Subrogación del asegurador y corrección monetaria

Revista Nº 11 Abr.-Jun. 2006

por Patricia Jaramillo Salgado y José del Carmen Bernal Calvo 

1. Introducción

El año 2005 se caracterizó por la producción de importantes fallos de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, algunos de los cuales modificaron la jurisprudencia imperante desde tiempo atrás en diversos campos del derecho. Los seguros no fueron ajenos a esta situación y, por ello, la decisión que se comentará a continuación da un giro jurisprudencial de 180 grados respecto del tema de la corrección monetaria en los procesos de subrogación que inician las aseguradoras en el país, paso que había dado con anterioridad el Consejo de Estado colombiano.

En efecto, la Sentencia 832-01, proferida por esa corporación el 18 de mayo del 2005(1), resulta de gran importancia en cuanto al reconocimiento de la corrección monetaria a favor del asegurador que se subroga, lo cual resuelve también, de manera tácita, un punto de gran discusión en el derecho colombiano de seguros, esto es, el término de prescripción del asegurador que actúa en acción de subrogación, el cual se tratará en otra oportunidad.

De esta manera, en primer lugar se hará una breve síntesis del fallo y se estudiará, desde un análisis en derecho comparado, la aplicabilidad de la corrección monetaria al asegurador en acción de subrogación, para lo cual se tomarán como países referentes a Argentina, Bélgica, España, Francia, México, Perú y Venezuela. Con posterioridad se hará un recorrido por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia colombiana en este punto, para concluir con una serie de observaciones sobre la materia.

2. El caso

El 15 de septiembre de 1995 ocurrió un accidente de tránsito en el municipio La Esperanza, Departamento de Norte de Santander (Colombia), entre el vehículo de propiedad de los señores Jairo y Torcoroma Gandur Abuabara, que transportaba una mercancía de propiedad de Inversiones Vitello y Cía. Ltda., a la cual le fueron causados algunos daños, así como al camión, y otro automotor, de propiedad de Electrificadora de Santander S. A., empresa que, además, era la empleadora del conductor. La inspección municipal que conoció de este accidente declaró la responsabilidad en el hecho de este último.

Con anterioridad, los señores Gandur Abuabara habían contratado un seguro de automóviles para proteger el vehículo mencionado con la Aseguradora Colseguros. Por su parte, Inversiones Vitello adquirió un seguro de transporte con la misma entidad, con el objeto de proteger la mercancía que se transportaba en el citado automotor. De esta manera, los asegurados presentaron la correspondiente reclamación a la compañía de seguros por los daños causados, la cual procedió a indemnizar, conforme a lo establecido en los dos contratos de seguro.

Posteriormente, la aseguradora —en ejercicio de la acción de subrogación—, los señores Gandur Abuabara —por concepto de deducible y lucro cesante—, e Inversiones Vitello —con base en el lucro cesante— demandaron a Electrificadora de Santander con el objeto de obtener el pago de las sumas pagadas como indemnización, de acuerdo con lo señalado en las pólizas. El Juzgado 4º Civil del Circuito de Bucaramanga dictó sentencia de primera instancia y desestimó las pretensiones. Por su parte, el Tribunal Superior de Bucaramanga revocó la sentencia del a quo y declaró civilmente responsable a la demandada por los perjuicios causados como consecuencia del accidente y corregidos monetariamente. Adicional a lo anterior y, de una manera muy respetuosa, la corporación aclaró que con su decisión se apartaba de la jurisprudencia establecida en esta materia por la Corte Suprema de Justicia de Colombia.

3. La casación

La demandada interpuso recurso de casación, el cual no prosperó. En la citada jurisprudencia se acudió a los criterios literal, histórico, teleológico y sistemático de interpretación de la normativa vigente que regula la subrogación que le corresponde al asegurador ante el pago del siniestro y se acogió la concepción de la Corte en torno a la naturaleza general de la corrección monetaria. De manera particular y concreta, en la novísima postura se indicaron como ejes de tal modificación, entre otros, los siguientes:

3.1. La corrección monetaria

Dijo la Corte en su fallo: “La corrección monetaria no se compagina con la arquitectura indemnizatoria que, ab antique, es propia de la responsabilidad civil, sea ella contractual o extracontractual, pues su propósito es uno muy otro al de reparar el daño causado por el infractor. Con ella, tan solo se pretende preservar incólume el poder adquisitivo del dinero, sin agregarle nada a la obligación misma, lo que significa que, en puridad, la indexación es un concepto que se ubica en la periferia de aquella problemática (...). No estamos aquí frente a un problema de responsabilidad civil sino que, por el contrario, nos hallamos en la órbita del derecho monetario, en donde la indexación se produce en razón de haber perdido la moneda poder adquisitivo. ¡Solo eso, y nada más que eso!”.

A lo anterior añadió: “La corrección monetaria no constituye un arquetípico daño —como antes expresa y categóricamente se le entendió por un sector de la doctrina y por la propia jurisprudencia—, nada le agrega al concepto de perjuicio indemnizable, razón por la cual, la circunstancia de ajustar monetariamente la suma que el tercero responsable debe cancelar al asegurador, tan solo cumple el propósito de preservar, en su cabal y recta extensión, el poder adquisitivo de la moneda y, por reflejo, la capacidad liberatoria insita en los signos monetarios de curso forzoso.

En tal supuesto, entonces, la compañía de seguros no recibirá un peso más del que en su momento pagó al asegurado, pero tampoco un peso menos, lo que clara y objetivamente supone equilibrio, esto es, armonía y no desequilibrio o inarmonía, situaciones estas que no deben campear en un Estado social de derecho, como forma de organización política adoptada en la Constitución de 1991”.

En este sentido, el alto tribunal retomó una postura referida en un salvamento de voto de 1995, según el cual: “... el deudor debe hacer un pago completo a su acreedor, para liberarse de su deber de prestación (C. C. colombiano, art. 1649)”. A la cual complementó al afirmar: “Por consiguiente, si el tercero victimario paga sin reconocer la respectiva indexación, su pago será incompleto o parcial y, por lo mismo, insuficiente para solucionar la deuda”.

