea o no inválida y al viudo inválido.

— Ley 171 de 1961, artículo 12: la establece para el CONYUGE [sic] durante los dos años subsiguientes al fallecimiento del empleado jubilado o con derecho a jubilación.

— Decreto 3041 de 1966: aprueba el reglamento del seguro social obligatorio y en su artículo 21 habla de la pensión a favor del CONYUGE [sic] SOBREVIVIENTE.

— Ley 5ª de 1969 artículo 1º: habla del CONYUGE [sic] y ratifica los 2 años de pensión, pero continúa hablando de “empleado”.

— Decreto 433 de 1971: expresamente deroga (art. 67) la Ley 90 de 1946.

— Decreto 435 de 1971, artículo 15: ya habla de TRABAJADOR PARTICULAR y de SU CONYUGE [sic] y amplía a CINCO AÑOS.

— Ley 10 de 1972, artículo 10: modifica el anterior en el sentido de que para quienes llevaban dos años de sustitución la prórroga sería hasta completar los cinco.

— Ley 3[3] de 1973: Esta norma es para trabajadores particulares y para trabajadores oficiales y transforma en vitalicias las pensiones de LAS VIUDAS.

— Ley 12 de 1975: habla de EL CONYUGE [sic] SUPERSTITE [sic] si el trabajador fallece antes de cumplir la edad cronológica, pero con tiempo de servicio.

— Ley 4ª de 1976: extiende al beneficiario los servicios médicos, odontológicos, etc.

— Ley 44 de 1980: facilita el procedimiento de traspaso y pago aportuno [sic] de las sustituciones pensionales.

— Ley 113 de 1985: define quién es cónyuge supérstite: “esposo o esposa de la persona fallecida”.

— Ley 71 de 1988: extiende las previsiones de la sustitución pensional y precisa que las normas legales apenas contienen los derechos mínimos (…)”.

De ellas se destaca, particularmente, el artículo 1º de la Ley 12 de 1975, vigente al momento de las Resoluciones que revocaron la sustitución pensional reconocida provisionalmente a la actora. Allí se dispuso lo siguiente:

“El cónyuge supérstite o la compañera permanente de un trabajador particular o de un empleado o trabajador del sector público, y sus hijos menores o inválidos, tendrán derecho a la pensión de jubilación del otro cónyuge si éste falleciere antes de cumplir la edad cronológica para esta prestación, pero que hubiere completado el tiempo de servicio consagrado para ella en la Ley, o en convenciones colectivas” (resaltados propios).

Nótese como desde esa fecha ya la compañera permanente figuraba como beneficiaria del trabajador fallecido. La importancia de esa cita no radica en la precisión con la que se pueda aplicar el marco normativo al caso concreto, sino en el reconocimiento efectuado por el legislador a la entidad familiar no constituida por matrimonio.

Aunque la protección brindada a la unión marital de hecho en la época era incipiente, debido a la posición privilegiada que tenía él cónyuge en relación con el compañero o la compañera permanente, la Corte Constitucional, de manera gradual, equiparó sus posiciones en el plano del derecho.

El desarrollo jurisprudencial de este tribunal sobre la naturaleza y alcance del concepto de familia(14), extendió a la unión marital de hecho —en perspectiva de igualdad con el vínculo surgido del matrimonio— los derechos derivados de la seguridad social, entendiendo que el compañero o la compañera permanente tienen la misma legitimidad que el cónyuge para acceder a la sustitución pensional.

