Sentencia T-9627 de julio 31 de 2001 

• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

C.P. Arnoldo Zarazo Oviedo

Aprobado acta Nº 110

Bogotá, D.C., treinta y uno de dos mil uno

Asunto:

En virtud de la impugnación interpuesta por el apoderado del accionante señor Ricardo Pastor Ochoa Ruiz, conoce la Sala de conjueces del fallo del día treinta (30) de abril de 2001, por medio del cual el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Penal, negó la tutela de los derechos fundamentales al debido proceso, al derecho de defensa y al acceso a la administración de justicia, por considerar que no fueron vulnerados por la Fiscalía General de la Nación.

Fundamentos de la acción:

El señor Ricardo Pastor Ochoa Ruiz, a través de apoderado, inició la acción de tutela contra la Unidad de Antinarcóticos e Interdicción Marítima (Unaim) de la Fiscalía General de la Nación, porque considera vulnerado el derecho fundamental al debido proceso, con base en los siguientes hechos.

El día seis (6) de noviembre de mil novecientos noventa y seis, de oficio, la entonces fiscalía regional, seccional de Medellín, inició investigación preliminar con el número de radicado 21.794 en contra de Alejandro Bernal Madrigal, conocido con el alias “Juvenal”, y contra otras personas cuya identidad se desconocía en ese momento, actuación que terminó con resolución inhibitoria el día 22 de julio de mil novecientos noventa y ocho.

El 18 de febrero de mil novecientos noventa y nueve, el embajador de los Estados Unidos de Norteamérica Kurtis Kamman le solicitó cooperación a la Fiscalía General de la Nación para llevar a cabo investigación con agentes de la DEA, en criterio del actor acerca de los mismos hechos que originaron la investigación preliminar mencionada, esto es que en realidad no podía verse ello como una asistencia judicial de las autoridades colombianas a las de ese país, pues ya se había llevado a cabo en Colombia la investigación previa aludida por hechos, presuntamente, cometidos en el país, motivo por el cual lo que debió hacer la Fiscalía General de la Nación, con base en esas nuevas pruebas recaudadas en cooperación con las autoridades de dicho país, fue ordenar reabrir las diligencias preliminares en comento mediante la revocación de la resolución inhibitoria y, por ende, vincular procesalmente a los implicados.

Con base en tales pruebas, en esencia, recaudadas por autoridades colombianas —la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional— y entregadas al gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, éste solicitó la extradición de varias personas, entre las cuales está Ricardo Pastor Ochoa Ruiz, las cuales fueron detenidas, preventivamente, con dicho fin, en la operación conocida por la opinión pública como “milenio”.

Igualmente, afirmó el accionante que pudo obtener copia de las pruebas aludidas a través de los abogados de personas vinculadas al respectivo proceso que se adelanta en ese país —cuya fotocopia allegó con la demanda de tutela— con lo cual demuestra lo dicho en precedencia y que, por ende, las mismas deben estar en los archivos de la Fiscalía General de la Nación y de la Policía Nacional, respectivamente.

Tales actuaciones que consideró como vías de hecho, fueron objeto de otra acción de tutela que fue resuelta, negando el amparo, en primera instancia por el Juzgado Cuarto Penal de Circuito Especializado de esta ciudad; que impugnó esa decisión pero desistió del recurso; no obstante la tutela fue seleccionada para revisión por la Corte Constitucional, corporación que, en su Sala Cuarta de Revisión, mediante proveído T-1736 de 2000, revocó parcialmente la decisión del juzgado en el sentido de cómo consideró que la Fiscalía General de la Nación estaba en la obligación de determinar si los hechos por los cuales estaban solicitados en extradición los actores fueron cometidos o no en Colombia y en tal sentido dio la orden.

A pesar de ello, la Fiscalía General de la Nación abrió investigación previa con radicación 5372, de fecha veinte de diciembre de 2000, vinculando a Santiago Vélez Velásquez y otros (fl. 55 y siguientes del cuaderno número uno). Posteriormente, el día dos (2) de enero de 2001, dispuso la vinculación de Ricardo Pastor Ochoa Ruiz y otros como consta en el cuaderno original número uno (1) en el folio 146 y siguientes, aun cuando no era necesario hacerlo teniendo en cuenta que los fines de esa institución procesal se hallaban cumplidos en cuanto los presuntos autores estaban determinados e individualizados y los hechos estaban calificados como delitos, de conformidad con el trámite de extradición que paralelamente se adelantaba. Es por ello por lo que consideró que la Fiscalía General de la Nación ya tenía mérito para abrir investigación.

