Sentencia 9366 de abril 18 de 2001 

• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Aprobado acta 058, abril 18/2001

M.P. Mauro Solarte Portilla

Vistos

Procede la Sala a resolver la impugnación interpuesta por el accionante Jorge Eliécer Marín Orrego, contra el fallo dictado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, mediante el cual denegó la tutela promovida por aquel contra el guardián de la Cárcel Distrital de Buga, señor Cenovic de Jesús Posada Suárez.

La demanda

El primeramente nombrado relata que el 25 de septiembre de 2000, cuando era conducido con otros internos a los calabozos, fue despojado arbitrariamente de un radio pasacintas por parte del demandado. El aparato no le ha sido restituido pese a las reclamaciones que ha hecho.

El fallo impugnado

El Tribunal, luego de desentrañar el sentido de la demanda y considerar que con ella se busca el amparo del derecho a la igualdad, considera que no ha habido en este caso violación de ese derecho. Para arribar a tal conclusión expresa que la restricción de la libertad lleva aparejada la disminución necesaria de otros derechos. Que los reglamentos exigen previa autorización para la tenencia de artefactos como el reseñado, de modo que el demandado al proceder como lo hizo, no actuó arbitrariamente sino con apego a la norma.

Consideraciones

1. Antes de entrar en materia es preciso reconocer que el accionante, sin duda por su escasa ilustración, no alcanza a mencionar de modo expreso los derechos que considera violados por la acción de la autoridad. Sin embargo del contexto fáctico y probatorio, no hay duda que reclama el derecho a la igualdad por el trato discriminatorio que se le dio, frente a quienes se encontraban en similares condiciones y el de recibir información, de acceder a los medios masivos de comunicación, habida cuenta del uso normal y obvio que se le da al aparato cuya posesión extraña el petente. Así cumple la Sala con el deber de encausar la demanda y establecer la violación de un derecho fundamental, aunque este no se haya invocado explícitamente.

La vida en reclusión determina una especial regulación de los derechos de los internos, de modo que algunos se encuentran suspendidos, otros limitados y unos más permanecen incólumes. Por lo mismo, la administración está legalmente facultada para llevar a la práctica tal modulación, aunque no de manera arbitraria, sino apuntando a la realización de los fines de la pena, especialmente los resocializadores.

En ese orden de ideas, toda medida de restricción de los derechos fundamentales, que no sea absolutamente indispensable para el cumplimiento de tales objetivos, en el marco de la autorización legal, resulta contraria a la Constitución.

Es evidente que aquellos derechos no se quedan en la puerta del penal, sino que acompañan al interno porque son parte de su naturaleza, aunque con las reservas referidas precedentemente. En consecuencia, los procedimientos excesivos de la administración pueden merecer el amparo constitucional si resultan lesivos de algún derecho fundamental del interno.

A propósito ha dicho la Corte Constitucional:

“Nada más alejado del concepto de dignidad humana y del texto constitucional mismo que esta visión dominante sobre la violación a los derechos de los presos. Como se dijo más arriba, todo sufrimiento innecesario impuesto a un recluso, pierde la justificación del ejercicio legítimo de la violencia por parte del Estado y se convierte en un atropello que debe ser evaluado de la misma manera como se evalúa cualquier violencia injustificada, ejercida contra un ciudadano que no se encuentra privado de la libertad. Los presos no tienen derechos de menor categoría; tienen derechos restringidos o limitados y cuando esto no sucede, es decir cuando la pena impuesta no se encuentra en contradicción con el ejercicio pleno de un derecho, este debe ser tan protegido y respetado como el de cualquier otra persona.

Es necesario pues, eliminar la perniciosa justificación del maltrato carcelario que consiste en aceptar como válida la violación de un derecho cuando se trata de personas que han hecho un mal a la sociedad. El castigo de los delincuentes es un castigo reglado, previsto por el derecho y limitados a unos procedimientos y prácticas específicas, por fuera de los cuales el preso debe ser tratado bajo los parámetros normativos generales. La efectividad del derecho no termina en las murallas de las cárceles. El delincuente, al ingresar a prisión, no entra en un territorio sin ley” (ST- 596/92).

2. Ahora, los hechos objeto de la demanda de tutela deben ser examinados desde el punto de vista antecedente. Bueno es rememorar que ellos aluden a que el demandado, guardián de la prisión donde está recluido el demandante, le decomisó a este un aparato radiorreceptor con el argumento de que lo hizo porque su tenencia estaba prohibida en la cárcel y también porque este no mostró la factura que demostrase su legítima propiedad.

