Tratamiento contable alternativo previsto en la NIC 16: una aplicación a empresas en Argentina

Revista Nº 56 Oct.-Dic. 2013

Eliana M. Werbin* 

Martín E. Quadro** 

(Argentina) 

*Doctora en Ciencias Económicas (con orientación en Contabilidad) Subdirectora del Departamento e Instituto de Contabilidad Co-directora Especialización en Contabilidad Superior y Auditoría - Universidad Nacional de Córdoba Docente e investigadora 

**Especialista en Contabilidad Superior y Auditoría Director del Departamento e Instituto de Contabilidad - Universidad Nacional de Córdoba Docente e investigador 

Introducción

En Argentina, los organismos que tienen la atribución para dictar normas contables son los consejos profesionales de ciencias económicas, los cuales son de carácter provincial y se encuentran agrupados en la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas – FACPCE. Las normas contables, recién en nombre de “resoluciones técnicas”, revisten el carácter de obligatorias para la profesión, una vez aprobadas por la junta de gobierno de la FACPCE y refrendadas por las comisiones directivas de los consejos profesionales regionales.

La Resolución Técnica 29 de la FACPCE establece que las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por su sigla en inglés), se aplican obligatoriamente a la preparación de estados financieros de las entidades incluidas en el régimen de oferta pública de la Ley 17.811, ya sea por su capital o por sus obligaciones negociables, con algunas excepciones, para los ejercicios iniciados el 1º de enero del 2012.

Dentro del amplio cuerpo de las NIIF existen tratamientos alternativos para la medición de algunas partidas que integran los informes financieros. En este trabajo se estudia específicamente el tratamiento alternativo para la medición posterior de propiedades, planta y equipo previsto en la NIC 16, con el objetivo de analizar cuál es el criterio mayormente adoptado por las empresas argentinas ante este cambio normativo, prescrito por la Resolución Técnica 29.

Para el presente estudio se tomaron los últimos estados contables publicados por las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Argentina (correspondientes a septiembre - diciembre del 2012), analizando cuál fue el criterio adoptado por cada una de ellas, en función de su actividad, del sector al cual pertenecen y de la representatividad del rubro propiedades, planta y equipo en el balance.

En el presente trabajo se realiza, en primera instancia, una revisión bibliográfica de la situación normativa contable en Argentina para después describir la NIC 16, explicando el tratamiento alternativo mencionado. Seguido a lo anterior, se exponen los resultados de la investigación realizada y, luego de una discusión sobre los mismos, se presentan las conclusiones pertinentes.

1. Las normas contables en Argentina

La FACPCE, organismo que agrupa a los consejos profesionales de ciencias económicas en Argentina, es la encargada de elaborar proyectos de normas técnicas, que posteriormente los consejos aprueban y ponen en vigencia en sus respectivas jurisdicciones.

La Resolución Técnica 29 establece que las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por su sigla en inglés), se aplican obligatoriamente a la preparación de estados financieros de las entidades incluidas en el régimen de oferta pública de la Ley 17.811, ya sea por su capital o por sus obligaciones negociables, o que hayan solicitado autorización para estar incluidas en el citado régimen, con las siguientes excepciones:

a) Entidades para las que la Comisión Nacional de Valores (CNV) mantenga la posición de aceptar los criterios contables de otros organismos reguladores o de control, tales como entidades financieras, compañías de seguros, entre otros.

b) Emisoras que califiquen como pequeñas y medianas empresas que coticen sus acciones y/u obligaciones negociables bajo un régimen simplificado previsto por la CNV.

c) Entidades del panel de Pymes que no están registradas en el régimen de oferta pública por su capital ni por sus obligaciones negociables, sino que operan con otra forma de financiación.

d) Restantes entidades bajo el control de la CNV, tales como sociedades gerentes y depositarias de fondos comunes de inversión, fondos comunes de inversión, fideicomisos financieros autorizados a la oferta pública, bolsas de comercio, cajas de valores, etc.

Para todas las entidades no alcanzadas por, o exceptuadas de, la utilización obligatoria de las NIIF, serán aplicables, opcionalmente:

a) Las NIIF

b) La NIIF para las Pymes

c) Las normas contables profesionales emitidas por la FACPCE o las que emita en el futuro.