En desarrollo de esas diligencias previas se dispuso escuchar en versión libre a varias personas, entre ellas a Ricardo Pastor Ochoa Ruiz, la que fue recibida el día veinticuatro (24) de enero del año 2001, conforme aparece a folio 234 y siguientes del cuaderno original número tres (3), quienes allegaron en copia las pruebas antes citadas, practicadas en cooperación por la Fiscalía General de la Nación, Policía Nacional y la DEA.

El día 27 de febrero de 2001 se dictó apertura de investigación en la que se ordenó que se escuchara en indagatoria a los implicados, entre ellos, a Ricardo Pastor Ochoa Ruiz, según folio 98 y siguientes del cuaderno original número cuatro del sumario 500 Unaim.

El señor Fiscal General de la Nación ordenó cambiar a la funcionaria a cargo de las diligencias e integró una comisión especial conformada por los doctores María Eugenia Almonacid, Patricia Cabanillas y Francisco Antonio Rodríguez, para continuar con el proceso en mención.

Mediando solicitud de que se reciban las indagatorias, la comisión que conduce el proceso se ha venido negando a recibirlas, entre ellas la de Ricardo Pastor Ochoa Ruiz, con el argumento de que está a la espera de la respuesta de las autoridades de los Estados Unidos de América sobre la veracidad y autenticidad de los documentos aportados, para lo que libró la respectiva comisión rogatoria.

Igualmente, se aduce que se le ha negado a los abogados de los implicados el derecho de postulación.

El accionante considera que la actuación de la Fiscalía General de la Nación constituye una vía de hecho —que tiene por fin que su representado finalmente, sea extraditado a los Estados Unidos de Norteamérica para satisfacer los requerimientos del mismo— en cuanto, reiteró que no obstante tales pruebas fueron conseguidas en copia por el actor a través de abogados que defienden a ciudadanos colombianos procesados en dicho país, las mismas en esencia documentales, fueron recaudadas por autoridades colombianas y, por ende, gozan de la presunción de autenticidad o por mejor decir no sería necesario que otro país certificara su autenticidad, máxime cuando las mismas han de reposar en los archivos de éstas, con base en lo cual afirma que era suficiente que los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación que suscribieron muchos de tales documentos fueran requeridos para lo pertinente.

Es por ello por lo que considera que la Fiscalía General de la Nación está desacatando el fallo de revisión T-1736 de 2000 lo que motivó al accionante a promover el respectivo incidente en el trámite de tutela que adelantó el Juzgado Cuarto Penal de Circuito Especializado.

Concluye que se encuentra sin otro mecanismo de defensa por lo que considera procedente el amparo constitucional del debido proceso, al de defensa, al acceso a la administración de justicia y el de una pronta y cumplida justicia.

El fallo recurrido

El Tribunal Superior de Bogotá, Sala Penal, deniega la tutela dirigida a proteger el derecho al debido proceso en razón de su improcedencia, al considerar que la competencia del juez constitucional no consiste en determinar si dentro de un proceso penal existe o no mérito para que una persona sea vinculada mediante indagatoria.

“Ello es de exclusiva competencia de la Fiscalía General de la Nación previo el estudio de los requisitos legales y si la fiscalía, conforme a los elementos probatorios aportados o practicados, encontrase que no existe mérito para escuchar al imputado deberá reconocer el error y revocar esa orden.

Igualmente, porque la jurisprudencia constitucional traída por el actor, la Sentencia T-1736 de 2000, no tiene el alcance que éste le pretende dar, en dicha decisión la sala cuarta de revisión de esa corporación, al revisar dos acciones de tutela acumuladas, cuyos actores fueron detenidos, preventivamente, con fines de extradición, en la operación “Milenio”, y en una de las cuales actuó como apoderado el mismo profesional que lo hace en este trámite, pero en representación de otro distinto de Ochoa Ruiz, declaró que la fiscalía debía determinar si los hechos por los cuales estaban requeridos en extradición esos peticionarios habían sido o no cometidos en Colombia, en cuanto que ello era de su competencia, lo que ocurría con la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, corporación que sólo se limita a emitir un concepto con base en que exista o no la satisfacción de requisitos, en esencia formales, lo que no constituye, en manera alguna, un acto de juzgamiento o de evaluación probatoria.

En consecuencia, le ordenó que, en el término de 24 horas, contadas a partir de la respectiva notificación, iniciara la investigación con el fin de determinar si los hechos por los cuales se solicitó en extradición a los actores en esas acciones de tutela Santiago Vélez Velásquez y Alfredo Tascón Aguirre estaban sometidos o no a la jurisdicción penal colombiana. Pero con ello no quiso significar, en manera alguna, que la fiscalía tenía que vincularlos, con mérito o sin él, al respectivo proceso penal que se adelantare, pues, reiterase, ello depende, tal y como lo afirmó la accionada, de que exista prueba para la imputación fáctica que ha de formularle aquella en dicha diligencia. Como el actor en esta acción pública mediante apoderado, ochoa Ruiz, se halla en las mismas condiciones de hecho y de derecho de aquellos, es aplicable tal interpretación.

