Trabajo infantil:¿La realidad supera la regulación del Estado?

Revista Nº 131 Sep.-Oct. 2005

Existen diversos mecanismos que se deben poner en marcha para romper el círculo vicioso del trabajo infantil. 

Javier N. Rojas 

Especial para la Revista Actualidad Laboral 

Después de 10 años de la creación de un comité estatal para la erradicación del trabajo infantil, el problema sigue mostrando indicadores alarmantes en Colombia. De acuerdo con las estadísticas del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), de una población cercana a 11.600.000 infantes, cerca de 1.300.000 niños (11,2%) desempeñan algún tipo de trabajo en el país.

Luz Mila Flórez, directora de protección laboral del Ministerio de la Protección Social, señala que el país está tomando acciones encaminadas a erradicar el problema progresivamente.

La funcionaria comenta que la prioridad del Gobierno es contener el aumento de la participación de menores en las peores formas de trabajo infantil, que van en contra de su integridad moral y física; una de las cuales corresponde a las labores domésticas, en las que hoy se calcula la vinculación de unos 500.000 niños.

Entre las causas que han dado lugar al trabajo de los menores se cuentan la falta de oportunidades laborales para los adultos, el arraigo cultural de que el trabajo de los niños ayuda a su formación —idea notoriamente extendida en el campo— y la pérdida de motivación de los niños por permanecer en el sistema educativo, explica Luz Mila Flórez. Las dos primeras causas se consideran las de mayor incidencia en el país, agravadas, en ciertas circunstancias, por la ignorancia de los padres que inducen a los niños a laborar.

El Decreto 859 de 1995 creó el Comité Interinstitucional para la Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección del Joven Trabajador, que es la máxima instancia, conformada por 20 instituciones estatales, a cargo de la formulación y ejecución de la política nacional sobre la materia.

Desde la creación del comité hasta la fecha, se han diseñado y puesto en marcha tres planes nacionales trienales encaminados a combatir el flagelo del trabajo infantil: uno de 1996 a 1999, otro del 2000 al 2003 y el último, que está en vigencia, del 2003 al 2006.

Flórez precisa que ese tercer plan ha marcado la pauta en cuanto a la sensibilización de la opinión pública sobre el trabajo infantil doméstico, considerándolo como una de las peores formas, porque los niños están en condiciones que rayan con la esclavitud.

El fortalecimiento de los derechos laborales de los empleados domésticos, asegura Flórez, ha contribuido a mermar la demanda de niños para tales actividades en los hogares colombianos. No obstante, aclara que una de las principales dificultades para atacar el problema es que no se cuenta con información confiable acerca de su verdadera dimensión.

La funcionaria destaca además, que tras la campaña de sensibilización del tercer plan, el 72% de los departamentos del país registró el tema de la niñez trabajadora en sus planes de desarrollo, en tanto que el 76% dispuso proyectos de acción.

Tema interdisciplinario

Para Lilias Flórez, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), es de gran importancia que el trabajo infantil comience a tratarse como un asunto concerniente a la disciplina de lo laboral y no tan solo al campo especial de la infancia, pues “cuando un niño trabaja, inmediatamente se obstaculizan sus posibilidades de estudio y de cualificación para el trabajo y, por lo tanto, se perpetúa la pobreza de la Nación” y agrega: “Esos niños que están laborando son los trabajadores del futuro mal calificados, mal remunerados, víctimas de explotación, que no entienden su situación porque no tienen el suficiente nivel educativo ni saben cuáles son los derechos que pueden exigir”.

En materia estadística, el problema apenas comenzó a ser estudiado, afirma Lilias Flórez. La primera medición del trabajo infantil se realizó en el 2001, por el DANE, a través de la encuesta nacional de hogares. Luego se adelantó otra medición, en el 2003, y la tercera se aplicará en diciembre del 2005.

De acuerdo con los dos estudios realizados por el DANE, en el 2001, la población infantil nacional era de 11.325.693 niños, mientras que, en el 2003, pasó a ser de 11.601.705. Esta última cifra corresponde al 27% del total de colombianos. En el 2001, 1.383.000 (12,2%) infantes trabajaban; en tanto que, en el 2003, el grupo se redujo a 1.220.000 (10,5%). De otro lado, la cantidad de niños que buscaban trabajo en el 2001 varió de 185.000 a 243.000, en el 2003.

Vale mencionar, de otro lado, que el 86,9% de los niños colombianos asistía a estudiar en el 2003 y el 13,1% no lo hacía, porcentaje que ilustra una circunstancia muy grave para quienes deberían tener el estudio como única actividad, explica la coordinadora del área de trabajo infantil del DANE, Hilda Esperanza Ortiz.