Se aclara que la opción b) no podrá ser utilizada por entidades que estén excluidas del alcance de la NIIF para las Pymes. Por otra parte, la vigencia que se estableció en la Resolución Técnica 29 para la obligatoriedad de la utilización de las NIIF fue para los ejercicios iniciados a partir del 1º de enero del 2012, así como para los estados financieros de periodos intermedios correspondientes a los referidos ejercicios.

Es relevante citar el estudio de Cole, Branson y Breesch (2008), quienes realizan un análisis empírico sobre 849 empresas europeas y concluyen que, en más de cien países, las compañías que hacen oferta pública de sus acciones u obligaciones negociables deben preparar sus estados consolidados utilizando las NIIF. Esto es similar a lo que ocurre hoy en Argentina. Para el resto de las empresas, la situación está menos armonizada. La Unión Europea, por ejemplo, no requiere NIIF para las compañías que no cotizan en bolsa.

De todo lo anterior se desprende que la FACPCE ha adoptado el criterio de normas diferenciadas, lo que lleva a la co-existencia de diferentes conjuntos normativos a ser aplicados por los distintos entes, en función de sus características u opciones.

Ahora bien, existen diferentes argumentos a favor y en contra de la adopción de normas diferenciadas. Entre los primeros, puede citarse fundamentalmente el tema del costo, ya que en algunas empresas sería desproporcionado, en términos de costo-beneficio, emitir un conjunto completo de estados financieros demasiado sofisticados. Dentro de los segundos, se puede decir que al adoptar normas diferenciadas se pierde la universalidad y comparabilidad entre empresas. De esta forma, se entiende que al tener un solo conjunto de normas existiría una mayor transparencia en los mercados de capitales.

Tua Pereda (2006 y 2004) ha resaltado la importancia de la utilidad de la información como eje para la confección de un cuerpo normativo:

“El cambio supone, en síntesis, una nueva aproximación, creo que en este caso, decisiva al paradigma de utilidad, es decir, a la concepción que hace girar las normas contables en torno a la elaboración de una información útil para la toma de decisiones”. “La característica esencial de los marcos conceptuales, en su versión actual y, con ello, del marco conceptual del IASB, es su decidida orientación a la satisfacción de las necesidades de los usuarios, insertándose así de lleno en el llamado paradigma de utilidad, es decir, en la visión que adopta para la Contabilidad el propósito de suministrar información útil para la toma de decisiones económicas”.

El mismo autor (2009) destaca la vinculación de la contabilidad y el desarrollo económico:

“Donde uno de los cambios más notables de los últimos tiempos por los sistemas contables es su orientación hacia la predicción, en lugar de mantener el objetivo tradicional de control, cambio que sin duda, se debe a la influencia del entorno y, en especial, a los niveles de Desarrollo Económico alcanzados”.

Por su parte, López Santiso (2008) ha expresado una opinión en contra de la estratificación de normas en materia de valuación, de la siguiente manera:

“No me parece adecuado promover contabilidades de grado A (empresas grandes) y de grado B (empresas medianas y pequeñas) en materia de criterios de valuación. Sí es conveniente que se simplifiquen las exigencias de presentación de las empresas que no hagan oferta pública de sus acciones o requieran la aplicación de normas internacionales por otras razones (consolidación, préstamos del exterior)”.

Además, González Ayala, Ramos y Gil (2005) se preguntan si pueden aplicarse distintos principios y reglas para el reconocimiento, medición y presentación de los estados financieros en distintos entes, especialmente a la luz del principio de comparabilidad. Y si la respuesta es afirmativa, ¿hasta dónde llegar en esa diferenciación y qué criterio adoptar para realizarla?

Puede verse así que las opiniones son contrapuestas respecto a la existencia o no de normas diferenciadas, aunque todos los autores están alineados con el paradigma de la utilidad de la información contable para la toma de decisiones, en el sentido de que debe adoptarse la estratificación de normas, o la alternativa de valuación que se crea más apropiada para satisfacer las necesidades de los usuarios de los estados financieros, que son, en definitiva, quienes tomarán decisiones o formarán opiniones en función de estos.

