Sentencia T-869 de octubre 11 de 2002 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA TERCERA DE REVISIÓN

Sentencia T-869 de 2002 

Ref.: Expediente T-610023

Magistrado Ponente:

Dr. Manuel José Cepeda Espinosa

Acción de tutela instaurada por Álvaro Rodrigo Mesa López contra Médicos Asociados S.A.

Bogotá, D.C., octubre once de dos mil dos.

La Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados, Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño y Rodrigo Escobar Gil, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente

Sentencia

En el proceso de revisión de la sentencia de tutela proferida por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia el 25 de marzo de 2002. El expediente fue seleccionado mediante auto de la Sala de Selección Siete del 8 de julio de 2002 y repartido a esta Sala de Revisión.

I. Antecedentes del caso

Manifiesta el actor que es médico accionista de la sociedad Médicos Asociados S.A., también denominada Clínica El Sagrado Corazón. Dice que desde principios del año 2000 en su calidad de accionista y por haber observado malos manejos económicos en la clínica, formuló observaciones y exigió soluciones a las directivas. Los resultados infructuosos de su gestión lo llevaron a denunciar penalmente a los miembros de la junta directiva, al representante legal, al revisor fiscal y a la contadora de Médicos Asociados S.A.

Aduce el actor que, a manera de retaliación, la junta directiva lo sancionó por suministrar anestesias simultáneas y cambiar la programación de una cirugía, pues tanto la junta directiva como el comité médico se encontraban muy molestos por la denuncia interpuesta. Según el actor, el proceso que se le siguió fue amañado y parcializado. Dice que la anestesia simultánea es una práctica común de todos los anestesiólogos del establecimiento, que se realizaba con la anuencia de los cirujanos y las directivas, aunque ello no sea eximente de su responsabilidad. Argumenta que con las irregularidades del proceso se le vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa.

El actor acudió a la acción de tutela con el fin de que i) se invalidara la decisión de retiro del cuerpo médico, ii) se le reintegrara con los mismos derechos que tenía al momento de ser despedido y iii) que se radicara en cabeza del gerente de la sociedad y de los miembros de la junta directiva, la responsabilidad por desacato, abierto o subrepticio, a lo ordenado en la sentencia de tutela.

En primera instancia, el Tribunal Superior de Medellín, mediante fallo del 19 de febrero de 2002, concedió el amparo. Estimó que se había vulnerado el derecho al debido proceso y anuló todo lo actuado y ordenó el reintegro. Así mismo, determinó que, una vez ejecutoriada la decisión y de estimarlo procedente, se iniciara un proceso aplicando debidamente el reglamento y el Código de Procedimiento Civil en lo no regulado por aquél, y en particular el deber de imparcialidad. Ambas partes impugnaron el fallo.

En segunda instancia, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia revocó la decisión mediante sentencia del 25 de abril de 2002. El amparo se negó porque, entre otras consideraciones, la Sala concluyó que la suspensión en prevención era un procedimiento autorizado por el reglamento de la Clínica El Sagrado Corazón, que fue adoptado por el órgano competente sin superar el término previsto, y que, en este caso, fue debidamente notificado, ya que inclusive fue recurrida en reposición. En cuanto a los hechos que condujeron al retiro consideró que ellos eran los previstos en el literal d) del artículo 45 del reglamento y que la decisión decretada había sido debidamente notificada. Finalmente, la Corte Suprema de Justicia concluyó que los órganos previstos en el reglamento de la accionada no desconocieron el derecho al debido proceso y por lo tanto revocó el amparo concedido en primera instancia, no sin señalar que son los jueces naturales, según lo establecido por el artículo 421 del Código de Procedimiento Civil, los llamados a dilucidar, con minuciosidad y detalle, la pertinencia o impertinencia de la decisión en cuestión.

II. Consideraciones de la Corte Constitucional

1. Competencia.

Esta Corte es competente de conformidad con los artículos 86 y 241 de la Constitución Nacional, y el Decreto 2591 de 1991, para revisar el presente fallo de tutela.

2. Problema jurídico.

Una vez la Sala determine si en este caso la acción es procedente, examinará si en el proceso disciplinario se violó el derecho al debido proceso y a la defensa del actor.

