Termorío: un duro golpe al arbitraje

Revista Nº 1 Jun.-Dic. 2004

Las colaboraciones publicadas no comprometen la responsabilidad de la revista. Las opiniones expresadas pertenecen exclusivamente a sus autores

Fernando Mantilla-Serrano 

1. Introducción(1) . 

Es necesario comentar en esta tribuna, mediante un análisis crítico, académico y desapasionado, las principales decisiones judiciales y arbitrales que afectan el desarrollo del arbitraje en Colombia. La doctrina francesa ha fomentado desde hace mucho tiempo estas “notas” críticas y ello ha contribuido a mejorar la alta calidad de sus decisiones judiciales.

Por ello, me permito hacer referencia a una clasificación acuñada por los comentaristas de las decisiones de las altas cortes francesas —denominadas en ese país “arrêts”—. Esta clasificación las divide en “arrêts de principe”, cuando la sentencia sienta unos principios fundamentales y conlleva un profundo análisis general del tema, decantando solo aquello que es esencial, y en “arrêts d’espèce”, cuando la decisión está poderosamente condicionada o anclada en los hechos y circunstancias que rodean el caso.

Retomando la mencionada clasificación, me atrevería a hablar de una tercera especie, híbrida, compuesta por decisiones que siendo profundamente “específicas” pretenden sentar principios que, la mayoría de las veces, demuestran o ser obvios —y por lo tanto de innecesaria recordación— o ser meras veleidades, fruto de un análisis monocular que vuelve las decisiones unidimensionales y carentes de toda perspectiva.

Es en esta categoría híbrida en la que debe enmarcarse la sentencia 21041 proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado de Colombia, cuyo interés radica en que, con la anulación del laudo del arbitraje Termorío, se cierra un capítulo de triste recordación para el arbitramento en Colombia.

En ese contexto, es encomiable que ese alto tribunal haya hecho un esfuerzo por abarcar con cuidado todas las cuestiones planteadas, especialmente aquellas que le han llevado a anular el citado laudo. Sin embargo, y no obstante ese evidente esfuerzo, el análisis del Consejo de Estado no está exento de crítica.

2. ‘Kompetenz-kompetenz’ y control judicial del laudo.

No tan viejo como el arbitraje, pero sí sólidamente anclado en la práctica arbitral mundial desde mediados del siglo pasado —tanto en el ámbito interno o nacional como internacional—, el principio según el cual el árbitro tiene la potestad para decidir sobre su propia competencia —es decir, una especie de “competencia de principio”—, está también reconocido en el derecho colombiano(2). Así mismo, se ha reconocido el principio del control del laudo por parte de los tribunales judiciales competentes(3). Sobre este punto vale la pena señalar que algunos ordenamientos jurídicos —es el caso de Suiza y de los Estados Unidos— permiten a las partes renunciar al recurso de nulidad contra el laudo, en ciertos casos.

Estos principios no son contradictorios sino complementarios. Su aplicación permite: (i) que el árbitro sea el primero en pronunciarse sobre la competencia; (ii) que el arbitraje pueda desarrollarse sin interferencia del juez y sin interrupción y (iii) que, sin embargo, el juez tenga “la última palabra” sobre la competencia del árbitro y pueda así negarle efectos a una decisión que no tenga un pacto arbitral válido que la soporte.

El análisis del Consejo de Estado de Colombia, aunque acertado, carece de interés y no aporta nada nuevo al respecto.

Más interesante resultan los malabares y recodos que toma la sentencia para paliar lo que, a mi juicio, no puede ser sino un lamentable olvido del legislador de la Ley 80 de 1993, sobre contratación estatal. El alto tribunal, quizás prisionero de su decisión del 6 de junio del 2002, en la que reafirma el carácter de numerus clausus de los motivos de nulidad previstos en el artículo 72 de la ley mencionada, prefiere asumir el análisis del pacto arbitral como contrato independiente y autónomo del contrato en el cual se inserta como cláusula(4). Por lo tanto, aborda la licitud del mismo bajo una óptica contractual y no como mera causal de nulidad del laudo; es así como fundamenta su autoridad para decidir sobre la nulidad del “contrato de arbitraje” en el artículo 87 del Código Contencioso Administrativo.

