Todos estaremos en un esquema de cooperación tributaria

Revista Nº 189 Mayo - Jun. 2015

Santiago Rojas  

en entrevista con Javier Nelson Rojas Especial para la Revista Impuestos

Santiago Rojas, director general de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), asegura que Colombia ha decidido profundizar en la colaboración con terceras naciones para intercambiar información tributaria y, así, identificar los capitales que no están tributando en el país, a pesar de tener esa obligación.

En entrevista con la REVISTA IMPUESTOS, habló de aspectos polémicos de la reciente reforma tributaria y de los desafíos que afronta la comisión de expertos creada para formular una reforma tributaria estructural.

REVISTA IMPUESTOS: ¿Considera regresivo el impuesto a la riqueza? 

Santiago Rojas: Colombia, desde hace muchos años, había adoptado un impuesto vinculado al patrimonio y al capital. En la reciente reforma tributaria (L. 1739/2014), entendiendo que ese impuesto al patrimonio terminaba en el 2014, se hizo un planteamiento: vamos a necesitar los recursos que ese impuesto estaba dando a la Nación, y se propuso el nuevo impuesto a la riqueza. Al comprender, precisamente, la preocupación que le generó al sector empresarial cómo gravar el capital versus gravar las utilidades, podría tener unos efectos en la inversión, al incluir el impuesto a la riqueza, se tomaron dos determinaciones muy importantes.

La primera, eliminar el impuesto a la riqueza para las sociedades en el 2017. Se bajó el nivel de la tarifa. Se mantiene un umbral para quienes deben tributar este impuesto para empresas de mil millones de pesos de capital o más y se tomó la determinación de eliminarlo gradualmente hasta el 2017, para que haya garantía de que desaparece el impuesto a la riqueza y se remplaza por una sobretasa, un impuesto a las utilidades, en este caso al impuesto sobre la renta para la equidad (CREE). El Gobierno lo que ha hecho es entender la preocupación que existía en el sentido de gravar el capital y, por eso, desaparece ese impuesto.

La segunda determinación consiste en que estableció que la base para pagar ese impuesto a la riqueza era el patrimonio existente al 1º de enero del 2015. Cualquier inversión futura que se haga a nivel empresarial, en el país, ya sea ahora o en los próximos años, no va a estar sujeta a este impuesto a la riqueza. Así no se estaría afectando el tema de la inversión.

R. I.: ¿Qué puede decir a quienes afirman que ese impuesto se convertirá en permanente? 

S. R.: En la reforma tributaria aprobada se elimina en el 2017 y se remplaza por un tributo adicional, que es la sobretasa al CREE, para tener como un intercambio de tributos, lo que garantiza que, en el 2018, no se va a decir que ya no hay plata por el impuesto a la riqueza. Y los niveles, además tan bajos, del impuesto a la riqueza, que se disminuye gradualmente y su desaparición en el 2017 para empresas, demuestran la voluntad total de eliminar ese impuesto.

R. I.: Pero, eventualmente, podría volverse a legislar para darle continuidad. 

S. R.: Hay un tema muy de fondo y es que el Congreso y el Gobierno decidieron crear una comisión de expertos para analizar, de manera integral, el tema tributario. Esa comisión va a hacer unas recomendaciones de cuál debería ser el sistema tributario para garantizar la equidad y la competitividad del país. Allí se harán los planteamientos del caso.

R. I.: ¿Qué reacción ha enfrentado de las empresas que suscribieron acuerdos de estabilidad jurídica? 

S. R.: La posición (de la DIAN) ha sido muy clara, en el sentido de que se respetan los contratos de estabilidad jurídica en aquellos impuestos que fueron objeto de esta y, en los impuestos nuevos, no se aplica la estabilidad jurídica.

R. I.: ¿Hay quienes dicen que se le dio apariencia de nuevo al impuesto a la riqueza para eludir los compromisos generados por esos contratos? 

S. R.: No, el Estado no elude sus responsabilidades. Hay unas interpretaciones jurídicas acerca de qué cubren los contratos de estabilidad jurídica.

R. I.: ¿Cree que la reciente reforma tributaria mantuvo la preferencia por gravar las rentas laborales y no las de capital? 

