Sentencia T-9604 de mayo 3 de 2001 

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

Sala Jurisdiccional Disciplinaria

Rad.: 20019604 01 T, mayo 3/2001

Ref.: Impugnación sentencia que deniega tutela a Juan Manuel Charria Segura y otros.

M.P.: Leonor Perdomo Perdomo

Aprobado según acta treinta y seis (36) de tres (3) de mayo de dos mil uno (2001)

Vistos

Decide la Sala la impugnación formulada por el doctor Juan Manuel Charria Segura, contra la sentencia del 9 de marzo de 2001 proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, quien le denegó la tutela propuesta en nombre propio contra la Alcaldía Mayor de Bogotá, representada por el doctor Antanas Mockus, cuya acción la instauró con el fin de lograr la protección de sus derechos fundamentales de locomoción, igualdad y recreación, consagrados en la Carta Política.

Antecedentes

Mediante memorial del 1º de marzo de 2001, los señores Luis Miguel Sabogal Camargo y Roger Cárdenas Barbosa, presentaron acción de tutela en contra del señor Alcalde de Bogotá, por considerar que la medida adoptada por el burgomaestre de limitar en determinado día del mes la circulación de los caballeros en horas nocturnas, constituía una amenaza y una grave violación de los derechos fundamentales relacionados con la libertad de aprendizaje, investigación y cátedra, así como el derecho a circular libremente por el territorio nacional, consagrados en los artículos 24 y 27 de la Constitución Política.

En efecto, expusieron los accionantes, que el señor Alcalde de Bogotá decretó mediante acto administrativo “un día sin hombres que se realizará el día 9 de marzo de 2001 (...)”, en cuya fecha le será prohibido al género masculino movilizarse en las horas de la noche, “so pena de sanciones que impondrán las autoridades distritales y de policía (...)”.

Según aducen, como la medida impedirá que el día “sin hombres” los catedráticos y estudiantes de la jornada nocturna accedan a sus respectivas labores, y uno de los accionantes afirma encontrarse en tal situación, ello le implicaría dejar de asistir a sus clases en dicho día. De igual manera, estiman que la medida restringe su derecho fundamental a circular libremente, obligándolos a permanecer en contra de su voluntad encerrados, disintiendo del argumentos público atribuido al señor alcalde para adoptar tal determinación, consistente en que “ese día los hombres serán tiernos en sus hogares”, por cuanto tal consideración en su sentir es “pobre y endeble”, toda vez que desnaturaliza el sentimiento, llamado a ser libre y voluntario por excelencia.

Con los anteriores fundamentos, solicitan el amparo de sus derechos de libre circulación, libertad de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra y como consecuencia de ello que se le ordene al señor alcalde abstenerse de llevar a cabo el día “sin hombres”, decretar la nulidad del acto administrativo adoptado al respecto por el burgomaestre, ordenarle hacer pública la nulidad del día “sin hombres” que en sede de tutela se disponga, la cual piden ser difundida por los mismos medios publicitarios dados a la medida, así como la apertura de las investigaciones disciplinarias y penales estimadas pertinentes.

De otra parte, mediante escrito del 6 de marzo de 2001, el doctor Juan Manuel Charria Segura, presentó igualmente acción de tutela contra el señor Alcalde de Bogotá, por promover una campaña a través de los medios de comunicación con el fin de evitar que el día viernes 9 de marzo de 2001 a partir de las 7:30 p.m. los hombres pudieran “(...) salir a la calle (...)”, limitación hecha también extensiva a las mujeres para el día 16 del mismo mes, cuya conducta, a juicio del accionantes, “(...) constituye una violación clara de los derechos fundamentales de las personas (...)”.

Agrega, que la ciudadanía no está ante situaciones de orden público que ameriten tales dispositivos, ni la medida puede ser considerada como un “toque de queda”, siendo deber de las autoridades respetar los derechos fundamentales de los ciudadanos, los cuales se ven afectados y lesionados gravemente en situaciones como las provocadas en este caso por el señor alcalde de la ciudad capitalina, a quien le endilga amenazar y vulnerar con tales medidas los derechos fundamentales a la igualdad, libertad de locomoción, libertad personal y derecho a la recreación, contemplados en los artículos 13, 16, 24, 28, 52 de la Constitución Política, respectivamente, así como varios instrumentos internacionales suscritos por el Estado colombiano.

