Sentencia T-913 de noviembre 18 de 1999 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA QUINTA DE REVISIÓN

PROHIBICIÓN DE LA REFORMATIO IN PEJUS

APLICACIÓN LIMITADA EN EL PROCESO DE TUTELA

EXTRACTOS: «La garantía reconocida en el artículo 31 de la Constitución, según la cual “el superior no podrá agravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante único”, no se limita exclusivamente al campo penal, sino que dicha regla se extiende a otras áreas del derecho. Mediante sentencia C-055 del 18 de febrero de 1993, la Sala Plena de esta corporación señaló:

“La norma constitucional habla de “la pena impuesta”, lo cual podría llevar al equivocado concepto de que la garantía sólo cubre el ámbito propio del derecho penal, pero esta idea resulta desvirtuada si se observa que el precepto superior considerado en su integridad hace referencia a “toda sentencia”, sin distinguir entre los diversos tipos de proceso. De tal modo que la prohibición de fallar en mayor perjuicio del apelante único cobija a toda clase de decisiones judiciales —salvo las excepciones que contemple la ley— e impide que el juez de segundo grado extienda su poder de decisión a aquellos aspectos de la sentencia apelada que no han sido materia de alzada por la otra o las otras partes dentro del proceso y que, de entrar a modificarse, darían lugar a unas consecuencias jurídicas más graves para el apelante de las que ya de por sí ocasiona la sentencia objeto del recurso”.

En cuanto atañe a la aplicación del mencionado principio al proceso de tutela, la Corte ha considerado que, dadas sus características, en particular el singularísimo objeto que la distingue —cual es la protección efectiva de los derechos fundamentales—, no es absoluta.

Si se hace un repaso de lo que sobre el tema en referencia ha sostenido la jurisprudencia constitucional, se encuentra que mediante Sentencia T-138 del 16 de abril de 1993 (M.P. Dr. Antonio Barrera Carbonell) la Sala Segunda de Revisión expresó que no era procedente aplicar el aludido principio habida consideración de los derechos e intereses superiores que a través de la acción de tutela busca la Constitución garantizar.

Dijo la Corte:

“...la figura de la reformatio in pejus no tiene operancia, cuando el juzgador de la segunda instancia revisa la decisión del a quo ni cuando la correspondiente Sala de Revisión de la Corte Constitucional efectúa la revisión ordenada por los artículos 86, inciso 2º; 241, numeral 9º de la Constitución Nacional y 33 del Decreto 2591. Sostener lo contrario conduciría a que so pretexto de no hacerse más gravosa la situación del peticionario de la tutela que obtuvo un pronunciamiento favorable en la primera instancia, se pudiese violar la propia Constitución, al conceder una tutela que, como sucede en el presente caso, es a todas luces improcedente”. (Cfr. C. Const. Sala Segunda de Revisión. Sent. T-138 de abr. 16/93. M.P. Antonio Barrera Carbonell).

Este criterio fue reiterado por la Sala Tercera de Revisión en la sentencia T-231 del 13 de mayo de 1994 (M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz), en la que se dijo:

“La interdicción a la reformatio in pejus, se refiere a sentencias condenatorias. En cambio, las sentencias de tutela se contraen, no a imponer una pena, sino a proteger un derecho fundamental cuando quiera resulte violado por una autoridad o un particular, en este caso si de acuerdo con la ley la tutela es procedente. Tanto los jueces de instancia como la Corte, en sede de revisión, encargados de fijar el contenido y alcance de los derechos fundamentales dentro del contexto fáctico que proyecta el acervo probatorio, no podrían cumplir esa misión si estuvieran atados a lo decidido por el a quo, que bien ha podido errar en la apreciación de los hechos y, no menos importante, en la correcta definición del derecho fundamental debatido y de su concreta aplicación a la realidad procesal”.

Así las cosas, el superior que, a partir de una impugnación considera de nuevo la procedencia de una tutela y los hechos sobre los cuales recae la respectiva solicitud, puede modificar los alcances del fallo, otorgando una protección no concedida o ampliando el amparo de derechos fundamentales también violados o amenazados y a los que no se refirió la sentencia de primer grado, sin que para adoptar cualquiera de esas decisiones se requiera que las dos partes hayan impugnado. Se repite que la decisión de conceder o no una tutela, proteger unos derechos, o negar aspectos o incidencias de un amparo, no implica una pena sino el ejercicio de la actividad judicial concebida justamente para hacer efectivos los derechos fundamentales y protegerlos cuando han sido quebrantados o están sujetos a amenaza. En ese sentido, no podría admitirse que, sobre la base de un inadecuado entendimiento del principio de no reformatio in pejus, el juez de segunda instancia permitiera al demandado continuar violando o amenazando derechos fundamentales por la sola circunstancia de no haberse examinado una determinada perspectiva de los mismos en la primera instancia.

Desde luego, esta Sala ha expresado que, sin perjuicio de lo anterior, la aplicación del postulado constitucional en referencia opera respecto de las “medidas adicionadas a la tutela concedida, que pueden resultar gravosas para la persona o entidad contra quien se ha fallado, como cuando se trata de la indemnización en abstracto (D. 2591/91, art. 25) o, excepcionalmente, del pago de sumas de dinero” y, por tanto “no puede el juez de segunda instancia —que adquiere competencia sólo a partir de la impugnación y ésta ha sido presentada únicamente por el condenado— hacer más gravosa su situación ordenando indemnizaciones o pagos nuevos” (Cfr. C. Const. Sala Quinta de Revisión. Sent. T-400 de ago. 22/96). Pero —claro está— lo entonces expuesto se relaciona con órdenes o sanciones pecuniarias cuya imposición en nada modifica lo concerniente al amparo sino que reprime una conducta procesalmente indebida —del actor o del demandado—, sanciones que sólo surgen en la segunda instancia, siendo impugnante único aquel a quien se aplican. De ninguna manera en tales eventos resulta en controversia lo referente al alcance de la protección de los derechos fundamentales afectados, ni tampoco se discute si ha debido o no concederse la tutela, o en qué medida, pues ella siempre podrá ser mayor en el segundo grado jurisdiccional, independientemente del sujeto que haya ejercido el derecho a impugnar.

En otras palabras, cuando la corporación ha admitido la viabilidad de la no reforma en perjuicio del apelante único en materia de tutela, la ha restringido al campo ya indicado, es decir, a aquel tipo de condenas que son realmente adicionales y que comportan un aspecto eminentemente económico. Fuera de tales eventos, el juez de segunda instancia es libre de modificar el fallo objeto de impugnación, aunque la decisión que se adopte pueda perjudicar al único apelante, toda vez que, como ya se explicó, lo que se busca es hacer prevalecer los preceptos superiores, la dignidad humana y los derechos básicos de las personas.

(...).

Por otra parte cabe aclarar, en relación con las atribuciones que la Corte Constitucional asume en sede de revisión, que éstas no se hallan restringidas por los límites impuestos en el artículo 31 de la Carta, en cuanto “su competencia no procede de recurso alguno de las partes sino de la propia Constitución, siendo por ello plena” (Sent. T-400/96, ya citada).»

(Sentencia T-913 de noviembre 18 de 1999. Magistrado Ponente: Dr. José Gregorio Hernández Galindo).

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