Nada se puede reprochar, en términos de lógica jurídica, al razonamiento del Consejo de Estado, salvo que existía un camino más corto y, en mi criterio, más consistente con la naturaleza del arbitraje. En primer lugar, este mecanismo, por su origen convencional exige —también en materia de contratación estatal— un pacto arbitral válido, de lo cual se deduce que debe existir una sanción si ello no se cumple. En segundo término, el régimen general del arbitraje es el contemplado en el Decreto 2279 de 1989 y la legislación complementaria —pésimamente compilados en el Decreto 1818 de 1998—.

Por lo tanto, la sanción a la ausencia de pacto arbitral, ya sea por inexistencia o nulidad, debe buscarse en el régimen general y, en consecuencia, se debe entender que la causal de nulidad del numeral 1º del artículo 38 del Decreto 2279 de 1989(5), también debe ser aplicada por el Consejo de Estado.

El grave problema del ingenioso análisis plasmado en el fallo comentado radica en que, llevado al extremo, dejaría sin sanción situaciones tan graves como la inexistencia del pacto arbitral o, como lo reconoce expresamente la sentencia, las nulidades absolutas —aun por objeto o causa ilícitos— que hubieren sido “saneadas” en virtud de la caducidad prevista en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.

3. Validez de la cláusula y licitud del procedimiento pactado.

He aquí uno de los yerros más importantes del fallo. El Consejo de Estado razona en términos de “condiciones de validez” de la cláusula arbitral y así, por aplicación del artículo 38 de la Ley 153 de 1887, concluye que esa validez debe analizarse de conformidad con las leyes colombianas en vigor al 15 de enero de 1998 —fecha de celebración del pacto arbitral Termorío—. Para esta época se encontraban vigentes los artículos 90 y 92 de la Ley 23 de 1991 que, consagrando un verdadero exabrupto jurídico, equiparaban arbitraje institucional y arbitraje independiente —más conocido por los especialistas como “arbitraje ad hoc”—, sometiéndolos a ambos al procedimiento previsto en el Decreto 2279 de 1989.

Las críticas a este razonamiento son múltiples:

a) Las restricciones o limitaciones impuestas por el legislador al procedimiento a seguir en un arbitraje en nada afectan la validez del pacto arbitral. Uno de los grandes beneficios del Decreto 2279 de 1989 fue eliminar el formalismo en la cláusula arbitral y reducir sus requisitos de validez a los siguientes: (i) manifestación expresa de someterse a arbitramento y (ii) que conste en “cualquier documento”(6).

En consecuencia, el pacto arbitral de Termorío cumplía los requisitos formales de validez vigentes al momento de su celebración. A este respecto, es preocupante notar que la sentencia comentada utilice, para fundamentar su razonamiento, un fallo de la Corte Suprema de Justicia(7) en la que, acertadamente, esta aplica el artículo 38 de la Ley 153 de 1887. Si esta disposición se hubiera aplicado correctamente al laudo en mención, el Consejo de Estado debería haber llegado a la conclusión opuesta.

En efecto, en esa decisión el Máximo Tribunal de Casación consideró que la exigencia de documento auténtico —requerida bajo la legislación imperante en 1981— es una solemnidad ad substantiam y por ello confirmó una sentencia que anulaba un laudo porque el pacto arbitral al origen del arbitramento no respetaba la forma auténtica exigida.

b) Contrario a lo que parece creer el Consejo de Estado, el objeto del pacto arbitral no es el procedimiento en sí mismo sino la solución de la controversia mediante arbitraje(8). La mención al procedimiento a seguir en el trámite arbitral no es un elemento esencial del pacto arbitral, ni lo ha sido nunca en el derecho colombiano.