Con los anteriores fundamentos y apoyado en citas jurisprudenciales de la Corte Constitucional sobre los derechos que en su caso considera amenazados y presuntamente conculcados, el señor Charria suplica la protección inmediata de los mismos, solicitando que se suspenda la medida del alcalde objeto de cuestionamiento y se le prevenga para que en lo sucesivo se abstenga de adoptar determinaciones de esta especie, violatorias de los derechos fundamentales de las personas.

por referirse la acción citada en precedencia a los mismos hechos y derechos discutidos en la acción de tutela interpuesta por los señores Luis Miguel Sabogal Camargo y Roger Cárdenas Barbosa, inicialmente citada en este acápite de antecedentes, el señor magistrado a quien el correspondió por reparto, dispuso su remisión al despacho de la señora magistrada ponente de aquélla solicitándole estudiar la posibilidad de acumularlas, lo cual fue admitido en auto e marzo 7 de 2001, con base en los principios de economía y celeridad, rectores de la acción tutelar, (fl. 33).

La sentencia del a quo

Integradas las dos acciones, esto es, la formulada por los señores Luis Miguel Sabogal Camargo y Roger Cárdenas Barbosa y la presentada por el doctor Juan Manuel Charria Segura, ambas contra el señor Alcalde de Bogotá, con fundamento en los mismos hechos y similares razones de derecho ya puntualizados, el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca mediante providencia del 9 de marzo de 2001 las decidió, declarándolas improcedentes.

El a quo basó su decisión, en la falta de acto administrativo expedido por el alcalde a través del cual se concretara o se materializara tal determinación, cuyo contenido le permitiera examinar e inferir el grado de lesión a los derechos fundamentales alegados por los accionantes.

Todo el discernimiento de la Sala en su providencia giró en torno a la razón que se acaba de exponer, para concluir luego que las acciones carecían de objeto, por ser incierta la existencia del acto administrativo respecto del cual los actores predicaron la medida obligatoria adoptada por el burgomaestre en los términos aducidos en sus respectivos escritos, para derivar de allí la amenaza y quebrando de los derechos fundamentales a los cuales se contrajo la solicitud de amparo por la vía tutelar.

El señor magistrado doctor Álvaro León Obando Moncayo, aclaró su voto, por considerar, que aun cuando el acto administrativo no hubiere sido emitido, ese simple hecho no hacía improcedente la acción, por cuanto eventualmente el proyecto anunciado sobre tal medida podía revelarse contrario a derecho antes de su nacimiento a la vida jurídica, y, por lo tanto, se sustraería la corporación al estudio de probables amenazas a los derechos constitucionales fundamentales, lo cual sería evitable a través del estudio de fondo de las acciones propuestas.

No obstante lo anterior, se declaró partidario de un pronunciamiento de fondo que despachara favorablemente las pretensiones de los accionantes, por cuanto a su juicio, documentado sobre la medida por los medios de información, la misma apunta a evaluar el comportamiento de nuestra sociedad en las horas de la noche, razón por la cual estima que los derechos fundamentales invocados no pueden ser absolutos y admiten en casos como el planteado una limitación razonable (fl. 68).

La impugnación

Inconformes con la decisión adoptada por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, los señores Luis Miguel Sabogal Camargo y Roger Cárdenas Barbosa la impugnaron, el primero de los nombrados el 12 de marzo, cuando fue notificado de la decisión y el segundo el 15 de marzo en la misma oportunidad, sin que se advierta sustentado el recurso por los citados accionantes (fl. 34 vto.).

Por su parte, el doctor Juan Manuel Charria Segura, igualmente la impugnó a través del escrito del 12 de marzo, visible de folios 76 a 108 del expediente, en el cual reitera los mismos argumentos que sustentaron la acción contra la medida del alcalde, que informan encontrarse contenida en el Decreto 190 de 2001, por ser violatoria de los derechos fundamentales alegados; transcribe algunas sentencias de la Corte Constitucional como fundamentos de derecho e informa que finalmente el día 9 de marzo de 2001 la medida se ejecutó para los hombres, por lo cual solicita:

Revocar el fallo impugnado, suspender de manera inmediata la medida prevista para el viernes 16 de marzo, restituir los perjuicios causados a las personas que se les violaron los derechos el viernes 9 de marzo, inaplicar el Decreto 190 de 2001 bajo la excepción de inconstitucionalidad y prevenir al alcalde para “evitar declaraciones que causen hechos violentos y deshonrosos (...) y evitar hechos como los ocurridos el viernes 9 de marzo de 2001 (...)”.

