Sentencia T-8455 de marzo 3 de 2000 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA

Sent. T-8455, mar. 3/2000. Exp. T-8455

M.P. José Fernando Ramírez Gómez

Decídese la impugnación formulada contra la sentencia del veinticuatro (24) de enero de 2000, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, Sala Civil-Familia, dentro del proceso de tutela promovido por José Cabarcas Perdomo y otros contra la caja de sueldo de retiro de la Policía Nacional.

Antecedentes.

1. José Cabarcas Perdomo, Jaime González Ortiz y Hernando J. Navarro, actuando por intermedio de apoderado judicial, instauraron acción de tutela en contra del ente mencionado para que mediante el amparo de sus derechos constitucionales fundamentales al debido proceso, igualdad, tercera edad, seguridad social, pago oportuno de las pensiones legales y la vida, se ordene al accionado proceda a incluirlos nuevamente en la nómina de los agentes retirados hasta que la justicia ordinaria disponga lo contrario y a cancelarles las mesadas retenidas ilegalmente, desde el mes de junio del año anterior, incluyendo primas del mismo mes.

2. En apoyo de su petición manifiestan los accionantes que la caja de sueldos de retiro de la Policía Nacional, mediante una vía de hecho suspendió, sin acto administrativo que fundamente su actitud, sus salarios de retiro, con lo cual vulneró su derecho constitucional al debido proceso, pues no les dio oportunidad de defenderse, ni siquiera de agotar la vía gubernativa.

Agregan, que el accionar de la entidad demandada desquicia la armonía de sus familias y les causa un perjuicio irremediable, pues el sueldo de retiro constituye su único medio de subsistencia.

3. La caja de sueldos de retiro de la Policía Nacional en oficio dirigido al tribunal se opone a la concesión de la tutela, manifestando al efecto que a los accionantes se les reconoció por partes de esa entidad una asignación mensual de retiro con base en las hojas de servicio expedidas por la Policía Nacional, en las cuales fueron incluidos tiempos de servicio en las extinguidas policías departamentales de Bolívar, tiempos que se computaron teniendo en cuenta los decretos y/o certificaciones expedidos por el archivo general de la Gobernación de Bolívar, los cuales según informe de la unidad de patrimonio económico de la Sijín de ese departamento, fueron presuntamente adulterados, sobrepuestos y/o falsificados; motivo por el cual se formuló el respectivo denuncio ante la fiscalía, y se adoptó como medida preventiva la exclusión de la nómina de asignaciones de retiro a los actores, en ejercicio de la obligación de salvaguardar los bienes del Estado, hasta cuando se verifique la veracidad de los decretos que originaron el reconocimiento y pago de sus pensiones.

También dice que esa caja comunicó a cada uno de los accionantes los motivos por los cuales se les excluyó de la nómina, amén de informarles, que una vez se adelantaran las investigaciones pertinentes, se pronunciaría de fondo sobre las asignaciones mensuales de retiro, solicitándoles la actualización de la dirección de su residencia (fls. 50 al 54, c. 1).

La sentencia del tribunal.

Teniendo en cuenta el carácter subsidiado de la acción de tutela, el tribunal denegó al amparo deprecado, porque consideró que como no constituye un derecho cierto e indiscutible de los accionantes el pago de la asignación mensual de retiro, la controversia que existe respecto debe ser objeto de dilucidación por parte de la justicia ordinaria.

Dentro de ese orden de ideas, precisó, que los afectados disponen de otros medios de defensa judicial como son la acción de nulidad o de nulidad y restablecimiento de derecho que pueden adelantarse ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, donde incluso se puede solicitar la suspensión del acto atacado, medio ordinario que prevalece la inexistencia de un perjuicio irremediable.

Impugnación.

En la oportunidad legal los accionantes impugnaron la anterior decisión, alegando que el tribunal tergiversó los fines de la solicitud de tutela, pues con ella no se pretendía controvertir el derecho de los accionantes a la asignación mensual de retiro, por la sencilla razón que ese derecho ya había sido reconocido de tiempo atrás, sino la conducta del accionado, que desconoce la prohibición que tiene la administración de revocar sus propias resoluciones cuando mediante éstas se hayan creado situaciones jurídicas de carácter particular y concreto, sin la anuencia expresa del respectivo titular.

Consideraciones.