3. Procedencia de la acción.

La acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución es un mecanismo de protección de los derechos fundamentales que procede principalmente contra las autoridades públicas.

Cuando la acción de tutela es dirigida contra particulares, para que ella proceda, es necesario que el particular esté (i) encargado de la prestación de un servicio público; (ii) que con su conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o bien, (iii) que el solicitante se encuentre, respecto del particular accionado, en estado de subordinación o indefensión.

Si se considera que los hechos de este caso no se refieren a la relación entre un usuario del servicio público de salud y una clínica privada, sino a un miembro del cuerpo médico expulsado por la junta directiva, y que la sanción afecta exclusivamente el interés personal del actor; resta determinar si respecto de la clínica, el médico se encontraba en una situación de subordinación o indefensión. Sobre estas nociones la Corte ha señalado que:

“(...) la subordinación alude a la existencia de una relación jurídica de dependencia, como ocurre, por ejemplo, con los trabajadores respecto de sus patronos, o con los estudiantes frente a sus profesores o ante los directivos del establecimiento al que pertenecen, en tanto que la indefensión, si bien hace referencia a una relación que también implica la dependencia de una persona respecto de otra, ella no tiene su origen en la obligatoriedad derivada de un orden jurídico o social determinado sino en situaciones de naturaleza fáctica en cuya virtud la persona afectada en su derecho carece de defensa, entendida esta como posibilidad de respuesta efectiva ante la violación o amenaza de que se trate” (1) .

(1) Corte Constitucional, Sentencia T-290 de 1993, M.P. Dr. José Gregorio Hernández Galindo.

La existencia de un contrato laboral entre el médico y la clínica —como resulta del expediente— es un asunto materia de controversia que no le corresponde esclarecer al juez de tutela. No obstante, la junta directiva puede impedirle al actor el ingreso a la institución e inclusive retirarlo del cuerpo médico. Para la Sala el actor se encuentra en una situación de indefensión respecto de las decisiones de dicha junta.

La Sala debe determinar también si el actor contaba con un medio de defensa judicial eficaz, es decir, efectivo e idóneo, alternativo a esta acción de tutela, o bien, si habiéndolo, la tutela constituye una acción impostergable para efectos de impedir un perjuicio irremediable.

De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 421 (2) del Código de Procedimiento Civil, los actos o decisiones de juntas directivas de sociedades civiles o comerciales pueden ser impugnados. De otra parte, también es cierto que este medio judicial de defensa, aunque ágil —pues se tramita como un proceso verbal sumario que permite, inclusive, solicitar la suspensión del acto— no resulta idóneo para proteger el derecho constitucional fundamental al debido proceso y a la defensa en los procesos disciplinarios. Esto, en razón a que el retiro del actor del cuerpo médico de la clínica no es una decisión aislada, adoptada en junta directiva respecto de los socios y en relación con el desarrollo del contrato de sociedad, sino que constituye una sanción, manifestación de la facultad disciplinaria atribuida estatutariamente a la junta directiva, y resultado del proceso disciplinario que se le siguiera al actor por la forma como ejerció su profesión médica.

(2) Artículo 421 del Código de Procedimiento Civil: “Impugnación de actos de asambleas, juntas directivas o de socios. La demanda de impugnación de actos o decisiones de asambleas de accionistas o de juntas directivas o de socios de sociedades civiles o comerciales, sólo podrá proponerse dentro de los dos meses siguientes a la fecha del acto respectivo, y deberá dirigirse contra la sociedad, si se tratare de acuerdos o actos sujetos a registro, el término se contará desde la fecha de la inscripción.

En la demanda podrá pedirse la suspensión del acto impugnado; el juez la decretará si la considera necesaria para evitar perjuicios graves y el demandante presta caución en la cuantía que aquél señale. Este auto es apelable en el efecto devolutivo”.

Siendo así, la Corte ha dicho que el medio de defensa consagrado en el artículo 421 del Código de Procedimiento Civil no es, en este tipo de casos, un medio idóneo (3) como sí lo es la acción de tutela, la cual fue específicamente creada como medio de protección de derechos fundamentales.

