Tratados tributarios: la Comunidad Europea, un referente para la Andina

Revista Nº 132 Nov.-Dic. 2005

El Gobierno debe evaluar y analizar los efectos tributarios que tendría la implementación del “mercado común” de la CAN. 

José Andrés Romero(*) 

Gerente de Impuestos Ernst & Young 

Máster en Derecho y Tributación Internacional de New York University 

La mayor parte de las sentencias tributarias del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea (en adelante, TJE) están referidas a tratamientos impositivos diferenciales que podrían afectar los principios comunitarios de no discriminación(1), libertad de establecimiento(2), libre comercialización de bienes y servicios(3), y libre circulación de personas(4) y capitales(5). Normalmente, el TJE evalúa las justificaciones expuestas por los gobiernos involucrados, después de verificar la existencia del tratamiento diferencial y la eventual violación de los principios, y, posteriormente, emite una decisión abstracta en respuesta al caso propuesto.

Los principios de libre circulación de todos los factores productivos, solo son reconocidos en procesos de integración regional en el nivel de “mercado común”, como es el caso de la Comunidad Europea (en adelante, CE). Partiendo de esta premisa, podría afirmarse que la razón para que la jurisprudencia tributaria de la Comunidad Andina de Naciones (en adelante, CAN) no se haya desarrollado hasta el momento es que su proceso de integración se encuentra hoy en día en el nivel de “unión aduanera”(6). Sin embargo, los presidentes de los países de la CAN, mediante el acta del XI Consejo Presidencial Andino —firmada en Cartagena de Indias el 27 de mayo de 1999—, se fijaron como propósito el establecimiento del “mercado común andino” a más tardar en el año 2005, momento en el que, además de la libre circulación de bienes y servicios, se darían las condiciones para la libre circulación de las personas y el capital.

En esta dirección, por ejemplo, los países de la CAN, mediante las decisiones 503 del 2001 y 603 del 2004, reconocieron los documentos oficiales de identificación otorgados por los otros países miembros y se obligaron a eliminar cualquier requisito de visado de turista a más tardar el 31 de diciembre del 2004, y, mediante la Decisión 535 del 2002, propusieron el primer arancel externo común para los países de la CAN. Recientemente, por medio de la Decisión 608 del 2005, se adoptaron nuevas normas para la protección y promoción de la libre competencia en la Comunidad Andina.

Una vez la CAN logre instaurar el “mercado común andino”, se espera que el Tribunal Andino de Justicia ejerza sus facultades de interpretación prejudicial(7) en asuntos tributarios, posiblemente, con resultados similares a los analizados por el TJE. Por lo anterior, es interesante y relevante entender la mecánica jurisprudencial del TJE en materia tributaria y hacer referencia a su contenido.

Para estos efectos, hemos seleccionado el tema de la aplicación de las normas comunitarias frente a los tratados internacionales (caso “Saint-Gobain”(8) y otros). Este análisis podría ser de especial interés para los países que negocien tratados tributarios con naciones de la CE (como es el caso de Colombia con España), por cuanto, como se explicará a lo largo de este trabajo, dichos convenios podrían tener una ingerencia multilateral y no meramente bilateral.

Introducción a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la CE

Con fundamento en los principios de “mercado común”, contemplados en el tratado de la CE, el derecho comunitario tiene la facultad de limitar el “imperium” tributario de los países de la CE, lo que lleva a la formulación de un sinnúmero de inquietudes académicas sobre el futuro y evolución de sus normas tributarias y sus tratados de doble tributación.

La jurisprudencia del TJE ha ganado importancia en la medida en que el proceso de integración se ha desarrollado y fortalecido entre los países de la unión, hasta el punto que, en ciertos casos, ha servido de antecedente de importantes directivas comunitarias en materia tributaria(9).

Si bien la jurisprudencia del TJE es relativamente nueva y está en desarrollo, se le considera como pionera y referente obligatorio de cualquier modelo de integración. El primer pronunciamiento del TJE, en temas tributarios, se produjo en relación con el caso “Avoir Fiscal” mediante fallo del 28 de enero de 1986, en un proceso iniciado por el comisionado de la CE en acción directa contra el Gobierno francés(10). En este hecho, el TJE determinó que el Gobierno francés debería reconocer la procedencia de los mismos créditos fiscales (descuentos) otorgados a una sociedad francesa por los impuestos pagados por una subsidiaria francesa, en aquellos casos en que la subsidiaria fuera poseída por una sociedad de un país de la CE (en este caso Italia) con establecimiento permanente en Francia, porque, de lo contrario, se estaría violando el principio comunitario de libertad de establecimiento(11).