2. El tratamiento alternativo de valuación al cierre previsto en la NIC 16 - propiedades, planta y equipo

La NIC 16, Propiedades, planta y equipo, fue emitida por el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad (IASC por su sigla en inglés) en diciembre de 1993, sustituyendo en ese entonces a la anterior NIC 16, de 1982. Fue revisada en 1998 y en 2000 por el IASC.

En marzo del 2001, el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) decidió que todas las normas e interpretaciones emitidas anteriormente por el IASC continuarán siendo aplicables hasta que fueran modificadas o retiradas. De esta manera, la NIC 16 del IASC pasó a formar parte del cuerpo normativo del IASB.

Posteriormente, en diciembre del 2003, el IASB emitió una NIC 16 revisada, la cual, desde entonces, ha sido modificada por diversas NIIF o revisiones de NIC, siendo la última versión la del 2008.

Ahora bien, el objetivo de la norma es prescribir el tratamiento contable respecto al reconocimiento, medición y exposición o revelación que se relaciona con los bienes de uso (denominados propiedades, planta, y equipo, a los que se refiere a menudo como activos fijos) con el fin de permitir que los usuarios de los estados financieros comprendan el alcance de la inversión en dichos activos de una entidad y los movimientos que se producen.

Esta norma debe ser aplicada en la contabilización de los elementos de propiedades, planta y equipo, salvo cuando otra NIC exija o permita un tratamiento contable diferente.

Por otra parte, no será de aplicación a:

a) Los clasificados como mantenidos para la venta de acuerdo con la NIIF 5.

b) Los activos biológicos relacionados con la actividad agrícola (NIC 41).

c) El reconocimiento y medición de activos para exploración y evaluación (NIIF 6); o

d) Las inversiones en derechos mineros, exploración y extracción de minerales, petróleo, gas natural y otros recursos no renovables similares.

Esta norma define a las propiedades, planta y equipo como sigue: Son los activos tangibles que:

a) Posee una entidad para su uso en la producción o suministro de bienes y servicios, para arrendarlos a terceros o para propósitos administrativos; y

b) Se esperan usar durante más de un periodo.

Asimismo, define algunos criterios de valuación relevantes para nuestro análisis, tales como:

a) Costo: importe de efectivo o equivalentes al efectivo pagados, o bien el valor razonable de la contraprestación entregada para adquirir o construir un activo.

b) Depreciación: es la distribución sistemática del importe depreciable de un activo a lo largo de su vida útil.

c) Valor razonable: es el importe por el que un activo podría ser intercambiado entre partes interesadas y debidamente informadas, en una transacción realizada en condiciones de independencia mutua.

d) Pérdida por deterioro: es el exceso del importe en libros de un activo sobre su importe recuperable.

e) Importe recuperable: es aquel mayor valor entre el precio de venta neto de un activo y su valor en uso.

f) Importe en libros: es aquel por el que se reconoce un activo, una vez deducidas la depreciación acumulada y las pérdidas acumuladas por deterioro del valor.

En cuanto al reconocimiento, la norma establece que un elemento de propiedades, planta y equipo se reconocerá como activo si y solo si:

a) Sea probable que la entidad obtenga los beneficios económicos futuros derivados del mismo; y

b) El costo del activo para la entidad pueda ser valorado con fiabilidad.

Desde el punto de vista de la teoría contable (García, 2010) la medición puede hacerse sobre la base de las transacciones por las que son adquiridos los activos e incurridos los pasivos (valores de entrada), o bien, sobre la base de las transacciones en las cuales los activos están dispuestos para la venta u otra transferencia y se cancelan los pasivos (valores de salida).

Entre los valores de entrada se encuentran el criterio de medición a costo histórico y a costo corriente. Entre los de salida, hay dos criterios que se relacionan con las expectativas en el curso normal de los negocios (valor realizable neto y valor presente) y uno relacionado con la alternativa de liquidación ordenada (valor de mercado corriente). Además, existen otros conceptos derivados de estos atributos básicos, tales como el valor razonable, el valor en uso, el valor recuperable y el valor para la empresa.