Consideraciones

Previamente al estudio que resuelva la impugnación propuesta, debe advertir la Sala sobre determinadas impropiedades que llaman su atención dentro del trámite dado por la Sala a quo a las presentes acciones de tutela que fueron acumuladas.

Allegado como fue al expediente, antes de ser proferido y notificado el fallo objeto de la impugnación, el Decreto 190 de 7 de marzo de 2001 por el cual el señor Alcalde de Bogotá adoptó las medidas que compelieron a los accionantes a presentar las tutelas de la referencia, no se explica esta Sala por qué el sentenciador de tutela no acometió su estudio para determinar la presunta amenaza de los derechos cuya protección invocaron los accionantes.

En efecto, el citado decreto fue aportado al informativo mediante memorial presentado el 8 de marzo de 2001 por uno de los accionantes, el doctor Juan Manuel Charria Segura, según las constancias de recibido que aparecen en los citados documentos (fls. 35 a 66) y por su parte el fallo adoptado por la Corporación declarando improcedentes las acciones, precisamente por la falta del acto administrativo que concretara la acción u omisión violatoria o amenazante de los derechos fundamentales por parte de la entidad accionada, es de un día después de haberse recibido ese acto administrativo echado de menos para decidir de fondo, es decir, del 9 de marzo.

Así las cosas, aún cuando la culpa haya sido atribuible a la empleada encargada de pasar los documentos al despacho, quien al parecer agregó las pruebas al expediente luego de ser adoptado el fallo por la respectiva Sala de Decisión, según las constancias que obran al respecto y por lo cual se compulsaron copias para que fuera investigada disciplinariamente, lo cierto es que la Sala de Decisión alcanzó a reparar, antes de ser notificado el fallo a las partes, de la existencia de las pruebas necesarias para resolver de fondo, aportadas por uno de los accionantes antes de producirse el fallo.

En efecto, advertida la situación el mismo 9 de marzo por el señor magistrado, doctor ÁIvaro León Obando, quien estimo en auto de esa fecha (fl. 70) que el pronunciamiento decisorio sobre las acciones acumuladas debía anularse “por ser abiertamente ilegal” y dictarse una nueva providencia, teniendo en cuenta que aquel aún no se había notificado al comunicado a las partes, considera la Sala que ha debido atenderse su llamado y en su lugar proferir decisión de fondo que examinara las pruebas existentes, mediante el mecanismo que jurídicamente resultara adecuado, como quiera que el fallo adoptado entonces declaraba improcedentes las acciones de tutela por ausencia del acto administrativo determinante del presunto agravio y precisamente la prueba agregada se refería a éste, señalado como la potencial amenaza de violar los derechos fundamentales de los tutelantes durante la noche del mismo 9 de marzo.

Por consiguiente, para la Sala, el auto dictado por la señora magistrada ponente, en el cual manifiesta, no obstante las circunstancias anotadas, que de acuerdo con el estatuto procesal civil (fl. 71) no hay lugar a revocar, adicionar o corregir dicha sentencia (fl.71), no consulta propiamente la función constitucional del juez de tutela que consiste precisamente en establecer si los derechos fundamentales de los peticionarios han sido violados o están en peligro de serlo, con el fin de impartir la justicia constitucional que corresponda si encuentra que en efecto se configura una u otra situación.

Su sagrado deber como juez de tutela no es otro que el de salvaguardar los derechos fundamentales, como lo ha resaltado la Corte Constitucional, independientemente del trámite que gobierna el proceso civil, pues el hecho de ser aplicables sus principios para interpretar el procedimiento de la acción, según el artículo 4º del Decreto 306 de 1992, ello no significa que con base en tal o cual disposición de dicho ordenamiento se pueda desatender la función trascendental a cargo del juez en sede de tutela, había cuenta además, que la aplicación de la normatividad contenida en el Código de Procedimiento Civil sólo está autorizada, siempre y cuando no sea contraria al procedimiento autónomo de la acción tutelar en el que prima el derecho sustancial, menos aún a su fin primordial.

De otra parte, si bien la magistrada ponente concedió la impugnación formulada contra la sentencia del 9 de marzo por el doctor Juan Manuel Charria Segura, omitió pronunciarse sobre la concesión del recurso también interpuesto contra la misma decisión por los otros accionantes, Luis Miguel Sabogal Camargo y Roger Cárdenas Barbosa. No obstante, en atención a la prevalencia del derecho sustancial, economía, celeridad y eficacia en este trámite, la Sala entrará a resolverlo sin otra consideración al respecto.