S. R.: El Gobierno ha querido reestructurar el sistema tributario. Hubo un aspecto que hizo la reforma tributaria del 2012, precisamente, tratar el tema de las personas naturales, en donde se establecieron figuras como el impuesto mínimo alternativo nacional (IMAN) y el impuesto mínimo alternativo simple (IMAS). Se amplió la base de las personas naturales que deben tributar el impuesto de renta y el país estaba necesitando esa medida. En la reforma tributaria del 2014, lo que se hace es mantener un impuesto (el cuatro por mil) en los niveles que ya venía; sustituir el impuesto al patrimonio por el impuesto a la riqueza y establecer una sobretasa al CREE para mantener esos niveles de tributación que venían. Luego ahí no ha habido un énfasis, simplemente, en gravar las rentas laborales. En la reforma del 2012, se trató el tema de las personas naturales y, en el 2014, el de las empresas.

R. I.: Entonces, ¿no considera cierta la anterior consideración? 

S. R.: No calificaría que el sistema tributario colombiano esté inclinado hacia un lado u otro. Sí hay que reconocer que se está estudiando una profunda reforma estructural en el campo tributario por la comisión de expertos, porque hay unas cargas tributarias muy altas al sector empresarial y hay que mirar cómo se puede hacer para que tengamos un sistema tributario mucho más equitativo y competitivo.

R. I.: ¿Qué instrumentos destaca en la reciente reforma tributaria para combatir la evasión fiscal? 

S. R.: Hay elementos muy importantes. Se creó el impuesto a la normalización, que es darle la oportunidad a quienes tengan activos omitidos, tanto en Colombia como en el exterior, o pasivos inexistentes, para que los puedan declarar pagando un impuesto correspondiente a la normalización y sanear su activo. Eso va a ser fundamental para que la gente pueda presentar los activos y pasivos que realmente tiene.

Eso está acompañando una figura, que es una declaración de activos en el exterior, la cual se tendrá que hacer en octubre del 2015 y también nos va a dar más claridad acerca de lo que tienen los colombianos en el exterior. Se combinó, también, con una figura de beneficios tributarios, para que se pusieran al día quienes tuvieran asuntos pendientes con la entidad. Ya venció el primer beneficio con resultados muy positivos, porque 317.000 colombianos se pusieron al día en los impuestos, generando un recaudo adicional de 620.000 millones de pesos. Hasta octubre, con un corte en mayo, tenemos una serie de beneficios adicionales para aquellos que estén todavía en situación de discusión por el pago de impuestos, en un proceso que esté ante la DIAN o ante la jurisdicción para ponerle fin a los procesos, con unos beneficios realmente importantes en materia de sanciones e intereses. Ese conjunto de medidas ha permitido que los colombianos, cada vez más, se pongan al día en materia de impuestos.

R. I.: ¿Y cómo avanza la lucha contra la evasión del impuesto sobre las ventas (IVA)? 

S. R.: Esta reforma, en particular, no tocó el tema del IVA, en ningún aspecto. Es más un asunto operativo de la DIAN. Ahí el proyecto bandera es el de la facturación electrónica. Esperamos este año tener, en el segundo semestre, algún proyecto piloto al respecto, porque, al fin y al cabo, si todos los establecimientos de comercio en el país pudieran emitir sus facturas de manera electrónica, pues el control a la evasión del IVA podría ser importante. Nuestra visión es disminuir sustancialmente esta evasión, que es muy grande.

R. I.: ¿Y con los instrumentos jurídicos que tiene la DIAN le basta en esa lucha? 

S. R.: Parte de lo que va a estudiar la comisión de expertos es si se requiere algo adicional. Por ejemplo, hay una decisión muy gruesa: el régimen simplificado. Hoy, hay unas normas que permiten a ciertos comerciantes no cobrar el IVA. Algunos que tienen derecho lo hacen bien, pero otros se esconden bajo el régimen simplificado para no cobrar el IVA. Y ahí existe un problema serio. Hay también temas importantes como desestimular el uso de efectivo u obligar a que más transacciones se hagan a través de operaciones electrónicas, donde queda la trazabilidad que permite controlar el IVA. Todo ese conjunto de medidas puede ayudar a que disminuya la evasión de este.

R. I.: ¿Cómo enfrentar el riesgo de que el impuesto a la normalización sea declarado inconstitucional? 

S. R.: Ya el Ministerio de Hacienda y el Gobierno presentaron ante la Corte Constitucional los argumentos con los cuales estamos convencidos de que hay una solidez jurídica de esta figura.

