Auto 2015-01512 de agosto 12 de 2015

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA

SECCIÓN SEGUNDA DE ORALIDAD

Rad. 05001-23-33-000-2015-01512-00

Magistrada Ponente:

Dra. Beatriz Elena Jaramillo Muñoz

Proceso: Insistencia

Demandante Consejo Profesional Nacional de Ingeniería COPNIA - Seccional Antioquia

Demandado: Fundación Urbe Colombia

Interlocutorio: 604

Asunto: Documentos con reserva legal.

Medellín, doce de agosto de dos mil quince.

Procede la Sala a pronunciarse sobre el recurso de insistencia suscitado por Juan Guillermo Arbeláez Zapata en su calidad de Secretario Seccional del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería COPNIA - Seccional Antioquia, con ocasión de la información solicitada mediante derecho de petición al Consejo Profesional Nacional de Ingeniería COPNIA - Seccional Antioquia el 13 de julio del 2015, para lo cual se tienen en consideración los siguientes,

Antecedentes

Mediante escrito presentado ante esta corporación, el doctor Juan Guillermo Arbeláez Zapata actuando en calidad de Secretario Seccional del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería COPNIA - Seccional Antioquia, interpuso recurso de Insistencia, el cual manifiesta que de conformidad con lo preceptuado en al artículo 21 de la Ley 57 de 1985, presenta recurso de INSISTENCIA del solicitante en caso de reserva, de conformidad con los siguientes hechos:

“El COPNIA, en su calidad de ente público que vigila e inspecciona el ejercicio de la profesión de la ingeniería, en la actualidad, surte en el Seccional Antioquia, procedimiento administrativo sancionador contra los profesionales de la ingeniería que intervinieron en la construcción del edificio Space el cual Sufrió el desplome de la torre 6 y la demolición de las torres 1 a la 5, bajo el radicado ANT-PD-2014-00003.

El día 13 de julio de 2015, la Fundación Urbe Colombia - Fundaurbe, representada legalmente por el señor Sergio Mario Gaviria Zapata, presentó escrito de petición el cual fue radicado con el Nº 2015ANT00000952, en el cual solicita el radicado de la actuación disciplinaria referida en el punto anterior, si se abrió investigación formal, etapa, la fecha de notificación del auto a pruebas y los nombres de los investigados a quienes se les formularon pliego de cargos.

El COPNIA Seccional Antioquia, mediante radicado 2015ANT00000887 de fecha 15 de julio de 2015, se le dio respuesta indicándole el radicado de la investigación, la fecha del auto de apertura de investigación formal, la etapa en que se encuentra la actuación disciplinaria y se le indica la multiplicidad de fechas en que se comunicó el auto a pruebas por ser varios investigados. Sin embargo, en relación con los investigados a quienes se les formularon cargos, este Consejo se abstuvo de revelar la información con base en el artículo 33 de la Ley 190 de 1995, dado que se hace necesario preservar los principios de inocencia y buen nombre.

El día 17 de julio de 2015, radicado 2015 ANT 00000991 de fecha 17 de julio de 2015, nuevamente Fundaurbe presente (sic) solicitud de insistencia en la información requerida en la petición anterior y adiciona a la misma, a que se le suministre copia de toda la actuación disciplinaria y acceso inmediato, alega que el periodo probatorio ya se encuentra vencido y por tanto existe el derecho a lo solicitado”.

Material probatorio aportado:

Allega, adjunto al escrito contentivo del recurso, las pruebas que se enuncian a continuación:

— Copia del derecho de petición de Fundaurbe radicado 2015 ANT00000952 de fecha 13 de julio de 2015, en el cual solicitó: “... 1. Solicito respetuosamente informar bajo qué radicado o qué radicados se surten investigaciones disciplinarias con motivo de fallas inherentes a la ciencia de la ingeniería con motivo del desplome del Edificio Space. 2. Solicito respetuosamente informar si ya se abrió investigación formar ético disciplinaria con motivo del caso referido en el numeral 1º, y en caso positivo informar en qué etapa del procedimiento se encuentra y en qué fecha se notificó el auto que decreta pruebas. 3. Finalmente, solicito respetuosamente informar contra qué profesionales de competencia de dicho Consejo se abrió el pliego de cargos...” (fls. 8).