(3) En la Sentencia T-386 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil se estudió la idoneidad del artículo 435 del Código de Procedimiento Civil que también establece un proceso verbal sumario como medio de defensa alternativo de un acto adoptado por las directivas de un conjunto residencial. En esa ocasión y respecto de la declaración de persona non grata adoptada, la Sala manifestó que el proceso es idóneo para conflictos relativos a la propiedad horizontal misma (Sents. T-228/94 y T-630/97) y que la acción de tutela resulta procedente en los siguientes eventos: “a) cuando prima facie existe una vulneración de derechos fundamentales o una limitación arbitraria de estos derechos; b) cuando el proceso verbal sumario “no resulta idóneo y efectivo para lograr el amparo inmediato de derechos fundamentales conculcados o amenazados en razón de actos expedidos por dicha junta o asamblea” (Sent. T-333/95); c) cuando las decisiones de la administración o asamblea impiden la satisfacción mínima de las condiciones de existencia vital que los individuos no pueden asegurarse por sí mismos (Sent. T-454/98). En tales casos, la acción de tutela se constituye en una vía expedita y prevalente para proteger los derechos vulnerados (...) el proceso verbal sumario no constituye el medio judicial idóneo o eficaz para solucionar el conflicto constitucional planteado, pues, en efecto, no se trata de resolver ningún tipo de diferencias en relación con los bienes de uso común o el funcionamiento del edificio, ni de conflictos relativos al cumplimiento de las obligaciones del accionante como copropietario, ni tampoco de la imposición de una multa (...).

Habiéndose entonces determinado la procedencia de la acción de tutela en este evento como mecanismo principal, pasa la Sala a estudiar el problema jurídico constitucionalmente relevante en este caso.

4. El debido proceso disciplinario en una entidad de naturaleza privada.

La Corte Constitucional, en la Sentencia T-433 de 1998, magistrado ponente Alfredo Beltrán Sierra, al estudiar el caso de una clínica particular que también decidió retirar a uno de sus médicos, como resultado de un proceso disciplinario (4) , reiteró que:

(4) En esta sentencia se señaló que: “El artículo 29 de la Constitución establece que el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Esto significa que en todos los campos donde se haga uso de la facultad disciplinaria, entiéndase ésta como la prerrogativa de un sujeto para imponer sanciones o castigos, deben ser observados los requisitos o formalidades mínimas que integran el debido proceso. Mandato que, dada su naturaleza, no sólo involucra u obliga a las autoridades públicas, en el sentido amplio de este término, sino a los particulares que se arrogan esta facultad, como una forma de mantener un principio de orden al interior de sus organizaciones”.

“Los requisitos mínimos que deben observar los entes que detentan un poder disciplinario, según la jurisprudencia reiterada de esta corporación, y contenida específicamente en la Sentencia T-301 de 1996, hace referencia al derecho que tiene todo inculpado a:

• La comunicación formal de la apertura del proceso disciplinario a la persona a quien se imputan las conductas posibles de sanción;

• La formulación de los cargos imputados, que puede ser verbal o escrita, siempre y cuando en ella consten de manera clara y precisa las conductas, las faltas disciplinarias a que esas conductas dan lugar y la calificación provisional de las conductas como faltas disciplinarias;

• El traslado al imputado de todas y cada una de las pruebas que fundamentan los cargos formulados;

• La indicación de un término durante el cual el acusado pueda formular sus descargos, controvertir las pruebas en su contra y allegar las que considere necesarias para sustentar sus descargos;

• El pronunciamiento definitivo de las autoridades competentes mediante un acto motivado y congruente;

• La imposición de una sanción proporcional a los hechos que la motivaron; y

• La posibilidad de que el encartado pueda controvertir, mediante los recursos pertinentes, todas y cada una de las decisiones (Sent. T-301/96. M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz)”.

Con base en lo anterior, pasa la Sala a determinar si en el caso bajo estudio se configuraron irregularidades que implican una violación al debido proceso y a la defensa del señor Mesa López.

En primer lugar, se constata que la Clínica El Sagrado Corazón cuenta con un reglamento (5) que enmarca la conducta tanto de médicos (6) como del personal administrativo, y que dicho reglamento establece, en sus artículos 34 y subsiguientes, la forma en que debe desarrollarse un proceso disciplinario, los órganos competentes para adelantarlo y las sanciones que pueden imponerse como consecuencia del mismo.