Igual consideración pude hacerse en relación con la determinación del valor probatorio que tengan determinados documentos, su autenticidad de acuerdo con la ley, su aptitud legal para poder ser valorados como prueba, en un proceso penal; ello, en el caso sub litem, sólo puede hacerlo la fiscalía. Como podría el juez de tutela ordenar verbigracia, dictamen pericial para determinar tales aspectos u otros similares. Es por ello que los planteamientos que en tal sentido hizo el demandante —consistentes en afirmar que las pruebas que sirven de base para la vinculación de su poderdante en el proceso 500 no fueron expedidos por autoridad extranjera sino colombiana, motivo por el cual fue improcedente que la fiscalía solicitara certificación de autenticidad de las mismas a aquélla —escapan a la controversia de naturaleza constitucional, el juez de tutela, aunque solamente está sometido a la Constitución Política no puede subvertir el ordenamiento jurídico ordinario general que no contraría la Carta Política”.

Consideraciones de la Corte

1. La acción de tutela está prevista en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia y el Decreto 2591 de 1991, para que mediante un procedimiento preferente y sumario se protejan los derechos fundamentales cuando resulten vulnerados o amenazados por una acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares, cuando no exista otro medio de defensa judicial.

2. Planteamiento del problema: el asunto consiste en establecer si se viola el debido proceso cuando no se escucha oportunamente en diligencia de indagatoria a una persona contra la cual se ordenó abrir investigación y si existe o no otro medio de defensa judicial.

3. Para responder el asunto planteado es importante resolver previamente la naturaleza de la diligencia de indagatoria, y las condiciones que posibilitan la vinculación de una persona a un proceso penal.

4. Con respecto a la naturaleza de la diligencia de indagatoria la Corte Constitucional en la Sentencia C-403 de agosto 28 de 1997, con ponencia del Dr. Vladimiro Naranjo Mesa, dijo:

“La diligencia de indagatoria, como medio de defensa y, a la vez, medio de prueba, forma parte del núcleo esencial del derecho fundamental al debio proceso que, tal como lo ha reconocido esta corporación en diferentes pronunciamientos, recoge el conjunto de garantías que protegen al ciudadano sometido a cualquier procedimiento y le aseguran, a lo largo del mismo, una recta y cumplida administración de justicia. En materia penal, el derecho a la defensa surge en el momento en que la autoridad judicial le atribuye a alguien una conducta punible. Por ello es absolutamente necesario que el sindicado conozca en forma oportuna la iniciación de una investigación en su contra (incluso la indagación preliminar), para que a través de las diferentes instancias judiciales, —comenzando por la diligencia de indagatoria—, controvierta todos los elementos probatorios que lo incriminan”.

5. Con respecto a las condiciones y el momento procesal que posibilitan la vinculación de una persona a un proceso penal la Corte Constitucional en la Sentencia C-475 de septiembre 25 de 1997, con ponencia del Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz dijo:

“En primer lugar, al sujeto le asiste el derecho a ser oído tan pronto el Estado tiene suficientes elementos para formular en su contra una imputación penal. Los principios de prontitud y oportunidad han sido defendidos reiteradamente por esta corporación, al indicar, entre otras cosas:

“El derecho al debido proceso contiene en su núcleo esencial el derecho a conocer tan pronto como sea posible la imputación o la existencia de una investigación penal en curso —previa o formal—, a fin de poder tomar oportunamente todas las medidas que consagre el ordenamiento en aras del derecho de defensa. Hay un derecho al proceso y a la intimidad personal y familiar. Pero, antes, inclusive, la dignidad de la persona humana postula la existencia del derecho a ser sujeto del proceso y no simplemente objeto del mismo (...)”.

6. La Sala considera necesario precisar que es del caso separar el tema de la presente tutela de aquel que corresponde al trámite de la extradición en curso, que se encuentra a cargo de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, porque existe jurisprudencia al respecto en el sentido de que no es obstáculo para la misma que exista un proceso penal en curso en Colombia, y que el artículo 527 de la Ley 600 de 2000 fue declarado inexequible por la Corte Constitucional.

7. En el sistema procesal penal colombiano se considera que la indagatoria y en general la declaración directa del sindicado de un hecho punible es un medio de defensa de la persona a quien se hace la imputación, para que suministre todas las explicaciones que considere pertinentes con relación a los hechos. Así se dispone en el artículo 353 del Código de Procedimiento Penal, vigente para la época en que se inició la acción de tutela, y cuyo contenido reproduce el actual 334 de la Ley 600 de 2000.

