Subordinación Jurídica: redefiniendo y reafirmando conceptos

Revista Nº 179 Sep.-Oct. 2013

Carlos Mario Sandoval 

Ernst & Young 

El 17 de abril de 2013 la Corte Suprema de Justicia expidió la Sentencia 39259, en la que se pronunció sobre las providencias judiciales del Juzgado Octavo Laboral de Cali y de la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, relacionadas con el proceso laboral ordinario iniciado por los familiares del señor William Delgado Villa (q.e.p.d.), quien se desempeñaba como taxista y lamentablemente falleció a manos de delincuentes mientras ejecutaba sus labores.

Así, con ponencia del magistrado Carlos Ernesto Molina, se analiza un tema supremamente controversial: la existencia o no de una relación de trabajo regida por un contrato laboral entre los taxistas, los propietarios de los vehículos que conducen y la responsabilidad de la empresa de taxi a la cual se encuentra afiliado. Más destacable aun es el análisis que hace Molina sobre la aplicación de la presunción del artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo (CST) y los criterios para definir la subordinación jurídica como elemento predominante y necesario en las relaciones laborales.

I. Antecedentes

La señora Adelaida Bermúdez Escobar, en calidad de cónyuge del señor Delgado Villa (conductor del taxi), demandó al propietario del taxi (Sr. John Franco Vélez) y, solidariamente, a la sociedad Taxis Valcali S.A. para que se declarara la existencia de un contrato de trabajo entre el primero y los segundos y se condenara al reconocimiento y pago de la indemnización por el accidente de trabajo en que el conductor perdió la vida, así como perjuicios materiales, perjuicios morales objetivados y subjetivados, cancelación de las prestaciones sociales a que tenía derecho el causante, tales como cesantía e intereses, prima de servicios y vacaciones proporcionales, indemnización moratoria y costas procesales.

La demandante expuso que el trabajo encomendado a su cónyuge se ejecutó de manera personal, atendiendo las instrucciones de los empleadores, cumpliendo un horario de trabajo hasta la fecha de su fallecimiento, resaltando que nunca fue afiliado por los demandados al sistema de seguridad social integral.

En respuesta a las pretensiones, el propietario del vehículo dijo que no existió una relación laboral, ya que él arrendaba el vehículo a terceros, quienes lo usufructuaban por turnos de 12 horas, debiendo pagar al final un canon diario de $ 25.000, entregar el carro lavado y con el tanque de gasolina lleno, siendo del conductor el excedente producido en el turno. Indicó que no había subordinación y que el conductor-arrendatario obraba con autonomía. Por su parte, la empresa de taxis argumentó que entre ella y el propietario del vehículo existía un “contrato de vinculación vehículo taxi”, siendo ajena a la forma como se produce la explotación económica del vehículo afiliado y la relación entre el propietario y sus conductores.

En fallo de primera instancia, el juez octavo laboral del circuito de Cali condenó solidariamente a los demandados a reconocerle a la demandante sumas por conceptos de cesantías y sus intereses, prima de servicios, vacaciones y una pensión de sobrevivientes vitalicia. Por otra parte, los absolvió de perjuicios materiales y morales. A su vez, la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali confirmó la sentencia de primera instancia y condenó a los demandados en costas procesales. Estas providencias judiciales básicamente centraron sus conclusiones en los artículos 53 de la Constitución Política de 1991 (principio de contrato realidad) y 22, 23 y 24 del Código Sustantivo del Trabajo, concluyendo que no obró en el expediente prueba que desvirtuara la subordinación del trabajador y la presunción legal del artículo 24.

Finalmente, añadió el tribunal que los demandados tampoco lograron desvirtuar la presunción legal contenida en el artículo 15 de la Ley 15 de 1959, según el cual “el contrato de trabajo, verbal o escrito, de los choferes asalariados del servicio público se entenderá celebrado con la empresa respectiva, pero para efecto del pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones, las empresas y los propietarios de los vehículos, sean socios o afiliados, serán solidariamente responsables”.

II. Análisis de la Corte Suprema de Justicia

La honorable Corte Suprema de Justicia no casó la sentencia impugnada por los demandados. Básicamente, la Corte hizo un análisis jurisprudencial de las sentencias C-665 de 1998 de la Corte Constitucional, 30437 y 40270 de 2009 y 2011 respectivamente, proferidas por la Corte Suprema de Justicia, para concluir que “…al actor le basta con probar la prestación o la actividad personal, para que se presuma el contrato de trabajo y es a la empleadora a quien le corresponde desvirtuar dicha presunción con la que quedó beneficiado el operario” (el énfasis es nuestro).

Añade la Corte Suprema que “... al estar acreditada la prestación personal del servicio o la actividad desplegada por el trabajador fallecido, circunstancia que aflora de la realidad de los hechos y no es objeto de reproche en sede de casación, se tiene que en este asunto, tal como lo determinó el tribunal, era perfectamente dable presumir la subordinación en los términos del artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo, sin que la parte demandada, conforme a las reglas de la carga de la prueba, haya logrado destruir dicha presunción...” (el énfasis es nuestro).