(5) Reglamento para el ejercicio de la medicina y profesiones de la salud en la Clínica El Sagrado Corazón, aprobado por la junta directiva en 1995.

(6) ART. 25.—“Compromiso. Una vez aprobada la solicitud, se levantará un acta en donde conste la aprobación y el compromiso del nuevo miembro a cumplir estrictamente con la ley, la moral social y el presente reglamento”.

En segundo lugar, se constata que a lo largo del expediente el proceso establecido en el reglamento fue seguido y que éste a su vez garantizó el debido proceso mínimo del actor:

i) La comunicación formal de la apertura del proceso disciplinario a la persona a quien se imputan las conductas posibles de sanción.

Si bien al actor se le notificó la suspensión de sus funciones como sanción, en vez de la suspensión como medida cautelar, como en realidad se decidió en la sesión de la junta directiva del 5 de octubre de 2000, esta irregularidad fue saneada dentro del proceso al notificársele al actor el acta del comité médico del 14 de noviembre de 2000, en la que se decretó la apertura de investigación, la cual, a su vez, fue notificada, mediante comunicación del 17 de noviembre de 2002.

ii) La formulación de los cargos imputados, que puede ser verbal o escrita, siempre y cuando en ella consten de manera clara y precisa las conductas, las fallas disciplinarias a que esas conductas dan lugar y la calificación provisional de las conductas como faltas disciplinarias.

En la comunicación del 10 de octubre de 2000 que informó al actor de la suspensión de sus funciones médicas, se señaló que los hechos más recientes con los que había violado el reglamento de la clínica se referían a la práctica de anestesias simultáneas los días 4, 6 y 16 de septiembre de 2000. Posteriormente al decretarse la apertura de investigación, el comité médico señaló que las irregularidades objeto de investigación se referían a “proporcionar anestesias en forma simultánea a varios pacientes, así como la modificación de programación de cirugías, en forma unilateral, conductas estas prohibidas por la ley, por el reglamento para el ejercicio de la medicina y profesiones de la salud en la Clínica El Sagrado Corazón y por el manual de normas técnico administrativas de cirugía y anestesia” (7) . Sobre la calificación de las faltas cometidas por el actor, se manifestó que procedía su suspensión cautelar, de acuerdo a lo establecido en el parágrafo del artículo 40, porque en concordancia con el artículo 35 literal c) “[había] cometido reiteradamente una irregularidad o incurrido en una violación grave al presente reglamento y a las reglamentaciones internas de la Clínica El Sagrado Corazón”.

(7) Cfr. folio 68.

iii) El traslado al imputado de todas y cada una de las pruebas que fundamentan los cargos formulados.

El actor nunca contradijo los hechos que le fueron directamente imputados ni la responsabilidad que de ellos se derivaba, habiendo tenido la oportunidad de hacerlo. El actor reconoce que tales hechos sucedieron, pero alega que otros médicos han incurrido en las mismas prácticas sin que se les haya seguido proceso disciplinario (8) . Para probar eso, solicitó pruebas que por no conducir a desvirtuar sus actos, no fueron practicadas, por la razón que se expresará a continuación.

(8) Ver escritos del actor del 11 de octubre y 16 de diciembre de 2000 y la comunicación del 2 y 3 de enero de 2001 en los que la junta directiva contesta un derecho de petición del actor en el que se le dice que puede estar tranquilo porque ya se adelanta una investigación contra el anestesiólogo José Valencia Palacio y que respecto de su solicitud de investigación del director médico, la junta directiva “considera improcedente decretar apertura de investigación disciplinaria en contra del director médico, pues a juicio de la misma el referenciado profesional cumple en forma satisfactoria con las funciones propias de su cargo”. En cuanto a la solicitud de investigación disciplinaria a todos los anestesiólogos señala que, si bien el artículo 39 prescribe que todo miembro del cuerpo médico, auxiliar o administrativo que tenga conocimiento de alguna irregularidad que pueda dar lugar al inicio de una investigación con respecto a un miembro del cuerpo médico tiene la obligación de reportarlo al director médico, la junta directiva considera indispensable, de acuerdo a las reglas de la sana crítica, que se tipifiquen las faltas cometidas, que se individualicen cada uno de los eventos, pacientes, fecha, hora y que se señale con toda claridad al presunto infractor. Por lo tanto no puede abrir investigación a un grupo indeterminado de personas por unas supuestas faltas que no se individualizan.