Un pacto que nada diga sobre el procedimiento sigue siendo válido y no puede siquiera considerarse como defectuoso o “patológico”. Por lo tanto, al no ser un elemento esencial, menos puede convertirse en un requisito ad substantiam de validez del pacto arbitral y, por ello, la falta de designación del procedimiento o la invalidez de lo acordado por las partes al respecto no puede acarrear su nulidad.

c) Además, no obstante las profusas invocaciones de la decisión, las reglas de procedimiento llamadas a regir el trámite arbitral sí atañen a “lo concerniente al modo de reclamar en juicio los derechos” dimanantes de un contrato y, consiguientemente, deben ser examinadas a la luz de la legislación vigente al momento del inicio del arbitraje y no al momento de celebración del pacto arbitral.

En la sentencia comentada el Consejo de Estado proclamó que el pacto arbitral es un contrato independiente. Siguiendo su razonamiento, ese contrato independiente confiere a las partes el derecho de acudir al arbitraje. Por su parte, la forma de exigir ese derecho y ponerlo en ejecución es mediante el procedimiento pactado o, a falta de este, por el procedimiento subsidiariamente aplicable. Por lo tanto, en estricto cumplimiento de lo dispuesto en las leyes 153 de 1887 y 446 de 1998 —ya en vigor al momento de inicio del arbitraje— es aplicable y se permite el arbitraje institucional de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) —o de cualquier otra institución—.

El hecho de que la Corte de Arbitraje de la CCI —así como la American Arbitration Association o la Corte de Arbitraje de Madrid, para solo citar algunas entidades cuya sede está fuera del país— estuvieran o no constituidas y autorizadas por el entonces Ministerio de Justicia como centros de arbitraje, de conformidad con lo dispuesto en el derecho colombiano, era completamente irrelevante, pues la normativa rige para los centros que se organicen o constituyan en el país. No existe argumento jurídico alguno para querer darle a esas disposiciones una aplicación extraterritorial. Esto iría contra las más elementales normas del derecho internacional privado.

d) Pero aun aceptando en gracia de discusión que, como lo afirma la sentencia en comento, el examen de las reglas de procedimiento acordadas por las partes debiere hacerse a la luz de las normas vigentes, al momento en que dichas reglas fueron pactadas, el razonamiento de la Sección Tercera del Consejo de Estado sigue encontrando tropiezos.

En primer lugar, la corporación ignora —quizás porque la parte interesada no le hizo caer en la cuenta, aunque era evidente del expediente arbitral— que el acta de misión, mediante la cual las partes fijaron la misión del tribunal arbitral y el procedimiento a seguir, fue firmada el 10 de noviembre de 1999, es decir, bajo el imperio de la Ley 446 de 1998. El artículo 112 de esta preceptiva(9), al decir del alto tribunal en la sentencia comentada, “en tratándose de arbitramento independiente, (...) autoriza a las partes para acordar, autónomamente, las reglas de procedimiento aplicables en la solución de los conflictos, y en el caso del arbitramento institucional, determina que las partes pueden acogerse a un procedimiento establecido por un centro de arbitraje”.

Uno de los principales efectos del acta de misión, cuando ha sido firmada por las partes —como fue el caso en el arbitraje Termorío—, es el de “valer compromiso” o sanear los defectos de los que pudiere adolecer el pacto arbitral originario(10). En consecuencia, siguiendo el razonamiento del Consejo de Estado y apoyándose en los hechos que constan en el expediente, el procedimiento fue válidamente pactado por las partes mediante el acuerdo que celebraron cuando ya estaba en vigor el actual régimen arbitral colombiano. Por la reacción del alto tribunal cabe preguntarse, si las partes hubieran acordado seguir el procedimiento del Decreto 2279 de 1989 —como podían haberlo hecho— en el acta de misión, ¿el laudo habría sido anulado de todos modos?

