Sentencia T-8 de enero 22 de 1998 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

TUTELA CONTRA SENTENCIAS DE LA JUSTICIA REGIONAL

DECLARACIONES DE TESTIGOS CON RESERVA DE IDENTIDAD

EXTRACTOS: «En abstracto, parece que ningún operador jurídico discute que el ordenamiento atribuye a la Corte Constitucional la facultad de unificar la jurisprudencia constitucional (C.P., art. 241), al Consejo de Estado la jurisprudencia contencioso administrativa (C.P., art. 237) y la Corte Suprema de Justicia la jurisprudencia ordinaria (C.P., art. 235)(1). Sin embargo, por razones sociológicas propias de la transformación constitucional, al momento de resolver los casos concretos, los tribunales más antiguos, cuya primacía resultaba indiscutible en el orden constitucional procedente, se niegan a adaptarse al cambio constitucional y, por lo tanto, a reconocer la competencia superior que la Carta le atribuye a la Corte Constitucional en materia de acción de tutela. Tal fenómeno no es exclusivo de nuestro país, como quiera que se ha presentado en todos los estados que, en la segunda mitad del presente siglo, modificaron, en forma sustancial, la estructura constitucional del poder judicial. Sin embargo, lo cierto es que en esos estados, más temprano que tarde, lo más altos tribunales se adaptaron a los cambios constitucionales, lo que en nuestro país, al parecer, todavía no ha terminado de suceder.

(1) Sobre las competencias diferenciadas de cada una de las altas Cortes, véase, en general, la SC-037/96 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa).

En estos términos, resulta relevante recordar la teoría de las vías de hecho, elaborada por esta corporación a partir de la sentencia C-543 de 1992, a fin de contrastarla con las decisiones objeto de revisión.

3. La Corte Constitucional ha entendido que la acción de tutela no procede contra decisiones judiciales, salvo que se trate de una vía de hecho que afecte derechos constitucionales fundamentales y siempre que se cumplan los restantes requisitos de procedibilidad de la citada acción. En este sentido, la tutela sólo habrá de proceder contra una vía de hecho judicial si no existe ningún mecanismo ordinario de defensa o, si éste existe, a condición de que el amparo constitucional resulte necesario para evitar la consumación de un perjuicio irremediable de carácter iusfundamental.

4. Como lo indica la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, constituye vía de hecho judicial la decisión que se produce completamente al margen de la disposiciones que definen la competencia de los jueces. No obstante, esa no es la única causal que origina una vía de hecho. La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido reiterativa al indicar que, si bien una vía de hecho judicial indica un defecto superlativo, ello no significa que sólo pueda originarse como efecto de un vicio formal como el que menciona la sentencia bajo revisión. A este respecto, la Corte ha indicado que hay lugar a la interposición de la acción de tutela contra una decisión judicial cuando (1) la decisión impugnada se funda en una norma evidentemente inaplicable (defecto sustantivo); (2) resulta incuestionable que el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión (defecto fáctico); (3) el funcionario judicial que profirió la decisión carece, en forma absoluta, de competencia par hacerlo (defecto orgánico); y (4) el juez actuó completamente por fuera del procedimiento establecido (defecto procedimental). En criterio de la Corte “esta sustancial carencia de poder o de desviación del otorgado por la ley, como reveladores de una manifiesta desconexión entre la voluntad del ordenamiento y la del funcionario judicial, aparejará su descalificación como acto judicial(2)”..Revisadas las decisiones pertinentes, parece claro que, implícita o expresamente, cada vez que esta corporación confiere un amparo constitucional contra una sentencia judicial, lo hace fundada en uno de estos cuatro posibles defectos.

(2) ST-231/94 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).

5. La Corte ha indicado que sólo hay lugar a la calificación del acto judicial como una auténtica vía de hecho si el vicio que origina la impugnación resulta evidente o incuestionable. Aquellos asuntos que puedan ser objeto de polémica judicial o que no surjan a simple vista como lesiones superlativas del ordenamiento jurídico, no pueden dar origen a la descalificación, por vía de tutela, de la sentencia impugnada. A este respecto, esta corporación ha indicado: “La vía de hecho predicable de una determinada acción o omisión de un juez, no obstante poder ser imputada como nulidad absoluta, es una suerte de vicio más radical aún en cuanto que el titular del órgano se desliga por entero del imperio de la ley”(3).

(3) ST-23/94 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).