El actor mediante derecho de petición de fecha 19 de enero de 2001 y “con el fin de sustentar [su] defensa dentro de la investigación disciplinaria” solicitó que se certificara, desde el 1º de enero de 2000 cuántas cirugías se hicieron diariamente, su fecha, hora y día de acuerdo a la programación, la identidad del paciente, cirujano, anestesiólogo y enfermera en jefe, hora de iniciación y terminación de cada cirugía y récord de anestesia. Solicita fotocopia auténtica del soporte documental y manifiesta que “como quiera que lo requerido lo utilizaré en mi defensa como ya se anotó, aprovecho la oportunidad para solicitar de esa corporación que se sirva aplazar la diligencia de descargo ...” (fl. 124). Posteriormente solicitó que la certificación abarcara también el año 1999. El mismo día, el presidente de la junta directiva respondió su derecho de petición diciéndole que era “notoriamente impertinente para la sustentación de su defensa dentro del proceso de investigación disciplinaria que actualmente se adelanta, la información solicitada por usted”. Señala que es incomprensible, que solicite información sobre 12.000 procedimientos, 7000 del 2000 y 5000 de 1999 y que, además, la información solicitada hace parte de la historia clínica de los pacientes y que como médico anestesiólogo debería saber que están sometidas a reserva. Así las cosas la junta decidió “no proporcionarle la certificación solicitada y mucho menos fotocopia autenticada de tales documentos” (fl. 125).

iv) La indicación de un término durante el cual el acusado pueda formular sus descargos, controvertir las pruebas en su contra y allegar las que considere necesarias para sustentar sus descargos.

Dentro del proceso adelantado contra el actor permanentemente se le citó a descargos y a que solicitara la práctica de las pruebas que pretendiera hacer valer en su favor (9) . El actor mediante diversas comunicaciones manifestó su voluntad de no asistir por considerar que en el proceso adelantado se desconocía el principio de imparcialidad e igualdad. Puso varias condiciones para asistir: cuando la Superintendencia de Sociedades se pronunciara, hubiera una decisión judicial o se resolviera la recusación propuesta; cuando las acciones legales determinaran si había o no lugar a que la clínica certificara las anestesias simultáneas de otros médicos de la clínica (10) , también consideró que citarlo a descargos después de haber sido cautelarmente suspendido era improcedente. De lo anterior se concluye entonces, que el actor no hizo uso de la oportunidad procesal para defenderse.

(9) Ver comunicaciones del 17 y 30 de noviembre de 2000, 28 de diciembre de 2000, el 19 de enero y 31 de julio de 2001.

(10) Ver comunicaciones del 27 de noviembre de 2000, 1º de diciembre de 2000, 29 de enero de 2001 y 6 de agosto de 2001.

Si bien es cierto que el señor Mesa López buscó probar que el suministro de anestesia simultánea era de común ocurrencia en la clínica (11) , dichas pruebas, no se dirigían a su defensa personal, es decir, a desvirtuar los cargos en su contra. Ello explica que la práctica de tales pruebas hubiera sido negada.

(11) Ver escritos del actor del 11 de octubre y 16 de diciembre de 2000 y la comunicación del 2 y 3 de enero de 2001 en los que la junta directiva contesta un derecho de petición del actor en el que le dice que puede estar tranquilo porque ya se adelanta una investigación contra el anestesiólogo José Valencia Palacio y que respecto de su solicitud de investigación del director médico, la junta directiva “considera improcedente decretar apertura de investigación disciplinaria en contra del director médico, pues a juicio de la misma el referenciado profesional cumple en forma satisfactoria con las funciones propias de su cargo”. //En cuanto a la solicitud de investigación disciplinaria a todos los anestesiólogos señalan que, si bien el artículo 39 prescribe que todo miembro del cuerpo médico, auxiliar o administrativo que tenga conocimiento de alguna irregularidad que pueda dar lugar al inicio de una investigación con respecto a un miembro del cuerpo médico tiene la obligación de reportarlo al director médico, la junta directiva considera indispensable, de acuerdo a las reglas de la sana crítica, que se tipifiquen las faltas cometidas, que se individualicen cada uno de los eventos, pacientes, fecha, hora y que se señale con toda claridad al presunto infractor. Por lo tanto no pueden abrir investigación a un grupo indeterminado de personas por unas supuestas faltas que no se individualizan.

