Sentencia T-9220 de septiembre 14 de 2000 

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

Sala Jurisdiccional Disciplinaria

Sent. ST-9220, sep. 14/2000. Rad. 20009220 U. (96-X)

M.P. Jorge Alonso Flechas Díaz

Ref.: Impugnación tutela denegada por improcedencia proferida Consejo Seccional Boyacá.

Aprobada según acta 67 de septiembre 14 de 2000.

Asunto

Con el presente proveído se decide la impugnación interpuesta contra la determinación de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá, fechada en agosto 2 de 2000 mediante la cual se resolvió declarando improcedente la acción de tutela instaurada por Israel Alberto Bohórquez Masmela contra decisión de segunda instancia proferida por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Tunja, dentro del sumario seguido en su contra por el delito de lesiones personales y que concluyera con sentencia de carácter condenatorio de fecha febrero 18 de 1999.

Antecedentes y actuación procesal

El accionante con escrito dirigido al Consejo Seccional de la Judicatura, Sala Disciplinaria de Boyacá, interpuso acción de tutela, alegando violación al principio constitucional de la presunción de inocencia y la eficacia del principio penal sustantivo de que no hay delito sin culpabilidad.

Esa corporación con proveído de fecha mayo 29 de 2000, emitió fallo de primera instancia negando la tutela por improcedente, decisión que fuera impugnada y fallada por esta corporación con nulitación de lo actuado, a partir del auto admisorio de la demanda, ante la omisión de convocar a la parte civil dentro del proceso penal a efectos de la constitución del litis consorcio necesario.

Ahora bien, para los efectos particulares de esta decisión, preciso es destacar que el mismo accionante por esta misma vía constitucional de la tutela, acudió en fecha agosto 9 de 1999 ante el Tribunal Superior de Tunja, Sala Penal, en reivindicación de la afectación de sus derechos constitucionales al acceso a la administración de justicia y debido proceso, en su parecer conculcados por el fallo del Juzgado Tercero Penal del Circuito de Tunja, en virtud del cual se le declaró responsable de las lesiones personales ocasionadas a Carlos Leonardo Ruiz Rodríguez.

Constituyó en aquélla oportunidad el fundamento de hecho la concurrencia de vía de hecho en la sentencia de febrero 18 de 1999 del Juzgado Tercero Penal del Circuito de Tunja que revocó la de primera instancia, condenándolo a la pena de 6 meses de prisión y a pagar una indemnización por valor de 550 gramos oro por concepto de perjuicios materiales y morales a favor de la víctima Leonardo Ruiz Rodríguez.

La acción así pretendida, fue fallada en primera instancia con sentencia de tutela de fecha agosto 23 de 1999, siendo el sustento de la misma, en cuanto a su aspecto fáctico, la pretensa vía de hecho originada con la sentencia del Juez Tercero Penal del Circuito, respecto de la cual el Tribunal Superior de Tunja, Sala Penal, no derivó consecuencia legal alguna que afectara la decisión cuestionada al considerarla conforme a derecho y adicionalmente, desestimó la concurrencia de una vía de hecho.

El sustento de la presente acción

Fundamenta su petición el accionante en cuanto estima violados por el funcionario accionado, sus derechos fundamentales a la presunción de inocencia y ausencia de culpabilidad frente a los hechos imputados, toda vez que en su sentir la conducta que se atribuyó como de su autoría, no es reprochable en cuanto no se probó en su contra el aspecto subjetivo de la culpabilidad, descartando la propia culpa de la víctima en el accidente de tránsito en que resultó lesionado, habida cuenta del estado de embriaguez de aquél; en suma, alega la declaratoria de su culpabilidad sustentada sobre la responsabilidad objetiva.

Como se dijo la decisión de esta instancia decretó la nulidad de lo actuado a partir del auto que admitió y dio curso a la tutela, de suerte que revivida la actuación, con proveído de fecha julio 24 de 2000, el a quo, admitió la acción y provocó la constitución del litis consorcio necesario notificando a todos los eventuales afectados o por afectar con el fallo de tutela, quienes guardaron silencio.

Con proveído de fecha agosto 2 de 2000, el consejo seccional previo análisis de los requisitos de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, fue del parecer que la acción en el evento resulta improcedente, pues tratándose de un fallo judicial, su examen hace colegir la ausencia de los presupuestos para ser considerada una vía de hecho.

