Sentencia T-082 de febrero 24 de 1997 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA SEXTA DE REVISIÓN

ACCIÓN DE TUTELA

CONDUCTAS TEMERARIAS

EXTRACTOS: «En razón a que la decisión del juez de segunda instancia en la sede de la tutela, Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali —Sala Civil de Decisión—, adicionó la providencia del a quo en el sentido de condenar al actor a pagar una multa equivalente a 10 salarios mínimos legales mensuales, por estimar que su actuación en la formulación de la misma fue desmesurada y temeraria, la sala de revisión considera conveniente revisar dicha decisión con base en la regulación normativa prevista para tal acción.

El artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, ordena al peticionario avisar, en el momento de formular una acción de tutela, si ha presentado otra acción sobre los mismos hechos y derechos ante autoridades judiciales diversas, declaración que debe realizarse bajo la gravedad del juramento y comporta las sanciones penales relativas al falso testimonio en caso de omisión de la verdad. Con este mandato se pretende, como lo ha señalado la Corte, evitar que se ponga en funcionamiento la acción de la justicia en forma innecesaria y desproporcionada ante el ejercicio indiscriminado e injustificado de tutelas que versen sobre unos mismos hechos y derechos y además para precaver la vulneración, que una actuación semejante, pudiese inferir a los principios generales de buena fe, eficacia y economía procesal que gobiernan el funcionamiento de la administración de justicia(4).

(4) Ver sentencias T-054 de 1993, T-327 de 1993, T-149 de 1995, T-091 de 1996 y T-122 de 1996.

Más adelante, el artículo 38 del decreto ibídem establece las consecuencias sancionatorias que se generan por infringir el mandato mencionado, y determina que cuando sin motivo expresamente justificado se presenta por la misma persona o por su representante una idéntica acción de tutela ante diversos jueces o tribunales, procederán las decisiones de rechazo, al inicio de la actuación, o de denegación de las pretensiones, si la irregularidad se registra en el transcurso del proceso, con la consecuente imposición de sanciones a los profesionales del derecho que actúen en esa abierta contradicción, como la suspensión de la tarjeta profesional al menos por dos años y su cancelación, en caso de reincidencia, sin perjuicio de las demás sanciones a que haya lugar.

En el caso concreto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, Sala Civil, ordenó la mencionada sanción al abogado C... porque, según dicha corporación, esta acción careció de fundamento para la formulación, por haber sido presentada en contra de un particular ajeno a la misma, mediante agencia oficiosa de derechos sin el cumplimiento de las exigencias legales y por no haberse argumentado la impugnación de la decisión de primera instancia.

Por los argumentos que manifiesta el tribunal, la calificación de la conducta del actor proviene de la aplicación del concepto de actuaciones temerarias y de mala fe que establece el ordenamiento legal, en términos generales.

En efecto, el tribunal para sustentar su decisión se respaldó en el criterio expuesto por la Corte Suprema de Justicia en fallo del 17 de mayo de 1996 relativo a la utilización abusiva de la acción de tutela por los abogados. Allí se señala:

“Ya ha sentado esta Sala (Civil de la CSJ) que en la tutela, como en el proceso civil, debe operar lo que autorizados expositores denominan “regla moral en el uso de las vías procesales”, conforme a la regulación que traen los artículos 71 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, debiéndose imponer no sólo la condena en costas y perjuicios que aparezcan causados, sino también la multa prevista en el reglado 73.2 “cada vez que aparezca demostrado un comportamiento temerario o de mala fe imputable al accionante cuya petición es rechazada o denegada” (fallo del 31 de oct./95 Exp. 1623. M.P. Dr. Carlos Esteban Jaramillo Schloss); por manera que si se acude al amparo constitucional “cuando sea manifiesta la carencia de fundamento legal de la demanda”, según el precepto 74-1, se deben aplicar tales sanciones, así como ordenar la investigación disciplinaria del abogado por presuntas faltas a la ética profesional (73-4 CPC)”.

De lo anterior se deduce la existencia de un régimen general de deberes y responsabilidades de las partes y de sus apoderados exigible en toda actuación procesal, regulado por el Código de Procedimiento Civil (arts. 71-74), dentro del cual se sancionan todas aquellas conductas que supongan actos temerarios o de mala fe, pero que al mismo tiempo el Decreto 2591 de 1991, en sus artículos 37 y 38, identifica y sanciona una forma específica y adicional de la respectiva actuación, para los efectos estrictamente relacionados con el ejercicio de esa acción.