III. Perspectivas sobre la subordinación

Lo primordial al momento de analizar si existe un riesgo o no de que se constituya una relación laboral es la forma en que se ejecuta dicha actividad personal, es decir, si esta cumple con los requisitos que permitan tipificarla como un contrato de trabajo y, en consecuencia, se rija bajos los términos de un contrato (escrito o no) de este tipo o por el contrario, uno de naturaleza civil o comercial.

De conformidad con lo establecido en el artículo 23 del CST (modificado por la L. 50/99, art. 1º), para que exista un contrato de trabajo se requiere que concurran los siguientes requisitos:

1. La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo. En el caso bajo estudio, una de las características principales es que el fallecido conductor no podía delegar en un tercero el usufructo del taxi, sino que debía desarrollar la labor personalmente (intuito personae).

2. La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador, que faculta al último para exigirle al primero el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, así como imponerle reglamentos, facultad que debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato.

“La subordinación laboral como elemento esencial del contrato de trabajo”(1) es lo que nos permitirá establecer si un contrato se rige por la legislación laboral o, a falta de esta, por la civil o comercial (por ejemplo, contratistas independientes, agentes comerciales, comisionistas, etc.).

El criterio que se considera vigente en Colombia es el de la teoría de la subordinación jurídica, entendida como

“La subordinación del trabajador al empleador como elemento distintivo y definidor del contrato de trabajo...”, de la cual se deriva “un poder jurídico permanente de que es titular el empleador para dirigir la actividad laboral del trabajador, a través de la expedición de órdenes e instrucciones y la imposición de reglamentos, en lo relativo a la manera como este debe realizar las funciones y cumplir con las obligaciones que le son propias, con miras al cumplimiento de los objetivos de la empresa, los cuales son generalmente económicos. Se destaca dentro del elemento de subordinación no solamente el poder de dirección, que condiciona la actividad laboral del trabajador, sino el poder disciplinario que el empleador ejerce sobre este para asegurar un comportamiento y una disciplina acordes con los propósitos de la organización empresarial y el respeto por la dignidad y los derechos de aquel(2) (resaltado fuera de texto original).

3. El pago de un salario como retribución del servicio (CST, arts. 127 y 128).

Una vez se demuestre la concurrencia de estos requisitos debe entenderse que existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé, ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen. Por su parte, el artículo 24 del CST (modificado por la L. 50/90, art. 2º) contempla que “se presume que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo”, presunción que es desvirtuable si no se aportan las pruebas suficientes para demostrar la subordinación, que repetimos, es el elemento fundamental de la relación laboral.

Lo anterior con base en uno de los logros más significativos del derecho laboral: la consagración del principio del “contrato realidad” (la relación de trabajo puede existir aun cuando las partes hayan dado una denominación diferente al vínculo que los une)(3), ampliamente reconocido por la legislación (C.P., arts. 25 y 53 y CST, arts. 1º, 13, 14, y 21, entre otras normas y convenios de la Organización Internacional del Trabajo), la doctrina y la jurisprudencia nacional.

La sentencia en estudio capitaliza la presunción legal de existencia de un contrato de trabajo, lo cual es un avance en un gremio que tradicionalmente ha sido excluido del derecho del trabajo. Recientemente se radicó ante el Congreso de la República un proyecto de ley que obliga a los propietarios de los vehículos a velar por la afiliación de la seguridad social de sus conductores. Esperemos que incidentes lamentables como el del presente caso sean un punto de partida para la generación de conciencia que permita eliminar formas precarias e informales de trabajo y se pueda migrar hacia un sistema de cobertura universal.

(1) Corte Suprema de Justicia, Sentencia 21576 de 2004, M.P. Fernando Vásquez Botero; Corte Suprema de Justicia, Sentencia 21374 de 2004, M.P. Isaura Vargas; Corte Suprema de Justicia, Sentencia 13088 de 2000, M.P. Germán Valdés Sánchez; entre otras.

(2) Corte Constitucional, Sentencia C-386-00, M.P. Antonio Barrera Carbonell, abril 5 de 2000.

(3) Corte Suprema de Justicia, Casación Laboral, Sección Primera, sentencia diciembre 1º de 1981; Corte Suprema de Justicia, Casación Laboral, sentencia noviembre 27 de 1957, G.J. XCI, 1147; Corte Suprema de Justicia, Casación Laboral, sentencia abril 24 de 1975, G.J. CLI, 1ª Nº 2392, páginas 458-459); Corte Suprema de Justicia, sentencia de septiembre 30 de 2003. Radicado 20.933, M.P. Carlos Isaac Náder, entre otras.

Acta 20, Radicación 13400; Corte Constitucional, Radicado T-335-00.