Incluso antes de entrar en vigencia el actual Sistema General de Seguridad Social en Pensiones —Ley 100 de 1993, con sus modificaciones—, ya la Corte había plasmado férreos precedentes, que se tradujeron en la concreción de situaciones jurídicas que, hasta ese momento, adolecían de falta de claridad. Así, en la Sentencia T-190-93 del 12 de mayo de 1993(15), anotó que:

“El derecho a la pensión de jubilación tiene como objeto no dejar a la familia en el desamparo cuando falta el apoyo material de quienes con su trabajo contribuían a proveer lo necesario para el sustento del hogar. El derecho a sustituir a la persona pensionada o con derecho a la pensión obedece a la misma finalidad de impedir que sobrevenida la muerte de uno de los miembros de la pareja el otro no se vea obligado a soportar individualmente las cargas materiales y espirituales. El vínculo constitutivo de la familia —matrimonio o unión de hecho— es indiferente para efectos del reconocimiento de este derecho. El factor determinante para establecer qué persona tiene derecho a la sustitución pensional en casos de conflicto entre el cónyuge supérstite y la compañera o compañero permanente es el compromiso de apoyo afectivo y de comprensión mutua existente entre la pareja al momento de la muerte de uno de sus integrantes. Es por ello que la ley ha establecido la pérdida de este derecho para el cónyuge supérstite que en el momento del deceso del causante no hiciere vida en común con él, salvo la existencia de justa causa imputable a la conducta del fallecido (L. 12/75, art. 2º y D.R. 1160/89)”.

Tales acotaciones representaron bases lo suficientemente fuertes para que cualquier compañero o compañera permanente que estimare tener derecho sobre la pensión de su pareja fallecida, acudiera ante el respectivo juez de la República a reclamar las prestaciones correspondientes.

Luego, al implementarse la Ley 100 de 1993, se gestó un importante marco normativo que recogió el criterio antes mencionado. Así, por ejemplo, en su artículo 47, inicialmente se reconoció que eran beneficiarios de la pensión de sobrevivientes —y de la sustitución pensional—, entre otras personas “En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite”. De la misma manera, aclaró que:

“En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante por lo menos desde el momento en que este cumplió con los requisitos para tener derecho a una pensión de vejez o invalidez, y hasta su muerte, y haya convivido con el fallecido no menos de dos (2) años continuos con anterioridad a su muerte, salvo que haya procreado uno o más hijos con el pensionado fallecido (…)”(16).

Al apreciar el tenor literal de la norma, se advierte que no hay distinción entre el cónyuge y el compañero o compañera permanente para reemplazar al causante en el disfrute de su pensión. La única limitación está dada por la prueba de la convivencia con aquel durante sus dos últimos años de vida, lo cual de ninguna manera supone una discriminación hacia el tipo de vínculo afectivo que los unió, sino un elemento que permite identificar la consolidación del derecho y protegerlo, de acuerdo a sus fines constitucionales y legales.

Con posterioridad a ese paradigma jurídico, surgió la Ley 797 de 2003, que con su artículo 13 modificó sustancialmente los requisitos para acceder a esa categoría de prestaciones y preceptuó una serie de reglas para los casos en los que concurran en derechos el cónyuge y la compañera o compañero permanente. En tal sentido expresó que son beneficiarios de la pensión de sobreviviente:

a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga 30 o más años de edad. En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte;

b) En forma temporal, el cónyuge o la compañera permanente supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga menos de 30 años de edad, y no haya procreado hijos con este (…).

Si respecto de un pensionado hubiese un compañero o compañera permanente, con sociedad anterior conyugal no disuelta y derecho a percibir parte de la pensión de que tratan los literales a) y b) del presente artículo, dicha pensión se dividirá entre ellos (as) en proporción al tiempo de convivencia con el fallecido.

En caso de convivencia simultánea en los últimos cinco años, antes del fallecimiento del causante entre un cónyuge y una compañera o compañero permanente, la beneficiaria o el beneficiario de la pensión de sobreviviente será la esposa o el esposo. Si no existe convivencia simultánea y se mantiene vigente la unión conyugal pero hay una separación de hecho, la compañera o compañero permanente podrá reclamar una cuota parte de lo correspondiente al literal a en un porcentaje proporcional al tiempo convivido con el causante siempre y cuando haya sido superior a los últimos cinco años antes del fallecimiento del causante. La otra cuota parte le corresponderá a la cónyuge con la cual existe la sociedad conyugal vigente; (…)”(17) (resaltados propios).

