Sentencia T-80 de febrero 1 de 2000 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA OCTAVA DE REVISIÓN

Ref.: Exp.: T-241.793

Magistrado Ponente

Dr. Vladimiro Naranjo Mesa

Peticionaria: Ana Rosa Vargas Torres.

Procedencia: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, Sala Penal.

Santafé de Bogotá, D.C., primero de febrero de dos mil.

EXTRACTOS. «2. El derecho de petición y su protección por vía de tutela cuando se trata de organizaciones particulares encargadas de la prestación de un servicio público.

Tal como lo enseña la abundante jurisprudencia constitucional, la acción de tutela ha sido estatuida para proteger en forma inmediata los derechos fundamentales de las personas, no sólo de las posibles transgresiones de que puedan ser objeto por parte de las autoridades públicas, sino también de aquellos particulares que, por razón del ejercicio legítimo de ciertas funciones, se encuentran en posición de privilegio frente a los demás coasociados, rompiendo las condiciones de igualdad material que deben regir las relaciones interpersonales, y dando pie a un eventual abuso de poder que puede degenerar en la afectación de los aludidos derechos.

Ello explica por qué el artículo 86 superior, luego de señalar a las autoridades estatales como sujeto pasivo de la acción de tutela, dispone que ésta también puede interponerse contra particulares, entre otros casos, cuando se encuentran encargados de la prestación de un servicio público, pues en este escenario aquellos asumen cierto grado de autoridad que puede ser utilizado en detrimento de los intereses ciudadanos. La procedencia de la tutela por este aspecto, encuentra a su vez desarrollo legal en el artículo 42 Decreto 2591 de 1991 que en sus numerales 1º, 2º y 3º, hace expresa referencia a los servicios públicos de educación, salud y domiciliarios cuya prestación puede constituirse en causa potencial de violación de derechos fundamentales.

Sobre este tema, conviene recordar lo dicho por la Corte en la Sentencia C-134 de 1994 en la que afirmó:

“La acción de tutela procede contra particulares que prestan un servicio público, debido a que en el derecho privado opera la llamada justicia conmutativa, donde todas las personas se encuentran en un plano de igualdad. En consecuencia, si un particular asume la prestación de un servicio público —como de hecho lo autoriza el artículo 365 superior— o si la actividad que cumple puede revestir ese carácter, entonces esa persona adquiere una posición de supremacía material —con relievancia jurídica— frente al usuario; es decir, recibe unas atribuciones especiales que rompen el plano de igualdad referido, y que, por ende, en algunos casos, sus acciones u omisiones pueden vulnerar un derecho constitucional fundamental que requiere de la inmediata protección judicial”. (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa).

Además, cuando el artículo 365 de la Carta Política faculta a los particulares para intervenir en la prestación de un servicio público, está trasladando a los organismos privados que se constituyen para tal efecto, el ejercicio de una función pública inherente a la finalidad social del Estado, en desarrollo de la cual puede resultar amenazado o violado el núcleo esencial de un derecho fundamental, correspondiéndole entonces a las autoridades judiciales competentes proceder a su protección como si la conducta desplegada proviniera directamente de una entidad oficial.

Así, por constituir una de las garantías fundamentales de mayor importancia dentro del ordenamiento jurídico colombiano, la acción de tutela resulta procedente para garantizar la efectividad del derecho de petición frente a las organizaciones privadas a cuyo cargo se encuentra la prestación de un servicio público, pues en tales eventos su comportamiento se ajusta a los parámetros establecidos en el artículo 23 superior que le reconoce a toda persona el derecho a presentar solicitudes respetuosas ante las autoridades, y a que las mismas sean resueltas en forma pronta y oportuna. La Sentencia T-507 de 1993 (M.P. Alejandro Martínez Caballero), se refirió al punto en los siguientes términos:

“Así, notamos que el derecho de petición tiene dos destinatarios; uno la autoridad y otro excepcionalmente, las organizaciones privadas. Frente a las organizaciones privadas, se debe hacer la siguiente distinción:

a) Cuando la organización privada no actúa como autoridad y,

b) Cuando la actividad desarrollada satisface un servicio público.

(...).

b) Cuando la organización privada en razón al servicio público adquiere el estatus de autoridad.

En el segundo caso, aún siendo un particular el destinatario de la tutela, el trato es el mismo que frente a una autoridad pública.

El artículo 85 de la Constitución Política que enumera los llamados “derechos de vigencia inmediata”, incluye al derecho de petición como uno de ellos, pero ésta especial consagración debe ser entendida frente a las autoridades y no a los particulares u organizaciones privadas.

Por lo tanto, cuando un particular en ejercicio del poder público vulnera o amenaza el derecho fundamental de petición, estamos frente a lo establecido en el inciso primero del artículo 23 de la Constitución Política y por lo tanto es procedente la acción de tutela porque la acción u omisión provienen de una autoridad pública”.

Cabe destacar que, entratándose de la formulación de peticiones ante organismos encargados de la prestación de un servicio público, también la Ley 142 de 1994, “por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones”, acatando lo dispuesto en el artículo 23 superior, estableció como un derecho general de los usuarios el de “solicitar y obtener información completa, precisa y oportuna sobre todas las actividades y operaciones directas o indirectas que se realicen para la prestación de los servicios públicos...” (art. 9.4), imponiéndole a las empresas el deber de responder las peticiones “dentro del término de quince (15) días hábiles contados a partir de la fecha de su presentación” (art. 158).

En virtud de lo anterior, ha de concluirse, entonces, que la entidad accionada en la presente causa XXXX, constituida como una sociedad anónima cuya finalidad se concreta en la prestación del servicio público domiciliario de energía, actúa para esos efectos como una autoridad estatal, razón por la cual su actividad, en lo que toca con el ejercicio ciudadano del derecho fundamental de petición, debe ajustarse los parámetros indicados en los artículos 23 de la Constitución Política y 9.4 y 158 de la Ley 142 de 1994, so pena de someter su actuación al control del juez de tutela».

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