Tribunal de Arbitramento

Molinos del Cauca S.A. en liquidación

v.

Banca & Valores Consultores Financieros S.A.

Marzo 5 de 2007

LAUDO ARBITRAL

Bogotá, D.C., 5 de marzo de 2007.

1. CAPÍTULO PRIMERO

ANTECEDENTES DEL TRÁMITE ARBITRAL

1.1. El 30 de julio de 2007, la sociedad MOLINOS DEL CAUCA S.A. en liquidación (en adelante “MOLCAUCA”) celebró con la sociedad BANCA & VALORES CONSULTORES FINANCIEROS S.A. (en adelante “B&V”), una Modificación Compromiso suscrito entre Molinos del Cauca S.A. (en Liquidación Obligatoria) y Banca & Valores Consultores Financieros S.A. (en adelante el “Compromiso”).

1.2. En el texto del Compromiso, las partes manifiestan al director del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, la voluntad de someter a un tribunal de arbitramento independiente, las diferencias existentes entre las partes de acuerdo con las reglas de procedimiento que mutuamente han convenido para el efecto.

1.3. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 112 de la Ley 446 de 1998, recogido por el artículo 116 del Decreto 1818 de 1998 y en concordancia con lo establecido por el inciso 2º del artículo 118 del mismo decreto, este arbitraje es independiente; toda vez que las partes autónomamente han acordado las reglas de procedimiento aplicables a la solución del conflicto las cuales se encuentran señaladas en el Compromiso.

1.4. Según lo dispuesto en el numeral VI.2 del Compromiso, las partes solicitaron expresamente al Tribunal no celebrar audiencia de conciliación en torno a las diferencias que son materias de este trámite, por haber agotado ese intento infructuosamente, dando así lugar al presente proceso.

1.5. Teniendo en cuenta la Regla de Procedimiento Nº 4 del Compromiso, los apoderados de las partes presentaron verbalmente y por escrito una exposición de su caso.

2. CAPÍTULO SEGUNDO

EL PROCESO ARBITRAL

2.1. POSICIÓN PRESENTADA POR MOLINOS DEL CAUCA S.A. EN LIQUIDACIÓN.

2.1.1. SÍNTESIS DE LOS HECHOS EN QUE SE SUSTENTA LA POSICIÓN.

2.1.1.1. En desarrollo de su objeto social, MOLCAUCA efectuó sucesivas y continuas exportaciones de gritz de maíz con destino a la sociedad venezolana SNACKS, atendiendo a sus pedidos.

2.1.1.2. MOLCAUCA se vinculó con BANCA & VALORES desde el mes de abril de 2005 y hasta mayo del mismo año, desarrollando durante ese lapso varias operaciones de crédito en cuya virtud, periódicamente, esta le facilitaba a aquella fondos para su operación ordinaria, marco dentro del cual BANCA & VALORES le asignó a MOLCAUCA un cupo de crédito que ascendía a seiscientos cincuenta y cinco mil dólares (US$655.000).

2.1.1.3. En desarrollo de esas operaciones, y según lo convenido por las partes, MOLCAUCA entregaba a BANCA & VALORES copia de “las facturas” con el fin de evidenciar la realidad de la operación de venta al exterior, con cuyo importe, en su momento, se honrarían los compromisos de pago de los créditos así adquiridos. BANCA & VALORES liberaba a favor de MOLCAUCA sumas de dinero con cargo al cupo de crédito y, en respaldo de esos giros, MOLCAUCA le entregaba copia de “las facturas”.

2.1.1.4. Cada vez que SNACKS pagaba a MOLCAUCA el valor de una o varias de “las facturas”, conforme al procedimiento acordado entre BANCA & VALORES y MOLCAUCA, el importe de las mismas era consignado en la cuenta corriente de MOLCAUCA en Bancolombia y, a su turno, Bancolombia tenía la instrucción recibida de MOLCAUCA con antelación, de transferir el valor del pago, por el monto que se le indicara, a favor de BANCA & VALORES.

2.1.1.5. Entre BANCA & VALORES y MOLCAUCA no se convino ni se ejecutó una cesión de créditos, ni mucho menos se presentó el endoso en propiedad de ninguna de “las facturas”.

2.1.1.6. Lo que se convino y ejecutó a ciencia y paciencia de ambas partes es que copia de “las facturas” se utilizó, en todos los casos, para documentar el monto y la modalidad de las operaciones que tuvieron lugar entre los meses de abril y mayo de 2005, imponiendo MOLCAUCA, libre y voluntariamente su firma al respaldo de las aludidas copias, pero sin intención alguna de ceder créditos ni transferir propiedad por endoso en relación con el valor de “las facturas”.

2.1.1.7. Tan claro es lo anteriormente señalado en cuanto a que MOLCAUCA y BANCA & VALORES no obraron con la intención de transferir propiedad ni endosar crédito alguno la primera a la segunda, que MOLCAUCA sí celebró operaciones de cesión de crédito con otros intermediarios financieros, concretamente con la firma CREDIVALORES.

2.1.1.8. Según será demostrado en el proceso, MOLCAUCA endosó y/o cedió sus derechos económicos a favor de CREDIVALORES en relación con las Facturas de Venta 25849 del 6 de julio de 2005; 25852, 25854, 25855 del 7 de julio de 2005.

2.1.1.9. Todas y cada una de estas facturas fueron entregadas en propiedad a CREDIVALORES por medio de notas de cesión impuestas en el anverso de cada documento con la siguiente leyenda, que en todos los casos lleva sobrepuesta firma y huella del representante legal de MOLCAUCA, y que son del siguiente tenor:

“Endosamos y/o cedemos los derechos económicos sobre la presente factura en favor de Credivalores S.A. (NIT 805.027.006-1) sociedad en cuyo favor debe realizarse el pago”.

2.1.1.10. El endoso y/o cesión de créditos convenido entre MOLCAUCA y CREDIVALORES en relación con las precitadas facturas fue puesto en conocimiento del deudor cedido, Frito Lay Colombia Ltda., tal como consta en las comunicaciones con acuse de recibo que se dirigieron a esta última, en las cuales se indica, claramente, que el pago debía verificarse a favor de CREDIVALORES y en su cuenta corriente de Bancolombia. (En su conjunto Prueba Documental Nº 1).

2.1.1.11. Porque era plenamente consciente del tipo de operación que estaba realizando con CREDIVALORES, MOLCAUCA notificó la cesión o transferencia del derecho de crédito sobre estas facturas a Frito Lay Colombia Ltda., mediante nota que se transcribe en lo pertinente, por la importancia de las declaraciones que contiene:

“El suscrito, LUIS GERMÁN OSORNO CALERO, (...) en mi calidad de representante legal de la sociedad MOLINOS DEL CAUCA S.A., con fundamento en el artículo 1959 del Código Civil y en las normas pertinentes del Código de Comercio, por medio de la presente me permito NOTIFICAR a esa compañía, la cesión de los derechos de crédito (económicos, activos o de cobro) y/o el endoso de las FACTURAS CAMBIARIAS DE COMPRAVENTA y/o FACTURAS DE VENTA que se listan y se describen en el “anexo I” que se adjunta a esta comunicación y hace parte de la misma.

“La mencionada cesión de créditos o derechos económicos y/o endoso de facturas se hace a favor de CREDIVALORES S.A. (...) En consecuencia los pagos de los valores contenidos en las facturas previamente descritas, deberán efectuarse directamente a favor y a la orden de CREDIVALORES (...) en las fechas de vencimiento acordadas en cada una y/o en cualquier caso cuando quiera que se produzca el pago.

“Declaro expresamente que dichos créditos aún se encuentran sin cancelar y por tanto, MOLINOS DEL CAUCA S.A., asume toda la responsabilidad que frente al cesionario se llegare a producir si el crédito ya se encontrare pagado al momento de la notificación al deudor cedido de dicha cesión.

“Es claro para las partes que la presente Cesión de Derechos y/o Endoso de Facturas, comprende los títulos valores relacionados y en defecto de los mismos, los derechos al pago derivados de la relación comercial entre MOLINOS DEL CAUCA S.A., y FRITO LAY COLOMBIA LTDA.

“La cesión de derechos o endoso de facturas de que trata este documento se perfecciona con la sola notificación o entrega, según lo establecido por el artículo 1960 del Código Civil y 651 del Código de Comercio”.

2.1.1.12. Por su parte, el 25 de julio de 2005 (Prueba Documental Nº 2), CREDIVALORES volvió a notificar a FRITO LAY COLOMBIA sobre la operación realizada con MOLCAUCA. Con el fin de demostrar las sustanciales diferencias existentes entre las operaciones que tuvieron lugar entre MOLCAUCA y CREDIVALORES, por contraste con las celebradas entre MOLCAUCA y BANCA & VALORES, se transcribe, en lo pertinente, la nota cursada por el representante legal de CREDIVALORES al de FRITO LAY COLOMBIA:

“El mencionado endoso y/o cesión lo ha hecho MOLINOS DEL CAUCA S.A. NIT 817.000.856-1, a favor de de (sic) mi representada CREDIVALORES S.A. (...), tal y como consta al dorso de cada una de las citadas facturas que nos fueron física y materialmente entregadas a mi representada, en cumplimiento de las normas aplicables. Igualmente, dicho endoso y/o cesión fue notificada a su compañía por MOLINOS DEL CAUCA S.A. mediante comunicación escrita enviada mediante correo certificado de DEPRISA el 14 de Julio de 2005, guía número 139926166, confirmada posteriormente por MOLINOS DEL CAUDA (sic) S.A. y CREDIVALORES S.A.

“En consecuencia, todos y cada uno de los pagos de los valores contenidos en las facturas descritas en el anexo I, deberán efectuarse directa y únicamente a mi representada CREDIVALORES (...) como acreedora actual de los créditos incorporados en los mismos, en virtud de la calidad de endosataria en propiedad y tenedora legítima de tales facturas (al tenor del art. 647 del Código de Comercio) y cesionaria en propiedad de los derechos incorporados en las respectivas facturas (al tenor del art. 1959 del Código Civil).

(…)

“El endoso y/o la cesión de derechos de las facturas de que trata esta reiteración de notificación ha quedado perfeccionada con la sola notificación o entrega, según lo establecido por el artículo 1.960 del Código Civil y 651 del Código de Comercio, sin que se requiera la aceptación de FRITO LAY COLOMBIA LTDA.”.

2.1.1.13. El día 29 de julio de 2005 (Prueba Documental Nº 3), por decisión de sus entonces administradores, MOLCAUCA solicitó ante la Superintendencia de Sociedades la iniciación de un proceso de reestructuración de pasivos de los previstos en la Ley 550 de 1999. Esta solicitud fue aceptada por medio de Auto del 5 de agosto de 2005. (Prueba Documental Nº 4).

2.1.1.14. En la memoria de acreencias que conforme a la disposición legal anteriormente citada le correspondía a MOLCAUCA allegar con la solicitud en cuestión (Prueba Documental Nº 5), se incluyó un pasivo a cargo de SNACKS y a favor de MOLCAUCA según consta en los estados financieros de esa empresa con corte junio 30 de 2005. Como obvia contrapartida, en la cuenta del pasivo se incluyó a BANCA & VALORES como acreedor de MOLCAUCA.

2.1.1.15. Al concurrir a la audiencia de determinación de acreencias y derechos de voto propia del trámite previsto en la Ley 550 de 1999, que tuvo lugar el día 5 de diciembre de 2005, tal como consta en el acta respectiva (Prueba Documental Nº 6) BANCA & VALORES aparece como acreedor externo de MOLCAUCA por la suma de mil trescientos cincuenta y cuatro millones ochocientos sesenta y un mil cuatrocientos treinta y nueve pesos ($1.354’861.439), valor reconocido como monto de su acreencia y al cual se le asignó un coeficiente de voto del 1.62% dentro de la masa de acreedores de MOLCAUCA.

2.1.1.16. En dicha oportunidad, quien se presentó como vocero de BANCA & VALORES, doctor Julio Arenas, no objetó la inclusión de esa sociedad dentro de la masa de acreedores de MOLCAUCA, como tampoco objetó la inclusión dentro de los activos de MOLCAUCA del importe de las facturas que son materia de este proceso. Su actuación se limitó a sentar unas constancias de las cuales da fe el acta respectiva, pero ninguna de las cuales constituye la objeción que conforme al trámite de Ley 550 ha debido proponerse, tramitarse y resolverse en esa oportunidad o mediante el procedimiento prevenido por el artículo 26 de esa ley, si su propósito estaba orientado en procura de excluir el valor de las facturas, tanto en el activo como en el pasivo de MOLCAUCA. Lo anterior, porque la determinación de los derechos de voto se establece con apoyo en la relación certificada de acreedores y acreencias suministrada al promotor.

2.1.1.17. La constancia a que se refiere el hecho anterior coincide con lo expresado por BANCA & VALORES en la misiva que en la misma fecha de la audiencia dirigió a la Superintendencia de Sociedades. En lo pertinente, reza el texto del acta:

“... Hace la lectura del documento, donde explican la situación de Banca y Valores donde argumentan que tienen pruebas de endoso de facturas por cobrar de Molinos de Cauca a Snack América Latina por lo que ellos no se consideran acreedores de Molinos del Cauca y no deben participar del acuerdo ya que ejercerán las instancias legales para reclamar sus derechos. Preguntado por el promotor si desea realizar objeción a los derechos a voto, el Dr. Arenas responde que lo presentado es única y exclusivamente una constancia”.

Más adelante, señala esa misma acta como manifestación del promotor:

“... el promotor manifiesta su posición frente a la constancia de Banca y Valores en los siguientes términos:

“1. Deja de presente en forma expresa el rechazo a la constancia realizada por Banca y Valores por los términos de esta y las inexactitudes en ella presentadas.

“2. Es claro para la audiencia que el vocero de esta sociedad no presentó objeción y solo fue una constancia.

“3. Que Banca y Valores ha manifestado su decisión de hacer valer el endoso a través de la justicia ordinaria y no son parte del acuerdo de Molinos del Cauca.

“4. En ese orden de ideas y con el fin de proteger los derechos de esa sociedad, en caso de que fracase ante los jueces, se le incluye como contingente, se retira de lo derechos a voto y estos se recalculan.

“5. El promotor pregunta a todos los asistentes si existe alguien que no esté de acuerdo con la decisión tomada. Ninguno de los acreedores se manifiesta en contrario”.

2.1.1.18. En la comunicación fechada el 5 de diciembre de 2005 (Prueba Documental Nº 7), a que se hizo anterior referencia y que BANCA & VALORES le dirigió al Promotor designado por la Superintendencia de Sociedades dentro del trámite de Ley 550, que fuera leída en el curso de la reunión de determinación de derechos de voto, el representante legal de BANCA & VALORES afirmó, entre otras cosas que tienen relación con este litigio: i) que las operaciones convenidas entre BANCA & VALORES y MOLCAUCA correspondieron al endoso “en propiedad” de cierto número de facturas a cargo de SNACKS; ii) que en virtud de esa operación, SNACKS giraba el valor de cada operación “... directamente a la cuenta de Banca & Valores, completándose así la transacción ...”; iii) que repentinamente SNACKS suspendió los pagos a que estaba obligado argumentando dificultades con MOLCAUCA y desconociendo que “... por tratarse de una operación de venta de cartera en firme, no tendría porqué (sic) oponer excepciones que solo procederían contra el endosante de la factura”; iv) que una vez admitida MOLCAUCA al trámite de Ley 550, pudo constatarse que su contabilidad registraba en el activo las cuentas por cobrar a SNACKS, mismas que habían sido objeto, en opinión de BANCA & VALORES, de una venta en firme; v) que ante la visible adulteración de los estados financieros de MOLCAUCA, la conducta del promotor era inexcusable, máxime cuando la propia revisoría fiscal de esa empresa, mediante constancia del 25 de octubre de 2005, certificó que las 28 facturas que son materia de este proceso habían sido endosadas a favor de BANCA & VALORES, antes de iniciarse el trámite de Ley 550.

2.1.1.19. El 26 de diciembre de 2005 (Prueba Documental Nº 8), BANCA & VALORES se dirigió a SNACKS con el doble objeto de hacer claridad a esa empresa sobre la realidad y la mecánica de las operaciones convenidas entre BANCA & VALORES y MOLCAUCA y de “... reiterar [a SNACKS] la notificación del endoso de las mencionadas facturas, endoso que ya ha sido dado a conocer por diversos medios ...”.

2.1.1.20. En la comunicación a la cual se hace referencia, BANCA & VALORES señala y reconoce: i) que el pago del valor de las facturas a cargo de SNACKS y a favor de MOLCAUCA no se hacía directamente a la cuenta de BANCA & VALORES como se le había informado al promotor de MOLCAUCA, sino por conducto de la cuenta de esta última en Bancolombia; ii) que era SNACKS y no MOLCAUCA la que adeudaba a BANCA & VALORES, para esa fecha, la suma de US$ 587.181; iii) que BANCA & VALORES le había aprobado a MOLCAUCA “... un cupo de crédito hasta por la suma de US$ 655.000”; iv) que pese a que el endoso de las facturas se había realizado antes de su vencimiento, no se había notificado al deudor cedido, no solo porque tal conducta “... no es necesaria para que sea válida [la cesión] entre cedente y cesionario y mucho menos tratándose del endoso de títulos valores...”, sino también porque, por tratarse del endoso de facturas pagaderas en moneda extranjera, su monetización forzosamente debía hacerse a nombre del exportador (MOLCAUCA) “... para cumplir con las normas que regulan las operaciones de cambio en este país”.

2.1.1.21. De igual manera en la misiva de 26 de diciembre de 2005, BANCA & VALORES le exigió a SNACKS que ante la suspensión de transacciones que es consecuencia del trámite de Ley 550, los pagos de las 28 facturas pendientes debían hacerse a favor suyo en forma directa, por ser SNACKS “... la fuente original del pago”.

2.1.1.22. El 11 de enero de 2006 (Prueba Documental Nº 9), BANCA & VALORES se dirigió al Superintendente de Sociedades para ponerle de presente su propia versión de lo sucedido con MOLCAUCA. A ese propósito, en la misiva que se analiza se reseña que entre BANCA & VALORES y MOLCAUCA tuvieron lugar “... una serie de operaciones de compraventa de cartera de Molcauca, operaciones que estructuramos sobre la base del endoso en propiedad de facturas cambiarias de compraventa, cuyo pagador es la multinacional SNACKS AMÉRICA LATINA VENEZUELA S.R.L.”.

También se señala en dicha comunicación:

“... nos hemos encontrado con la sorpresa de que las facturas que se endosaron en propiedad a favor nuestro se han seguido registrando en la contabilidad de MOLCAUCA como un activo (Cuentas x Cobrar) a pesar de haberse contabilizado igualmente el ingreso por la venta de dichos activos, en el momento en que se realizaron las operaciones antes mencionadas”.

