Sociedades de garantía recíproca en la República de Argentina

Revista Nº 19 Abr.-Jun. 2008

Sara Patricia Llorente 

1. Introducción.

Las pequeñas y medianas empresas —en adelante, PYME— tienen un efecto positivo en el crecimiento económico de un país, que se ve aumentado en la medida en que se experimenta en aquellos sectores con mayores retornos. Argentina ha mostrado históricamente niveles relativamente bajos de crecimiento de las PYME, al compararla internacionalmente, con lo cual resulta crucial no solo fomentar la inversión del sector público, sino también promover la complementariedad de la inversión privada de gran escala, a fin de optimizar su efecto en el desarrollo económico de estas empresas.

Nos referimos a la inversión que, por un lado, el Estado y, por el otro, las grandes empresas pueden realizar para permitir que las PYME puedan sortear el escollo más grave que tienen en el país: el acceso al crédito.

La escasez de fondos propios provoca que las PYME tengan una excesiva dependencia del mercado de crédito a corto plazo; dependencia provocada por los obstáculos que se les presentan cuando pretenden acceder a formas de financiamiento a largo plazo. Esta endeble situación financiera es la que no les permite crecer.

Con la intención de mejorar la situación financiera antes descrita y en la búsqueda de un mejor acceso al crédito para las PYME, se crea, en el año 1995, en Argentina, las Sociedades de Garantía Recíproca —en adelante, SGR— que, en principio, tienen como objeto facilitar el financiamiento de las PYME por intermedio de la inversión pública y privada.

Es indiscutida la importancia que las PYME tienen en la economía nacional, ellas ocupan el porcentaje más alto dentro del universo de las empresas argentinas, por lo que tienen un rol fundamental en la generación de trabajo y en la creación de valor agregado(1).

El objetivo de este trabajo es ofrecer al lector un panorama de la legislación extranjera sobre este tipo social y analizar algunos aspectos de la ley argentina, con el fin de observar si los loables propósitos del legislador han podido germinar y crecer o si, por el contrario, es el mismo Estado —que en su momento supo ver las necesidades del sector y reguló las SGR— quien no permite que el nuevo tipo social tenga el éxito de figuras similares en otros países, al generar una superposición de controles estatales que provocan que se torne irreal la finalidad de que las PYME tengan una mayor aptitud para obtener financiamiento y puedan competir en el mercado, aumentando sus garantías y su capacidad de negociar con entidades financieras.

2. Antecedentes europeos.

Este tipo de sociedades nacen en países con una arraigada tradición de gremios o de organizaciones artesanales y en periodos de grandes crisis económicas. La mayoría de los países europeos tienen un régimen jurídico o normas legales que regulan las sociedades que nos ocupan, pero con marcadas diferencias. Como afirma Lloréns: “En un extremo se encuentran los países en que los sistemas de garantías mutuas tienen reglamentos ad hoc, en el otro los países en los que no existe ninguna referencia legal para estos sistemas, y en un término medio existen países donde el sistema de garantía mutua utiliza reglamentos y un régimen jurídico no ideados para ellos”(2).

Si bien se suele ubicar el origen de estas sociedades en Francia, los primeros antecedentes pueden encontrarse en Bélgica, en la “Unión de Crédito de Bruselas”, fundada en 1848 —cuyo objeto era la captación de capitales para sus miembros garantizándolos con respecto a terceros—, y también en España, en los llamados “sindicatos industriales y mercantiles”, creados por el Real Decreto del 31 de julio de 1915 que, como afirma Bercovitz, “[…] fueron concebidos como organismos que actúan prestando la caución derivada de la mutua solidaridad entre aquellos que los constituyan para afianzar, mediante su concurso eficaz, la personal responsabilidad de cada uno de ellos”(3). Si bien el objeto originario de estos sindicatos españoles era otorgar garantías a favor de sus socios, sucesivas reformas desnaturalizaron el carácter garantizador, para darle un objeto social diferente.

La necesidad de Francia de encontrar formas de financiación para los artesanos y pequeñas empresas fue la causa de que, en 1917, se regularan las denominadas Sociétés de Caution Mutuelle —en adelante, SCM— que actualmente operan con aproximadamente US$ 20’000.000 en garantías activas.

Sin duda, fue Francia la impulsora de estas sociedades en Europa dentro del contexto de reestructuración de las empresas al finalizar la Segunda Guerra Mundial.

En este país existen tres tipos de sociedades de caución, siendo las más numerosas las que se atienen a la antigua ley del 13 de marzo de 1917, modificada en agosto del 2005. Las SCM son establecimientos de crédito que se especializan en la obtención de garantías para sus miembros. Se constituyen entre comerciantes, industriales, artesanos, sociedades comerciales y miembros de profesiones liberales. Estas sociedades aportan su garantía cuando se dan ciertas circunstancias o cuando esta les es exigida a los miembros, por lo que ellos quedan eximidos de presentar garantías personales —hipotecas, depósitos, etc.— a la entidad bancaria que acuerda el préstamo. Podemos decir que es una garantía para el banco que otorga el préstamo y también una contragarantía para la entidad bancaria que asumió el riesgo del crédito.