Tal como se registra de la evaluación de los hechos, la Sala estima conveniente analizar si el comportamiento del actor se subsume en alguna de las causales generales de temeridad o mala fe establecidas en el artículo 74 del Código de Procedimiento Civil, las cuales hacen referencia a la manifiesta carencia de fundamento legal de la demanda, a la alegación de hechos contrarios a la realidad, al uso ilegal, doloso o fraudulento del proceso, a la obstrucción de la práctica de pruebas y al entrabamiento reiterado del desarrollo normal del proceso, entre otras, por no ser taxativa tal enumeración.

La Corte ha insistido en que la temeridad es producto del ejercicio arbitrario y sin fundamento de la acción de tutela, el cual debe demostrarse plenamente en el análisis que se realice de la pretensión del amparo, los hechos y del material probatorio, en razón a que no puede inferirse de la sola improcedencia de la acción(5).

(5) Sentencia T-300/96, M.P. Dr. Antonio Barrera Carbonell.

En relación con el asunto sub examine, la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali estableció lo que se transcribe a continuación, como razón suficiente para sancionar al accionante de la tutela por conducta temeraria:

“9. Como quiera que en este evento la acción propuesta carece de fundamento, se dirigió contra un particular ajeno a la misma, se hizo uso de ella como agente oficioso sin cumplir con la exigencias legales, y se impugnó el fallo sin ofrecer réplica ni argumentación alguna, anotando irregularmente en el acta de la notificación la palabra “apelo” (arts. 71.7 y 315 CPC), se colige entonces que el promotor de la misma ha actuado en forma desmesurada y temeraria, tanto más si se considera que es un profesional del derecho y a estas alturas no puede ignorar que la acción de que se trata tiene alcance y utilidad diferentes a los que plasmara en el libelo introductorio. Por lo mismo habrá de imponérsele los correctivos de rigor”.

Del examen realizado, la sala encuentra que conforme a la decisión de instancia mencionada, evidentemente, la actuación del abogado C... fue resultado de una utilización desproporcionada e indebida de la acción de tutela, especialmente, por la carencia absoluta de fundamento legal para impetrar la acción; por el uso desmesurado de la figura de la agencia oficiosa, sin sujeción alguna a los requisitos legalmente establecidos para su operancia (D. 2591/91, art. 10); así como, por intentar hacer valer su propio interés solicitando la protección de su derecho al trabajo durante el ejercicio de la acción, sin reparar en el perjuicio que pudiere haber ocasionado en los derechos de su representado y en el abuso del derecho propio desconociendo así la prohibición constitucional consagrada en el artículo 95 de la Constitución Política.

Adicionalmente, su actuación temeraria dio lugar al ejercicio incorrecto de las formalidades mínimas de la acción de tutela, que se supone deben ser conocidas por un profesional del derecho, así como respecto de la regulación normativa de dicha acción, sus objetivos, características y requisitos fundamentales.

Por consiguiente, la sala observa que, como lo advirtió la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, la conducta del actor es abiertamente reprochable al no tener en cuenta los altos fines que persigue la acción de tutela; más aún cuando en este caso quien la ejerce no es un ciudadano común sino un profesional del derecho, para quien el conocimiento técnico y calificado del ordenamiento jurídico vigente, en especial en materia de tutela, constituye un deber y una obligación, pues esta corporación, como máxima autoridad judicial constitucional y de tutela, no puede admitir que prolifere la utilización indebida de un instrumento democrático que se creó por el constituyente de 1991 para proteger los derechos fundamentales de carácter constitucional de los ciudadanos y no para anteponerse a los trámites normales de los procesos ordinarios y ejecutivos, en cabeza de la justicia común.

En conclusión, la sala comparte las razones invocadas por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, Sala Civil, al encontrar configurada la existencia de la conducta temeraria por parte del actor, frente al uso indebido de la acción de tutela, que lo llevó a imponer una sanción pecuniaria y a ordenar la investigación disciplinaria correspondiente, razón por la cual se confirmará dicha decisión».

(Sentencia T-082 de febrero 24 de 1997. Magistrado Ponente: Dr. Hernando Herrera Vergara).

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