2.1.1.23. El 3 de febrero de 2006 (Prueba Documental Nº 10), el representante legal de BANCA & VALORES se dirigió a la Superintendencia de Sociedades (Oficina de Acuerdos de Reestructuración), para presentarle similar resumen al contenido en la comunicación de diciembre 26 de 2005, sobre la naturaleza y mecánica de las operaciones que tuvieron lugar entre MOLCAUCA y BANCA & VALORES, imputando al Promotor de aquella cierta negligencia por no acceder a las peticiones de BANCA & VALORES y por hacer prevalecer sobre esa aspiración el argumento, a todas luces inaceptable para BANCA & VALORES, según el cual, si los registros contables de MOLCAUCA señalan que las facturas en debate forman parte del activo de esta, no procede reconocer que BANCA & VALORES tenga una posición de privilegio frente a SNACKS y por ende se encuentre legitimada para solicitar directamente de ella el pago de las aludidas facturas.

2.1.1.24. En refuerzo de su argumentación, BANCA & VALORES señala en esa comunicación:

“Por lo anterior, queremos dejar constancia de que BANVALORES no es, en estricto sentido, un acreedor de MOLCAUCA, y es que no puede serlo dado que no celebró con esta empresa una operación de crédito sino un contrato de compraventa de cartera (1)

2.1.1.25. El 10 de febrero de 2006 (Prueba Documental Nº 11), SNACKS se dirigió a la Superintendencia de Sociedades en relación con el asunto materia de este análisis, con el fin de explicarle cuál era su posición sobre los requerimientos que le venía haciendo BANCA & VALORES para el pago del valor de las facturas, requerimientos que ya se analizaron.

2.1.1.26. Esta comunicación contiene precisiones de la mayor importancia sobre la manera como esa sociedad, pretendido deudor cedido, valoraba la situación que se estaba presentando entre MOLCAUCA y BANCA & VALORES. En lo más relevante esta comunicación indica:

“SAL (2)

(…).

“SAL no ha efectuado pago alguno a Banca & Valores, directa o indirectamente, ni ha recibido de Molcauca S.A. instrucción alguna de pagar a Banca & Valores las sumas que SAL adeuda a Molcauca”.

(…).

“SAL no fue notificada de cesión alguna a favor de Banca & Valores o de terceros de las deudas que SAL tiene para con Molcauca ni recibió instrucción alguna de pagar a terceros diferentes de Molcauca S.A. Las facturas de SAL no son títulos valores y por ende no son negociables por endoso. Por ello, reiteramos, la obligación de SAL es para con Molcauca S.A. y así lo reflejan los registros contables de las dos sociedades”.

2.1.1.27. En respuesta al requerimiento que la Superintendencia de Sociedades hizo al Promotor de MOLCAUCA para que este fijara su posición sobre los varios requerimientos de BANCA & VALORES (Prueba Documental Nº 12) y se clarificara su titularidad en relación con las facturas, este, por medio de comunicación del 20 de febrero de 2006, precisó varios aspectos que también son de interés para los fines del presente proceso, así: i) se reiteró el Promotor en que los créditos a cargo de SNACKS figuraban en las cuentas por cobrar de MOLCAUCA para la fecha en que se promovió el acuerdo de reestructuración de Ley 550 de 1999; ii) indicó, respecto de la certificación expedida por el Revisor Fiscal, que se adjuntó a la comunicación de BANCA & VALORES, fechada el 25 de octubre de 2005 (Prueba Documental Nº 13), que la misma era contradictoria por cuanto, con fecha 16 de noviembre de 2005 (Prueba Documental Nº 14), dicho Revisor expidió otra certificación en la que dijo “dar alcance” a la primera certificación “... para complementarla con la fecha de endoso en garantía de dichos documentos a favor de Banca & Valores, la cual queda así ...” (Negrillas ajenas al texto original);

2.1.1.28. Es de anotar, como puede deducirse de su contenido, que la constancia de noviembre 16 de 2005 (Ver Prueba Documental Nº 14) precisó la clase de endoso impuesto sobre las copias de las facturas, que era en garantía, que no en propiedad como BANCA & VALORES pretende que se entienda al esgrimir la supuesta compra de cartera y ofrecer en prueba de ello la constancia del revisor fiscal de MOLCAUCA fechada el 25 de octubre de 2005 (Ver Prueba Documental Nº 13);

2.1.1.29. Dentro del trámite de Ley 550 de 1999, el 6 de abril de 2006 el Promotor de MOLCAUCA informó a la Superintendencia de Sociedades que ninguno de los proyectos de acuerdo de reestructuración obtuvo la votación requerida para su aprobación (Prueba Documental Nº 15), motivo por el cual el 7 de los mismos mes y año se abrió a trámite el proceso de liquidación obligatoria de MOLCAUCA, en los términos de la Ley 222 de 1995 (Prueba Documental Nº 16);

2.1.1.30. El numeral sexto del auto de apertura al trámite de liquidación de MOLCAUCA señala:

“PREVENIR a los deudores de la mencionada sociedad, que los pagos por concepto de obligaciones, solo podrán efectuarse al liquidador y que será inoponible el pago hecho a persona distinta y a los que tengan negocios con ella, inclusive procesos pendientes y que solo pueden entenderse con este para todos los efectos legales”.

2.1.1.31. El 11 de abril de 2006, en cumplimiento de los trámites de ley, la Superintendencia de Sociedades ordenó la fijación de un Edicto Emplazatorio a todos los acreedores de MOLCAUCA con el fin de que los interesados concurrieran al trámite de liquidación obligatoria de esa empresa.

2.1.1.32. De igual manera y en desarrollo de ese trámite, la Superintendencia de Sociedades ordenó al entonces Gerente Financiero de MOLCAUCA que presentara un informe de cartera que el liquidador incluyó en el Inventario de Bienes de esa empresa, radicado ante la Superintendencia de Sociedades el 3 de mayo de 2006, el cual fuera aprobado por medio de autos fechados los días 15 y 19 de mayo de 2006. (En su conjunto Prueba Documental Nº 17).

2.1.1.33. El 19 de mayo de 2006 la Superintendencia de Sociedades, que para entonces cumplía las funciones de la Junta Asesora del Liquidador, aprobó parcialmente el Inventario de Bienes de la fallida y ordenó al liquidador que informara a esa entidad sobre las acciones que hubiera emprendido “... para el cobro de las obligaciones a favor de la deudora, a que se refiere el rubro deudores ...”. Por medio de esa misma providencia, la Superintendencia de Sociedades le ordenó al liquidador, dentro del término de los tres días siguientes al de ejecutoria de ese proveído “... remitir una relación completa y actualizada de los deudores, con indicación de, nombre, domicilio, dirección de cada uno, valor y número de factura ...” (En su conjunto Prueba Documental Nº 18).

2.1.1.34. Como es sabido, por tratarse la liquidación obligatoria de un trámite judicial a cargo de la Superintendencia de Sociedades, es carga para todos los acreedores la de presentar los créditos que pretendan hacer valer, en la forma y tiempo debidos, independientemente de que tales acreedores hayan intervenido en el trámite administrativo de la reestructuración de pasivos.

2.1.1.35. En el Auto de Graduación y Calificación de Créditos de fecha 1º de junio de 2007 (Prueba Documental Nº 19), se señala que el 26 de mayo de 2006 precluyó la oportunidad legal para que los acreedores de MOLCAUCA presentaran prueba siquiera sumaria de los créditos a su favor, sin que en esa providencia conste que BANCA & VALORES haya concurrido a ese proceso universal con el fin de hacer valer los suyos. BANCA & VALORES, por decisión propia, no satisfizo esa carga pudiendo hacerlo.

2.1.1.36. Lo anterior indica con toda claridad, que las aspiraciones de BANCA & VALORES en este proceso, no son otras que las de obtener una posición de privilegio que no le corresponde en relación con los restantes acreedores de la fallida MOLCAUCA, pues su posición ante el trámite de Ley 550 y ante la sobreviviente liquidación obligatoria de mi representada, no podía ser distinta a la de someterse a tales procedimientos reglados por la ley y que ciertamente no permiten a ningún acreedor sustraerse a sus trámites y etapas.

2.1.1.37. BANCA & VALORES inició acciones judiciales contra SNACKS para obtener, por esa vía, el cobro coactivo del importe de las facturas.

2.1.1.38. A ese propósito, en el mes de agosto de 2006 MOLCAUCA (sic) presentó ante el Reparto del Circuito Civil de la ciudad de Cali, una demanda ejecutiva en contra de la sociedad venezolana Snacks América Latina SRL (SNACKS) (Prueba Documental Nº 20), con el fin de obtener, por esa vía, el pago del valor de las 28 facturas que hoy son materia de este proceso.

2.1.1.39. Dentro de los fundamentos fácticos de esa demanda (hecho 2 de la misma), BANCA & VALORES señala que las facturas al cobro las aportaba en original, lo cual no es ajustado a la realidad, y que las mismas habían sido aceptadas por SNACKS, lo cual tampoco es cierto por la potísima razón de no constar objetivamente ello en el texto del documento esgrimido como título.

2.1.1.40. Enseguida se indica (hecho 3) que MOLCAUCA cedió a BANCA & VALORES los derechos de crédito contenidos en las facturas que son materia de este proceso, a título de compraventa, aseveración que dista en mucho de las que reiteradamente ha formulado para procurar el cobro de dichas facturas, calificando la operación, en ocasiones como de cesión de crédito, en otras oportunidades como de endoso de facturas cambiarias de compraventa y, dentro de este género, en algunas oportunidades se ha referido a endoso en garantía y en otras a endoso en propiedad. Otras veces ha señalado que lo que ocurrió entre BANCA & VALORES y MOLCAUCA es que la primera le otorgó a la segunda un cupo de crédito. De hecho, el cuarto fundamento fáctico de la demanda señala que lo ocurrido fue un endoso en propiedad. En otras ocasiones, BANCA & VALORES ha sostenido que las que realizó con MOLCAUCA fueron operaciones de descuento.

2.1.1.41. Según el hecho séptimo de la demanda, el 26 de diciembre de 2005 (Ver Prueba Documental Nº 21) BANCA & VALORES notificó de la pretendida cesión de créditos al deudor cedido, SNACKS, quien le respondió por medio de comunicación del 17 de enero de 2006.

2.1.1.42. Sobre lo indicado en el hecho anterior, sea lo primero decir, con todo respeto, que la citada comunicación del 26 de diciembre de 2005, cuando BANCA & VALORES ya había hecho dejación de sus derechos como acreedor de MOLCAUCA en el trámite de Ley 550, no solo no es una notificación de la cesión de un crédito, sino un alegato de parte, que además no cumple con el mandato del artículo 1961 del Código Civil que prescribe que la notificación de la cesión debe hacerse con exhibición del título.

2.1.1.43. De lo anterior se sigue, como es apenas lógico, que la nota de SNACKS a BANCA & VALORES fechada el 17 de enero de 2006 (Prueba Documental Nº 22), no es, ni mucho menos, una aceptación de cesión de crédito. Por el contrario, señala SNACKS en lo pertinente:

“El hecho de que Molcauca haya entrado —bajo las leyes de la República de Colombia— en un proceso de reestructuración económica no altera, en modo alguno, las relaciones jurídicas y comerciales que de tiempo atrás viene sosteniendo Molcauca con distintas personas naturales y jurídicas. En desarrollo de ello, las relaciones entre Snacks América Latina Venezuela S.R.L. y Molcauca son independientes y autónomas con respecto a cualquier otra relación de Molcauca con cualquier tercero, incluido Banca & Valores.

“En ese orden de ideas, es el conjunto de acreedores de Molcauca quien tiene un derecho consolidado sobre las deudas que Snacks América Latina Venezuela S.R.L. tiene o llegue a tener con aquella y, por lo tanto, efectuar algún desembolso —por cuenta de Molcauca— implicaría un desconocimiento no solo de la delicada situación financiera por lo que Molcauca está atravesando, sino de la normatividad colombiana que regula los procesos de reestructuración económica. Incluso efectuar un pago tal y como ustedes lo sugieren podría implicar una doble erogación de nuestra parte que obviamente no estamos dispuestos a realizar”.

2.1.1.44. Resulta claro que la referencia que en los hechos de la demanda se hace a la nota anteriormente transcrita, que BANCA & VALORES presentó al Juez de Circuito de Cali como aceptación de la cesión del crédito, no corresponde, ni por asomo, a la exigencia legal para tal acto; solamente pone en evidencia la tergiversación conveniente de su contenido para legitimar su actuación a contrapelo de la ley.

2.1.1.45. En igual sentido, el 10 de febrero de 2006 (ver hecho 26 de este escrito), SNACKS hubo de puntualizar su posición en la forma como quedó dicho en tal hecho y como fue documentado mediante la Prueba Documental Nº 11.

2.1.1.46. El recuento fáctico contenido en la demanda rememora cómo el 24 de enero de 2006, BANCA & VALORES le formuló a SNACKS uno de muchos requerimientos extrajudiciales de pago, aludiendo en esa oportunidad que SNACKS no podía negarse al pago a favor de BANCA & VALORES, lo que sería tanto como desconocer que “... las facturas fueron cedidas por la sociedad MOLINOS DEL CAUCA S.A. cumpliendo todos los requisitos señalados por las leyes colombianas”.

2.1.1.47. En el hecho 16 de la demanda ejecutiva contra SNACKS, BANCA & VALORES califica a las facturas como un “TÍTULO EJECUTIVO CONTRACTUAL”, pese a lo cual no exhibe ningún contrato en apoyo de esa afirmación.

2.1.1.48. La denominada proyección de los hechos de la demanda ejecutiva, contenida en el literal A) posterior al hecho 16 de la misma, se refiere a que SNACKS habría aceptado las facturas, lo cual se aleja completamente de la realidad, y pasa a calificarlas, en esta oportunidad, como un “TÍTULO EJECUTIVO COMPLEJO”.

2.1.1.49. A la demanda ejecutiva de BANCA & VALORES contra SNACKS, que le correspondió al Juzgado 14 Civil del Circuito de la ciudad de Cali, se le imprimió el trámite de ley, en cuyo desarrollo se libró mandamiento ejecutivo y se decretó la práctica de medidas cautelares en contra de la demandada.

2.1.1.50. Por conducto de apoderado judicial, la parte demandada promovió recurso de reposición, que le fuera negado, contra el mandamiento de pago, según providencia del 20 de noviembre de 2006.

2.1.1.51. SNACKS propuso excepciones previas y de mérito contra el mandamiento de pago librado en su contra las cuales, en lo esencial, perseguían demostrar que entre BANCA & VALORES y SNACKS no existió ninguna relación negocial ni mucho menos SNACKS había aceptado cesión de ningún crédito ni le había sido notificada.

2.1.1.52. El 28 de noviembre de 2006 los asesores jurídicos de BANCA & VALORES se dirigieron por escrito a los de SNACKS (Prueba Documental Nº 23), para insistir, por última vez sostenía BANCA & VALORES, en la posibilidad del pago directo, habida cuenta de que ante la claridad del auto confirmatorio del mandamiento de pago “... en cuanto a que BANCA & VALORES es efectivamente la actual poseedora del crédito y de los títulos en que este se incorpora —circunstancia que la legítima para cobrar de manera privativa las obligaciones en cuestión—”.

2.1.1.53. En el interregno, BANCA & VALORES no cejó en su empeño de buscar el cobro de la deuda por todos los medios, no solo los judiciales que se vienen mencionando, sino también los extrajudiciales, concretamente frente a la Superintendencia de Sociedades, ante la cual continuó radicando peticiones con ese fin, y ante el mismo SNACKS.

2.1.1.54. En efecto, el 15 de agosto de 2006 (Prueba Documental Nº 24), BANCA & VALORES se dirigió a SNACKS para ponerla al tanto de las providencias judiciales que a la fecha se habían proferido por parte del Juzgado 14 Civil del Circuito de Cali y la invitó a realizar el pago directamente.

2.1.1.55. Este requerimiento motivó la intervención de los asesores jurídicos de SNACKS, quienes el 30 de agosto se dirigieron a la Superintendencia de Sociedades (Prueba Documental Nº 25) para informar a esa entidad sobre tales requerimientos y evitar que a SNACKS se le ordenará un doble pago, el que pretendía BANCA & VALORES y aquel a que estaba obligado dentro del trámite de la liquidación obligatoria de MOLCAUCA.

2.1.1.56. A su turno, la Superintendencia de Sociedades puso en traslado al liquidador de MOLCAUCA sobre esta manifestación de los asesores jurídicos de SNACKS, y el liquidador se pronunció sobre la misma por medio de escrito del 20 de septiembre de 2006 (Prueba Documental Nº 26), solicitando a esa autoridad pronunciarse sobre el doble cobro que estaba afrontando SNACKS y ordenarle a esa compañía que hiciera el respectivo pago a órdenes del Juzgado 14 Civil del Circuito de Cali para que este, a su turno, lo remitiera a la liquidación obligatoria de MOLCAUCA.

2.1.1.57. La Superintendencia de Sociedades rechazó esa solicitud del liquidador (Prueba Documental Nº 27), por estarle vedado invadir la órbita judicial. Así consta en el anunciado auto que data del 5 de octubre de 2006.

2.1.1.58. El 7 de diciembre de 2006 (Prueba Documental Nº 28), SNACKS convocó tanto a BANCA & VALORES como a MOLCAUCA a una audiencia de conciliación prejudicial con el fin de dirimir las diferencias que para la época ya ventilaba, no solo con BANCA & VALORES que la había demandado en proceso ejecutivo, sino también con mi representada, que le exige el pago de sus acreencias en el ámbito de la liquidación forzosa administrativa a que está sujeta en la actualidad.

2.1.1.59. Previamente a suscribir cualquier acuerdo conciliatorio, BANCA & VALORES y MOLCAUCA se dieron a la tarea de obtener las correspondientes autorizaciones, e inclusive, en compañía de SNACKS, concurrieron a la reunión de Junta Asesora del Liquidador de MOLCAUCA que tuvo lugar el día 13 de marzo de 2007, reunión en cuya acta consta la fijación de las posiciones de cada una de las partes (Prueba Documental Nº 28 A). Al fijar su posición por conducto de su asesor jurídico, el doctor Diego Suárez, BANCA & VALORES señaló:

“... que la empresa que representa [BANCA & VALORES] es una asesora de servicios financieros que durante meses atrás al intento del acuerdo de reestructuración celebraba operaciones con Molinos del Cauca, operaciones que consistían en descuentos de facturas (...) y que la operación se realizaba a través de endosos de facturas en copia, ya que el original de las facturas se envía con los documentos de exportación...”.