En su momento, la Corte se refirió, nuevamente, sobre la Constitucionalidad del factor de convivencia prolongada en el tiempo. Así por ejemplo, reitero que esa exigencia —en este caso 5 años— resulta ajustada a la Norma Superior, pues “con este tipo de disposiciones lo que se pretende es evitar las convivencias de última hora con quien está a punto de fallecer y así acceder a la pensión de sobrevivientes”(18). Igualmente, precisó que tal prestación “es asignada, en las condiciones que fija la ley, a diferentes beneficiarios (hijos, padres y hermanos inválidos). Por ello, al establecer este tipo de exigencias frente a la duración de la convivencia, la norma protege a otros posibles beneficiarios de la pensión de sobreviviente”(19), lo cual justifica el rigor con el que ha de cristalizarse el acceso a la misma.

Como se vio, el tema de la concurrencia de beneficiarios a un mismo nivel no es nada novedoso, precisamente, tratando de zanjar esa discusión, el legislador, a través de la Ley 1204 de 2008, concretamente en su artículo 6º, trató de definir el derecho a la sustitución pensional en caso de divergencia entre los sujetos mencionados. Allí consagró que:

“Si la controversia radica entre cónyuges y compañera (o) permanente, y no versa sobre los hijos, se procederá reconociéndole a estos el 50% del valor de la pensión, dividido por partes iguales entre el número de hijos comprendidos. El 50% restante, quedará pendiente de pago, por parte del operador, mientras la jurisdicción correspondiente defina a quién se le debe asignar y en qué proporción, sea cónyuge o compañero (a) permanente o ambos si es el caso, conforme al grado de convivencia ejercido con el causante, según las normas legales que la regulan. Si no existieren hijos, el total de la pensión quedará en suspenso hasta que la jurisdicción correspondiente dirima el conflicto”.

Sin embargo, pese a su intención, salta a la vista que, en últimas, delegó esa responsabilidad a la jurisdicción correspondiente: contencioso-administrativa, u ordinaria, según el caso.

A estas alturas, la Corte, nuevamente, imprimía su hermenéutica frente a la posible coexistencia de derechos derivada del vínculo familiar concebido a través del matrimonio y el consolidado mediante la unión marital de hecho. En la Sentencia C-1035 de 2008, que abordó la situación planteada en la cita anterior, refiriéndose al artículo 13 de la Ley 797 de 2003, afirmó que:

“para que se presente el supuesto fáctico descrito por el aparte demandado de la norma, se requiere entonces la existencia de la convivencia simultánea, esto es, que ocurran al mismo tiempo la convivencia del causante con el respectivo cónyuge y con el compañero o compañera permanente durante los cinco años previos a la muerte del causante. En esa dirección, el apartado demandado excluye de antemano, las relaciones casuales, circunstanciales, incidentales, ocasionales, esporádicas o accidentales que haya podido tener en vida el causante. El criterio definido por la norma para determinar el beneficiario de la pensión de sobreviviente tiene que ver con la convivencia caracterizada por la clara e inequívoca vocación de estabilidad y permanencia”(20).

Esa interpretación le permitió llegar a la diáfana conclusión que, en tal evento, “además de la esposa o esposo, también es beneficiario de la pensión de sobrevivientes, el compañero o compañera permanente y dicha pensión se dividirá entre ellos(as) en proporción al tiempo de convivencia con el fallecido”(21).

Por otro lado, es menester precisar, que no solamente este tribunal se ha pronunciado en torno al derecho que le asiste al compañero (a) permanente respecto a la sustitución pensional, o a la pensión de sobrevivientes. A su turno, tal como lo sugiere la Sentencia T-217 de 2012(22), el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia, haciendo lo propio, han acogido el criterio adoptado por esta corporación —el material—, que supone la consolidación del derecho a partir de la convivencia efectiva con el de cujus antes de su muerte, y no de la forma del vínculo o de requisitos adjetivos(23).