Desde esa ocasión, el TJE ha venido analizando las implicaciones que tienen las normas y principios comunitarios, en diferentes instituciones tributarias adoptadas por las legislaciones internas o por los tratados tributarios, de los países de la CE como:

— Impuesto a la salida de capital.

— Deducibilidad de pérdidas fiscales generadas en otros países de la CE.

— Procedencia de deducciones financieras relacionadas con inversiones en subsidiarias.

— Sistemas integrados o de imputación tributaria del impuesto sobre la renta.

— Normas aplicables a sociedades extranjeras controladas (CFC, por su sigla en inglés).

— Potestad para celebrar tratados de doble tributación.

— Aplicación del principio de Nación más favorecida en materia tributaria.

— Beneficios especiales otorgados a residentes y subsidios tributarios a favor de sus nacionales.

— La relación de las normas comunitarias y los tratados tributarios.

Algunas normas del tratado de la Comunidad Europea

Antes de comenzar a analizar la jurisprudencia del TJE, se considera importante hacer una referencia a algunas de las normas del tratado de la CE, las cuales se constituyen de especial relevancia para el tema que nos ocupa:

“ART. 293.—Los Estados miembros entablarán, en tanto sea necesario, negociaciones entre sí, a fin de asegurar en favor de sus nacionales: ... • La supresión de la doble imposición dentro de la Comunidad...”.

De la norma transcrita se infiere claramente que la CE reconoce la importancia de los tratados tributarios, justificada en el hecho de que la doble tributación es una barrera adicional al flujo internacional de capitales, bienes, servicios y personas(12). De esta forma, podríamos decir que los tratados tributarios no se contraponen a las normas comunitarias, sino que las complementan y coadyuvan en la búsqueda de una integración económica eficiente(13).

Han existido algunas posiciones, como la del Gobierno alemán en el caso “SaintGobain”, que consideran que los tratados de doble tributación con terceros países se encuentran fuera del alcance del tratado de la CE, teniendo en cuenta que en su artículo 293 se hace referencia a negociaciones entre los países de la CE. Este argumento no fue aceptado por el TJE, como se comentará más adelante.

“ART. 307.—Las disposiciones del presente tratado no afectarán a los derechos y obligaciones que resulten de convenios celebrados, con anterioridad... entre uno o varios Estados miembros, por una parte, y uno o varios terceros Estados, por otra. En la medida en que tales convenios sean incompatibles con el presente tratado, el Estado o los Estados miembros de que se trate recurrirán a todos los medios apropiados para eliminar las incompatibilidades que se hayan observado. En caso necesario, los Estados miembros se prestarán ayuda mutua para lograr tal finalidad y adoptarán, en su caso, una postura común...”.

Podemos identificar varios elementos importantes de la norma transcrita. Esta norma reconoce el respeto de los derechos y obligaciones adquiridas por los países de la CE, con anterioridad a la vigencia del tratado de la CE (1º de enero de 1958 o fecha de adhesión a la CE); sin embargo, dichos países tienen la obligación de hacer todos los esfuerzos necesarios para eliminar las incompatibilidades que pudieran existir.

Debe entenderse que los tratados tributarios que se celebren con posterioridad a la vigencia del tratado de la CE, deben observar las normas en él contenidas (ver caso “Open Skies” reseñado más adelante).

Finalmente, se reconoce la posibilidad de que los países de la CE adopten posturas comunes en materia tributaria, lo que deja entrever que en el futuro podría existir un modelo de tratado tributario común para todos los países de la CE y/o un mayor número de directivas comunitarias en materia tributaria.

“ART. 43.—En el marco de las disposiciones siguientes, quedarán prohibidas las restricciones a la libertad de establecimiento de los nacionales de un Estado miembro en el territorio de otro Estado miembro. Dicha prohibición se extenderá igualmente a las restricciones relativas a la apertura de agencias, sucursales o filiales por los nacionales de un Estado miembro establecidos en el territorio de otro Estado miembro...”.