2.1.1.60. En desarrollo de esa solicitud y luego de obtener las correspondientes autorizaciones, MOLCAUCA y BANCA & VALORES suscribieron un Acta de Conciliación el 12 de abril de 2007 (Prueba Documental Nº 29), por medio de la cual acordaron someter sus diferencias al conocimiento y decisión del Tribunal de Arbitramento que ustedes integran.

2.1.1.61. En desarrollo del citado Acuerdo Conciliatorio, el día 14 de mayo de 2007 constituyeron el Contrato de Encargo Fiduciario Mercantil Irrevocable de Administración de Recursos del cual da cuenta el anexo Nº 1 de esta demanda y de igual manera suscribieron un Acta de Cumplimiento de lo acordado el 12 de abril de 2007 (Prueba Documental Nº 30) y en el que está depositada la sumatoria de las 28 facturas que son materia de este proceso, valor que deberá girarse en atención a lo que se resuelva en el laudo que ponga fin al presente proceso.

2.1.2. PRETENSIÓN

La pretensión de MOLCAUCA es la siguiente:

MOLCAUCA solicita al Tribunal, de la manera más respetuosa, que en el laudo que ponga fin a este proceso se tome en cuenta —de acuerdo con el Contrato de Encargo Fiduciario Mercantil Irrevocable de Administración de Recursos (anexo Nº 1) suscrito entre Fiduciaria Corficolombiana y las partes— se disponga que el valor de capital de “las facturas”, depositado ante esa entidad fiduciaria, junto con sus rendimientos, sea entregado a MOLCAUCA.

Lo anterior, teniendo en cuenta tanto el objeto del precitado contrato de fiducia, como el ordinal 3º de la cláusula tercera “Finalidades del encargo”, que es del siguiente tenor:

“... FINALIDADES DEL ENCARGO:

“... 3. Que LA FIDUCIARIA gire a LOS BENEFICIARIOS dichos recursos junto con los rendimientos, una vez le sea entregada la primera copia auténtica del laudo o de la providencia con constancia de ejecutoria y notificación, referidos en la cláusula segunda”.

2.2. POSICIÓN PRESENTADA POR BANCA & VALORES S.A.

2.2.1. SÍNTESIS DE LOS HECHOS EN QUE SE SUSTENTA LA POSICIÓN.

2.2.1.1. La sociedad colombiana MOLINOS DEL CAUCA S.A., hoy en liquidación obligatoria (en adelante MOLCAUCA), en desarrollo de su objeto social celebraba con SNACKS AMÉRICA LATINA VENEZUELA, S.R.L. (en adelante SNACKS), operaciones de venta, vía exportación, del producto conocido como gritz de maíz. Para estos efectos generaba la factura correspondiente a cada exportación y enviaba a su compradora en Venezuela un ejemplar de la misma junto con todos los demás documentos relacionados con la exportación.

En Colombia MOLCAUCA daba cumplimiento a los requisitos legales para realizar exportaciones, radicando el registro de exportación, generándose en consecuencia la apertura de la correspondiente cuenta de cambios ante la DIAN, la cual solo se cerraba una vez se acreditaba ante esa entidad oficial el ingreso de las divisas correspondientes al pago de la exportación por parte del comprador SNACKS.

La monetización de las divisas derivadas de cada exportación era canalizada a través de BANCOLOMBIA como intermediario autorizado del mercado cambiario, cerrándose así el ciclo de la operación tanto desde el punto de vista económico y legal, como desde el punto de vista fiscal (control de cambios).

2.2.1.2. Realizada la exportación, y mientras SNACKS cumplía con su obligación de pago según los términos previstos, MOLCAUCA conservaba en su poder como prueba de la exportación realizada, y por tanto como instrumento para el cobro ante eventuales incumplimientos, los siguientes documentos:

2.2.1.2.1. La orden de compra;

2.2.1.2.2. Un ejemplar original de la factura de venta; y

2.2.1.2.3. Las declaraciones de exportación (DEX) y demás documentos que acreditaban el transporte y la entrega en Venezuela del producto exportado.

2.2.1.3. Es importante destacar, para los fines del presente proceso, que como consecuencia de los contratos así celebrados surgieron para SNACKS una serie de obligaciones dinerarias las cuales se encuentran probadas a través de diversos documentos, en especial a través de la referidas facturas de venta, cada una de las cuales describe con todo detalle la cantidad y peso del producto suministrado a SNACKS, el valor unitario, el valor total, así como las condiciones de entrega y pago.

En todos estos casos se generaron obligaciones económicas para la compradora (una por cada operación de venta) y como consecuencia de ello nacieron asimismo derechos de crédito a favor de MOLCAUCA, derechos que, en consideración a que la totalidad de las obligaciones de MOLCAUCA en los diversos contratos de compraventa se encontraban cumplidas, constituyen una relación jurídica unilateral, en tanto en cuanto subsisten obligaciones puras y simples a cargo de SNACKS y a favor de MOLCAUCA (pagar determinadas sumas de dinero), sin que coexistan de manera correlativa obligaciones a cargo de MOLCAUCA y a favor de SNACKS.

2.2.1.4. En desarrollo de las actividades económicas propias de su objeto social, BANVALORES celebró con MOLCAUCA entre los meses de abril y junio de 2005 varias operaciones de compra de cartera que consistían en lo siguiente:

MOLCAUCA cedía a BANVALORES los derechos económicos que se generaban a su favor por razón de la venta a SNACKS de determinadas cantidades de gritz de Maíz, efecto para el cual le endosaba el ejemplar de la factura que conservaba en su poder; y le entregaba los originales de todos los documentos que acreditaban que la cedente había cumplido con todos los requisitos legales para la exportación del producto y su entrega física a satisfacción de la compradora; paralelamente MOLCAUCA daba instrucciones irrevocables a BANCOLOMBIA, entidad financiera encargada de monetizar las divisas provenientes del pago de cada exportación, para que una vez culminada cada operación cambiaria entregara los pesos correspondientes a BANVALORES en su calidad de cesionaria de los derechos de crédito; la instrucción citada era aceptada expresamente y por escrito por BANCOLOMBIA, aceptación que era comunicada a BANVALORES.

Realizado lo anterior, BANVALORES procedía a pagar a MOLCAUCA el precio pactado para la compraventa de derechos de crédito que daba origen a la cesión.

2.2.1.5. Para instrumentar cada una de las operaciones de compraventa y cesión de los derechos económicos que aquí se mencionan, BANVALORES y MOLCAUCA procedieron de la siguiente manera:

2.2.1.5.1. MOLCAUCA endosó a favor de BANVALORES las copias simples de color amarillo de cada una de las facturas de compraventa que se expidieron con ocasión de cada una de las operaciones de venta de gritz de maíz a SNACKS;

2.2.1.5.2. Por cada operación, MOLCAUCA dirigió un documento de instrucciones a BANCOLOMBIA, para que una vez recibiera de SNACKS las divisas correspondientes a cada una de las operaciones de venta a las que se refería cada cesión, entregara a BANVALORES el producto en pesos de dicha monetización, a efectos de que la cesionaria recibiera el producto del pago de la deudora cedida;

2.2.1.5.3. BANCOLOMBIA igualmente hizo entrega a BANVALORES de las comunicaciones en las cuales aceptó las instrucciones a las que se refiere el literal anterior, comprometiéndose expresamente a pagar a BANVALORES el monto de las divisas monetizadas, por cada operación.

2.2.1.5.4. MOLCAUCA entregó a BANVALORES, en relación con cada cesión, los documentos que acreditaban haber cumplido cabalmente los requisitos legales para la exportación del producto a favor de SNACKS en Venezuela.

2.2.1.6. BANVALORES pagó a MOLCAUCA el valor pactado para cada negociación, es decir, el precio de la venta de los derechos económicos cedidos.

2.2.1.7. MOLCAUCA nunca ha negado haber recibido los recursos a los que se refiere el inciso anterior.

2.2.1.8. El hecho de que MOLCAUCA cumplió a cabalidad con sus obligaciones contractuales frente a SNACKS se encuentra acreditado plenamente a través de los medios de prueba que más adelante relacionaré, siendo claro que la prueba más elocuente de dicho cumplimiento la constituye la ausencia de documentos o declaraciones de los que se derive que la compradora haya renegado de la calidad del producto, de la cantidad recibida, o de la oportunidad de la entrega de la cosa vendida.

Así las cosas no surgieron para SNACKS derechos de compensación o de reducción de valores al momento de hacer los pagos, y por sobre todo, no surgieron derechos que le permitieran suspender o condicionar los pagos a un ajuste correlativo en el cumplimiento de las obligaciones de la sociedad vendedora.

2.2.1.9. Las operaciones de compraventa de cartera a las que se refieren los numerales anteriores comprendieron un total de setenta y ocho facturas, de las cuales BANVALORES recibió a cabalidad el pago de los derechos económicos derivados de cincuenta negocios de venta y exportación.

2.2.1.10. Quedaron por pagar las últimas operaciones realizadas referidas a veintiocho (28) facturas de venta cuyo valor total asciende a la suma de QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y UN DÓLARES (US$587.181).

Los documentos relacionados con la cesión de los derechos económicos asociados a estas veintiocho (28) facturas son los siguientes:

2.2.1.10.1. Los ejemplares originales (copia amarilla) de las referidas veintiocho facturas emitidas por MOLCAUCA y debidamente endosadas al respaldo a favor de BANVALORES, las cuales se anexan en original al presente escrito como anexo Nº 1, y se detallan así:

2.2.1.10.1.1. Factura Nº 2825 de fecha 4 de abril de 2005.

2.2.1.10.1.2. Factura Nº 2826 de fecha 4 de abril de 2005.

2.2.1.10.1.3. Factura Nº 2832 de fecha 6 de abril de 2005.

2.2.1.10.1.4. Factura Nº 2833 de fecha 6 de abril de 2005.

2.2.1.10.1.5. Factura Nº 2834 de fecha 6 de abril de 2005.

2.2.1.10.1.6. Factura Nº 2835 de fecha 6 de abril de 2005.

2.2.1.10.1.7. Factura Nº 2836 de fecha 6 de abril de 2005.

2.2.1.10.1.8. Factura Nº 2837 de fecha 6 de abril de 2005.

2.2.1.10.1.9. Factura Nº 2838 de fecha 6 de abril de 2005.

2.2.1.10.1.10. Factura Nº 2839 de fecha 6 de abril de 2005.

2.2.1.10.1.11. Factura Nº 2843 de fecha 15 de abril de 2005.

2.2.1.10.1.12. Factura Nº 2844 de fecha 15 de abril de 2005.

2.2.1.10.1.13. Factura Nº 2845 de fecha 22 de abril de 2005.

2.2.1.10.1.14. Factura Nº 2846 de fecha 22 de abril de 2005.

2.2.1.10.1.15. Factura Nº 2847 de fecha 22 de abril de 2005.

2.2.1.10.1.16. Factura Nº 2848 de fecha 29 de abril de 2005.

2.2.1.10.1.17. Factura Nº 2849 de fecha 29 de abril de 2005.

2.2.1.10.1.18. Factura Nº 2852 de fecha 29 de abril de 2005.

2.2.1.10.1.19. Factura Nº 2863 de fecha 10 de mayo de 2005.

2.2.1.10.1.20. Factura Nº 2867 de fecha 13 de mayo de 2005.

2.2.1.10.1.21. Factura Nº 2868 de fecha 13 de mayo de 2005.

2.2.1.10.1.22. Factura Nº 2869 de fecha 13 de mayo de 2005.

2.2.1.10.1.23. Factura Nº 2870 de fecha 13 de mayo de 2005.

2.2.1.10.1.24. Factura Nº 2871 de fecha 13 de mayo de 2005.

2.2.1.10.1.25. Factura Nº 2872 de fecha 13 de mayo de 2005.

2.2.1.10.1.26. Factura Nº 2873 de fecha 13 de mayo de 2005.

2.2.1.10.1.27. Factura Nº 2874 de fecha 13 de mayo de 2005.

2.2.1.10.1.28. Factura Nº 2880 de fecha 25 de mayo de 2005.

2.2.1.10.2. Los siguientes documentos aportados en copia simple, que acreditan haberse realizado la exportación correspondiente a cada una de las facturas señaladas en el acápite anterior, y que se adjuntan a este escrito como anexo Nº 2:

2.2.1.10.2.1. Dex (Declaración de exportación presentada ante la DIAN)

2.2.1.10.2.2. Bill of lading (en los casos en que la exportación se hizo por vía marítima)

2.2.1.10.2.3. Carta de porte internacional por carretera (en los casos en que la mercancía se transportó por carretera)

2.2.1.10.3. Los siguientes documentos originales con los que se demuestra que MOLCAUCA impartió instrucciones a BANCOLOMBIA para efectuar el pago de los pesos provenientes de la monetización de las divisas correspondientes a las facturas endosadas a BANVALORES, y que a su vez BANCOLOMBIA aceptó expresamente dichas instrucciones; documentos que se aportan a este escrito como anexo Nº 3.

2.2.1.10.3.1. Comunicación de fecha 19 de abril de 2005, suscrita por MOLCAUCA y dirigida a BANCOLOMBIA, en la cual se comunica al banco la negociación de las facturas con BANVALORES y se le instruye para que al monetizar las divisas recibidas de SNACKS, se le gire a BANVALORES el cheque correspondiente.

2.2.1.10.3.2. Respuesta de BANCOLOMBIA a la carta anterior, fechada el 19 de abril de 2005.

2.2.1.10.3.3. Comunicación de fecha 21 de abril de 2005, suscrita por MOLCAUCA y dirigida a BANCOLOMBIA, en la cual se comunica al banco la negociación de las facturas con BANVALORES y se le instruye para que al monetizar las divisas recibidas de SNACKS, se le gire a BANVALORES el cheque correspondiente.

2.2.1.10.3.4. Respuesta de BANCOLOMBIA a la carta anterior, fechada el 21 de abril de 2005.

2.2.1.10.3.5. Comunicación de fecha 28 de abril de 2005, suscrita por MOLCAUCA y dirigida a BANCOLOMBIA, en la cual se comunica al banco la negociación de las facturas con BANVALORES y se le instruye para que al monetizar las divisas recibidas de SNACKS, se le gire a BANVALORES el cheque correspondiente.

2.2.1.10.3.6. Respuesta de BANCOLOMBIA a la carta anterior, fechada el 29 de abril de 2005.

2.2.1.10.3.7. Comunicación de fecha 4 de mayo de 2005, suscrita por MOLCAUCA y dirigida a BANCOLOMBIA, en la cual se comunica al banco la negociación de las facturas con BANVALORES y se le instruye para que al monetizar las divisas recibidas de SNACKS, se le gire a BANVALORES el cheque correspondiente.

2.2.1.10.3.8. Respuesta de BANCOLOMBIA a la carta anterior, fechada el 10 de mayo de 2005.

2.2.1.10.3.9. Comunicación de fecha 12 de mayo de 2005, suscrita por MOLCAUCA y dirigida a BANCOLOMBIA, en la cual se comunica al banco la negociación de las facturas con BANVALORES y se le instruye para que al monetizar las divisas recibidas de SNACKS, se le gire a BANVALORES el cheque correspondiente.

2.2.1.10.3.10. Respuesta de BANCOLOMBIA a la carta anterior, fechada el 12 de mayo de 2005.

2.2.1.10.3.11. Respuesta de BANCOLOMBIA a una comunicación de MOLCAUCA, haciendo referencia a la negociación de las facturas 2867, 2868, 2869, 2870, 2871, 2872, 2873 y 2874, fechada el 18 de mayo de 2005.

2.2.1.10.3.12. Comunicación de fecha 8 de junio de 2005, suscrita por MOLCAUCA y dirigida a BANCOLOMBIA, en la cual se comunica al banco la negociación de la factura Nº 2880 con BANVALORES y se le instruye para que al monetizar las divisas recibidas de SNACKS, se le gire a BANVALORES el cheque correspondiente.

2.2.1.10.4. Originales de diferentes comunicaciones suscritas por MOLCAUCA, mediante las cuales esta entregaba documentación a BANVALORES relacionada con la negociación de las facturas, y daba instrucciones sobre la forma como debía precederse al pago del precio correspondiente. Se trata de seis (6) cartas que van desde el 12 de abril de 2005 hasta el 27 de mayo del mismo año, que se adjuntan a este escrito como anexo Nº 4, y con las cuales se acredita la celebración de operaciones sobre facturas entre estas dos empresas.

2.2.1.10.5. Comprobantes de los cheques y transferencias a través de los cuales BANVALORES pagó a MOLCAUCA cada una de las operaciones de cesión de créditos que esta última le hizo de los derechos económicos relacionados con las veintiocho facturas cedidas, derechos que a la fecha no le han sido pagados. Ver anexo Nº 5.

2.2.1.11. Mediante comunicación enviada por correo aéreo y por correo electrónico (anexo Nº 6), BANVALORES le notificó formalmente a SNACKS la cesión de los derechos económicos que le hizo MOLCAUCA, cumpliendo así con el requisito de oponibilidad de la cesión al deudor y a terceros previsto por el art. 1960 del Código Civil Colombiano.

2.2.1.12. Conforme a la comunicación de fecha 17 de enero de 2006 dirigida a BANVALORES suscrita por su representante legal, SNACKS confirmó haber recibido la notificación y corroboró la existencia de las obligaciones a cargo de SNACKS, aunque pretendió desconocer la cesión y en principio se negó a pagar a mi representada. (anexo Nº 7). Adicionalmente, el apoderado de SNACKS AMÉRICA LATINA VENEZUELA S.R.L. reconoció ante la Superintendencia de Sociedades no solo la existencia de las obligaciones, sino su negativa a pagar a BANVALORES por el temor a pagar doblemente la misma obligación, según se lee en la carta de fecha agosto 30 de 2006 (anexo 8).

2.2.1.13. El motivo del no pago de las obligaciones cedidas que se relacionan con las veintiocho (28) facturas que se detallan en el anexo Nº 1 de este escrito, surge como consecuencia inmediata de la admisión, en agosto de 2005, de la sociedad MOLCAUCA al procedimiento de reestructuración de pasivos de la Ley 550 de 1999 y su posterior declaratoria de liquidación obligatoria.

Dentro de este contexto, se ha argumentado por parte de MOLCAUCA que la titularidad de los derechos económicos que no han sido pagados a BANVALORES se encuentra radicada en cabeza de la sociedad cedente, dado que según su contabilidad, tales facturas aparecen relacionadas como un activo propio.