Contra la anterior decisión el accionante interpuso recurso de impugnación y en el trámite de segunda instancia hizo llegar escrito en el que reafirma su expectativa de reclamar la tutela de sus derechos a la presunción de inocencia y al principio de la culpabilidad, decisión de la que se ocupará esta superioridad previas las siguientes:

Consideraciones de la Sala

Competencia: La Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura es competente para desatar la impugnación interpuesta contra la decisión adoptada por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá, en virtud de lo previsto por los artículos 86 y 116 de la Constitución Política y 31 y 32 del Decreto-Ley 2591 de 1991.

Acción temeraria

Muy a pesar que el accionante en su escrito bajo la gravedad del juramento afirma que en anterior oportunidad formuló acción de tutela pero por hechos distintos, un simple cotejo de los descritos por el Tribunal Superior de Tunja, Sala Penal y los hoy materia de discusión en esta sede, permite inferir que nos encontramos frente a identidad de hechos y pretensiones, discutidos en dos vías judiciales alternativamente, lo que conforme al mandato de que trata el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, hace imperativa decisión en términos desfavorables.

En efecto, revisada la demanda la acción de tutela resuelta mediante Sentencia 40 del 23 de agosto de 1999 (fl. 127), se advierte la identidad ya referida de objeto y pretensión si se considera que la inconformidad del accionante está dirigida contra la sentencia del juez de segunda instancia (3º penal del Circuito de Tunja), a quien atribuye la vulneración de sus derechos fundamentales al deducir responsabilidad y en consecuencia imponerle sanción punitiva por los hechos en que resultó herido el señor Carlos Leonardo Ruiz Rodríguez, considerando que tal sentencia se dictó contrariando postulados básicos del derecho penal objeto de protección constitucional, entre otros, que no hay delito sin culpabilidad y que la presunción de inocencia debe ser desvirtuada por quien tiene la carga de la prueba.

Ahora bien, el que el accionante haya acudido sutilmente a llamar las cosas por nombre distinto, ello no significa que las desnaturalice y con tal pretensión tenga la vocación transformadora de los hechos y pretensiones, en tal sentido la tutela se enseña temeraria en virtud de lo cual se despachará desfavorablemente sin consideración adicional.

Condena en costas. Se abstendrá esta corporación de imponer condena en costas al accionante, con todo y estar reconocida la temeridad de su accionar a través de la demanda de tutela presentada ante el consejo seccional, en virtud de la eficacia del principio de la “reformatio in pejus”, toda vez que en gracia de tal principio constitucional, no puede el juez de segunda instancia hacer más gravosa la situación del sujeto contra quien el a quo ha fallado, cuando como en el evento sub lite, se trata de apelante único.

En efecto, el tratamiento en tal sentido encuentra expresión en razón de la motivación que a continuación se expone:

Definición: “Reformatio in pejus” o reforma peyorativa se expresa como la concreción de un principio general del derecho procesal, hoy por hoy por gracia de la carta fundamental vigente de 1991 que hace parte del derecho fundamental al debido proceso (C.N., art. 29) que encuentra sus orígenes en la regla latina “tantum devolutum quantum appelatum” en virtud del cual el ejercicio de la competencia del juez superior se limita por el contenido de la impugnación y las expectativas que ella involucra, de suerte que, con mayor eficacia en el derecho punitivo, no por ello excluyente de otras materias judiciales(1), tal superior no le es dable empeorar la pena impuesta al apelante único, so pena de proferir fallo sorprendiendo al recurrente, quien no ha tenido la oportunidad de controvertir los motivos y fundamentos de la decisión agraviosa con lo cual se degenera en una situación de indefensión y en consecuencia una clara vía de hecho. (Cfr. T-474/92).

(1) Por todas (C-055/93).

La competencia restringida del ad quem. En mérito de la limitante que la garantía constitucional impone al juez de segunda instancia y entendido que éste sólo adquiere competencia en virtud del recurso interpuesto y sólo para revisar la decisión en los aspectos que estima desfavorables el apelante único, no puede el ad quem, so pretexto del respeto a la protección del orden jurídico, excusándose en la existencia de una irregularidad en el curso del proceso o en la sentencia revisada, enmendar la determinación prevalida de la presunción de legalidad y acierto, para con ello agravar la situación del apelante único a quien no se le dio la oportunidad de discurrir con plena eficacia del derecho de defensa, discutir las expectativas planteadas en la decisión modificativa, con ello sorprendiendo a la parte afectada en plena contra vía con el principio fundamental del debido proceso. (Cfr. SU-327/95).