Los niños que trabajan están en edades que oscilan entre 5 y 17 años y dedican, por lo menos, una hora ala semana a tareas con alguna remuneración, asegura Ortiz. Los niños ocupados en actividades domésticas pasaron del 74% en el 2001, al 63% en el 2003, situación que se asimila como un avance.

La principal causa del trabajo infantil se atribuye a la necesidad de participar en la obtención de ingresos para la familia. Se ha ganado cierto terreno frente a que los adultos olviden la idea de que trabajar contribuye a la formación como persona y a la honradez del infante.

“Es evidente que el trabajo de los niños no aporta notoriamente a los ingresos de la familia; hay casos dramáticos en los que se palpa que el hogar se está sosteniendo con el ingreso de los niños, pero, en general, es muy poco lo que pueden llevar allí. Sin embargo, están perdiendo lo más importante en su desarrollo personal: el estudio”, recalca Ortiz.

Precisa que en términos económicos esa situación afecta negativamente el crecimiento del país, pues “el 70% de los niños que trabaja gana menos de la cuarta parte del salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV) o no ganan nada”. Según las estadísticas disponibles, apenas el 2,9% de los niños trabajadores gana más de un SMMLV.

¿Dónde se trabaja más?

Las actividades en que se ocupan los niños en mayor proporción son la agricultura, en el área rural —donde se emplean principalmente menores de sexo masculino—, y el comercio, en el área urbana, precisala funcionaria del DANE. Luego sigue la industria y, finalmente, el sector servicios, en el que tienen prefieren las niñas.

De acuerdo con Lilias Flórez, del ICBF, el trabajo infantil en el campo se debe a “un factor cultural que es la socialización de los niños en las labores agrícolas”. Sin embargo, aclara que no se puede rechazar de plano ese tipo de trabajo, dado que se trata de una costumbre de larga tradición.

Esta profesional destaca que, ante la modernización de la agricultura y la explotación de cultivos por terceros distintos a las familias campesinas, tal circunstancia debe ser minuciosamente estudiada, “porque el trabajo en el agro de los menores ya no es tan romántico como lo veíamos en el pasado”. Por el contrario, redunda en el riesgo de su explotación, pues en el campo hay menos recursos educativos y de infraestructura de servicios que en las áreas urbanas, lo que hace a los niños más vulnerables.

Ortiz resalta que en Colombia es muy alta la proporción de niños que trabajan con la familia, sin obtener remuneración alguna. Por ejemplo, en la región pacífica (Cauca, Nariño, Chocó y Valle del Cauca), explica, se presenta la tasa más alta de trabajo infantil, que corresponde al 17% de su población de niños. Bogotá registra la menor.

Además, señala que las estadísticas sobre trabajo infantil recogidas mediante encuestas a los hogares no revelan datos relativos a los niños vinculados al conflicto armado ni acerca de los explotados en el comercio sexual. Por tal razón, se está preparando una metodología piloto, con el propósito de obtener algunas estadísticas confiables sobre esos problemas.

“Otro aspecto muy grave, que no se ha medido por las condiciones de seguridad, es el de los cultivos ilícitos, en los que sabemos que participan los niños. Son prácticas nocivas en relación con los químicos que se usan, con las jornadas de labores, etc. Las instituciones estatales esperan avanzar en ese aspecto, a pesar de los obstáculos”, advierte Lilias Flórez, del ICBF.

Por otro lado, en relación con el desplazamiento de pobladores rurales de las áreas con situaciones de violencia armada, Luz Mila Flórez explica que se creó un programa especial en el Plan Nacional de Erradicación del Trabajo Infantil, que se ejecuta a través de la Red de Solidaridad Social, con el fin de que los niños no ingresen a las peores formas de trabajo infantil. Además, El ICBF estará vigilante para que se protejan los derechos de los niños.

En el área urbana, también ha ido aumentando el trabajo infantil por las migraciones producto del desplazamiento, que se ha manifestado en las ventas ambulantes y en otras actividades informales de la calle. Esa situación, comenta la funcionaria del ICBF, “va asociada a riesgos como la desescolarización y al ingreso a pandillas o a grupos que explotan a los niños mediante formas como el comercio sexual y la delincuencia”.

Muros de contención

“Los niños, a menos de que tengan actividades laborales muy cercanas a su familia, pierden protección. Cuando salen a la calle y entran en el contexto de los adultos, salen de esos anillos de protección que conforman la familia, el colegio, los grupos deportivos y culturales”, afirma la especialista del ICBF.

