Sentencia T-926 de noviembre 18 de 1999 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA CUARTA DE REVISIÓN

DERECHOS A LA VIDA Y LA SALUD

SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS COMO EL VIAGRA POR LAS E.P.S.

EXTRACTOS: «Pretende el accionante, en su calidad de afiliado a Coomsusalud, que esta entidad le suministre el medicamento denominado Viagra, en la posología indicada por el especialista, para superar su problema de impotencia y, al mismo tiempo, lograr que sus condiciones psicológicas se restablezcan, pues se han venido alterando ante la disfunción sexual que le sobrevino.

El examen de la Corte se contraerá entonces a: 1) Establecer si la disfunción eréctil que presenta el actor, a pesar de no tener propiamente el carácter de enfermedad, y que no crea un riesgo de muerte, sí constituye una afección que pone en peligro la vida en condiciones dignas del paciente, y 2) determinar si es posible ordenar, en aplicación de la doctrina jurisprudencial de esta corporación, el suministro del medicamento recetado al accionante para superar la disfunción física que lo afecta, cuando tal droga no está incluida en la lista del plan obligatorio de salud.

3. El derecho a la salud que la Carta Política protege es integral.

Esta corporación ha reiterado en numerosos fallos(2) que el derecho a la salud es, en principio, una garantía de carácter prestacional, que bien puede convertirse en un derecho fundamental y, por tanto, susceptible de protección por vía de tutela, cuando de su afectación se desprende la vulneración de intereses básicos como la vida, la integridad personal, o la propia dignidad del ser humano. A propósito ha señalado que:

(2) Sentencias T-499 de 1992, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, T-248 de 1998, M.P. Carlos Gaviria Díaz y SU-480 de 1998, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

El derecho a la salud adquiere el carácter de un verdadero derecho fundamental, “en situaciones concretas debidamente analizadas por el juez constitucional, cuando este derecho se encuentre vinculado clara y directamente con la protección de un derecho indudablemente fundamental. Así, el derecho a la salud se torna fundamental cuando se ubica en conexidad con el derecho a la vida o el derecho a la integridad personal”(3).

(3) Sentencia C-177 de 1998, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

Ahora bien: el derecho fundamental a la vida que garantiza la Constitución —preámbulo y artículos 1º, 2º y 11—, no se reduce a la mera existencia biológica, sino que expresa una relación necesaria con la posibilidad que les asiste a todas las personas de desarrollar dignamente todas las facultades inherentes al ser humano. Sin duda, cuando se habla de la posibilidad de existir y desarrollar un determinado proyecto de vida, es necesario pensar en las condiciones que hagan posible la expresión autónoma y completa de las características de cada individuo en todos los campos de la experiencia. La importancia y trascendencia de la relación entre la vida y la dignidad de la persona ya ha sido señalada por la Corte:

“Es que el concepto de dignidad humana no constituye hoy, en el sistema colombiano, un recurso literario u oratorio, ni un adorno para la exposición jurídica, sino un principio constitucional, elevado al nivel de fundamento del Estado y base del ordenamiento y de la actividad de las autoridades públicas.

En virtud de la dignidad humana se justifica la consagración de los derechos humanos como elemento esencial de la Constitución Política (C.P., art. 1º) y como factor de consenso entre los Estados, a través de las cláusulas de los tratados públicos sobre la materia (C.P., art. 93).

La dignidad de la persona se funda en el hecho incontrovertible de que el ser humano es, en cuanto tal, único en relación con los otros seres vivos, dotado de la racionalidad como elemento propio, diferencial y específico, por lo cual excluye que se lo convierta en medio para lograr finalidades estatales o privadas, pues, como lo ha repetido la jurisprudencia, la persona es “un fin en sí misma”. Pero, además, tal concepto, acogido por la Constitución, descarta toda actitud despectiva frente a sus necesidades corporales y espirituales, todas las cuales merecen atención en el Estado social de derecho, que reconoce en el ser humano la razón de su existencia y la base y justificación del sistema jurídico.

Ese concepto se traduce en la idea, prohijada por la Corte, de que no se garantiza bien ningún derecho de los que la Constitución califica de fundamentales —intrínsecos a la persona— si a un individuo de la especie se lo condena a sobrevivir en condiciones inferiores a las que la naturaleza le señale en cuanto ser humano. Es decir, cuando, como en los casos materia de examen, personas menores deben afrontar una evolución irregular de sus sistemas físico y sicológico en condiciones de desamparo"(4).