— Copia de la respuesta al derecho de petición del 15 de julio de 2015, en el cual, el Secretario Seccional del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería COPNIA Seccional Antioquia informa a la Fundación Urbe Colombia, lo siguiente: “... Dando alcance al radicado del asunto, mediante el cual nos solicita información referente al caso Space, en donde requiere: 1. R// Le informamos que el radicado bajo el que se surte esta investigación es el ANT-PD-2014-00003. 2. R// Si se abrió investigación formal mediante auto del 18 de marzo de 2015. En la actualidad está en periodo probatorio, y el auto que decreta dicho inicio se comunicó en diferentes fechas a los investigados. 3. En relación a su solicitud de que le sean suministrados los nombres de los profesionales contra los que se formularon cargos, le señalamos que en virtud de la Ley 190 de 1995 artículo 33, las actuaciones disciplinarias gozan del principio de reserva (...). En tal sentido como entidad pública estamos obligados a cumplir tal reserva en virtud del artículo 6º de la Constitución Política de Colombia; y de la presunción de inocencia de los investigados, sin embargo la información referente a los profesionales involucrados será pública una vez culmine el proceso con el respectivo fallo definitivo” (fls. 9).

— Copia de la interposición de la insistencia contra la respuesta al derecho de petición, en la que indicó: “... 1. En respuesta a la petición de la referencia el COPNIA se abstuvo de informar los nombres de los profesionales contra los cuales se formularon cargos disciplinarios con motivo del lamentable suceso del desplome de la Etapa 6 del Edificio Space, aduciendo que tales nombres hacían parte de la reserva. 2. Lo dicho por el COPNIA se torna insólito y es nocivo para el control social y político que pregona la Constitución pues ni siquiera en materia penal los nombres de los imputados se encuentran sometidos a reserva. Además el artículo 33 de la Ley 190 de 1995 en ninguna parte establece que los nombres de los Disciplinados están sujetos a reserva. 3. En materia de Insistencia establece el artículo 21 de la Ley 57 de 1985 (...). 4. La Ley 190 de 1995 sí estableció la reserva de ciertas piezas documentales pero también es cierto que en Sentencia C-038 de 1996 la Corte Constitucional se pronunció sobre la exequibilidad de dicha disposición estableciendo expresamente en la parte resolutiva La Reserva se levanta una vez expira el término probatorio establecido en la Ley (...). 5. Según el artículo 68 de la ley de 2003 el término probatorio en los procesos disciplinarios que adelanta el COPNIA es de 60 días, que ya se encuentran vencidos. 6. En Ese orden de ideas, no estamos de acuerdo con la negativa de acceso a la información pues la Reserva ya está levantada y por tanto insistimos en la solicitud presentada” (fls. 11).

— Copia de la respuesta a la insistencia, de fecha 22 de julio de 2015, le indicó: “... la estructura jurídica del proceso ético profesional que se sigue a los investigados de acuerdo lo dispone la Ley 842 de 2003 en el Consejo Profesional Nacional de Ingenieria COPNIA. (...). 3. En relación con los nombres de los investigados y la solicitud de copia del expediente, nos permitimos indicarle que tal y como ha sido expuesto y motivado precedentemente, la queja, los disciplinados y las pruebas, hacen parte de la investigación formal, y por ende, objeto de reserva de conformidad con el artículo 33 de la Ley 190 de 1995. Conforme a lo anterior, consideramos desafortunada la posición del peticionario en cuanto a determinar que los términos establecidos en la ley en el adelanto del proceso disciplinario de la referencia se encuentran vencidos. Al respecto se debe manifestar que la investigación cursa dentro de los tiempos de ley, y muestra clara de ello es el cuadro de fecha de notificación expuesto anteriormente, donde se expone que la investigación formal fue abierta mediante auto de fecha 18 de marzo de 2015 y a los investigados y/o apoderados de los mismos se les notifico la misma en las fechas aducidas en este mismo acápite ya fuese de manera personal o por aviso conforme la norma aplicable al caso. Por lo tanto y esperando absolver la duda del peticionario, se debe confirmar nuevamente, además de las aclaraciones dadas al tema de la reserva legal en la motivación de la presente respuesta, que la misma persiste por encontrarse aun en los términos establecidos en la Ley 842 de 2003 y demás que son pertinentes para el caso de arras. Por ende a lo referente a la solicitud de insistencia, solicitada en el numeral segundo de su petición, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Ley 57 de 1985, le solicitamos nos envíe nuevamente requerimiento de insistencia si la respuesta dada en este documentos no le satisface, dado que la reserva se levantará a partir de la expiración del termino probatorio, lo que ocurrirá el día 21 de septiembre de 2015, fecha en la cual se podrán entregar las informaciones del caso” (fls. 12-14).