El segundo grupo de SCM son sociedades que se ajustan a la ley de las instituciones financieras de 1996. Por último, existe un grupo menor, constituido por aquellas que son consideradas asociaciones civiles que también garantizan a particulares y que desde 1984 están sujetas a la ley de instituciones financieras.

La iniciativa francesa generó la creación de figuras similares en el resto de Europa; por ejemplo, en Bélgica surgen en 1929 las llamadas Maatschappyen voor onderlinge borgstelling(4), coincidiendo con la caída de los bancos locales pequeños. Estas empresas tienen el estatuto de sociedades cooperativas de capital variable, sujetas a las disposiciones comunes de las entidades mercantiles, aunque han sido reguladas por una reciente ley de 1999.

En Bélgica no existe una agrupación nacional que represente a todas las sociedades de este tipo, pero como las entidades belgas están bajo la tutela y supervisión del Credit Professionnel S.A., esta entidad juega un cierto papel representativo a través del Comité Consultivo de las SCM belgas.

Existen dos tipos de sociedades de caución en Bélgica, las “cautivas”, que trabajan con un solo banco, y las “independientes”, que pueden hacerlo con varios. Siguiendo a Lloréns(5), podemos decir que, además de los bancos —que generalmente son los accionistas—, pueden existir otros socios voluntarios que no gozan de los beneficios de las actividades de la sociedad, pero que están interesados en apoyarlas. La entrada y salida de estas sociedades es bastante libre —siempre que las garantías de los socios estén liquidadas—, pero los socios cesantes mantienen su responsabilidad durante cinco años o hasta que las garantías suscritas en el momento de su salida estén canceladas en los libros. Igualmente, la responsabilidad de sus miembros está limitada a sus aportes.

La existencia en Bélgica de un fondo nacional de garantías es lo que permite que estas sociedades tengan apoyo público.

En Alemania nacieron las sociedades de garantía en los años treinta, con motivo de la recesión que produjo la Gran Depresión. Pero, una vez pasado el periodo crítico, muchas de estas sociedades fueron liquidadas. Fue en la Alemania de la posguerra cuando la clase media, agrupada en una confederación central, creó las Kreditgarantiegemeinshaft —en adelante KGG— que actualmente manejan, en su conjunto, más de 70.000 millones de dólares.

Las KGG son asociaciones de garantía de crédito que se caracterizan por la importante cooperación que existe entre las asociaciones gremiales y el Ministerio de Economía, por su regionalización y porque, a pesar de ser estructuralmente pequeñas, el nivel de actividad que desarrollan es de gran tamaño. Además, las KGG están reaseguradas en forma gratuita por el gobierno federal y el regional en porcentajes que varían según la situación geográfica del riesgo, llegando hasta un 80% para las operaciones que se realizan en la ex Alemania Oriental.

Son consideradas entidades públicas o casi publicas, a pesar de que su accionariado es mayoritariamente privado. Se ajustan al marco normativo de la sociedades de responsabilidad limitada, y debido a que los bancos son los principales accionistas, se encuentran sujetas a la normativa y legislación aplicable a los establecimientos de crédito y a la supervisión del Banco Central Alemán.

Pueden ser socios únicamente las instituciones gremiales, organizaciones de profesionales, entidades económicas públicas y privadas y los bancos; por lo que las PYME, que son las receptoras de las garantías, no tienen el estatus de socio y solo acuden a las KGG, en carácter de cliente de una entidad financiera.

Como afirma Pombo González(6), “(...) las KGG no están sujetas a ningún tipo de requerimiento sobre inversiones mínimas obligatorias. Aunque no existe ninguna prohibición de invertir sus excedentes en títulos de renta variable, las sociedades de garantía invierten estos excedentes en títulos de renta fija. Desde el punto de vista fiscal, las KGG no están sujetas al impuesto sobre sociedades ni al impuesto sobre el valor agregado (IVA). Asimismo, aunque no existe ninguna prohibición al respecto las sociedades de garantía no reparten dividendos a sus accionistas (...)”.

Las KGG están asociadas con federaciones nacionales denominadas Bundeskreditgarantiegemeinschaft que han creado una asociación nacional llamada Gemeinschaftausschuss der BKGG.

En Italia, las SGR nacen por el estímulo del sector público para beneficiar a los artesanos después de la Segunda Guerra Mundial. Así, en 1956 los conzorzio fidi o cooperative di garantiza que fueron en el siglo XX los autores intelectuales de las sociedades de garantías gremiales —sindicatos de peluqueros del norte— no contaban con una regulación específica, por lo que adoptaron la forma jurídica de la cooperativa, regulada en el Código Civil italiano.

En los años sesenta, entre las PYME de la industria y del comercio comenzaron a surgir los consorcios de garantía de los créditos. Pero esta expansión no contaba con un marco legal específico(7), por lo que seguían organizándose conforme a las pautas del modelo del sector artesanal. Este notable crecimiento provocó que las entidades buscaran un marco legal propio que, además de proporcionarle una estabilidad jurídica, les facilitará el acceso a las ayudas públicas.

En 1977 se produce el primer reconocimiento formal por parte de una ley del Estado (L. 675/77, ago. 12) a los consorcios y sociedades cooperativas de garantía para las PYME.

