“Tardanza en solución de controversias laborales no es por falta de leyes, sino de presupuesto”

Revista Nº 203 Sep. - Oct. 2017

Entrevista realizada a Gerardo Botero  

Magistrado Corte Suprema de Justicia 

Gerardo Botero, magistrado y presidente de la Sala de casación laboral del alto tribunal, en entrevista con la REVISTA ACTUALIDAD LABORAL habló de los alcances de la Ley 1781 del 2016 que creó magistrados de descongestión por un período de ocho años.

ACTUALIDAD LABORAL: ¿En qué circunstancias se presentó al Congreso de la República el proyecto de ley de descongestión de la Sala de casación laboral de la Corte Suprema de Justicia?  

Gerardo Botero: De años atrás, la Sala de casación laboral ha estado preocupada por la congestión que vivimos, consecuencia de las medidas de descongestión que, en años anteriores, se han adoptado frente a los juzgados laborales del circuito de todo el país y frente a las salas laborales de los tribunales superiores de distrito judicial, pues eso condujo a que se produjera el efecto dominó. Al descongestionar los juzgados, se congestionan los tribunales y al descongestionar estos se congestiona la Corte Suprema de Justicia, porque el recurso de casación procede contra las sentencias de segunda instancia proferidas por los tribunales superiores de distrito judicial. Entonces, en esa medida se produjo un represamiento en la sala de casación laboral de la Corte Suprema de Justicia frente a temas de tanta sensibilidad social como son los asuntos prestacionales de los trabajadores, los pensionales y los de accidentes de trabajo. En muchos de esos casos, la gente demanda en procura de una justicia pronta y cumplida.

A. L.: ¿De qué dimensión es el problema?  

G. B.: Tenemos un represamiento de unos ocho años. Este año todavía hay negocios que han llegado a la Corte en el 2010, lo cual implica que ya han tenido su trámite en la primera instancia y en la segunda. A veces, uno se encuentra negocios que llevan ocho, diez, doce o más años y que por la sensibilidad social requieren de una solución pronta y cumplida. Los proyectos de ley de descongestión que se tramitaron en el Congreso de la República antes fracasaron por situaciones de coyuntura. De pronto, en esos momentos, no hubo mayor interés por parte del Gobierno en sacar adelante la descongestión, porque eso requiere recursos. Con gran fortuna, a raíz de la expedición de la Ley 1781 del 20 de mayo del 2016 se modificó la ley estatutaria de la administración de justicia y, en su artículo segundo, se crearon las doce magistraturas de descongestión de la Sala laboral, conformadas por magistrados de la alta Corte. En sus funciones existen algunas limitantes, en cuanto a que ellos no pertenecen a la Sala plena de la Corte Suprema y tampoco pueden fallar negocios diferentes a casaciones; solamente dictan sentencias en materia del recurso de casación. No conocen de acciones de tutela, ni de procesos como el de declaratoria de legalidad o ilegalidad del cese de actividades de los trabajadores, ni de recursos de revisión; nada de derecho colectivo, ni de acciones constitucionales. Solamente resuelven en materia de casación que es donde está el mayor represamiento en la Sala laboral de la Corte Suprema de Justicia.

A. L.: ¿Y fue acertado establecer esa limitación a los magistrados de descongestión?  

G. B.: Sí, porque el noventa y cinco por ciento (95%) de los procesos que hay en la Sala laboral son del recurso extraordinario de casación. Un cinco por ciento (5%) de los casos corresponden a otros aspectos y a las acciones constitucionales. Aunque también hay bastantes negocios de estas materias, no se puede decir que tenemos represamiento en ese sentido.

A. L.: ¿Ese proyecto de ley fue de iniciativa de la Corte Suprema de Justicia? 

G. B.: Sí. La sala laboral estuvo muy atenta en la socialización del mismo; planteó la necesidad de la descongestión. Básicamente, se argumentó la idea ante el Gobierno y el Congreso de la República de que era un tema de muchísima sensibilidad social, porque se trata de solucionar los problemas laborales a mucha gente, al igual que en materia pensional, dado que no es justo que una persona, después de haber trabajado durante veinte o más años, tenga que esperar diez o doce años para que la justicia ordinaria laboral le defina una controversia en ese sentido.