— Copia escrito de petición y solicitud de remisión al Tribunal Contencioso Administrativo por parte de Fundaurbe de fecha 23 de julio de 2015, en el cual se reitera: “... 1. Persistimos en la solicitud de insistencia en los términos del escrito antecedente, para lo cual le solicitamos remitirlo sin demora ante el Tribunal Administrativo de Antioquia para lo de su competencia. 2. Consideramos que aún no se ha dado respuesta al numeral 2º de la primera petición pues no se informó lo referente al auto de pruebas sino lo referente al pliego de cargos. 3. Le recuerdo respetuosamente que el decreto de pruebas no se notifica sino que se comunica como expresamente lo señala el artículo 68 de la Ley 482 de 2003 por lo que legalmente ya se encuentra vencido el término probatorio y por tanto se entiende levantada la reserva. Ya el respectivo Magistrado valorará a partir de qué fecha comenzó a correr el período probatorio para verificar que el mismo ya se encuentra vencido. 4. Es un despropósito que se mantengan en secreto los nombres de los investigados pues la presunción de inocencia no se afecta por el solo hecho se (sic) conocer que son objeto de una investigación disciplinaria. (...). 5. Igualmente insistimos en el numeral 7º del escrito de insistencia y derecho de petición (escrito precedente), solicitando la copia de todo el expediente, o subsidiariamente las piezas documentales que actualmente no sean objeto de reserva, para lo cual el Magistrado que avoque conocimiento deberá manifestar qué piezas documentales tienen aún reserva y cuáles no” (fls.15).

— Copia de la respuesta a la insistencia, de fecha 24 de julio de 2015, en la cual se dijo: “... 1. R/ De conformidad con el artículo 21 de la Ley 57 de 1985, se remitirá las solicitudes presentadas por usted y la respuesta de este despacho a la autoridad competente para que resuelva acerca de la reserva documental del proceso disciplinario del proyecto Space. 2. R/ En efecto, las fechas informadas correspondieron a las notificaciones de auto de formulación de cargos y apertura de investigación formal disciplinaria en contra de los investigados. (...) resulta preciso aclarar que los términos de los sesenta días de la etapa probatoria se cuentan desde la fecha de expedición del citado auto, esto es, desde el día 23 de junio de 2015, venciendo dicho periodo el día 21 de septiembre de 2015, lo que de acuerdo a la sentencia citada de la Corte Constitucional, C-038 de 1996, a dicha fecha se levantaría la reserva. (...) 5.) R/ Se ratifica lo expuesto en las respuestas a sus peticiones anteriores, en cuanto a que la investigación preliminar, los cargos formulados y las pruebas obrantes que conforman la totalidad del expediente, como también, la solicitud de copia del expediente, son objeto de reserva de acuerdo con el artículo 33 de la Ley 190 de 1995 y la sentencia de la Corte Constitucional C-038 de 1996, lo cual, solo se levantará hasta el 21 de septiembre de 2015, fecha en la cual vence el periodo probatorio establecido en la Ley 842 de 2003 artículo 68. Al igual que, se pretende proteger el buen nombre de los investigados hasta tanto dicho periodo probatorio venza” (Fls. 16-17).

Procederá la sección a resolver sobre la procedencia del recurso de Insistencia previas las siguientes

Consideraciones

La posibilidad de acceder a los documentos públicos, bien sea para su consulta o para obtener copia de los mismos es un derecho de rango constitucional consagrado en el artículo 74:

“Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos que establezca la ley”.