El actor mediante derecho de petición de fecha 19 de enero de 2001 y “con el fin de sustentar [su] defensa dentro de la investigación disciplinaria” solicitó que se certificara, desde el 1º de enero de 2000 cuántas cirugías se hicieron diariamente, su fecha, hora y día de acuerdo a la programación, la identidad de paciente, cirujano, anestesiólogo y enfermera en jefe, hora de iniciación y terminación de cada cirugía y récord de anestesia. Solicita fotocopia auténtica del soporte documental y manifiesta que “como quiera que lo requerido lo utilizaré en mi defensa como ya se anotó, aprovecho la oportunidad para solicitar de esa corporación que se sirva aplazar la diligencia de descargo...” (fl. 124). Posteriormente solicitó que la certificación abarcara también al año 1999. El mismo día, el presidente de la junta directiva respondió su derecho de petición diciéndole que era “notoriamente impertinente para la sustentación de su defensa dentro del proceso de investigación disciplinaria que actualmente se adelanta, la información solicitada por usted”. //Señala que es incomprensible, que solicite información sobre 12.000 procedimientos, 7.000 del 2.000 y 5.000 de 1999 y que, además, la información solicitada hace parte de la historia clínica de los pacientes y que como médico anestesiólogo debería saber que están sometidas a reserva. Así las cosas la junta decidió “no proporcionarle la certificación solicitada y mucho menos fotocopia autenticada de tales documentos” (fl. 125).

v) El pronunciamiento definitivo de las autoridades competentes mediante un acto motivado y congruente.

De acuerdo al acta 308 de junta directiva, la sanción de retiro del actor se decretó con base en la causal c) del artículo 45, es decir, por haber “incurrido en faltas de extrema severidad y gravedad”, lo cual se armonizaba y concordaba con el “(...) artículo 9º literales a), c) y e) y el artículo 56, literales b) y d) y el literal g) del artículo 80 de dicho reglamento”. Analizando el contenido de tales normas se observa cómo el artículo 9º se refiere a las obligaciones del cuerpo médico de a) guiarse en el ejercicio profesional por principios éticos y científicos, de acuerdo a la ley, los estatutos y el reglamento; c) cumplir y respetar la asignación de los turnos de llamada y de las prerrogativas ciñéndose a la adjudicación y e) cumplir con las normas de la ley, los estatutos y el reglamento en el ejercicio de su profesión. El segundo artículo citado, el artículo 56, se ocupa nuevamente de las obligaciones del cuerpo medico así, en el literal b) se consigna la obligación de ejercer la profesión con el más alto sentido profesional de acuerdo a la ley, la moral social y el presente reglamento, y, en el d), a cumplir con las prescripciones consagradas del reglamento para el ejercicio de la profesión, las instrucciones y condiciones para la atención de los pacientes y el régimen de honorarios. Finalmente el literal g) del artículo 80 dice que es función de la junta directiva retirar a los miembros del cuerpo médico.

De lo anterior concluye la Sala que el pronunciamiento definitivo se realizó en forma motivada y congruente. Advierte la Sala que dicho acto pudo haberse motivado con mayor detalle (12) , es decir, (i) explicitando las razones por las que resulta grave la práctica de anestesias simultáneas respecto de los pacientes quirúrgicamente intervenidos (ii) resaltando el número de veces en que dicha falta fue cometida por el actor y, (iii) resumiendo los temas y consideraciones que fueron debatidos ampliamente para tomar la decisión final (13) . No obstante, en el contexto del caso y a la luz de los hechos y normas reglamentarias citadas, la motivación fue suficiente para que el investigado supiera por qué estaba siendo procesado y sancionado y frente a qué argumentos de hecho y de derecho podía defenderse. La motivación también es suficiente para controlar que no se haya incurrido en una arbitrariedad.