2.2.1.14. Desde la admisión de MOLCAUCA al procedimiento de la Ley 550 de 1999, BANVALORES ha utilizado todos los medios a su alcance para informar tanto al promotor como a los acreedores, y posteriormente al liquidador, que los derechos materia de esta disputa no pueden considerarse como propiedad de MOLCAUCA toda vez que existió una real operación de compra de cartera plenamente demostrada, y que lo que pueda aparecer en la contabilidad, en primer lugar no constituye una razón de tipo legal para reclamar el dominio sobre un derecho de crédito, y en segundo lugar no es el reflejo de la realidad.

Prueba de esta gestión realizada por mi cliente la constituye la comunicación de fecha 5 de diciembre de 2005 que fue leída por el representante legal de BANVALORES ante el promotor Julián González Guillén, los representantes de la Supersociedades y los representantes de los acreedores, misiva que tenía como objetivo principal dejar constancia de la situación jurídica presentada a efectos de que: a) no se incluyeran estos derechos económicos como parte de los activos de la sociedad cedente; y b) se autorizara a SNACKS a realizar el pago directo de las obligaciones cedidas a la misma BANVALORES. (Ver anexo Nº 9).

Prueba de esto mismo también la constituyen el acta de la reunión de acreedores celebrada el 5 de diciembre de 2005, en donde se deja constancia de la posición de BANVALORES y se trascribe la carta reseñada en el párrafo anterior; así como el acta de determinación definitiva de votos, en la que ya no aparece BANVALORES como acreedora de MOLCAUCA, sino como un crédito contingente que se cobrará a la deudora (SNACKS) judicialmente (Ver anexos Nos. 10 y 11).

2.2.1.15. En línea con lo expresado en el numeral anterior, resulta pertinente poner de presente a los señores árbitros que la principal razón por la cual fracasó la posibilidad de llegar a un acuerdo de reestructuración de pasivos entre MOLCAUCA y sus acreedores se originó precisamente en la gran cantidad de irregularidades que se advirtieron en la contabilidad de la compañía.

Adicionalmente es importante resaltar en este punto que, siendo el argumento principal de MOLCAUCA, en el que sustenta su supuesto derecho a cobrar las facturas, el hecho de que las mismas aparecían registradas en su contabilidad, sorprende que la misma Superintendencia de Sociedades, al revisar la contabilidad de la concursada para aprobar el inventario, cuestione que en la cuenta deudores N 1380, en la que supuestamente estarían registradas las facturas a cargo de SNACKS, “... no tiene registrado el número de factura sino el valor de la deuda, razón por la cual, deberán presentarse las correcciones de manera que quede registrado el número de factura correspondiente a cada deudor”. Es decir, el liquidador de MOLCAUCA no tenía registrada en la contabilidad la deuda de SNACKS discriminada por facturas, sino un monto global, dentro del cual efectivamente existían otras obligaciones por cobrar a la multinacional venezolana. En este orden de ideas surge una pregunta obvia: Si no estaban detallados los números de las facturas, ¿Cómo se puede argumentar ante todo tipo de instancias que las mismas hacen parte de la contabilidad de MOLCAUCA? En otras palabras, MOLCAUCA nunca ha tenido los soportes ni la certeza para concluir verazmente que esas facturas son de su propiedad. Los documentos que a continuación relaciono y que se presentan como anexo Nº 12, son fiel reflejo de estas afirmaciones:

2.2.1.15.1. Copia simple (tomada de la página oficial de la Superintendencia de Sociedades: http://www.supersociedades.gov.co) del Auto Nº 440-007795 de fecha 19 de mayo de 2006, mediante el cual se aprueban parcialmente los inventarios de MOLCAUCA, providencia en la que se resalta que la cuenta deudores varios (Cuenta Nº 1380) no tiene registrado el número de factura sino el valor global de la deuda (anexo 12-A).

2.2.1.15.2. Comunicación de fecha 23 de octubre de 2006, dirigida por el liquidador de MOLCAUCA al entonces revisor fiscal de dicha compañía, en la que se evidencian las graves inconsistencias contables de la concursada (anexo 12-B).

2.2.1.15.3. Comunicado de la Superintendencia de Sociedades de fecha 6 de abril de 2006, en el que se explican las razones por las cuales se declaró fracasado el Acuerdo de Reestructuración y se dio inicio al proceso de liquidación obligatoria (anexo 12-C).

2.2.1.16. Paralelamente a la gestión desplegada por BANVALORES, mi representada tuvo acceso a una serie de documentos originados por funcionarios de MOLCAUCA y la Supersociedades que respaldan la existencia de la operación de compraventa de cartera y reiteran el desorden y las irregularidades presentadas en la contabilidad de la compañía. Estos documentos son los siguientes:

2.2.1.16.1. E-MAIL de fecha 2 de diciembre de 2005, enviado por el Promotor de MOLCAUCA al Gerente de la sociedad, con copia a BANVALORES, en el que manifiesta conocer la existencia de las facturas endosadas en poder de esta última, y afirma que si SNACKS acepta pagar a BANVALORES, deberá ajustarse la contabilidad de MOLCAUCA (anexo 13);

2.2.1.16.2. Comunicación del revisor fiscal de MOLCAUCA de fecha 25 de octubre de 2005, en la que se certifica que las veintiocho facturas objeto del presente proceso fueron endosadas a favor de BANVALORES (anexo 14);

2.2.1.17. Ante la imposibilidad de que fueran atendidos los argumentos de BANVALORES, esta compañía no tuvo otra alternativa que adelantar una acción ejecutiva en contra de SNACKS para lograr el pago de las obligaciones que le fueron cedidas, actuación que se llevó a cabo ante la señora Juez Catorce Civil del Circuito de Cali, quien admitió la demanda, libró mandamiento ejecutivo de pago, que quedó en firme después de analizadas las argumentaciones de la demandada, y ordenó la práctica de las medidas cautelares solicitadas por la demandante.

Aunque pueda resultar obvio, es importante precisar que la admisión de la demanda y la posterior emisión y ratificación del mandamiento ejecutivo de pago, se fundaron en el hecho de que ante el despacho judicial quedó plenamente acreditada la cesión de derechos económicos entre MOLCAUCA y SNACKS.

2.2.1.18. Por su parte, MOLCAUCA jamás ha aportado ante BANVALORES, SNACKS, la Superintendencia de Sociedades o las instancias judiciales, prueba clara e incontrovertible de que es la titular de los derechos de crédito materia de este litigio; ni siquiera ha iniciado el cobro judicial de los derechos cuya propiedad pretende ostentar. De hecho, lo único que ha intentado MOLCAUCA a través de su liquidador, es oponerse al trámite del proceso ejecutivo adelantado por BANVALORES, lo cual hizo mediante escrito de fecha 20 de septiembre de 2006 suscrito por Jairo Abadía (anexo Nº 15), en el que se pretende hacer creer que la negociación de cartera entre MOLCAUCA y BANVALORES se llevó a cabo después de iniciado el proceso de reestructuración de la compañía, lo cual es totalmente ajeno a la realidad, como puede constatarse con el simple examen de la documentación que se aporta a este escrito. A esta comunicación dirigida al Juzgado 14 Civil del Circuito de Cali, se le dio respuesta mediante memorial de fecha 12 de octubre de 2006 (anexo Nº 16), en el que se hacen las precisiones correspondientes.

2.2.1.19. La improcedencia del cobro de las facturas endosadas a BANVALORES por parte de MOLCAUCA es tan evidente que los mismos accionistas de MOLCAUCA, a quienes convendría que SNACKS pagara a esta última las facturas, han manifestado abiertamente su desacuerdo con la idea de convocar a este Tribunal, pues son conscientes de que no le asiste a esa sociedad ningún derecho y que lo único que se logrará con la inversión de los recursos en este trámite es agravar los problemas financieros de la concursada. Prueba de lo que aquí se afirma es la comunicación de fecha 27 de marzo de 2007, radicada en la Superintendencia de Sociedades por tres de los accionistas de MOLCAUCA, documento que se adjunta como anexo Nº 17.

2.2.1.20. SNACKS, por medio de su apoderado en Colombia, convocó a BANVALORES y a MOLCAUCA a un ejercicio de conciliación a instancias de la Cámara de Comercio de Bogotá que le permitiese tener claridad sobre las implicaciones del pago que debía realizar, pues siendo claro que reconocía la existencia de las obligaciones a su cargo, y habiendo sido notificada de la cesión entre MOLCAUCA y BANVALORES, no quería correr el riesgo jurídico de una acción judicial en su contra por parte de MOLCAUCA si procedía al pago a favor de BANVALORES.

De tal conciliación surgió una transacción que consta en acta de fecha 12 de abril de 2007 (anexo Nº 17), que hace parte de expediente y que se resume de la siguiente manera:

(a) SNACKS pagó la suma de $ 1.267’030.905,42, que quedó a disposición de BANVALORES o de MOLCAUCA en la sociedad FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A., a través del “encargo fiduciario BANVALORES-MOLCAUCA, identificado con el número de contabilidad encargo especial: 1437”, para que la sociedad fiduciaria en mención entregue esa suma de dinero, con los rendimientos que la misma haya causado, a la parte (BANVALORES o MOLCAUCA) en cuyo favor se declare la titularidad de los derechos económicos en disputa, por parte de un tribunal de arbitramento.

(b) SNACKS reconoció a BANVALORES la suma de $ 155’363.040 por concepto de los gastos procesales en los que esta incurrió por virtud del cobro judicial.

(c) BANVALORES y MOLCAUCA declararon a paz y salvo a SNACKS por razón de las obligaciones a las que se ha venido haciendo referencia en los numerales anteriores.

(d) Entre BANVALORES y MOLCAUCA se suscribió un compromiso en virtud del cual sometieron a un tribunal de arbitramento la decisión relacionada con la titularidad de los derechos económicos tantas veces mencionados.

2.2.1.21. El texto de la transacción suscrito entre las partes, implica la aceptación de SNACKS de que BANVALORES es la cesionaria de los derechos económicos derivados de las operaciones asociadas a las 28 facturas de que trata el anexo Nº 1; prueba de ello es que le reconoció la condición de parte actora en el proceso ejecutivo (arts. 1.960 y 1.962 del C.C.), concilió con ella, le pagó los gastos procesales en los que incurrió, y depositó en el encargo fiduciario BANVALORES-MOLCAUCA, identificado con el número de contabilidad encargo especial: 1437, para que eventualmente los recibiera BANVALORES, los recursos que paralelamente reclama MOLCAUCA.

2.2.2. PRETENSIONES.

Las pretensiones de B&V son las siguientes:

2.2.2.1. Con base en los antecedentes, hechos y pruebas detalladas, solicito a los señores árbitros que previo el agotamiento del procedimiento convenido por las partes, y conforme a las disposiciones procesales de obligatorio cumplimiento en el trámite arbitral, se dicte laudo en el cual se declare:

2.2.2.2. Que entre MOLINOS DEL CAUCA S.A. (HOY EN LIQUIDACIÓN) y BANCA & VALORES CONSULTORES FINANCIEROS S.A., se celebró un negocio jurídico que implicó la cesión a favor de esta última de la totalidad de los derechos económicos derivados de las transacciones celebradas entre Molinos del Cauca S.A,. y SNACKS AMÉRICA LATINA VENEZUELA S.R.L. y que tienen relación directa con las veintiocho (28) facturas relacionadas en el anexo Nº 1 del presente escrito.

2.2.2.3. Que MOLINOS DEL CAUCA S.A. (HOY EN LIQUIDACIÓN) carece de derecho legal a reclamar el pago de la suma de dinero depositada por SNACKS AMÉRICA LATINA VENEZUELA S.R.L. en la sociedad FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A., en virtud del encargo fiduciario BANVALORES-MOLCAUCA, identificado con el número de contabilidad encargo especial: 1437.

2.2.2.4. Que en consecuencia de lo anterior, BANCA Y VALORES CONSULTORES FINANCIEROS S.A. tiene el derecho exclusivo a reclamar la suma de $1.267’030.905,42 entregada por SNACKS AMÉRICA LATINA VENEZUELA S.R.L. a la sociedad FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A., a través del encargo fiduciario ya referido, reclamación que debe incluir los correspondientes rendimientos que haya generado la administración de tales recursos.

2.2.2.5. Que en línea con lo anterior, se ordene a la sociedad FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A., la entrega de las referidas sumas de dinero a la sociedad BANCA Y VALORES CONSULTORES FINANCIEROS S.A.

3. CAPÍTULO TERCERO

DESARROLLO DEL TRÁMITE ARBITRAL

3.1. INSTALACIÓN.

El día 30 de agosto de 2007, el Tribunal fue debidamente integrado por los doctores Mario Gamboa Sepúlveda, Diego Muñoz Tamayo y Carlos Antonio Espinosa Pérez, en la instalación fue elegido como Presidente el doctor Mario Gamboa Sepúlveda. En esa misma fecha se designó como secretario al doctor Eduardo Mantilla Serrano. A su turno, los emolumentos fijados en el Auto Nº 1 del 30 de agosto de 2007 fueron oportunamente consignados por las partes en la proporción que les correspondía.

La primera audiencia de trámite se celebró el 24 de septiembre del 2007, fecha en la cual el Tribunal asumió competencia. En la misma fecha el Tribunal decretó pruebas.

Por lo anterior, y por encontrarse reunidos los presupuestos procesales, el Tribunal entra a pronunciarse sobre el fondo de la controversia, para lo cual se encuentra en término, teniendo en cuenta que (i) las partes no establecieron término de duración del trámite arbitral y fecha del Laudo, (ii) que el término de duración del proceso se suspendió entre los días 20 de diciembre de 2007 y 19 de febrero de 2008, ambas fechas incluidas y (iii) de conformidad con el artículo 19 del Decreto 2279 de 1989 no ha transcurrido el término máximo de duración de un trámite arbitral.

3.2. PRUEBAS.

Mediante Auto Nº 4 de fecha 24 de septiembre de 2007, el Tribunal decretó las pruebas solicitadas por las partes que cumplían con los requisitos legales para ello, las cuales fueron practicadas de la siguiente manera:

• Testimonio del señor Luis Germán Osorno Calero llevado a cabo el día 4 de octubre de 2007.

• Testimonio del señor Carlos Augusto Torres Ospina llevado a cabo el día 4 de octubre de 2007.

• Interrogatorio de parte al representante legal de la sociedad convocante llevado a cabo el día 4 de octubre de 2007.

• Interrogatorio de parte al representante legal de la sociedad convocada llevado a cabo el día 4 de octubre de 2007.

• Testimonio del doctor William Javier Araque Jaimes programado para el día 23 de noviembre de 2007 no se llevó a cabo, toda vez que el Tribunal de Arbitramento lo exoneró de la obligación de declarar por encontrarse amparado dentro de las excepciones señaladas por el artículo 214 del Código de Procedimiento Civil.

• Por otra parte, fueron enviados todos y cada uno de los oficios que fueran solicitados y decretados como pruebas y sus respuestas, con excepción de aquellas que fueron desistidas, fueron incorporadas al expediente.

• De igual forma, se tuvieron en su valor legal los documentos debidamente allegados al proceso.

3.3. TRASLADO DE LOS ESCRITOS DE POSICIONES DE LAS PARTES.

A pesar de que las partes habían renunciado expresamente al término de traslado de los documentos que contienen las posiciones y pretensiones de cada una de ellas, así como las pruebas que pretenden hacer valer, las contradicciones y contraposiciones fácticas de sus documentos eran tan protuberantes, que el Tribunal consideró conveniente y necesario dar traslado a cada una de las partes por el término de tres días, sobre la premisa de que cada una de ellas la conocía de manera previa, para que se pronunciara de manera expresa, específica y concreta respecto a cada uno de los puntos, hechos y documentos contenidos en el escrito de la otra parte.

Eso ocurrió el 4 de octubre de 2007 y con fecha 9 de octubre de 2007, cada una de las partes presentó escrito descorriendo el traslado.

3.4. AUDIENCIA DE ALEGATOS DE CONCLUSIÓN.

El 14 de diciembre de 2007 tuvo lugar la audiencia de alegatos de conclusión, citada por Auto Nº 9 del 23 de noviembre de 2007.

4. CAPÍTULO CUARTO

CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

4.1. SOBRE UNA EVENTUAL NULIDAD POR CAPTACIÓN MASIVA DE AHORROS DEL PÚBLICO POR ENTIDAD NO AUTORIZADA.

El Tribunal antes de proceder a evaluar los puntos sometidos por las partes a su consideración, cree importante estudiar un aspecto surgido de ciertas respuestas dadas por el señor representante legal de B&V que pudieran significar una posible nulidad por objeto y causa ilícitas en las relaciones comerciales que existieron entre ellos. Se refiere el Tribunal a la posibilidad de que el sistema operativo de B&V pudiera constituir eventualmente un esquema de captación masiva y habitual de ahorros, bien sea como operador directo o como agente intermediario o promotor de MOLCAUCA, sin tener ni gozar ni el uno ni el otro de la calidad de institución financiera reconocida como tal por la Superintendencia Financiera y que ello pudiera significar que los negocios jurídicos que se realizaren de manera reiterada y repetitiva entre MOLCAUCA y B&V y que dieron origen a la controversia que se ventila ante este Tribunal, hubieran sido operaciones viciadas de nulidad en el momento de realizarlos, que determinarían una nulidad radical por objeto y causa ilícitas.

A este respecto, el Tribunal considera en extremo dudosa su capacidad y competencia para dictaminar sobre un punto que, como es sabido, no es de conocimiento de los jueces ordinarios sino que está adscrito a la competencia especial y exclusiva de la Superintendencia Financiera (3) (4) , según sea el caso, por lo que no le corresponde definir si tal conducta ocurrió, porque sería asumir la competencia de los órganos competentes para sancionar tal conducta. Además, ninguna de las dos partes formuló esa declaración como pretensión al Tribunal.

De otra parte, no cabría utilizar la facultad extraordinaria que la ley confiere a todo Juez para que declare de oficio la nulidad de cualquier acto jurídico que de manera palmaria evidencie un vicio de nulidad procedente de objeto o causa ilícitas, por cuanto a esa conclusión solo se podría llegar, no del análisis escueto de los títulos, que no la revelan, sino después del análisis de las pruebas que pudieran demostrar el hecho de la captación masiva y habitual de ahorros del público. Como es suficientemente conocido, el artículo 2º de la Ley 50 de 1936, que subrogó el artículo 1742 (5) (6) . Por consiguiente, el Tribunal resolverá este asunto partiendo de la presunción de validez que tiene todo acto o contrato celebrado entre personas capaces y aptas para celebrarlos y, sobre esa premisa, entrara a analizar más adelante cada uno de los negocios jurídicos que se pudieron haber celebrado y los títulos que los soportan para determinar si cumplen o no con las exigencias legales y cuáles son sus contenidos y alcances.

