Sentencia T-891 de noviembre 2 de 2006 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA SEGUNDA DE REVISIÓN

Sentencia T-891 de 2006 

Ref.: Expediente T-1393706

Magistrado ponente:

Dr. Nilson Pinilla Pinilla

Acción de tutela instaurada por la señora Beatriz Henao Arroyabe, contra el Departamento de Policía del Magdalena Medio.

Procedencia: Juzgado Promiscuo de Familia de Puerto Boyacá (Boyacá)

Sentencia aprobada en Bogotá D.C., a los dos días del mes de noviembre del año dos mil seis.

La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Nilson Pinilla Pinilla, Manuel José Cepeda Espinosa y Jaime Córdoba Triviño, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente

Sentencia

en el proceso de revisión del fallo dictado por el Juzgado Promiscuo de Familia de Puerto Boyacá, de fecha 23 de junio de 2006, en la acción de tutela presentada por la señora Beatriz Henao Arroyabe, contra el Departamento de Policía del Magdalena Medio.

El expediente llegó a la Corte Constitucional, por remisión que hizo el Juzgado, en virtud de lo ordenado por el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. La Sala de Selección de Tutelas Número Ocho de la Corte, en auto de fecha 10 de agosto de 2006 eligió, para efectos de su revisión, el expediente de la referencia.

I. Antecedentes

La señora Beatriz Henao Arroyabe, presentó el 9 de junio de 2006 acción de tutela contra el Departamento de Policía del Magdalena Medio, con el fin de que se le ampare su derecho fundamental de petición, frente a la siguiente situación fáctica.

1. Hechos.

Según comunicación enviada por la peticionaria al Comandante del Departamento de Policía del Magdalena Medio con sede en Barrancabermeja, el día 14 de enero de 2005, auxiliares bachilleres de la policía al mando del Sargento William Vargas Laguna, inmovilizaron la bicicleta de su propiedad que conducía su esposo, pidiendo demostrar la titularidad de la misma.

Cumpliendo con lo solicitado, la actora llevó los documentos del vehículo a la policía, requiriendo su entrega. Sin embargo, el velocípedo no fue hallado, por lo cual el 7 de mayo del mismo año presentó ante el Comandante del Departamento de Policía del Magdalena Medio, una queja en la que exigió las investigaciones correspondientes a fin de que le sea devuelta su bicicleta.

El 11 de julio de 2005, el Comandante del Departamento de Policía de Magdalena Medio en oficio 0364, informó a la actora que las diligencias relacionadas con la situación presentada con personal adscrito a la Estación de Policía de Puerto Boyacá, fueron remitidas a la oficina de asuntos disciplinarios del Comando del Magdalena Medio, “quienes se encargarán de adelantar los procedimientos necesarios para aclarar el asunto y determinar responsables”.

El 10 de mayo de 2006, la actora mediante derecho de petición solicitó información acerca de su bicicleta, la cual afirma “era el medio de trasporte y sustento para mi familia”.

El 15 del mismo mes, la Dirección General de la Policía Nacional le informó a la actora que se tramitó un memorando al señor Brigadier General Jaime Augusto Vera Garavito, Inspector General, para que atienda y de respuesta a su requerimiento en términos de ley.

El 17 de mayo de 2006, el referido inspector general remitió al Comandante del Departamento de Policía del Magdalena Medio el memorando suscrito por la actora, con el fin de que se solucione el problema planteado y se responda el derecho de petición.

2. El derecho fundamental presuntamente vulnerado y lo que se pretende.

En busca de proteger el derecho de petición, considera la actora que se debe ordenar que sea absuelta su solicitud y resuelto su problema, efectuando las investigaciones correspondientes y que se devuelva su vehículo, ya que este constituye el medio de subsistencia de su familia.

3. Trámite de la acción.

El escrito de tutela y sus anexos fue radicado en junio 9 de 2006, ante el Juzgado Promiscuo del Circuito de Puerto Boyacá. Una vez efectuado el reparto correspondiente, conoció el Juzgado Promiscuo de Familia de Puerto Boyacá, despacho que mediante auto del 12 de junio del año en curso, admitió la acción y ordenó su notificación al accionado, Comandante del Departamento de Policía del Magdalena Medio.

Recibida la información requerida, el despacho judicial entró a resolver la solicitud de amparo.

4. Sentencia de instancia.

Mediante sentencia de 23 de junio de 2006, el Juzgado Promiscuo de Familia de Puerto Boyacá negó la acción de tutela de la referencia, por considerar que el demandado dio trámite a la queja presentada por la actora, que trasladó al Departamento de Policía de Puerto Boyacá por estimarla de su competencia, como se deduce de los escritos obrantes dentro del expediente.