6. Para que la acción de tutela proceda contra una decisión judicial, se requiere que el acto, además de ser considerado una vía de hecho, lesione o amenace lesionar un derecho fundamental. Ciertamente, puede suceder que en un proceso se produzca una vía de hecho como consecuencia de una alteración mayúscula del orden jurídico que, no obstante, no amenaza o lesiona derecho fundamental alguno. En estas circunstancias, pese a la alteración del orden jurídico, la tutela no puede proceder. La Corte se ha pronunciado en este sentido al afirmar que la vía de hecho se configura si y sólo si se procede una operación material o un acto que superan el simple ámbito de la decisión y que afecta un derecho constitucional fundamental(4).

(4) ST-055/94 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).

7. A diferencia de lo sostenido en la sentencia objeto de revisión, para la Corte Constitucional la acción de tutela sólo puede ser asimilada a una medida cautelar cuando es interpuesta como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En efecto, cuando no existe otro medio judicial de defensa, bien porque el derecho no lo ha arbitrado, ora porque se han agotado los existentes y persiste el vicio constitucional, la acción de tutela procede como mecanismo definitivo de defensa.

8. Si la acción de tutela se interpone como mecanismo transitorio, es necesario demostrar la urgencia del amparo constitucional para evitar la consumación de un perjuicio de carácter iusfundamental. En otros términos, no cualquier daño habilita la procedencia de la acción. Para que ello suceda, es necesario que la lesión amanece producirse, de manera cierta, sobre un derecho fundamental. Así, por ejemplo, es indiscutible que la privación arbitraria de la libertad puede eventualmente dar lugar a una consumación continuada de perjuicios, en los términos de la jurisprudencia constitucional(5).

(5) ST-150/95 (M.P. Alejandro Martínez Caballero).

Pese a que parece reconocer que la libertad personal en un derecho fundamental, la sentencia proferida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia objeto de revisión afirma que las lesiones en contra de tal derecho no pueden ser evitadas mediante la acción de tutela, toda vez que, para ello, existen el hábeas corpus y los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios. No obstante, si la privación de la libertad se produce como efecto de una vía de hecho judicial que determina la improcedencia de los recursos mencionados, nada obsta para que se defienda el derecho fundamental afectado mediante la acción de tutela, siempre que se cumplan los restantes requisitos de procedibilidad que exigen la Constitución y la ley.

9. La llamada justicia regional se distingue de la justicia penal ordinaria porque en aquélla se encuentran restringidas una serie de garantías que en esta última se despliegan a plenitud. En efecto, como causa de las dramáticas circunstancias de violencia por las que atraviesa el país, el legislador determinó que el juzgamiento de ciertos delitos se llevase a cabo por parte de una justicia especial que admite los llamados jueces y testigos con reserva de identidad, omite la realización de audiencias públicas, tiene limitaciones a nivel de beneficios en la ejecución de la pena, etc.

Es evidente que, en un Estado constitucional, si algún tipo de justicia necesita estar revestido de garantías extremas para asegurar que no haya arbitrariedad judicial es ese tipo especial denominado justicia regional. Sin embargo, la paradoja de la justicia regional consiste justamente en que, en este ámbito, como en ningún otro, el juez de tutela, al conocer de eventuales vulneraciones a los derechos fundamentales que puedan constituir vías de hecho, debe ser especialmente cauteloso, a fin de no desconocer los principios de independencia, imparcialidad e idoneidad en que se funda esta forma especial de administración de justicia. Ciertamente, nada se logra, por ejemplo, con la existencia de los llamados jueces sin rostro, si contra una sentencia proferida por éstos puede interponerse, en forma amplia, una acción de tutela ante un juez plenamente identificable, que deberá resolver en un término de 10 días un asunto que puede resultar en extremo complejo y para cuya resolución es probable que no cuente con las condiciones idóneas.

En consecuencia, los mecanismos adecuados para garantizar la protección de los derechos constitucionales y legales de quien resulta implicado en un juicio de esta naturaleza son los recursos ordinarios, es decir, la consulta ante el superior jerárquico y el recurso extraordinario de casación. Mientras se surten los instrumentos procesales mencionados, el juez constitucional debe ser en extremo cuidadoso y conceder la tutela sólo en aquellos eventos en los cuales se pueda producir un perjuicio irremediable sobre un derecho fundamental como efecto de una indiscutible falta de competencia del funcionario judicial, de una ausencia absoluta y definitiva de pruebas, de la incongruencia evidente e incuestionable entre los hechos probados y el supuesto jurídico o de la violación grosera del procedimiento. En cualquier otro caso, el juez constitucional que conceda el amparo estaría actuando al margen del derecho.