Su aplicación limitada en el proceso de tutela

Ahora bien, la plena eficacia del principio de la reformatio in pejus encuentra naturales límites en el proceso de tutela como se explicará:

La eficacia del principio de la reformatio in pejus en áreas extra penales es objeto de expreso reconocimiento por el intérprete auténtico de la carta fundamental: “La norma constitucional habla de la “pena impuesta”, lo cual podría llevar al equivocado concepto de que la garantía sólo cubre el ámbito propio del penal, pero esta idea resulta desvirtuada si se observa que el precepto superior considerado en su integridad hace referencia a “toda sentencia”, sin distinguir entre los diversos tipos de proceso. De tal modo que la prohibición de fallar en mayor perjuicio del apelante único cobija a toda clase de decisiones judiciales —salvo las excepciones que contemple la ley— e impide que el juez de segundo grado extienda su poder de decisión a aquellos aspectos de la sentencia apelada que no han sido materia de alzada por la otra o las otras partes dentro del proceso y que, de entrar a modificarse, darían lugar a unas consecuencias jurídicas más graves para el apelante de las que ya de por sí ocasiona la sentencia objeto del recurso” (C-055/93 ).

Ahora bien, su aplicación extensiva a campos extra penales, en modo alguno conlleva que sea absoluta, en particular frente a la jurisdicción constitucional, habida cuenta de la naturaleza de los intereses que la acción de tutela pretende garantizar. En este sentido señaló la Corte Constitucional: “ ...la figura de la reformatio in pejus no tiene operancia, cuando el juzgador de la segunda instancia revisa la decisión del a quo ni cuando la correspondiente Sala de Revisión de la Corte Constitucional efectúa la revisión ordenada por los artículos 86, inciso 2º, 241, numeral 9º de la Constitución Nacional y 33 del Decreto 2591 de 1991. Sostener lo contrario conduciría a que so pretexto de no hacerse más gravosa la situación del peticionario de la tutela que obtuvo un pronunciamiento favorable en la primera instancia, se pudiese violar la propia Constitución, al conceder una tutela... a todas luces improcedente(2)”.

(2) T-138/93. Esta postura ha sido materia de reafirmación. Cfr. T-231/94.

Empero, tal limitación no es absoluta, en tanto que el principio de la reformatio in pejus cobra plena operancia tratándose de las “medidas adicionales a la tutela concedida, que pueden resultar gravosas para la persona o entidad contra quien se ha fallado, o cuando se trata de la indemnización en abstracto (D. 2591/91, art. 25), o excepcionalmente, del pago de sumas de dinero” y por tanto “no puede el juez de segunda instancia, —que adquiere competencia sólo a partir de la impugnación y ésta ha sido presentada únicamente por el condenado— hacer más gravosa su situación ordenando indemnizaciones o pagos nuevos(3)”.

(3) T-400/96.

Esta posición ha sido materia de reiteración en Sentencia T-913 de 1999 al precisar: “En otras palabras, cuando la corporación ha admitido la viabilidad de la no reforma en perjuicio del apelante único en materia de tutela, la ha restringido al campo ya indicado, es decir, a aquél tipo de condenas que son realmente adicionales y que comportan un aspecto eminentemente económico. Fuera de tales eventos, el juez de segunda instancia es libre de modificar el fallo objeto de impugnación...”, expresiones utilizadas en la sentencia en cita T-400 de 1996.

Y concluye la corporación, a efectos de evitar cualquiera interpretación errónea de sus facultades para modificar la decisión en extenso y sin límite de aplicación del principio fundamental de la reformatio in pejus en sede de jurisdicción constitucional, a través, no del recurso, pues no lo resulta ser en sede de instancia en manera alguna, sino por vocación de la revisión legal de que trata el Decreto 2591 de 1991, precisando: “Por otra parte cabe aclarar, en relación con las atribuciones que la Corte Constitucional asume en sede de revisión, que éstas no se hallan restringidas por los límites impuestos en el artículo 31 de la Carta, en cuanto “su competencia no procede de recurso alguno de las partes sino de la propia Constitución, siendo por ello plena” (resaltado fuera del texto original).

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución y la ley,

RESUELVE:

1. RECHAZAR por temeraria la acción de tutela objeto de impugnación.

2. Notificar la presente decisión a la accionante y a los accionados por telegrama y enviarles copia de la misma

3. Comunicar a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá, sobre el contenido del fallo.

4. Remitir el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisión.

Comuníquese y cúmplase,

Leonor Perdomo Perdomo, presidenta. Jorge Alonso Flechas Díaz, vicepresidente. Magistrados: Guillermo Bueno Miranda—Eduardo Campo Soto—Fernando Coral Villota—Rubén Darío Henao Orozco—Temístocles Ortega Narváez. 

Silfa María Blanco Giraldo, Secretaria Judicial.

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