(12) La motivación de una decisión conlleva la publicidad de las razones que condujeron a la sanción impartida, y por ende, constituyen el fundamento mismo del derecho a la defensa del inculpado; a través de la motivación se materializa el control a la arbitrariedad y la discrecionalidad de las sanciones que imponen agentes en situación de predominio. Sobre la importancia de motivar las decisiones, en tanto que mecanismo de publicidad de la decisión adoptada, la Corte, aunque refiriéndose a esa ocasión a la motivación de actos administrativos, insistió en que “La motivación del acto, contenida dentro de lo que usualmente se denomina “los considerandos” del acto, es una declaratoria de cuáles son las circunstancias de hecho y de derecho que han llevado a la emanación, o sea los motivos o presupuestos del acto; constituye por lo tanto la fundamentación fáctica y jurídica con que la administración entiende sostener la legitimidad y oportunidad de la decisión tomada y es el punto de partida para el juzgamiento de esa legitimidad. De la motivación sólo puede prescindirse en los actos tácitos, pues allí no hay siquiera una manifestación de voluntad; salvo en ese caso, ella es tan necesaria en los actos escritos como en los actos verbales” (C. Cons., Sent. SU-250/98, M.P. Alejandro Martínez Caballero).

(13) Subraya la Sala que a lo largo del proceso y dentro del pronunciamiento definitivo mismo, se usó automáticamente la fórmula “luego de debatir ampliamente” sin que, siquiera, se ilustraran los temas debatidos.

vi) la imposición de una sanción proporcional a los hechos que la motivaron; y la posibilidad de que el encartado pueda controvertir, mediante los recursos pertinentes, todas y cada una de las decisiones.

Con base en las disposiciones del reglamento (14) se observa que el proceso prevé sanciones que van desde la amonestación hasta el retiro del cuerpo médico, pasando por su suspensión.

(14) El capítulo X, trata sobre la amonestación y suspensión de los miembros del cuerpo médico. En su artículo 34 se establece que la junta directiva puede realizar amonestaciones verbales o escritas a los miembros que contraríen el reglamento y que dos amonestaciones escritas dan lugar a 2 meses de suspensión; el artículo 35 señala las 5 causales por las que la junta directiva puede suspender a un miembro. En el capítulo siguiente, que trata sobre el retiro de miembros del cuerpo médico, el reglamento, en su artículo 45, dispone que la junta directiva puede decretar el retiro por cualquiera de las seis causas allí previstas.

En el caso concreto, la sanción de retiro del señor Mesa López se decretó en virtud de la causal c) del artículo 45, es decir “Cuando el miembro del cuerpo médico haya incurrido en faltas de extrema severidad y gravedad”. Resalta la Sala que no corresponde al juez de tutela evaluar qué falta resulta de “extrema severidad y gravedad”, salvo que se evidenciare un error manifiesto en la apreciación efectuada por el órgano disciplinario de la clínica.

Ahora, si se tiene en cuenta que el actor, al practicar, reiteradamente anestesias simultáneas, ponía en peligro con regularidad la vida de los pacientes y que cada vez que ello ocurría estaba contraviniendo expresamente el manual de normas técnico administrativas de cirugía y anestesia, y desconociendo las obligaciones del reglamento que se había comprometido a respetar, la Sala concluye que no se constata un error manifiesto de apreciación ni una desproporción en la sanción impuesta como resultado de la conducta del actor.

En lo relativo a la relación entre la sanción del actor y la sanción de amonestación impuesta al otro anestesiólogo, entiende la Sala que ello se debe a que la falta del actor no es singular, sino que denota una práctica frecuente en el ejercicio de su profesión.

En lo referente a la oportunidad de presentar recursos, se observa que este requisito también se verificó a lo largo del proceso. De ello dan cuenta los recursos de reposición que presentó el actor el 11 y 12 de octubre de 2000, y el 16 de diciembre del mismo año.

Finalmente, respecto de la recusación solicitada por el actor, la cual fue estudiada pero no prosperó ante el comité médico encargado de la investigación (15) , la Sala considera que con ello no se violó el debido proceso. Si bien es cierto que el actor, el 28 de julio de 2000, fecha anterior al inicio del proceso, denunció penalmente a los miembros de la junta directiva de la clínica, al revisor fiscal y a la contadora de la clínica, también es cierto que la denuncia penal sólo abarcaba a uno de los miembros que integraba el comité médico. En todo caso, para que una solicitud de recusación prospere ésta debe enmarcarse en una de las causales que para el efecto prevé el Código de Procedimiento Civil y deberá explicar en forma clara y precisa que el recusado no tiene la capacidad de tomar una decisión justa e imparcial en ese caso concreto (16) .

