•Sentencia T-798 de 14 diciembre de 1998

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA NOVENA DE REVISIÓN

Ref.: Exp. T-179345

Peticionaria: Limbania Perdomo Houghton

Procedencia: Tribunal Superior de Cali

Magistrado Ponente:

Dr. Vladimiro Naranjo Mesa

Tema: Derecho a la educación. Cupos en las universidades.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

Esta Sala de la Corte Constitucional es competente para conocer de la revisión de la referencia, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 inciso 2º y 241 numeral 9º de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991. Además, se procede a la revisión en virtud de la selección practicada por la Sala correspondiente y del reparto verificado en la forma establecida por el reglamento de la corporación.

2. La actora considera que la Universidad Surcolombiana de Neiva vulneró sus derechos fundamentales a la igualdad y a la educación, puesto que a pesar de los resultados que obtuvo en los exámenes de admisión no se le asignó ninguna plaza para el estudio de la carrera de medicina, mientras que a otros aspirantes inscritos que obtuvieron puntajes más bajos que el suyo, si se los recibió en esa facultad, a través del procedimiento de estímulos especiales concedidos a quienes habían prestado el servicio militar obligatorio, tenían mérito deportivo o eran parientes de los empleados o docentes de la referida universidad.

3. Para comenzar, la Sala pone de presente, que mediante Sentencia C-022 de 1996(1), la Sala Plena de esta corporación santo una jurisprudencia según la cual el reconocimiento de puntos adicionales a los obtenidos en los exámenes de admisión a las universidades, hecho a los bachilleres que han prestado el servicio militar obligatorio, “establece una diferenciación irrazonable en las oportunidades de acaso a la educación superior, en detrimento de personas que no prestaron el servicio militar” y que, teniendo méritos académicos para continuar sus estudios en su etapa superior, se pueden ver desplazados por los beneficiarios del privilegio así otorgado, razón por la cual dicho reconocimiento de puntaje adicional por tal concepto, vulnera el principio constitucional de igualdad, y el derecho a la educación.

(1) Magistrado Ponente, drs. Carlos Gaviria Díaz.

Así mismo en el fallo y C-210 de 1997(2), en relación con la prioridad en el ingreso a la universidad reconocido: a los hijos de algunos funcionarios públicos, la corporación y se pronunció señalando que “el acceso a los establecimientos educativos debe corresponder al mérito personal académico de los aspirantes, y no a aspectos externos a ellos”.

(2) Magistrada Ponente (e) dra. Carmenza Isaza de Gómez.

4. También la Corte en sede de tutela ha sentado jurisprudencia según la cual “en las condiciones actuales del país, los cupos en las universidades públicas constituyen bienes escasos, es decir pertenecen a la categoría de recursos respecto de los cuales es superior la demanda por el bien que las existencias de éste. Prueba de ello es el alto número de aspirantes por cada plaza de estudios existente en las universidades públicas... Por eso, en estas situaciones la aplicación del principio de igualdad adquiere una modalidad específica, consistente en que todas las personas interesadas en la adjudicación del bien tienen derecho a estar en igualdad de condiciones para acceder al proceso de selección de los beneficiarios y a que su distribución se realice acatando los procedimientos establecidos.

...“Como ya lo ha manifestado esta Corporación, el mérito académico es el criterio básico para la asignación de cupos en las universidades públicas. Las pruebas de Estado, o sus equivalentes del ICFES, persiguen medir los conocimientos y las aptitudes de los aspirantes a un cupo universitario, con el objeto de distribuir las escasas plazas disponibles entre los postulantes que obtengan las mejores calificaciones. La Corte ha sido estricta en el control del cumplimiento de este criterio de ingreso a los centros de educación(3)”.

(3) Sentencia T-441 de 1997, MP Dr. Eduardo Cifuentes.

5. Definido que todos los cupos de estudio de las universidades oficiales constituyen bienes públicos(4), por lo cual las autoridades universitarias pueden decidir, en el marco de su autonomía, cuál es el número de cupos que ofrecerán para cada uno de sus programas, pero que “una vez establecido ese número de plazas, su distribución deberá realizarse siguiendo criterios válidos desde la perspectiva de los principios y derechos fundamentales consagrados en la Constitución”(5), forzoso es concluir que el procedimiento de selección de aspirantes al programa de Medicina que la Universidad Surcolombiana de Neiva llevó a cabo para recibir a los alumnos que habrían de ingresar a dicho programa en febrero de 1998, desconoció los derechos constitucionales de la petente, como fue establecido por el juzgador de primera instancia, y admitido también por el de segunda.

