Situaciones jurídicas consolidadas

Revista Nº 122 Mar.-Abr. 2004

Cuando el contribuyente cumple con los requisitos legales para acceder a un beneficio tributario, este no puede ser desconocido con posterioridad. 

José Romero T. 

Gerente Impuestos Ernst & Young 

Este tema es relevante con las normas tributarias, por su dinámica normativa y especial influencia en el desarrollo económico del país. Haremos referencia a algunos pronunciamientos de la Corte Constitucional, en los que se ha reconocido la institución de las situaciones jurídicas consolidadas, especialmente para abogar por su consideración en la “reforma estructural” del sistema tributario que está proponiendo el Gobierno Nacional.

Consagración constitucional

El artículo 58 de la Constitución Política establece el principio del respeto a los derechos adquiridos de conformidad con las “leyes civiles”(1). Se ha reconocido que las “leyes civiles” son aquellas normas jurídicamente relevantes para los particulares, por cuanto son causa o fuente de derechos y obligaciones civiles, sin que dicho concepto se circunscriba o limite exclusivamente a las normas de derecho privado(2). Adicionalmente, este derecho está íntimamente relacionado con el “Estado social de derecho”(3) colombiano, fundamentado en el imperio y respeto a la Constitución y la ley(4).

Las situaciones jurídicas consolidadas(5) son plenamente aplicables en materia tributaria, por cuanto estas tienen un efecto directo en los derechos y obligaciones de los particulares frente al fisco.

Limitaciones

Un ejemplo ilustrativo de esta situación, está relacionado con el beneficio tributario del descuento de renta por el IVA pagado en la importación o adquisición de bienes de capital (E.T., art. 258-1). Con la derogatoria de dicha norma, los saldos de IVA pagado en la importación o adquisición de bienes de capital hasta el 31 de diciembre de 1998, constituyen una “situación jurídica consolidada” para el contribuyente(6).

Es así como el parágrafo 2º del artículo 18 de la Ley 488 de 1998, hizo expreso el reconocimiento de dicha situación consolidada, pero limitando el descuento de dichos saldos a los 5 años gravables siguientes a la vigencia de la ley (hasta el año gravable de 2003). La Corte Constitucional declaró la exequibilidad de la norma en mención, considerando que la limitación en el tiempo para ejercer los derechos adquiridos por el contribuyente era “razonable y justa”(7). Posteriormente, el legislador intentó limitar aún más su utilización (a un año), pero la Corte Constitucional declaró la inexequibilidad de esta iniciativa por cuanto violaba la confianza legítima del contribuyente(8).

Consideramos que en un Estado de derecho no sería viable limitar situaciones jurídicas “consolidadas” con fundamento en la “razonabilidad” y “justicia” de una disposición, por cuanto dichas limitaciones llevarían a reconocer una situación jurídica “relativa” y no “consolidada”, en violación de los principios constitucionales explicados anteriormente(9).

Pronunciamiento reciente

El artículo 14 de la Ley 788 de 2002 adicionó el artículo 235-1 del estatuto tributario, para establecer un desmonte gradual de algunas rentas exentas particulares, desde el año 2003 hasta el 2006.

La Corte Constitucional reconoció que existía una situación jurídica consolidada y por tanto, no podrían aplicarse los porcentajes de limitación establecidos por el artículo en mención(10).

En nuestro entendimiento, los criterios que motivaron el fallo fueron:

— En los casos en que el contribuyente haya realizado una serie de actos jurídicos que lo hagan acreedor a una “contraprestación” o “beneficio” tributario, existe una situación jurídica consolidada que no puede ser desconocida por una norma posterior. Lo anterior bajo el entendido de que el “acto jurídico” se debió realizar por el contribuyente cuando la norma derogada estaba vigente.

— El reconocimiento de las situaciones jurídicas consolidadas es aún más claro cuando se trata de un “beneficio” limitado en el tiempo, con lo que una vez cumplido el término de la exención (para el caso 5 y 15 años), los contribuyentes estarían sometidos a las reglas generales.

— Lo anterior no sería predicable de beneficios tributarios generales. La Corte Constitucional ha manifestado reiteradamente que el legislador tiene la potestad de otorgar y suprimir beneficios tributarios de carácter general en cualquier momento, cuando así lo considere necesario y conveniente.

Recomendaciones para la “reforma estructural”

— Las situaciones jurídicas consolidadas no pueden ser desconocidas por las autoridades administrativas, legislativas o jurisdiccionales, ya que se encuentran protegidas por el ordenamiento constitucional superior.

— La Sentencia C-1114 de 2003, es un avance jurisprudencial importante en materia de “situaciones jurídicas consolidadas” y “seguridad jurídica”, el cual puede ser un mensaje de confianza para los contribuyentes que han realizado importantes inversiones relacionadas con regímenes especiales.

— Es importante que se desarrolle una conciencia generalizada sobre la importancia de reconocer con claridad y rigurosidad jurídica las “situaciones jurídicas consolidadas”, para fortalecer el sistema tributario imperante y la confianza legítima en la ley.

(1) Constitución Nacional de 1986, art. 30.

(2) Corte Suprema de Justicia, Sentencia del 14 de junio de 1969.

(3) Constitución Política, art. 1º.

(4) Constitución Política, art. 4º.

(5) La jurisprudencia de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado y de la Corte Suprema de Justicia, han manifestado de forma reiterada que en materia tributaria es más acertado hablar de “situaciones jurídicas consolidadas” que de “derechos adquiridos”. Corte Constitucional, sentencias C-393 de 1996, C-604 y C-926 de 2000. Sin embargo, la Corte Constitucional también ha aplicado el concepto de “derechos adquiridos” en relación con las normas tributarias, Sentencia C-478 de 1998.

(6) E.T., art. 258-1 derogado.

(7) Corte Constitucional, Sentencia C-926 de 2000.

(8) Corte Constitucional, Sentencia C-1215 de 2001.

(9) Aun cuando en ciertos casos, podría aceptarse que sí lo sea dentro de un Estado social, siempre que la razonabilidad y justicia se fundamenten única y exclusivamente en lo social.

(10) E.T., arts. 209 inc. 2º, 211 par. 4º; L. 685 de 2001, art. 235.