Pero fue recién en 1991, con la sanción de la Ley 317 de 1991 del 5 de octubre, que se reconoció el objeto social de las cooperativas de garantía mutua a través de dos actividades principales: la prestación de garantías financieras y su actividad de información, consultoría y asistencia a la empresa asociada. Además, esta norma establecía un fondo de garantías para afrontar posibles pérdidas en la actividad por las insolvencias de sus socios —hasta un 30% podría ser asumido por el Estado(8)—.

Siguiendo a Pombo, podemos decir que a partir de la década de los 90, se produce la creación de buena parte de las federaciones de ámbito nacional y, en 1992, se constituye, únicamente a efectos representativos, el Coordinamento Confidi.

El objetivo prioritario del sistema Confidi es facilitar el acceso al crédito de las PYME asociadas a los distintos consorcios y cooperativas, ofreciendo buenas condiciones de costo y plazo de las operaciones financieras abordadas. Estos consorcios operan principalmente con créditos a corto plazo(9) y gran parte de las garantías que otorgan se cubre con operaciones de factoring.

Los socios de los Confidi son las PYME, las cuales suscriben una cuota proporcional al capital social de la cooperativa. En el caso de las grandes empresas, ellas pueden ser socias, pero con no más del 5% de la participación total, siempre que no reciban ningún tipo de ayuda por parte del Estado. También pueden formar parte de los Confidi las instituciones públicas locales, las asociaciones de profesionales, las cámaras de comercio, etc. Estos organismos participarán con contribuciones directas a los fondos de garantía y, en algunos casos, en el fondo del capital social de la cooperativa.

En Italia, los Confidi suscriben acuerdos de colaboración con los bancos locales, y sus actividades se rigen por las modalidades convenidas con estos. Pero son los consorcios y cooperativas de garantías mutuas Confidi los que constituyen un auténtico instrumento de intermediación y conexión entre las PYME y el acceso al crédito.

Si bien históricamente se trató a las PYME con la legislación para cooperativas y consorcios, a partir de 1994 se les considera instituciones financieras y, por ende, se les aplica su legislación.

Al comienzo de este acápite mencionábamos que los precedentes de estas sociedades se remontan, en España, al año 1915, pero en realidad ellos no llegaron a influir lo suficiente en las posteriores regulaciones, siendo claramente el modelo francés de SCM, en 1917, el que los españoles tomaron.

Pero fue recién durante la crisis de los años setenta cuando estas sociedades comenzaron a ejercer un rol fundamental en la reconstrucción económica de España. El Pacto Económico y Social de 1977 —Pacto de la Moncloa— contemplaba, entre sus medidas, la del fomento del empleo y el desarrollo empresarial y la regulación de unas sociedades mutualistas de garantía que permitiesen acceder al crédito a las PYME con carencia o insuficiencia de garantías.

Afirma Bercovitz(10) que fue por iniciativa de la Cámara de Comercio e Industria de Barcelona que se sancionó el Real Decreto-Ley 15 de 1977 de 25 de febrero sobre medidas fiscales, financieras y de inversión pública, que autoriza al gobierno a regular un régimen jurídico, fiscal y financiero para las SGR, promulgándose entonces el Real Decreto 1885 de 1979 de 26 de julio, por el cual se regula en España el régimen jurídico de estas sociedades.

Durante los primeros años, las SGR se encuentran con muchas dificultades para su desarrollo, algunas derivadas de su regulación legal y otras por la total ausencia de reafianzamiento público.

Estos inconvenientes hicieron que, a partir de 1994 y hasta el año 2000, se modificara profundamente la ley, haciendo posible que los entes públicos pudieran llegar a controlar estas sociedades, siempre y cuando sus aportes al capital resultaran suficientes para ello. El reafianzamiento se articuló a través de la Compañía Española de Reafianzamiento —Cersa—, a la que se le traslada, en forma gratuita, un porcentaje de los avales de las SGR. También se aumentó el capital social mínimo y se transformó el fondo de garantía en un fondo de provisiones técnicas. La última modificación data del año 2000 y fue el paso definitivo para la ponderación y calificación del aval otorgado por las SGR.

Actualmente, el sistema de SGR español es uno de los más importantes de Europa, un modelo mutual asociativo, donde las comunidades autónomas cumplen un rol fundamental en el apoyo a las SGR con su aporte al capital social y, en algunos casos, subvencionando el costo de los avales.

Las SGR españolas son un tipo social autónomo, aunque tienen elementos comunes con la sociedad anónima y con la cooperativa. Tienen un carácter mutualista, es decir que solo garantizan las operaciones de sus socios y no tienen ánimo de lucro, aunque, por ser sociedades comerciales, pueden repartir dividendos. Desde 1994 son consideradas instituciones financieras que no otorgan crédito; están sujetas a reglamentos financieros que regulan su liquidez y los índices de solvencia(11).

Encontramos dos tipos de socios, los partícipes y los protectores. Son socios partícipes las PYME, y los socios protectores están definidos por la ley como “administraciones públicas, organismos autónomos, y demás entidades de derecho público dependientes de las mismas, sociedades mercantiles en cuyo capital participe mayoritariamente cualquiera de los anteriores o entidades que representen o asocien intereses económicos de carácter general o de ámbito sectorial a que se refieran los estatutos sociales”.

