Sentencia T-8464 de marzo 3 de 2000 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

Sala de Casación Civil y Agraria

Exp.: T-8464, mar. 3/2000

M.P. José Fernando Ramírez Gómez

Decídese la impugnación formulada contra la sentencia del treinta y uno de enero de 2000, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, Sala Civil, dentro del proceso de tutelo promovido por Adelia Silva Tocarruncho contra el Juzgado Sesenta Civil Municipal de Santafé de Bogotá, D.C.

Antecedentes

1. Adelia Silva Tocarruncho, actuando en nombre propio instauró acción de tutela deprecando el ampro de sus derechos constitucionales fundamentales al debido proceso y propiedad, que considera vulnerados por el despacho judicial accionado con ocasión del trámite del proceso ejecutivo de mínima cuantía que en contra suya se adelanta bajo el número de radicación 13842.

2. En apoyo de su petición dice la accionante, que en el proceso mencionado se le vulneró su derecho de defensa, pues no obstante no haber aceptado una cesión de derechos litigiosos que dentro de dicho diligenciamiento hiciera la señora Solangel Martínez en su condición de ejecutante, el juzgado la admitió, situación que además implicó que el medio de defensa por ella interpuesto resultante inane pues en virtud de esa decisión se le negó el interrogatorio de parte que había solicitado como prueba, amén que ella no tiene ningún tipo de relación sustancial con el cesionario.

3. A solicitud del a quo el juzgado accionado remitió copia del proceso ejecutivo mencionado.

La sentencia del tribunal

Tras elaborar un breve marco conceptual sobre la procedencia de la acción de tutela frente a las providencias judiciales, concluyó el tribunal que el amparo deprecado debía denegarse, pues no obstante haber tenido conocimiento del auto que aceptó la cesión cuestionada la accionante se abstuvo de impugnar el mismo. Situación que se mantuvo durante la actuación procesal, porque en la audiencia de conciliación ninguna objeción formuló su apoderado judicial cuando el cesionario Briceño Rodríguez, otorgó mandato a un apoderado para que llevara su representación, permitiendo que este actuara como parte una vez que el juzgado le reconoció personería.

De otra parte anotó, que la accionante tampoco formuló ningún reparo contra el proveído del 28 de octubre del año anterior, no obstante que el mismo fue notificado por estado del 12 de noviembre siguiente.

Dentro de ese orden de ideas estimó, que el derecho fundamental de la señora Silva jamás fue vulnerado o amenazado, pues ésta tuvo, por intermedio de su apoderado, la oportunidad de discutir las resoluciones del juez del conocimiento sin que lo hiciera, permitiendo que actuara como parte actora el cesionario del derecho litigioso hasta el extremo de discutir con éste la forma de pago de la obligación dentro del trámite de la audiencia de conciliación, amén de no censurar la determinación del accionado cuando mediante dos providencias de notificó que aquél era parte actora y no la inicial demandante Solangel Martínez.

La impugnación

En la oportunidad legal la accionante impugnó la anterior decisión sin exponer argumento alguno sobre los motivos de su inconformidad.

Consideraciones

1. La causa que originó la solicitud de tutela dimana del hecho de haberse aceptado la cesión del derecho litigioso efectuada por la ejecutante Solangel Martínez Arciniegas no obstante, la manifestación que en contrario efectuó la ejecutada, aquí accionante; así como de la decisión denegatoria del interrogatorio de parte de la mencionada señora, bajo el argumento que la misma perdió esa condición en virtud del acto a que se ha hecho alusión.

2. En torno de la procedencia de la acción de tutela frente a las decisiones judiciales, por vía jurisprudencial se le ha reconocido un carácter eminentemente excepcional y subsidiario, de acuerdo al cual dicho medio de protección sólo puede abrirse paso, cuando se establezcan dos situaciones, a saber: 1ª existencia de una vía de hecho, y 2ª ausencia de mecanismos judiciales para atacarla.

Respecto de las hipótesis que pueden configurar una vía de hecho, se ha dicho por vía jurisprudencial:

“La Corte ha considerado que una sentencia podrá ser atacada a través de la acción de tutela cuando se presente un defecto sustantivo, es decir, cuando se encuentre basada en una norma claramente inaplicable al caso concreto, presente un defecto fáctico, esto es, cuando resulta evidente que el apoyo probatorio en que se basó el juez para aplicar una determinada norma es absolutamente inadecuado; presente un defecto orgánico, el cual se produce, cuando el fallador carece por completo de competencia para resolver el asunto de que se trate, y presente un defecto procedimental, es decir, cuando el juez se desvía por completo del procedimiento fijado por la ley para dar trámite a determinadas cuestiones. En suma, una vía de hecho se produce cuando el juzgador, en forma arbitraria y con fundamento en su sola voluntad, actúa en franca y absoluta desconexión con la voluntad del ordenamiento jurídico. La intervención del juez de tutela en una sentencia judicial, calificándola como una vía de hecho, sólo puede producirse en aquellos casos en que el vicio alegado sea constatable a simple vista. Adicionalmente, la falencia cuyo restablecimiento se persiga por la vía de la acción de tutela debe conllevar, en forma inmediata, la violación de uno o múltiples derechos fundamentales, lo cual determina que sólo las decisiones judiciales cuyos efectos trasciendan el campo de los anotados derechos, en detrimento de estos, puede ser atacada mediante la acción de tutela” (1) (el destacado no es original).