Ahora, el alcance del derecho de petición no solo contiene la posibilidad de solicitar información a una entidad y excepcionalmente a un particular, sino también de pedir copias de los documentos que reposen en sus instalaciones.

Lo anterior, para el efectivo desarrollo del principio de publicidad, así la Corte Constitucional ha manifestado que el acceso a la información permite que las personas puedan controlar la gestión pública en los diferentes órdenes, de allí que es importante suministrar a la ciudadanía; pues es el único medio que tiene la comunidad para darse cuenta de las actividades y gestiones adelantadas por las entidades públicas.

Si la petición consiste en la entrega de copia de documentos, la respuesta lógica por parte de la entidad requerida, debe ser el suministro de tal información, salvo que se trate de documentos que gocen de reserva legal, caso en el cual, la decisión debe ser suficientemente motivada.

Por su parte, y teniendo en cuenta que la petición se realizó el 13 de julio de 2015, la norma aplicable al procedimiento de la insistencia corresponde a los artículos 25 y 26 de la Ley 1755 de 2015, por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el cual establece:

“ART. 25.—Rechazo de las peticiones de información por motivo de reserva. Toda decisión que rechace la petición de informaciones o documentos será motivada, indicará en forma precisa las disposiciones legales que impiden la entrega de información o documentos pertinentes y deberá notificarse al peticionario. Contra la decisión que rechace la petición de informaciones o documentos por motivos de reserva legal, no procede recurso alguno, salvo lo previsto en el artículo siguiente.

La restricción por reserva legal no se extenderá a otras piezas del respectivo expediente o actuación que no estén cubiertas por ella”.

“ART. 26.—Insistencia del solicitante en caso de reserva. Si la persona interesada insistiere en su petición de información o de documentos ante la autoridad que invoca la reserva, corresponderá al Tribunal Administrativo con jurisdicción en el lugar donde se encuentren los documentos, si se trata de autoridades nacionales, departamentales o del Distrito Capital de Bogotá, o al juez administrativo si se trata de autoridades distritales y municipales decidir en única instancia si se niega o se acepta, total o parcialmente la petición formulada.

Para ello, el funcionario respectivo enviará la documentación correspondiente al tribunal o al juez administrativo, el cual decidirá dentro de los diez (10) días siguientes. Este término se interrumpirá en los siguientes casos:

1. Cuando el tribunal o el juez administrativo solicite copia o fotocopia de los documentos sobre cuya divulgación deba decidir, o cualquier otra información que requieran, y hasta la fecha en la cual las reciba oficialmente.

2. Cuando la autoridad solicite, a la sección del Consejo de Estado que el reglamento disponga, asumir conocimiento del asunto en atención a su importancia jurídica o con el objeto de unificar criterios sobre el tema. Si al cabo de cinco (5) días la sección guarda silencio, o decide no avocar conocimiento, la actuación continuará ante el respectivo tribunal o juzgado administrativo.

PAR.—El recurso de insistencia deberá interponerse por escrito y sustentado en la diligencia de notificación, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella”.

En consecuencia, el Consejo de Estado ha sido claro al indicar que(1) la figura del recurso de insistencia, es el mecanismo idóneo para resolver cualquier conflicto presentado en relación con el carácter de reservado de cierta información o documentos, y para explicar su procedencia refirió:

“Ahora bien, tal como se deduce de los artículos 18 y 19 del Código Contencioso Administrativo, existen dos clases de petición de información. Una es la que alude a la petición de información en interés general y que versa sobre las normas y las funciones que organizan una determinada entidad pública, los métodos y los sistemas que esa misma entidad tiene para tramitar los asuntos, las informaciones relativas a las oficinas donde se pueden formular consultas y conocer las decisiones. Se trata de información que siempre debe estar disponible en favor de los asociados y de los usuarios de la entidad y sobre la que, por regla general, no puede oponerse la entidad a entregar por razones de reserva.

“La otra clase de información es la información de carácter especial y particular prevista en el artículo 19 del Código Contencioso Administrativo y sobre la que recae la protección constitucional prevista en el artículo 74 de la Constitución Política. Esta clase de información sí puede ser objeto de reserva y, por ende, puede ser de restringida circulación.