3.2. Los requisitos de la acción de subrogación

La Corte Suprema de Justicia reconoció en su fallo que la acción personal subrogatoria contenida en el artículo 1096 del Código de Comercio colombiano, no obstante sus particularidades: “... se encuentra íntima y funcionalmente enlazada con la institución de la subrogación disciplinada por el ordenamiento civil y por tanto tiene entre otros los siguientes fundamentos: a) Evitar, a ultranza, que el responsable del daño se exonere de responsabilidad, merced al pago efectuado por el asegurador al beneficiario del seguro. b) Impedir, en desmedro del principio indemnizatorio aludido, el enriquecimiento del asegurado, en la medida en que si no existiese la subrogación ex lege, bien podría obtener, por parte de su asegurador, el resarcimiento del daño que experimentó, a la par que de manos del propio autor del mismo, lo que evidentemente repugna a los más elementales principios jurídicos y éticos. c) Posibilitar que la compañía de seguros, conforme a las circunstancias, pueda recibir unos recursos encaminados a lograr una más adecuada explotación profesional de la actividad aseguradora”.

3.3. Quien se subroga ocupa el lugar del subrogado en toda su extensión

La acción subrogatoria tiene su fundamento en el pago de la indemnización al beneficiario, pero su origen está en el hecho del tercero que causó un perjuicio al asegurado. Por ello, la acción del asegurador es la misma que detentaría el asegurado, con los mismos beneficios y limitaciones. La subrogación no modifica la naturaleza de la acción. La Corte se identificó con el axioma doctrinal en materia civil, según el cual quien paga “... es colocado en todo y por todo en el sitio y lugar del acreedor a quien paga; puede todo lo que él podía para la satisfacción de su crédito”.

3.4. Los ingresos por concepto de prima y de traslado del riesgo al reasegurador

El hecho de que el asegurador haya recibido una prima, es decir, que posiblemente exista un traslado de riesgos al reasegurador, no impide que la suma sea indexada. Adicionalmente, las recuperaciones que el asegurador realiza por esta vía redundan en una mejor explotación del negocio de los seguros.

Por otra parte, en la sentencia se indicó que para reconocerle la corrección monetaria al asegurador que ejerce la acción subrogatoria, tampoco es óbice el hecho de recibir, además de la prima pagada por el tomador del seguro, unos fondos de manos de su reasegurador. Estos, según la tipología y estructura del contrato, pueden ser suficientes para cubrir la prestación asegurada.

En efecto, en caso de que medie un contrato de reaseguro, con cargo al cual el asegurador-reasegurado obtenga una indemnización o reembolso con motivo del surgimiento del siniestro respecto a la relación aseguraticia primigenia —mecanismo contractual imprescindible para la buena y equilibrada marcha de la entidad aseguradora—, el importe que se obtenga en virtud de la subrogación le corresponderá, proporcionalmente, a la sociedad reaseguradora. De manera que si el reasegurado —la compañía de seguros—, por cuenta propia, no retiene ninguna proporción en el riesgo cedido, no tendrá ningún derecho frente a la cantidad recuperada que, in toto, le pertenecerá al reasegurador.

Además, la Sala Civil reiteró: “... ninguna de las razones conectadas con la mecánica propia de la entidad aseguradora —cobro de la prima del seguro, vigencia de la ley de los grandes números, carácter aleatorio del contrato, programa de reaseguros, etc.—, impide que el asegurador pueda obtener la corrección monetaria de manos del agente del daño, por completo desligado de la operación del empresario, quien debe entonces reconocer la misma suma que le correspondiere a la víctima asegurada”.

3.5. Alcance de la expresión ‘hasta concurrencia de su importe’

La expresión “hasta concurrencia de su importe”, contenida en el artículo 1096 del Código de Comercio colombiano, no significa que la suma que el asegurador puede recuperar sea la estrictamente nominal, sino que está encaminada a evitar un beneficio patrimonial ajeno. La Corte introdujo en su fallo una nueva perspectiva jurídica, al señalar que el vocablo “importe” debe ser entendido “... como medida del derecho de la compañía de seguros y no como el resultado de una inexpresiva e inconexa cifra, objeto de desembolso precedente por parte de aquella, como si ciertamente quedara inmutable o petrificada, para todos los efectos”.

A lo cual agregó: “Por eso no queda excluida la corrección monetaria, la cual, stricto sensu, no adiciona o agrega valor real, según se mencionó, pues simplemente propende por conservar la capacidad liberatoria del dinero —valor intrínseco—, es decir del ‘importe’ otrora cancelado. Nada más, por manera que esta interpretación no riñe con el contenido del artículo 1096 en comentario, siendo entonces procedente entender que no se quiebra el contenido del artículo 27 del Código Civil, ya que desde la perspectiva indicada, ‘el sentido de la ley’ es claro, máxime cuando el legislador, recta via, no introdujo ninguna cortapisa o valladar que inexorablemente impida el reconocimiento de la corrección monetaria”.

Finalmente, la Corte señaló que quien causa un perjuicio debe repararlo de manera integral, incluso con la corrección monetaria. Así, concluyó: “Es incontestable que al ordenamiento jurídico, es la regla, le repulsa que una conducta dañosa quede impune. Por eso el legislador, inspirado en el postulado de contenido ético-jurídico que impone la conducta de no causarle daño a nadie, estableció que quien provoca un perjuicio está obligado a repararlo (C. C. colombiano, arts. 1616 y 2341), desde luego que de forma integral, pues no de otra manera se neutralizan, en la esfera patrimonial, las secuelas del acto ilícito”.

Además, indicó: “Pero también es contrario a ese mismo axioma, que el agente del daño pueda derivar u obtener una ventaja del hecho de que una persona —natural o jurídica— haya pagado toda o parte de la indemnización respectiva. Al fin de cuentas, la medida de la obligación de reparar está determinada por el alcance del agravio y no por las calidades del acreedor, o por la forma como haya sido transferido —o traspasado— el derecho. Al margen de la legitimación, que es asunto muy otro, no se puede perder entonces de vista que la ley patria no propicia una interpretación que conduzca a que la conducta del sujeto responsable quede sin condena pecuniaria y que, por ese camino, el victimario resulte lucrado, directa o indirectamente”.

4. La subrogación en la legislación comparada

4.1. Argentina

En relación con la subrogación, el artículo 80 de la Ley n.º 17418 de 1967, normativa argentina sobre seguros, establece: “Los derechos que correspondan al asegurado contra un tercero, en razón del siniestro, se transfieren al asegurador hasta el monto de la indemnización abonada. El asegurado es responsable de todo acto que perjudique este derecho del asegurador”.