A. L.: ¿En el ordenamiento jurídico colombiano no existe una figura permanente que permita aliviar la congestión judicial?  

G. B.: El problema de la justicia laboral, en Colombia, y la tardanza en la solución de ese tipo de controversias no es por falta de leyes o de normas, porque tenemos códigos de avanzada y existen leyes que buscan reducir los términos en la solución de los conflictos laborales. Por ejemplo, la Ley 1149 del 2007 (oralidad) ha reducido ostensiblemente el número de las audiencias. El problema de la congestión es más un tema de presupuesto, de dinero, porque según estudios que han hecho organismos internacionales hay un déficit de jueces laborales en el país.

A. L.: ¿Es factible que la congestión de la Sala laboral permanezca luego de que culmine el período de las salas de descongestión?

G. B.: Eso no es posible, porque la misma ley creó las cuatro salas de descongestión laboral en forma transitoria y por un período de ocho años. En los estudios que se presentaron al Congreso de la República y al Gobierno se hacía referencia a que en un término de ocho años se lograba descongestionar la Sala de casación laboral de la Corte Suprema, de modo tal que el 6 de junio del 2025, cuando termina el período de los magistrados de descongestión, la Sala permanente de casación tenga, en trámite, 907 procesos que son un número razonable, porque a 31 de marzo del 2017 se tenían 18.000 procesos pendientes para fallo. El estudio se hizo a partir de la proyección de los asuntos que van saliendo de la Sala de casación laboral y de los que van entrando. Esta, en un término de ocho años, debe quedar con un volumen de negocios manejable, de modo que a la gente se le pueda solucionar su problema con prontitud. Hoy para los siete magistrados que integramos la sala de casación permanente es casi imposible dictar sentencia para los 18.000 procesos.

A. L.: ¿Cuándo comenzó a operar la figura de descongestión laboral en la Corte Suprema?  

G. B.: Los doce magistrados que conforman estas salas se posesionaron el 6 de junio del 2017, quienes integran cuatro salas de decisión, cada una con tres magistrados. O sea que terminarían el 6 de junio del 2025, cuando se cumplirían los ocho años del período transitorio.

A. L.: ¿En qué momento se asignaron a los magistrados de descongestión los casos que deben fallar?  

G. B.: La misma Ley 1781 del 2016 previó que la sala permanente de la Corte Suprema de Justicia, en el reglamento, estableciera el funcionamiento del reparto de los procesos a las salas de descongestión. En el reglamento nuestro quedó previsto que cada seis meses se iba a hacer un reparto de 330 negocios, por despacho. Entonces, el primer reparto que se hizo, a los magistrados de descongestión, fue de 2.310 procesos. Estos fueron seleccionados con un criterio de antigüedad, como lo señala el mismo reglamento de la Sala laboral. Muchos de los casos son temas de análisis probatorio, porque los magistrados tienen la limitante de que no pueden variar la jurisprudencia de la Corte Suprema y se hizo de esa forma, no por cuestiones de vanidades, ni de celos profesionales, sino por garantizar la seguridad jurídica, porque, si no fuese así, la Sala permanente de la Corte Suprema terminaría resolviendo unos casos bajo unos criterios jurisprudenciales y la Sala de descongestión bajo otros. Eso crearía inseguridad jurídica y un mayor problema.

A. L.: ¿Considera que se realizó una labor delicada al hacer el reparto de los casos?  

G. B.: Eso fue un trabajo arduo, complejo, porque había que revisar expediente por expediente, había que estudiar los temas de cada negocio, había que verificar que el expediente estuviera completo y que no le faltase algún trámite previo, pues el negocio llega a la sala de descongestión para que los magistrados dicten ya la sentencia. Allá no se adelanta ningún trámite. Entonces, hubo que hacer un barrido previo para seleccionar los negocios del primer reparto.