“En efecto, en lo que tiene que ver con aquellos documentos o datos que están relacionados con la defensa y seguridad nacional, es evidente que tales documentos gozan del carácter de reservado y solo en determinadas circunstancias previstas por el propio legislador, el velo de reserva que recae sobre esos documentos o información puede ser levantado.

“De lo expuesto y, en especial, de la regulación contenida en el artículo que se acaba de ver, se desprende que el recurso de insistencia exige como presupuesto la presencia de documentos en los que conste información que la administración aduzca como reservada para impedir su conocimiento por parte del peticionario. Así mismo, cuando se trata de petición de documentos, dicho documento deber reposar en la oficina del agente contra el que se dirige la petición.

“Sin embargo, cuando la negación del suministro de copias de documentos públicos no se apoya en estar esos documentos amparados por reserva sino en otra razón cualesquiera, el recurso de insistencia deviene improcedente y, por tal razón, el solicitante puede y debe acudir a la acción de tutela, que es el mecanismo judicial más expedito para proteger el derecho fundamental de petición, también en su modalidad de solicitud de información y acceso o copias de documentos públicos, situación que, como se dijo, no se presenta en el caso objeto de estudio, pues es clara la oposición de reserva legal propuesta por la entidad demandada”.

En el asunto sub judice, es claro que al tenor de lo dispuesto por el artículo 26 de la citada Ley 1755 de 2015, la norma señala expresamente que el funcionario respectivo enviará la documentación correspondiente al tribual o al juez administrativo, siendo así el único autorizado para enviar la solicitud a esta Jurisdicción, en donde se decidirá si acepta o no la petición del solicitante, pues efectivamente se hizo por parte del funcionario Juan Guillermo Arbeláez Zapata en calidad de Secretario Seccional del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería COPNIA Seccional Antioquia, quien remitió el recurso de insistencia al Tribunal Administrativo de Antioquia por ser jurisdicción del lugar donde se encuentran los documentos solicitados e insistidos.

Tenemos entonces que el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería COPNIA, para negar dar información sobre los nombres de los investigados y la solicitud de copia del expediente dentro del proceso disciplinario que se adelanta con radicado Nº ANT-PD-2014-00003, se fundamenta en el carácter de reserva de los mismos, de conformidad con el artículo 33 de la Ley 190 de 1995, que establece:

“ART. 33.—Harán parte de la reserva las investigaciones preliminares, los pliegos y autos de cargos que formulen la Procuraduría General de la Nación y demás órganos de control dentro de los procesos disciplinarios y de responsabilidad fiscal, lo mismo que los respectivos descargos; los fallos serán públicos.

PAR. 1º—La violación de la reserva será causal de mala conducta.

PAR. 2º—Inexequible.

PAR. 3º—En el evento de que se conozca la información reservada, la entidad deberá verificar una investigación interna y explicarle a la opinión las posibles razones del hecho”.

Manifiesta que en la etapa de investigación preliminar, de acuerdo al artículo 60 y 64 de la Ley 842 de 2003, se pretende verificar la ocurrencia de las conductas infractoras, determinar si es constitutiva de falta disciplinaria e identificar o individualizar al profesional que presuntamente intervino en ella y que los pliegos de cargos surge una vez se concluye la investigación preliminar y se decida si existe merito o no para iniciar la investigación formal, por lo cual también se encuentra restringido las pruebas que se recauden dentro de dicha etapa.

Es importante, resaltar que el artículo 33 precedente, fue declarado condicionalmente exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-038 de 1996 del 5 de febrero de 1996 bajo el entendido de que la reserva que en ellos se consagra se ha de levantar cuando se practiquen las pruebas decretadas en la oportunidad legal y, en todo caso, una vez expire el término señalado en la ley para la investigación. Magistrado Ponente, Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz.

“(...) La disposición demandada ha introducido una restricción desproporcionada para el ejercicio de los mentados derechos fundamentales y será, por lo tanto, declarada exequible solo bajo el entendido de que la reserva deberá levantarse tan pronto se practiquen las pruebas a que haya lugar y, en todo caso, una vez expire el término general fijado por la ley para su práctica. En estas condiciones, el público puede libremente ser informado sobre los cargos y los descargos y las pruebas que los sustentan y, para el efecto, acceder al respectivo expediente, inclusive antes de que se expida el fallo de primera instancia, lo cual asegura que si a raíz del escrutinio público surgen nuevos elementos de prueba estos podrán ser aportados antes de que se adopte la decisión final (...)”.