Como puede observarse, el artículo 43 del tratado de la CE establece la protección del principio de libertad de establecimiento para los “nacionales” de los países de la CE, norma defendida en los casos “Avoir Fiscal” y “SaintGobain”, que comentaremos a lo largo de este artículo.

Un principio propio del “mercado común” logra afectar y limitar la potestad tributaria de establecer tratamientos diferenciales entre una sociedad nacional y un establecimiento permanente de una sociedad extranjera (de un país miembro). Lo anterior, no significa que se haya delegado parcialmente la facultad de establecer impuestos en el órgano comunitario, sino que el legislador tributario y los gobiernos con potestad de celebrar tratados deben observar las normas comunitarias. De forma similar, el tratado de la CE protege la libre circulación de trabajadores(14), principio referido en el caso “Gilly”, que comentaremos más adelante.

Ahora bien, parece lógico concluir que en aquellos casos en que la sociedad extranjera involucrada en la transacción no esté domiciliada en un país miembro del la CE, estas protecciones comunitarias no serían aplicables. Sin embargo, el artículo 56 del tratado de la CE, de protección a la libre circulación de capitales y pagos (libertad referida en el caso “D” reseñado posteriormente), establece que en el marco de las disposiciones del tratado, quedan prohibidas todas las restricciones (i) “a los movimientos de capitales entre Estados miembros y entre Estados miembros y terceros países”, o (ii) “sobre los pagos entre Estados miembros y entre Estados miembros y terceros países”(15). De acuerdo con este principio predicable de terceros países, algunas decisiones podrían extenderse a países no miembros de la CE, dependiendo del alcance del derecho a la “libre circulación de capitales” que sea definido por el TJE.

La jurisprudencia del TJE: el caso Saint-Gobain

El tema de la relación entre las normas comunitarias y los tratados para evitar la doble tributación, ha sido analizado por el TJE en varias ocasiones.

Por ejemplo, en el caso “Avoir Fiscal” (1986) —brevemente comentado con anterioridad—, el TJE rechazó los argumentos esgrimidos por el Gobierno francés en el sentido de afirmar que el tema objeto de análisis escapa de la competencia del TJE y debería ser regulado mediante un tratado de doble tributación por referirse a un establecimiento permanente de una sociedad extranjera. El TJE consideró que los derechos otorgados por el tratado de la CE no deben supeditarse a la celebración de tratados de doble tributación y, por tanto, la norma que limita los descuentos tributarios se considera en contra del principio de libertad de establecimiento.

Posteriormente, en el caso “Gilly”(16), en el que la señora Gilly —residente en Francia y ciudadana de Francia y Alemania, que trabajaba como profesora en un colegio público de Alemania— recibía una remuneración gravada en Alemania y exenta en Francia; el TJE consideró, al respecto, que el hecho de que esta no tuviera derecho a los beneficios tributarios otorgados por Francia como consecuencia de tener la nacionalidad alemana, en virtud de la regla distributiva establecida en el tratado tributario entre Francia y Alemania, no es violatorio de las libertades y principios protegidos por la CE. Esto es, el TJE justificó la posibilidad de aplicar un trato diferencial no discriminatorio cuando las reglas adoptadas estén fundamentadas en tratados de doble tributación utilizadas comúnmente por la comunidad internacional.

Ahora bien, en el caso “Saint-Gobain” que comentaremos con especial detalle a continuación, se avanza de forma importante en el tema, reconociendo la fuerza vinculante de las normas comunitarias, no solo frente al derecho interno de los países de la CE, sino también frente a los tratados para evitar la doble tributación celebrados por un país miembro con otro país miembro o no a la CE. Sin la intención de reproducir en detalle el fallo del TJE, a continuación presentamos los elementos fundamentales de dicha disertación jurídica:

 

Hechos relevantes

En el año de 1988, la sociedad francesa Saint-Gobain SA tenía un establecimiento permanente en Alemania a través del cual poseía el 10,2% de participación en una subsidiaria de los Estados Unidos (Sub 3 USA) y 99% y 98,63% de participación en dos subsidiarias alemanas, Sub 1 Alemania y Sub 2 Alemania, respectivamente. Si bien la estructura del grupo en el segundo nivel era más compleja, para efectos de nuestro análisis es relevante comentar que Sub 2 Alemania tenía una participación del 33,34% en Sub 3 Suiza.