(4) Citada en la sentencia T-572 de 1999, M.P. Fabio Morón Díaz.

De lo anterior se puede inferir, que cuando la persona acude a la acción de tutela con el ánimo de lograr la recuperación de su equilibrio emocional, psicológico y mental, que se le ha venido alterando como consecuencia de una afección física que padece (como en el caso de la impotencia sexual derivada de la diabetes y los estragos que ésta produce), lo hace con el fin de obtener la protección de los derechos a la salud, a la integridad personal y a una vida en condiciones dignas, cuyo restablecimiento le es encomendado al juez de tutela por el artículo 86 de la Carta Política.

4. Dimensiones de los derechos a la vida y la salud.

Así, no pueden perderse de vista las dimensiones que adquiere la protección del derecho a la salud, cuando se presenta ligado con el derecho a la vida en condiciones dignas. Se trata de una garantía que cobija tanto los aspectos físicos como los psicológicos de la enfermedad, y que parte de considerar íntegramente a la persona. Esta Corte ha sido clara al señalar que el tratamiento que debe proporcionársele al enfermo, no se reduce al que está dirigido a obtener su curación; cuando se trata de enfermedades crónicas como la diabetes, y aún de las terminales, la persona tiene derecho a recibir todos lo cuidados médicos dirigidos a proporcionarle el mayor bienestar posible mientras se produce la muerte, y a paliar las afecciones inevitables de lo estados morbosos crónicos, que muchas veces son también degenerativos.

Es claro que hace parte del derecho fundamental a la vida, el que tiene toda persona a gozar de una vida sexual normal; en repetidas ocasiones esta corporación se ha ocupado de considerar la trascendencia del tratamiento médico de afecciones que impiden el desarrollo normal de la fisiología sexual humana, y de valorar la importancia que él tiene en el desarrollo de la persona y en el de la personalidad individual de cada uno(5). Por tanto, no es de recibo el argumento que sirvió de base para negar la tutela en este caso: no está comprometida la vida del actor. Tal consideración, llevaría a hacer inane el derecho a una protección inmediata de la vida y la integridad personal, pues condenaría al afectado por la falta de tratamiento médico, a demostrar que el daño ocasionado por esa omisión es de tal magnitud, que la actuación del juez constitucional no lograría devolverle la salud perdida.

(5) Sentencias T-477 de 1995, SU-337 de 1999 y T-551 de 1999, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

Tampoco puede aceptar esta Sala que el hecho de no ser la disfunción eréctil una enfermedad propiamente dicha, sino una consecuencia de los destrozos ocasionados por la diabetes, excluya la posibilidad de otorgar la tutela de los derechos fundamentales comprometidos en casos como el presente, pues ello nos llevaría también a negar el amparo en los casos en los que la misma enfermedad da lugar a que el paciente se vea afectado por secuelas como la ceguera o la gangrena.

Es claro que el actor adujo las consecuencias dañinas que la disfunción eréctil viene causando en su salud mental y emocional como razón para impetrar el amparo; éste, que por sí solo es un argumento suficiente para otorgarle la protección judicial, no es el único envuelto en la consideración del asunto. Es claro que a juicio del médico tratante, esos problemas psicológicos se derivan de una condición fisiológica: “neuropatía diabética que, a su vez, lleva a un trastorno de la potencia sexual” —folio 13—, y es igualmente diáfano que, si bien no puede curarse la diabetes que ocasiona esa disfunción, sí se puede remediar tal efecto colateral con la aplicación de la medicina recetada.

Debe resaltarse que lo comprometido en este caso no es sólo una afección psicológica que merma la autoestima del actor; su padecimiento pone en juego su capacidad de relación, en uno de los aspectos esenciales de la misma: la vida de pareja, y compromete el ejercicio de otros derechos indudablemente fundamentales, como el de formar libremente una familia y el de la pareja para decidir sobre la procreación de los hijos. Es que no sólo se trata en este caso de molestias psicológicas, sino de las que se desprenden de una dolencia que equivale, para fines prácticos, a lo que la ley laboral denomina pérdida funcional.