Las SGR españolas pueden ser de ámbito regional y carácter multisectorial, que prestan sus servicios a empresarios de cualquier sector dentro de una región determinada o de ámbito nacional y carácter sectorial, por ejemplo, para empresarios del sector del transporte.

Según el artículo 2º de la Ley 1ª de 1994, “las Sociedades de Garantía Recíproca tendrán como objeto social el otorgamiento de garantías personales, por aval o por cualquier otro medio admitido en derecho a favor de sus socios para las operaciones que estos realicen dentro del giro o tráfico de las empresas de que sean titulares, además podrán prestar servicios de asistencia y asesoramiento financiero a sus socios”.

En las SGR españolas, el aporte estatal supera al privado, lo que provoca que estas sean de carácter público.

3. La figura en Latinoamérica.

En Latinoamérica, la implementación de las SGR es, en comparación con Europa, relativamente reciente. Los países pioneros fueron El Salvador y Perú en la década del setenta. Pero, fue recién a partir de los años ochenta cuando este tipo social trascendió a casi todos los países del continente.

Parte del desarrollo en Latinoamérica se debió al aporte realizado por el Ministerio de Cooperación Alemán que, con el asesoramiento de la Fundación Konrad Adenauer(12), originó en 1983 un proyecto de sistema de corporaciones de garantías en Ecuador que después transitó, en modelos mejorados, al resto de la región, hasta que a mediados de la década de los noventa se empiezan a implementar modernos modelos de garantía de tipo mutualista.

En Latinoamérica hay predominio de los sistemas públicos de garantía en lugar de los mixtos o privados, siendo las SGR la figura que más se utiliza para obtener financiamiento para las PYME; con marcadas diferencias en su integración, que van desde modelos con un fuerte aporte del Estado —como es el caso de Venezuela— hasta modelos como el argentino, donde se permite la participación de socios públicos o privados.

La finalidad del presente trabajo no nos permite profundizar en cada una de las normativas, razón por la que solo intentaremos ofrecer un panorama actual de la situación jurídica de algunos de los países de la región.

En Chile, la nueva Ley 20179, promulgada el 10 de mayo del 2007, establece un marco legal para la constitución y operación de las SGR. Tiene como característica que se trata de un tipo de sociedad anónima, “Sociedades Anónimas de Garantía Recíproca” —en adelante, SAGR—. Las SAGR generan una herramienta que permite el apoyo financiero y técnico de las PYME y facilitan la escasa flexibilidad que posee el sistema de constitución, administración y cancelación de garantías en Chile, especialmente aquellas más exigidas por las entidades financieras a efectos de respaldar los créditos que se le otorgan a las PYME, como lo son la “prenda sin desplazamiento” y la “hipoteca”, cuyos trámites son complejos y onerosos.

Estas sociedades les permiten organizarse a los empresarios para administrar un sistema de garantías de general aceptación entre los agentes financieros y, así, superar las dificultades antes señaladas. De este modo, los beneficiarios del sistema obtienen mejores y más flexibles cauciones, mejorando así las condiciones de acceso al crédito y a servicios adicionales que son propios de la actividad que desarrollan.

Sus accionistas son personas físicas o jurídicas que pueden optar por ser afianzados por la sociedad para caucionar determinadas obligaciones que contraigan.

También pueden desarrollar el objeto de las SAGR aquellas cooperativas(13) que se constituyan especialmente para tal efecto, previa autorización del Departamento de Cooperativas del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.

Si bien, el objeto de las SAGR consiste en el otorgamiento de garantías personales a los acreedores de sus beneficiarios, con la finalidad de caucionar obligaciones que ellos contraigan relacionadas con sus actividades empresariales, productivas, profesionales o comerciales; también le pueden prestar a estos asesoramiento técnico, económico, legal y financiero, y, en el caso de ser entidades financieras, pueden administrar sus fondos, que constituyen patrimonios independientes del de la institución respectiva.

No se permite la concesión de créditos directos por parte de las SAGR a sus accionistas o terceros.

Los recursos de las SAGR deben ser invertidos en los bienes expresamente autorizados por su respectivo estatuto. Sin perjuicio de esto, la entidad tendrá la facultad de adquirir todos los bienes y servicios necesarios para iniciar sus operaciones y mantenerse en funcionamiento.

Las SAGR deben constituir un fondo de reserva patrimonial con cargo a los resultados de su operación de un valor equivalente al menos al 20% del capital, que tendrá como única finalidad absorber las pérdidas futuras que generen las operaciones propias del giro. Las SAGR solo podrán repartir dividendos, si la reserva patrimonial que mantienen es igual o superior al veinte por ciento del capital pagado.

En caso de disolución de la sociedad, el fondo de reserva patrimonial o su saldo —si existiere—, después de pagadas las deudas sociales, será distribuido entre los accionistas.

Las personas que soliciten a las SAGR el afianzamiento de sus obligaciones suscribirán previamente con esta un contrato denominado “contrato de garantía recíproca”. Las firmas deberán ser extendidas en forma electrónica o certificadas ante escribano público.

En Brasil, la Ley 9841 de 1999 regula, en sus artículos 25 al 31, las “sociedades de garantía solidaria” —SGS—, figura similar a las SGR.