Consideró que el derecho de petición tiene unas finalidades específicas como son resolver consultas, dar información, ordenar expedir copias de documentos y no precisamente resolver asuntos que tienen unos procedimientos legalmente establecidos en el ámbito disciplinario y de la jurisdicción ordinaria. Entendió entonces que en este caso el demandado atendió la inquietud de la actora, siguiendo el procedimiento que consideró pertinente.

II. Consideraciones de la Corte Constitucional

1. Competencia.

La Corte Constitucional es competente para decidir en Sala de revisión, sobre el asunto de la referencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 241, numeral 9º, de la Constitución, y 33 y 34 del decreto 2591 de 1991.

2. El asunto objeto de discusión.

Corresponde a esta Sala establecer si, en el presente asunto, existió vulneración del derecho de petición por parte del Comandante del Departamento de Policía del Magdalena Medio, en razón de la tramitación que esa dependencia le suministró a la solicitud que la actora elevó con el fin de obtener información sobre la bicicleta irregularmente retenida.

3. Las respuestas meramente formales no satisfacen el núcleo esencial del derecho de petición.

El artículo 23 de la Constitución Política, al consagrar el derecho de petición, señala: “Todas las personas tiene derecho a presentar solicitudes respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución”.

Por tanto, este derecho se traduce en la facultad que tienen las personas de elevar ante las autoridades públicas y los particulares que presten un servicio público, solicitudes de carácter particular o general a fin de que éstas den respuesta en un término específico.

La respuesta puede o no satisfacer los intereses de quien ha elevado la solicitud, en el sentido de acceder o no a sus pretensiones, pero siempre debe expedirse una contestación que le permita al peticionario conocer cuál es la voluntad de la administración frente al asunto planteado. Así, se satisface este derecho cuando se emite respuesta que atienda en forma sustancial la materia objeto de la solicitud, sin importar el sentido de la misma.

Para la Corte las respuestas evasivas o meramente formales, aunque hayan sido producidas en tiempo, vulneran el derecho de petición, ya que así, la administración elude el cumplimiento de un deber y desconoce el principio de eficacia que inspira la función administrativa. Al respecto se ha dicho:

“… [l]a respuesta aparente pero que en realidad no niega ni concede lo pedido, desorienta al peticionario y le impide una mínima certidumbre acerca de la conducta que debe observar frente a la administración y respecto de sus propias necesidades o inquietudes: no puede hacer efectiva su pretensión, pero tampoco tiene la seguridad de que ella sea fallida.

Tal circunstancia hace inútil el derecho fundamental del que se trata y, por tanto, cuando ella se presenta, debe considerarse vulnerado el artículo 23 de la Carta Política” (1) .

4. El caso concreto.

En el asunto analizado, se afirma que el Departamento de Policía del Magdalena Medio, ha vulnerado el derecho de petición que le asiste a la señora Henao Arroyabe, porque a la fecha no ha expedido una respuesta que efectivamente informe el trámite dado a sus peticiones, ni si se han adelantado las investigaciones y actuaciones correspondientes para obtener su bicicleta.

Según se puede constatar en las copias que obran en el expediente, el Comandante del Departamento de Policía del Magdalena Medio ha tratado de dar respuesta a cada una de las peticiones que la actora ha elevado, pero la solución otorgada a su reclamo continua en indefinición, pues hasta el momento no se sabe que pasó con la bicicleta de la actora, ni si ésta será devuelta o no.

En julio 11 de 2005 el Comandante del Departamento de Policía del Magdalena Medio, le notificó a la actora que las diligencias fueron remitidas a asuntos disciplinarios, para adelantar los procedimientos conducentes a aclarar el asunto y determinar los posibles responsables. Igualmente, le informó a la peticionaria que podía comunicarse con un subteniente de la policía, jefe de la oficina de asuntos disciplinarios, para que pueda estar al tanto del procedimiento a seguir (fl. 5).

En mayo 24 de 2006, el mismo comandante comunicó a la actora que remitió su queja proveniente de la Procuraduría Provincial de Barrancabermeja a la oficina de control disciplinario del Departamento de Policía Boyacá, donde se adelanta la investigación preliminar en contra del Sargento William Vargas Laguna, quien según lo manifestado por la demandante, fue quien hizo que se retuviera su bicicleta.