De todo lo dicho se desprende, que hay eventos en los que el compañero o compañera permanente desplaza al cónyuge en el disfrute del derecho en controversia, o viceversa; y hay otros, en los que ambos participan del mismo, de acuerdo al tiempo convivido con el causante. Ello depende del marco normativo bajo el que se haga la reclamación y de los supuestos fácticos en los que se sustente. En todo caso, ambas hipótesis deben ser dilucidadas por el juez competente, que, como se reitera, no es el constitucional; salvo contadas excepciones.

Por ello, independientemente del paradigma imperante —excluir o incluir a la contraparte—, los eventuales beneficiarios siempre han tenido la vocación procesal y los argumentos jurídicos suficientes para reclamar la prestación mencionada. Entonces, no podría hablarse del derecho que tiene el compañero (a) permanente, respecto a la pensión de su pareja fallecida, como una construcción futurista, surgida de los anales de la historia moderna.

Lo anterior cobra mayor vigencia, si se tiene en cuenta que,

“(…) la jurisprudencia constitucional ha reconocido que la situación jurídica de aquellos compañeros permanentes cuyas parejas fallecieron en vigencia de la Carta de 1886, es similar en términos materiales a la posición normativa en que se encuentran las personas beneficiarias de pensionados que murieron en vigencia de la norma fundamental de 1991, debiendo preferirse en el caso de los primeros una aplicación retrospectiva de la Constitución del 91 por parte del operador jurídico”(24).

Ello permite extender a la unión marital de hecho los beneficios del marco normativo surgido del Estado social de derecho, lo que, de contera, implica que una solicitud de sustitución pensional efectuada por el compañero o compañera permanente del causante en vigencia de la Constitución de 1991, y las leyes que alrededor de ella oscilan, pueda ser analizada dentro de ese contexto, aunque los fundamentos fácticos sean preconstitucionales.

6. Caso concreto.

La actora señaló que hizo vida marital con Carlos Balcázar Pérez —pensionado del departamento del Cauca—, por más de 17 años, hasta su fallecimiento en 1983. Así mismo, refiere que de esa unión nacieron seis hijos, quienes para esa fecha eran menores de edad.

Afirmó que el Departamento del Cauca le sustituyó provisionalmente el 50% de la pensión de su compañero y el otro 50% a sus 6 hijos, según resolución de 1983; pero al cabo de 4 meses le revocó su parte debido a que la señora Gerardina Orozco acreditó la calidad de cónyuge del referido señor.

Adujo que luego de un año aquella falleció, razón por la cual, el 100% de la pensión se le asignó a sus hijos, quienes disfrutaron de ella hasta el 2005, año en el que la última de ellos superó la edad para ser beneficiaria de la misma.

Finalmente alegó, que esa pensión constituye su mínimo vital y que tiene derecho a percibirla, dado su carácter de imprescriptible; además, manifestó que la requiere con urgencia porque es una madre y abuela cabeza de familia, de 73 años de edad, que vive con dos hijas desempleadas y un nieto con problemas congénitos de salud. Motivos, que la llevaron a solicitar al juez de tutela el reconocimiento y pago de la pensión que le fue suspendida —a ella, como compañera permanente— desde 2005.

Por su parte, la entidad accionada señaló que no ha conculcado derechos fundamentales a la actora, toda vez que las mesadas pensionales que dice suspendidas pertenecían a su hija, no a ella, pues, la resolución que revocó el porcentaje que le había sido reconocido provisionalmente data de 1983(25).

De lo dicho por las partes en el trámite de la tutela y de las pruebas que obran en el plenario, esta Sala advierte que, en efecto, la señora Flor de María Narváez Vásquez, fue beneficiaria de la sustitución de la pensión del señor Balcázar Pérez. De la Resolución 2659 de 1983(26) —cuyo contenido no fue puesto en duda, ni controvertido por alguno de los sujetos procesales—, se desprende que “comenzó a figurar en planilla a partir del mes de junio de 1983 hasta el 30 de octubre del mismo año”(27), pues, a través de declaraciones extrajuicio y registros civiles, según lo consignado en dicho acto administrativo, logró acreditar, respectivamente, “que hizo vida marital por más de 20 años con el señor Carlos Balcázar”(28), y que de esa unión nacieron 6 hijos.