1. La causa que originó la solicitud de tutela dimana de la decisión adoptada por la caja de sueldo de retiro de la Policía Nacional de suspender unilateralmente, desde el mes de junio del año anterior, el pago del sueldo de retiro y primas a que tenían derecho los accionantes, en su condición de pensionados de esa entidad, hasta que se clarifique la legalidad de los documentos que sirvieron de soporte para el reconocimiento de esta prestación.

2. Con la presente acción se pretende que mediante el amparo de los derechos constitucionales fundamentales al debido proceso, igualdad, tercera edad, seguridad social, pago oportuno de las pensiones legales y la vida de los accionantes, se ordenen al accionado proceda a incluirlos nuevamente en la nómina de agentes retirados, hasta que la justicia ordinaria disponga lo contrario, y a cancelarles las mesadas retiradas ilegalmente, desde el mes de junio del año anterior, incluyendo primas del mismo mes.

3. A propósito de una tutela fundada en las mismas circunstancias fácticas que originaron la presente, dijo esta Sala:

“Sin que haya lugar a entrar en consideraciones de orden penal relacionadas con la alteración o falsificación de documentos en que pudieron incurrir los demandantes en tutela para obtener en su momento la pensión de jubilación, y sin que de ninguna manera se prohíjen actuaciones delictuosas, observa la Corte que la actitud de la entidad demandada de suspender unilateralmente el sueldo de retiro de los presuntos implicados en la actitud dolosa, es vulneratoria de los derechos fundamentales de aquéllos, pues es innumerable la jurisprudencia al respecto acerca de la necesidad de hacer partícipe de trámite que conduzca a la suspensión de la pensión, al interesado en el mismo, y de acudir a los mecanismos que para lograr ese efecto existen en la ley” (1) .

(1) Cfr. sentencia de 9 de febrero de 2000, exp. Nº 8185.

4. Además, es evidente, que el argumento que sirvió de sustentó a la decisión del tribunal resulta desacertado, en la medida en que el carácter subsidiado de la acción de tutela sólo se impone cuando el medio ordinario a que se remite al afectado está revestido de la eficacia suficiente para reservar la efectividad del derecho sustancial.

Con ocasión del análisis de una situación similar a la que ocupa la atención de la Sala, dijo la Corte Constitucional (2) .

(2) Cfr. sentencia T-246 de 3 de junio de 1996.

“No obstante, miradas las cosas desde la perspectiva constitucional y aplicados de manera directa los preceptos de la Carta, tal vía ordinaria resulta inaplicable cuando el acto revocado por la autoridad reconocía elementos o factores económicos, prestacionales o asistenciales absolutamente necesarios para mantener la vida, la digna supervivencia o la integridad de la persona, como acontece en materia de seguridad social en las oportunidades en que la revocación afecta situaciones jurídicas consolidadas que no se pueden suprimir sin riesgo, para el beneficiario, habida cuenta de su precario estado de salud y de la incapacidad física permanente para laborar, establecida por la misma autoridad. De tal manera que, en esas hipótesis, el acto de revocación, dado su carácter intempestivo y arbitrario, se torna en conducta agresiva que pone en peligro la vida del afectado.

“De lo cual se deduce que en circunstancias tan excepcionales es viable la acción de tutela, con el objeto de remediar inmediata y efectivamente la situación concreta, haciendo ineficaz e inaplicable el acto violatorio de los derechos fundamentales.

Un concepto material de la administración de justicia, en la cual debe prevalecer el derecho sustancial (C.P., art. 228) y el cabal desarrollo de los postulados del Estado social de derecho (C.P., art. 1º) impiden que criterios puramente formales, ajenos a la realidad del afectado, otorguen validez y aplicación a comportamientos abusivos de la autoridad en detrimento de los derechos fundamentales, en especial si se trata de la vida”.

5. De modo que, para la Corte, la actitud de la entidad demandada de suspender unilateralmente el pago del sueldo de retiro que se le había reconocido a los accionantes, so pretexto de una presunta adulteración de documentos, es vulneratoria de los derechos fundamentales de aquéllos, porque ello no se puede hacer sino previo agotamiento de los trámite legales, en los cuales necesariamente tiene que estar involucrado el beneficiario de dicha prestación.

6. Sobre el tema ha dicho esta Sala (3) .

(3) Sentencia de 17 de febrero de 1998, reiterando lo dicho en sentencia de 13 de marzo de 1997, proferida dentro del expediente Nº 3938.