De acuerdo con el régimen de consolidación fiscal de los grupos económicos (Organschaft) vigente en Alemania en ese momento, el establecimiento permanente de la sociedad francesa debía consolidar las rentas gravables del establecimiento permanente y de sus subsidiarias alemanas, siendo el único contribuyente frente a las autoridades tributarias de dicho país.

A continuación, esquematizamos la estructura del grupo, resumida en los párrafos anteriores:

Frente a las normas vigentes en Alemania en 1988, los beneficios tributarios aplicables a los dividendos percibidos por una sociedad alemana, no eran aplicables a los percibidos por un establecimiento permanente de una sociedad de otro país miembro de la CE. De acuerdo con la legislación alemana, la extensión unilateral de la regla del tratado de doble tributación entre Alemania y USA, y el tratado entre Alemania y Suiza, las sociedades residentes tenían los siguientes beneficios no predicables de los establecimientos permanentes: (i) los dividendos provenientes de USA o Suiza se consideraban exentos en Alemania o daban derecho a un descuento tributario por impuestos pagados en el exterior y (ii) las participaciones en sociedades extranjeras que se mantuvieran por un período superior a 12 meses y que correspondieran, por lo menos, al 10% del capital de la compañía, se excluían de la base gravable del impuesto al patrimonio.

Debate jurídico

En el caso Saint-Gobain nos encontramos frente a un proceso iniciado mediante una solicitud de “decisión preliminar” presentada por el Tribunal de Justicia alemán, con fundamento jurídico en el artículo 234 del tratado de la CE. La sentencia del TJE es abstracta y limitada a la interpretación de la aplicación de las normas comunitarias, pero en últimas, el tribunal o juez local, en este caso el Tribunal de Justicia alemán, es quien debe resolver en definitiva el asunto particular observando la opinión del TJE. Este procedimiento es muy similar al establecido para el proceso de interpretación perjudicial ante el Tribunal Andino de Justicia(17).

Antes de comenzar el análisis jurídicosustancial, el TJE verificó que, efectivamente, existía la diferencia de trato alegada por la sociedad Saint-Gobain, y que dicha diferencia llevaba a que fuera menos llamativo poseer acciones en sociedades extranjeras a través de establecimientos permanentes en Alemania, que a través de sociedades alemanas.

De esta forma, el TJE entró a evaluar los argumentos presentados por las partes para justificar dicho tratamiento diferencial, a saber:

Inexistencia de situaciones comparables. El TJE debe comenzar por identificar la existencia o no de situaciones comparables frente a las cuales se deba valorar la aplicación de las normas comunitarias. En este caso, el TJE consideró que frente a los dividendos que se perciban en virtud de inversiones en sociedades extranjeras, deben considerarse en situaciones comparables: (i) una sociedad alemana y (ii) un establecimiento permanente de una sociedad extranjera domiciliada en un país de la CE.

Justificación por razones de orden público, seguridad y salud pública. El TJE consideró que en el caso particular no se verificaba ninguna de estas razones justificativas, teniendo en cuenta que la simple disminución del ingreso público, no es considerada como “razón imperiosa de interés general”.

Se justifica en la existencia de otros beneficios. En opinión del TJE las diferencias en el trato fiscal no pueden justificarse con la existencia de ventajas diferentes, como lo sería el caso de las ventajas tributarias de los establecimientos permanentes en relación con el giro de sus utilidades al exterior, por cuanto la observancia de las normas comunitarias debe predicarse de cada una de las normas del ordenamiento jurídico.

Se justifica en la falta de competencia de las normas comunitarias en relación con los tratados tributarios. El TJE consideró que la celebración de convenios bilaterales para evitar la doble tributación con terceros países, sí se encuentra dentro del “ámbito de competencia comunitario”. Se reconoce que la negociación de un tratado tributario se fundamenta en los principios de equilibrio y reciprocidad, aplicados por las partes para distribuir la potestad tributaria como solución al problema de doble imposición; de esta forma, se consideró que dichos principios no se verían afectados con una extensión de los beneficios a los establecimientos permanentes en Alemania para observar el derecho comunitario, “ya que tal extensión en modo alguno menoscabaría los derechos de los países terceros partes en los convenios, y no les impondría ninguna nueva obligación”(18). Este tema es de especial relevancia, ya que insinúa un límite de influencia del derecho comunitario frente a la celebración de tratados tributarios.