Al respecto, considera Stiglitz: “La acción de subrogación no lleva otros intereses dispuestos por la ley, que no sean los que corresponden a la mora del deudor (C. C. argentino, art. 622), lo que presupone que el asegurador subrogado en los derechos del asegurado, ha constituido en mora al deudor —por interpelación o automáticamente según los casos (C. C. argentino, art. 509) (...). En cuanto a la actualización por depreciación monetaria, la misma se encuentra impedida en nuestro régimen legal (Código de Vélez, art. 519). La historia de este principio en nuestro derecho es larga porque ha habido muchos cambios económicos y períodos de hiperinflación que hicieron que los jueces se apartaran de él por razones de equidad.

La Ley de Convertibilidad (L. 23928, art. 7.º), prohibió a partir del 1.º de abril de 1991 toda actualización por depreciación monetaria de una deuda de dinero.

La Ley de Emergencia Pública (L. 25561, art. 3º), la derogó salvo con relación a dicho artículo que dispuso la prohibición de actualización monetaria.

En consecuencia, el asegurador que se subroga en los derechos del asegurado tendrá derecho solo a reclamar los intereses moratorios”(2).

El caso de Argentina tiene unas particularidades muy especiales, dados los altos índices de inflación que se presentaron durante varios años. Sin embargo, hacia la década de los 80, la jurisprudencia reconoció la indexación a favor del asegurador que actuaba en acción de subrogación. Si en los últimos tiempos se dio un cambio en estas decisiones, estas obedecieron a principios generales aplicables en todos los campos, no solamente en el asegurador.

4.2. Bélgica

En cuanto a la legislación Belga, el artículo 41 de la Ley 16 de 1994 establece: “El asegurador que ha pagado la indemnización se subroga hasta concurrencia del monto de esta última, en los derechos y acciones del asegurado o del beneficiario contra los terceros responsables del daño”.

Nótese que esta disposición igualmente se refiere a la concurrencia del monto de la indemnización.

4.3. España

Con respecto a la legislación española, el artículo 43 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro (LCS), establece: “El asegurador, una vez pagada la indemnización, podrá ejercitar los derechos y las acciones que por razón del siniestro correspondieran al asegurado frente a las personas responsables del mismo, hasta el límite de la indemnización.

El asegurador no podrá ejercitar en perjuicio del asegurado los derechos en que se haya subrogado. Este último será responsable de los perjuicios que, con sus actos u omisiones, pueda causar a aquel en su derecho a subrogarse.

El asegurador no tendrá derecho a la subrogación contra ninguna de las personas cuyos actos u omisiones den origen a responsabilidad del asegurado, de acuerdo con la ley, ni contra el causante del siniestro que sea, respecto del asegurado, pariente en línea directa o colateral dentro del tercer grado civil de consanguinidad, padre adoptante o hijo adoptivo que convivan con el asegurado. Pero esta norma no tendrá efecto si la responsabilidad proviene de dolo o si la responsabilidad está amparada mediante un contrato de seguro. En este último supuesto, la subrogación estará limitada en su alcance, de acuerdo con los términos de dicho contrato.

En caso de concurrencia de asegurador y asegurado frente a tercero responsable, el recobro obtenido se repartirá entre ambos en proporción a su respectivo interés”.

Al respecto, Milagros Sanz considera: “La expresión del artículo 43 de la LCS ‘hasta el límite de la indemnización’ supone que, en ningún caso, en virtud del principio indemnizatorio que rige el seguro de daños, podrá subrogarse el asegurador por una cantidad superior a la que ha pagado como indemnización, sin perjuicio de que dicha indemnización no fuera coincidente con el importe real del daño.

En relación con los intereses, el asegurador no podrá ejercitar la acción de repetición en el caso de que haya sido condenado al pago de intereses de demora —el artículo 20 de la LCS prevé un régimen especial de intereses en el caso de mora del asegurador, que puede llegar hasta un 20% anual en caso de que hayan transcurrido dos años desde la producción del siniestro— por el importe de dichos intereses, sino solo por la suma principal indemnizatoria —puesto que se entiende que si la demora no es imputable al asegurador, o está justificada, no hay condena en los intereses extraordinarios del artículo 20—”.

Y agrega: “Ello no obsta para que, cuando ejercite la acción de subrogación frente al responsable del daño, pueda beneficiarse de los intereses generales de la mora procesal —regulados en el artículo 576 de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil española, que establece que toda sentencia o resolución que condene al pago de una cantidad líquida, desde que fuera dictada, determina, a favor del acreedor, el devengo de un interés anual igual al interés legal del dinero incrementado en dos puntos—, sin necesidad de petición del demandante ni pronunciamiento expreso en la sentencia —se generan automáticamente por imperativo legal— y, si es el caso, pueda reclamar procesalmente, junto al principal de la deuda —montante indemnizatorio— los intereses generales de demora en las deudas dinerarias del artículo 1108 del Código Civil”(3).

Como se puede apreciar de la transcripción anterior, el régimen español acepta la actualización monetaria de las sumas pagadas por el asegurador, pues admite que reclame intereses de mora e intereses legales generales.

4.4. Francia

El artículo L121-12 del Código de Seguros francés establece: “El asegurador que ha pagado la indemnización del seguro se subroga, hasta concurrencia de la misma, en los derechos y acciones contra terceros que hayan causado el daño, dando lugar a la responsabilidad del asegurador”.

La expresión “hasta concurrencia de la misma” de la legislación francesa nuevamente reitera el principio indemnizatorio característico de los seguros de daños, lo cual no implica que se establezca algún impedimento para que se dé la indexación.

4.5. México

El ordenamiento jurídico mexicano establece en el artículo 111 de la Ley sobre el Contrato de Seguro “La empresa aseguradora que pague la indemnización se subrogará hasta la cantidad pagada, en todos los derechos y acciones contra terceros que por causa del daño sufrido correspondan al asegurado.

La empresa podrá liberarse en todo o en parte de sus obligaciones, si la subrogación es impedida por hechos u omisiones que provengan del asegurado.

Si el daño fue indemnizado solo en parte, el asegurado y la empresa aseguradora concurrirán a hacer valer sus derechos en la proporción correspondiente”.

Esta disposición fue adicionada mediante Decreto del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, del 20 de diciembre del 2001(4), así: “El derecho a la subrogación no procederá en el caso de que el asegurado tenga relación conyugal o de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado o civil, con la persona que le haya causado el daño, o bien si es civilmente responsable de la misma”.