Lo primero es completamente desacertado, habida consideración de que, al contrario de lo señalado por el demandante, los reglamentos de la cárcel, entre los pocos elementos cuya posesión autorizan expresamente, mencionan a un radio, junto con un televisor, los libros y los utensilios de aseo. Por otra parte, el artículo 122 de la Ley 65 de 1993 que trata de los elementos prohibidos dentro de los centros de reclusión (como las armas, explosivos, bebidas embriagantes etc.) de ninguna manera menciona, absurdo si lo hubiera hecho, a los radiorreceptores.

El demandado intenta establecer una diferencia entre radio y radiopasacintas, que es como se denominan los aparatos de sonido conectados a los vehículos, siendo de esta última especie el decomisado al accionante. Además señala que el interno no podía darle uso al artefacto por carecer de batería y de parlantes. No obstante, esta apreciación queda totalmente desvirtuada por el propio informe rendido por el director de la cárcel, cuando dice que hechas las correspondientes averiguaciones se estableció que el interno utilizaba el aparato, precisamente como radiorreceptor.

Al expediente se allegó un recibo de cancelación del impuesto que el demandante pagaba para que se le permitiere usar el radiorreceptor. Es perfectamente lógico que si ello acontecía, era porque el interno se servia de él, pues de otro modo no se entiende como podía pagar el extraño tributo respecto de un artefacto inútil.

En cuanto a lo segundo, el proceder del guardián no puede encontrar justificación en la no presentación de la factura que acreditara la propiedad del artefacto, porque ello resulta contrario al principio de buena fe, sobre todo si se tiene en cuenta que nadie estaba disputando su propiedad o posesión. Aun fuera de los muros de la prisión la inmotivada exigencia de tales documentos haría de verdad accidentado el disfrute de esos y otros objetos similares. El registro del ingreso de ellos a la cárcel sería una medida eficiente para dirimir disputas, si se llegaran a presentar.

Por otra parte la administración carcelaria no puede aceptar por un lado la posesión de dicho objeto, a fin de recibir el impuesto al que se ha hecho mención precedentemente y por otro cuestionarla para intentar la justificación de su decomiso. Mas bien, en sana lógica debe concluirse que tal recaudo hace presumir la previa autorización para su uso.

3. El hecho analizado, aparentemente nimio, contiene en verdad elementos que tocan con los derechos fundamentales. Así, es preciso reconocer que este invento (el radiorreceptor) se ha integrado tanto al modo de vida contemporáneo, que es difícil encontrar un hogar, por modesto que sea, que carezca de al menos uno de tales aparatos. Ello se explica porque él revolucionó el mundo de las comunicaciones, de modo que el usuario encuentra fácil y económicamente recreación, ilustración e información. Por ese medio se entera el oyente, casi de modo instantáneo de lo que ocurre en cualquier parte del mundo.

Aún el hombre libre depende considerablemente del artefacto y su importancia es, por supuesto, superlativa, en tratándose de la vida en prisión.

Téngase en cuenta que las muy limitadas condiciones carcelarias, hacen que el radiorreceptor se convierta en una de las pocas fuentes de entretenimiento y, lo que es más importante, en el único contacto con el mundo externo, es decir en exclusivo vehículo de información.

La información, esa “garantía de ejercicio consciente de sus derechos políticos de participación en la cosa pública”, que tanta importancia ha cobrado en el mundo contemporáneo, no le está del todo vedada a quien está purgando una condena en prisión.

En este orden de ideas la conducta atribuida al guardián demandado a más de no tener justificación, resulta violatoria del derecho a la información del accionante. Y también del derecho a la igualdad, porque como este lo denuncia y en efecto se deduce de la prueba de autos, el trato desigual que a él se le dio, respecto de otros que estaban en similares supuestos de hecho y si fueron autorizados para el disfrute del adminículo, representa una discriminación que amerita la tutela constitucional.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

Revocar el fallo impugnado y en su lugar tutelar los derechos a recibir información, a acceder a los medios masivos de comunicación y a la igualdad del accionante. En consecuencia ordenar que en el término de 48 horas le sea devuelto el radiorreceptor que le fue decomisado, para que sea usado de acuerdo con los reglamentos de la cárcel.

Remitir este expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisión.

Magistrados:Carlos Eduardo Mejía Escobar—Fernando E. Arboleda Ripoll—Jorge E. Córdoba Poveda—Carlos A. Galvez Argote—Jorge A. Gómez Gallego—Édgar Lombana Trujillo—Álvaro O. Perez Pinzón—Nilson Pinilla Pinilla—Mauro Solarte Portilla.

Teresa Ruiz Núñez, Secretaria.

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