No obstante lo anterior, el Tribunal, investido como está, por delegación de las partes, de la calidad de Juez y ante la posible existencia de conductas violatorias del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (en adelante el “EOSF”), considera necesario compulsar copia integral del expediente a la Superintendencia Financiera de Colombia, para que esa entidad establezca si las actuaciones de MOLCAUCA y de B&V pueden configurar alguna conducta reprochable.

4.2. DEL NEGOCIO JURÍDICO CELEBRADO FRENTE A LAS NORMAS CAMBIARIAS APLICABLES.

En la medida que las operaciones negociales que originan esta controversia implican ventas de mercaderías para la exportación y la subsecuente monetización de las divisas obtenidas por cuenta de tales ventas, encuentra el Tribunal necesario referirse a las normas cambiarias aplicables, esto es, a la Resolución 8 de 2000 de la Junta Directiva del Banco de la República, con sus adiciones y modificaciones (en adelante la “Resolución 8 de 2000”).

La normatividad cambiaria colombiana dispone que las exportaciones de bienes y servicios constituyen operación de cambio y que la totalidad de los ingresos percibidos por cuenta de ventas de exportación deben ser canalizados por el mercado cambiario. En otras palabras, eso significa que la totalidad del producto de la venta debe ser convertida a pesos a través de un intermediario autorizado de dicho mercado (7) y/o consignarse directamente en una cuenta de compensación (con lo cual se entiende canalizado a través del mercado cambiario el producto de la exportación), efecto para el cual debe en todos los casos diligenciarse una declaración de cambio por parte del responsable que realiza la operación y, que en este caso, sería el exportador (MOLCAUCA), utilizándose para ventas de exportación el Formulario F2 del Banco de la República (en adelante “Formulario F2”).

El soporte idóneo de toda operación de exportación es el denominado “documento único de exportación” o DEX, que en todos los casos tiene que ser refrendado por la aduana a través de la cual se efectúa el despacho al exterior. Es con ese documento y los demás que soportan la venta, que el exportador puede concurrir ante uno cualquiera de los intermediarios del mercado cambiario a diligenciar el Formulario F2, a efectos de monetizar las divisas, ello claro está, a menos que opere por intermedio de una cuenta de compensación, evento en el cual sería diferente el procedimiento, sin que para los efectos de la decisión que aquí se adopta encuentre necesario el Tribunal entrar a examinar tal hipótesis (8) .

Así las cosas, es únicamente el exportador, directamente o por intermedio de apoderado constituido para tal fin, pero en todo caso operando bajo su número de identificación tributaria (NIT), quién puede efectuar la monetización originada en las ventas de exportación, situación que en modo alguno impide, limita o imposibilita a dicho exportador para endosar las facturas de venta, descontar el producto de la venta o, ceder el derecho económico originado en la exportación a un tercero financiador, no solamente porque nada de ello está prohibido legalmente, con lo cual nos encontramos en el terreno de la autonomía de la voluntad de las partes, sino además porque sería un absurdo económico que existiendo libertad cambiaria y negocial, tales prácticas, usuales y necesarias para la actividad empresarial, estuvieran prohibidas.

Existe empero una excepción expresa a dicha regla, pues el artículo 20 de la Resolución 8 de 2000 establece en forma expresa que

“Los residentes en el país podrán vender, con o sin responsabilidad de su parte, a entidad financieras del exterior, a entidades del exterior que desarrollen actividades de factoring de exportación o a los intermediarios del mercado cambiario, los instrumentos de pago en moneda extranjera recibidos del comprador del exterior de sus exportaciones, canalizando a través del mercado cambiario el producto de la venta. También podrán venderlos en moneda legal colombiana a las compañías de financiamiento comercial que no cumplan el requisito establecido en el numeral 1º del artículo 59 de esta Resolución. Las compañías de financiamiento comercial deberán canalizar a través del mercado cambiario las divisas producto de estas operaciones”. (Subrayas fuera del texto).

La anterior excepción constituye una limitación a la autonomía de la voluntad de las partes cuando se está frente a operaciones de cambio sujetas a ese régimen especial que es una norma de orden público económico. Eso significa, entonces, que MOLCAUCA habría podido vender los instrumentos de pago emitidos por SNACKS, pero únicamente (i) a intermediarios del mercado cambiario en el país o (ii) a sociedades de factoring o (iii) entidades financieras del exterior, categorías dentro de las cuales claramente no encaja B&V, de modo tal que existiendo norma expresa en la materia, integrante del Estatuto Cambiario, la conclusión que de entrada se impone es que por expresa prohibición legal no habría podido B&V hacerse dueña o adquirir en propiedad las facturas de exportación.

Esta disposición está en perfecta consonancia con lo dispuesto en los artículos 4º y 7º de la Ley 9ª de 1991 que radicaron en cabeza del Gobierno Nacional la facultad de determinar (i) las operaciones de cambio que estarían sujetas a ese régimen y (ii) los intermediarios del mercado cambiario. Con la entrada en vigencia de la Constitución de 1991, esa facultad se radicó en cabeza de la Junta Directiva del Banco de la República que a la fecha sigue siendo el organismo competente para esos efectos.

La Junta Directiva del Banco de la República, en desarrollo y cumplimiento de las funciones que la Ley 31 de 1992 le asignara, expidió el Estatuto Cambiario mediante Resolución 8 de 2000, que como ya se vio, limita la autonomía privada en lo tocante a la negociación que pueden hacer los exportadores de los instrumentos de pago de sus ventas.

Debe el Tribunal detenerse en este punto para poner de presente la especial naturaleza de las normas que rigen el mercado cambiario, pues ellas tienen el carácter de disposiciones de orden público, en cuanto regulan aspectos de trascendental relevancia para el manejo económico, calificación esta que encuentra su fundamento mismo en las disposiciones constitucionales (9) que atribuyen a la Junta Directiva del Banco de la República el carácter de autoridad monetaria, cambiaria y crediticia, facultades que conforme lo ha precisado en diversas oportunidades la Corte Constitucional, se ejercen en forma prevalente y excluyente frente a otras autoridades estatales.

Así las cosas, frente al principio de la autonomía de la voluntad, propio de toda actividad entre particulares, se yergue la regulación cambiaria como límite infranqueable.

En este caso particular, la consecuencia de orden práctico y contractual para MOLCAUCA es bastante simple y surge ella para el Tribunal sin duda alguna: no podría MOLCAUCA, so pena de haber infringido normas de orden público, ceder, endosar o transferir a favor de B&V los instrumentos o facturas emitidos a cargo de SNACKS por concepto de las ventas de exportación, lo que en modo alguno (huelga reiterarlo para mayor claridad) limitaba el derecho de MOLCAUCA a negociar el producto o derecho de crédito de esas ventas, pero sin que pudiera darse transferencia de la propiedad respecto del instrumento mismo, en razón a que B&V no hace parte del mercado cambiario ni es una de las entidades que el trascrito artículo 20 de la Resolución 8 de 2000 autoriza para tal efecto.

Ambas partes parecerían ser conscientes de esa limitación. Por ello crearon el mecanismo mediante el cual creyeron obviar la falta de capacidad legal del exportador para transferir sus instrumentos de pago a personas distintas de las señaladas en el Estatuto Cambiario. El mecanismo concebido fue el de una orden incondicional al intermediario del mercado cambiario (Bancolombia), simultánea al traspaso no permitido, de entregar a B&V el valor de las divisas de pago una vez monetizadas.

En virtud de lo anterior, el Tribunal debe descartar la posibilidad de que entre MOLCAUCA y B&V se haya celebrado un negocio jurídico que implicara la transferencia de la propiedad de las facturas de exportación, toda vez que esto no era posible por expresa prohibición legal.

4.3. DEL NEGOCIO JURÍDICO CELEBRADO FRENTE AL TRÁMITE DE REESTRUCTURACIÓN ECONÓMICA INICIADO POR MOLCAUCA.

El Tribunal considera necesario abordar otro punto crítico antes de efectuar el análisis sobre cuál fue el negocio jurídico celebrado. Este punto, propuesto por MOLCAUCA, como causal suficiente para enervar las pretensiones de B&V, reviste particular importancia pues implicaría que B&V no podía cobrar las sumas correspondientes a las facturas cedidas, en proceso separado después de iniciado el trámite de reestructuración de MOLCAUCA, bajo las normas de la Ley 550 de 1999 (en adelante la “Ley 550”), sino que estaba obligada, como acreedora de la empresa sujeta al proceso, a someterse a dicho trámite, junto con los demás acreedores, y respetando el principio de la “par conditio creditorum”, recibir el pago de sus acreencias. Este planteamiento ha sido contra argumentado por B&V, entre otras consideraciones, con la manifestación de que su operación no era crediticia sino de compra de cartera y que por tal razón no se consideraba acreedora de MOLCAUCA, sino de la entidad deudora de los créditos cedidos en propiedad a B&V.

Aunque MOLCAUCA no ha sido muy precisa al formular este hecho que sería en su sentir exceptivo de las pretensiones de B&V, el Tribunal habrá de analizar los diversos planteamientos de MOLCAUCA a este respecto, para interpretar el sentido del presunto hecho exceptivo, en orden a determinar lo que en derecho corresponda.

Para esto resulta indispensable estudiar la mencionada Ley 550 en su estructura y alcances, en orden a determinar cuáles son los derechos de que disponen los acreedores de una sociedad en proceso de reestructuración bajo dicha ley a fin de poder determinar después, si la actividad de B&V, frente a dicho proceso y sus actuales pretensiones se apartaron de ella y cuáles serían los efectos que se seguirían.

Sin lugar a dudas, la Ley 550 es un estatuto de orden público, por tratarse de un acto de intervención del Estado en la economía, por vía legislativa, dentro del marco de los artículos 334 y 335 de la Constitución Política, de acuerdo con lo establecido y declarado en el artículo 2º de la mencionada ley.

El artículo 2º de la Ley 550 manifiesta de manera expresa que las finalidades de la ley constituyen intervenciones en la economía dentro del marco de los artículos de la Constitución citados (10) .

El artículo 3º establece que para alcanzar tales fines, el Estado a través del gobierno o las entidades de inspección, vigilancia y control expedirán decretos, órdenes y resoluciones dentro de sus competencias que faciliten y estimulen el desarrollo de la ley, entre los cuales se encuentra el numeral 7º que establece:

“ART. 3º—INSTRUMENTOS DE LA INTERVENCIÓN ESTATAL. Para la obtención de los fines de la intervención, el Estado, a través del Gobierno Nacional o las entidades de Inspección, Vigilancia o Control, expedirá los decretos, órdenes y resoluciones que, dentro de sus respectivas competencias, faciliten y estimulen el desarrollo de la presente ley, entre otras, en las siguientes materias:

(…)

7. La utilización y readquisión de bienes operacionales entregados por el empresario a sus acreedores”.

A este respecto, la misma Ley 550 en su Capítulo VI sobre acciones judiciales, dedica el artículo 39 a las acciones revocatorias y de simulación, cuyo inciso primero establece:

“Cualquier acreedor podrá intentar ante (sic) la acción revocatoria o de simulación de los siguientes actos o contratos realizados por el empresario dentro de los 18 meses anteriores a la iniciación a la negociación de un acuerdo de reestructuración:

1. La extinción de obligaciones. Daciones en pago, otorgamiento de cauciones, contratos de garantía, contratos de fiducia mercantil, ventas con pacto de recompra, contratos de arrendamiento financiero que involucren la transferencia de activos de propiedad del empresario (leaseback) y, en general, todo acto que implique disposición constitución o cancelación de gravámenes, limitación o desmembración del dominio de bienes del empresario, que causen un daño directo cierto, incluso futuro, a los acreedores”.

Por consiguiente, en la medida en que aparezca que alguna de las partes en sus actuaciones y en sus pretensiones se apartó o se aparta de las disposiciones de la citada ley habrá que tener como no eficaces tales actuaciones y descartar las correspondientes pretensiones que en ella se funden.

Sobre este particular, observa el Tribunal que todos los aparentes traspasos de facturas de venta de MOLCAUCA, hechos bajo la palabra endoso que fue puesta en las copias de las facturas emitidas por MOLCAUCA se efectuaron con anterioridad a que MOLCAUCA solicitara el proceso de reestructuración, por lo cual no se podría pensar, a priori, que resultarían objetables desde ese punto de vista.

No obstante lo anterior, el Tribunal al analizar las pruebas presentadas y la conducta de las partes para determinar qué tipo de operación se llevó a cabo en este caso, deberá tener muy en cuenta que no le es dado a las partes, en virtud del carácter de norma de orden público del que gozan las disposiciones de la Ley 550, apartarse del acuerdo de reestructuración y pretender cobrar sus acreencias por fuera de este.

Quedó probado dentro del proceso la voluntad de B&V de no participar en el acuerdo de reestructuración de MOLCAUCA. Si bien B&V no presentó objeción al reconocimiento de su crédito, sí dejó la constancia de que MOLCAUCA no era su acreedor y que, por lo tanto, procedería a cobrarle directamente a SNACKS en su condición de deudor de las facturas. Ante esta intervención, el Promotor decidió retirar la acreencia a favor de B&V de la determinación de los derechos de voto e incluir este monto como contingente.

No sobra mencionarlo, pues tiene importancia para la cabal comprensión de la situación, que B&V no objetó en su momento la calificación y graduación de créditos presentada por el Promotor, al punto que otros acreedores (según obra en el acta de dicha reunión) dejaron claramente establecido que B&V se había limitado a dejar una simple constancia sin impugnar dicha calificación.

En esa medida, el Tribunal debe concluir que únicamente era posible para B&V apartarse del proceso de reestructuración y cobrar el monto de las facturas directamente a SNACKS en el evento en que se demuestre que mediante el negocio jurídico celebrado entre las partes cedió efectivamente el crédito contenido en las facturas, de tal manera que fuera evidente que el deudor de B&V no era MOLCAUCA sino SNACKS. De lo contrario, el Tribunal deberá llegar a la conclusión ineludible de que el deudor de B&V es MOLCAUCA y, por lo tanto, solo era posible cobrar esta acreencia dentro del acuerdo de reestructuración celebrado.

4.4. DEL NEGOCIO JURÍDICO CELEBRADO POR LAS PARTES.

Una vez hechas las anteriores precisiones que resultan relevantes para contextualizar el interrogante planteado en el presente caso, el Tribunal procede a analizar cuál fue el negocio jurídico efectivamente celebrado entre MOLCAUCA y B&V. Para tal efecto, a partir de las precisiones anteriores y de los hechos y antecedentes que se han podido establecer en el acervo probatorio, se analizarán las diferentes instituciones jurídicas que las partes alegan haber celebrado y, a partir de dicho análisis, concluir cuál de todos los negocios jurídicos fue el que efectivamente se celebró.

4.4.1 .HECHOS Y ANTECEDENTES.

El ejercicio de establecer cuál es la verdadera naturaleza de los negocios jurídicos que celebraron MOLCAUCA y B&V, encuentra su marco fáctico en los siguientes hechos y antecedentes:

4.4.1.1. La sociedad Snacks América Latina Venezuela S.R.L. desarrolló una actividad comercial de compraventa de mercaderías (gritz de maíz) con la sociedad MOLCAUCA, en virtud de la cual esta, una vez despachado el producto, expidió unas facturas a cargo de SNACKS, que MOLCAUCA calificó como facturas cambiarias de compraventa.

4.4.1.2. A raíz de las medidas cambiarias restrictivas adoptadas por el gobierno de Venezuela en el año de 2003, se le restringió el acceso a la compra de divisas a SNACKS. Estas restricciones generaron, a su vez, inconvenientes de liquidez a MOLCAUCA, que la llevaron a buscar alternativas financieras y terminar acudiendo a la sociedad B&V, cuyo objeto es desarrollar actividades relacionadas con negocios financieros de inversión, intermediación, compra y venta de bienes fungibles y no fungibles, entre otros.

4.4.1.3. La sociedad B&V no está autorizada para funcionar como establecimiento de crédito por la Superintendencia Financiera, ni se encuentra sometida a la vigilancia y control de ese despacho.

4.4.1.4. Las entidades que no se encuentran debidamente autorizadas por la Superintendencia Financiera no se pueden dedicar a la captación masiva y habitual de recursos del público.

4.4.1.5. B&V ha sostenido (y a tal efecto aportó copias de los contratos con sus clientes) que su actividad negocial consiste en fungir como mandataria de personas naturales y jurídicas con excesos de liquidez, para ayudarles a encontrar oportunidades de colocación de tales recursos.

4.4.1.6. Entre las sociedades MOLCAUCA y B&V, se suscribió un acuerdo atípico verbal, cuyo objeto es precisamente una de las causas del presente litigio, pero en el que a partir del expediente se pueden dilucidar algunas de las actividades que se llevaron a cabo en cumplimiento del mismo, a saber:

• B&V otorgó un cupo de crédito a MOLCAUCA que ascendía a la suma de seiscientos cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América (USD 655.000.oo).

• MOLCAUCA, por su parte, entregó a B&V las facturas cambiarias, con un propósito que también se discute en el presente litigio. Dichas facturas estaban anotadas, selladas (11) y firmadas por MOLCAUCA.

• MOLCAUCA instruyó a Bancolombia —banco en el que aquella poseía una cuenta corriente y que actuaba como intermediario del mercado cambiario en la operación de cambio de exportación de bienes—, para que este transfiriera a B&V los importes consignados por SNACKS cada vez que esto sucediera.

4.4.1.7. Los sellos estampados en las denominadas facturas cambiarias contenían anotaciones que decían lo siguiente: “Endosamos a favor de Banca y Valores”.

4.4.1.8. El 29 de julio de 2005 la sociedad MOLCAUCA entró en proceso de reestructuración económica bajo la Ley 550 y en ese momento, dentro de su activo, figuraba contablemente, como cuenta por cobrar, el monto correspondiente a la totalidad de las facturas a cargo de SNACKS y en nota a los estados financieros, anexos a la solicitud de reestructuración, aparecían registradas obligaciones a cargo de MOLCAUCA y a favor de B&V.

4.4.1.9. La sociedad MOLCAUCA entró en liquidación forzosa a partir del 7 de abril de 2006, como consecuencia del fracaso de su proceso de reestructuración.

4.4.1.10. Dado el importante número de facturas que se encontraban en poder de B&V sin pago, la entidad inició un proceso ejecutivo contra SNACKS para obtener su pago, proceso que cursó en el Juzgado 14 Civil del Circuito de Cali y que terminó por desistimiento presentado por B&V.

4.4.1.11. Con carta de fecha del 23 de enero de 2007, el liquidador de MOLCAUCA, doctor Jairo Abadía, solicitó a SNACKS el pago de varias facturas dentro de las cuales se encuentran:

“1. facturas incluidas en el proceso que se adelanta en el juzgado 14 civil del circuito de las cuales no hemos recibido respuesta alguna a nuestro cobro”.