Así mismo, considera que el esfuerzo estatal en materia de estadísticas es muy importante, dado que será el único tema relacionado con la infancia que podrá contar con una medición periódica y sistemática. “En el contexto latinoamericano, somos un ejemplo de interés, porque sin información no podríamos enfrentar el problema con planeación estratégica”.

De otro lado, recuerda que el Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) establece que los menores de 15 años no pueden trabajar, porque se debe proteger su ciclo educativo básico. Entre tanto, la Constitución, aunque no alude específicamente al trabajo infantil, determina que es obligación del Estado, de la familia y de la sociedad promover que los niños culminen ese ciclo de educación, que en promedio corresponde a noveno grado y a los 15 años de edad.

“Pero de esa edad en adelante ni el Convenio 138, ni el Código del Trabajo ni del Menor, prohíben el trabajo, situación en la que el Estado debe fijar una regulación, tarea por la cual se adelantó un estudio con la Universidad del Rosario, a instancias del Ministerio de la Protección”, expresa la profesional del ICBF. Algunos de los resultados, afirma, muestran que existen unas actividades prohibidas para los niños por la amenaza que estas implican para su integridad física y moral. Además, precisa que las condiciones del entorno también pueden significar riesgos para los menores.

En la política de erradicación del trabajo infantil no se pretende “satanizar” el trabajo en sí. Lo que se busca es cualificarlo y, para hacerlo, se debe contar con personas calificadas que lo ejerzan. Eso no se logra con individuos sin educación y sin herramientas de desarrollo personal, anota Lilias Flórez, quien además afirma: “Todos los seres humanos tienen derecho a trabajar, pero en las mejores condiciones de dignidad. Y eso lo logramos si tenemos una buena educación, si hemos logrado una infancia en la que los chicos estén despreocupados de llevar el pan a la casa”. Así mismo, insiste en que es muy sospechoso que en un país haya niños trabajando y adultos desempleados: “Eso significa que estamos prefiriendo la mano de obra barata, que no puede defender sus derechos. Y lo que es más grave: el rol del niño en la sociedad y en la familia se pierde. Éles el sujeto de la protección, por quien los adultos debemos trabajar. Si un niño es cabeza de familia cuando tiene 12 años y de él depende la educación de sus hermanos menores, la comida, el pago de arriendo, etc., el país va por el camino equivocado (...). En el campo y en la ciudad tenemos que generar procesos de garantía de los derechos de los niños y sus familias, que los niños tengan la posibilidad de asistir al colegio, de tener la alimentación adecuada, que las familias tengan, a su vez, la posibilidad de trabajar dignamente para sostenerse”, asevera Lilias Flórez.

Flórez cree que el comité interinstitucional debe trabajar en la prevención y en la restitución de los derechos de los niños que laboran, para que vuelvan a tener las condiciones de vida a las que tienen derecho, así como en la calificación del trabajo de los adolescentes (mayores de 15 años), para que sea especializado, digno y protegido. “Tenemos que adelantar acciones de formación para las familias y desarrollar instrumentos normativos cada vez más eficientes. Necesitamos realizar acciones de movilización social de rechazo, de denuncia y de veeduría y, además, debemos apoyar el desarrollo de políticas públicas integrales de derechos de la infancia”, reconoce la funcionaria del ICBF.

Los empresarios y el trabajo infantil

La anestesia social ha sido el principal obstáculo identificado por la Asociación Nacional de Industriales (ANDI) frente al trabajo infantil, expresa el vicepresidente de asuntos jurídicos del gremio, Alberto Echavarría. “Convivimos con un problema que debería generar mayor preocupación en la sociedad colombiana”, asegura.

Acota que la ANDI acogió el llamado de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para buscar la erradicación del trabajo de los niños. Por tal motivo, se estableció el compromiso de los afiliados al gremio de adoptar un código interno de conducta, según el cual en estas empresas no habrá niños trabajadores. Así mismo, abrigan la esperanza de que otras asociaciones empresariales acojan una acción similar.

En esa asociación de industriales, se tiene la convicción de que el rechazo general del trabajo infantil puede alcanzar un efecto multiplicador mediante las universidades. En tal sentido, señala Echavarría, lanzaron un concurso dirigido a los universitarios que quisieran formular propuestas de reflexión sobre este problema recurriendo a ensayos, documentales y proyectos de atención directa. Sin embargo, el directivo gremial lamenta la limitada convocatoria que se logró con tal propuesta, que reitera el diagnóstico de anestesia social que vive el país en este campo.