(1) Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-162 de abril 30 de 1998.

3. Examinado el caso concreto a la luz de los someros conceptos anotados, estima la Corte que las apreciaciones del tribunal resultan desacertadas, pues no corresponde a la realidad que muestra el proceso, que la accionante, ya de manera directa ora por intermedio de su apoderado, no hubiese manifestado su desacuerdo frente a la cesión de los derechos litigiosos y a la decisión de conferir al cesionario la calidad de parte actora, como que al folio 56 del cuaderno número 1 de las copias consta que en el acto de la notificación personal de la providencia que admitía la cesión del derecho litigioso, la señora Silvia de: “no acepto la cesión ni reconozco al cesionario como demandante”, manifestación que resultaba perfectamente válida pues tratándose de un proceso de mínima cuantía está autorizado el litigio en causa propia.

Posición que fue mantenida durante el desarrollo del proceso, siendo así como, mediante memorial presentado el 14 de octubre del año anterior (fls. 61 y 62, ib), el apoderado de la accionante en tutela solicitó se impusiera a la demandante las sanciones previstas en el artículo 103 de la Ley 446 de 1998, adviertiéndole a la juez que al tenor del artículo 60 del Código de Procedimiento Civil “la cesión del crédito no desplaza a la parte actora sin el consentimiento expreso de mi mandante, quien por supuesto, no lo ha emitido”.

Así las cosas es evidente que el trámite del proceso, refleja un defecto procedimental, en cuanto se ha hecho caso omiso de lo dispuesto en el artículo 60 del Código de Procedimiento Civil, pues de acuerdo de este precepto al adquirente del derecho litigioso sólo podrá sustituir al anterior titular cuando la parte contraria “lo acepte expresamente”.

En este asunto, no obstante que en oportunidad la ejecutada manifestó su desacuerdo con la cesión del derecho litigioso la accionada ha hecho caso omiso de esa manifestación, aduciendo que la cedente ya no es parte, lo cual constituye un desacierto porque como se anotó, para que se pierda tal condición se requiere la aceptación “expresa” de la contraparte. Luego, por el hecho que se hubiese accedido a realizar la diligencia de conciliación con el cesionario, no significa que se le haya admitido como parte cuando ya existía en el expediente una manifestación en contrario, la cual como ya se dijo resulta perfectamente válida.

Defecto que ha traído como consecuencia la vulneración del derecho de defensa de la accionante, pues el mismo fue la causa para que se denegara el interrogatorio de parte de la señora Solangel Martínez Arciniegas (fls. 59 en concordancia con el 65 al 67), medio de convicción indispensable para demostrar el fundamento de las excepciones.

Se equivoca el tribunal al decir que frente a la anterior decisión no se manifestó inconformismo alguno, pues mediante memorial presentado el 16 de noviembre (fls. 69 al 71), aparece que el apoderado judicial de la accionante interpuso recurso de reposición, el cual fue denegado mediante una providencia (fls. 73) que es el reflejo del desconocimiento del principio conforme al cual el “objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial (2) ”, porque haciendo prevalecer la forma por la forma, no entra a estudiar el fondo de la impugnación, so pretexto que el auto “de fecha citada” no aparecía en las diligencias, no obstante que en el escrito contentivo de la impugnación aparece claramente indetificada la decisión objeto de la censura, pues basta leer que al respecto dice: “...respetuosamente interpongo el recurso de reposición en contra de la providencia de noviembre 10 de 1999, por medio de la cual el despacho hace la manifestación sobre la no procedencia del interrogatorio con relación a la actora, señora Solangel Martínez, en razón a que esta ya no ostenta el carácter de parte habida cuenta de la cesión realizada por esta” (fls. 69 al 71).

(2) Artículo 4º del Código de Procedimiento Civil.

4. De modo que, como la actora no dispone de otro medio para atacar el defecto anotado, se impone la revocatoria de la decisión del a quo, para en su lugar conceder el amparo deprecado.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. Revocar la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada, para en su lugar tutelar el derecho al debido proceso de la señora Adelia Silva Tocarruncho, dentro del proceso ejecutivo que en su contra cursa a instancia de Solangel Martínez en el despacho judicial accionado.

Consecuentemente se ordena a la Juez 60 Civil Municipal de Santafé de Bogotá que en el término de cuarenta y ocho horas (48), contado a partir del momento en que tenga conocimiento de esta decisión, proceda a resolver, teniendo presente los lineamientos señalados en este proveído, el memorial presentado por el apoderado de la ejecutada el 14 de octubre del año anterior, mediante el cual solicitaba la imposición de las sanciones a que hubiere lugar a la ejecutante, por su inasistencia a la audiencia de conciliación; y a señalar fecha y hora para la recepción del interrogatorio de parte de la señora Solangel Martínez. Por la secretaría de la Sala ofíciese al Juzgado accionado, remiténdole copia de esta decisión.

2. Notifíquese lo así decidido, mediante comunicación telegráfica, a todos los interesados y remítase oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Silvio Fernando Trejos Bueno—Manuel Ardila Velásquez—Nicolás Bechara Simancas—Jorge Antonio Castillo Rugeles—Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo—José Fernando Ramírez Gómez—Jorge Santos Ballesteros.

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