Al respecto, Díaz Bravo considera: “Por otra parte, también me parece que el principio contrario a la obtención de lucro con motivo de los contratos de seguros de daños es igualmente aplicable al caso que nos ocupa; juzgo, en efecto, que tampoco el asegurador debe obtener lucro con motivo de la subrogación, pues no podemos olvidar que solo en la medida de la cantidad pagada asume los derechos del asegurado. Y me parece que hasta ahí llegan mis coincidencias con la Corte colombiana.

Aunque literalmente entendidos, los preceptos colombiano y mexicano parecen proclamar, sin más, el principio nominalista al que debe ajustarse la subrogación, tampoco debe olvidarse que en ambos se añade. Además, que la subrogación operará en los derechos del asegurado contra los responsables del siniestro. De este modo, resulta por demás claro que el asegurador asume derechos o créditos ajenos, vale decir, los mismos que correspondían al asegurado, sin que importe admitir, por el momento, la limitación dineraria a la suma pagada por el asegurador”.

Y agrega: “Lo anterior demuestra que, si bien es válido el principio nominalista aplicable a la subrogación del asegurador, no menos lo es que, al asumir los derechos del asegurado, le corresponden también los que este último tendría al pago de daños y perjuicios y, en su caso, al de la suma resultante del enriquecimiento ilegítimo por parte del deudor causante del daño”(5).

Sobre el mismo tema, el autor indica en otro de sus escritos: “Examinemos ahora otra de las alternativas que ante sí tiene el asegurador de mi ejemplo: opta por cubrir en dinero el importe de los daños, y surge con ello la subrogación; ¿asume el derecho a que se repare el vehículo, que quizás ya fue o está siendo reparado por su propietario con la suma obtenida del asegurador?

Las respuestas a tales preguntas demuestran que no debe entenderse con todo rigor la letra del precepto legal sobre subrogación, y que por ello, según propuesta que me atrevo a lanzar, convendría precisar sus alcances mediante una fórmula con la que simplemente se precisará que el asegurador se subroga en los derechos del asegurado, valorizados en dinero”(6).

Como se puede apreciar, Díaz Bravo defiende la tesis según la cual las expresiones “dada la cantidad pagada” del derecho mexicano y “hasta concurrencia de su importe” en el derecho colombiano, no deben entenderse nominalmente.

4.6. Perú

La legislación peruana consagra el principio de que el subrogado adquiere los derechos y garantías del acreedor originario, hasta por lo que aquel hubiera pagado, en el artículo 1262 del Código Civil. Por su parte, el Código de Comercio de 1902, en su sección octava, en el título “Del contrato de seguro en general” incluye dos normas sobre subrogación. La primera de ellas, relativa al seguro de incendio, establece: “El asegurador, pagada la indemnización, se subrogará en los derechos y acciones del asegurado contra todos los autores o responsables del incendio, por cualquier carácter y título que sea” (art. 408). La otra norma atañe al seguro de transporte, según la cual: “Los aseguradores se subrogarán en los derechos de los asegurados, para repetir contra los porteadores los daños de que fueren responsables, con arreglo a las prescripciones de este código” (art. 428).

Al respecto, Villa Zapata comenta: “Otro principio a tener en cuenta es el que se refiere a la fuerza de la subrogación en cuanto a su operatividad ipso jure. La subrogación solo debe aplicarse a mérito del pago que el asegurador efectúe a su asegurado, hasta el monto de lo pagado.

En esta conclusión va implícita la idea que el asegurador solvens adquiere, por el pago de la indemnización, los derechos y acciones de su asegurado frente a los terceros responsables directos del daño, independientemente de si dicho asegurador ejercitará, ad libitum, su derecho a la subrogación”.

Y finaliza: “... nada impide que el asegurador reclame intereses toda vez que el tiempo durante del cual la indemnización pagada se le restituye, ha sido privado de un capital”(7).

El autor, además, considera que el valor pagado por el asegurador debe ser objeto de actualización al momento del pago.

4.7. Venezuela

Respecto de la legislación venezolana de seguros, el artículo 71 del Decreto 1505 del 30 de octubre del 2001 establece: “La empresa de seguros que ha pagado la indemnización queda subrogada de pleno derecho, hasta la concurrencia del monto de esta, en los derechos y acciones del tomador, del asegurado o del beneficiario contra los terceros responsables.

Salvo el caso de dolo, la subrogación no se efectuará si el daño hubiese sido causado por los descendientes, por el cónyuge, por la persona con quien mantenga unión estable de hecho, por otros parientes del asegurado o personas que conviven permanentemente con él o por las personas por las que deba responder civilmente”.

El ordenamiento venezolano no escapa a las expresiones utilizadas en las legislaciones citadas. En efecto, aunque la expresión “hasta concurrencia de su importe” es recurrente respecto de los diversos ordenamientos jurídicos que se ha tenido la oportunidad de analizar, tiene una redacción sutilmente diferente. Esto por cuanto la interpretación del tema se deja en todos los casos al juez, pues ninguna de las anteriores normativas señala expresamente qué se debe entender por la misma. La tendencia universal, como se ha podido establecer, es la de actualizar el dinero y llevarlo a valor presente, al momento del pago.

Por su parte, la tendencia legislativa es la misma. Justamente, las normas, al pretender darle aplicación al principio indemnizatorio, parecieran consagrar la tesis nominalista.

5. Reseña jurisprudencial antecedente

A manera de ilustración, enseguida se citarán los principales aspectos analizados por la Corte Suprema de Justicia de Colombia sobre el punto objeto de estudio, en cuatro fallos precedentes que, con anterioridad, se han referido al tema.

5.1. Sentencia del 6 de agosto de 1985(8) 

En el proceso ordinario de la Aseguradora Colseguros S. A. contra la Nacional de Transportes Ltda. (Conaltra), con ocasión de la pérdida de 115 bultos de café excelso, tipo exportación, ocurrida el 5 de octubre de 1977 en la vía que de Pereira conduce a Buenaventura, la Corte reiteró, en primer lugar, que conforme al artículo 1666 del Código Civil colombiano, los requisitos para que opere la subrogación a favor de una aseguradora son los siguientes:

a) Existencia de un contrato de seguro.

b) Un pago válido en virtud del referido contrato.

c) Que el daño producido por el tercero sea cubierto por la póliza.

d) Que una vez ocurrido el siniestro surja para el asegurado una acción contra el responsable.