Se justifica en la posibilidad de abuso y no tributación de dichas rentas. Este argumento es desestimado por el TJE por cuanto “nadie ha sostenido que exista un riesgo de que los beneficios no se graven en ningún país”(19). Sin embargo, en otros casos analizados por el TJE se ha considerado improcedente el argumento, por cuanto de situaciones totalmente legítimas, como lo sería el registro de un establecimiento permanente, no es posible concluir, de forma general, que las compañías que realizan dicho registro están buscando evadir impuestos(20).

Finalmente, es importante comentar que a partir del año 1994(21) Alemania adoptó un sistema general de exención, aplicable a todas las rentas obtenidas del desarrollo de negocios activos fuera del territorio alemán, y en el año 1997 la Corte Constitucional alemana declaró la inconstitucionalidad del impuesto al patrimonio en dicho país, situaciones de hecho que, en la práctica, disminuyeron el impacto de la sentencia en el caso “SaintGobain”.

Preguntas y respuestas: el caso “D”

De acuerdo con el modelo de la OECD, los tratados tributarios para evitar la doble tributación son aplicables a las personas residentes en uno o en los dos países partes del acuerdo (país A y país B), con lo que dichos tratados no serían aplicables a un establecimiento permanente de una sociedad con residencia en un tercer país. Sin embargo, como se observó al analizar el caso SaintGobain, las naciones de la CE deberían extender los beneficios de sus tratados tributarios a los establecimientos permanentes de sociedades residentes en países miembros de la CE (país C).

En el caso SaintGobain los beneficios que se extienden a los establecimientos permanentes son aquellos otorgados mediante el tratado tributario por el país miembro, en donde se encuentra ubicado dicho establecimiento (país A). Pero, surgen algunas preguntas: ¿el caso “SaintGobain” es aplicable cuando se trata de un establecimiento permanente de una sociedad domiciliada en un país no miembro de la CE, en aplicación del principio de libertad de circulación de capital?(22). ¿Deberían extenderse también los beneficios tributarios otorgados por el otro Estado contratante, miembro o no de la CE (país B)? En aplicación del principio de Nación más favorecida, ¿los países de la CE deberían tener derecho a los beneficios otorgados por los demás países de la CE mediante tratados tributarios con otros países de la CE y con terceros países? ¿La aplicación del principio de Nación más favorecida debería llevar a la creación de un tratado tributario único aplicable a todos los países de la CE? Estas preguntas se derivan, principalmente, de los siguientes antecedentes:

— En el caso “Open Skies”(23) el TJE consideró que los derechos de vuelo otorgados por terceros países a las aerolíneas domiciliadas en un país miembro de la CE, no podían estar condicionados a que el control y la propiedad de dichas aerolíneas, fuera de nacionalidad del país contratante, en clara discriminación del inversionista de otro país miembro de la CE. Lo anterior, en virtud de la sujeción de los tratados internacionales a las normas comunitarias y la obligación de eliminar las incompatibilidades que pudieran generarse (ver artículo 307 transcrito anteriormente). Si bien este es un caso de naturaleza no tributaria, algunos académicos advirtieron el riesgo de su extensión a los temas tributarios, riesgo relativamente superado por la especial naturaleza de los temas impositivos y por el reciente fallo en “D”(24).

— Por otra parte, como se explicará más adelante, el abogado general(25) en el caso “D”(26) consideró que el principio de Nación más favorecida era aplicable al caso y, por tanto, los beneficios otorgados por un país miembro de la CE a un residente de otro país miembro, en virtud de un tratado tributario bilateral, deberían extenderse a los extranjeros residentes de los demás países miembros de la CE.

La reciente sentencia del caso “D”(27) resuelve algunos interrogantes, calmando un poco el agitado debate académico originado con la opinión del abogado general(28). Llama la atención del autor que la decisión del TJE se aparta de la opinión del abogado general (Dámaso RuizJarabo Colomer), lo que no es normal proceder de este tribunal multilateral.