A. L.: ¿Recibieron algún apoyo durante ese proceso?  

G. B.: Se contó con la gran fortuna de que el Consejo Superior de la Judicatura creó unos cargos con profesionales grado 21 que actuaron como enlace entre la Sala laboral permanente y la Sala laboral de descongestión. Fueron personas encargadas de revisar cada negocio, hacer unas fichas para seleccionar los temas y una vez que se tuvo todo el volumen de negocios se procedió a hacer el reparto correspondiente ante los doce magistrados de descongestión y se les remitieron los casos.

A. L.: ¿La Corte Suprema de Justicia había adelantado antes algún plan de descongestión? 

G. B.: No. Es la primera vez que se crea una Sala de descongestión, inclusive, esa experiencia está bajo la mirada de todo el mundo. Hay universidades que tienen observatorios para estar expectantes del funcionamiento de la Sala de descongestión. Esta es una sala piloto en las altas cortes. Tengo entendido que en el Consejo de Estado también están tratando de implementar una sala similar para descongestionar la jurisdicción contencioso administrativa.

A. L.: ¿Qué otro análisis puede hacer con respecto al contexto de la congestión judicial laboral?  

G. B.: En el país ha aumentado la conflictividad en materia laboral. Hace veinte años que llegué a la Corte Suprema de Justicia como magistrado auxiliar y el despacho, en el cual trabajaba, tenía entre ochenta y cien negocios para fallo. A marzo del 2017, cada despacho de la Sala de casación laboral tiene cerca de 2.500 negocios. Eso permite dimensionar cómo se ha incrementado el volumen de trabajo y fue lo que generó la necesidad de crear la Sala de descongestión.

A. L.: ¿Eso quiere decir que el país está viviendo unas relaciones muy tensas entre empleadores y trabajadores?  

G. B.: No tanto entre ellos, porque si uno hace un estudio estadístico de la conflictividad, en el terreno de lo laboral, esta se evidencia más en temas de seguridad social. La gran mayoría de los conflictos que se generan en materias laboral y de seguridad social corresponde a pensiones: reajustes pensionales, reconocimiento de pensiones de invalidez, de vejez y de sobrevivientes. E, infortunadamente, las entidades de la seguridad social no hacen los reconocimientos de los derechos, a pesar de existir precedentes jurisprudenciales.

A. L.: ¿De cuáles sectores profesionales provienen los magistrados de la Sala de descongestión?  

G. B.: El proceso de selección de los doce magistrados de descongestión se adelantó como se hace para nombrar a cualquier magistrado de la alta Corte que es mediante una convocatoria del Consejo Superior de la Judicatura a las personas interesadas en ocupar esos cargos. En el Consejo Superior se realizó una preselección, se citó a unas entrevistas y, luego, a partir de cerca de 180 personas que se inscribieron, se elaboraron doce listas con diez personas en cada una, o sea, 120 personas en total. Esas listas se enviaron a la Corte Suprema de Justicia para que eligiera los doce magistrados; de cada lista había que elegir un magistrado. Las listas que remitió el consejo cumplieron con los estándares y con las cuotas a que hace referencia la norma de equilibrio de poderes, según la cual se deben tener en cuenta abogados litigantes, académicos, funcionarios y empleados de la rama judicial y la participación de género. La Corte Suprema procedió a hacer la elección y de ahí fueron nombrados los doce magistrados. En esta elección también se tuvieron en cuenta: la cuota femenina; los funcionarios de la Rama Judicial, inclusive, se nombraron cuatro magistrados auxiliares que trabajaban en la Corte Suprema; y se nombraron abogados litigantes y académicos. Entonces, quedó conformada una Sala de descongestión con un grupo bastante heterogéneo.

A. L.: ¿Cuándo se hará un nuevo reparto de procesos a las salas de descongestión?  

G. B.: El reparto de 330 procesos por despacho, 2.310 en total, se hizo en junio del 2017, o sea que el siguiente reparto se haría en seis meses, al entrar de vacaciones, en enero del 2018, con otros 2.310 procesos.

A. L.: ¿En ese momento ya deben estar resueltos los primeros 2.310 procesos trasladados a las salas de descongestión?  

G. B.: Sí, porque hay unas metas. Cada magistrado de descongestión debe sacar diez negocios semanales; tiene que preparar sus propios proyectos y fuera de eso leer las ponencias de los otros dos magistrados para llevarlos a Sala y discutirlos.