Estas sociedades revisten el carácter de sociedades anónimas y pueden otorgar garantías a sus socios partícipes, por medio de la celebración de contratos. Como en el caso de las SGR españolas, encontramos dos tipos de socios: socios partícipes, exclusivamente PYME, y socios inversores —protectores, en el sistema español—. Los socios inversores pueden ser empresas físicas o jurídicas que hacen aportes de recursos y cuyo capital en conjunto no deberá superar el 49% del total.

Las SGS no pueden conceder a un mismo socio partícipe garantías que superen el 10% del capital social, como tampoco pueden otorgar créditos a sus socios o a terceros.

El contrato de garantía tiene por objeto regular la concesión de la garantía por la sociedad al socio partícipe y debe incluir las cláusulas necesarias para el cumplimiento de las obligaciones del beneficiario ante la sociedad. Para la concesión de la garantía, la SGS podrá requerir contra garantías al socio beneficiario.

El registro, seguimiento y fiscalización de las SGS, sin perjuicio de las autoridades gubernamentales competentes, podrán ser ejercidas por entidades vinculadas a las PYME, en especial, el Servicio Brasileño de Apoyo a las Compañías Micro y Pequeñas —Sebrae—.

En Colombia, encontramos el Fondo Nacional de Garantías —FNG S.A.—. Si bien este sistema sufrió una importante reestructuración en el año 1995, sigue siendo mayoritariamente de promoción pública, aunque varía el porcentaje de participación de las distintas administraciones públicas. No es un sistema de carácter mutualista, como los que hemos visto, sino que esencialmente es un sistema corporativo.

No cuenta con un régimen legal propio, por lo que se le aplica el de las sociedades anónimas de capital mixto.

El FNG S.A. distribuye su accionariado en un 49% proveniente del sector público y al menos el 51%, del sector privado.

El sistema colombiano se centra en garantizar créditos a las Mipyme destinados a activos fijos, capital de trabajo, etc. Garantiza una cobertura sobre el saldo de capital, los intereses corrientes sobre la vigencia y los intereses generados en el periodo de mora.

Además de las garantías, el sistema ofrece, desde su reestructuración, unos servicios de consultoría y asesoría técnica.

El FNG S.A., como promotor principal del sistema nacional de garantías ofrece una cobertura del riesgo de las operaciones de los fondos regionales del 66%, a cambio de una pequeña comisión. También se prevé que los usuarios del sistema de reaseguro aporten una capitalización al fondo que es aproximadamente del 2,5% del valor garantizado.

4. Antecedentes en Argentina.

En la Argentina, la política sobre las PYME cambió de forma sustancial a partir del año 1995, con la sanción de un marco legislativo sobre la figura de las SGR inspirado en el modelo de la regulación española, y con la creación de un fondo de garantía del estado provincial de Buenos Aires, cuya importancia es obvia al incluir el área indiscutible de actividad económica en la Argentina. No obstante, consideramos importante ahondar en los precedentes que hicieron posible la figura que nos ocupa.

Siguiendo los antecedentes investigados por Favier Dubois(14), encontramos en 1973 la Ley 20568 de “Corporaciones para el Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa” —Copyme—, que posteriormente fue liquidada por la Ley 21542 de 1977, y encontramos también el Decreto del PEN 2586/92, que estableció el “Programa Trienal de Fomento y Desarrollo de la Pequeña y Mediana empresa”.

Este decreto creó un fondo para la formación de “consorcios de pequeñas y medianas empresas”, que debían “constituirse de acuerdo con la legislación vigente que resulte de aplicación”. Tal legislación era la Ley 19550, que regula los contratos de colaboración empresarial y la ley de cooperativas.

Según refiere Villegas(15), estas normas fueron ampliadas por varios decretos durante el año 1993, pero su estudio excede el marco del presente trabajo.

Sin lugar a dudas, el paso decisivo para dar soluciones a tan importante sector del empresariado argentino fue la promulgación de ley de regulación de las PYME —L. 24.467/95—, que establecía una nueva definición de estas, siguiendo criterios de personal empleado, ventas anuales, activos o patrimonio neto y sectores de actividad, incluyendo la creación de las Sociedades de Garantía Recíproca —título II, art. 32 a 82—. Esta ley fue modificada en el año 2000 por la Ley 25300 —Mipyme—, que ha creado un fondo nacional de reafianzamiento y garantía para el sistema nacional, el Fogapymes.

Necesaria y justificada fue la incorporación de las empresas de pequeña escala —Mipyme—, debido a que ellas ocupan más del 90% del tejido empresarial argentino, generan casi la totalidad del empleo en el país y aportan significativamente al PBI.

La finalidad de la ley es mejorar para las PYME y Mipyme las condiciones de acceso al crédito mediante la emisión de avales en contratos de garantía, para que estas empresas puedan satisfacer las exigencias de las entidades financieras.

Como hemos visto, la iniciativa de la creación de las SGR en nuestro país empezó a idearse a comienzos de la década de los ochenta. Muchas de las asociaciones y cámaras empresariales que fomentaron su creación son actualmente socios protectores de algunas SGR. Tanto ellas como el Banco de la Nación Argentina fueron el soporte principal para poner en marcha nuestra primer SGR.