Como es sabido, la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, se erige como la máxima expresión de garantía a los derechos fundamentales de las personas definidos en la misma Carta, cuyo ejercicio permite reclamar ante los jueces “(...) la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública ....”, siempre y cuando”(...) el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”.

En eI caso de autos debe precisar la Sala, que al momento de resolver la impugnación, ya fueron consumados los hechos alertados en potencial amenaza como presuntamente violatorios de los derechos fundamentales invocados por los peticionarios, en procura de lograr el amparo deprecado con la decisión simultánea que ordenara al señor Alcalde de Bogotá revocar o suspender los actos administrativos que los proyectaban, para que los mismos no se cumplieran según lo pretendido.

En efecto, el llamado por los accionantes “día sin hombres”, refiriéndose a la presunta limitación a la facultad de locomoción impuesta por el alcalde al género masculino, se cumplió el día 9 de marzo de 2001. Por su parte, la medida que en el mismo sentido se dispuso, pero en relación con las mujeres, se llevó a cabo el 16 del mismo mes y año.

Es evidente entonces la extemporaneidad acaecida, ya a la fecha, para los fines propuestos por los actores, lo cual despoja a las acciones formuladas de uno de los elementos esenciales para su procedencia, que es precisamente la actualidad o vigencia de la amenaza mediante la cual se haya colocado en peligro un derecho fundamental, o bien que no se trate de un daño ya consumado originado en la violación de un derecho, a menos que la acción u omisión violatoria del derecho persista, según se desprende del numeral 4º artículo 6º del Decreto 2591 de 1991.

De igual manera, sobre el particular ha precisado la Corte Constitucional:

Ha de insistirse en que las amenazas únicamente pueden dar lugar a la tutela si son graves y actuales, es decir, si en el caso concreto resulta inminente un daño al derecho fundamental en juego sin que su titular esté en capacidad de hacer nada para evitarlo y si, además, el peligro gravita sobre el derecho en el momento en que se ejerce la acción, pues de no ser así, ésta podría ser inútil o extemporánea. De allí que no tengan tal carácter los hechos susceptibles de ser controlados por la propia actividad de la persona ni tampoco los que ya tuvieron ocurrencia, ni los que representan apenas una posibilidad remota o distante” (C. Const., exp. T-157.379 M.P. Dr. Fabio Morón Díaz) (negrillas fuera de texto).

Sin embargo, para resolver la solicitud del accionante respecto de la prohibición al alcance de otras decisiones de esta índole se debe examinar por el citado acto administrativo expedido por el burgomaestre, sobre el cual la Sala no advierte que se haya violado derecho fundamental alguno, pues si bien en sus artículos segundo y tercero se dijo que la noche del 9 de marzo de 2001 sólo podrían circular las damas en vías y lugares públicos y que en la noche del 16 sólo podían circular los señores en los mismos espacios, tales medidas no tuvieron ningún carácter coercitivo ni obligatorio, ya que en uno de sus apartes se dejó a salvo la autonomía de la voluntad de todas las personas, de participar o no en dicha jornada, inspirada en fines pedagógicos y altruistas, tal como lo encuentra la Sala de la lectura de sus propósitos y no con el ánimo de violar los derechos fundamentales de los asociados.

En consecuencia, como no existe mérito para conceder el amparo procurado en el presente asunto, cuyas tutelas habrán de denegarse de acuerdo a las razones que preceden, no habrá lugar tampoco, por sustracción de materia, como se solicita en la impugnación, a prevenir al señor alcalde para que se abstenga de adelantar jornadas pedagógicas como las cumplidas pues debe expresar claramente la Sala no tener ningún conocimiento acerca de la ejecución de “hechos violentos y deshonrosos” que se hayan perpetrado con ocasión de las referidas jornadas, como lo da a entender uno de los accionantes.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. MODIFICAR la sentencia del 9 de marzo de 2001, proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, en cuanto declaró improcedentes la acción de tutela promovida por los ciudadanos Luis Miguel Sabogal Camargo, Roger Cárdenas Barbosa y Juan Manuel Charria Segura, para en su lugar DENEGARLAS, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de la presente decisión.

2. Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia la Secretaria Judicial de esta Sala REMITIRÁ el presente fallo a la H. Corte Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Guillermo Bueno Miranda, Presidente—Jorge Alonso Flechas Díaz, Vicepresidente—Eduardo Campo Soto—Fernando Coral Villota—Ruben Dario Henao Orozco, no asistió con excusa—Temístocles Ortega Narváez—Leonor Perdomo Perdomo.

Silvio Gentil Nieto Beltrán, Secretario Judicial.

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