Así mismo, si siendo conciente de lo anterior, el Consejo de Estado empeñado en negarle ese efecto al acta de misión y en juzgar el procedimiento pactado bajo la lupa de la legislación hoy derogada —en virtud del artículo 6º del Código de Procedimiento Civil invocado por esa corporación—, ¿la sanción no debió ser la anulación de la cláusula sino la de tener la mención al reglamento de la CCI como no escrita?

En efecto, el laudo sería de todas formas nulo por haber sido fruto de un procedimiento que se llevó a cabo de una manera no autorizada por la ley. Pero la cláusula arbitral sería operativa y válida para comenzar un procedimiento de arbitraje según lo previsto por la normativa vigente al momento de su celebración. Sin embargo, resulta absurdo obligar a las partes a aplicar un procedimiento que ya no está en vigor a la fecha del trámite arbitral. Para evitar este inconveniente, en lugar de rectificar su análisis, el alto tribunal contencioso administrativo echó mano de sus anales y, apoyándose en una sentencia de la misma Sección(11), decidió anular la cláusula entera asimilando erradamente, como ya lo hemos denunciado, el objeto del arbitraje con el procedimiento arbitral.

4. Nacionalidad del arbitraje.

El tribunal arbitral decidió que el arbitraje era del orden nacional y el Consejo de Estado confirmó esa decisión. Probablemente, la decisión es correcta. Aquí la incertidumbre existe debido a que, además de los criterios enumerados en la sentencia, existió uno muy importante al cual no se hizo mención, quizás porque no era aplicable: la controversia debe afectar los intereses del comercio internacional(12). Sin embargo, las repercusiones internacionales que el affaire Termorío ha tenido, sumadas a la presencia de inversión extranjera en él mismo, hacen legítimo preguntarse si tales intereses del comercio internacional no estaban afectados.

En términos generales, una lectura superficial del artículo 1º de la Ley de Arbitraje Internacional (L. 315/96) puede llevar a concluir —como parece haberlo hecho el Consejo de Estado— que el arbitraje solo es internacional si se satisfacen dos condiciones: (i) que las partes expresen su “deseo” de que el arbitraje sea internacional y (ii) que se cumpla alguna de las circunstancias mencionadas en el citado artículo 1º. No obstante, una lectura más cuidadosa de la ley y de la “historia fidedigna”(13) de su establecimiento permite concluir que, siempre y cuando exista un pacto arbitral válido, basta que se dé una de las circunstancias de las mencionadas en la Ley 315 para que el arbitraje sea internacional.

En efecto, la exposición de motivos que acompañó al Proyecto de Ley 50 de 1995 del Senado de la República —que se convertiría más adelante en la Ley 315— manifiesta que la intención del legislador era poner al país “a tono” con las nuevas tendencias en materia de comercio y arbitraje internacionales, y lograr que las disposiciones legales en materia de arbitraje fueran interpretadas de acuerdo con las reglas de derecho internacional aplicables.

Es de especial pertinencia un apartado de dicha exposición de motivos en que, refiriéndose al ya mencionado párrafo introductorio del artículo 1º de la Ley 315, manifiesta: “Se incluye así mismo un parágrafo en el que se deja claro que cuando quiera que opere alguno de los criterios determinantes del arbitraje internacional y adicionalmente medie un pacto arbitral, el trámite procedente para la solución del conflicto será el del arbitraje internacional previsto en esta ley”(14).

Además, ad absurdum, una interpretación contraria a lo expresamente indicado en la “historia fidedigna” de la aprobación de la Ley 315 llevaría a que un arbitraje que cumpliera varias de las circunstancias de internacionalidad previstas en el mencionado artículo 1º fuera considerado como un arbitraje nacional. Es el caso de un arbitraje con sede en Colombia, entre dos partes domiciliadas en países extranjeros diferentes, sobre un contrato celebrado y ejecutado en un tercer país pero cuyo pacto arbitral no contenga la expresión “arbitraje internacional”. Esto no solo sería contrario al sentido común sino a la realidad misma.