El proceso de creación de las SGR en nuestro país ha contado con el apoyo de un programa que ejecuta la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa —Sepymes— adscrita a la Presidencia de la nación, en colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo —BID—. El programa BID para las SGR argentinas contó con US$1’200.000 y tenía como finalidad ayudar a la creación de una figura legal que sirviera a las PYME, facilitándoles su acceso al crédito.

5. Marco legal argentino.

Las SGR irrumpen en Argentina en el año 1995, cuando se sanciona la Ley 24467, conocida como el estatuto Pymes, con un modelo inspirado en la regulación que la misma figura tiene en España y con semejanzas a los sistemas de garantías de otros países del ámbito europeo ya comentados.

No podemos negar que el carácter mutualista de las SGR nos inclina a verlas más cercanas a las cooperativas que a las sociedades anónimas, pero lo cierto es que las SGR tienen un régimen jurídico propio que las considera un nuevo tipo societario regulado específicamente por el título II de la Ley 24467 y supletoriamente por la Ley 19550 de sociedades comerciales; principalmente por las normas que rigen a las sociedades anónimas.

La Ley 25300 no solo reformula la ley de 1995, sino que también crea el Fogapyme —Fondo de Garantía para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa— reglamentado por el Decreto 1076 del 2001. Su objeto es brindar garantías de segundo grado a las SGR y, de primer grado, en aquellas regiones o sectores de actividad que todavía no dispongan de oferta de garantías por parte de las SGR. Este fondo se integra con aportes del Estado Nacional en activos provistos por el Banco de la Nación Argentina y por la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía.

Pero, a pesar de la reformulación realizada a la ley de SGR, el marco legal de la figura no ha mejorado sino que, como afirma San Millán(16), se ha agravado, porque existe una superposición de órganos de control, “La superposición resulta expuesta en los considerandos de la Disposición Nº 229/07”.

Siguiendo al autor, cabe apuntar que actualmente “(...) concurren como fiscalizadores de las veintiséis (26) SGR en estado operativo (...)” cuatro organismos de control externo “(...) la Inspección General de Justicia (IGJ), la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional (SSEPYMEYDR), el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)”.

En consecuencia, nos encontramos con que la IGJ es la encargada de inscribir las SGR y ejercer el control que el mencionado organismo realiza sobre las personas jurídicas; que, el Decreto Nº 25/03 y sus modificatorios asignaron a la SSEPYMEYDR la competencia necesaria para actuar como autoridad de aplicación de las SGR.

Si bien es una “autoridad de aplicación”, la SSEPYMEYDR, por intermedio de la Disposición 176 del 2006, excede la competencia propia del organismo al limitar el tipo de garantías que pueden otorgar las SGR. Es decir que altera en forma sustancial lo instituido por la propia ley que establecía “que eran legítimas todas las garantías”(17) —resaltado es nuestro—.

Continuando con la contribución de San Millán, vemos que la Disposición 16 del 2007 agrava las condiciones de utilización del fondo de riesgo excediéndose nuevamente en su competencia.

Así, en virtud del artículo 30 de la Ley 25300, el BCRA ejercerá las funciones de superintendencia en lo atinente a vinculaciones de las SGR con los bancos y demás entidades financieras, en tanto que el Decreto 1076 del 2001 determina que la autoridad de aplicación, BCRA, en la esfera de su competencia y en el marco de las disposiciones de la ley de SGR, coordinará junto con la AFIP su accionar en lo referente al régimen informativo, de supervisión, de fiscalización y de control de estas sociedades.

El régimen informativo fue redactado minuciosamente, aumentando así las regulaciones que deben cumplir, en este caso, en materia informativa, las SGR.

La Disposición 229 del 2007 también detalla la composición del comité técnico de implementación y seguimiento del acuerdo, que estará conformado por ocho representantes del BCRA y cuatro representantes de la SSEPYMEYDR. Como afirma San Millán, nos encontramos con once funcionarios para fiscalizar solo veintiséis SGR.

Estas regulaciones desalientan la constitución de SGR y son la causa de que la figura no tenga, a más de doce años de su creación, el éxito que ha tenido en los países que hemos estudiado.

En la medida que solo se cuenta con veintiséis SGR inscritas y operando en Argentina, resultaría excesivo, a los fines del presente trabajo, hablar de cada una de ellas; por lo que solo nos referiremos —a modo de ejemplo— a la primer sociedad creada de este tipo: “Garantizar SGR”.

Garantizar SGR(18) se constituyó el 12 de febrero de 1997. Originariamente se formó con 120 socios partícipes de distintos sectores, y el Banco de la Nación Argentina fue su primer socio protector y fundador. El 51% del capital social pertenece a los socios partícipes —empresas PYME—, que tienen acciones clase A que les permite gozar de sus productos y servicios —garantías y asesoramiento técnico—; y el 49% restante, a los socios protectores —aportantes al fondo de riesgo—, que son poseedores de acciones clase B que les permite desgravar impuestos.

El Banco Central de la República Argentina le ha otorgado la máxima calificación a sus avales: Garantía Preferida A. También cuenta con una calificación de riesgo “Aa3.ar” de Moody´s Investors Service.