Para determinar si efectivamente el nombre de los investigados y la copia de la actuación disciplinaria, solicitados por parte de la Fundación Urbe Colombia, tienen carácter de reserva legal, de acuerdo al artículo 33 de la Ley 190 de 1995, es pertinente verificar el procedimiento disciplinario que establece la Ley 842 de 2003, Por la cual se modifica la reglamentación del ejercicio de la ingeniería, de sus profesiones afines y de sus profesiones auxiliares, se adopta el Código de Ética Profesional y se dictan otras disposiciones, en sus artículos 60, 63, 64, 65 y ss.

“ART. 60.—Iniciación del proceso disciplinario. El proceso disciplinario de que trata el presente título se iniciará por queja interpuesta por cualquier persona natural o jurídica, la cual deberá formularse por escrito ante el Consejo Seccional o Regional del Consejo Profesional de Ingeniería respectivo, correspondiente a la jurisdicción territorial del lugar en que se haya cometido el último acto constitutivo de la falta o en defecto de este, ante el Consejo Seccional o Regional geográficamente más cercano.

PAR. 1º—No obstante, en los casos de público conocimiento o hecho notorio y cuya gravedad lo amerite, a juicio de la Junta de Consejeros del Consejo Profesional Nacional respectivo, los Consejos Seccionales o Regionales deberán asumir la investigación disciplinaria de oficio.

PAR. 2º—La Asesoría Jurídica del Consejo Profesional de Ingeniería respectivo u oficina que haga sus veces, resolverá todos los casos de conflictos de competencias, decisión de única instancia y en contra de la cual no procederá recurso alguno.

“ART. 63.—Investigación preliminar. La investigación preliminar será adelantada por la respectiva Secretaría Seccional y no podrá excederse de sesenta (60) días, contados a partir de la fecha del auto que ordena la apertura de la investigación preliminar, durante los cuales se decretarán y practicarán las pruebas que el investigador considere pertinentes y que conduzcan a la comprobación de los hechos; las cuales podrán ser, entre otras, testimoniales, documentales, periciales, etc.

“ART. 64.—Fines de la indagación preliminar. La indagación preliminar tendrá como fines verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de falta disciplinaria e identificar o individualizar al profesional que presuntamente intervino en ella.

PAR.—Para el cumplimiento de los fines de la indagación preliminar, el funcionario competente hará uso de los medios de prueba legalmente reconocidos y podrá oír en versión libre y espontánea al profesional que considere necesario para determinar la individualización o identificación de los intervinientes en el hecho investigado.

“ART. 65.—Informe y calificación del mérito de la investigación preliminar. Terminada la etapa de investigación preliminar, la Secretaría Seccional o Regional procederá dentro de los diez (10) días hábiles siguientes, a rendir un informe al Presidente Seccional, para que este, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a su recibo, califique lo actuado mediante auto motivado, en el que se determinará si hay o no mérito para adelantar investigación formal disciplinaria contra el profesional disciplinado y en caso afirmativo, se le formulará con el mismo auto, el correspondiente pliego de cargos. Si no se encontrare mérito para seguir la actuación, el Presidente Seccional ordenará en la misma providencia el archivo del expediente, informando sucintamente la determinación a la Junta de Consejeros Seccional o Regional en la siguiente sesión ordinaria, para que quede consignado en el acta respectiva, comunicando la decisión adoptada al quejoso, a los profesionales involucrados y al Consejo Profesional Nacional respectivo.

“ART. 66.—Notificación pliego de cargos. La Secretaría Regional o Seccional, notificará personalmente el pliego de cargos al profesional inculpado. No obstante, de no poder efectuarse la notificación personal, se hará por edicto en los términos establecidos en el Código Contencioso Administrativo. Si transcurrido el término de la notificación por edicto, el inculpado no compareciere, se proveerá el nombramiento de un apoderado de oficio, de la lista de abogados inscritos ante el Consejo Seccional de la Judicatura correspondiente, con quien se continuará la actuación; designación que conllevará al abogado, las implicaciones y responsabilidades que la ley determina.