“....si el derecho de pensión de invalidez se encuentra debidamente reconocido en forma individual a una persona, después de haberse acreditado dentro de su trámite las condiciones que le da origen; es preciso entender que se trata de un acto administrativo, que no puede ser revocado directamente sin el consentimiento de su beneficiario, razón por la cual su revocatoria o no vigencia (por suspensión) sin este requisito resulta arbitrario y, por tanto, comprometedor de los derechos personales arriba mencionados; porque lo correcto en este caso es que corresponda a la administración (y no al beneficiario del acto) ejercer las acciones contenciosas para demandar su propio acto, sin que, por este motivo, pueda la entidad desplazar la carga judicial al pensionado”.

La tesis anterior debe extenderse también cuando el acto suspendido afecte el reconocimiento de una pensión de jubilación.

6. También la Corte Constitucional, hizo objeto de reproche el proceder que aquí se denuncia, cuando en la sentencia citada dijo:

“...En cuanto a la revocación que la administración haga de sus propios actos, la Corte reitera que no puede tener cabida cuando mediante ellos se han creado situaciones jurídicas de carácter particular y concreto o se han reconocido derechos de la misma categoría, salvo que medie el consentimiento expreso y escrito del mismo titular.

“Si la administración considera que hay motivos suficientes para impugnar su acto, debe hacerlo, dando así ocasión a la verificación de lo actuado desde el punto de vista de su validez por parte de la jurisdicción y simultáneamente abriendo campo a la correspondiente defensa del interesado.

“La decisión unilateral del ente público toma de sorpresa al afectado, introduce un pernicioso factor de inseguridad y desconfianza en la actividad administrativa, quebranta el principio de la buena fe (C.P., art. 83) y delata indebido aprovechamiento de poder que ejerce sobre la base de la debilidad del administrado”.

7. Además, no debe perderse de vista que el pago oportuno de la pensión, merece una protección especial, “ya que su no pago, habida cuenta de su imposibilidad para devengar otros ingresos ante la pérdida de capacidad laboral, termina atentando directamente contra el derecho a la vida” (4) , pues resulta razonable presumir que los pensionados derivan su subsistencia del ingreso que obtienen por su condición, de modo tal que su falta de cancelación les afecta su mínimo vital, máxime cuando es un hecho notorio que el mercado laboral tiene un alto déficit en materia de empleo. En este asunto no está probado que los demandantes en tutela tuvieran otros ingresos, carga que no correspondía a estos sino a la entidad accionada, “Se trata pues de defender la vida pero también una cierta calidad de vida. En el término “dignidad”, predicado de lo “humano”, está encerrada una calidad de vida, que es un criterio cualitativo” (5) , estando las autoridades precisamente instituidas “para proteger a toda persona en su vida, entendida en un sentido amplio como “vida plena”, la integridad física, psíquica y espiritual, la salud, el mínimo de condiciones materiales necesarias para la existencia digna, son elementos constitutivos de una vida íntegra y presupuesto necesario para la autorealización individual y social” (6) .

(4) Cfr. Corte Constitucional C-546 de 1º de octubre de 1992.

(5) Cfr. Corte Constitucional C-575 de 29 de octubre de 1992.

(6) Cfr. Corte Constitucional T-499 de 21 de agosto de 1992.

8. En virtud de lo discurrido se impone, la revocatoria del fallo impugnado, para en su lugar conceder el amparo deprecado, ordenándose a la entidad demandada que proceda a la cancelación de los sueldos de retiro que se generen hacia el futuro, mientras no exista orden judicial en contrario, pues para la reclamación de los dejados de pagar, tienen a su disposición los mecanismos ordinarios.

Decisión.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. REVOCAR la sentencia de fecha y procedencia anotadas, para en su lugar conceder el amparo constitucional invocado por los accionantes.

En consecuencia, se ordena a la caja de sueldos de retiro de la Policía Nacional, que cancele las mesadas pensionales de los accionantes, que se generen en el futuro, mientras no exista orden judicial en contrario, pues para la reclamación de la dejadas de percibir cuentan con los mecanismos correspondientes. Ofíciese a la accionada remitiéndole copia de esta decisión.

2. Notifíquese lo así decidido, mediante comunicación telegráfica, a todos los interesados y remítase oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Silvio Fernando Trejos Bueno—Manuel Ardila Velásquez—Nicolás Bechara Simancas—Jorge Antonio Castillo Rugeles—Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo—José Fernando Ramírez Gómez—Jorge Santos Ballesteros. 

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