Garantizar SGR opera en todo el país, y es líder del mercado en cantidad de socios partícipes y garantías otorgadas.

6. La Ley 24467.

Inspirada en el modelo español, la Ley 24467 —sancionada en 1995— y su reforma del año 2000 buscan facilitar el financiamiento de las PYME, con el apoyo de incentivos fiscales, para lo cual dicha ley crea, a partir de su artículo 32, las sociedades de garantía recíproca.

Son sociedades comerciales aunque no se encuentren tipificadas en la Ley 19550, porque “(...) los aspectos que hacen a la caracterización de la sociedad comercial: 1) pluralidad de personas; 2) aportes; 3) organización; 4) participación en los beneficios y contribución en las pérdidas; 5) affectio societatis(19) los encontramos en las SGR.

Además, las SGR se regirán no solamente por la Ley 24467 y supletoriamente por la Ley 19550, sino particularmente por las normas relativas a las sociedades anónimas. Toda vez que están en juego los intereses de terceros —acreedores de las PYME que aceptaron la garantía otorgada por la SGR—, vemos con perspicacia que las normas aplicables son “en particular las de las sociedades anónimas”, pues, aunque son estas las más organizadas y sujetas a los mayores controles externos —otorgando una mayor seguridad jurídica—, al no estar claro en la ley de SGR cuándo se aplica la normativa general y cuándo la específica de las sociedades anónimas, el marco legal se presenta confuso(20).

Al igual que en la ley española, encontramos dos tipos de socios, los partícipes y los benefactores, ellos son los que hacen visible que las SGR son una alianza entre el sector privado y el público.

Poco afortunada es la redacción del artículo 37, al señalar que las PYME son socios partícipes independientemente de que estas sean personas físicas o jurídicas, ya que las empresas no tienen personalidad jurídica. Seguramente lo que el legislador quiso decir es que son socios las personas titulares de una determinada unidad de producción, en cuanto tal, no independientemente de ella. Estos son los beneficiarios del sistema y a ellos va dirigida toda su actividad. Los socios protectores se definen como “aquellas personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras que realicen aportes al capital social y al fondo de riesgo de las SGR”. Aquí entrarían tanto los gobiernos centrales, provinciales y locales —estos podrán ser socios protectores en función de que lo permita su propio ordenamiento jurídico— como los bancos, grandes empresas, inversores, asociaciones, instituciones de cooperación internacional, etc.

Estas sociedades tienen como objeto principal el de otorgar a sus socios partícipes contratos de garantía, y como secundario, brindarles asesoramiento técnico, económico y financiero, ya sea en forma directa o a través de terceros contratados para tal fin. No debemos olvidar que la figura de socio partícipe es incompatible con la de socio protector, por lo que este último no podrá ser beneficiario de los contratos de garantía.

Pero la ley les fija un límite operativo a las garantías que se pueden conceder, no permitiendo que se le asigne, a un mismo socio partícipe, garantías superiores al 5% del fondo de riesgo, como tampoco podrán superar el 25% de dicho fondo las obligaciones asignadas con un mismo acreedor. La ley también prohíbe que estas sociedades concedan directamente algún tipo de crédito tanto a sus socios como a terceros.

El fondo de riesgo forma parte del patrimonio de la SGR y tiene por objeto reforzar la solvencia de la sociedad para atender las obligaciones asumidas en garantía de los créditos otorgados a los socios partícipes. Este fondo se constituye con la única finalidad de resguardar los derechos de los acreedores garantizados por la SGR, por lo que no puede ser utilizado para atender otro tipo de obligaciones o gastos.

El capital social estará integrado por el aporte de los socios y estará representado por acciones ordinarias, nominativas, de igual valor y número de votos. La participación de los socios protectores no podrá exceder del 50% del capital. Estos socios también deberán efectuar aportes al fondo de riesgo. En el caso de cada socio partícipe, su participación no podrá superar el 5% del capital.

Conforme al artículo 41, las SGR se constituirán por acto único, mediante instrumento público que deberá contener, además de los requisitos exigidos por La Ley 19550, los siguientes:

1. Clave única de identificación tributaria de los socios partícipes y protectores fundadores.

2. Delimitación de la actividad o actividades económicas y ámbito geográfico que sirva para la determinación de quiénes pueden ser socios partícipes en la sociedad.

3. Criterios a seguir para la admisión de nuevos socios partícipes y protectores y las condiciones a contemplar para la emisión de nuevas acciones.

4. Causas de exclusión de socios y trámites para su consagración.

5. Condiciones y procedimientos para ejercer el derecho de reembolso de las acciones por parte de los socios partícipes.

Según la reglamentación, podrá utilizarse o no un modelo de estatuto tipo, aprobado por resolución Sepyme.

Consideramos que los requisitos exigidos por la Ley 19550 para su constitución son los requeridos para las sociedades anónimas y no solo los requisitos generales para todos los tipos sociales regulados por dicha ley.

Además de la inscripción en el Registro Público de Comercio se deberá gestionar la autorización para operar como SGR ante la autoridad de aplicación.