La NIC 16 establece que la medición inicial de un elemento de propiedades, planta y equipo, que cumpla las condiciones para ser reconocido como un activo, se realizará por su costo. En cambio, en la medición posterior o al cierre, la norma prevé un tratamiento alternativo, presentando dos opciones: el modelo de costo y el de revaluación.

El modelo de costo indica que, con posterioridad a su reconocimiento como activo, un elemento de propiedades, planta y equipo se registrará por su costo menos la depreciación acumulada y el importe acumulado de pérdidas por deterioro de valor.

Por su parte, el modelo de revaluación señala que, con posterioridad a su reconocimiento como activo, un elemento de propiedades, planta y equipo, cuyo valor razonable pueda medirse con fiabilidad, se contabilizará por su valor revaluado, que es su valor razonable, en el momento de la revaluación, menos la depreciación acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por deterioro de valor que haya sufrido. Las revaluaciones deben ser regulares (según los cambios de valores que experimenten los activos) y el valor revaluado se debe tomar de tasaciones, valores de mercado, o estimación de futuros ingresos.

Asimismo, la norma establece que si se incrementa el importe en libros de un activo como consecuencia de una revaluación, este aumento se reconocerá directamente en otro resultado integral y se acumulará en el patrimonio, bajo el encabezamiento de superávit de revaluación. Cuando el importe en libros se reduzca como consecuencia de una revaluación, la disminución se reconocerá en el resultado del periodo.

Las excepciones a estos principios de imputación de las diferencias de valuación son las reversiones de movimientos de periodos anteriores, esto es, que ya fueron registrados en otro resultado integral o en el resultado del ejercicio. Así, el aumento de valor se reconocerá en el resultado del periodo cuando sea una reversión de un decremento reconocido anteriormente como una pérdida. Y la disminución se reconocerá en otro resultado integral cuando por el mismo activo exista un saldo acreedor de superávit de revaluación generado en periodos anteriores.

Dentro de los autores que defienden el costo histórico se encuentra Ijiri (1975), quien señala que la valuación a costos históricos es el único método que incluye, como parte integral de su procedimiento estructurado con base en el sistema contable de partida doble, los requisitos esenciales para una contabilidad, en el cual se registran todos los cambios en los recursos de una entidad por medio de la relación de insumos y rendimientos, de manera que se puedan buscar e identificar siempre que sea necesario. En este sentido, la valuación de costos históricos proporciona datos que son útiles para la toma de decisiones por parte de gerentes e inversionistas conscientes en cuanto a que la historia es la única base para predecir el futuro.

Este mismo autor indica que la objetividad es uno de los puntos más fuertes del costo histórico. Sostiene que la valuación de costos históricos proporciona datos que son menos discutibles que los proporcionados por otros métodos de valuación, propuestos usualmente como requisito esencial para una contabilidad financiera.

Vinculado con esto y dada su fácil verificación, el costo histórico está menos sujeto a la manipulación que el corriente o el precio de venta. En este sentido, Ijiri (1975) indica que la valuación a costos históricos al rechazar el reconocimiento de las pérdidas y ganancias por tenencias, está de acuerdo con el espíritu de mantener el status quo, a no ser que los cambios sean necesarios fuera de toda duda razonable. Este espíritu es esencial para resolver conflictos de interés y para mantener el orden y la estabilidad en la sociedad.

Otro punto fuerte que señala este autor es que el costo histórico es entre todos los métodos de valuación propuestos comúnmente el que menos cuesta a la sociedad, considerando los costos de registrar, reportar, auditar, resolver conflictos, etcétera.

Otros estudios, como el de Dyckman, Gibbins y Swieringa (1978), Lipe (1990) y Ryan (1991), permiten concluir que la información a costo histórico es útil explicando la valuación de mercado de la empresa, pero que hay varios componentes de información de este costo que son más significativos que otros, y que la importancia relativa varía de acuerdo con las características (calidad) de esos componentes.

Finalmente, los autores que defienden el costo histórico señalan también que si los valores corrientes son deseados por algunos, podrían exponerse como información suplementaria.

Por otro lado, existen autores que han tomado posiciones en contra del criterio del costo histórico, cuestionando fuertemente si la contabilidad a este tipo de costos permite lograr el objetivo de utilidad para la toma de decisiones. El enfoque actual utiliza más información “hacia el futuro” que la “proveniente del pasado”, como puede ser la de costos históricos.

