CIRCULAR INTERNA 9 DE 1999 

(Marzo 4)

Asunto: Funciones de colaboración que deben cumplir las intendencias delegadas departamentales dentro del territorio de su jurisdicción bajo las instrucciones y en coordinación con el nivel central.

Al tenor de los artículos 76 y 77 de la Ley 142 de 1994 el superintendente obra con plena autonomía de criterio al cumplir sus funciones, y de acuerdo con los literales d) y e) del artículo 15 y c) del artículo 28 del Decreto 548 de 1995, está facultado para expedir los actos administrativos, los reglamentos, manuales e instructivos que sean necesarios para el cabal funcionamiento de la entidad y distribuir competencias entre las distintas dependencias cuando ello resulte necesario para el mejor desempeño y ejecución de las funciones de la superintendencia, asignarlas a sus dependencias, y teniendo en cuenta que:

I. El parágrafo del artículo 28 del Decreto 548 de 1995 señala que las intendencias delegadas departamentales se establecerán y organizarán por el superintendente.

El artículo reseñado se ocupa de señalar las funciones de las intendencias delegadas departamentales, entre las que se encuentra la de vigilar y controlar el cumplimiento de las leyes y actos administrativos a los que estén sujetos las entidades prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de que trata la Ley 142 de 1994, dentro del territorio de su jurisdicción, en cuanto el cumplimiento afecte en forma directa e inmediata a usuarios determinados, así como la de reportar cualquier violación de las normas a la superintendencia delegada competente.

El mismo precepto las faculta para ejercer dentro del territorio de su jurisdicción, y en coordinación con la intendencia de control social, las funciones establecidas en el numeral tercero del artículo 6º del decreto en cita en relación con la participación de los usuarios.

II. La superintendencia tiene atribuidas las funciones y facultades establecidas en los artículos 79 y 80 de la Ley 142 de 1994, las cuales se encuentran desarrolladas por el artículo 6º del Decreto 548 de 1995, entre las que se encuentran:

Numeral 6.1. Funciones especiales en relación con las entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios (LSPD, art. 7º):

a) Vigilar y controlar el cumplimiento de las leyes y actos administrativos a los que estén sujetos quienes presten servicios públicos en cuanto el cumplimiento afecte en forma directa e inmediata a usuarios determinados; y sancionar sus violaciones, siempre y cuando esta función no sea competencia de otra autoridad;

(...).

c) Establecer los sistemas uniformes de información y contabilidad que: deben aplicar quienes presten servicios públicos, según la naturaleza del servicio y el monto de sus activos, y con sujeción siempre a los principios de contabilidad generalmente aceptados. La superintendencia tiene en relación con los balances y el estado de pérdidas y ganancias las facultades de que trata el artículo 448 del Código de Comercio;

(...).

f) Vigilar que los subsidios presupuestales que la Nación, los departamentos y los municipios destinan a las personas de menores ingresos, se utilicen en la forma prevista en las normas pertinentes, así corno vigilar el cumplimiento de las disposiciones contempladas en el artículo 93 de la Ley 143 de 1994 y parágrafo primero del artículo 99 de la Ley 142 de 1994;

g) Solicitar documentos, inclusive contables; y practicar las visitas, inspecciones y pruebas que sean necesarias para el cumplimiento de sus funciones. No obstante el superintendente no está obligado a visitar las empresas sometidas a su vigilancia, o a pedirles informaciones sino cuando haya un motivo, especial que lo amerite;

h) Mantener un registro actualizado de las entidades que prestan los servicios públicos;

(...).

j) Evaluar la gestión financiera, técnica y administrativa de las empresas de servicios públicos, de acuerdo con los indicadores definidos por las comisiones de regulación; publicar sus evaluaciones; y proporcionar en forma oportuna toda la información disponible, a quienes deseen hacer evaluaciones independientes. El superintendente podrá acordar con las empresas programas de gestión para que se ajusten a los indicadores que hayan definido las comisiones de regulación, e imponer las sanciones por el incumplimiento;

(...).

l) Verificar que las obras, equipos y procedimientos de las empresas cumplan con los requisitos técnicos que hayan señalado los ministerios competentes.