(4) Sentencia T-441 de 1997, MP Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz.

(5) Ibídem.

En efecto, como aparece probado en el expediente, se antepusieron a ella, para ser finalmente admitidos, otros aspirantes con puntajes inferiores en las pruebas de Estado que la universidad utiliza como parámetro de selección, los cuales fueron preferidos por haber prestado el servicio militar, por ser parientes del personal docente o administrativo de la universidad, por mérito deportivo o por causas desconocidas.

Revisado el material probatorio que obra en el expediente, la Corte encuentra, como también lo encontró el juez de primera instancia, que aun sin tener en cuenta los casos de los aspirantes que se hallaban en la circunstancia de haber prestado el servicio militar, la demandante ha debido ser admitida. En efecto, teniendo en cuenta conforme al fallo de la Corte esos aspirantes podrían tener un derecho a ser preferidos, adquirido con anterioridad a la declaración de inexequibilidad de la norma que les concedía este beneficio, por lo cual la universidad habría obrado justamente al concederles el beneficio de un puntaje adicional, aun así, sin contabilizar estos casos, el listado de los admitidos se extendería hasta el puesto 39, con lo que incuestionablemente, la accionante por ubicarse en el puesto 38, debió ser admitida.

6. La universidad demandada y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, consideraron que no obstante que la patente había debido ser admitida para el período académico ha iniciarse en febrero de 1998, por haber precluido el plazo para llevar a cabo la correspondiente matrícula, la solicitud formulada por la vía de tutela no podía ser resulta favorablemente, pues supondría el incumplimiento de las disposiciones reglamentarias internas de la Universidad que determinan los plazos para matricularse en cada período académico. De esta manera, para el momento de fallar se habría presentado un daño consumado, imposible de reparar por la vía de la acción incoada.

La Sala no comparte el anterior criterio. Estima en cambio que el desconocimiento de los derechos a la educación y a la igualdad de la petente, continúa produciéndose cada día que pase sin que se le reconozca su derecho a matricularse. La interpretación de la universidad y del fallador de segunda instancia podría ser correcta, si no se hubieran abierto nunca más nuevos períodos académicos en el programa de Medicina de ese centro educativo. Pero como ello no es así, la prevalencia dada a las normas adjetivas sobre procedimiento para matrícula que contemplan los plazos para su asentamiento, subvierte el orden jurídico, en cuanto se antepone al reconocimiento de los derecho fundamentales la observancia rigurosa de los mencionados trámites. De esta manera el fallo de segunda instancia avala una vulneración continuada de tales derechos, por lo cual habrá de ser revocado.

De conformidad con lo prescrito por el numeral 4 del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela no prospera “cuando sea evidente que la violación del derecho originó un daño consumado”. Sin embargo, la misma norma a continuación aclara que no obstante la acción si será procedente “cuando continúe la acción u omisión violatoria del derecho”. En el caso bajo examen, si bien el acto de desconocimiento de los derechos fundamentales aconteció en el pasado, sus efectos se prolongan en el tiempo y es procedente la intervención judicial para impedir su continuación indefinida.

Por lo anterior, la Sala ordenará a la Universidad Surcolombiana que, si todavía no lo ha hecho, autorice la matrícula de la patente para el programa de medicina que primero se inicie, con posterioridad a la fecha de notificación de la presente sentencia, sin tener en consideración los reglamentos internos que determinen plazos para tramitar la matrícula, ni el número de alumnos que puedan ser admitidos para dicho período académico y sin someter dicha admisión a la consideración del comité de admisiones de la universidad,

V. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. Revocar la Sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, que denegó la solicitud de tutela formulada en su propio nombre por Limbania Perdomo Houghton

2. Amparar los derechos fundamentales a la educación y a la igualdad de la petente, vulnerados por la Universidad Surcolombiana dé Neiva.

3. Ordenar a la Universidad Surcolombiana de Neiva que, si todavía no lo ha hecho, autorice la matrícula de la patente para el programa de medicina que primero se inicie, con posterioridad a la fecha de notificación de la presente sentencia, sin tener en consideración los reglamentos internos que determinen plazos para tramitar la matrícula, ni el número de alumnos que puedan ser admitidos para dicho académico y sin someter dicha admisión a la consideración del comité de admisiones de la universidad.

4. Comunicar la presente sentencia al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Neiva, para que sea notificada a las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 del decreto 2591 de 1991.

Cópiese, notifíquese, cúmplase, publíquese e insértase en la Gaceta de la Corte Constitucional.

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