Sin embargo, esta se vio desplazada por la cónyuge del actor, luego de que la Caja de Previsión Social Departamental del Cauca, concluyera que “no se puede admitir la calidad de compañera permanente a la señora Flor de María Narváez Vásquez, por cuanto no demuestra con sentencia, la separación del señor Carlos Balcázar y Gerardina Orozco”(29).

Ante esa decisión, interpuso los recursos de reposición y de apelación, pero fueron infructuosos de cara a sus intenciones, pues el acto censurado fue confirmado en su integridad(30). Además de ello, no se observa que haya desplegado las actuaciones pertinentes ante la jurisdicción correspondiente para hacer valer los derechos pretendidos.

Puede pensarse que, de alguna forma, desistió de tal facultad, cuando el 100% de la aludida pensión, en el año 1985, fue asignada en su totalidad a sus 6 hijos(31), los cuales, valga decir, para la fecha, eran menores de edad, por lo que le asistió el legítimo derecho a administrarla, lo cual no significa que se le hubiera concedido la titularidad de la prestación. Empero, lo único cierto es que, confiada o no en ese hecho, prescindió de reclamar su derecho por vía judicial, con miras a que le fuera atribuida la titularidad. Es innegable que el influjo material que tuviere sobre la pensión, no la convierte per se, desde el punto de vista jurídico, en la legítima beneficiaria.

De acuerdo con los lineamientos esbozados en los acápites anteriores de esta providencia, la Sala reitera que el derecho a la sustitución pensional que exige la actora, debe ser reclamado ante el juez natural pues, solo en circunstancias excepcionales puede el juez de tutela invadir tales competencias.

En ese orden de ideas, es menester definir si, en el sub lite, se satisfacen los requisitos generales y específicos para que proceda la acción de amparo; ya sea con efectos definitivos, o de forma transitoria.

Con respecto a ese punto, encuentra la Sala que no es viable emplearla como mecanismo definitivo, habida cuenta que en razón de los cargos desempeñados por el señor Carlos Balcázar y el régimen jurídico bajo el que se le reconoció la pensión de jubilación(32) —Decreto Nacional 1611 de 1962—(33), es el juez contencioso-administrativo, a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, el llamado a dirimir la controversia suscitada en torno a la sustitución pensional que reclama la actora, en su presunta condición de compañera permanente. Luego, la existencia de otro medio de defensa de sus derechos desplaza a la acción de tutela, dado el carácter subsidiario que la reviste.

Así mismo, tampoco se advierte que aquel carezca de idoneidad para precaver la posible conculcación de las garantías fundamentales invocadas, pues las solas manifestaciones de la actora no bastan para acreditar tal circunstancias, pues “la acción de tutela cabe únicamente cuando existe el hecho cierto, indiscutible y probado de una violación al derecho fundamental alegado por quien la ejerce, o una amenaza contra el mismo, fehaciente y concreta, cuya configuración también debe acreditarse”(34).

Consecuentemente, emerge apenas lógico que “no puede el juez conceder la protección pedida basándose tan solo en las afirmaciones del demandante. Por el contrario, si los hechos alegados no se prueban de modo claro y convincente, su deber es negarla, por cuanto, así planteadas las cosas, no tiene lugar ni justificación”(35); tal como ocurre en el presente caso, toda vez que la actora no logra probar, en términos concretos, siquiera sumariamente, la presunta afectación de sus derechos fundamentales. En ese sentido, es claro que no concurre dicho presupuesto para que el juez constitucional sustituya, de forma definitiva, al contencioso administrativo en sus competencias.