Ahora bien, en lo que concierne a los alcances del artículo 1096 del Código de Comercio, el alto tribunal puntualizó que se debe tener en cuenta que la indemnización que paga el asegurador está determinada por el valor del daño derivado del siniestro, evaluado al momento de su ocurrencia, e indemnizado en los términos del contrato de seguro. Para la corporación, esto excluye, desde luego, los intereses o perjuicios moratorios que el artículo 1080 del estatuto mercantil colombiano impone al asegurador, en caso de que estos desborden el concepto del daño asegurado.

A juicio de la Corte, la “suma que limita el derecho del asegurador” es la que corresponde al día del pago de la indemnización, ceñida obviamente a la responsabilidad del causante del daño. Se apalanca en el criterio de interpretación contenido en el artículo 27 del Código Civil con respecto a la expresión “hasta concurrencia de su importe”, lo que sigue, por tanto, el sentido literal de esa disposición.

Por otra parte, el alto tribunal descarta que con su acción de subrogación, el asegurador esté reclamando perjuicios, pues la indemnización corresponde al cumplimiento de sus obligaciones contractuales con el asegurado y, por lo tanto, explica de manera razonable la interpretación literal acogida.

5.2. Sentencia del 23 de septiembre de 1993(9) 

En el proceso ordinario de la Compañía Mundial de Seguros S. A. y la entonces Federal Compañía de Seguros S. A. contra Expreso Caribe Ltda., por la pérdida de 30 mil kilos de polietileno de su mutuo asegurado “Plastilene”, ocurrida el 25 de septiembre de 1981 entre Cartagena y Soacha (Cundinamarca), la Corte reconoció el carácter de indemnizatorio del contrato de seguro promulgado por el artículo 1088 del Código de Comercio. Al respecto, indicó que esa debe ser la interpretación de la expresión “hasta su importe” que trae el artículo 1096 de la misma obra. Además, centra su análisis en el carácter de orden público de las normas que regulan la subrogación y señala que cualquier modificación voluntaria que las contravenga tiene objeto ilícito.

Así mismo, la Corte reiteró que la subrogación legal contenida en la tantas veces citada disposición tiene un límite y este es, por supuesto, la suma pagada de acuerdo con lo asegurado. Igualmente, reconoció la intención inequívoca del precepto y, por ende, expresamente reconfirmó la improcedencia de la corrección monetaria e intereses sobre el derecho subrogado legalmente y fundado en la suma pagada por concepto de seguro.

En su providencia, la corporación insistió en que el texto del artículo 1096 no admite la extensión de la limitante ya referida a otros conceptos, tales como los intereses, lo cual sigue de consuno el sentido literal de la disposición.

5.3. Sentencia del 13 de octubre de 1995(10) 

Posteriormente, la Corte profirió una importante sentencia, así como su salvamento de voto, en el proceso ordinario de la Compañía de Seguros Antorcha contra la Compañía de Vigilancia Seguridad Tequendama, quien llamó en garantía a Seguros del Estado. Los hechos que dieron lugar a la decisión fueron motivados por un hurto ocurrido el 11 de marzo de 1995 a las instalaciones de Laboratorios Librapharma, las cuales estaban aseguradas por la primera.

En esta oportunidad, cinco de los seis magistrados de la sala decidieron acogerse a las referencias jurisprudenciales señaladas previamente y enfatizaron los efectos del artículo 27 del Código Civil colombiano, de acuerdo con los alcances del artículo 1096 del Código de Comercio. Respecto del tema objeto de análisis, la mayoría señaló como importantes los siguientes aspectos:

a) La interpretación literal preferente, cuando no hay dudas o textos oscuros.

b) El carácter indemnizatorio del contrato de seguro (C. Co., art. 1088) para el asegurado y, con mayor razón, para el asegurador.

c) El concepto de la subrogación no fue creado precisamente para proteger pecuniariamente al asegurador —opinión que no se comparte—.

d) El asegurador recibe la prima como contraprestación económica de sus compromisos —lo cual es una idea equívoca de la noción técnica de la prima—.

Por su parte, el salvamento de voto(11) indicó que el artículo 1627 del Código Civil colombiano establece que el pago se debe hacer, en todos los casos, de conformidad con el tenor de la obligación. Luego, si se trata de la interpretación de preceptos que regulan las obligaciones dinerarias, se podría dar algún alcance interpretativo al artículo 27 de ese ordenamiento. No obstante, el inconforme entiende con la mayoría que la expresión “hasta el monto de su importe” impide que el asegurador, en virtud de la subrogación, reciba partidas que no cubrió con el pago del siniestro. Luego, estas quedarán en cabeza del asegurado.

Su diferencia radica, además, en la interpretación contextual que impone el artículo 30 del Código Civil, lo que permite que la aplicación de las normas involucradas, pero no contradictorias, se realice en conjunto y buscando su finalidad. Es así como en su escrito de disyuntiva propone que la naturaleza del pago de la indemnización del siniestro se considere equivalente a la indemnización que recibe el asegurado. Esto por cuanto, al operar la subrogación, solo se genera un desplazamiento de los derechos indemnizatorios del asegurado. Considera, así mismo, que el responsable del siniestro debe indemnizar la totalidad del daño que cause, impidiendo su beneficio al dilatar el cumplimiento de su obligación de reembolso, con la advertencia de que solo el asegurador podrá cobrar la porción pagada a su asegurado.

El disidente difiere igualmente de la opinión general, al afirmar que el carácter indemnizatorio del contrato también se le debe aplicar al asegurador, pues la norma solo se refiere al asegurado, y, por ello, no comparte las apreciaciones sobre la prima y la compensación que esta ocasiona al asegurador, cuando se le impide el cobro de la corrección monetaria. Por otra parte, reconoce que uno de los elementos de la subrogación es la protección económica de los aseguradores, al obtener recaudos de las sumas pagadas, cuando estas han sido causadas por terceros responsables del siniestro.

Finalmente, cierra su disquisición con la afirmación de que el otorgamiento de la corrección monetaria al asegurador solo le está manteniendo el valor intrínseco de la indemnización que recibió el asegurado, así como el equilibrio patrimonial entre este y el causante del daño.

