Sentencia T-080 de marzo 16 de 1998 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA SEXTA DE REVISIÓN

Ref.: Exp. T-145537

Magistrado Ponente:

Hernando Herrera Vergara

Santafé de Bogotá, D.C., dieciseis de marzo de mil novecientos noventa y ocho.

(...).

Por lo anterior, la Sala comparte la decisión materia de revisión, tanto en lo que hace a la improcedencia de la tutela por no existir derecho fundamental amenazado ni vulnerado, como por la sanción impuesta a la apoderada de la actora por la actuación temeraria que dio lugar a la misma, de acuerdo a los razonamientos expuestos en dicha providencia, ya que las afirmaciones consignadas en la demanda y la pretensión principal no tienen fundamento legal alguno, como lo advirtió el tribunal al denegar las peticiones formuladas, y condenar a la apoderada del demandante a cancelar la suma de diez salarios mínimos legales mensuales vigentes en el pronunciamiento realizado y con base en las argumentaciones que esta corporación comparte íntegramente.

Adicionalmente, no sobra recalcar que dada su condición de profesional del derecho, ello supone además de la preparación, el estudio y el conocimiento de las normas constitucionales y legales que regulan la acción de tutela, la necesidad de solicitar y tener a su alcance antes de promover la demanda, los medios de prueba así sean mínimos que pudieren acreditar los hechos que fundamentaban la acción, o en subsidio, si no los tenía a su alcance, haber podido solicitar que se acompañaran al expediente cualquier recibo de pago o documento que demostrara que fue el actor y no el Hospital Militar Central quien asumió los costos de la citada intervención.

De ahí que no basta con afirmar como se hace en el escrito de 18 de octubre de 1997 presentado a la corporación por parte de la apoderada del actor que “los hechos y circunstancias de estos incluidos en la demanda inicial, son la transcripción fiel y verdadera de lo que mi representado me informó cuando solicitó mis servicios profesionales y cualquier incongruencia que se haya presentado posteriormente dentro del expediente, no es ni puede ser bajo ninguna circunstancia responsabilidad de la suscrita, puesto que en éste último evento yo tenía que partir de la buena fe con que estaría obrando mi cliente”, ya que no obstante ello, ha debido percatarse de la evidencia del pago realizado por el actor por los medios legales pertinentes, a fin de poderlo aportar al proceso para así demostrar la certeza de las afirmaciones y la procedencia del desembolso, o pedir que se oficiara a la entidad correspondiente para fundamentar la pretensión respectivo. De ahí que tampoco resulta atendible la aseveración que hace la citada profesional al expresar que no tuvo oportunidad de “verificar la veracidad o mendacidad” de las informaciones dadas por su poderdante, a las cuales se atuvo.

Estima la Corte que la condición de profesional del derecho de quien actúa como mandatario judicial, exige un riguroso cuidado en el ejercicio adecuado de la acción de tutela, ya que lo que se persigue con ello es la protección verdadera y eficaz de los derechos fundamentales y no el obtener un beneficio económico sin justa causa, en detrimento de la administración de justicia y del acceso normal a ella, al haberse acreditado que fue el Hospital Militar y no el actor quien asumió los costos de la atención del paciente de acuerdo a las pruebas solicitadas por los jueces de instancia y allegadas al proceso.

Al respecto, ha expresado la corporación en casos similares al imponer sanciones por temeridad, que:

“La conducta del actor es abiertamente reprochable al no tener en cuenta los altos fines que persigue la acción de tutela; más aún cuando en este caso quien la ejerce no es un ciudadano común sino un profesional del derecho, para quien el conocimiento técnico y calificado del ordenamiento jurídico vigente constituye un deber y una obligación, pues esta corporación como máxima autoridad judicial constitucional y de tutela, no puede admitir que prolifere la utilización indebida de un instrumento democrático que se creó por el constituyente de 1991 para proteger los derechos fundamentales de carácter constitucional de los ciudadanos y no para anteponerse a los trámites normales de los procesos ordinarios y ejecutivos en cabeza de la justicia común”.

Pero a juicio de la Corte, también resulta reprochable la conducta del demandante, ya que como lo anota su apoderada en el escrito que obra a folio 14 del expediente, “me atuve a las instrucciones y datos precisos que me suministró el señor Ortiz Prada sobre los cuales siempre precede el profesional”, pues aunque dicha aseveración no justifica su actuación por las razones anteriormente esbozadas, si muestran que el actor procedió igualmente con temeridad al no haber informado a su mandataria con exactitud y veracidad que los costos de la citada intervención practicada por el Hospital Militar no fueron sufragados por aquél sino por éste. Mal podría generarse en forma desequilibrada una responsabilidad exclusiva a cargo de la apoderada del actor como lo dedujo el tribunal, y simultáneamente una exoneración del demandante, cuando la conducta de éste es igualmente censurable y reprochable.

La Corte no puede pasar por alto aquellas situaciones que contribuyan al abuso desmesurado y al desbordamiento de la tutela para el ejercicio indebido de la misma por parte de quienes con propósitos distintos a la eficaz protección de los derechos constitucionales fundamentales de las personas la utilizan para fines lucrativos o para obtener pronunciamientos inadecuados, cuando existen otros medios idóneos de defensa judiciales.

En estos eventos se deberán aplicar las sanciones previstas en la ley a quienes actúen contrariando los principios que encarnan dicha institución, obrando con temeridad o mala fe. Sólo así podrá garantizarse la eficacia de la acción de tutela y su naturaleza excepcional y extraordinaria.

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