Por otro lado, tampoco se justifica su utilización como mecanismo transitorio, es decir, mientras el respectivo juez dirime el conflicto, teniendo en cuenta que no se advierte el advenimiento de un eventual perjuicio irremediable. La demandante no precisa la inminencia del mismo, ni qué es lo que está por suceder, ni la gravedad del posible daño, ni justifica porqué la necesidad de adoptar una medida urgente que la torne impostergable, a fin de garantizar que sea adecuada para restablecer el orden social justo en toda su integridad.

La actora se limita a decir que tiene 73 años de edad, que vive con 2 hijas desempleadas y un nieto con problemas congénitos. Empero, no describe la forma en que sus condiciones de vida se están menguando. Tampoco establece el peligro que se cierne sobre ella y sobre sus hijas, y cómo su condición de desempleadas le supone una afectación directa, pues, del plenario se advierte que cada una de ellas, en la actualidad, cuenta por lo menos con 30 años de edad, y no se ha demostrado que estén en incapacidad de valerse por sus propios medios, o de procurarse el mínimo vital. En igual sentido, en lo que respecta a su nieto enfermo, omite detalles básicos como la edad, o la patología que le aqueja, para lo cual se echan de menos el registro civil, o la historia clínica, o un dictamen médico, o cualquier documento que soportara sus afirmaciones.

Frente a los requisitos específicos, se aplican también los anteriores motivos y se agrega que tampoco los cumple, porque aunque está próxima a la tercera edad —lo cual en sí mismo no implica la procedencia del amparo—, no acreditó la afectación al mínimo vital, ni mucho menos haber desplegado cierta actividad administrativa y judicial tendiente a obtener la protección de sus derechos.

En lo que respecta a la inmediatez, que va ligada a la urgencia con la que se requiere la protección deprecada, basta apuntar cómo esta dejó transcurrir impávidamente más de tres décadas, desde que fue revocada la resolución que la reconoció como beneficiaria de la sustitución pensional que ahora pretende, con lo que se descarta la existencia de una situación apremiante. De otro lado, si se admite que la afectación se vio atenuada porque, de cualquier forma, ese ingreso se dirigió al patrimonio de su núcleo familiar, aún así, no resulta excusable el hecho de asumir una posición pasiva con la suspensión de las mesadas pensionales a su hija en 2005(36), pues desde entonces han pasado alrededor de 8 años; lo cual lleva a la Sala a plantearse un ineludible interrogante: ¿de dónde ha derivado su sustento a lo largo de todo ese tiempo?

Es cierto que las prestaciones en materia pensional son imprescriptibles(37), y que los perjuicios derivados de ella pueden permanecer en el tiempo, lo cual desdibuja un poco los límites de la inmediatez, tornando factible que el amparo tutelar sea procedente en cualquier momento. Empero, ello no debe entenderse de forma aislada, ni como un mandato imprescindible, pues la flexibilidad con la que se abordan estos casos no puede convertirse en la patente de corso que habilite la pretermisión de las instancias legales, que han sido dispuestas para dirimir ese tipo de controversias, y que disponen de mayor amplitud de términos, medios e instrumentos para lograr la eficacia material del derecho reclamado.

En tal sentido, la Corte ha sido puntual al decir que:

“(…) la solicitud de amparo será procedente aun habiendo trascurrido un extenso lapso de tiempo entre la situación que dio origen a la transgresión alegada y la presentación de la acción, siempre que analizadas las condiciones específicas del caso concreto, el fallador advierta la presencia de una o varias de las siguientes circunstancias: “(1) La existencia de razones que justifiquen la inactividad del actor en la interposición de la acción. (2) La permanencia en el tiempo de la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales del accionante, esto es, que como consecuencia de la afectación de sus derechos, su situación desfavorable continúa y es actual. (3) La carga de la interposición de la acción de tutela resulta desproporcionada, dada la situación de debilidad manifiesta en la que se encuentra el accionante; por ejemplo, el estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad física, entre otros”(38).