Mientras que la justicia penal sólo puede proferir una decisión condenatoria en contra del procesado cuando exista prueba contundente de su responsabilidad, la justicia constitucional debe restringir sus intervenciones a aquellos casos en los que las decisiones judiciales constituyan auténticas vías de hecho (v. supra). Así, al paso que el juez ordinario debe partir de la inocencia plena del implicado, el juez constitucional debe hacerlo de la corrección de la decisión judicial impugnada, la cual, no obstante, ha de poder ser cuestionada ampliamente por una instancia de mayor jerarquía rodeada de plenas garantías.

En suma, como lo ha reiterado esta corporación, el hecho de que el juez constitucional pueda revisar la decisión penal no lo convierte en un juez de instancia, toda vez que mientras este último verifica que se cumplan integralmente las reglas legales y constitucionales que permiten condenar a una persona, aquél se limita a establecer que la decisión del juez penal no resulte arbitraria a la luz de la Constitución Política.

No obstante, no es ocioso recordar, cuantas veces ello resulte necesario, que el hecho de que el juez constitucional constituya simplemente un freno a la arbitrariedad, no implica que, en la segunda instancia, en el trámite de la consulta o, en el estudio de la casación, los funcionarios competentes no tengan la obligación de ser absolutamente rigurosos en la aplicación de la totalidad de las garantías legales y constitucionales que suplen la restricción de los derechos del procesado.

Ahora bien, en virtud de las afirmaciones realizadas hasta este punto queda claro que el juez de tutela no está en condiciones de revisar cada uno de los elementos de una sentencia judicial impugnada para desestimar la procedencia de una acción de tutela. Sin embargo, su deber consiste en aportar razones suficientes que, sin suplantar al juez de instancia, descarten la existencia de la vía de hecho. Así, por ejemplo, mientras el estudio de un recurso debe arrojar luces sobre la existencia de pruebas suficientes para condenar a una persona, en la acción de tutela basta con constatar que el juez contó con un elemento plausible de juicio, con independencia de su suficiencia, para proferir la mencionada decisión.

(...).

14. Corresponde a la Corte Constitucional definir si la valoración judicial de la declaración de un testigo con reserva de identidad, que ha sido obtenida por fuera de las normas legales aplicables (según las cuales (1) el agente del Ministerio Público debe estar presente para constatar que la huella dactilar del testigo corresponda efectivamente a éste y, (2) debe levantarse un acta separada y reservada, en la cual figure el nombre y otros datos personales del declarante), da lugar, por sí misma, a la configuración de una vía de hecho judicial.

15. Según la sentencia C-053 de 1993 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo), la aplicación de las disposiciones legales que permiten la existencia de testigos con reserva de identidad “no comporta una disminución o pérdida de idoneidad de la prueba, pues se ha mandado que el declarante deje estampada su huella digital al pie del documento que recoge las declaraciones rendidas y que el Ministerio Público certifique sobre la autenticidad de dicha huella respecto de la persona del testigo, al paso que en acta separada se señalará la identidad del declarante, junto con todos los documentos que puedan servir al juez o al fiscal para valorar la credibilidad del testimonio, aquí también bajo la firma de quien obre como agente del Ministerio Público y otra vez con inclusión de la huella y la firma del propio testigo. A lo anterior se agrega que, por expresa disposición de la norma, el juez y el fiscal conocerán la identidad del declarante para evaluar la prueba, medida encaminada a otorgar una mayor garantía en favor del reo”. Adicionalmente, en la misma providencia, la Corte consideró que “la identidad de los testigos no tiene que ser necesariamente conocida por el sindicado para garantizar su defensa mientras goce de todas las posibilidades de controvertir las pruebas que se esgrimen en su contra y de hacer valer aquellas que lo favorecen, en lo cual radica el núcleo esencial del derecho al debido proceso en lo relativo al régimen probatorio”.

En resumen, esta corporación ha estimado que la validez constitucional de las declaraciones de testigos con reserva de identidad depende, por entero, de la aplicación cabal de las garantías que rodean la realización y valoración de la prueba, así como de la posibilidad cierta de que esta pueda ser ampliamente controvertida por la defensa técnica. Por lo tanto, si durante la declaración del testigo secreto no está presente el representante del Ministerio Público; si no se levanta el acta separada con la identidad del declarante; si el juez no puede conocer esa identidad para valorar adecuadamente la declaración; si, por ello, la defensa no puede contrainterrogar al testigo, la prueba será nula por violación del núcleo esencial del derecho fundamental al debido proceso.