4.4.1.12. SNACKS, teniendo en cuenta que las mismas facturas estaban siendo cobradas por MOLCAUCA y B&V, solicitó realizar una audiencia para llegar a un acuerdo conciliatorio con dichas entidades para definir si efectivamente el crédito fue cedido válidamente o no, con el fin de determinar quién era su acreedor.

4.4.1.13. Como consecuencia de ello acordaron las tres partes que SNACKS efectuaría el pago total de las facturas mediante constitución de un encargo fiduciario, de forma tal que B&V y MOLCAUCA establecerían por vía judicial cuál de ellas tiene derecho a percibir ese pago, luego de lo cual la sociedad fiduciaria haría entrega de las sumas así recibidas a quién finalmente se estableciera que tenía derecho a ello.

4.4.1.14. Derivado de tal acuerdo, B&V procedió a terminar el proceso ejecutivo y ambas sociedades concurrieron ante este Tribunal, precisamente para dirimir el punto antes señalado, con lo cual, inaceptable resulta la pretensión de MOLCAUCA de intentar asignar algún tipo de consecuencia al proceder de B&V respecto al proceso ejecutivo que cursaba en el Juzgado 14.

4.4.2. ACLARACIÓN DEL TRIBUNAL SOBRE EL ALCANCE DE LA CONTABILIDAD COMO PRUEBA.

Dadas las afirmaciones de una y otra parte en torno a los registros contables, el Tribunal encuentra necesario efectuar algunas breves consideraciones con respecto a la contabilidad de los comerciantes, sus requisitos y su alcance probatorio.

Sea lo primero recordar que por perentorio mandato legal, todo comerciante y muy especialmente toda sociedad comercial, está obligada a llevar contabilidad en debida forma, ciñéndose a lo dispuesto en el Decreto Reglamentario 2649 de 1993 y sus disposiciones complementarias, que precisamente fija las reglas de contabilidad generalmente aceptadas en Colombia. Esta normatividad general se complementa en el caso de ciertos empresarios, sometidos a supervisión, control o vigilancia del Estado, con las instrucciones que sobre ese particular les impartan las entidades estatales.

Como consecuencia de tal obligación, disponen los artículos 68 del Código de Comercio y 772 del Estatuto Tributario, en armonía con el Código de Procedimiento Civil, que la contabilidad llevada en debida forma constituye plena prueba y, que en todo evento donde dos comerciantes aleguen diferentes posiciones frente a un mismo hecho económico, habrá de otorgarse prevalencia, en tanto medio de prueba, a la contabilidad llevada en debida forma.

Por tal razón, considera el Tribunal que yerra en ese punto MOLCAUCA, cuando sostiene por vía de su apoderado judicial en este proceso, que lo dicho por su contabilidad no tiene ninguna importancia, pues muy al contrario, es la contabilidad la fuente primigenia para efectos de probar el entendimiento que las partes tenían de la operación negocial.

B&V reconoció que nunca registró en su contabilidad como activos propios las facturas que dice haber adquirido e, igualmente, su representante legal admitió que tal registro no se realizó siquiera en las cuentas de orden, como activos de terceros en poder de la sociedad, con lo cual, dicha sociedad omitió, ya fuera a nombre propio o por cuenta de sus clientes, asentar en sus libros la operación que dice haber celebrado.

De su parte, MOLCAUCA ha sostenido siempre, lo que no ha sido refutado por B&V, a quién correspondía en ese punto la carga de la prueba, que mantuvo registrados como activos propios las veintiocho (28) facturas que dan origen a esta controversia.

A pesar de las afirmaciones efectuadas por B&V, no obra en el plenario elemento de prueba que permita desestimar el registro contable de MOLCAUCA, al cual, por expresa disposición legal, el Tribunal considera necesario otorgar pleno valor probatorio.

La realidad es que si MOLCAUCA registró como propias las facturas, a quién competía probar mejor derecho frente a ellas era a B&V, máxime cuando se encuentra de por medio la fe pública, pues los estados financieros publicados de una sociedad tienen como principal propósito el de ofrecer a los terceros que contraten con el ente moral la información suficiente e idónea sobre su situación financiera.

4.4.3. DE LOS POSIBLES NEGOCIOS JURÍDICOS QUE SE CELEBRARON.

Debido a que entre MOLCAUCA y B&V no existe un contrato escrito cuya naturaleza, derechos y obligaciones, hayan sido redactados con claridad y precisión, se ha hecho necesario acudir a los medios de prueba previstos en la ley para poder llegar a la certeza sobre la verdadera intención de las partes al celebrar el acuerdo que dio origen a la presente disputa. Dentro de los posibles contratos que se han tenido en cuenta se encuentran:

(i) El contrato de Corretaje;

(ii) El contrato de Mandato;

(iii) El contrato de Mutuo;

(iv) El contrato de Factoring;

(v) El endoso de facturas cambiarias de compraventa, y

(vi) La cesión de derechos de crédito.

Con el fin de llegar a una respuesta unívoca y coherente, el Tribunal analizará cada uno de estos con el fin de encontrar la figura que refleje con todo rigor y se adapte a la real voluntad de las partes, debidamente probada dentro del proceso.

4.4.3.1. DEL CONTRATO DE CORRETAJE.

El artículo 1340 del Código de Comercio tipifica el contrato de corretaje en términos subjetivos, al definirlo por medio de la persona quien lo puede celebrar, en los siguientes términos:

“ART. 1340.—Se llama corredor a la persona que, por su especial conocimiento de los mercados, se ocupa como agente intermediario en la tarea de poner en relación a dos o más personas, con el fin de que celebren un negocio jurídico comercial, sin estar vinculado a las partes por relaciones de colaboración, dependencia, mandato o representación”.

De la anterior definición se deduce que el contrato de corretaje no puede ser celebrado por cualquier persona en calidad de agente intermediario, sino solo por aquellas personas que en virtud de su profesión y calidades, posean un especial conocimiento del mercado.

En cuanto al objeto del contrato de corretaje, de la definición anteriormente transcrita es claro que el objeto del corretaje en todos los casos es el de poner en relación a dos o más personas con el fin de que estas celebren un negocio jurídico comercial. En otras palabras, el corredor actúa como un intermediario en un mercado que conoce muy bien, poniendo en contacto a compradores o demandantes y vendedores u oferentes, de bienes y servicios de toda índole.

De la misma manera, una lectura cuidadosa del artículo anterior permite evidenciar que la obligación del corredor no es de medio sino de resultado, de manera que solo cumple con su obligación en la medida en que se celebre el negocio jurídico entre las dos partes que puso en contacto.

4.4.3.2. DEL CONTRATO DE MANDATO.

De conformidad con lo establecido en el contrato celebrado entre B&V y sus clientes inversionistas, procede el Tribunal a analizar qué tipo de mandato se otorgó en estos casos.

El artículo 1262 del Código de Comercio dispone que:

“El mandato comercial es un contrato por el cual una parte se obliga a celebrar o ejecutar uno o más actos de comercio por cuenta de otra. El mandato puede conllevar o no la representación del mandante”.

De la anterior definición es claro que la intención de las partes en este caso, al celebrar un contrato de mandato, era que B&V se obligara a celebrar o ejecutar, por cuenta de sus clientes inversionistas, el negocio jurídico que surgía de la labor de corretaje realizada por B&V.

Ahora bien, con relación a la pregunta sobre qué tipo de mandato se otorgó en estos casos, resulta necesario analizar el acervo probatorio a la luz de la normatividad vigente.

La cláusula primera del contrato de mandato suscrito establece que el mandante (clientes inversionistas) otorga a la mandataria (B&V) la facultad de suscribir con los deudores de aquél, los contratos de garantía real, fuente de pago, cesión de derechos, o actuar como endosataria, acreedora vinculada, o cualquier otra calidad que requiera la obtención de las garantías necesarias tendientes al afianzamiento de los créditos u operaciones de inversión que el mandante ha celebrado con sus deudores demandantes de recursos.

La cláusula segunda señala que en virtud de la suscripción de cualquiera de los contratos necesarios para el afianzamiento de las operaciones, B&V queda facultada para recibir la totalidad de las sumas de dinero que resulten de los citados contratos, con el fin específico de entregarlos al mandante. Adicionalmente, se señala que B&V queda facultada para mantener en sus cuentas bancarias los dineros recibidos, hasta el momento de hacer la entrega de los mismos al mandante. Sin embargo, en la cláusula tercera se deja constancia de que estos dineros recibidos y custodiados por B&V son de exclusiva propiedad del mandante.

La cláusula cuarta, por su parte, dispone que el término de duración del contrato será igual al término de duración de los contratos de garantía que suscriba B&V en ejercicio del mandato otorgado y en todo caso, su vigencia continuará mientras existan sumas o saldos insolutos a favor del mandante.

De la lectura de las cláusulas anteriormente mencionadas se deriva que la intención de las partes al suscribir el contrato de mandato era que B&V asumiera la posición contractual de sus clientes inversionistas, frente a los demandantes de liquidez, de tal manera que fuera B&V quien suscribiera los contratos necesarios para implementar el negocio jurídico entre estos inversionistas y los demandantes de liquidez. Lo anterior encuentra fundamento no solo en el clausulado del contrato de mandato celebrado entre B&V y sus clientes inversionistas, sino también en lo afirmado por el representante legal de B&V en la carta remisoria de la aportación de documentos ante el presente Tribunal (12) , en la cual señala:

“Tal como lo expresé ante el Tribunal, BANVALORES presta sus servicios financieros a personas que cuentan con excesos de liquidez para colocar sus recursos en el mercado a través de operaciones financieras autorizadas por la ley. Para estos efectos, se suscriben los contratos a los que se refiere el presente numeral, los cuales tienen como finalidad, por una parte, instrumentar el vínculo jurídico y negocial entre los contratantes, y por la otra, haciendo referencia específica al contrato de mandato, crear las condiciones jurídicas que permitan a BANVALORES realizar a su nombre las operaciones en las cuales se invierten los recursos de propiedad de sus clientes”. (Subrayas fuera del texto).

Adicionalmente, es claro que las sumas de dinero que fueran pagadas en virtud del contrato entre los inversionistas y los demandantes de liquidez debían ser pagadas directamente a B&V, quien debía entregar esas sumas posteriormente a sus clientes inversionistas. Esta situación también fue reiterada por el apoderado de B&V, quien en su testimonio del día 4 de octubre de 2007, manifestó que B&A actuaba como mandatario del inversionista y que cuando MOLCAUCA pagaba los dineros, estos entraban a las cuentas de B&V y, de ahí, se le pagaba a cada inversionista posteriormente (13) .

4.4.3.3. DEL CONTRATO DE MUTUO.

De acuerdo con el artículo 2221 del Código Civil, el contrato de mutuo se define de la siguiente manera:

“El mutuo o préstamo de consumo es un contrato en que una de las partes entrega a la otra cierta cantidad de cosas fungibles con cargo de restituir otras tantas del mismo género y calidad”.

Adicionalmente, el mutuo comercial tiene la particularidad de llevar consigo el pago de intereses legales comerciales (14) , salvo que las partes dispongan otra cosa.

De igual manera, la legislación civil colombiana ha establecido que este contrato se perfecciona mediante la tradición de la cosa, teniendo en cuenta que la tradición transfiere el dominio. Así lo ha establecido el artículo 2222 del Código Civil.

4.4.3.4. DEL CONTRATO DE FACTORING.

El factoring es un contrato atípico, debido a que no se encuentra regulado en la legislación colombiana actual. Sin embargo, dada la importancia que han adquirido este tipo de operaciones en los últimos años, el contrato de factoring ha sido objeto de estudio por parte de varios doctrinantes.

Específicamente, el tratadista argentino Farina define el factoring en los siguientes términos:

“El factoring es un contrato financiero que se celebra entre una entidad financiera (sociedad de factoring) y una empresa (factoreada), por el cual la primera se obliga a adquirir todos los créditos que se originen a favor de la segunda en virtud de su actividad comercial, durante un determinado plazo” (15)

Adicionalmente, el mismo autor hace un análisis de las diferencias entre el contrato de factoring con otros contratos que buscan resultados similares. En este punto, Farina afirma que la cesión de créditos constituye el eje central del contrato de factoring, aunque señala que su diferencia más grande radica en que mientras el factoring es un contrato de duración (o tracto sucesivo), la cesión de créditos es un contrato de ejecución instantánea (16) . Ahora bien, aunque se origine en una cesión de créditos, estos dos contratos se distinguen también por el hecho de que el ámbito del factoring es mucho mayor, toda vez que generalmente va acompañado de servicios adicionales a la financiación, como lo son la asistencia técnica y administrativa.

En esa medida, si bien es cierto que el contrato de factoring es diferente a una cesión de créditos, también es cierto que por lo menos para la modalidad de factoring a la vista (17) , el contrato se origina en una cesión de créditos en donde el cedente es la empresa factoreada y el cesionario es la entidad que hace de factor. Por lo tanto, su validez se deriva de que la cesión de derechos se haya hecho en debida forma, en cumplimiento de todos los requisitos legales.

En el caso particular de B&V, SNACKS era el comprador y MOLCAUCA vendedor de gritz de maíz. La cartera que supuestamente se habría adquirido estaba instrumentada en facturas comerciales bajo la creencia de que se trataba de facturas cambiarias de compraventa.

No obstante, sobre este tema en particular vale le pena hacer el análisis que permita definir qué tipo de facturas fueron las que hicieron parte del negocio sub examine.

4.4.3.5. EL ENDOSO DE FACTURAS CAMBIARIAS DE COMPRAVENTA.

La factura cambiaria de compraventa es un título valor que proviene del vendedor y que se basa en un negocio jurídico de compraventa de mercaderías. Según el Código de Comercio, para que el vendedor pueda expedir una factura cambiaria de compraventa es necesario que los bienes objeto de venta hayan sido entregados real y materialmente al comprador. Igualmente, la ley exige que la factura cambiaria sea aceptada por el comprador.

El artículo 774 del Código de Comercio consagra los requisitos especiales para que un documento constituya una factura cambiaria. El mencionado artículo establece lo siguiente:

“ART. 774.—REQUISITOS ADICIONALES DE LA FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA. La factura cambiaria de compraventa deberá contener además de los requisitos que establece el artículo 621, los siguientes:

1) La mención de ser “factura cambiaria de compraventa”;

2) El número de orden del título;

3) El nombre y domicilio del comprador;

4) La denominación y características que identifiquen las mercaderías vendidas y la constancia de su entrega real y material;

5) El precio unitario y el valor total de las mismas, y

6) La expresión en letras y sitios visibles de que se asimila en sus efectos a la letra de cambio.

La omisión de cualquiera de estos requisitos no afectará la validez del negocio jurídico que dio origen a la factura cambiaria, pero esta perderá su calidad de título-valor”. (Subrayas fuera de texto)

Ahora bien, cuando se estudian cuidadosamente los documentos expedidos por MOLCAUCA, a los cuales se les pretende atribuir la calidad de factura cambiaria de compraventa, es evidente que en ninguna parte se incluye el texto ordenado por el numeral 6º del artículo 774 del Código de Comercio, a saber:

“la expresión en letras y sitios visibles de que se asimila en sus efectos a la letra de cambio”.

En este orden de ideas, es claro, tal como lo dispone la ley, que a falta de uno de los requisitos formales señalados por la ley, la factura pierde su calidad de título valor. Se subraya que el negocio jurídico que da origen a la factura no pierde su validez, pero esta última no se puede considerar título valor, sino una simple factura comercial.

Adicionalmente, las mencionadas facturas nunca fueron aceptadas por SNACKS, como facturas cambiarias mediante la devolución de los originales con nota de aceptación al comprador, lo cual constituye rechazo tácito de la factura cambiaria, en los términos del artículo 778 del Código de Comercio que señala:

“ART. 778.—La no devolución de las facturas cambiarias en un plazo de cinco días a partir de la fecha de su recibo, se entenderá como falta de aceptación”.

Con respecto a este requisito, vale la pena anotar que el fracaso de la factura cambiaria como título valor en Colombia, se debe a la exigencia de que el comprador deba devolver al vendedor el original de la factura, original que como es sabido, representa el título de propiedad del comprador sobre las mercaderías que compra y que, difícilmente, querrá devolver al vendedor. En otros países este problema ha sido resuelto mediante un duplicado de la factura que el vendedor siempre conserva en su poder cuando expide una factura cambiaria y que la ley le permite hacer y conservar siempre que expida una factura cambiaria.

Pero, obviamente, si la factura que el vendedor denomina cambiaria, no alcanza a convertirse en título valor por la falta de aceptación expresa del comprador manifestada en los términos del artículo 778 anteriormente trascrito, se tratará de una factura ordinaria, a las cuales se refiere el artículo 944 del Código de Comercio en los siguientes términos:

“ART. 944.—El comprador tiene derecho a exigir del vendedor la formación y entrega de una factura de las mercaderías vendidas con indicación del precio y del pago total o de la parte que hubiere sido cancelada. No reclamándose contra el contenido de la factura, dentro de los tres días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada”. (Subrayas fuera del texto).

Por consiguiente y sobre la premisa no necesariamente establecida en el expediente de que el contrato de compraventa internacional de mercaderías estuviera sujeto a la ley colombiana, se podría afirmar que transcurridos tres (3) días desde que SNACKS recibió cada factura, sin haberse manifestado contra su contenido, las aceptó irrevocablemente, como facturas ordinarias, representativas tanto de su propiedad sobre las mercancías, como del crédito en ellas incorporado a favor de MOLCAUCA, en su condición de vendedor, por el saldo total del precio de las mercaderías.

4.4.3.6. DE LA CESIÓN DE DERECHOS.

La cesión de derechos está consagrada en el artículo 1959 del Código Civil que fue subrogado por artículo 33 de la Ley 57 de 1887, que al respecto señala lo siguiente:

“La cesión de un crédito, a cualquier título que se haga, no tendrá efecto entre el cedente y el cesionario sino en virtud de la entrega del título. Pero si el crédito que se cede no consta en documento, la cesión puede hacerse otorgándose uno por el cedente al cesionario, y en este caso la notificación de que trata el artículo 1961 debe hacerse con exhibición de dicho documento”.

Adicionalmente, la cesión de derechos, para ser oponible al deudor y a terceros, debe ser notificada a aquel antes de efectuarse el pago del crédito. Esta notificación se encuentra prevista en el Código Civil en los artículos 1960 y 1961.

La doctrina al estudiar esta norma ha expresado que la validez de una cesión, de crédito requiere:

(i) La existencia de un título que conste por escrito. No puede cederse un crédito verbalmente aceptado, pues el mismo artículo citado ordena:

“Pero si el crédito que se cede no consta en documento, la cesión debe hacerse otorgándose uno por el cedente al cesionario (...)”.