(15) Cfr. folio 71 observa la Corte que en su negación de recusación, el comité médico manifestó que la recusación no estaba contemplada en el reglamento.

(16) “Ya la Corte, en anterior pronunciamiento, había tenido oportunidad de precisar que el uso inadecuado y desmedido de la figura de la recusación produce un efecto perverso y contrario a su finalidad —garantizar la independencia e imparcialidad judicial—, desconociendo entonces intereses constitucionales de la más alta estima, a su vez relacionadas con el libre acceso a la administración de justicia, la celeridad en las actuaciones judiciales y la efectividad de los deberes sociales del Estado, materializados en la necesidad de que las autoridades jurisdiccionales resuelvan con prontitud las controversias que se tramitan en su seno” (C. Const., Sent. C-365/00, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa).

Por tanto, y habiéndose verificado por esta Sala el cumplimiento de los requisitos mínimos de un debido proceso disciplinario adelantado por particulares, y que, las irregularidades que se presentaron fueron subsanadas dentro del proceso mismo, o bien no tienen la entidad suficiente como para que se haya configurado una vía de hecho que justifique que el juez de tutela invalide la decisión del órgano disciplinario, esta Sala decide no conceder el amparo solicitado por el actor.

Advierte la Sala que el actor alega que el proceso disciplinario en su contra fue una retaliación por haber él denunciado penalmente a algunos directivos de la clínica. No aparece probado en el expediente que el proceso disciplinario careciera de sustento empírico objetivo, puesto que sí se demostró la práctica de anestesias simultáneas, y que haya sido convertido en un instrumento de retaliación. Además, la Sala se referirá expresamente a irregularidades que obran en el expediente.

5. Necesidad de impedir que continúen las irregularidades que ponen en peligro la vida de los pacientes, en especial la práctica de anestesia simultáneas.

Por ultimo, se agrega que a lo largo del proceso la Sala pudo constatar que la clínica no funciona con la diligencia que requiere la prestación del servicio público de salud. Entre otras manifestaciones de negligencia, se destaca:

i) Que las anestesias simultáneas, es decir, que la práctica prohibida, ocurrió en la presencia y con el concurso de otros miembros de la clínica.

ii) Que según el artículo 39 del reglamento es obligación de cualquier miembro médico o administrativo de la clínica reportar una irregularidad que pudiera dar lugar al inicio de una investigación. En este caso nadie cumplió la obligación de reportar cualquiera de las 17 anestesias simultáneas.

iii) Que según lo dispuesto en el artículo 103, es función del director médico supervisar e inspeccionar el ejercicio profesional del cuerpo médico, velar por una excelente prestación del servicio, cumplir y hacer cumplir el reglamento y comunicar a los órganos competentes el incumplimiento, las faltas y violaciones al reglamento por parte del cuerpo médico. Por lo tanto, la constatación de 17 anestesias simultáneas incide en el cumplimiento de las funciones del director médico. Es altamente preocupante que, por lo menos, en 17 ocasiones la clínica no impidió que se pusiera en riesgo la salud y la vida de los pacientes intervenidos.

En consecuencia, la Sala ordenará compulsar copias del expediente y de la presente sentencia a la Secretaría Departamental de Salud de Antioquia para que investigue el cumplimiento de las obligaciones que le corresponden a la Clínica El Sagrado Corazón en la prestación del servicio de salud.

III. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR, por las razones expuestas, la sentencia de marzo veinticinco (25) de 2002, de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, mediante la cual se revocó el fallo del Tribunal Superior de Medellín, que había concedido la tutela del derecho al debido proceso del actor el 19 de febrero de 2002.

2. COMPULSAR copias del expediente y de la presente sentencia a la Secretaría Departamental de Antioquia, para que investigue la calidad de la prestación del servicio público de salud.

3. Por secretaría general, líbrense las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.

Notifíquese, comuníquese, cópiese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.

_____________________________________