“ART. 67.—Traslado del pliego de cargos. Surtida la notificación, se dará traslado al profesional inculpado por el término improrrogable de diez (10) días hábiles, para presentar descargos, solicitar y aportar pruebas. Para tal efecto, el expediente permanecerá a su disposición en la Secretaría de la Seccional o Regional respectiva.

“ART. 68.—Etapa probatoria. Vencido el término de traslado, la Secretaría Seccional, decretará las pruebas solicitadas por el investigado y las demás que de oficio considere conducentes y pertinentes, mediante auto contra el cual no procede recurso alguno y el cual deberá ser comunicado al profesional disciplinado. El término probatorio será de sesenta (60) días.

“ART. 69.—Fallo de primera instancia. Vencido el término probatorio previsto, el Presidente Regional o Seccional, elaborará un proyecto de decisión, que se someterá a la consideración de la Junta de Consejeros Regionales o Seccionales, la cual podrá aceptarlo, aclararlo, modificarlo o revocarlo. Si la mayoría de los miembros asistentes a la sesión aprueban el proyecto de decisión, se adoptará la decisión propuesta mediante resolución motivada.

PAR.—Los salvamentos de voto respecto del fallo final, si los hay, deberán constar en el acta de la reunión respectiva.

(...)” (resaltado del despacho).

Es así, como de las normas relacionadas anteriormente, se observa que en la etapa de indagación o investigación preliminar se busca verificar si efectivamente se dio la conducta investigada y si la misma es constitutiva de falta disciplinaria y de igual manera identificar o individualizar al profesional que presuntamente incurrió en esa falta, es decir que la identificación de quien presuntamente cometió la falta hace parte de la investigación preliminar, la cual hace parte de la reserva de conformidad con el artículo 33 de la Ley 190 de 1995, al igual que los pliegos de cargos en cuya etapa se le corre traslado al profesional inculpado para que presente descargos, solicitar y aportar pruebas y una vez vencido este traslado se continúa con la etapa probatoria, en la cual se decretaran las pruebas mediante auto y su término probatorio será de sesenta (60) días.

En consecuencia, tanto los nombres de los investigados, como la copia del expediente correspondiente a la investigación disciplinaria, tienen el carácter de reserva, ahora bien, se debe establecer si el periodo probatorio ya se encuentra vencido, con el fin de dar aplicación a la sentencia de la Corte Constitucional quien condicionó a que la reserva se levantara si se practicaban las pruebas decretaras en la oportunidad legal o una vez expirado el término señalado para la investigación, que en este caso en particular es de sesenta (60) días.

De acuerdo al escrito presentado de traslado de la solicitud de insistencia, visible a folios 4, el auto de pruebas fue expedido el día 23 de junio de 2015, y el proceso se encuentra en etapa probatoria, la cual no ha culminado, situación reiterada en las respuestas proferidas a la Fundación Urbe Colombia, visible a folios 13 “... Lo anterior, por cuanto, de conformidad con el artículo 68 de la Ley 842 de 2003, el término de la etapa probatoria corresponde a 60 días, lo que significa si se ordenó apertura a pruebas desde el día 23 de junio de 2015, eso es, que dicho periodo vence el día 21 de septiembre de 2015, lo que de acuerdo a la sentencia citada de la Corte Constitucional, a dicha fecha se levantará la reserva (...)” y folios 14, 16 y 17, entonces se tienen que tal como lo estipula el artículo 68 de la Ley 842 de 2003, es a partir de la fecha en la cual se decretaron pruebas es decir, el 23 de junio de 2015, se cuenta el término de sesenta (60) días para el vencimiento de la etapa probatoria.

De lo anterior, se concluye que el término probatorio no ha vencido y en consecuencia, el carácter de reserva de los nombres de los investigados, que hacen parte de la investigación preliminar, los cargos formulados y las pruebas que conforman la totalidad del expediente correspondiente a la investigación disciplinaria, de la cual se está solicitando copia, no ha sido levantada, toda vez que el proceso se encuentra en periodo probatorio y el mismo no ha vencido, por lo cual no puede dar aplicación a la condición establecida por la Corte Constitucional en Sentencia C-038 de 1996, puesto que como ya se mencionó la etapa probatoria no ha vencido.