8. En las oportunidades en que las normas se refieren a la indagatoria exigen que la misma se reciba de manera inmediata, como se desprende de lo establecido en la Ley 16 de 1972, Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José, cuando en el artículo 8º, que regula las garantías judiciales, dice que “toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella...”. Norma de forzosa aplicación en virtud del denominado bloque de constitucionalidad consagrado en el artículo 93 de la Constitución Política que señala que los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que se refieren a derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción prevalecen en el orden interno.

9. Preceptos que han sido desarrollados por las reglas que regulan la recepción de las explicaciones del incriminado, como es el artículo 324 que señala con relación a la versión libre que dicha diligencia debe recibirse “de inmediato”, en el artículo 361, inciso segundo que al referirse a las ampliaciones de indagatoria establece que se harán en “el menor tiempo posible”, y el artículo 381 en que dado el supuesto de que se presente el incriminado de manera voluntaria al proceso la diligencia de indagatoria “se le recibirá inmediatamente”, o en el evento de realización bajo la orden de captura la podrá hacer efectiva o dispondrá “se practique inmediatamente la diligencia o se fije día y hora para hacerlo”. Normas contenidas en el Decreto 2700 de 1991. El nuevo Código de Procedimiento Penal (Ley 600/00) , al señalar los términos para oír en indagatoria en su artículo 340 nos dice que se hará a la “mayor brevedad posible” y el 342 que se refiere a las ampliaciones también expresa “en el menor tiempo posible”. Reglas que obedecen a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas como lo señala el artículo 29 de la Constitución Política.

10. Con relación a la oportunidad para vincular a una persona mediante la diligencia de indagatoria resulta útil consultar lo dispuesto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 14, numeral 3º, que establece que toda persona tendrá derecho a “disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa y a comunicarse con un defensor de su elección”. Además, la Corte Constitucional ha dicho que “resulta violatorio del debido proceso, convocar a un sujeto para que rinda versión preliminar o declaración indagatoria cuando la actividad inquisitiva del Estado se ha postergado hasta conseguir un cúmulo tal de elementos probatorios que hagan imposible o particularmente ardúa la defensa. En estas condiciones, puede afirmarse que el Estado debe permitir que el sujeto investigado rinda versión libre o indagatoria, tan pronto resulte posible formular, en su contra, una imputación penal”. (C. Const. Sent. C-475/97). El derecho a la defensa, entonces, debe ser continuo, permanente, pues en cualquiera de las etapas procesales pueden aportarse pruebas que exigen que el procesado tenga la posibilidad de contradecirlas, bien sea argumentando en contra de ellas, participando en la práctica de las mismas, o solicitando otras pruebas que refuten oportunamente las que sirven de cargo contra el procesado. La pronta recepción de la diligencia de indagatoria y el continuo ejercicio del derecho a la defensa impiden que se configure una causal de nulidad por vinculación tardía.

11. La fiscalía dictó en la resolución de apertura, que están dados los elementos probatorios necesarios para vincular mediante indagatoria al actor y por eso la ordenó. En estas condiciones la negativa a fijar fecha para escuchar la indagatoria ya ordenada constituye acto que es obviamente ilegítimo desde el punto de vista del derecho fundamental al debido proceso alegado por el actor, pues le impide conocer los cargos y controvertirlos desde el primer momento.

12. Visto además que la negativa de la Fiscalía a señalar fecha para indagatoria se dictó bajo la forma de resolución de “cúmplase”, es decir, sin posibilidad de recurso horizontal ni vertical, no queda vía alterna de protección diversa de la tutela.

Por los anteriores razonamientos se revocará el fallo de tutela impugnado.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. Revocare la denegación del amparo proferida por la honorable Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá.

2. En consecuencia tutelar el derecho a la defensa y al debido proceso de Ricardo Pastor Ochoa Ruiz, y por ende ordenar que se oiga en declaración de indagatoria al demandante en esta tutela, en un plazo máximo de ocho (8) días calendario.

3. Ordenar a la Fiscalía General de la Nación, comisión de fiscales que conduce el proceso 500 Unaim que, si aún no lo ha hecho, escuche en diligencia de indagatoria al señor Ricardo Pastor Ochoa Ruiz en un término máximo de ocho días a la notificación de esta providencia.

4. Notifíquese conforme a lo previsto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

5. En firme esta decisión, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Luis Arnoldo Zarazo Oviedo—Ricardo Calvete Rangel—Jaime Camacho Flórez—Carlos Arturo Cano Jaramillo—Patricia Castro de Cárdenas—Manuel Corredor Pardo—Alfonso Pinilla Contreras—José Ignacio Talero Lozada—Eduardo Torres Escallón.

Teresa Ruiz Nuñez, Secretaria.

___________________________________