La siguiente acción fue promover un módulo sobre trabajo infantil en distintas carreras universitarias, “semillas que han dado resultados”, afirma el vicepresidente jurídico de la ANDI. Aún se espera que más universidades se sumen a tal iniciativa.

La entidad también ha incursionado en la acción directa, al realizar proyectos específicos en cuatro lugares del país, con actividades destinadas a sacar a los niños del trabajo. Echavarría considera fundamental atender el problema en los niños entre 6 y 12 años, pues después de los 14 años se pueden prever daños severos en el infante difíciles de reparar.

Quieren comprometer a otros sectores económicos y que se reconozca en general lo nefasto que es el trabajo infantil, pues “no nos podemos quedar satisfechos con que nuestras empresas no vinculen niños trabajadores”, asegura Echavarría y sentencia: “Se necesita que la sociedad cambie sensiblemente en estos temas”.

 

La OIT y el empleo infantil

El funcionario del Centro Internacional de Formación de la OIT Federico Marcon afirma que, en materia legal, los temas que se discuten hoy en el mundo son la búsqueda de la tipificación como delito del empleo de mano de obra infantil, cómo tratar el trabajo doméstico en el contexto de las peores formas de trabajo infantil y cómo manejar los episodios del empleo de los niños en los que median contratos laborales.

En el primer caso, señala el experto, resulta pertinente promover la penalización de los adultos que explotan laboralmente a los niños. Sin embargo, cuestiona Marcon, cuando se trata de los padres, surge el dilema de quién cuidará de los niños si alguno de los progenitores o los dos van a la cárcel por esa causa. Comenta: “Hay varios problemas que no serían resueltos con la penalización de los adultos implicados en la promoción ilegal del trabajo de los infantes”.

Con respecto al riesgo que entraña la labor doméstica de convertirse en una de las peores formas de trabajo infantil, Marcon reconoce que aquella no puede ser detectada por los Estados, porque los inspectores de trabajo no tienen ingreso a las casas.

El niño que está todo el día en una vivienda realizando actividades domésticas, advierte, puede ser víctima fácilmente de otros tipos de explotación, como el comercio sexual. Considera un avance que en Colombia ya se califique el trabajo infantil doméstico como una de las peores formas del problema.

A propósito de los contratos de trabajo con niños, argumenta el experto de la OIT, se pueden presentar dos tipos de nulidad: la primera, por incapacidad del agente, es decir, el niño resulta la parte débil del contrato. En este caso, “el trabajador puede reclamar los beneficios correspondientes por los servicios prestados, aunque el contrato sea nulo”. La otra clase de nulidad se basa en la ilicitud del objeto del contrato, dado que el trabajo infantil es ilegal en sí mismo, situación en la que se recomienda el pago del salario adeudado al niño por la prestación del trabajo, más la respectiva indemnización, precisa el funcionario de la OIT.

Revisión al Código del Menor

En el período legislativo del 2004, fue presentado al Congreso un proyecto de ley destinado a realizar cambios sustanciales en el marco legal del Código del Menor, proyecto que fue archivado y nuevamente presentado al período legislativo del 2005.

A propósito del análisis de ese proyecto, el director del departamento de seguridad social de la Universidad Externado de Colombia, Emilio Carrasco, asegura que la legislación colombiana en general está en armonía con los convenios 138 y 182 de la OIT (ambos sobre erradicación del trabajo infantil). Señala que el proyecto pretende establecer la edad mínima de 15 años para que un niño pueda emplearse, de conformidad con el Convenio 138, edad que el Código del Menor fija en 14 años. Ese parámetro propuesto, acota Carrasco, contrasta con la realidad, pues las mismas estadísticas del DANE muestran que en el país los niños trabajan desde los cinco años.

“Otro tema que aborda el proyecto es el relativo a los derechos de los adolescentes trabajadores, con lo cual, en primer lugar, se está excluyendo la posibilidad de que los menores de 15 años puedan trabajar, amparados por un entorno legal”, asevera el académico.

También precisa que el proyecto, en un parágrafo, establece que los adolescentes, con autorización, gozan de los derechos laborales consagrados en el Código Sustantivo del Trabajo, lo cual da lugar a entender que el trabajo realizado por un joven en beneficio de otra persona se desenvuelve en el marco de la relación laboral dependiente y, consecuentemente, sujeta a las disposiciones de carácter laboral que, en principio, se consideran más favorables para el trabajador.

“Me parece un punto importante, porque puede ser un instrumento de política muy interesante, pues se establece que los menores trabajadores siempre tienen una relación laboral”, expresa Carrasco y agrega que en un país donde se ve el proceso creciente de flexibilización laboral y la contratación de servicios con terceros, se determinaría que cuando existe la prestación de un servicio por un menor, siempre habrá una relación de trabajo y los respectivos beneficios de seguridad social.

