Sentencia T-831 de junio 5 de 2000 

CORTE CONSTITUCIONAL 

ACCIÓN DE TUTELA

SALA PRIMERA DE REVISIÓN

Sent. T-831, jun. 5/2000. Exp. acumulados. T-293131, T-296582, T-302006

M. P. Antonio Barrera Carbonell

Peticionarios: Caja de Previsión Social de la Universidad de Cartagena,Hogar Infantil “Capricho”, Gobernador del Nariño.

La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Antonio Barrera Carbonell, Alfredo Beltrán Sierra y Eduardo Cifuentes Muñoz, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente

Sentencia

Dentro del trámite de la revisión de los fallos adoptados dentro de los procesos de tutela instaurados por caja de previsión social de la Universidad de Cartagena; María Vilma Bonilla Cortés y Jesús Rosero Ruano.

1. Antecedentes

1. Hechos.

Por tratarse de casos similares se narrará a continuación de manera conjunta la situación que motivó a la caja de previsión social de la Universidad de Cartagena; al hogar infantil “Capricho” y al Gobernador de Nariño a instaurar las presentes tutelas.

Los accionantes de las tutelas bajo estudio manifiestan que las entidades financieras demandadas están reteniendo dineros que han sido depositados por ellos y que regularmente están destinados a compensar al sistema de seguridad social en salud; a la atención de las necesidades de niños del hogar infantil y al pago de sueldos al personal del magisterio. Estos dineros deben ser devueltos, según manifiestan los actores, porque en algunos casos se trata de recursos parafiscales y en otros por verse involucrados derechos de los niños y de los trabajadores. Es decir, se trata de recursos que tienen dispuesta una destinación especifica al garantizar los derechos de las personas que se encuentran involucradas dentro de los sectores descritos.

2. Pretensión.

La pretensión de los demandantes se dirige a que se ordene a los liquidadores de las entidades financieras a desembolsar el dinero depositado en cuentas corrientes o títulos valores para de esta forma poder cancelar necesidades de sectores como pago de sueldos; atender las necesidades de niños del hogar infantil e invertir fondos en el sistema de seguridad social en salud.

3. Decisiones judiciales.

Las autoridades judiciales que conocieron en única instancia (1) los asuntos que se están revisando por esta Sala negaron las tutelas por considerar que no se observa una vulneración a algún derecho fundamental. Además, existen otros medios de defensa para lograr la remisión de los dineros depositados como son los que contempla el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y los demás medios ordinarios para hacer valer los derechos que estimen lesionados.

(1) Expediente 293131: Tribunal Administrativo de Bolívar -Sala de Decisión.

Expediente 296582: Juzgado 1º de Familia de Ibaqué.

Expediente 303006: Tribunal Superior del Distrito Judicial -Sala de Decisión Civil y familia.

II. Consideracionesy fundamentos

1. Planteamiento del problema.

El asunto básicamente consiste en determinar si los dineros depositados dentro de las entidades financieras en proceso de liquidación son recursos públicos destinados a seguridad social y constituyen a la vez contribuciones parafiscales.

2. Solución al problema.

2.1. Esta Corte ha considerado que la seguridad social tiene una protección constitucional que se extiende a los dineros depositados en las entidades financieras intervenidas o en liquidación y que tienen una destinación específica en beneficio de un sector que debe estar permanentemente protegido como es el de la salud. Todo ello de conformidad con el artículo 48 de la Carta Política que expresa claramente que no podrán utilizarse recursos de las instituciones de la seguridad social para fines diferentes a ella.

En atención a esa protección especial de los recursos destinados a la seguridad social, no entran a formar parte de la masa liquidatoria, cuando están depositados en una entidad financiera en liquidación.

Al respecto la Corte expresó:

“ (...) los dineros recaudados con destinación al sector de la salud, que son recursos parafiscales, no se encuentran en la misma situación jurídica de los dineros de los ahorradores e inversionistas particulares, pues no pueden ser utilizados con fines distintos para los cuales están destinados, ni ser objeto del giro ordinario de los negocios de las entidades financieras, ni formar parte de los bienes de dichos establecimientos, ni desviarse hacia objetivos diferentes, ni siquiera con motivo de su liquidación o intervención.

