Un galimatías la intervención ante la DIAN

Revista Nº 170 Mar.-Abr. 2012

Humberto Aníbal Restrepo Vélez  

Abogado tributarista 

Uno de los aspectos que han sido reformados al amparo del Decreto Ley 19 del 10 de enero del 2012 “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la administración pública”, tiene que ver con la manera en que los administrados pueden acceder a las autoridades, y en especial, la capacidad de actuar directamente ante la administración sin necesidad de hacerlo mediante abogado.

La regla general prevista en el artículo 35 del Decreto Ley 196 de 1971, indicaba que “Salvo los casos expresamente determinados en la ley no se requiere ser abogado para actuar ante las autoridades administrativas; pero si se constituye mandatario, éste deberá ser abogado inscrito”. La claridad de la norma nunca fue cuestionada, pues difería en la ley el señalamiento de los casos concretos que —por excepción— pudieran limitar la posibilidad de intervención directa de los administrados, a la vez que exigía la calidad de abogado solo para quién pretendiera actuar en calidad de apoderado.

Pero las cosas han cambiado, pues independientemente de si se trata de consagrar solo una excepción en desarrollo de la primera parte de la disposición general citada, o si se considera que la regla general ha sido derogada en su integridad, lo cierto es que el contenido del artículo 34 del Decreto Ley 19 del 2012 indica que ya no es posible por parte del administrado recurrir directamente a un acto definitivo, atendiendo a que para ello siempre deberá ejercer el derecho de postulación por conducto de un abogado. De esta manera, no ofrece duda alguna la derogatoria tácita de los artículos 52 del Código Contencioso Administrativo y 77 de la Ley 1437 del 2011, en cuanto a que hacen referencia a la posibilidad que tiene el interesado o su representante para interponer los recursos.

Otro tanto sucede en materia tributaria, sobre la que se contempló una disposición especial contenida en el artículo 68 del citado decreto, por cuya virtud: i) “Las actuaciones ante la administración tributaria pueden cumplirse directamente por las personas naturales o jurídicas, éstas últimas a través de su representante legal, sin necesidad de apoderado”, con lo cual se desconoce la limitación general de restringir la impugnación a quién ostente la calidad de abogado, al autorizar —sin excepción alguna— la intervención directa de las personas, prescindiendo de apoderado; y ii) se permite la actuación ante las administraciones tributarias, mediante la intervención de apoderados que no sean abogados, salvo para el único caso de interposición de recursos en el que se exige acreditar esta calidad, pues a su juicio “Salvo para la interposición de recursos, en cualquier otro trámite, actuación o procedimiento ante las administraciones tributarias, no se requerirá que el apoderado sea abogado”.

En consecuencia, ya no será necesario acreditar la calidad de abogado por parte del apoderado que pretenda consultar el expediente, como lo ordenaban los artículos 729 y 849-4 del estatuto tributario, cuya derogatoria tácita parcial es evidente, mientras se mantienen incólumes normas del mismo estatuto relacionadas con la capacidad y representación (art. 555), la exigencia para el apoderado que suscribe y presenta las declaraciones en el sentido de que el poder le haya sido otorgado mediante escritura pública (art. 572-1), y la posibilidad de recurrir directamente por parte del contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante (art. 722, lit. c), por obedecer a disposiciones especiales que no se entienden derogadas tácitamente al no pugnar con las nuevas (C.C., arts. 71 y 72), aunque surge la duda sobre la vigencia de la limitación del ejercicio de la agencia oficiosa dirigida solo a los abogados para dar respuesta a requerimientos o para la interposición de recursos (art. 557).

De manera que, aun tratándose de una materia compleja, la regulación especial resulta menos restrictiva que las disposiciones generales de acceso a la administración, pues a diferencia de estas, no se exige en todo momento la mediación de un profesional del derecho en procura de una impugnación técnica, a menos que se obre como mandatario, y de contera, salvo para recurrir, cualquier persona puede actuar ante las autoridades tributarias como apoderado sin ser abogado.

Sin embargo, apartándose de su contenido, el título de la norma en comento describe una situación diferente —similar a la nueva regla general prevista en el artículo 34 ibídem—, al señalar que “La actuación ante las administraciones tributarias no requiere de abogado salvo para la interposición de recursos” (D.L. 19/2012, art. 68).

No queda más que esperar a que un concepto de la DIAN —apelando seguramente a la finalidad de la nueva regulación y a su interpretación armónica y sistemática—, termine por cumplir el cometido del legislador extraordinario, en cuanto a precisar cuál fue exactamente la supresión o reforma a la manera como los clientes pueden actuar ante las autoridades tributarias.