Sr. D, residente y nacional de Alemania, poseía más del 90% de sus activos en los Países Bajos, por lo que era contribuyente del impuesto sobre el patrimonio en dicho país, sin derecho a los beneficios especiales aplicables a los residentes en los Países Bajos. El Sr. D alegó tener derecho a dichos beneficios en aplicación del caso “Shumaker” y/o en virtud de la aplicación del principio de Nación más favorecida en relación con un tratado tributario celebrado entre los Países Bajos y Bélgica, en virtud del cual los beneficios de los residentes en los Países Bajos se extendían a los residentes en Bélgica. Nos referiremos, a continuación, al segundo de los argumentos por ser este el tema seleccionado para este artículo.

El abogado general consideró que los beneficios del tratado con Bélgica deberían extenderse a los residentes en otros países de la CE en aplicación del principio de Nación más favorecida (por lo menos al caso objeto de análisis), principalmente porque en Bélgica no existía impuesto sobre el patrimonio y, por tanto, ese beneficio debía ser visto como una concesión unilateral y no como una concesión recíproca derivada de la potestad de celebrar tratados.

Por su parte, el TJE retomó los principios explicados al comentar el caso “Gilly” y “Saint-Gobain”, en relación con la potestad de los gobiernos para celebrar tratados tributarios y la extensión de los beneficios tributarios de dichos tratados a los establecimientos permanentes de los países de la CE. De esta forma, el tribunal concluyó que un residente en Alemania (Sr. D) y un residente en Bélgica, no se encuentran en una situación comparable, por cuanto los tratados aplicables tienen alcances diferentes e independientes que deben ser respetados. Finalmente, el TJE concluye que la reciprocidad en los tratados de doble tributación no se debe mirar de forma independiente, sino en su conjunto, sosteniendo que “una norma como la contenida en el artículo 25, apartado 3, del convenio entre Bélgica y los Países Bajos no puede considerarse una ventaja separable del resto del convenio, sino que forma parte integrante de este y contribuye a su equilibrio general”(29).

En este caso se comparte la posición del TJE, no solo por su análisis jurídico, sino por su ingerencia e importancia práctica, en defensa y futuro de los tratados tributarios para evitar la doble tributación en la CE.

Conclusiones

De acuerdo con lo expuesto en ese artículo, se puede concluir que:

— El TJE en “Gilly” y recientemente en “D” ha reconocido que los países tienen la potestad para solucionar sus problemas de doble tributación, mediante la asignación o distribución de las rentas gravables en tratados tributarios bilaterales (o multilaterales) y, por tanto, los tratamientos diferenciales que se deriven de dicha potestad distributiva no se consideran discriminatorios en los términos del tratado de la CE.

— El TJE ha aclarado que la extensión de los beneficios tributarios de los tratados tributarios celebrados por un país miembro de la CE, solo debe entenderse referida a aquellos beneficios cedidos por el país en donde se encuentra el establecimiento permanente (caso “Saint-Gobain”). Esto es, por ejemplo, en el caso del tratado de doble tributación entre Colombia y España, los beneficios que son otorgados por España en favor de sus residentes (por ejemplo, créditos fiscales directos e indirectos por impuestos pagados en Colombia), también serían aplicables a los establecimientos permanentes de una sociedad de otro país de la CE, mientras que los beneficios otorgados por Colombia (por ejemplo, reducción de retenciones sobre dividendos, intereses y regalías, pagadas desde Colombia), solo serían aplicables en relación con personas residentes en España (por ejemplo, sociedades o accionistas españoles).

— Finalmente, el autor considera de gran importancia que el Gobierno evalúe y analice los efectos tributarios que tendría la implementación del “mercado común” de la CAN, teniendo en cuenta que, como se explicó, las normas comunitarias de libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas, podrían limitar o afectar la normatividad tributaria interna. Definitivamente, la jurisprudencia del TJE sobre temas tributarios, puede ser un referente importante para cuantificar y pronosticar el posible impacto del derecho comunitario, en relación con importantes temas, como la limitación de deducciones, la compensación de pérdidas fiscales, las retenciones por pagos al exterior sobre base brutas y, por supuesto, la extensión de los beneficios tributarios reconocidos por la legislación interna y los tratados de doble tributación a las sucursales de sociedades andinas.