Como puede verse, la excepción a la inmediatez se encuentra a su vez condicionada por una serie de requisitos que deben confluir, los cuales en el caso objeto de estudio no se satisfacen, pues han sido pocas las razones que la hagan viable. Basta decir que la accionante ni siquiera hizo mención de un motivo que, al menos, permitiera inferir que su incuria frente al uso de las acciones legales estuvo justificada; o que en razón de su edad no pueda afrontar un proceso contencioso, que de haber sido activado en tiempo ya hubiera zanjado la discusión que plantea. Además, no es el único presupuesto que debe agotar la acción. Luego, aunque se supere ese óbice, tendría que suceder lo mismo con los demás, por ejemplo con la subsidiariedad.

Valga aclarar, que la ausencia de un marco normativo favorable a sus derechos como compañera permanente tampoco es razón para su inactividad, pues como se expuso en el anterior acápite de estas consideraciones, en abundante jurisprudencia, y desde sus inicios, este tribunal ha reivindicado el derecho de la compañera permanente respecto a la cónyuge, en cuanto la sustitución pensional y otras prestaciones del Sistema de Seguridad Social. Igual atributo se predica de la proliferación legislativa que en tal sentido ha surgido a partir de la Ley 100 de 1993.

Si bien se le ha dado alcances diferentes al derecho reclamado, y los requisitos han variado en el tiempo, no es menos cierto que la unión marital de hecho cuenta con una protección constitucional, que la equipara al vínculo surgido del matrimonio. Cosa diferente es que la actora no haya hecho uso oportunamente de los mecanismos para hacerlo efectivo, pese a que ese revestimiento superior no es reciente, y que data de muchos años atrás, y a que la Corte extendió su aplicación en forma retrospectiva, es decir, a situaciones configuradas antes de la Constitución de 1991 y a las reglas jurídicas que han oscilado en su vigencia.

De acuerdo con lo anterior, la imprescriptibilidad de la prestación a la que aspira, la habilita para reclamarla ante el juez contencioso-administrativo, en cualquier tiempo, sin que su inactividad en el ejercicio del derecho pueda constituirse en un óbice para que dicho operador jurídico aborde el fondo del asunto. Ello, sin que le sea dable eludir la aplicación del criterio material para la definición del derecho cuando hay controversia entre la cónyuge y la compañera permanente; ni el principio de retrospectividad de la interpretación constitucional, que en este caso, permite que la reclamación sea resuelta con las normas vigentes al momento de la respectiva decisión judicial, y no la que reguló la situación en el tiempo de la muerte del pensionado.

De conformidad con las precisiones fácticas y jurídicas esbozadas en la parte considerativa de esta sentencia, para la Sala, la actora no satisfizo los requisitos generales y específicos que activan la jurisdicción constitucional, de manera excepcional, para el reconocimiento de la prestación periódica pretendida, pues, entre otras cosas, la tutela incoada carece de subsidiariedad, inmediatez y de la inminencia de un perjuicio irremediable; además, la peticionaria no demostró, siquiera sumariamente, los supuestos fácticos en los que sustentó su reclamo.

Luego, aún si esta Sala admitiera, en gracia de discusión, que se encuentran superados tales presupuestos, se toparía con una dificultad insalvable para definir y conceder el derecho de la señora Narváez, pues tendría que esclarecer con total precisión, de acuerdo con la normatividad vigente, entre otros aspectos, el tiempo de convivencia del causante, tanto con ella, como con la señora Orozco —su cónyuge— y, de esa forma, la proporción de la pensión que le correspondería, en caso de probarse su condición de beneficiaria. Así las cosas, dado que en esta sede no se cuenta con los elementos de juicio suficientes para tener certeza sobre tales extremos, el proceso ante el juez natural se convierte en el escenario propicio para acreditarlos.

