Sentencia T-080 de febrero 28 de 1995 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PRIMERA DE REVISIÓN

TUTELA PRESENTADA ANTE JUEZ INCOMPETENTE

NO SE DEVUELVE SINO QUE SE REMITE AL COMPETENTE

EXTRACTOS: «En el caso objeto de este análisis, el juez de segunda instancia decidió que la falta de competencia del de primera para tramitar la tutela ante él interpuesta, la hacía improcedente. El juzgado, mediante sentencia, revocó la sentencia del a quo, y dejó en libertad al actor para presentar su demanda ante cualquiera de los jueces donde ocurrieron los hechos.

De acuerdo con lo anterior, los temas objeto de análisis son:

a) Exequibilidad del artículo 37 del Decreto 2591 de 1991.

b) El juez que se considere incompetente, ¿debe remitir la demanda al juez que tiene la competencia o devolver los documentos al interesado?

c) El procedimiento a seguir por parte del juez de segunda instancia cuando observe la falta de competencia del de primera.

Veamos cada uno de estos temas.

a) Exequibilidad del artículo 37 del Decreto 2591 de 1991.

El artículo 37, en lo pertinente, dice:

“ART. 37.—Primera instancia. Son competentes para conocer de la acción de tutela, a prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o amenaza que motivaren la presentación de la solicitud” (se resalta).

La Corte Constitucional, en sentencia C-54, de 18 de febrero de 1993, declaró exequible el artículo 37, en lo que hace referencia a que el conocimiento de las acciones de tutela corresponde al juez del lugar donde se produjo la vulneración o amenaza del derecho fundamental. La declaración de exequibilidad se hizo sin reserva ninguna, y después de examinar el contenido de la norma acusada.

En el presente expediente, se observa que, efectivamente, la demanda de tutela se presentó en lugar diferente a donde ocurrieron los hechos que presuntamente constituyen la violación o amenaza de derechos fundamentales, pues, la acción se dirigió contra actuaciones ocurridas en la ciudad de Leticia y la demanda de tutela fue presentada en la población de Puerto Nariño, Amazonas.

Por consiguiente, el ad quem acertó en señalar la falta de competencia del juez de primera instancia.

Esto nos lleva a los siguientes puntos.

b) El juez que se considere incompetente, ¿debe remitir la demanda al juez que tiene la competencia o devolver los documentos al interesado?

En primer lugar, la Sala advierte que son situaciones distintas, en relación con la competencia, en las que se puede encontrar el juez de primera o de segunda instancia.

En la primera hipótesis, si el juez de primera instancia no es el competente, por no corresponder al del lugar donde ocurriere la vulneración de los derechos fundamentales, la Sala considera que el procedimiento a seguir es enviar la demanda y sus anexos al juez competente. Obviamente, previa notificación al interesado de que hará tal envío, pues si no se violaría el debido proceso al actor, quien carecería de las oportunidades procesales para actuar.

¿Cuál es la base legal de este envío al juez competente?

En primer lugar, si bien el artículo 37 mencionado no hace referencia expresa a esta clase de situaciones, la Constitución y el Decreto 2591 estipulan la informalidad de la que está revestida la tutela. Señalan que no se requiere actuar a través de apoderado, por lo cual no se podría exigir un conocimiento exacto de cuáles son los factores de competencia. Además, el propio artículo 10 del decreto establece que la tutela puede presentarse en forma verbal, y que ni siquiera es necesario citar la norma constitucional infringida, siempre y cuando el juez pueda determinarla.

Entonces, si la propia base de la tutela, es decir, determinar la norma constitucional infringida y por ende el derecho fundamental a proteger, puede ser deducida por el juez y continuar con el proceso de tutela, con mayor razón el juez puede enviar la demanda y sus anexos al competente, pues en últimas, lo que se pretende es la protección efectiva de los derechos fundamentales.

Además, esta actividad no es extraña al proceso ordinario, en materia civil. El artículo 85 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el Decreto 2282 de 1989, artículo 1º, numeral 37, en lo pertinente, dice:

“Inadmisibilidad y rechazo de plano de la demanda. El juez declarará inadmisible la demanda: (...).

Si el rechazo se debe a falta de competencia, el juez la enviará con sus anexos al que considere competente dentro de la misma jurisdicción...” (se resalta).

A lo anterior hay que agregar que el envío por parte del juez no competente al competente, se refiere al de cualquier lugar del país, pues los procesos de tutela hacen parte de la jurisdicción constitucional. Sobre este punto, vale recordar lo dicho por la Sala Plena de esta Corte Constitucional, en auto número 16 de 1º de septiembre de 1994, “ello, en sentir de la Sala, significa que en esta materia [asuntos de tutela], todos los jueces, como eventuales inferiores jerárquicos de la Corte Constitucional, también hacen parte de la jurisdicción constitucional orgánica y funcionalmente”; y que, en relación con la categoría del juez a dónde remitir el proceso, se conservará la misma donde fue presentada inicialmente, es decir, si el demandante instauró su acción ante un juez civil municipal, el juez enviará ante el civil municipal del lugar donde ocurrió presuntamente la vulneración.

No sobra advertir, que la Corte ha revisado algunas sentencias en las que ha existido el envío por parte del juez no competente al competente, y aunque se ha referido al tema sólo en forma tangencial, no ha objetado este procedimiento. Sin embargo, en algunas providencias no ha objetado la devolución de documentos al interesado.