(*) Las opiniones y afirmaciones en este artículo son de responsabilidad exclusiva del autor.

(1) Versión Consolidada del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea (VCTCCE), Diario Oficial de las Comunidades Europeas, C 325/33, 24.12.2002, artículo 12.

(2) VCTCCE, Ibídem, artículo 43.

(3) VCTCCE, op. cit., artículo 49.

(4) VCTCCE, op. cit., artículos 18 (general) y 39 (trabajadores).

(5) VCTCCE, op. cit., artículos 56 y 58.

(6) Decisión CAN 535 del 14 de octubre del 2002. “La Decisión 620: modificación de las decisiones 535 y 580 sobre Arancel Externo Común, aprobada el 15 de julio del 2005, recoge la necesidad de un plazo adicional para definir el AEC y la política arancelaria de la Comunidad Andina, para lo cual se aprueba un plan de trabajo que será desarrollado por un grupo ad hoc de alto nivel hasta el 2 de diciembre de ese mismo año, fecha en la cual se deberá adoptar una decisión al respecto”. En: http://www.comunidadandina.org/union.asp.

(7) Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TCTJCA), artículos 3236. El procedimiento de interpretación prejudicial tiene el objetivo de procurar la aplicación uniforme de las normas comunitarias.

(8) Sentencia TJE C307/97 SaintGobain, del 21 de septiembre de 1999.

(9) Por ejemplo, la Directiva 90/435/CEE, del 23 de julio de 1990, sobre el sistema común de tributación aplicable al caso de compañías matrices y subsidiarias de diferentes Estados miembros.

(10) Sentencia C270/83 Commission v. France, del 28 de enero de 1986.

(11) VCTCCE, op. cit., artículo 43.

(12) Romero, José Andrés. Why Colombia should negotiate double taxation treaties: recent developments and perspectives? Tax Notes International, Vol. 39, Nº 4, july 25, 2005, pp. 359361.

(13) Calderón Carrero, José Manuel. Algunas consideraciones en torno a la interrelación entre los convenios de doble imposición y el derecho comunitario europeo: ¿hacia la “comunitarización” de los CDIs? Documentos, Nº 4/2002, Instituto de Estudios Fiscales, p. 61.

(14) VCTCCE, op. cit., artículo 39.

(15) En relación con esta protección también es relevante el artículo 58 del tratado de la CE.

(16) Sentencia C336/96 del 12 de mayo de 1998.

(17) TCTJCA, op. cit., artículos 3236.

(18) Sentencia TJE C307/97, op. cit., párrafo 60.

(19) Sentencia TJE C307/97, op. cit., párrafo 63.

(20) Sentencia TJE C9/2002 Lasteyrie du Saillant, del 11 de marzo del 2004.

(21) Standortsicherungsgesetz, del 13 de septiembre de 1993.

(22) VCTCCE, op. cit., artículos 56 y 58.

(23) TJE, Sentencias C466/98, C467/98, C468/98, C469/98, C471/98, C472/98, C475/98, C476/98 Commission v. UK, DK, S, FIN, B, L, A, D (Open Skies), del 5 de noviembre del 2002.

(24) Craig, Adam. Open your eyes: what the “Open Skies” cases could mean for the US tax treaties with the EU members States. International Bureau of Fiscal Documentation, Bulletin, feb. 2003,pp. 6374.

(25) El abogado general es una especie de magistrado ponente que expone su concepto sobre el caso a consideración del TJE.

(26) Opinión del abogado general C376/2003 “D”, del 26 de octubre del 2004.

(27) Sentencia TJE C376/2003 “D”, del 5 de julio del 2005.

(28) Meussen, Gerard T.K. The advocate general’s opinion in the “D” case: mostfavourednation treatment and the free movement of capital. European Taxation, IBFA, feb. 2005, pp. 5255. Weber, Dennis and Spierts, Etienne. The “D case”: mostfavourednation treatment and compensation of legal costs before the European Court of Justice. European Taxation, IBFA, feb. mar. 2004, pp. 6571.

(29) Sentencia TJE C376/2003, op. cit., párrafo 62.