De esta forma, para la Corte es claro que si bien en ningún momento la entidad acusada ha prohijado la actuación de quien retuvo la bicicleta de la demandante, ya que, efectivamente y como se ve, está adelantando las investigaciones disciplinarias correspondientes frente a quien habría ordenado la retención del vehículo, con respecto a la solicitud elevada por la actora la actuación de la policía no ha sido efectiva.

Si se lee con detenimiento las respuestas dadas por el Comandante del Departamento de Policía de Magdalena Medio, al parecer la institución se ha encaminado a observar el procedimiento utilizado por el Sargento que retuvo la bicicleta, pero no existe una solución de fondo que satisfaga el derecho de petición de la demandante, quien lo que desde el principio pretende saber es cuando van a devolverle la bicicleta retenida, la que, según dice, constituye un medio de subsistencia para su familia (fl. 11).

Así, el argumento que esgrime el juez de instancia, en el sentido de que la entidad acusada no ha vulnerado el derecho de petición de la actora por considerar que se dio trámite a la queja presentada, no es de recibo, pues el fondo de la solicitud hecha por la demandante no ha sido resuelto. Es decir, pese a que el comandante de la policía ha realizado algunas diligencias tendientes a resolver la petición de la actora, no se ha producido por la institución un acto administrativo que resuelva de manera clara, concreta y específica qué pasó con la bicicleta y cuándo va a ser devuelta.

Recuérdese que las actuaciones de la policía deben orientarse esencialmente a coadyuvar a hacer realidad los mandatos constitucionales de protección de las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, en busca de la convivencia pacífica, y la vigencia de un orden justo (C.P., art. 2º).

Además, los titulares del poder de policía y quienes ejercen el control sobre su ejercicio, deben tener en cuenta que los derechos y las libertades de los individuos, constituyen no sólo su razón de ser, sino su límite.

Por lo anterior, aunado al hecho de que según la actora la bicicleta brindaba sustento a su familia, aserto que no ha sido contradicho, esta Sala considera que la institución demandada desconoció, además, el derecho al mínimo vital de la accionante, entendido como requerimiento básico e indispensable para asegurar su digna subsistencia, en cuanto de allí deriva la preservación de una calidad de vida que, no obstante su modestia, coadyuva a satisfacer las necesidades más elementales del ser humano.

Como tampoco ha sido desvirtuado lo anómalo de la no devolución de la bicicleta, retención que carece de soporte lícito, el velocípedo debe ser entregado a la accionante, o su valor presente, dentro del mismo plazo máximo al que en seguida se hace mención.

Por consiguiente, de una parte se observa que la Policía Nacional no ha satisfecho el derecho fundamental de petición de la demandante, y de otra, que ha vulnerado su mínimo vital, por lo cual la Sala ordenará a la entidad demandada, a través del Comandante del Departamento de Policía del Magdalena Medio que, si no lo hubiere hecho, en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de esta providencia conteste de fondo la solicitud presentada por la señora Henao Arroyabe, respuesta que no sólo consistirá en informarle qué trámites se han adelantado para recuperar su bicicleta, sino que, en atención del derecho al mínimo vital y como no existe razón lícita que justifique la retención, debe incluir su devolución a la accionante en el mismo estado en que fue aprehendida, o si ello no fuere posible, sin más plazo ni condiciones, se le pagará su valor presente.

III. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. Revócase la sentencia proferida el día 23 de junio de 2006, por el Juzgado Promiscuo de Familia de Puerto Boyacá, dentro de la acción de tutela instaurada por la señora Beatriz Henao Arroyabe contra el Departamento de Policía del Magdalena Medio. En su lugar, concédese la protección del derecho de petición y del mínimo vital de la actora.

2. Ordénase al Comandante del Departamento de Policía del Magdalena Medio, que si no lo hubiere hecho, en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de esta providencia conteste de fondo la solicitud presentada por la señora Beatriz Henao Arroyabe, en el sentido no sólo de informarle qué trámites se han adelantado para recuperar su bicicleta, sino, atendiendo su derecho al mínimo vital, devolviéndola en el mismo estado en que fue retenida, o si ello no fuere posible, se le pagará a la actora su valor presente, sin más plazo ni condiciones.

3. Por secretaría general, líbrense las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.

Notifíquese, comuníquese, publíquese e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. Cúmplase.

Magistrados: Nilson Pinilla Pinilla— Manuel José Cepeda Espinosa—Jaime Córdoba Triviño.

Martha Victoria Sáchica de Moncaleano, Secretaria General.

(1) Sentencia T-206 de 26 de abril de 1997, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

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