Sentencia T-972 de julio 31 de 2000 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA SEXTA DE REVISIÓN

ACCIÓN DE TUTELA

MUERTE DEL DEMANDANTE

EXTRACTOS: «2. La Corte Constitucional, en sede de revisión, puede entrar a estudiar de fondo un caso, a pesar de que en el momento de pronunciarse carezca de objeto la petición de amparo, siempre y cuando ese pronunciamiento sea necesario para analizar la corrección de las providencias que revisa y unificar así la doctrina constitucional. Este estudio se justifica por el papel que juega esta Corte en la integración y coherencia de la jurisprudencia constitucional. Ha dicho al respecto esta corporación:

La acción de tutela está encaminada a obtener la protección efectiva de los derechos fundamentales, cuando los mismos se encuentran amenazados o vulnerados por las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos previstos por la ley. En consecuencia, la protección ofrecida por la acción de tutela pierde sentido, por innecesaria cuando durante el curso del proceso desaparece la amenaza o cesa la vulneración. El juez queda inhabilitado, por tanto, para emitir orden alguna tendiente a restablecer el orden jurídico quebrantado, porque éste ha recobrado su normalidad sin la intervención de la autoridad del Estado.

No obstante, es jurisprudencia de la Corte Constitucional que cuando el hecho motivo de la acción desaparece el curso de la tutela y las circunstancias particulares del conflicto original así lo ameritan, la corporación puede pronunciarse sobre el caso sometido a revisión. En efecto, la Corte ha avalado esta práctica, consciente de la función que tiene como promotor de la pedagogía constitucional y tribunal encargado de precisar, reforzar y acendrar la jurisprudencia” (1) .

(1) Sentencia T-027 de 1999. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

3. Ese pronunciamiento de la Corte es necesario cuando la trascendencia del tema constitucional así lo justifica, o cuando la carencia actual de objeto ocurre después de que el juez de tutela ha decidido el asunto. Por ejemplo, si un actor que solicita por tutela la realización de una operación vital muere, pero después de decidido el caso por algunos de los jueces de instancia, entonces procede que la Corte entre a pronunciarse, no con el fin de ordenar una intervención quirúrgica que ya es de imposible cumplimiento, sino para analizar la corrección jurídica de la sentencia de instancia y unificar así la doctrina constitucional sobre el tema. Ha dicho al respecto esta Corte:

“No han sido muchas las oportunidades en que la Corte Constitucional ha debido afrontar el hecho de que, durante el trámite de tutela, ocurra la muerte del demandante o de la persona en favor de quien se inicia la acción. No obstante, a propósito de tales eventos, este tribunal ha podido delimitar las consecuencias que tiene para el proceso la muerte del tutelante, según el momento en que aquélla tenga lugar.

Al respecto tal como lo advirtió en la sentencia T-699 de 1996 la muerte del peticionario acaecida durante el trámite de revisión no exime a la corporación de emitir un pronunciamiento de fondo sobre el objeto del debate.

Es claro que por el efecto directo del fallecimiento del actor la Corte queda inhabilitada para impartir contra el demandado la orden a que hace referencia el artículo 86 de la Carta Política. Sin embargo, ello no impide que deba resolver el fondo del asunto sometido a estudio porque, de un lado, el artículo 29 del Decreto 2591 de 1991 prohíbe la emisión de fallos inhibitorios en materia de tutela y, del otro, porque la Corte Constitucional tiene a su cargo funciones que exceden las de simple tribunal de instancia.

En efecto, sabido es que la Corte Constitucional no es una instancia más en el debate jurídico y que sus decisiones persiguen, amén de la protección de los derechos fundamentales, la depuración de la jurisprudencia nacional, buscando establecer parámetros de interpretación elucidantes para los jueces de la República, que pretenden clarificar y delimitar, en últimas, el campo doctrinario de los derechos fundamentales, a lo cual se llega por vía de la revisión de casos ejemplares o ilustrativos. Que en el desarrollo de esta empresa se rectifiquen, enmienden, complementen e incluso, se revoquen las decisiones de los jueces de primero y segundo grado, es un efecto más de los muchos que constituyen su objetivo integral.

Por esta razón, como el propósito de la Corte Constitucional al revisar los procesos de tutela, es, además de resolver el caso concreto, decantar los criterios interpretativos de las normas jurídicas, no puede ser obstáculo para emitir un pronunciamiento de fondo el que el titular de los derechos que se invocan haya dejado de existir.

En el mismo sentido, tampoco es impedimento para que se emita un fallo de fondo el que hubiera desaparecido la causa motiva de la acción, bien porque el demandado hubiese cumplido con la obligación que se le exigía, ya porque hubiera suspendido los actos cuya cesación se le pedía” (2) .

(2) Sentencia T-428 de 1998. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

4. Sin embargo, la situación es diferente cuando la muerte del actor ocurre antes que haya sido decidido el asunto en primera instancia, y sin que siquiera hubiera sido posible que el juez de tutela pudiera tomar medidas eventuales para proteger al peticionario. En efecto, en tal evento, la única decisión correcta del juez de tutela es negar el amparo solicitado por carencia actual de objeto, y la Corte Constitucional, en sede de revisión, no puede sino confirmar tal determinación, pues el eventual daño ya se encuentra consumado y la función de la acción de tutela no es determinar la posible responsabilidad patrimonial o de otra índole de la entidad demandada, por ese hecho, sino únicamente obtener la protección efectiva de los derechos fundamentales, cuando los mismos se encuentran amenazados o vulnerados. Y eso es imposible si el daño está consumado o la violación o la amenaza al derecho fundamental ha cesado. Ha dicho al respecto esta Corte:

“La decisión judicial mediante la cual se concede una tutela tiene por objeto la restauración del derecho conculcado, ajustando la situación planteada a la preceptiva constitucional.

Si ello es así, la desaparición de los supuestos de hecho en los cuales se fundó la acción —bien sea por haber cesado la conducta violatoria, por haber dejado de tener vigencia o aplicación el acto en que consistía el desconocimiento del derecho, o por haberse llevado a cabo la actividad cuya ausencia representaba la vulneración del mismo— conduce a la pérdida del motivo constitucional en que se basaba el amparo. Ningún objeto tiene en tales casos la determinación judicial de impartir una orden, pues en el evento de adoptarse ésta, caería en el vacío por sustracción de materia” (3) .

(3) Sentencia T-033 de 1994. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

5. Es obvio que en el presente caso nos encontramos en esta última hipótesis, debido a que el accionante murió dos días después de haber presentado su solicitud y antes incluso de que se dictara el fallo por el juez de tutela. Por ende, la sentencia revisada tuvo razón en negar el amparo, por carencia actual de objeto pues el eventual daño ya estaba consumado antes de que el juez pudiera tomar cualquier determinación. El fallo será entonces confirmado».

(Sentencia T-972 de julio 31 de 2000. Magistrado Ponente: Dr. Alejandro Martínez Caballero).

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