R. I.: ¿Pero eso no garantiza que la Corte Constitucional la vaya a declarar exequible? 

S. R.: La Corte analizará el tema y se pronunciará como corresponde. Hubo una demanda y dentro del proceso en curso se expusieron los argumentos jurídicos para mostrar la posición del Gobierno de que la norma es constitucional.

R. I.: ¿En los instrumentos antievasión están los acuerdos de intercambio de información tributaria? 

S. R.: Es un tema adicional que no está en la reforma tributaria. Simplemente, Colombia ha tomado una iniciativa de profundizar la cooperación y colaboración con terceros países, porque estamos convencidos de que con el intercambio de información tributaria vamos a identificar los capitales que no están tributando en Colombia, cuando deberían hacerlo. Hoy, tenemos convenios de intercambio de información con más de 80 jurisdicciones. Eso es muy importante. Los estamos empezando a aplicar. Y, realmente, todos los países del mundo, tarde que temprano, van a terminar en un esquema de cooperación, porque nadie quiere que le evadan el pago de los impuestos en su respectivo país.

R. I.: ¿Cuántos acuerdos de intercambio de información están vigentes? 

S. R.: Con 86 jurisdicciones. Tenemos la posibilidad de exigir intercambio de información en doble vía, y los estamos empezando a utilizar.

R. I.: ¿Esa información se solicita o la envían automáticamente? 

S. R.: Depende de los acuerdos. Hay unos que se llaman espontáneos, que es cuando el país encuentra una información que se considera que debe conocer. Existe intercambio de información automático cuando ciertas reglas se dan para que le informen al país quiénes están abriendo cuentas bancarias (en otra nación), por ejemplo, o quién está tributando en un tercer país, y hay un acuerdo que opera por requerimiento, que son solicitudes ya específicas de la autoridad tributaria.

R. I.: ¿Cuál es el tipo de acuerdo más conveniente para Colombia? 

S. R.: En este momento, estamos utilizando más el esquema por requerimiento; de acuerdo con la información que requiramos, la vamos solicitando al tercer país.

R. I.: ¿Por qué se emplea más este sistema? 

S. R.: Es práctico, porque (con otros esquemas) se maneja una información que no es relevante; puede ser una carga de trabajo muy amplia conocer todos los flujos de capital de colombianos en el exterior, cuando podemos enfocarnos en algunos sobre los que tenemos un interés muy particular. Pero no descartamos que tengamos información automática.

R. I.: ¿Cuál sería el acuerdo de intercambio de información ideal para firmar con Panamá? 

S. R.: Estamos en el proceso de negociación. Ya se tuvo la primera mesa de trabajo para afinar el cronograma. Queremos que sea bajo los estándares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.

R. I.: ¿Y el acuerdo sería para intercambio automático o por requerimiento? 

S. R.: Estamos mirando cuál sería el mejor estándar para negociar con Panamá. No hay ningún problema en que pudiera ser por requerimiento, pero también podría ser automático. Estamos en conversaciones con ese país en tal sentido.

R. I.: ¿Cuál es el plazo para definir los términos de ese intercambio? 

S. R.: Conforme al cronograma que se ha establecido con Panamá, deberíamos estar llegando a un acuerdo en septiembre del 2015.

R. I.: ¿Por qué se postergó, hasta el 2019, la obligación de pagar a través del sistema financiero? 

S. R.: Había una disposición según la cual no se podían deducir ciertos gastos, si los pagos eran en efectivo, hasta ciertos montos. Entonces, eso obligaba a las empresas a pagar a través de medios electrónicos. En atención a la realidad de Colombia, por ejemplo, en el sector de transporte o en el agrícola, donde ciertos pagos todavía no es fácil hacerlos de manera electrónica, se decidió que esas disposiciones comenzarán a regir a partir del 2019.

R. I.: ¿Cuáles deben ser los pilares de la reforma tributaria estructural? 

S. R.: Más que pensar en los pilares, la comisión de expertos va a tener que estudiar varios temas de mucho interés. Hoy, claramente, hay un sistema tributario que recae en las empresas. La comisión tendrá que mirar cuál es el régimen tributario para el sector empresarial. Hay que analizar el régimen territorial; los impuestos territoriales le están pegando duro, también, al tema impositivo en el país. Hay que estudiar el tema de las personas naturales. Habrá que mirar el IVA. Tendrá que reflexionarse que van a desaparecer los impuestos como el gravamen a los movimientos financieros (GMF), el impuesto a la riqueza, la sobretasa al CREE, en el 2018.