Por otro lado, aunque las veedurías cumplen funciones de control y vigilancia, las mismas están sujetas a las normas que limitan la divulgación e información y entrega de documentos con carácter de reserva. Así lo manifestó la Corte Constitucional en Sentencia T-146 de 2012, en acción de tutela instaurada por Juan Manuel Torres Muñoz, en representación de la Veeduría Ciudadana por Puerto Colombia contra Bancolombia S.A.

“El artículo 16 de la Ley 850 de 2003, establece que, “para lograr de manera ágil y oportuna sus objetivos y el cumplimiento de sus funciones, las veedurías podrán elevar ante las autoridades competentes derechos de petición, y ejercer ante los jueces de la República todas las acciones que siendo pertinentes consagran la Constitución y la ley”.

El aparte transcrito deja ver que el derecho de petición se presenta como el principal instrumento de acción con el que cuentan las veedurías ciudadanas para cumplir con su función fiscalizadora. Por esta razón, la Corte Constitucional ha establecido que el derecho de petición que la ley reconoce a las veedurías ciudadanas, tiene un mayor alcance que el que ejercen las personas particulares, por lo que están en la capacidad de obtener mayor información que los ciudadanos individualmente considerados(2).

Cabe aclarar que, en la Sentencia C-292 de 2003(3), al evaluar la constitucionalidad del artículo transcrito, esta Corporación consideró que el derecho a obtener información, que radica en cabeza de las veedurías ciudadanas, está sometido a los límites que le imponen la Constitución y la ley. Así mismo señaló que, ni las entidades del Estado, ni las organizaciones, ni los particulares, están en la obligación de suministrar a las veedurías ciudadanas cualquier información que legalmente esté sometida a reserva, dado que” [...] la función de vigilancia de las veedurías no puede desbordar su propósito y finalidad, para inquirir en aspectos que por regla general están sustraídos del alcance de terceros y en muchas ocasiones de las propias autoridades del Estado”.

Por lo tanto, aunque se reconoce a las veedurías el derecho de petición como herramienta fundamental para ejercer sus funciones, este no es un derecho absoluto, pues su ejercicio está sujeto a las normas que limitan la divulgación de documentos e información, declarándolos reservados”.

Así las cosas y en atención a las consideraciones expuestas, considera la Sala, bien denegada la solicitud de información del nombre de los investigados a quienes se les formularon cargos dentro de la investigación radicada ANT-PD-2014-00003 por parte del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería COPNIA Seccional Antioquia, y bien denegada la solicitud de expedición de copia del expediente de la actuación disciplinaria radicada ANT-PD-2014-00003.

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Administrativo de Antioquia - Sala Segunda de Oralidad,

RESUELVE:

1. Estímese bien denegada la solicitud de información del nombre de los investigados a quienes se les formularon cargos dentro de la investigación radicada ANT-PD-2014-00003 por parte del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería COPNIA Seccional Antioquia, por lo expuesto en la parte motiva.

2. Estímese bien denegada la solicitud de expedición de copia del expediente de la actuación disciplinaria radicada ANT-PD-2014-00003, por parte del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería COPNIA Seccional Antioquia, por lo expuesto en la parte motiva.

3. Una vez ejecutoriada esta decisión, comuníquese para lo de su competencia por la secretaria de la Corporación.

Esta providencia, se estudió y aprobó en Sala, según Acta Nº _____.

Notifíquese, cúmplase y devuélvase.

Magistrados: Beatriz Elena Jaramillo Muñoz—Gonzalo Javier Zambrano Velandia—Gloria María Gómez Montoya.

1 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Consejera Ponente: Susana Buitrago Valencia. 5 de noviembre de 2009. Radicación: 54001-23-31-000-2009-00269-01 (AC).

2 Sentencia T-690 de 2007. M.P. Nilson Pinilla Pinilla

3 M.P. Eduardo Montealegre Lynett