Con miras a otorgarle certeza a esa fórmula, Emilio Carrasco sugiere que se incluya en el texto la presunción de derecho, es decir que, ante determinada situación expresa, la ley le atribuya una consecuencia jurídica, así se podría afirmar que si hay un niño trabajando “existe un contrato de trabajo y cuenta con todos los beneficios y derechos que le corresponden al trabajador”.

No obstante, el catedrático del Externado comenta que esa precisión en la normativa podría desestimular a los empleadores a contratar jóvenes con autorización para trabajar, dadas las mayores cargas laborales, lo que podría conducir a la erradicación formal del trabajo infantil. Pero, afirma, también conduciría a que se profundizara la informalidad en las relaciones de trabajo con los menores.

De otro lado, llama la atención para que el proyecto se refiera a la aplicación de las normas laborales para los adolescentes autorizados, cuando “nuestra realidad indica que la solicitud de autorizaciones ante el Minprotección es un trámite absolutamente personal y que la participación de menores en el trabajo se hace sin atender a tal requerimiento”, apunta Emilio Carrasco, quien preferiría que las normas laborales se aplicaran sin condicionarlas a la existencia de la autorización.

Distribución porcentual de niñas, niños y jóvenes que trabajan, por regiones, según rama de actividad

Control estatal

En relación con la disposición del proyecto que consagra el derecho a la formación y a la profesionalización, es conveniente, asegura el experto, que se promueva la celebración de contratos de aprendizaje y verificar que la disposición sobre la materia en el proyecto “tenga plena armonía con las modificaciones introducidas en el contrato de aprendizaje por la Ley 789 del 2002”.

Carrasco cree inconveniente la propuesta del proyecto de ley de suspender la función de los inspectores de trabajo en todo el país para otorgar las autorizaciones de empleo a los menores de edad. Si eso ocurre, piensa el investigador, se va a perder el poco control que el Estado tiene hoy sobre el grupo de muchachos trabajadores.

Incluso comenta que si la intención del proyecto de ley es desestimular la demanda formal de mano de obra infantil, haciendo más difícil la obtención de las autorizaciones de trabajo, podría conducir a que disminuyera aún más la solicitud de estas y, por lo tanto, se acentúe la ya erosionada capacidad de control estatal.

Por otro lado, Liliana Oyuela, coordinadora de la mesa laboral del tratado de libre comercio (TLC) con EE. UU., explica que en el acuerdo se dispusieron herramientas coercitivas para evitar principalmente el llamado dumping social, es decir que se debilite el respeto a los derechos laborales con miras a favorecer el comercio entre Colombia y el país del norte.

La funcionaria agrega además, que esa determinación contribuye, por su alcance, a evitar el empleo de niños en las empresas que comercien entre los dos países. Precisa que se reitera el compromiso de Colombia de aplicar efectivamente la legislación interna y acatar lo dispuesto en los convenios de la OIT, incluidos aquellos que pretenden la erradicación del trabajo infantil, como el 138 y el 182.

Oyuela destaca los mecanismos de cooperación que ofrece el TLC con base en los cuales se podrían obtener recursos de EE. UU. para adelantar programas de capacitación y para fortalecer la capacidad de inspección y vigilancia laboral, incluso en materia de trabajo infantil.

Mario Suescún, de la Defensoría del Pueblo, lamenta que en Colombia se considere todavía que los niños son sujetos de protección más que de derechos, los cuales fueron promulgados internacionalmente en 1989, mediante la Convención de los Derechos del Niño. Además afirma que el Estado colombiano aún no asume plenamente a los niños como personas a las que se les deben reconocer los derechos humanos.

Explica que a la Defensoría la anima actualmente el propósito de definir una “legislación que le permita a Colombia plantear una política pública de infancia, que hoy no existe, a fin de que la protección se oriente a la totalidad de los niños del país y no solo a quienes ya les han sido vulnerados sus derechos”, e insiste en que las acciones del Estado en este campo no deben ser reactivas, sino preventivas frente a toda la infancia.

A pesar de que la misma OIT ha tolerado que los niños mayores de 15 años puedan participar en el mercado laboral formal, decisión tomada como reconocimiento a la realidad de los niños en los países más pobres del planeta, los ojos del mundo y de Colombia parecen estar puestos en la meta de evitar que los menores comiencen la vida laboral antes de lograr los niveles de educación y de madurez para afrontar esas responsabilidades.