Sentencia T-936 de noviembre 19 de 1999 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA CUARTA DE REVISIÓN

Sentencia T-936/99. Ref.: Exp.: T-238767

Magistrado Ponente:

Carlos Gaviria Díaz

Reiteración de jurisprudencia

Acción de tutela instaurada por Víctor Manuel Dulcey Villamizar Villamizar y otro contra EPS Sanitas, seccional Santafé de Bogotá, D.C.

Sentencia aprobada en Santafé de Bogotá, D.C., a diecinueve de noviembre de mil novecientos noventa y nueve.

La Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Carlos Gaviria Díaz, José Gregorio Hernández Galindo y Álvaro Tafur Galvis, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente

Sentencia

en el proceso de revisión del fallo adoptado por el Tribunal de Bogotá, dentro de la acción de tutela instaurada por Víctor Manuel Dulcey Villamizar contra la EPS Sanitas.

I. Antecedentes

1. Hechos.

Relata el actor que es cotizante de la EPS Sanitas desde el 16 de marzo de 1999. El día 11 de mayo fue atendido por el servicio de urgencias a causa de un fuerte dolor abdominal. Una vez realizados los exámenes correspondientes, se encontraron calcificaciones de aspecto regular en el estrecho pélvico derecho sobre el trayecto reno uretral compatible con litiasis. Dicho diagnóstico fue confirmado por un especialista de la entidad, quien hace una solicitud de carácter prioritario y urgente para la práctica de una ureterolitotomía endoscópica. La EPS Sanitas, se rehúsa a cubrir la totalidad del tratamiento, aduciendo que no se han completado las 52 semanas de cotización que exige la ley para la intervención quirúrgica denominada ureterolitotomía. Considera el demandante que el dolor se hace insoportable, que está al borde de la nefrosis y de perder el riñón derecho. Solicita protección a sus derechos a la salud y a la vida.

2. Decisión que se revisa.

La sentencia de primera y única instancia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá, niega la tutela al considerar que el demandante, no padece de una enfermedad de aquellas catalogadas como catastróficas o ruinosas, y tampoco de carácter urgente o grave. La entidad de salud ha cumplido con lo señalado en el artículo 164 de la Ley 100, y antes por el contrario, es el actor quien no se ha sometido al marco del sistema al cual se vinculó.

II. Consideraciones y fundamentos

1. De la procedencia de la acción de tutela para amparar el derecho a la salud. Cuando el dolor hace indigna la existencia.

Es consolidada la jurisprudencia constitucional al respecto a la procedencia de la acción de tutela, cuando se trata de amparar derechos constitucionales que no son fundamentales, en aquellos eventos en que su protección sea necesaria para amparar, de manera indirecta, un derecho con carácter fundamental. De ahí, por ejemplo, que el juez de tutela haya ordenado la prestación de los servicios de salud, a los cuales las personas no tienen el derecho fundamental a acceder, cuando sin ellos se haría nugatoria la garantía a derechos constitucionales fundamentales como la vida y la integridad personal, pues frente a estos derechos inherentes a la persona humana e independientes de cualquier circunstancia ajena a su núcleo esencial, no puede oponerse la falta de reglamentación legal (decisión política) o la carencia de recursos para satisfacerlos(1).

(1) Sentencia de reiteración T-489 de 1998.

Por consiguiente, toda situación que haga de la existencia del individuo un sufrimiento es contraria al derecho constitucional fundamental a la vida, entendiéndolo —como el derecho a existir con dignidad—, por más que no suponga necesariamente el deceso de la persona y aun cuando no sea éste el caso, procede la intervención del juez de tutela para restablecer al titular en el goce pleno de su derecho, según las circunstancias del asunto puesto a su consideración. Lo contrario sería negar uno de los objetivos de la medicina y someter a la persona a un estado a todas luces indeseable, como esperar a que se encuentre al filo de la muerte como requisito esencial de la procedencia de la acción de tutela para amparar, paradójicamente, el derecho a la vida. No solamente la muerte constituye la violación de este derecho, se repite, sino cualquier estado o situación que la convierta en un sufrimiento o en algo indeseable.

El dolor es una situación que hace indigna la existencia del ser humano, pues no le permite gozar de la óptima calidad de vida que merece y, por consiguiente, le impide desarrollarse plenamente como individuo en la sociedad(2). En el caso sujeto a revisión, no solamente es claro que el demandante está sometido a un sufrimiento que incomoda su existencia, sino que además le impide ejercer como profesional en deportes. Sin embargo, puede ser una dolencia superable a través de las intervenciones que le practique la entidad accionada, lo que se ordenará en este fallo, para amparar los derechos a la salud y a la vida, advirtiéndole a la entidad que oponer períodos mínimos de cotización a quien presenta una situación de urgencia, constituye una actitud contraria a los principios básicos del Estado social de derecho(3).

(2) Ibídem.

(3) T-756 de 1999, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

III. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. REVOCAR la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Santafé de Bogotá.

2. TUTELAR el derecho a la salud del señor Víctor Manuel Dulcey Villamizar en conexión con su derecho constitucional fundamental a la vida. En consecuencia, se ordena a la entidad promotora de salud, Sanitas, seccional Santafé de Bogotá, que si aún no lo ha hecho, dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación de la presente providencia, realice al actor la operación recomendada por los médicos de la misma entidad, para aliviar las dolencias en su salud.

3. Por secretaría, líbrese la comunicación de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.

Notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.

Carlos Gaviria Díaz—José Gregorio Hernández Galindo—Álvaro Tafur Galvis.

Martha V. Sáchica de Moncaleano, Secretaria General.

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