Finalmente, condicionar la eficacia de un pacto de arbitraje internacional a que las partes expresen en él su deseo de someterse a arbitramento internacional equivale a exigir un requisito ad validitatem adicional para el pacto arbitral en arbitraje internacional. Esto, en la práctica, constituiría una reserva retroactiva a la Convención de Panamá de 1975 sobreArbitraje Comercial Internacional (L. 44/86) que, al igual que la Convención de Nueva York de 1958 (L. 39/90) —aplicable al reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales extranjeros—, consagra la validez del acuerdo arbitral sin sujeción a requisitos formales —fuera de que conste en un escrito firmado por las partes—, ni fórmulas sacramentales. Dicha reserva retroactiva constituiría además una violación al derecho internacional público.

En consecuencia, en presencia de cualquiera de las circunstancias de internacionalidad previstas en la citada Ley 315, la curiosa frase introductoria del artículo 1º de esta normativa, es decir, “cuando las partes así lo hubieren pactado”, no puede interpretarse sino como exigiendo la presencia de un pacto arbitral válido y no la mención expresa del término “arbitraje internacional”.

5. Normas procesales, arbitraje y orden público.

En su decisión, el Consejo de Estado hizo una amalgama entre proceso arbitral, proceso judicial, función pública de administrar justicia y orden público, para llegar a la conclusión de que las partes no podían derogar al procedimiento previsto en el Decreto 2279 de 1989, porque consagraba normas de orden público. El alto tribunal se equivocó. Las partes, mientras estuvo en vigor el artículo 92 dela Ley 23 de 1991, no podían pactar el procedimiento porque una expresa disposición legal las obligaba a utilizar el procedimiento de la citada preceptiva. Pero, desaparecida esa obligación, las partes recobraron su libertad para diseñar el procedimiento.

Mucho se podría hablar sobre la autonomía de las partes en materia de arbitraje(15). Sin embargo, para los efectos de este comentario basta con decir que en todos los países con una práctica arbitral relativamente moderna nadie pone en duda —ni para el arbitraje interno o nacional, ni mucho menos para el arbitrajeinternacional— que las partes pueden pactar libremente el procedimiento arbitral. Así mismo, que los árbitros —aunque tienen la iuris dictio— no ejercen función pública alguna y que, como expresamente lo menciona el artículo 6º del Código de Procedimiento Civil, la ley puede autorizar a las partes para derogar las disposiciones de orden procesal —lo cual sucede siempre que se permite recurrir al arbitraje como método alternativo al procedimiento judicial—.

En materia arbitrable —que necesariamente versa sobre derechos disponibles—, donde el presupuesto de la libre voluntad de las partes para someterse a arbitraje es dominante, el único orden público procesal es la obligatoriedad de garantizar un debido proceso —del cual, a diferencia de lo que insinúa la sentencia comentada, no tiene el monopolio el Código de Procedimiento Civil—. Este consiste en el respeto a la igualdad de las partes y el derecho a ser oído en debate contradictorio. Mientras estos dos principios se respeten, las partes pueden libremente “inventar” el procedimiento que más se ajuste a las necesidades de la controversia que, por medio del mismo, pretenden resolver.

6. ‘Obiter dictum’.

El Consejo de Estado, mediante el razonamiento poco ortodoxo al que se hace referencia en este comentario, no contento con elevar el procedimiento arbitral a requisito esencial del pacto arbitral y anular el laudo, decidió lanzar un comentario suelto que si bien, como todo obiter dictum carece de fuerza formal, constituye, en el fondo, una “carga de profundidad” contra el arbitraje.