6.2. Otras funciones en relación con las entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios:

(...).

i) Velar por la progresiva incorporación y aplicación del control interno en las empresas de servicios públicos domiciliarios. Para ello vigilará que se cumplan los criterios, evaluaciones, indicadores y modelos que definan las comisiones de regulación. Para el ejercicio de esta función la superintendencia podrá apoyarse en otras entidades oficiales o particulares. (LSPD, art. 47);

j) Velar porque las empresas de servicios públicos domiciliarios contraten una auditoría externa de gestión y resultados con personas privadas especializadas, así como autorizar los cambios de los auditores externos contratados, (LSPD, art. 51). La superintendencia podrá solicitar el cambio de los auditores contratados, cuando éstos no cumplan cabalmente el objeto del contrato;

(...).

l) Vigilar que las empresas de servicios públicos domiciliarios publiquen las evaluaciones realizadas por los auditores externos, por lo menos anualmente, en medios masivos de comunicación en el territorio donde prestan el servicio, si los hubiere, y que dichas evaluaciones sean difundidas ampliamente entre los usuarios, (LSPD, art. 53);

(...).

p) Aprobar, con arreglo a las metodologías que establezcan las comisiones de regulación, los estudios que demuestren que los costos de prestación directa del servicio por parte del municipio son inferiores a los de empresas interesadas en prestar el servicio, y que la calidad y la atención para el consumidor serían por lo menos iguales a los que tales empresas pueden ofrecer en dicho municipio, (LSPD., art. 6º, num. 3º);

(...).

s) Velar porque las entidades encargadas de prestar los servicios públicos domiciliarios informen periódicamente de manera precisa, la utilización que dieron a los subsidios presupuestales, (LSPD., art. 53, inc. 3º);

(...).

y) Dar traslado a las autoridades competentes, cuando se advierta que las actuaciones de los administradores, funcionarios y demás servidores de las empresas sometidas a su vigilancia y control, pueden ser constitutivas de actos delictuosos o ilícitos sancionados por la ley.

Las funciones de los literales a), c), g), j) y l) del numeral primero, al igual que las señaladas en los literales i), j), p), s), y) del numeral segundo del artículo 6º del Decreto 548 de 1995, arriba citadas le han sido adscritas por el mismo decreto en el literal a) del artículo 16, a los señores superintendentes delegados, quienes son competentes de las mismas.

Las funciones señaladas en los literales f) del numeral primero y l) del numeral segundo del artículo 6º del Decreto 548 de 1995 han sido asignadas al intendente de control social, de conformidad con el literal a) del artículo 18 del decreto en cita.

La función del literal h) del numeral primero ha sido asignada a la oficina de informática de conformidad con el literal a) del artículo 24 del Decreto 548 de 1995, función que se ejerce a través del sistema Renaser de dicha dependencia.

III. El artículo 21 del Decreto 548 de 1995, señaló como funciones de la oficina jurídica:

(...).

e) Atender los procesos y litigios en los cuales tenga interés la superintendencia, e informar al superintendente sobre su desarrollo y resultados;

(...).

k) Las demás que le sean asignadas por el superintendente, de acuerdo con la naturaleza de la dependencia.

Que mediante Resolución 2600 del 16 de septiembre de 1996, proferida por el señor Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, se delegó en el jefe de la oficina asesora jurídica el ejercicio activo o pasivo de la representación judicial o extrajudicial de la superintendencia.

Que la función de cobro coactivo de que tratan los artículos 68 y 79 del Código Contencioso Administrativo y normas concordantes del Código de Procedimiento Civil ha sido delegada en el jefe de la oficina asesora jurídica mediante resoluciones 633 de 1996 y 4080 de 1997, proferidas por el señor Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios.

IV. Que la superintendencia ha llevado a cabo un estudio junto con sus dependencias a fin de establecer el nivel de colaboración y participación que las intendencias delegadas departamentales pueden brindar en la ejecución de las funciones propias de las superintendencias delegadas, de la intendencia de control social y de las oficinas de informática y asesora jurídica, para garantizar de manera adecuada los principios contenidos en el artículo 209 de la Constitución.

La colaboración de las intendencias delegadas departamentales en el cumplimiento de dichas funciones juega un papel preponderante en el área de su jurisdicción, lo cual redundará indudablemente en que ellas se cumplan con la observancia plena de los principios de eficacia, economía, celeridad y eficiencia que rigen la administración pública.

V. En consecuencia, las intendencias delegadas departamentales colaborarán con las funciones de las dependencias del nivel central y bajo la dirección e instrucciones de éstas para los siguientes asuntos:

En relación con las funciones arriba anotadas que ejercen el superintendente delegado para acueducto, alcantarillado y aseo, el superintendente delegado para energía y gas, y el superintendente delegado para telecomunicaciones, de acuerdo con el servicio público domiciliario respectivo; al igual lo harán con las funciones del intendente de control social y de la oficina de informática, Renaser.

Las intendencias delegadas departamentales colaborarán con dichas dependencias específicamente con la recopilación de información administrativa, financiera, técnica, operativa y de gestión.