En conclusión, por las razones jurídicas anotadas y por las sentencias transcritas, el procedimiento acertado por parte del juez que estime que no es competente para tramitar la acción de tutela, es enviar la demanda y sus anexos al que considere competente, de cualquier lugar del país, respetando la jerarquía del juzgado donde se presentó inicialmente y poniendo en conocimiento del actor sobre tal hecho.

c) El procedimiento a seguir por parte del juez de segunda instancia cuando observe la falta de competencia del de primera.

Pero si es el juez de segunda instancia el que observa la carencia de competencia del de primera, la situación es diferente, pues se estará ante una de las nulidades procesales de que trata el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, nulidad que puede ser saneada, excepto cuando se trate de falta de competencia funcional, asunto que se tratará más adelante.

De acuerdo con el artículo 145, del código citado,

“En cualquier estado del proceso antes de dictar sentencia, el juez deberá declarar de oficio las nulidades insaneables que observe. Si la nulidad fuere saneable ordenará ponerla en conocimiento de la parte afectada por auto que se notificará como se indica en los numerales 1º y 2º del artículo 320. Si dentro de los tres días siguientes al de notificación dicha parte no alega la nulidad, ésta quedará saneada y el proceso continuará su curso; en caso contrario, el juez la declarará” (se resalta).

Es decir, este procedimiento, poner en conocimiento la falta de competencia, es el que debe seguir el ad quem cuando advierta que está en presencia de una nulidad, bien sea carencia de competencia, falta de notificación, etc. Además, es la forma como la Corte Constitucional ha procedido en casos semejantes, al advertir que en las sentencias objeto de revisión, se presenta alguna de las nulidades procesales, especialmente cuando no se ha realizado la notificación a la parte contra quien se presentó la tutela. Ejemplos de ello son los autos de 15 de junio de 1994, en el expediente T-31.880; el de 29 de noviembre de 1994, en el expediente T-43.958, etc.

Diferente es la situación de la acción de tutela presentada directamente ante la Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado y Consejo Superior de la Judicatura, pues, en estos eventos, la correspondiente demanda y sus anexos se devuelven directamente al interesado sin ser posible la remisión, por tres razones principales:

1. Como en innumerables ocasiones se ha señalado, los mencionados órganos no pueden conocer de la acción de tutela directamente, pues se rompe la posibilidad de la segunda instancia. Posibilidad que está prevista en la propia Constitución, en la norma que estableció la tutela, artículo 86, inciso 2º.

2. Se está en presencia de falta de competencia funcional, la cual, a la luz de lo dispuesto en las normas procesales, no es saneable.

Algunos tratadistas explican este factor así:

“El funcional se deriva de la clase especial de funciones que desempeña un juez en un proceso; según la instancia o la casación y revisión, y su conocimiento se halla distribuido entre varios jueces de distinta categoría. Así, tenemos jueces de primera y segunda instancia, y competencia especial para los recursos de casación y revisión... El juez de primera instancia es “a quo” o hasta cierto momento; el de segunda “ad quem” o desde cierto momento en adelante (desde cuando finaliza la primera instancia). Este factor corresponde a un criterio de distribución vertical de competencia”. (Compendio de Derecho Procesal, Hernando Devis Echandía, tomo I, Teoría General del Proceso, segunda edición, 1972, página 109).

3. Las altas corporaciones al estar todas excluidas del conocimiento de las tutelas presentadas directamente ante ellas, no podrían determinar ante cuál juez o tribunal quiere el interesado presentar su acción, y no les corresponde atribuirse tal decisión, la cual sólo compete al demandante.

Por lo anterior, en los casos de instaurarse directamente la tutela ante las corporaciones mencionadas, lo procedente es la devolución de la demanda y sus anexos al interesado, dejándolo en libertad de presentar su acción ante cualquiera de los jueces o tribunales del lugar donde ocurrió la vulneración.

No sobra advertir que todas las remisiones al proceso ordinario, en lo no previsto en el proceso de tutela, obedecen precisamente a que en esta acción se debe respetar el debido proceso, pues de lo contrario se vulneraría un derecho fundamental.

3. Conclusiones en relación con la competencia.

De conformidad con las consideraciones expuestas en esta providencia, se pueden tener como conclusiones las siguientes:

— El artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, en cuanto la competencia del juez donde ocurrió la vulneración o amenaza del derecho fundamental, fue declarado exequible por la Corte Constitucional, en sentencia Nº 54 de 1993.

— El juez que estime que no es competente para conocer de la acción de tutela, debe enviar la demanda y sus anexos al que considere competente, de cualquier lugar del país, respetando la jerarquía del juzgado donde se presentó inicialmente, e informando de ello al demandante.

— Si es el juez de segunda instancia el que observa la falta de competencia del de primera, debe proceder de conformidad con lo establecido por el procedimiento civil para procurar sanear la nulidad.

— Si la acción de tutela se presenta directamente ante la Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado o Consejo Superior de la Judicatura, la correspondiente demanda y sus anexos se devuelven directamente al interesado, por las razones expuestas en esta providencia»

(Sentencia T-080 de febrero 28 de 1995. Magistrado Ponente: Dr. Jorge Arango Mejía).

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