5.4. Sentencia del 25 de agosto del 2000(12) 

En el caso de Seguros Antorcha de Colombia S. A. contra Atlanta Compañía de Vigilancia Privada Ltda., la Sala Civil insistió en mantener la ya reiterada e invariable jurisprudencia respecto de los alcances del artículo 1096 del Código de Comercio colombiano y, en particular, de la expresión “hasta concurrencia de su importe”.

Con el propósito de motivar tal determinación, el fallo hace un recorrido jurisprudencial del cual se destaca lo siguiente: “Dijo en 1981 que cuando por presentarse el siniestro la compañía aseguradora cubre el valor de la respectiva indemnización, por ministerio de la ley, o sea, sin concurrencia de las partes contratantes, el asegurador se subroga en los derechos del asegurado indemnizado contra el autor del daño, pero solo hasta el valor de la suma pagada (…). Como ha sido rector en materia de seguros que este contrato no puede ser fuente de ganancias y menos de riqueza, sino que se caracteriza por ser indemnizatorio (C. Co., art. 1088) es apenas obvio que circunscriba el derecho del asegurador que ha pagado el valor del seguro a obtener, del autor del daño, apenas el monto de la suma pagada y no una cantidad superior”.

Confirmó y amplió el criterio de 1985 al puntualizar: “... en orden a precisar los alcances de la subrogación legal que consagra el artículo 1096 del Código de Comercio, ha de tenerse en cuenta que la indemnización que paga el asegurador estará determinada por el valor del daño derivado del siniestro, evaluado al momento de su ocurrencia e indemnizado en términos del contrato, lo cual excluye, desde luego, los intereses o perjuicios moratorios que el artículo 1080 impone al asegurador, en su caso, pues estos desbordan el concepto de daño asegurado. La suma que limita el derecho del asegurador, ‘transmitido’ ope legis por el asegurado, es la del día del pago de la indemnización, y a esa suma ha de quedar limitada también la responsabilidad del causante del siniestro”.

El alto tribunal, además, agregó: “Si con miras a la correcta interpretación del citado artículo 1096 se consultan sus antecedentes, cuya importancia en este campo reconoce el artículo 27 del Código Civil, será necesario insistir que la expresión ‘hasta concurrencia del importe’ no puede tener alcance distinto al que indica su tenor literal. Ello es así por cuanto, como lo tiene admitido la doctrina general de los autores, el asegurador, a consecuencia de un siniestro indemnizable, no puede sufrir perjuicio en la acepción jurídica de la palabra. Y no puede sufrirlo porque la indemnización que él pagó al asegurado tiene un origen contractual, y porque ha recibido con la prima la contraprestación correspondiente a su obligación y porque opera en función del cálculo de las probabilidades”.

En 1993, la Corte tuvo la oportunidad de expresar lo siguiente: “... ha querido el legislador otorgarle al pago del seguro con subrogación una naturaleza de orden público, con la imperatividad, obligatoriedad y consecuencias allí indicadas, con cierta autonomía de lo que ha ocurrido cuantitativamente antes o después del pago. En efecto, para determinar el límite cuantitativo del objeto subrogado se toma en cuenta únicamente el valor de lo pagado por el seguro, con independencia del valor de las primas pagadas, o del mayor valor del objeto asegurado o de las circunstancias posteriores al pago, como son su deterioro monetario, improductividad financiera, etc.”.

E indicó: “Luego se trata de un límite cuantitativo fijado por la ley que, a la vez que satisface los intereses privados del asegurador y el asegurado, también da seguridad jurídica al monto exacto a reclamar y garantiza certeramente derechos de terceros y, concretamente, los del autor del daño. Por eso, prescribe el artículo 1096 del Código de Comercio que la subrogación legal del asegurador en los derechos del asegurado contra el tercero responsable, tiene como límite la suma pagada de acuerdo a lo asegurado, que, por su naturaleza debe entenderse restrictivamente para los efectos cuantitativos, porque esa es la clara intención inequívoca del precepto, y que, por lo tanto, no permite extender o completar su sentido de tal manera que desborde dicho límite (…). Por consiguiente, reitera la Sala su doctrina en el sentido de la improcedencia de corrección monetaria e intereses sobre el derecho subrogado legalmente y fundado en la suma pagada por concepto del seguro”.

En 1995 la corporación reafirmó su jurisprudencia, al manifestar: “... la expresión ‘... hasta concurrencia del importe...’ a que alude el artículo 1096 del Código de Comercio, debe interpretarse a la luz de lo dispuesto en el artículo 27 del Código Civil, razón por la cual no puede tener un alcance distinto al que señala su tenor literal. La razón de ser de este precepto estriba en el carácter indemnizatorio de esta especie de contrato, motivo por el cual no puede ser fuente de ganancias o riqueza”.

Y más adelante agregó: “... el cimiento de la subrogación no es propiamente la protección patrimonial del asegurador, al cual, de todas formas, se le abre la posibilidad de la subrogación, la cual, en verdad, tiene por objetivo básico la necesidad de evitar el enriquecimiento del causante del daño, así como enervar la posibilidad de que el asegurado obtenga un doble pago del perjuicio. El carácter indemnizatorio lo fija la ley para la prestación a favor del asegurado, desde luego, para evitar allí también que la ocurrencia del siniestro se torne en una fuente de lucro, no de restablecimiento del equilibrio patrimonial para este. Todo lo cual se halla inspirado en nítidos principios de moral social. Y si pudiera decirse que ese carácter indemnizatorio se traslada a la pretensión del asegurador que ha pagado, en frente del directo causante del daño, solo podrá ser dentro del marco de su propia erogación, no solo por lo ya dicho, sino también porque no se entendería cómo si el asegurador solo queda obligado frente al asegurado a pagarle una suma determinada por razón de la pérdida sufrida por este, él sí pueda exigirle al causante del daño una corrección monetaria que no ha cubierto, máxime cuando no fue el directamente perjudicado”.

Además, indicó: “Luego no puede acudir el censor a la supuesta necesidad de ‘mantener el equilibrio de las relaciones jurídicas’ como un presupuesto para aplicar la corrección monetaria que depreca, puesto que si el pago de la indemnización no es factor de desequilibrio contractual o empobrecimiento del asegurador, sino de pago de una prestación debida, mucho menos resulta serlo el reembolso nominal de la indemnización”.

Es así como la Corte, para el año 2000, consideró tan sólidos los criterios jurisprudenciales acabados de memorar, que los retomó sin miramientos, en esta nueva ocasión. En efecto, al decir de la corporación: “... todos ellos a una, descubren las potísimas razones que entregan una fisonomía jurídica muy propia a la subrogación que consagra el artículo 1096 del Código de Comercio, de lo cual es diamantino reflejo el mandato por fuerza del cual la aseguradora no tiene más derecho que a la suma que efectivamente pagó por virtud del contrato de seguro. Dicha norma, pues, lejos de contener descuidadas voces legislativas, denota una ratio legis respetabilísima, y hace de su preceptiva el acuñamiento de un raciocinio sazonado, particularmente si en cuenta se tiene que acaso esa es la manera más aconsejable como se preserva el equilibrio de todas las relaciones jurídicas que se dan cita en el punto”.

A lo cual agregó: “No es de recibo argüir, entonces, que cuando así se decide resulta desnaturalizado el carácter indemnizatorio de la obligación subrogada, porque, insístese (sic), la del artículo 1096 en cita es una subrogación de estirpe singular; tanto, que no tiene la fuente común del fenómeno conocido como pago realizado por un tercero, ya que la aseguradora ha pagado deuda propia, la misma que a su cargo surgió del contrato de seguro, lo cual repugna, hay que admitirlo, si pasase (sic) por persona digna de ser indemnizada. Es claro que ella tiene derecho a ser reembolsada, mas no indemnizada, y esto mismo pone fuera de lugar la invocación del criterio de equidad que en eventos indemnizatorios ha tenido presente la Sala, atendiendo pautas como la del artículo 16 de la Ley 446 de 1998”.

No contento con las referidas citas jurisprudenciales, el alto tribunal incluyó un nuevo elemento que consiste en la diferencia existente entre el cobro de la indemnización por parte del asegurado con el derecho que le asiste al asegurador en los casos de subrogación. Para ello señaló que en el primero no existe un imperativo legal que lo limite, en cuyo caso su reclamo podría gozar de mayor amplitud y de suyo el asegurador ya ha recibido una contraprestación económica. Por ende no podría pretextar que la consabida limitación legal implica un empobrecimiento suyo.

Así, sostuvo la Corte: “... tampoco es dable alegar, por otra parte, que sin la corrección monetaria el demandado resultaría pagando una cosa diferente a la debida, en lo que se violaría el artículo 1627 del Código Civil, pues sea lo que fuere, el caso es que el censor pasa de largo ante el hecho de que es la propia norma la que deja lugar a reservas, al disponer, a renglón seguido, que todo ello es sin ‘perjuicio de lo que en los casos especiales dispongan las leyes”.

De esta manera, se concluyó en esa oportunidad: “... la solución dada por la ley —léase artículo 1096— es la más justa de todas, antinómico fuera reconocer la corrección monetaria que edificada sobre el postulado de la equidad ha dispuesto la corporación en otros asuntos”.

6. Consideraciones finales

Las siguientes reflexiones tienen por objeto revisar el tema objeto de análisis desde la perspectiva de los principios de igualdad e incluso de equidad, que deben reinar en el derecho. Así mismo, la subrogación legal del asegurador tiene como propósito evitar la impunidad del tercero, otorgar al asegurador la posibilidad de recuperación y, por ello, no escapa al principio indemnizatorio propio de los seguros de daños.

En efecto, entre los objetivos de la subrogación, y en virtud del principio de equidad, vale la pena destacar que el asegurador tiene derecho a recuperar lo indemnizado, que el tercero responsable no puede quedar exento de la sanción a que su conducta dio lugar y que el asegurado no debe recibir doble indemnización: una derivada del contrato de seguro y otra del acto dañoso del tercero.

Se debe recordar que subrogar es sustituir. En efecto, el artículo 1666 del Código Civil colombiano señala: “La subrogación es la transmisión de los derechos del acreedor a un tercero, que le paga”. Es así como la subrogación del asegurador es una forma de transmisión de las obligaciones, que se verifica por mandato legal y sin necesidad de que exista una participación activa de alguno de los interesados.

Por medio de la subrogación legal, el asegurador que indemniza al asegurado por un siniestro ocupa el lugar del asegurado frente al tercero responsable de la ocurrencia del mismo. Este, a su vez, debe reparar los daños causados, de acuerdo con el origen y la naturaleza de su responsabilidad. Al ocupar el lugar de su asegurado, y si se tiene en cuenta el principio de igualdad, el asegurador debe tener derecho a la corrección monetaria que el juez le reconocería al subrogado, cuando hace efectivo el deducible que pagó.

Al respecto, el Capítulo de Manizales de la Asociación Colombiana de Aseguradores (Acoldese) señaló: “Establécese (sic) así la siguiente norma de derecho: Cuando se trata de deudas de valor el deudor debe asumir el pago de la depreciación de la moneda.

Aunque son varios los caminos utilizados para llegar a esta conclusión, tal vez el más llamativo es el que al detectar una laguna histórica en la legislación, por tratarse de un fenómeno no previsto por el legislador, se abre paso a la aplicación de la analogía, los principios generales de derecho y la equidad”(13).

Tal como lo ha reiterado la jurisprudencia, uno de los objetivos de la subrogación legal del asegurador es evitar el enriquecimiento del tercero. No se trata solamente de un tema económico, sino de prevenir su impunidad y la “burla” de la justicia. Es una medida sana con respecto a los terceros responsables y también respecto de los aseguradores, quienes podrían obtener un doble pago en el supuesto de que no existiera la figura jurídica que contempla el artículo 1096 del Código de Comercio colombiano. Así mismo, la subrogación del asegurador también está regida por el principio indemnizatorio, característico de los seguros de daños.

Por otra parte, en su ponencia relativa a la subrogación, el Capítulo de Acoldese de Manizales indicó en 1992: “Abordamos entonces el tema propuesto señalando que se trata de una deuda de valor y que en opinión del capítulo el valor que puede reclamar el asegurador en ejercicio de la subrogación legal no es estricta y literalmente el importe de lo pagado, sino tal suma restituido a su valor actual”(14). So pretexto de una interpretación literal, se considera que la numerosa jurisprudencia antecedente, ya citada, estaba dando alcances a la expresión “hasta el importe de lo pagado” que no le corresponden.

Realmente, el sentido literal de la expresión comprende toda la magnitud de la misma, ni más, ni menos. Con ello, implícitamente se han de reconocer aquellos elementos que permiten que la suma pagada sea completa, cuando se ha de decidir su reembolso. Si ha de acogerse a él, el tenor gramatical necesariamente impone que no se descarte la posibilidad de una mirada que corresponda al sentido, finalidad y naturaleza de la figura jurídica.

La prima, conocida como el precio del contrato, corresponde en efecto a la contraprestación que recibe el asegurador por asumir el riesgo propuesto por el tomador, durante la vigencia de la póliza. Indistintamente, si durante ella es necesario efectuar el pago de la indemnización o no, entenderlo de otra manera y darle al deudor las prerrogativas que se le concedieron en las decisiones proferidas antes de la jurisprudencia objeto de estudio, provoca una verdadera contradicción respecto de tales providencias.

Las posturas del análisis de la expresión “hasta el monto de su importe”, con fundamento en el artículo 27 del Código Civil colombiano no se identifican con los conceptos sobre la prima, como una retribución o compensación para el asegurador, que paga un siniestro y se subroga. Entenderlo de esta manera causaría el siguiente interrogante: ¿Qué pasa entonces con aquel que asume el riesgo, pero no ocurre siniestro durante la vigencia? ¿Podrá decirse que ha recibido una retribución injustificada? La respuesta, obvia, es negativa.

La solución consiste, entonces, en aplicar la corrección monetaria a las sumas pagadas por el asegurador que actúa en acción de subrogación, en virtud de una disposición legal, equitativa. La expresión “hasta concurrencia de su importe” no debe ser interpretada en forma estrictamente literal en un país caracterizado por altos índices de devaluación que tan solo en estos últimos años ha tendido a estabilizarse.

Este entendimiento fue ratificado por la Corte Suprema de Justicia en un fallo de julio del 2005(15), al decidir el proceso ordinario de Aseguradora Colseguros S. A. y la Compañía Colombiana de Procesamiento de Datos S. A. (Procedamos) contra Panalpina S. A. En su decisión, el alto tribunal retomó el cambio jurisprudencial contenido en el fallo en estudio y reconoció la corrección monetaria al asegurador subrogatario.

Así mismo, en una sentencia proferida en noviembre del mismo año(16), en el proceso de Seguros Comerciales Bolívar S. A. contra Transtanques Ltda., la Sala Civil, por tercera vez consecutiva, reconoció la corrección monetaria a las sumas recuperadas por el asegurador en acción de subrogación. En esa decisión, además de los argumentos ya señalados en el fallo del 18 de mayo del 2006, mediante el cual se registró el viraje jurisprudencial, la Corte destacó los principios de igualdad, equidad y plenitud del pago que deben regir entre la primigenia y la de subrogación, y resaltó que tienen el carácter de obligaciones pecuniarias.

Fue así como puntualizó la corporación: “... en esencia la acción materia de la subrogación personal, es la misma que, originariamente, hubiera podido ejercer el asegurado damnificado contra el responsable del daño, por tanto el tratamiento que debe otorgársele a la entidad aseguradora debe ser simétrico al que la ley y la jurisprudencia le hubieran dado a aquel, en caso que, con prescindencia del seguro, hubiera reclamado directamente a este la correspondiente indemnización de perjuicios...”.

Es así como se puede afirmar que las tres decisiones sobre la materia objeto de análisis se pueden catalogar como doctrina probable. Lo anterior, de conformidad con lo establecido por el artículo 10 de la Ley 153 de 1887 de Colombia, con todos los efectos jurídicos que este hecho conlleva.

Además de destacar el radical cambio jurisprudencial, que desde 1995 había mostrado un diminuto, pero contundente acierto en el salvamento de voto de Javier Tamayo Jaramillo, plausible es el “esfuerzo” de la magistratura en integrar una postura clara, puntual, pero con ello menos completa, de entender el derecho positivo colombiano, en armonía con la realidad del país y con la razón de ser y sentido racional y lógico de las normas. Con tal cambio, no solo se logran los efectos individuales ya citados, sino que los jueces se ubican a la vanguardia jurisprudencial entre nuestros pares normativos, lo cual garantiza que se constituyan como pioneros de la manera consistente, íntegra y racional de interpretar y aplicar el derecho.

(1) M.P. Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo.

(2) Esta opinión fue suministrada directamente a los autores por el profesor Rubén Stiglitz, mediante correo electrónico del 16 de noviembre del 2005.

(3) Esta opinión fue suministrada directamente a los autores por la profesora Milagros Sanz, secretaria general de la Asociación Internacional de Derecho de Seguros, Sección Española (Seaida), mediante correo electrónico del 11 de noviembre del 2005.

(4) De conformidad con lo establecido por esa normativa, esta disposición entró en vigencia con su publicación en el Diario Oficial mexicano del 2 de enero del 2002.

(5) Díaz Bravo, A. Notas sobre la subrogación del asegurador en el derecho mexicano y comentarios a la sentencia de la Corte Suprema de Justicia colombiana de fecha 23 de Septiembre de 1993. En: Revista Ibero-Latinoamericana de Seguros, nº 7, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá: 1995, pp. 289-292.

(6) Díaz Bravo, A. Derecho de subrogación del asegurador. En: Ensayos sobre Seguros, Homenaje al doctor J. Efrén Ossa G., Bogotá: 1992, pp. 105-113.

(7) Villa Zapata, W. La subrogación en el derecho de seguros peruano. En: Revista Ibero-Latinoamericana de Seguros, nº 10, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá: 1997, pp. 135-159.

(8) M.P. Horacio Gil Montoya.

(9) CSJ, S. Civil, Sent. 3961, sep. 23/93. M.P. Pedro Lafont Pianetta.

(10) CSJ, S. Civil, Sent. 3986, oct. 13/95. M.P. Héctor Marín Naranjo.

(11) El magistrado disidente en esta decisión fue Javier Tamayo Jaramillo.

(12) CSJ, S. Civil, Sent. 5445, ago. 25/2000. M.P. Manuel Ardila Velásquez.

(13) Acoldese. Capítulo de Manizales: La subrogación del asegurador. En: Ensayos sobre Seguros. Homenaje al doctor J. Efrén Ossa G., Bogotá: 1992, pp. 61-89.

(14) Ibídem.

(15) CSJ, S. Civil, Sent. 1100131030062001-1274-01, jul. 13/2005. M.P. Jaime Alberto Arrubla Paucar.

(16) CSJ, S. Civil, Sent. 19941325, nov. 22/2005. M.P. Carlos Ignacio Jaramillo J.