7. Conclusión.

Las SGR han tenido una expansión rápida, aunque circunscrita a determinadas finalidades en nuestro medio. Lamentablemente, las urgencias fiscales han llevado a restringir la posibilidad de obtener los beneficios impositivos que atraían a los interesados en aportar recursos desgravables en calidad de socios benefactores para constituir tales sociedades, lo cual atenta contra las posibilidades de su desarrollo.

La política impositiva es parte inescindible de toda innovación legal que persiga un propósito económico, por lo cual, si la finalidad de las SGR es fortalecer y expandir el crédito a las PYME, se debe promover su constitución y desenvolvimiento.

De cualquier modo, las SGR tienen una potencialidad todavía semi-inexplorada para la financiación de las PYME en Argentina. Ello, particularmente a través de la titulización de créditos PYME con garantía recíproca en fideicomisos financieros que pueden emitir diferentes clases de valores fiduciarios competitivos en el mercado por su buena calificación, es decir, por bajo riesgo e interesantes rendimientos. Inversores instituciones, como las AFJP(21) y los fondos comunes de inversión, sin excluir a particulares con carteras mobiliarias diversificadas, son naturales demandantes de esos activos. Extender tal modalidad a todo el país exigirá, como en otros aspectos, una mayor cultura financiera y en especial un mejor conocimiento de las facilidades que los nuevos instrumentos y operaciones pueden ofrecer para financiar la producción regional.

Es cierto que la Ley 24467 exhibe imprecisiones, producto de haber recogido modelos europeos sin adecuación al contexto del ordenamiento argentino y a sus necesidades, que una oportuna reforma debería corregir. Sin embargo, la herramienta que aporta es de gran utilidad y su aplicación permitirá a las unidades productivas el acceso a modalidades crediticias que, de otro modo, les resultarían inalcanzables. Un estudio amplio de dicha ley será importante para alcanzar ese fin. Con ese convencimiento, hemos querido ofrecer al lector esta aproximación introductoria al tema.

(1) Es el valor adicional que adquieren los bienes y servicios al ser transformados durante el proceso productivo. El valor agregado o producto interno bruto es el valor creado durante el proceso productivo. Es una medida libre de duplicaciones y se obtiene deduciendo de la producción bruta el valor de los bienes y servicios utilizados como insumos intermedios. También puede calcularse por la suma de los pagos a los factores de la producción, es decir, la remuneración de asalariados, el consumo de capital fijo, el excedente de operación y los impuestos a la producción netos de los subsidios correspondientes.

(2) Lloréns, Juan Luis. Los sistemas de garantías de crédito para las PYME en Europa. Disponible en: http://www.iadb.org/sds/doc/msm-sistemasGarantia-5a.pdf, consulta realizada el 20 de febrero de 2008.

(3) Bercovitz Rodríguez Cano, Alberto. La nueva ley 1/1994, sobre sociedades de garantía recíproca (SGR), En: Revista Perspectivas del sistema financiero, Nº 47, 1994. pp. 7-34 .

(4) Lloréns, ob. cit.

(5) Lloréns, ob. cit.

(6) Pombo Gonzalez, Pablo y Herrero, Alfredo. Los sistemas de garantías para la micro y la PYME en una economía globalizada. España: Egondi Artes Gráficas, 2003. p. 609.

(7) Pombo y Herrero, ob cit., pp. 713 y ss.

(8) Ver Pombo y Herrero, ob. cit., p. 720.

(9) Lloréns, ob. cit.

(10) Bercovitz, ob. cit.

(11) Ver Lloréns, ob. cit.

(12) La Fundación Konrad Adenauer es una organización política alemana fundada en el año 1964, que se inspira y compromete con el pensamiento y movimiento demócrata cristiano y se honra con el nombre del primer Canciller Federal. Las actividades de la fundación, tanto en Alemania como en el resto del mundo, se rigen por los principios que determinaron la obra de Konrad Adenauer. Los fondos correspondientes provienen del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania. http://www.kas.org.ar/.

(13) En este caso se las denominan cooperativas de garantía recíproca o CGR.

(14) Favier Dubois, Eduardo M. Las sociedades de garantía recíproca. En: Revista Doctrina Societaria, Tomo XIII, Nº 164, junio de 2001, p. 2.

(15) Villegas, Carlos G. Sociedades comerciales. Buenos Aires: Rubinzal -Culzoni, 1997, Tomo II, p. 769. Citado por Fevier Dubois, ob. cit.

(16) San Millán, Carlos. Sociedades de garantía recíproca – Situación de su régimen. Consideraciones y propuestas para su desarrollo. Ponencia presentada en el X Congreso Argentino de Derecho Societario y VI Congreso Iberoamericano de Derecho Societario y de la Empresa. Córdoba 2007, En: Memorias, Tomo II, pp. 529 y ss.

(17) Ver San Millán, ob. cit.

(18) Fuente: www.garantizar.com.ar. Consulta realizada el 20 de febrero de 2008.

(19) Zaldivar; Manóvil; Ragazzi; Rovira; San Millán. Cuadernos de derecho societario. Buenos Aires: Vol. I, Abeledo - Perrot, 1980. p. 56.

(20) En el mismo sentido, ver Nissen, Ricardo A. Comentarios a la Ley 24467 de creación de las sociedades de garantía recíproca, LL, T. 1995-D, p. 1183 y ss.

(21) N. del E.: Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones.