Sentencia T-088 de febrero 17 de 2009 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA SÉPTIMA DE REVISIÓN

Sentencia T-088 de 2009 

Ref.: Expediente T-2046488

Magistrado Ponente:

Dr. Nilson Pinilla Pinilla

Acción de tutela instaurada por Amado de Jesús Piedrahita Sánchez, contra la Cooperativa Financiera Coofinep.

Procedencia: Juzgado Noveno Penal Municipal con función de control de garantías de Medellín.

Bogotá, D.C., febrero diecisiete de de dos mil nueve.

La Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Nilson Pinilla Pinilla, Humberto Antonio Sierra Porto y Clara Inés Vargas Hernández, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales ha proferido la siguiente

Sentencia

En la revisión del fallo adoptado por el Juzgado Noveno Penal Municipal con función de control de garantías de Medellín, dentro de la acción de tutela instaurada por Amado Piedrahita Sánchez, en contra de la Cooperativa Financiera Coofinep.

El asunto llegó a la Corte Constitucional por remisión que hizo el referido despacho, en virtud de lo dispuesto por el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, y fue escogido por la Sala de Selección 10, en octubre 9 de 2008.

I. Antecedentes

1. Hechos y narración efectuada en la demanda.

En su escrito el actor afirma tener 66 años de edad, ser pensionado del Seguro Social y haber trabajado 28 años en las Empresas Públicas de Medellín.

Asegura que “tenía una deuda con la Cooperativa Coofinep de EPM la cual en el mes de mayo de 2006 me hicieron cobro jurídico embargándome la pensión. Mi pensión mensual es de $ 953.000 y la cooperativa me está deduciendo mensual $ 476.688 mas fuera(sic) $ 119.000 que me están deduciendo mensual para el departamento médico de EPM, quedándome mensual $ 357.000” (fl. 1 cdno. inicial).

Finalmente, expresa que tiene tres menores de edad estudiando y con el embargo más la deducción por concepto de salud, el ingreso que percibe mensualmente no le alcanza, además por su edad ya no puede conseguir trabajo.

2. Pretensión.

En su breve escrito el actor no especifica qué derecho fundamental considera vulnerado y anota que presenta la demanda “para ver si el juzgado me colabora y me hacen rebajar la cuota mensual que la cooperativa Coofinep me está deduciendo”.

3. Trámite procesal.

En julio 4 de 2008, el Juzgado Noveno Penal Municipal con función de control de garantías de Medellín, admite la tutela y ordena oficiar al representante legal de la Cooperativa Financiera Coofinep, pidiéndole que en el término de 2 días se pronuncie sobre la totalidad de los hechos que dan origen a la presente acción.

Respuesta del apoderado de la Cooperativa Financiera.

El apoderado de la cooperativa demandada solicita que “se desestime la acción de tutela interpuesta”, anotando que la práctica de embargos (medidas cautelares) sobre bienes de propiedad de los demandados en procesos civiles, es un acto legítimo, amparado por la ley y la Constitución, sin que pueda considerarse que constituya “una medida atentatoria contra los derechos fundamentales del accionante” (fl. 8 ib.).

Así mismo, aduce que el artículo 517 del Código de Procedimiento Civil señala el trámite que se debe seguir para solicitar el desembargo de bienes cuando se juzga excesivo, “procedimiento que el tutelante no ha agotado”. Por tanto, considera que la tutela es improcedente por la existencia de otro mecanismo de defensa judicial.

4. Sentencia única de instancia.

El Juzgado Noveno Penal Municipal con función de control de garantías de Medellín, en fallo de julio 17 de 2008, que no fue recurrido, deniega la tutela.

Recuerda los requisitos establecidos en el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991 y su desarrollo jurisprudencial, para considerar que en este caso es improcedente la acción de tutela en contra de la cooperativa demandada, pues no se configura ninguna situación que la permita.

En relación con la pretensión principal, señala que el señor Piedrahita Sánchez solicita que se ordene a la entidad demandada, que le reduzca la cuota mensual que actualmente se le deduce, que obedece a un cobro jurídico, que dio como resultado el embargo de parte de su pensión, pero para esa pretensión existen otras herramientas procesales de defensa en el ejecutivo que se adelanta en su contra.

Así, concluye afirmando que la tutela no es el medio idóneo para definir la pretensión del demandante.

II. Consideraciones de la Corte Constitucional

Primera. Competencia.

La Corte es competente para conocer esta demanda en Sala de Revisión, en virtud de lo dispuesto en los artículos 86 y 241, numeral 9º, de la Constitución Política y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.

Segunda. Lo que se debate.

Corresponde a esta Sala de Revisión analizar y determinar si se ha vulnerado algún derecho fundamental del señor Amado Piedrahita Sánchez por parte de la Cooperativa Financiera Coofinep, en cuanto se está descontando de la pensión del accionante $ 476.688 mensuales, por un embargo.

Pese a que el actor no señala cuál es el derecho que considera vulnerado, la Corte analizará si la situación descrita en la demanda afecta alguno; según se desprende de los antecedentes, la inconformidad radica en que la suma que recibe después del descuento realizado por la entidad demandada no le “alcanza para nada”.

Tercera. Acción de tutela contra cooperativas. Procedencia.

Previo a la resolución del asunto es válido recordar brevemente cómo procede excepcionalmente la acción de tutela contra entidades particulares, específicamente en el caso de las cooperativas, en cuanto, como esta corporación ha manifestado (1) , su objeto social comprende desarrollar actividades de financiación de sus asociados, adquiriendo una posición de preeminencia frente a los usuarios, que se subordinan a una serie de condiciones, a las que no tienen alternativa diferente a someterse para que les sea otorgado un crédito.

Cuarta. La pensión es inembargable. Excepciones.

La Ley 100 de 1993, en el numeral 5º del artículo 134 señala que las pensiones y demás prestaciones garantizadas por el sistema general de pensiones tienen el carácter de inembargables “cualquiera que sea su cuantía, salvo que se trate de embargos de pensiones alimenticias o crédito a favor de cooperativas”.

Por su parte, el artículo 344 del Código Sustantivo de Trabajo establece que cuando se trate de embargos sobre pensiones alimenticias o créditos a favor de cooperativas, estos no podrán exceder del 50% del valor de la prestación.

Al respecto en Sentencia T-183 de mayo 7 de 1996, con ponencia del Magistrado José Gregorio Hernández Galindo, esta corporación expuso:

“La pensión de jubilación, una de las prestaciones sociales básicas, tuvo un origen legal pero goza hoy de jerarquía constitucional, pues aparece expresamente consagrada en el artículo 53 de la Carta Política, motivo por el cual constituye una conquista laboral del más alto nivel que no puede ser suprimida ni desconocida por el legislador.

Objeto primordial de las pensiones es el de garantizar al trabajador que, una vez transcurrido un cierto lapso de prestación de servicios personales y alcanzado el tope de edad que la ley define, podrá pasar al retiro sin que ello signifique la pérdida del derecho a unos ingresos regulares que le permitan su digna subsistencia y la de su familia, durante una etapa de la vida en que, cumplido ya el deber social en que consiste el trabajo y disminuida su fuerza laboral, requiere una compensación por sus esfuerzos y la razonable diferencia de trato que amerita la vejez.

Dice la Constitución que el Estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales (C.P., art. 53), a la par que, según perentorio mandato, el Estado, la sociedad y la familia concurrirán para la protección y la asistencia de las personas de la tercera edad y promoverán su integración a la vida activa y comunitaria (C.P., art. 46).

(...).

Los recursos que se asignan al pago de las mesadas pensionales tienen, entonces, una destinación especifica ordenada por la propia Constitución y, en consecuencia, sobre la finalidad que cumplen no puede hacerse prevalecer otra, como podría ser la de asegurar la solución de las eventuales deudas a cargo del pensionado.

Se trata de dineros que, si bien hacen parte del patrimonio del beneficiario de la pensión, no constituyen prenda común de los acreedores de aquél, pues gozan de la garantía de inembargabilidad, plasmada como regla general y vinculante, con las excepciones legales, que son de interpretación y aplicación restrictiva”.

Igualmente, en Sentencia C-589 de diciembre 7 de 1995 con ponencia del magistrado Fabio Morón Díaz, se declaró exequible el artículo 156 del Código Sustantivo del Trabajo, que permite embargar a favor de las cooperativas legalmente autorizadas hasta el 50% del salario, considerando que en razón a su naturaleza y fines gozan de especial protección y prerrogativas, tal como se deriva de los artículos 58 y 333 de la Constitución.

Por tanto, las cooperativas están autorizadas para embargar ingresos de origen laboral, incluidas las pensiones, sin exceder el 50%, cuando a ello hubiera lugar.

Quinta. Análisis del caso concreto.

De conformidad con los enunciados normativos y jurisprudenciales a los que se ha hecho breve referencia, es claro que la cooperativa demandada está facultada para demandar y obtener el embargo de pensiones, siempre y cuando no exceda el 50% de su valor.

En el caso objeto de revisión, la pensión del actor, es de $ 953.376 y el descuento por el embargo a favor de la entidad demandada asciende a $ 476.688, es decir la mitad de su mesada pensional, independientemente de los descuentos correspondientes a salud.

Obra en el expediente (fl. 3, cdno. inicial) un pagaré suscrito por el actor y la Cooperativa Financiera Coofinep en julio de 2005, por valor de $ 11.000.000, en donde él adquirió la obligación de pagar 260 cuotas semanales de $ 66.473.79, hasta cancelar la totalidad de la deuda.

Sin embargo, ante el incumplimiento de la obligación por parte del ahora accionante, Coofinep interpuso acción ejecutiva en su contra, en desarrollo de la cual se decretó como medida cautelar el embargo del 50% del valor de la pensión, quedando a su favor la suma de $ 476.688, es decir recibe un poco más que el salario mínimo legal vigente del año 2008, cuando se interpuso la acción, cuyo valor era $ 461.500 (D. 4965/2008, dic. 27), sin que tenga que considerarse el descuento legal por concepto de salud, que es en su beneficio, pues de no disfrutar de tal servicio así descontado, habría de asumir todos los gastos que suelen ser intempestivos y más onerosos, con mayor impacto contra sus ingresos.

Es decir, la conducta de la accionada no resulta arbitraria ni desproporcionada, ni desconoce derecho fundamental alguno del actor, y aunque en el escrito de tutela manifiesta que lo que recibe “alcanza para nada”, no es viable por este mecanismo de defensa constitucional alterar una orden judicial por el incumplimiento de una obligación previamente pactada, pues esto sería invadir la competencia en asuntos reservados a los jueces civiles.

Con todo, es necesario advertir que aunque puede el juez de tutela, como garante de la Constitución, analizar más allá de los hechos que ante él se exponen, como por ejemplo si eventualmente la situación afecta el mínimo vital de quien incoa la acción, en este caso el actor no establece dicha afectación, pues sólo explica que tiene 66 años y “tres menores de edad estudiando”, pero no explica si son sus hijos, sus nietos o, en todo caso, si dependen económicamente de él, cómo y por qué.

Aunado a lo anterior, el demandante no hace referencia, ni anexa al expediente su capacidad de conciliación ante el compromiso adquirido con la cooperativa; simplemente espera que el juzgado “colabore” con una situación que en principio estaba pactada en cuotas semanales de $ 66.473,79.

Por tanto debía el accionante dentro del proceso ejecutivo que se inició en su contra, buscar alguna fórmula de arreglo que le permitiera cumplir con su obligación sin afectar sus pagos mensuales, asunto que escapa de la competencia del juez de tutela.

Por las razones expresadas brevemente (D. 2591/91, art. 35) se confirmará la sentencia objeto de revisión, en la cual se denegó el amparo de tutela.

III. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la sentencia de julio 17 de 2008, proferida por el Juzgado Noveno Penal Municipal con función de control de garantías de Medellín, en cuanto denegó la tutela solicitada por el señor Amado Piedrahita Sánchez, contra la Cooperativa Financiera Coofinep.

2. Por secretaría general, LÍBRESE la comunicación a que se refiere el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.

Notifíquese, comuníquese, publíquese e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. Cúmplase.

Magistrados: Nilson Pinilla Pinilla—Humberto Antonio Sierra Porto, con salvamento de voto—Clara Inés Vargas Hernández.

Martha V. Sáchica de Moncaleano, Secretaria General.

(1) Cfr. T-166 de febrero 21 de 2008, con ponencia del magistrado Manuel José Cepeda Espinosa: “la acción se dirige contra una cooperativa, de naturaleza privada que, si bien no es una entidad bancaria, su objeto social comprende desarrollar actividades de financiación de sus asociados. Sobre este punto ha manifestado esta corporación que ‘... la Corte Constitucional ha dejado en claro que si un particular asume la prestación de la actividad bancaria adquiere una posición de supremacía material —con relevancia jurídica— frente al usuario; es decir, recibe unas atribuciones especiales que rompen el plano de igualdad referido, y que, por ende, en algunos casos, sus acciones u omisiones pueden vulnerar un derecho constitucional fundamental que requiere de la inmediata protección judicial’. Esto es aplicable mutatis mutandi al servicio prestado por la cooperativa accionada”.

_______________________________