En virtud de lo anterior, resulta claro, que desde una perspectiva constitucional, la justicia regional no puede tener en cuenta la declaración de un testigo con reserva de identidad si ésta ha sido obtenida violando las garantías consagradas en las normas legales que establecen la mencionada figura. Por consiguiente, la Corte no comparte la posición del Tribunal Nacional, en el sentido de que la declaración del testigo secreto puede ser tenida en cuenta en el proceso penal como un indicio, toda vez que, al haber sido recaudada con violación al debido proceso constitucional, resulta nula de pleno derecho y, en consecuencia, debe ser excluida del expediente. Proceder de otro lado implicaría el fin de las garantías mínimas del debido proceso, la condena de personas con fundamento en testimonios inexistentes o en pruebas obtenidas mediante torturas o allanamientos arbitrarios, y en suma, la disolución del Estado constitucional en las tinieblas del más cínico eficientísmo.

16. No obstante, el hecho de que un juez tenga en cuenta dentro de un proceso una prueba absolutamente viciada, no implica, necesariamente, que la decisión que se profiera deba ser calificada como una vía de hecho. En efecto, como lo ha reiterado la jurisprudencia constitucional (v. supra), no todo vicio implica la descalificación absoluta y definitiva del acto judicial. Conforme a la jurisprudencia constitucional, esta Sala no puede menos que indicar que sólo en aquellos casos en los cuales la prueba nula de pleno derecho constituya la única muestra de culpabilidad del condenado, sin la cual necesariamente habría de variar el juicio del fallador, procedería la tutela contra la decisión judicial que la tuvo en cuenta, siempre y cuando se cumplan, por supuesto, los restantes requisitos de procedibilidad de la acción.

En el presente acceso, resulta claro que la inexistencia de la declaración del testigo con reserva de identidad no tendría, necesariamente, el efecto de cambiar la decisión impugnada. Ciertamente, el Tribunal Nacional tuvo en cuenta otros elementos de juicio tales como el hallazgo de una de las armas homicidas en una finca de propiedad del condenado; la presunta relación de subordinación y confianza entre quien era el tenedor de la mencionada arma al momento del allanamiento a la finca “Los Naranjos” —quien se encuentra huyendo de la justicia— y el señor T...; el conjunto de testimonios de oídas que afirmaban la participación del actor en la comisión del delito; el eventual interés del encartado en la ejecución de la masacre; etc. Con independencia del valor de cada uno de estos elementos de juicio —lo cual no puede ser definido por el juez de tutela—, lo cierto es que la prueba que debió ser excluida no resulta determinante a la hora de resolver el caso planteado.

Debe quedar claro que el hecho de que en eventos como el que se estudia el juez de tutela no pueda intervenir, no significa que las eventuales violaciones cometidas contra el debido proceso queden impunes, como quiera que para evitarlas o resarcidas existen los recursos ordinarios o extraordinarios a partir de los cuales los jueces y magistrados deben convertirse en garantes inquebrantables de los derechos constitucionales y legales de los procesados.

(...).

En el presente caso, existe una serie de hechos objetivos e incuestionables (el hallazgo de una de las armas homicidas en una finca de propiedad del inculpado, el hecho de que la mencionada arma le pertenece a este último, el que se la hubiera entregado a una persona que se encuentre huyendo de la justicia, etc.) que, con independencia de que resulten o no suficientes para fundar una decisión condenatoria, sí lo son para evitar que la sentencia atacada pueda ser calificada como una simple vía de hecho judicial. En efecto, como quedó explicado más arriba, el hecho de que el juez constitucional pueda revisar la sentencia penal no lo convierte en un juez de instancia, toda vez que debe limitarse a establecer que la decisión no resulte completamente inverosímil a la luz del derecho vigente y no a estudiar si es jurídicamente correcta. Dicho de otro modo, mientras el juez natural debe definir si existen suficientes y fundadas pruebas para proferir la decisión, el juez de tutela debe, simplemente, constatar que ésta se funda en algún elemento de juicio razonable, con independencia de su suficiencia o de la corrección de la valoración judicial del mismo.

Así mismo, es necesario afirmar que basta con que la hipótesis delictiva no resulte absolutamente descartable para que la decisión no pueda ser calificada como una vía de hecho judicial. En el presente caso, es posible sostener que, en la zona en la que se cometió la masacre, existen conflictos de tierras dentro de los cuales el actor y las personas asesinadas se encontraban en extremos opuestos. Determinar si ésta es o no la única hipótesis del crimen cometido, no es una cuestión que deba revisar el juez constitucional».

(Sentencia T-008 de enero 22 de 1998. Magistrado Ponente: Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz).

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