De esta forma, se indica que la información contenida en el costo histórico no es pertinente para la toma de decisiones en el presente, ya que se refiere al pasado.

Chambers (1994) argumenta que la partida doble, en la que se registran los débitos y créditos como todo aquello que se debe y todo aquello en lo cual se confía, ha llevado erróneamente, al día de hoy, a establecer una doctrina de costo histórico.

En síntesis, el costo histórico aparece como la manera más objetiva y poco costosa de realizar una medición, aunque su pertinencia para la toma de decisiones es bastante cuestionable.

Por último y en lo que a la depreciación de este tipo de activos se refiere, la norma establece que se depreciará de forma separada cada parte de un elemento de propiedades, planta y equipo que tenga un costo significativo con relación al costo total del elemento. El cargo por depreciación de cada periodo se reconocerá en el resultado del periodo, salvo que se haya incluido en el importe en libros de otro activo.

El importe depreciable de un activo (el cual se determina después de deducir el valor que puede obtenerse por la disposición del elemento al final de su uso) se distribuirá de forma sistemática a lo largo de su vida útil.

El valor residual y la vida útil de un activo se revisarán, como mínimo, al término de cada periodo anual y, si las expectativas difirieren de las estimaciones previas, los cambios se contabilizarán como un cambio en una estimación contable.

3. Estudio empírico en empresas argentinas

En esta sección se analizará el tratamiento alternativo previsto en la NIC 16 para la medición posterior de propiedades, planta y equipo en empresas argentinas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, para el último estado contable cerrado en 2012, a modo de estudiar cuál es el tratamiento preferido que han adoptado.

3.1. Población de análisis

Se trabajó con todas las empresas que cotizan en el panel de las líderes de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires al momento de realizar el presente trabajo (Febrero 2013), lo que arroja un total de 13 empresas. Para cada una de ellas se consideró el último estado contable presentado, en la mayoría de los casos correspondió a diciembre de 2012, mientras que en algunos a septiembre de 2012.

Los datos fueron obtenidos a través de la página oficial de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (www.bolsar.com) y de la Comisión Nacional de Valores de Argentina (www.cnv.gob.ar). Se trabajó con las series de precios y estados financieros que figuran en estos sitios oficiales para las compañías mencionadas.

3.2. Certeza y validez

Para asegurarse de que los datos representan lo que efectivamente se quiere evaluar, la medición de los ítems incluidos en los estudios empíricos y su transformación en variables se deben someter a pruebas de certeza y validez. La medición se enfoca en la relación entre los indicadores de los estudios empíricos (las respuestas observables) y los conceptos ocultos fundamentales (conceptos teóricos). Si esta relación es significativa, el análisis de indicadores empíricos puede llevar a inferencias útiles acerca de las relaciones entre los conceptos teóricos fundamentales.

Para determinar que los indicadores empíricos utilizados representan un concepto teórico dado se efectuaron las siguientes pruebas:

® Certeza: se relaciona negativamente con el error aleatorio (no sistemático) y se define como la capacidad de que el procedimiento de medición genere los mismos resultados en ensayos repetidos (resultados coherentes). Las fuentes típicas de error son los problemas en la codificación, en las instrucciones ambiguas, en el énfasis dado al emplear palabras diferentes, etc. En este trabajo, las fuentes comunes de error fueron controladas utilizando estados contables y datos suministrados por los sujetos del estudio, sometidos a una auditoría externa, y revisados y publicados por los organismos de control, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y la Comisión Nacional de Valores.

® Validez: se relaciona negativamente con el error no aleatorio (sistemático) y se define como la capacidad que tiene cualquier ítem del instrumento de medición de medir lo que se intenta medir. La fuente típica de error es la escala empleada, que será controlada utilizando los estados contables y datos suministrados por los sujetos del estudio, sometidos a una auditoría externa, y revisados y publicados por los organismos de control, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y la Comisión Nacional de Valores.

3.3. Metodología, resultados y discusión

Se estudiaron los balances mencionados, calculando la importancia relativa del rubro propiedades, planta y equipo dentro del activo no corriente y dentro del activo.