Es decir, que la ley le impone al cedente la carga de crear el título y entregarlo al cesionario, quién al notificar al deudor la cesión del crédito deberá exhibirle el título creado por el cedente.

(ii) La existencia de una nota de cesión con la designación del cesionario y bajo la firma del cedente, tal como se deduce del artículo 1961 el cual establece que la notificación debe hacerse con exhibición del título, el cual llevará anotado el traspaso del derecho, la designación del cesionario, todo bajo la firma del cedente (18) .

(iii) La entrega real y material del título por el cedente al cesionario.

En el caso particular de la alegada cesión de derechos en la que B&V actuaría presuntamente como cesionario, se encuentra probado que la operación se habría llevado a cabo entre abril y mayo de 2005 y la notificación a SNACKS, en su condición de deudor cedido no se realizó sino hasta el 26 de diciembre de 2005, pero en todo caso antes de efectuar el pago de la deuda por la mercancía exportada por MOLCAUCA.

No obstante lo anterior, para el Tribunal es muy diciente el hecho de que la notificación no se hiciera al mismo tiempo que la operación llevaba a cabo por B&V y MOLCAUCA, sobre todo si se tiene en cuenta la condición de profesional de B&V en este tipo de operaciones y el riesgo que implica la ausencia de notificación frente al deudor cedido y a terceros.

Todo esto lleva a preguntarse cuál fue el motivo que llevó a B&V a abstenerse de notificar a SNACKS por espacio de alrededor de siete (7) meses y solo decidir hacerlo el 26 de diciembre de 2005.

La pregunta cobra aun más relevancia al analizar el contenido del acervo probatorio, entre el que se encuentra el testimonio del señor Juan Carlos Osorio, del 4 de octubre de 2007, del que no se puede concluir necesaria e inequívocamente que la voluntad de B&V, como profesionales de la actividad financiera, haya sido la de celebrar una cesión de derechos desde el primer momento en que se otorgó el cupo de crédito por parte de B&V.

Lo que tiene más claridad a ojos del Tribunal, es el hecho de haber notificado a SNACKS justo después de la audiencia llevada a cabo en Santander de Quilichao el 5 de diciembre de 2005, en la cual se hicieron presentes los acreedores de MOLCAUCA, con motivo de su reestructuración y acogiéndose a los presupuestos de la Ley 550 de 1999.

Del acervo probatorio que obra en el expediente se puede percibir que, a partir del momento en que MOLCAUCA se sometió al trámite de la Ley 550, B&V (i) presentó una “constancia” en donde se dejó clara su intención de no ser parte de los acreedores de MOLCAUCA dentro de ese proceso concursal, y (ii) notificó a SNACKS de la cesión de los derechos de crédito, en los que se podría interpretar, en últimas, como una forma de apartarse del proceso universal para que las facturas fueran pagadas directamente a B&V por SNACKS como deudor solvente y redefiniendo así la operación celebrada entre B&V y MOLCAUCA algún tiempo atrás.

Por esta razón, el Tribunal no puede aceptar que la voluntad de las partes hubiera sido la de celebrar de manera clara, expresa e inequívoca un contrato de cesión de derechos de crédito en propiedad en estricto sentido y de acuerdo con las normas que lo regulan.

Incluso, si en gracia de discusión se aceptara la tesis según la cual en este caso se celebró entre MOLCAUCA y B&V una cesión de derechos, esta encontraría una objeción insalvable en la normatividad cambiaria, toda vez que como se estableció en el numeral 4.2 anterior, por expresa prohibición legal, B&V no podría adquirir la calidad de cesionario de las facturas a cargo de SNACKS.

Pero además de lo anterior, la operación planteada sería contraria a las reglas establecidas en la Ley 550 para la reorganización empresarial. En la medida en que la cesión de derechos de crédito en garantía no es equiparable a la cesión del instrumento o factura, B&V no se hizo dueña del mismo y mantuvo el carácter de mero acreedor quirografario con fuente de pago. Esto le impediría, en los términos de la Ley 550, pretender el cobro de su acreencia por fuera del concurso, pues no le habría sido transferida la propiedad de las facturas, ni contaría dicho acreedor con un tercero garante, que son las hipótesis únicas previstas por dicha ley, bajo las cuales un acreedor puede desconocer la naturaleza universal del concurso.

4.4.4. CONCLUSIONES DEL TRIBUNAL SOBRE EL NEGOCIO JURÍDICO CELEBRADO.

En el expediente obra prueba suficiente de que B&V suscribió con cada uno de los inversionistas un contrato que denominó “Contrato de Corretaje y Mandato”. El capítulo primero de este documento correspondía al contrato de corretaje. En la cláusula primera se estableció que el corredor (B&V) se obligaba para con el usuario a realizar todas las actividades necesarias dirigidas a lograr contactarlo con todas las personas que requirieran una inversión o préstamo de sumas de dinero y que, para este efecto, el corredor pondría a disposición del usuario varias alternativas de inversión para que este, según su criterio, escogiera la que más le conviniera.

El mismo representante legal de B&V, el señor Juan Carlos Osorio Ante, así lo reconoció en su testimonio del 4 de octubre de 2007, al señalar que:

“(...) nuestra compañía es una compañía de intermediación, por lo tanto no puedo captar dineros del público, y lo que hago es unir 2 puntas, presento el negocio, lo estructuro y lo presento a una serie de inversionistas y si un inversionista toma la decisión de entrar en esa inversión, el gira el cheque a nombre de quien le diga (...)” (19)

De lo anterior se deriva que el objeto del contrato suscrito entre los terceros inversionistas (usuarios) y B&V corresponde al objeto del contrato de corretaje, contenido en el artículo 1340 del Código de Comercio anteriormente transcrito, toda vez que B&V se obligó con sus usuarios a presentarles diferentes alternativas de inversión para sus excedentes de liquidez.

De conformidad con esta primera parte del contrato y precisamente por ser un contrato de corretaje, la obligación de B&V se limitaba a poner en contacto a las dos partes, en este caso los usuarios y aquellas personas que requerían liquidez, para que estas celebraran un negocio jurídico.

No obstante lo anterior, en el caso bajo estudio, las obligaciones adquiridas por B&V fueron más allá de las anteriormente mencionadas, toda vez que el contrato suscrito también era de mandato. Sin embargo, es importante en este punto aclarar que el artículo 1340 del Código de Comercio dispone que el corredor no estará vinculado a las partes por relaciones de colaboración, dependencia, mandato o representación. En esa medida, es claro que el hecho de celebrar un contrato de corretaje, no trae como consecuencia el nacimiento de un vínculo de colaboración, dependencia, mandato o representación entre quien realiza el encargo y el agente intermediador. Sin embargo, si bien en la ley está expresamente señalado que esta consecuencia no se deriva de la existencia del corretaje, también es cierto que este artículo no está prohibiendo la posibilidad de que entre las mismas partes que celebraron el contrato de corretaje se otorgue, por ejemplo, un mandato.

La doctrina se ha pronunciado en este punto indicando las razones por las cuales considera que este tipo de contrato “mixto o complejo” es legalmente válido:

“Cuando un sujeto pone en relación a dos o más personas para la celebración de un negocio, y luego, ya con miras a la realización de actos relativos a la conclusión del mismo, es encargado por una de las partes para ejecutar tales actos, estamos en un supuesto fáctico que en nada se opone a la preceptiva del artículo 1340. Una actuación de ese estilo implicará la existencia de una verdadera gestión de corretaje frente a las partes —o a una de ellas—, y otra, bien distinta, autónoma y jurídicamente viable, enmarcada dentro de los parámetros de un contrato de mandato. Lo que no es procedente, dentro de la real dimensión del artículo 1340, es que un mismo sujeto pretenda tener, al mismo tiempo y en un mismo sentido, la calidad de corredor y la de mandatario, colaborador, dependiente o representante, respecto de la mera actividad de intermediación” (20)

Lo anterior también encuentra fundamento en las disposiciones del Código de Comercio, que contemplan una situación especial en la cual el corretaje debe ir acompañado del mandato. Este es para el caso de los corredores de seguros. Si bien esta institución tiene un trato especial dentro de la regulación del contrato de corretaje, que se evidencia en el mismo hecho de tener una sección separada para sus disposiciones (21) , también es cierto que este hecho demuestra que un contrato de corretaje que va más allá de poner a dos partes en contacto, no es una figura prohibida por la legislación colombiana, siempre y cuando, claro está, esto se pacte de manera expresa por las partes, pues como se afirmó anteriormente, no es posible deducir estas facultades de la sola celebración de un contrato de corretaje.

Del contrato suscrito entre B&V y sus inversionistas se deriva que las partes no pretendían que de la mera actividad de intermediación surgiera una relación de mandato, razón por la cual los inversionistas procedieron a otorgar a B&V un mandato, el cual quedó instrumentado por medio del Capítulo II del contrato suscrito entre las partes.

En virtud de este mandato, las personas naturales o jurídicas demandantes de los recursos contrataban en apariencia con B&V directamente y no con los inversionistas dueños de los recursos entregados, toda vez que no solo las garantías y los contratos de implementación se suscribían con B&V, sino que también era a B&V a quien debían abonar el pago.

En la medida en que los demandantes de recursos contrataban con B&V y los pagos en virtud de los contratos celebrados entraban al patrimonio de B&V, se entiende que en este caso se otorgó un mandato sin representación, toda vez que B&V aparecía actuando en nombre propio frente a los demandantes de recursos y que además, los pagos objeto del contrato entraban inicialmente a su patrimonio para ser transferidos, posteriormente, a sus mandantes.

La anterior conclusión encuentra sustento en la diferenciación que ha hecho la doctrina de estos dos tipos de mandato, en los siguientes términos:

“En este sentido, habrá que entender que el mandato será con representación, cuando el mandatario obre por cuenta del mandante y en nombre de este, radicándose, en tal caso, en cabeza de tal mandante, inmediatamente, los efectos jurídicos nacidos del negocio celebrado, sin afectar la órbita contractual del mandatario representante. Y, por otro lado, estaremos frente al mandato sin representación cuando el mandatario que actúe en interés del mandante, lo haga en nombre propio, comprometiendo ante terceros su propia esfera patrimonial y sin afectar, hasta ahí, la de su mandante. (...) En este orden de ideas, la situación es clara: el mandatario que actúa por cuenta y en nombre del mandante, radica inmediatamente en cabeza de este los efectos jurídicos derivados del negocio celebrado (suponemos que la actuación está dentro de los límites del poder conferido); y, por el contrario, el mandatario que actúa por cuenta del mandante, pero en su propio nombre, radica sobre sí esos efectos, teniendo, claro está, la obligación de transferirlos al mandante, como consecuencia misma del contrato de mandato celebrado (22)

Concluye por lo tanto el Tribunal que, en el caso bajo estudio, se confirma la existencia de un contrato de corretaje entre B&V y sus clientes inversionistas y, que adicionalmente estos inversionistas le otorgaron un mandato sin representación a la sociedad B&V para que celebrara el negocio jurídico con MOLCAUCA, incluyendo las garantías a que hubiera lugar y recepcionara los pagos correspondientes para luego transferirlos a sus mandantes.

Teniendo claro el negocio celebrado entre B&V y sus clientes inversionistas, procede ahora el Tribunal a determinar el negocio jurídico que se celebró entre esta sociedad y MOLCAUCA.

Para el Tribunal no cabe duda alguna que en casos como el actual, la regla fundamental de interpretación viene dada por los artículos 1618 y 1622 del Código Civil, entre otros, en la medida que resulta esencial conocer la intención de las partes y la forma en que estas ejecutaron su contrato, para determinar cuál era, conforme tal proceder, la naturaleza, contenido y alcances de la relación negocial, habida cuenta de la ausencia de un acervo documental idóneo para esos efectos.

Y es que si las partes o al menos una de ellas, con el consentimiento de la otra, obró de una cierta y determinada manera, tal proceder constituye el referente más importante para que el Juez entre a dilucidar cuál fue el verdadero querer y entendimiento de las partes, interpretación que en este caso particular habrá de efectuarse a partir de una premisa que el Tribunal considera de la mayor relevancia, cual es el carácter profesional de ambas partes, circunstancia que permite exigir de una y otra una especial diligencia y cuidado en el manejo y conducción de sus operaciones.

Con el fin de que el Tribunal pueda llegar a una conclusión sobre el negocio jurídico efectivamente celebrado por las partes, resulta importante tener en cuenta la situación que rodea la celebración de los negocios cuya naturaleza se analiza. Se tiene conocimiento que B&V, como profesional en el mercado financiero, tenía una serie de clientes o contactos comerciales que disponían de excedentes de liquidez. De la misma manera, tenía contacto comercial con empresas como MOLCAUCA, que tenían requerimientos de fondos.

En virtud de lo anterior, B&V ponía en contacto las partes de ese negocio y eso implicaba las siguientes operaciones:

(i) La entrega de cheques girados por las personas con excedentes de liquidez a favor de MOLCAUCA.

(ii) La celebración de un contrato de mandato sin representación mediante el cual B&V actuaba por cuenta del proveedor de los recursos ante MOLCAUCA pero sin ejercer la representación de estos.

(iii) El cobro de intereses y de una comisión de intermediación a MOLCAUCA por parte de B&V.

(iv) La entrega de un documento denominado por MOLCAUCA “factura cambiaria” con un sello que se presentaba como endoso.

El Tribunal con fundamento en la prueba obrante en el expediente, considera necesario establecer las siguientes premisas acerca de la operación negocial y, de manera especial, en torno a la conducta de las partes.

Es evidente, pues además está incluso admitido por el señor representante legal de B&V, que esa sociedad no actuaba frente a MOLCAUCA con recursos propios sino de terceros.

Está igualmente admitido por vía de confesión en el interrogatorio de parte que el representante legal de B&V rindió ante este Tribunal, que esta sociedad actuaba como mandataria sin representación de los verdaderos propietarios de los dineros que eran entregados en calidad de mutuo, pues se presentó de manera clara y hay prueba de ello, la entrega a MOLCAUCA de cantidades de dinero para ser restituidos a los inversionistas a través de B&V con el correspondiente pago de intereses.

De otra parte, el señor Juan Carlos Osorio, representante legal del B&V, en su testimonio (23) , precisó lo siguiente:

(a) Que en el evento en que SNACKS no pagara el monto de las facturas cambiarias endosadas, B&V acudiría ante MOLCAUCA para el pago de estas.

(b) Que quien perdía el monto de las facturas en caso de que SNACKS no pagara era MOLCAUCA y no B&V.

(c) Que en el evento en que ni SNACKS ni MOLCAUCA pagaran y, por lo tanto, B&V no recibiera los recursos correspondientes, quienes asumían el riesgo y, por ende perdían los fondos que habrían suministrado, eran las personas mandantes de B&V que habían aportado la liquidez, pues B&V no tenía que responder a ellos por la devolución de los recursos.

Revisando el acervo probatorio, se encuentra que el apoderado de B&V señaló, en su alegato de conclusión, que una de las operaciones jurídicas que se había celebrado entre B&V y MOLCAUCA, era una compraventa de cartera, que implicaba una cesión de derechos de crédito, sin garantía del cedente. Si esa apreciación del apoderado fuera cierta, cabría preguntarse lo siguiente:

(a) ¿Por qué afirmó el representante legal de B&V que si SNACKS no pagaba las facturas, MOLCAUCA tendría que salir a responder por ellas pues tendría que pagarlas?

(b) ¿Cuál es la razón para que MOLCAUCA tenga que responder por el valor de esas facturas si los derechos económicos habían sido cedidos sin garantía alguna del cedente?

(c) ¿Cuál es la razón para que la cartera adquirida por B&V no se encontrara registrada como un activo de la sociedad en la contabilidad?

(d) ¿Cuál es la razón para que B&V no fuera el destinatario directo del pago de la factura, como correspondería si fuera el comprador, si no que los cheques los giraba Bancolombia a terceros?

(e) ¿Cuál es la razón para que B&V no perdiera los recursos en el evento en que no pagara SNACKS o, en su defecto MOLCAUCA, sino que quien los perdería sería el tercero inversionista?

(f) ¿Cuál es la razón para contabilizar el ingreso en los libros de B&V como uno por cuenta de terceros?

(g) ¿Cuál es la razón por la cual la gestión de cobro y administración de la cartera la hacía MOLCAUCA?

Adicionalmente, es importante tener en cuenta que B&V no registraba dentro de su contabilidad el monto de las facturas como una cuenta por cobrar, es decir, como un activo. Por el contrario, B&V no ingresaba en su contabilidad bajo ningún rubro el monto de estas facturas, que en cambio si aparecen debidamente registradas en la contabilidad de MOLCAUCA como una cuenta por cobrar a SNACKS y, correlativamente, por el mismo monto, una cuenta por pagar a B&V.

Igualmente, del análisis del acervo probatorio se evidencia (i) que en los registros de las operaciones efectuadas por B&V, si bien se trataba de registros extra contables como su propio representante legal lo admitiera ante este Tribunal, se clasifica la operación como una operación de “crédito”, (ii) que en los considerados del contrato de corretaje y mandato se señala que “dentro de las actividades principales a las que se refiere el objeto social del corredor, se encuentra la de realizar las actividades de intermediación consistente en poner en contacto a personas naturales o jurídicas que deciden acudir al mercado extra bancario buscando soluciones de capital y personas con la capacidad de suplir dicha necesidad entregando a título de mutuo ciertas sumas de dinero previamente convenidas” (subrayas fuera del texto), y (iii) que la cláusula primera del mismo contrato se establece que “el corredor se obliga con el usuario a contactarlo con todas las personas que requieran una inversión o préstamo de sumas de dinero”. (subrayas fuera de texto).

El Tribunal considera que de las pruebas aportadas y del análisis de la intención de las partes, se encuentra evidencia que permite pensar que entre MOLCAUCA y B&V se perfeccionó un contrato de mutuo.

La evidencia que se ha tenido en cuenta para llegar a esta conclusión proviene (i) del testimonio rendido por el representante legal de B&V, señor Juan Carlos Osorio, (ii) de las 28 facturas, y (iii) de los contratos de corretaje y mandato aportados como pruebas documentales.