En efecto, la corporación, en las páginas finales del fallo, en una especie de “mise en garde”, que aun bajo la Ley 446 de 1998 —la misma que hasta el momento se había esforzado en declarar que no se aplicaba, dando a entender que su aplicación podía convalidar el pacto arbitral Termorío—, señaló que en el arbitraje independiente(16) “los particulares no pueden inventar un procedimiento para sustituir o variar las reglas procesales preestablecidas por el legislador”. Para ello se apoyó en dos sentencias de la Corte Constitucional —C-037 del 5 de febrero de 1997 y C-672 del 9 de septiembre de 1999— que, por demás, expresamente reconocen que el legislador —tal y como lo hizo en el artículo 112 de la Ley 446 de 1998— puede autorizar a las partes para pactar libremente el procedimiento arbitral.

Sin embargo, la Corte Constitucional nunca ha puesto las cortapisas que ahora, vehementemente, trata de imponer el Consejo de Estado.

De hecho, en su reciente decisión del 28 de noviembre del 2002, con la que declaró inconstitucional la llamada etapa prearbitral (Sent. C-1038), el máximo tribunal constitucional colombiano sostuvo nuevamente: “dentro de ciertos límites, los particulares pueden acordar las reglas del proceso arbitral, tal y como lo establece el artículo 7º de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia. Por ello, la Sentencia C-037 de 1997, al declarar la exequibilidad de dicho artículo, señaló: ‘los particulares, en aquellos casos no previstos por el legislador, pueden fijar sus propias reglas para el ejercicio de su labor de impartir justicia, siempre y cuando se ajusten a los parámetros establecidos en la Constitución y en la ley”.

La Corte señaló, además, que “el principio de voluntariedad o de habilitación” —que implica el ejercicio de la autonomía de las partes— es un principio constitucional.

Se ha sostenido por algunos que la expresión “en aquellos casos no previstos por el legislador” debe interpretarse como imponiendo a los particulares la obligación de escoger tan solo entre algunos de los procedimientos ya establecidos por el legislador, circunscribiendo así la autonomía de las partes a aquellos aspectos procedimentales sobre los cuales este no se haya pronunciado.

Lo ya dicho por la Corte Constitucional, y ratificado en su Sentencia C-1038 del 2002, no puede interpretarse de esa forma. De hecho, lo sostenido por esa corporación lleva a la conclusión contraria. En primer lugar, el alto tribunal parte del principio de reconocer que el marco de referencia lo constituye el legislador —la ley—. El legislador de 1998 se expresó por medio del artículo 112 de la Ley 446 de 1998 estableciendo expresamente un tipo de arbitraje —el arbitraje independiente—, respecto de cuyo procedimiento nada se ha previsto —pues corresponde a las partes regularlo—. Por ello, el arbitraje independiente es uno de “aquellos casos no previstos por el legislador”, en los cuales la voluntad de las partes tiene campo libre para expresarse y pactar libremente las reglas que regirán el procedimiento arbitral.

En segundo lugar, y ad absurdum, interpretar el razonamiento de la Corte Constitucional como limitante del ejercicio del principio de autonomía de la voluntad, de la forma como ciertos devotos del culto a la forma procesal judicial sostienen, no solo equivaldría a asimilar, de manera inexplicable, el arbitraje independiente al arbitraje legal. Esto, además, erigiría a Colombia en el único país en el mundo —salvo Azerbaiján, según se ha reportado recientemente— en el que, ya en el siglo XXI, aún no se reconoce la libertad de las partes para regular el proceso arbitral. Dudoso y triste honor que no se compadece de la tradición jurídica colombiana.

La sentencia del Consejo de Estado en comento, por fortuna, deja a salvo el arbitraje institucional nacional y todo el arbitraje internacional, pero se empeña, en materia de arbitraje nacional independiente —o ad hoc—, en condenar a Colombia a hundirse en el oscurantismo arbitral.