En el cuadro que se presenta en la siguiente página, puede apreciarse, en primer lugar, la fecha del estado contable pertinente, la moneda y manera de expresión, y luego las cifras obtenidas de ese balance para el total del activo; el total del activo no corriente, y el total del rubro propiedades, planta y equipo (o bienes de uso, como es denominado por algunas empresas en el estado contable).

Posteriormente, se calcula un ratio del rubro sobre el activo no corriente y sobre el total del activo, para analizar si la elección del modelo de valuación previsto por la NIC 16 depende o no de la importancia relativa del rubro en la estructura de inversión de la empresa.

Puede observarse que todas las empresas aplican NIIF (tal como lo establece la Resolución Técnica 29 para aquellas que hacen oferta pública de sus acciones), excepto las sujetas a una legislación especial, en este caso, son tres las entidades financieras que se encuentran excluidas de aplicación de NIIF y están obligadas a presentar sus estados financieros conforme la normativa de su órgano de control, el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Todas las entidades que aplican NIIF denominan al rubro “propiedades, planta y equipo”, excepto una empresa, que lo denomina como lo hacen las normas técnicas argentinas: “bienes de uso”. Por su parte, las que aplican la normativa del BCRA deben denominarlo “bienes de uso”. Estas últimas deben valuar los bienes de uso al valor histórico, conforme sus normas particulares.

Dentro de la alternativa de valuación, puede verse lo siguiente:

a) En 10 empresas (77% de la muestra) existe una nota a los estados contables en donde se indica que el rubro se encuentra valuado a su costo.

b) En 2 empresas (15% de la muestra) no se encuentra que exista nota alguna en la que se indique qué modelo se ha adoptado, pero tampoco hay partidas en otro resultado integral o en el estado de resultados que indiquen que se haya realizado una revaluación.

c) Una sola empresa (8% de la muestra) indica que la valuación es al costo pero existen revalúos atribuibles a periodos anteriores.

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Visto lo anterior, puede notarse que, independientemente de la proporción que represente el rubro en el total del activo o del activo no corriente, del sector al cual pertenezca la empresa (excepto entidades financieras que tienen una normativa específica que las regula), o de la nacionalidad de la empresa (argentina o extranjera), en su mayoría las empresas adoptan el modelo de costo que establece la NIC 16.

Conclusiones

Los diferentes autores y emisores de normas citados en este trabajo coinciden en que el paradigma actual de la contabilidad, o el objetivo final de la contabilidad financiera, debe ser la utilidad para la toma de decisiones.

En este contexto, es necesario plantear y revisar las diferentes alternativas de medición y las implicancias que la utilización de las mismas pueden tener sobre la calidad de la información que se expone en los estados financieros.

Dado que en Argentina la Resolución Técnica 29 impone a las empresas que hagan oferta pública de sus acciones u obligaciones negociables que deben utilizar las NIIF del IASB, y dado que en la NIC 16 existe un tratamiento alternativo para la medición posterior del rubro propiedades, planta y equipo, se planteó en el presente trabajo estudiar qué opción habían adoptado las empresas líderes de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires de Argentina para el último estado contable, presentado en 2012.

Es concluyente que las empresas adoptan el modelo de costo en contraposición al de valor razonable. Esto es un ejemplo de la conocida díada conflictiva en contabilidad de las cualidades de pertinencia versus confiabilidad. Las personas relacionadas con los informes financieros pueden considerar a la pertinencia como opuesta a la confiabilidad o viceversa, motivados por su diferente carácter de usuario. Es probable que quienes preparen los estados financieros otorguen mayor importancia a la confiabilidad de las mediciones para sortear el examen de los auditores. Esto es quizás una explicación de lo que sucede en estas empresas en Argentina, donde es claramente preferido el modelo de costo. En las empresas estudiadas, quienes preparan los estados contables o los auditan prefieren las bondades del costo histórico (objetividad, verificabilidad, menor costo de preparación de información), en contraposición a las ventajas del valor razonable (mayor pertinencia para los usuarios pero con dificultades subjetivas para su determinación o auditoría, o con una costosa determinación).

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