Igualmente, el Tribunal no puede pasar por alto que la operación jurídica acordada entre MOLCAUCA y B&V también implicaba el pago de intereses, tal como lo ratificó el representante legal de B&V, Juan Carlos Osorio, en su testimonio en los siguientes términos:

“En principio negocio una tasa con Molinos, cuál es la tasa? Le digo le cobro 2.5% nominal mensual y vamos a hacer operaciones de acuerdo al vencimiento de las facturas a 90 días (...)” (24)

Del expediente parecería que en el entender de B&V, el respaldo del préstamo, de acuerdo con lo probado, eran las veintiocho (28) facturas que se pretendieron endosar y que se entregaron a B&V precisamente con el fin de que sirvieran como respaldo del crédito otorgado. Sin embargo, en este punto y tal como se explicará más adelante, el Tribunal tiene una divergencia interna pues, mientras el Presidente considera que se presentó una cesión de derechos de crédito en garantía, los árbitros Espinosa y Muñoz consideran que el propósito de entregar las facturas no era ningún otro que el de servir como fuente de pago de las obligaciones dinerarias que habían sido adquiridas.

Del testimonio rendido por el señor Osorio (25) , queda claro que en caso de una posible insolvencia de SNACKS y, por lo tanto, el no pago de las facturas, quien respondería sería MOLCAUCA, evento que no sucedería si se tratara de una adquisición de cartera o un factoring, salvo que se tratara de una cesión de crédito o de un factoring prosolvendo, de lo cual no obra ninguna evidencia en el expediente.

A la luz del análisis anterior y de las diferentes premisas que se han esbozado a lo largo del presente numeral 4.4, el Tribunal en pleno está de acuerdo en que entre B&V y MOLCAUCA no se celebró un contrato o una operación de factoring y lo que se deduce en forma concreta de todo el acervo probatorio que obra en el expediente es que la verdadera intención de las partes fue la de celebrar un negocio jurídico complejo, no tipificado, en el cual convergen elementos y características (a) del contrato de corretaje, (b) de un contrato de mandato sin representación que fue celebrado entre B&V y sus clientes inversionistas para que el primero actuara a nombre de los segundos, pero sin representación, frente a MOLCAUCA, y (c) del contrato de mutuo con fuente de pago asignada, la cual correspondía a los recursos que entraban a la cuenta corriente de MOLCAUCA en Bancolombia como consecuencia del pago de las facturas ordinarias de compraventa por parte de SNACKS.

Alcanzada la anterior conclusión unánime por parte del Tribunal, procede preguntarse (a) si también pudo haber existido una cesión de los derechos de crédito representados en las veintiocho (28) facturas ordinarias de compraventa a cargo de SNACKS, y (b) si habiendo existido dicha cesión, se trató de una cesión en propiedad o de una cesión en garantía.

Para efectos de contextualización, el Tribunal considera conveniente precisar que del acervo probatorio que obra en el expediente, se puede asumir que SNACKS aceptó tácitamente las facturas expedidas por MOLCAUCA. Si bien el Tribunal entiende que no se trataban de facturas cambiarias sino de facturas ordinarias de compraventa, tal y como expuso anteriormente, encuentra que, en abstracto, era posible para MOLCAUCA ceder sus derechos de crédito respecto del precio adeudado en cada factura.

Lo anterior significa que, en teoría, MOLCAUCA las hubiera podido ceder a un tercero con capacidad legal para ello. Otra cosa, sin embargo, es que mientras el deudor no acepte la cesión o no le sea notificada, esta no le es oponible ni al deudor ni a los terceros, pero sin que ello afecte la validez de la cesión efectuada entre el vendedor cedente y el cesionario (26) . Si el deudor no acepta voluntariamente la cesión, la única alternativa que le quedaría al acreedor para que esta surta pleno efecto, es recurrir a la vía judicial utilizando el mecanismo de la prueba anticipada con fundamento en el artículo 297 del Código de Procedimiento Civil y desde luego cumpliendo con el mandato de exhibición del título ordenado por el artículo 1961 del Código Civil.

La razón para hacer dicha notificación judicialmente, es que en la práctica no puede hacerse por carta, pues difícilmente el cesionario acompañaría a la carta el original del título con la nota de cesión.

Ahora bien, del acervo probatorio no se podría desprender necesariamente que se haya perfeccionado un contrato de cesión de derechos crediticios en propiedad, pues de las pruebas se extrae que hasta antes de la notificación de B&V en diciembre 26 de 2005, se trataban de operaciones de crédito de terceros, inversionistas, con la intermediación de B&V, bajo la figura del mandato o corretaje (27) , mas no de una cesión de créditos de MOLCAUCA a B&V en propiedad.

En otras palabras, que las facturas a cargo de SNACKS se establecieron como fuente de pago del crédito, sin que existiera cesión, endoso u otra modalidad de transferencia de la propiedad de los instrumentos de crédito, lo que (vale la pena recordarlo) claramente no eran títulos valores.

Lo que se puede percibir, es que a partir del momento en que MOLCAUCA se sometió al trámite de la Ley 550 de 1999, B&V notificó a SNACKS, como si lo que buscara en últimas fuera apartarse del proceso universal y que las facturas fueran pagadas directamente a B&V, lo que se evidencia en las respuestas del representante legal de B&V (Prueba Nº 22 de MOLCAUCA). Lo anterior, demuestra que la voluntad de las partes no reflejaba verdaderamente la intención de celebrar un contrato de cesión de las facturas.

A su vez, la teoría de que la intención de las partes no fue la de celebrar una cesión de derechos de crédito en propiedad sino un contrato de mutuo donde tales facturas fungían como simple fuente de pago, también encuentra justificación en el hecho de que MOLCAUCA instruyó directamente a Bancolombia para que transfiriera los recursos consignados por SNACKS a B&V una vez los recursos fueran monetizados.

En otras palabras, es claro que los recursos no entraban directamente a la cuenta de B&V —como hubiera correspondido en una cesión de derechos de crédito—, sino que por el contrario, Bancolombia debía girar un cheque de gerencia a su nombre y/o de los terceros que ella designara. Este hecho desvirtúa igualmente la existencia de una cesión de derechos, por cuanto las consecuencias deseadas por las partes (pagar a B&V con los recursos del pago de las facturas de SNACKS) se obtenían con la sola notificación de MOLCAUCA a Bancolombia, sin necesidad de involucrar al comprador de las mercaderías (SNACKS).

En consecuencia, el Tribunal no encuentra probada la existencia de una cesión de derechos o un endoso en propiedad, como tampoco elemento alguno que permita sostener que se transfirió la propiedad respecto de las facturas a favor de B&V.

En virtud de todo lo anterior, el Tribunal unánimemente concluye que en este caso no se presentó una cesión de créditos en propiedad. Sin embargo, hay una divergencia interna, sin efecto en la parte resolutiva del laudo, en la cual el Presidente del Tribunal, el doctor Mario Gamboa considera que sí podría haber existido una cesión de derechos en garantía, si estuvieran permitidas las transferencias de los títulos del exportador a personas distintas de intermediarios del mercado cambiario. Pero desde luego, si los instrumentos no podían transferirse a título de venta en propiedad, tampoco podrían transferirse a título de cesión en garantía, por lo que el Tribunal concluye unánimemente que no se realizó transferencia de los instrumentos a ningún título: ni a título de venta ni a título de cesión en garantía.

Los árbitros Espinosa y Muñoz, por su parte, no están de acuerdo con la teoría del Presidente del Tribunal respecto de la eventual existencia de una cesión de derechos de crédito en garantía mediante la entrega de las copias de las facturas de MOLCAUCA endosadas a favor de B&V, por las razones que exponen a continuación.

Los árbitros Espinosa y Muñoz consideran que, si en gracia de discusión se llegara a aceptar que hubo una cesión de derechos de crédito en garantía, habría que preguntarse en primer término sobre la naturaleza de esa garantía. Es bien sabido que de acuerdo con la legislación colombiana, las garantías solo pueden ser de dos tipos: (i) personales o (ii) reales.

Las garantías personales son aquellas otorgadas para garantizar a un tercero, toda vez que la garantía personal respecto de créditos propios está dada por el patrimonio global del otorgante que constituye la propia prenda general de sus acreedores. Luego habría que descartar la posibilidad de que se tratara de una garantía personal.

Las garantías reales, por su parte, son aquellas que se otorgan respecto de bienes individualizados y aislados del conjunto del patrimonio que constituye la prenda general de los acreedores del deudor y es precisamente por eso que gozan de prelación en el pago con respecto al valor del bien individualizado frente a los demás acreedores que tendrán la condición de quirografarios.

Las garantías reales de acuerdo con la legislación colombiana son de dos tipos: (i) hipotecas y (ii) prendas. Las hipotecas, con la excepción de las naves y aeronaves, versan exclusivamente sobre bienes raíces o inmuebles (28) . Las prendas, por su parte, pueden tener como objeto bienes muebles y derechos incorporales como serían los derechos de crédito representados en las facturas ordinarias a favor de MOLCAUCA y a cargo de SNACKS.

De todo lo anterior sería forzoso concluir que si en efecto, las facturas ordinarias hubieran sido otorgadas por MOLCAUCA para garantizar el pago de los créditos extendidos a título de mutuo por B&V, se estaría frente a una prenda de derechos de crédito representados en unas facturas ordinarias. Sin embargo, en el expediente no obra ninguna prueba que evidencie la existencia de un contrato de prenda escrito. Desde luego, se podrá argüir que en la medida en que se trataría de una prenda con tenencia, no hace falta el acuerdo por escrito toda vez que esta se perfecciona por el acuerdo de las partes y el privilegio del acreedor nacerá a partir de la entrega del bien entregado en prenda al acreedor o al tercero designado por las partes (29) .

La anterior línea argumental, no obstante, se estrellaría con el hecho de que lo que se entregó fue la copia de la factura y la duda que surge respecto de la posibilidad que esa copia de la factura constituya el bien mueble material cuya entrega requiere el artículo 1204 del Código de Comercio.

Para dilucidar esta duda, habría que comenzar precisando que el contrato de prenda está definido en el artículo 1200 del Código de Comercio en los siguientes términos:

“ART. 1200.—Podrá gravarse con prenda toda clase de bienes muebles. La prenda podrá constituirse con o sin tenencia de la cosa”.

Del artículo anteriormente trascrito se deduce que la definición legal únicamente hace referencia a la constitución de la prenda sobre bienes muebles, lo cual implicaría que los bienes incorporales o inmateriales (30) (propiedad industrial, derechos de créditos y derechos fiduciarios) se encuentran excluidos de la definición de la prenda. No obstante lo anterior, la doctrina y la jurisprudencia han señalado que el concepto de “mueble” no puede entenderse de manera restrictiva, de tal manera que solo incluya a los bienes muebles propiamente dichos.

Esta omisión en la definición legal implica hacer una remisión al régimen del Código Civil (31) , en aquellos casos en los cuales se pretenda dar en prenda bienes inmateriales, pues el artículo 2414 de ese ordenamiento contempla la posibilidad de constituir una prenda sobre derechos de crédito, en los siguientes términos:

“ART. 2414.—Se puede dar en prenda un crédito, entregando el título, pero será necesario que el acreedor lo notifique al deudor del crédito, consignado en el título, prohibiéndole que lo pague en otras manos”.

En el caso bajo estudio, el acreedor MOLCAUCA puso una leyenda en las copias de las facturas en donde decía “Endoso a Banca & Valores” con firma y sello. En esa medida, es claro que no se cumplió con la formalidad señalada en el artículo 2414 del Código Civil antes descrito, según el cual MOLCAUCA debió haber notificado a SNACKS que había constituido prenda sobre los derechos de crédito a su favor, contenidos en las facturas y prohibiéndole a esta sociedad que pagara estas facturas en otras manos.

Por otro lado, con el fin de implementar la operación acordada y asegurar que los montos pagados por SNACKS fueran canalizados posteriormente a B&V, MOLCAUCA enviaba comunicaciones a su intermediario cambiario —BANCOLOMBIA—, informándole que:

“En la fecha hemos negociado con la Compañía Banca y Valores Consultores Financieros S.A. las facturas de exportación Nº (...) las cuales serán canceladas por nuestro cliente SNACKS AMÉRICA LATINA VENEZUELA S.R.L. (...) Por lo tanto en el momento de la monetización de las divisas correspondientes al pago de estas facturas solicitamos expedir cheques de gerencia a favor de BANCA & VALORES. Los documentos que legalicen la monetización de dichas divisas serán presentados en su debido momento” (32)

De estas comunicaciones BANCOLOMBIA acusaba recibo de la anterior instrucción, ratificando que expediría:

“cheque de gerencia a favor de BANCA & VALORES una vez realizada la monetización de las divisas (...) siempre y cuando la documentación necesaria para la legalización de las mismas sea presentada en tiempo por parte de MOLCAUCA S.A. y no exista orden judicial alguna que lo impida, de conformidad con las instrucciones de MOLCAUCA S.A.”.

Para los árbitros Espinosa y Muñoz no cabe duda alguna que esas comunicaciones, lejos de probar lo afirmado por B&V y lo sostenido por el doctor Mario Gamboa, demuestran que MOLCAUCA simplemente establecía el pago de unas facturas como fuente de pago, para una específica operación de mutuo puro y simple, pues ni siquiera se configura una modalidad de mutuo pignoraticio, respecto de los ingresos obtenidos en la monetización de las facturas de exportación.

Pero si finalmente, forzando el argumento a su extremo máximo, se aceptara que la prenda en efecto existió, la posibilidad de hacerla efectiva como hubiera resultado del mecanismo de pago directo efectuado por Bancolombia a B&V, sería contrario al mandato del artículo 1203 del Código de Comercio que prohíbe el llamado pacto pignoraticio en los siguientes términos:

“ART. 1203.—Toda estipulación que, directa o indirectamente, en forma ostensible u oculta, tienda a permitir que el acreedor disponga de la prenda o se la apropie por medio distintos a los previstos en la ley, no producirá efecto alguno”.

Si bien la jurisprudencia colombiana ha sido uniforme en señalar que esta prohibición no aplica para el caso de los títulos valores entregados en garantía, siempre y cuando la deuda que respalda esté vencida e impagada (33) , también es cierto que en este caso los documentos entregados no revisten la calidad de títulos valores y, por lo tanto, si le sería aplicable la prohibición señalada en el artículo mencionado.

En virtud de los anteriores argumentos, los árbitros Espinosa y Muñoz concluyen que en este caso no hubo cesión de derechos de crédito en garantía. En su sentir, la entrega por parte de MOLCAUCA de las copias de las facturas con una nota de endoso a favor de B&V, se hizo para documentar la fuente de pago de los recursos entregados por B&V a MOLCAUCA, de tal manera que B&V tuviera certeza del crédito a favor de su deudora y a cargo de SNACKS y el monto y la fecha en que esta empresa debía efectuar el pago. Por su parte, las instrucciones impartidas por MOLCAUCA a Bancolombia le garantizaban a B&V que apenas entrara el pago correspondiente a dichas facturas, los recursos le serían entregados mediante la expedición de un cheque de gerencia.

No obstante, la divergencia interna del Tribunal se torna irrelevante pues independientemente de las posiciones jurídicas anteriormente expuestas, de haber existido dicha cesión de derecho de crédito en garantía esta se estrellaría contra dos (2) normas de orden público de las cuales se derivaría su nulidad, en uno de los casos, o su imposibilidad de implementación, en el otro. Concretamente, dichas normas son (a) la Resolución 8 de 2000 y (b) la Ley 550, a las cuales se refirió el Tribunal en los numerales 4.2 y 4.3, respectivamente, y que para efectos de este análisis cobran particular importancia, toda vez que como se explicó en esos numerales, la cesión de derechos de crédito carecería de sustento legal.

5. COSTAS Y AGENCIAS EN DERECHO.

Teniendo en cuenta la naturaleza independiente de este proceso, así como la conducta procesal de ambas partes, el Tribunal, de conformidad con lo previsto por el artículo 392 del Código de Procedimiento Civil, dispone que no habrá condena en costas y agencias en derecho, debiendo cada una de las partes asumir las propias.

6. PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, el Tribunal de Arbitramento, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: Declarar infundada la pretensión de Banca & Valores Consultores Financieros S.A. que el negocio jurídico que celebró con Molinos del Cauca S.A. (en Liquidación Obligatoria) implicó la cesión a favor de Banca & Valores Consultores Financieros S.A. de la totalidad de los derechos económicos derivados de las transacciones celebradas entre Molinos del Cauca S.A. y Snacks América Latina Venezuela S.R.L. que tiene relación con las veintiocho (28) facturas que obran en el expediente.

SEGUNDO: Declarar infundada la pretensión de Banca & Valores Consultores Financieros S.A. con respecto a que Molinos del Cauca S.A. (en Liquidación Obligatoria) carezca de derecho legal a reclamar el pago de la suma de dinero depositada por Snacks América Latina Venezuela S.R.L. en la sociedad fiduciaria Corficolombiana S.A., en virtud del encargo fiduciario BANVALORES-MOLCAUCA, identificado con el número de contabilidad encargo especial: 1437.

TERCERO: Declarar fundada la pretensión de Molinos del Cauca S.A. (en Liquidación) con relación a que el valor del capital de las facturas que obran en el expediente que se han depositado en la Fiduciaria Corficolombiana S.A. y sus rendimientos sean entregados a Molinos del Cauca S.A.

CUARTO: Que como consecuencia de las declaraciones anteriores declarar que Molinos del Cauca S.A. (en liquidación obligatoria) tiene el derecho exclusivo a reclamar la suma de mil doscientos sesenta y siete millones treinta mil novecientos cinco 42/00 pesos ($1.267’030.905,42), entregada por Snacks América Latina Venezuela S.R.L. a la sociedad Fiduciaria Corficolombiana S.A., a través del encargo fiduciario ya referido, reclamación que debe incluir los correspondientes rendimientos que haya generado la administración de tales recursos.

QUINTO: Que como consecuencia de la anterior declaración, se ordena a la sociedad Fiduciaria Corficolombiana S.A. la entrega de las referidas sumas de dinero a la sociedad Molinos del Cauca S.A. (en liquidación obligatoria).

SEXTO: Abstenerse de proferir condena en costas a cargo de las partes.

SÉPTIMO: Ordenar la devolución a las partes de las sumas no utilizadas de la partida correspondientes a “protocolización, registro y otros”, de los costos de funcionamiento de este Tribunal de Arbitramento, si a ello hubiere lugar, según la liquidación final de gastos.

OCTAVO: Compulsar copia integral del expediente a la Superintendencia Financiera de Colombia, para que esa entidad establezca si las actuaciones de Molinos del Cauca S.A. (en liquidación obligatoria) y de Banca & Valores Consultores Financieros S.A. pueden configurar alguna conducta reprochable.

NOVENO: Disponer el archivo del expediente en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá.

DÉCIMO: Expedir copias auténticas de este laudo con destino a cada una de las partes.

Esta providencia queda notificada en estrados.

Mario Gamboa Sepúlveda, Presidente—Diego Muñoz Tamayo, árbitro—Carlos Antonio Espinosa Pérez, árbitro 

Eduardo Mantilla Serrano, Secretario 

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