En consecuencia, concluye que el amparo deprecado es improcedente, razón por la cual confirmará la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Popayán, Sala de Decisión Penal, el 12 de junio de 2013, que resolvió la impugnación de la sentencia del Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Popayán del 8 de mayo de 2013, en el trámite de la acción de tutela promovida por Flor de María Narváez Vásquez contra el Departamento del Cauca y el Fondo Territorial de Pensiones del Cauca.

IV. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la decisión del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Popayán, Sala de Decisión Penal, proferida el 12 de junio de 2013, que, a su vez, confirmó la sentencia del Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Popayán del 8 de mayo de 2013, que declaró improcedente el amparo deprecado por Flor de María Narváez Vásquez.

2. Por Secretaría, líbrese la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.

Notifíquese, comuníquese, cópiese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.

Magistrados: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo—Jorge Iván Palacio Palacio—Nilson Elías Pinilla Pinilla.

Martha Victoria Sáchica de Moncaleano, Secretaria General.

1 Folio 18, cuaderno 2.

2 Folio 18, cuaderno 2.

3 Folio 19, cuaderno 2.

4 Folio 19, cuaderno 2.

5 Folio 45, cuaderno 2.

6 Folio 74, cuaderno 2.

7 Sentencia T-207 de 2011, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

8 Al respecto ver, entre otras, las sentencias: T-1035 de 2004, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; T-565 de 2006, M.P. Rodrigo Escobar Gil; T-578 de 2006, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y; T-584 de 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

9 Sentencia T-207 de 2011, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

10 M.P. Nilson Elías Pinilla Pinilla.

11 Sentencia T-249 de 2006, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.

12 Sentencia T- 431 de 2011, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

13 M.P. Alejandro Martinez Caballero.

14 Ver, entre otras, las sentencias: T-553 del 2 de diciembre de 1994, M.P. José Gregorio Hernández Galindo; C-289 de 2000, M.P. Antonio Barrera Carbonell; C-105 de 1994, M.P. Jorge Arango Mejía; T-523 de 1992, M.P. Ciro Angarita Barón y; T-522 de 2011, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

15 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

16 El texto en negrillas fue declarado inexequible por la Corte en la Sentencia C-1176 de 2001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

17 El texto subrayado fue declarado exequible por la Corte Constitucional, en Sentencia C-1035 de 2008, M.P. Jaime Córdoba Triviño, en el entendido de que además de la esposa o esposo, serán también beneficiarios, la compañera o compañero permanente y que dicha pensión se dividirá entre ellos (as) en proporción al tiempo de convivencia con el fallecido.

18 Sentencia C-1094 de 2003, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

19 Ibídem.

20 M.P. Jaime Córdoba Triviño.

21 Ibídem.

22 M.P. Nilson Pinilla Pinilla.

23 Esta posición fue se destaca en la Sentencia T-190 de 1993, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, que fue acogida, entre otras, por la: T-566 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; T-842 de 1999, M.P. Fabio Morón Díaz; T-122 de 2000, M.P. José Gregorio Hernández Galindo; T-1022 de 2006, M.P. Jaime Córdoba Triviño; T-431 de 2011, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y la T-136 de 2012, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.

24 Sentencia T-140 de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.

25 Situación que está acreditada dentro del proceso.

26 Folio 9, cuaderno 2.

27 Folio 10, cuaderno 2.

28 Ibídem.

29 Ibídem.

30 Folio 30, cuaderno 2.

31 Folio 34, cuaderno 2.

32 Según se desprende de Resolución 1239 de 1979, por la cual se reconoció la pensión de jubilación al señor Carlos Balcázar, y que obra a folio 20, cuaderno 2.

33 Alcalde municipal, Registrador Municipal y Agente Departamental de la Policía del Cauca.

34 Sentencia T-298 de 1993, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

35 Ibídem.

36 Folio 6, cuaderno 2.

37 Ver, entre otras, las sentencias: T-155 de 2011, M.P. Juan Carlos Henao Pérez; T-584 de 2011, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y; C-895 de 2009, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.

38 Sentencia T-037 de 2013, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.