(...) las acciones de tutela impetradas, en cuanto persiguen la restitución de dineros depositados o invertidos en entidades financieras, que corresponden a recaudos por concepto de cotizaciones, tarifas, copagos, cuotas moderadoras, o a recursos del presupuesto nacional o de las entidades territoriales, destinados a la seguridad social, que son administrados por las empresas promotoras de salud EPS o por los departamentos y municipios, están llamadas a prosperar, por tratarse de recursos que tienen una destinación constitucional específica (art. 48), como es la atención de la segundad social, y aun cuando las prestaciones que los beneficiarios derivan de éstas algunas veces no tienen conexión con el goce de los derechos fundamentales, en otras ocasiones sí los involucran. En tal virtud, los administradores de dichos recursos están legitimados para impetrar la acción de tutela con miras a lograr que no se desvíe la destinación de dichos recursos y que no se afecten, por consiguiente, los eventuales derechos fundamentales de los afiliados o beneficiarios del sistema de seguridad social” (Sent. T- 696/2000. M.P. Antonio Barrera Carbonell). 

2.2. Ahora bien, en el Expediente T-293131, se observa que la caja de previsión social de la Universidad de Cartagena está autorizada para prestar “(...) servicios de salud o ampare a sus afiliados en los riesgos de enfermedad general y maternidad, como dependencia adaptada al sistema general de Seguridad Social en Salud (...)”. En consecuencia, los recursos que ellos administran están dirigidos para garantizar la seguridad social de los afiliados a ésta. Por lo anterior, se concederá la tutela pues se trata de contribuciones parafiscales del sector salud tal como lo señala el artículo 48 de la Constitución Política.

2.3. En cuanto a la acción impetrada por el hogar infantil Capricho, se negará la tutela porque los recursos que fueron consignados en la entidad intervenida no tienen la naturaleza de contribuciones parafiscales; se trata de dineros destinados a cubrir las necesidades de los niños, tales como alimentación, educación y cuidados requeridos (2) . Sobre este caso particular la entidad financiera intervenida manifestó que si con “(...) el dinero depositado en esta cuenta se atendía las necesidades de los niños, cómo puede explicarse entonces, que esta cuenta no registre ningún movimiento representativo de retiro de dinero durante los meses de enero a junio de 1999”. Por su parte la instancia judicial que conoció del asunto expresó que “(...) el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ha venido haciendo los aportes mes a mes al hogar infantil “Capricho”, mediante el contrato suscrito con el mismo, según se desprende de la calificación aportada a la acción (fl.107)”. Estos argumentos adicionales indican que no existe una afectación del mínimo vital de los menores ni se está causando un perjuicio irremediable pues éstos están efectivamente recibiendo los aportes del ICBF.

(2) En el Expediente T-296582, en el cual el accionante, hogar infantil “Capricho”.

Asi mismo, se negará la tutela interpuesta por el Gobernador de Nariño ya que los dineros depositados en la entidad accionada están destinados a cancelar sueldos del personal del magisterio, y no constituyen contribuciones con destinación específica a proteger el sector de la seguridad social.

lIl. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

REUELVE:

1. REVOCAR La siguiente sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar —Sala de Decisión—, el 18 de enero de 2000, al resolver la acción de tutela impetrada por la caja de previsión social de la Universidad de Cartagena contra el Banco del Pacífico S.A., en liquidación. (Exp. T- 293131). En consecuencia, se CONCEDE la tutela y se ORDENA al liquidador del Banco del Pacífico S.A., en liquidación, que, en el término de cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación de esta providencia, reintegre en su totalidad los recursos destinados a la seguridad social que habían depositado la entidad mencionada y que dicha institución financiera ha venido reteniendo.

2. CONFIRMAR los fallos del Juzgado 1º de Familia de (Ibagué del 19 de enero de 2000 (Exp. T-296582) y del Tribunal Superior del Distrito Judicial -Sala de Decisión Civil, Familia de Pasto del 17 de febrero del mismo año, por las razones expuestas en este fallo.

3. Por secretaría líbrese la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.

Notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de Corte Constitucional y cúmplase.

Magistrados: Antonio Barrera Carbonell, Alfredo Beltrán Sierra, Eduardo Cifuentes Muñoz.

Martha Sáchica de Moncaleano. Secretaria General

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