5. Orden de entregar las drogas recetadas, aunque no figuren en el listado oficial.

Considera la Sala que para lograr la recuperación de los derechos a la salud, a la vida digna y a la integridad del peticionario, según lo dispuesto por el médico especialista, es necesario que al paciente se le suministre Viagra de 50 mg., no obstante estar excluida de la lista del plan obligatorio de salud, con el fin de garantizar la efectividad de los derechos cuya protección demanda el actor.

Bajo esas circunstancias, puede afirmarse que el medicamento requerido y, según lo conceptúa el médico adscrito a la entidad demandada, cumple con el propósito de superar la afección física y psicológica que presenta el señor XX y, a su turno, garantiza la recuperación de la salud del actor.

En esta ocasión, se pretende entonces reiterar la doctrina de la Corte(6), alrededor de la reglamentación que ha recibido el plan obligatorio de salud creado por la Ley 100 de 1993, en cuanto a la exclusión de medicamentos con el fin de cumplir con los principios de universalidad, eficiencia, solidaridad, integralidad, unidad y participación.

(6) Ver entre otras, las sentencias T-648 de 1996, T-125 de 1997, T-480 de 1997, T-606 de 1997, T-329 de 1998.

A propósito este tribunal ha sostenido que:

“... esa reglamentación no puede desconocer los derechos constitucionales fundamentales de las personas, lo cual ocurre cuando las empresas promotoras de salud, aplicando de manera estricta dicha reglamentación, omiten el suministro de medicamentos necesarios para mantener la vida, la integridad personal o un mejor funcionamiento del organismo, con el argumento de que no se encuentran incluidos en el plan obligatorio de salud.

Frente a tales situaciones, la jurisprudencia constitucional ha sido enfática y reiterada, en el sentido de que procede la inaplicación de la reglamentación que excluye tales medicamentos, cuando se cumplan las siguientes condiciones: primera, que la exclusión amenace realmente los derechos constitucionales fundamentales del afiliado al sistema; segunda, que el medicamento excluido no pueda ser sustituido por otro con la misma efectividad y que sea previsto por el POS; tercera, que el paciente no pueda sufragar el costo del medicamento y cuarta, que él haya sido prescrito por un médico adscrito a la EPS"(7).

(7) Sentencia T-108 de 1999, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

Ahora bien: la corporación(8) no sólo se ha limitado a ordenar la entrega de medicamentos necesarios para restablecer la salud de los actores, sino que, además, ha sido enfática en señalar que también otros elementos necesarios para poder asegurar al paciente una vida acorde con la dignidad humana —prótesis mamaria y pañales, por ejemplo—, deben ser proporcionados por la entidad promotora de salud, así no figuren en el listado oficial de medicamentos y no sean drogas, con la mera consideración que ellos no son sólo un paliativo, sino parte integral del tratamiento orientado a superar o hacer llevaderas las enfermedades que aquejan a los pacientes. En estos casos, la Corte ha ordenado la entrega de los medicamentos o elementos recetados por el médico tratante, así no figuren en el listado oficial, y ordenado que su costo sea reclamado por la entidad promotora de salud del fondo de solidaridad y garantía del Ministerio de Salud. De igual forma se procederá en el presente caso.

(8) Sentencias T-99 de 1999, M.P. Alfredo Beltrán Sierra, T-572 de 1999, M.P. Fabio Morón Díaz.

III. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Cuarta de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. Revocar los fallos proferidos por los juzgados segundo penal municipal y penal del circuito de La Plata (Huila), dentro de la acción de tutela instaurada por el señor XX contra Coomsusalud seccional Huila y, en su lugar, tutelar los derechos a la vida, la integridad personal, la salud y el respeto a la dignidad humana.

2. Ordenar a la cooperativa multiactiva de servicios de salud “Coomsusalud”, seccional Huila, que si aún no lo ha hecho, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de este fallo, proceda a entregar al actor la droga que le fue recetada por el urólogo tratante, en la posología que éste indicó.

3. Advertir que la cooperativa multiactiva de servicios de salud “Coomsusalud” puede repetir contra el Fondo de Solidaridad y Garantía del Ministerio de Salud, por el valor de la droga recetada al actor que no aparece en el listado oficial de medicamentos. Como consecuencia de ello, se ordena que el fondo de solidaridad y garantía del Ministerio de Salud pague a esa entidad promotora de salud, en el término de 48 horas contadas a partir de la presentación y formalización de la cuenta, la suma correspondiente».

(Sentencia T-926 de noviembre 18 de 1999. Magistrado Ponente: Dr. Carlos Gaviria Díaz).

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