7. Conclusión.

Por lo anteriormente expuesto, la sentencia del Consejo de Estado es un ejemplo de decisión “a la medida” del caso Termorío y, como tal, al igual del affaire que la inspira, será de infausta recordación como un tropiezo más en el desarrollo del arbitraje en Colombia.

Es deplorable que para obtener el resultado querido —sin lugar a dudas porque la Sección Tercera lo considera el resultado justo— haya sido necesario atropellar el arbitraje y comprometer el desarrollo del mismo en nuestro país.

El Consejo de Estado ha preferido hacer eco a los errores cometidos en el pasado en relación con el arbitraje.

Es de esperar que vengan tiempos mejores que le permitan rectificar esos yerros y coadyuvar al desarrollo de un arbitraje moderno, flexible y eficaz, que Colombia merece y reclama.

Errare humanum est, perseverare diabolicum”.

(1) El presente artículo está basado en la conferencia dictada por el autor el 12 de abril del 2002, con motivo de la fundación del Comité Colombiano del Arbitraje.

(2) Cfr. numeral 2º del artículo 147 del Decreto 1818 de 1998; artículo 124 de la Ley 446 de 1998.

(3) Cfr. artículo 161 del Decreto 1818 de 1998; artículo 37 del Decreto 2279 de 1989 y artículo 72 de la Ley 80 de 1993.

(4) Véase el parágrafo del artículo 118 del Decreto 1818 de 1998; artículo 116 de la Ley 446 de 1998.

(5) Artículo 163, numeral 1º del Decreto 1818 de 1998.

(6) Cfr. artículos 2º, 2ºA y 3º del Decreto 2279 de 1989; artículos 117 y ss. del Decreto 1818 de 1998.

(7) Sala de Casación Civil, Ref. 075, junio 7 de 1994.

(8) Cfr. artículo 115 de la Ley 446 de 1998; artículo 117 del Decreto 1818 de 1998. Ver, Martínez Neira, N. y Peña Castrillón, G. Pacto arbitral y arbitramento en conciencia. Temis, Bogotá: 1988, pp. 41 y ss.; Arrubla Paucar, J.A. Naturaleza y efectos del pacto arbitral. En: Foro del Jurista, Nº 23, Cámara de Comercio de Medellín, Medellín: 2002, p. 86.

(9) Cfr. artículo 116 del Decreto 1818 de 1998.

(10) Ver, Derains, Y. et al.El nuevo reglamento de la Cámara de Comercio Internacional. Oxford, 2001, pp. 291 y 292; Fouchard, Ph. et al.On international commercial arbitration. Kluwer, 1999, pp. 672 a 674; Mantilla-Serrano, F. La Corte Internacional de Arbitraje de la CCI. En: Universitas, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá: 1992.

(11) Expediente 2721 del 4 de noviembre de 1982.

(12) Cfr. artículo 1º, numeral 5º, Ley 315 de 1996; artículo 196 del Decreto 1818 de 1998.

(13) El artículo 27 del Código Civil colombiano establece: “Cuando el sentido de la ley sea claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu. Pero bien se puede, para interpretar una expresión oscura de la ley, recurrir a su intención o espíritu, claramente manifestados en ella misma o en la historia fidedigna de su establecimiento” .

(14) Véase Gaceta del Congreso del 10 de agosto de 1995, p. 15.

(15) Cfr. Mantilla-Serrano, F. El principio de autonomía y su aplicación al procedimiento arbitral. En: Jurisconsulta, Nº 5, Cámara de Comercio de Bogotá, Bogotá: 2002, p. 19; Silva Romero, E. El sistema de arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional y la situación del arbitraje institucional en Colombia. En: Foro del Jurista, Nº 23, Cámara de Comercio de Medellín, Medellín: 2002, p. 171.

(16) Cfr. artículo 112 de la Ley 446 de 1998; artículo 116 del Decreto 1818 de 1998.