Por lo tanto los intendentes delegados departamentales cumplirán las siguientes funciones de colaboración, las cuales realizarán sobre los entes prestadores que tengan su domicilio principal dentro del área de competencia de las respectivas intendencias y bajo la dirección de las dependencias competentes:

1. Hacer el seguimiento a la implementación del plan único de cuentas y del sistema de costos y gastos.

2. Verificar la implantación del sistema de información presupuestal.

3. Verificar la correcta aplicación de subsidios y contribuciones.

4. Vigilar la gestión administrativa de las empresas en cuanto esta afecte en forma directa e inmediata a usuarios determinados.

5. Velar por la contratación de auditorías externas de gestión.

6. Verificar por la progresiva incorporación y aplicación del control interno.

7. Verificar, el establecimiento y aplicación de sistemas de medición y consumo.

8. Realizar el seguimiento, bajo coordinación del nivel central, a los planes de gestión y resultados de las empresas, de acuerdo con las disposiciones sobre la materia, emanadas de las comisiones de regulación o de las unidades de planeación que hagan sus veces.

9. Hacer seguimiento, bajo la coordinación del nivel central, de la actualización del registro nacional de prestadores de servicios públicos, Renaser.

10. Divulgar en los entes prestadores que operan en el ámbito de su competencia las decisiones, leyes, decretos, resoluciones y demás normatividad aplicable a los servicios públicos domiciliarios.

11. Recepcionar y estudiar los contratos de condiciones uniformes de las empresas que operan en el sector.

12. Unificar y centralizar la información de la planta de personal, interna y externa de los operadores del área de influencia con los formatos y aplicativos del sistema de información de vigilancia y control, Sivico.

13. Vigilar y controlar la aplicación de la estratificación socioeconómica por parte de las empresas.

14. Verificar que las alcaldías envíen en forma oportuna a las empresas prestadoras el acto administrativo correspondiente a la adopción de la estratificación en sus municipios y demás documentación pertinente y necesaria.

La información que se recopile o solicite en relación con los puntos referidos deberá ser remitida a la oficina o dependencia competente del nivel central en el menor tiempo posible y cumpliendo estrictamente con las instrucciones impartidas.

Igualmente las dependencias del nivel central podrán comisionar de manera específica a las intendencias delegadas departamentales para el cumplimiento de las referidas funciones de colaboración, cuando haya lugar a ello.

VI. En relación con la oficina jurídica las intendencias delegadas departamentales colaborarán en el cumplimiento de las funciones a ella otorgadas de la siguiente forma:

Con la atención de los procesos y litigios:

a) Control de los negocios que se adelantan en cada jurisdicción.

Se hace indispensable que el control lo haga un abogado de la regional, quien deberá visitar los tribunales de su jurisdicción e informar semanalmente los cambios que ocurran a la oficina asesora jurídica.

Con la unidad de recaudo y cobro coactivo de la oficina jurídica;

b) Las intendencias regionales colaborarán con la notificación personal de los mandamientos ejecutivos de acuerdo con lo establecido en el artículo 564 del Código de Procedimiento Civil y en caso de no poder surtirse, llevarán a cabo la notificación por aviso.

En el momento de la notificación se le tiene que hacer saber al notificado los recursos que proceden contra el mandamiento de pago las excepciones, así como el término para que se efectúe el pago de la siguiente forma: para efectuar el pago son cinco días; para excepcionar diez días.

Igualmente deben identificar a la persona facultada para ello.

Lo anterior se deberá cumplir una vez la oficina asesora jurídica, los comisione en cada caso para ello; y las regionales deberán devolver la totalidad de documentos que se envían para tal efecto, al igual que las diligencias una vez realizadas.

VII. Igualmente los intendentes delegados departamentales tramitarán las peticiones, quejas y reclamos que presenten los usuarios de los servicios públicos domiciliarios en contra de los entes prestadores que operan en el área de su competencia, bajo la coordinación del intendente de control social.

En el mismo sentido, los intendentes delegados departamentales tramitarán todo lo que atañe a los silencios administrativos positivos, producto de la omisión por parte de los entes prestadores en emitir respuesta a las peticiones, quejas y recursos, de conformidad con lo previsto en el artículo 158 de la Ley 142 de 1994, bajo la coordinación del intendente de control social.

N. del D.: Esta circular va dirigida a superintendente delegado para acueducto, alcantarillado y aseo, superintendente delegado para energía y gas combustible, superintendente delegado para telecomunicaciones, secretario general, intendente de entidades intervenidas y en liquidación, intendente de control social, intendentes delegados departamentales, jefe oficina asesora jurídica.

_____________________________________________